R. L. Fecha: 17/10/2005 Sumario



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Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Autos: Mamaní, Pedro A. c. Transal Transporte de Pasajeros S.R.L.

Fecha: 17/10/2005
Sumario:

Teniendo en cuenta que el empleador, tramitó durante mas un año el juicio de exclusión de tutela sindical (lo cual ya evidencia su voluntad de no mantener la relación laboral) y despidió a su trabajador luego de transcurridos doce días de quedar firme la sentencia que resolvió el planteo de exclusión de tutela sindical, resulta justificado el despido.


Vocablos: ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES - CONTRATO DE TRABAJO - DELEGADO SINDICAL - DESPIDO - DESPIDO POR JUSTA CAUSA - EXCLUSION DE TUTELA SINDICAL - TUTELA SINDICAL

Salta, octubre 17 de 2005.

Considerando: 1. Que a fs. 193/199 vta. la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de fs. 188/190 de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Según el recurrente, la resolución impugnada vulneró los derechos constitucionales de propiedad, defensa en juicio y a un debido proceso al condenar a su parte a pagar al actor la indemnización reclamada por despido injustificado.

Sostiene que el pronunciamiento es arbitrario por vulnerar el principio de congruencia y resolver que la justa causa invocada por su parte para concluir la relación laboral resulta extemporánea al haber recibido el empleado el telegrama de despido el 24 de octubre de 2001, luego de transcurridos 18 días de quedar firme la sentencia que resolvió el planteo de exclusión de tutela sindical.

Afirma que si bien el actor alegó la extemporaneidad del despido, lo hizo con fundamento en que el plazo debía computarse a partir de la fecha en que concluyó la protección dispuesta en la ley 23.551 -el 19 de noviembre de 2000- argumento que fue expresamente desestimado por el tribunal de apelaciones, por lo que -dice- considerar que el despido resultó improcedente por dejar transcurrir un plazo superior a los doce días (excluidos los domingos) desde que la sentencia quedó firme, implica resolver una cuestión que no fue invocada por las partes ni sometida a consideración del tribunal.

Alega también que la sentencia ha efectuado una aplicación equivocada del derecho vigente al haber establecido un plazo de caducidad para finalizar la relación laboral, contado a partir del dictado de la sentencia de exclusión de la tutela sindical, que no se encuentra previsto en la norma.

Considera que si bien la doctrina entiende que debe haber contemporaneidad entre el hecho injurioso y el despido por justa causa, tal exigencia se cumple en autos en donde su parte, frente a los graves hechos protagonizados reiteradamente por el actor, decidió liberarlo de prestar los servicios laborales a su cargo -sin perjuicio de continuarle abonando sus haberes mensuales- y promover la exclusión de la tutela sindical a fin de poder despedirlo, trámite que se extendió por 15 meses. Aduce que resulta irrazonable presumir que renunció al derecho a concluir con la relación laboral por haber dejado transcurrir 18 días hasta que se produjo el despido.

Concedido el recurso por el tribunal a quo a fs. 200/201 vta. únicamente respecto del agravio relativo a la errónea aplicación de la ley laboral, no así en cuanto a la alegada vulneración del principio de congruencia, a fs. 217/223 y 224/226 vta. se agregan los memoriales presentados por las partes y, a fs. 228/230 vta., dictamina el Fiscal de Corte N° 2, en el sentido de que corresponde hacer lugar al recurso, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.

2°. Que la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, 59:527; 61:743; 77:619; 87:769).

Al respecto, es menester señalar que si bien la interpretación de las normas de derecho común está, en principio, reservada a los jueces de la causa corresponde hacer excepción a esta regla cuando el pronunciamiento realiza una interpretación desprovista de razonabilidad que no se compadece con una comprensión armónica del orden jurídico (confr. CSJN, Fallos: 303:160).

3°. Que, en autos, la demandada alegó la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por el actor con fundamento en que las razones invocadas para despedirlo configuraban la "justa causa" prevista en la norma laboral y que el empleado no se encontraba protegido por el fuero gremial, conforme se resolvió en la causa por exclusión de tutela sindical que dedujo a fin de poder extinguir el vínculo laboral. A fs. 134/138 el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda por entender acreditado que el proceder injurioso del actor tenía una entidad tal que por su gravedad justificó la extinción del vínculo contractual por el empleador.

Apelada la sentencia por el demandante, con fundamento en la extemporaneidad del despido al no haber sido efectivizado cuando venció la tutela sindical (el 19 de noviembre de 2000) y en la inexistencia de la justa causa alegada por la contraria, la Cámara resolvió a fs. 188/190 revocar la sentencia dictada en la anterior instancia y acoger la demanda. Consideró que el despido era injustificado por faltarle el requisito de contemporaneidad al haber recibido el empleado el telegrama que le comunicó la disolución del vínculo laboral a los 18 días (excluidos los domingos) de quedar firme la sentencia que resolvió la exclusión de la tutela.

4°. Que de conformidad a lo dispuesto en el art. 50 de la ley 23.551 los representantes sindicales como así también aquellos que se postularon a algún cargo de representación gremial gozan de una protección especial ya que, por el plazo que fija la ley, el empleador no puede despedirlos, suspenderlos o modificar las condiciones de trabajo sin que en forma previa se requiera judicialmente la exclusión de la protección con que cuentan esos dependientes.

De las constancias del expediente 1479/01, ofrecido como prueba, surge que la empleadora, alegando una serie de hechos protagonizados por Pedro Alberto Mamaní, el 23 de agosto de 2000, inició el juicio de exclusión de la tutela sindical de la que éste gozaba en su condición de candidato a delegado gremial a fin de proceder a su despido y lo liberó de prestar servicios mientras duró su trámite (v. fs. 3/7). Por sentencia de fecha 21 de junio de 2001 el juez en grado declaró abstracta la cuestión planteada por considerar extinguida la protección gremial de Mamaní por no haber resultado electo (v. fs. 147/148). Apelado el fallo por el empleado, la Cámara confirmó la decisión de la instancia anterior (v. fs. 161/162 vta.).

Siendo ello así no resulta razonable entender que el demandado renunció a su derecho a despedir al empleado, cuando ni siquiera había transcurrido -como erróneamente lo entendiera la Cámara- 18 días, sino sólo doce (excluidos los domingos) contados entre el 1 de octubre de 2001 y el 16 del mismo mes y año, fecha que corresponde considerar en tanto -según el sello de recepción del correo del telegrama de despido- fue cuando la empleadora evidenció su voluntad de rescindir el contrato de trabajo. Si bien el distracto se configura en la fecha que el trabajador recibe la notificación de tal hecho, es menester precisar que lo que aquí se analiza es la voluntad del empleador y que la demora de la oficina postal en la entrega del telegrama no le es atribuible. La fecha de la recepción de la comunicación produce efectos respecto de otras consecuencias de la ruptura de la relación laboral, pero no es ésta la que debe tenerse en cuenta para el análisis que se efectúa en autos.

Cabe señalar que la doctrina, como lo expresara el tribunal a quo, exige la contemporaneidad entre la falta cometida y el despido por justa causa y considera en caso del trabajador amparado por el fuero gremial que ese requisito no se cumple si el empleador no inicia oportunamente la acción de exclusión de tutela (confr. Oscar Zas, "El Despido indirecto y la Estabilidad Sindical", en "Extinción del Contrato de Trabajo", t. II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, p. 311). Tal exigencia tiene como fundamento en que la falta de contemporaneidad evidencia la inexistencia de un motivo suficiente serio para el empleador que haga imposible la continuidad de la relación.

El margen de apreciación que, dentro de sus facultades, corresponde a la Cámara en la evaluación de la existencia del mencionado requisito, no permite en el caso soslayar que resulta a todas luces arbitraria la consideración respecto a que en el caso planteado no se patentiza la contemporaneidad necesaria entre la decisión recaída en el expediente en que tramitó exclusión de la tutela sindical y el despido. Ello es así porque el empleador, luego de liberar la prestación de servicios al trabajador amparado por el fuero gremial, tramitó durante más de un año el juicio de exclusión de la tutela, lo cual evidencia su voluntad de no mantener la relación laboral, tanto por la continuidad en la tramitación del proceso como por el sostenimiento de la decisión de no permitir que su empleado continúe desempeñando su trabajo.

La conclusión de la Cámara respecto a que el tiempo transcurrido desde que quedó firme la sentencia que declaró abstracta la solicitud de exclusión del fuero sindical y el despido evidencia la renuncia a la facultad de despedir al trabajador, implica un análisis irrazonable de los hechos acreditados, máxime cuando la intención de despojarse de un derecho no se presume (art. 487 Cód. Civil).

En suma, el fallo impugnado no constituye derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa ni brinda, por ello, adecuada respuesta a los argumentos que formuló el recurrente en defensa de sus derechos, lo que conduce a su descalificación como acto judicial.



5. Que, en consecuencia, al verificarse un supuesto de arbitrariedad manifiesta, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 193/199 vta. y dejar sin efecto parcialmente la sentencia de fs. 188/190 en cuanto condena a la demandada al pago de la indemnización por antigüedad, preaviso, e integración del mes en que ocurrió el despido, debiendo bajar los autos a la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para el dictado de una nueva sentencia. Con costas.

Por ello la Corte de Justicia, resuelve: I. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 193/199 vta. y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia de fs. 188/190, en cuanto condena a la demandada al pago de la indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes en que ocurrió el despido. Con costas. II. Ordenar bajen los autos a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento, con arreglo al presente. III. Disponer se remita testimonio de esta sentencia a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. - Guillermo A. Posadas. - María C. Garros Martínez. - Edgardo Vicente. - María R. I. Ayala. - Antonio O. Silisque.


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