Quejoso y recurrente



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Tercer cuestionamiento: ¿Los agravios del recurrente se dirigen a combatir alguna decisión emitida por el Tribunal Colegiado en torno a temas de constitucionalidad?




  1. No, pues como se anunció con anterioridad, los motivos de inconformidad van encaminados a controvertir la legalidad del emplazamiento, conforme a los siguientes agravios:

38.1 El recurrente aduce que el recurso de revisión es procedente, porque no fue debidamente emplazado al juicio natural y aun así se continuó con el procedimiento hasta esta etapa (el presente medio de impugnación), por lo que en atención al principio que rige todo procedimiento judicial, esto es, que la sentencia pronunciada en un litigio no puede perjudicar a las personas que sean ajenas a aquél, debe resolverse el presente recurso.


38.2 Ello, –continuó el quejoso– porque es el único medio a través del cual se puede dejar insubsistente la sentencia de amparo directo recurrida, para el efecto de que se reponga el procedimiento y sea emplazado al juicio debidamente. Esto, debido a que, a juicio del inconforme, en la sentencia de primera instancia se determinó que el emplazamiento se realizó personalmente con el recurrente, aspecto que no fue tomado en cuenta por el tribunal colegiado.
38.3 Respecto al emplazamiento, el recurrente refiere que la sala responsable calificó de infundado el argumento en el que dijo que en el segundo emplazamiento, se dijo que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se practicó personalmente con el quejoso, cuando en el acta respectiva se señaló que dicha diligencia se practicó con otra persona, quien se ostentó como su esposa; aspectos que el inconforme hizo del conocimiento tanto a la juez natural como a la sala responsable y que no hayan sido analizados por el tribunal colegiado.
38.4 Por tanto, el recurrente refiere que al ser un tercero perjudicado no emplazado debidamente es procedente el recurso de revisión, aun cuando se estime que se sale de los cánones legales, pues en términos del artículo 14 constitucional, nadie puede ser privado de la vida, propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio en el que se le escuche y venza al afectado. Así, precisamente con el actuar de las autoridades es en donde se viola dicho precepto, porque nunca fue escuchado en juicio y, por tanto, se le afecto su esfera jurídica y el debido proceso.
38.5 El quejoso agrega que el recurso de revisión es procedente, porque señaló cuales fueron los derechos fundamentales que se le dejaron de analizar, como fue la violación a los artículos 1º, 14, 16, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal, por el indebido emplazamiento que se le hizo al juicio, aspectos que fueron omitidos en el estudio del tribunal de amparo.


  1. Como se ve en los agravios referidos, el recurrente insiste en que tanto la juez de primera instancia como la sala responsable dejan de advertir que el emplazamiento que se le practicó no fue ajustado a derecho, tópico que hizo valer vía concepto de violación ante el tribunal colegiado y que, a juicio del recurrente, dicho órgano jurisdiccional omitió pronunciarse al respecto y, por tanto, se vulneraron los artículos 1º, 14, 16, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal.




  1. Sin embargo, esta Sala considera que los planteamientos del inconforme no son aptos para hacer procedente el presente recurso de revisión, pues con ellos sólo se controvierte un tema de legalidad como es el emplazamiento al juicio. En esas circunstancias, dado que en esta instancia no resulta válido el estudio de los temas que son de estricta legalidad, ni se controvierte, en su caso, la posible interpretación que realizó el órgano colegiado al artículo 1º constitucional, se declara la inoperancia de los agravios expresados.

  2. Por último, no es obstáculo a esa decisión, la circunstancia de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido el recurso mediante auto de dieciocho de junio de dos mil catorce, pues tal proveído no causa estado, en virtud de que solamente corresponde a un examen preliminar del asunto y no al definitivo, que compete realizarlo, según sea el caso, al Tribunal Pleno o a una de las Salas; máxime que el auto de presidencia sólo lo admite con reserva de los motivos que, en su caso, pudiese considerar la Sala para determinar la improcedencia del recurso.




  1. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia:


"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."14
VI. DECISIÓN


  1. En virtud de lo anterior, queda demostrado que en el presente asunto no se cumplen los criterios de procedencia del recurso de revisión, pues en los conceptos de violación no se hizo valer cuestión alguna de constitucionalidad y, por ello en la sentencia recurrida no se omitió pronunciamiento sobre este aspecto, ni se realizó una interpretación directa de los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal o de algún derecho humano previsto en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y tampoco se controvirtió la interpretación al artículo 1º constitucional.




  1. Así, al no haber tema de constitucionalidad del cual deba ocuparse esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este recurso de revisión, ha lugar a desecharlo y que quede firme la sentencia recurrida.




  1. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;


RESUELVE:
PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca 2597/2014, se refiere.
SEGUNDO. En lo que es materia de este asunto, queda firme la sentencia recurrida.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE:


MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA


PONENTE:


MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

DE LA PRIMERA SALA:


LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES

En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.


MMA/acv

1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, materia común, de la Novena Época, página 203, registro 189875, que dice: "Si bien es cierto que los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo no prevén de manera expresa la ampliación de agravios en el recurso de revisión, también lo es que la presentación del escrito mediante el cual se interpone el recurso no conlleva la pérdida del derecho procesal que asiste al gobernado para disponer en su totalidad del plazo que la ley le confiere para impugnar la sentencia recurrida, por lo que válidamente puede complementar o perfeccionar los motivos de inconformidad expresados en su contra, siempre y cuando esto se haga dentro del plazo de diez días que para la interposición del recurso establece el citado artículo 86."

2 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…)

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; (…)".



3 "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: (…)

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."



4 "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: (…) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; (…)".

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (…) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: - - - a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (…)"



5 "PRIMERO. Procedencia. - - - I. El recurso de revisión es procedente contra sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados, si se reúnen los supuestos siguientes: - - - a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. […]".

6 Al respecto, se comparte el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 64/2001, publicada en la página trescientos quince, del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente".

7 Tesis I.6o.C. J/4, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de 1996, materia común, de la Novena Época, página 121, registro 203515, que dice: "Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."

8 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, materia común, de la Novena Época, página 162, registro 176546, que dispone: "Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de l0os Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

9 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, materia constitucional y común, de la Novena Época, página 133, registro 200234, la cual dice: "La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

10 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, materia constitucional, de la Novena Época, página 99, registro 180345, la cual dice: "La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

11 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, septiembre de 2006, materia constitucional, de la Novena Época, página 75, registro 174247, la cual dice: "La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."

12 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo I, materia constitucional, de la Décima Época, página 476, registro 2006091, que dice: "La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar."

13 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 63/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, materia constitucional, de la Novena Época, página 329.

14 P./J 19/98, publicada en la página diecinueve del Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

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