Quejoso y recurrente



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ARectángulo 1MPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2597/2014

aMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2597/2014

QUEJOSO Y RECURRENTE: **********

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSío DÍAZ

SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ

SUMARIO
**********, por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, el pago de **********, por concepto de suerte principal de tres pagarés, los intereses moratorios y las costas del juicio. La sentencia que resolvió tal controversia acogió las pretensiones de la actora; decisión que fue confirmada en la apelación, en donde se condenó al demandado al pago de costas en la segunda instancia, quien promovió en su contra juicio de amparo directo, donde expresó cuestiones sobre la ilegalidad del acto reclamado. El tribunal colegiado resolvió negar el amparo solicitado, lo que dio origen al presente recurso de revisión.
CUESTIONARIO

¿En la demanda de amparo y su ampliación existe planteamiento de inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal?, ¿En la sentencia recurrida existe interpretación directa de algún precepto constitucional? y ¿Los agravios del recurrente se dirigen a combatir alguna decisión emitida por el Tribunal Colegiado en torno a temas de constitucionalidad?


México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al once de marzo de dos mil quince, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 2597/2014, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil catorce, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo **********, de su índice.

I. ANTECEDENTES.


  1. **********, por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, el pago de ********** por concepto de suerte principal, derivado de tres pagarés, los intereses moratorios al tipo legal, así como los gastos y costas del juicio.




  1. La Juez Primera Mixta del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, a quien correspondió el conocimiento del asunto, emplazó al enjuiciado, quien contestó la demanda y opuso excepciones y defensas. El trece de agosto de dos mil trece, se dictó la sentencia definitiva, en la que se acogieron las pretensiones de la actora.




  1. En contra de dicha resolución, el demandado interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien emitió sentencia el veintiséis de noviembre de dos mil trece y resolvió confirmar la sentencia recurrida; condenó al apelante al pago de costas causadas en esa instancia.




  1. Tal decisión fue reclamada en el juicio de amparo directo promovido por el propio inconforme, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.


II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO


  1. Juicio de amparo directo y su ampliación. La demanda de amparo fue presentada el diecinueve de diciembre de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito. Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil catorce, el quejoso amplió su demanda. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien registró el expediente con el número **********, admitió la demanda y su ampliación y en sesión de ocho de mayo de dos mil catorce resolvió negar el amparo.




  1. Recurso de revisión y primera ampliación. Este medio de impugnación interpuesto contra tal fallo fue presentado el dos de junio siguiente en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.




  1. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por auto de presidencia de dieciocho de junio de dos mil catorce, se previno al recurrente para que exhibiera la transcripción de la parte conducente de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el problema de constitucionalidad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto ese medio de impugnación. El quejoso presentó su escrito de ampliación del recurso de revisión, en el cual desahogó también la prevención formulada. Así, mediante proveído de treinta de junio posterior, se admitió el recurso de revisión, se registró con el número 2597/2014, se ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz y su radicación a la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad. Respecto a la primera ampliación del recurso de revisión, éste fue desechado por extemporáneo.




  1. La Primera Sala avocó el asunto por auto de catorce de julio de dos mil catorce y ordenó que, en su oportunidad, se enviaran los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.




  1. Segunda ampliación de agravios. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto siguiente, en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el recurrente presentó por segunda ocasión ampliación al recurso de revisión. El tribunal federal remitió dicha ampliación y sus anexos a este Alto Tribunal. En proveído de trece posterior, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por presentado el escrito del quejoso, para los efectos legales a que hubiera lugar, independientemente de los motivos de improcedencia que pudieran existir.




  1. Una vez integrado el presente toca, mediante acuerdo de veinte de agosto de dos mil catorce, el Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.


III. COMPETENCIA


  1. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, el trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en el cual se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad, en un juicio en el que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de esta Sala.


IV. OPORTUNIDAD


  1. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó por medio de lista a la parte quejosa el dieciséis de mayo de dos mil catorce; surtió efectos al día hábil siguiente (lunes diecinueve de mayo). De manera que el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinte de mayo al dos de junio del mismo año, con exclusión de los días veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de mayo y uno de junio, por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles, en conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.




  1. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el dos de junio de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, su interposición es oportuna.




  1. Por otra parte, como se relacionó en párrafos precedentes, mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el recurrente exhibió una segunda ampliación al recurso de revisión. El trece de agosto siguiente, el Presidente de esta Primera Sala tuvo por presentado tal escrito, para los efectos legales a que hubiera lugar, con independencia de los motivos de improcedencia que pudieran existir.

  2. Al respecto, debe precisarse desde ahora que en la resolución de este asunto no habrán de tomarse en cuenta los agravios expresados, dado que su presentación es extemporánea; esto, en conformidad con la jurisprudencia P./J. 45/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LA AMPLIACIÓN DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS ES PROCEDENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO"1, en donde se establece que la presentación del escrito mediante el cual se amplía el recurso de revisión debe hacerse dentro del plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo.




  1. En el caso, como se vio, la notificación de la sentencia recurrida fue el dieciséis de mayo de dos mil catorce, surtió efectos al día hábil siguiente (diecinueve de mayo); entonces el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinte de mayo al dos de junio del mismo año, con exclusión de los días veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de mayo y uno de junio, por ser sábados y domingos.




  1. De manera que si el segundo escrito de ampliación del recurso de revisión fue presentado el cuatro de agosto de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, su interposición fue extemporánea y, por ende, los agravios ahí expresados no son de tomarse en cuenta.


V. PROCEDENCIA


  1. En lo que ve al tema de procedencia del recurso, es oportuno destacar que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal2; 81, fracción II, de la Ley de Amparo3; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4; asimismo, en el punto Primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve5.

  2. En los preceptos mencionados se advierte que, por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, por ende, en principio son inatacables; sin embargo, por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, siempre que en ellas se decidan o se hubiera omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos tanto la inconstitucionalidad de una norma como la interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal; de ahí que dicho medio de impugnación es procedente: a) Cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes; b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y c) Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución6.

  3. Además, para la procedencia del recurso de revisión debe surtirse el requisito de que el problema de constitucionalidad resuelto u omitido en el juicio de amparo sea considerado de importancia y trascendencia; sin que se surta tal requisito cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja o en casos análogos.




  1. Para determinar si en el presente caso existe algún tema de constitucionalidad del que deba ocuparse este recurso, habrá de responder a los siguientes cuestionamientos:




  • ¿En la demanda de amparo y su ampliación existe planteamiento de inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal?




  • ¿En la sentencia recurrida existe interpretación directa de algún precepto constitucional?




  • ¿Los agravios del recurrente se dirigen a combatir alguna decisión emitida por el Tribunal Colegiado en torno a temas de constitucionalidad?




  1. Primer cuestionamiento: ¿En la demanda de amparo y su ampliación existe planteamiento de inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal?

  2. La respuesta a esa pregunta es negativa, pues en la demanda de amparo no se hizo planteamiento de constitucionalidad, sino únicamente sobre cuestiones de legalidad. Ello, conforme a los conceptos de violación siguientes:


Demanda de amparo.
23.1 El quejoso señaló como fuente del concepto de violación los artículos 1º, 14, 16 y 133 constitucionales.
23.2. Uno. Manifestó que la circunstancia de que se le desechara la prueba pericial y el recurso de revocación que interpuso en contra de tal determinación, se le dejó en estado de indefensión, ya que se le obliga a pagar unos pagarés que se encuentran viciados y, para acreditar esto, el demandado ofreció la prueba pericial; sin que la juez de primer grado y la sala responsable le permitieran desahogar tal probanza.
El promovente del amparo agregó que dichas autoridades dejaron de tomar en cuenta que el emplazamiento que se le practicó no fue ajustado a derecho.
Expuso también que no se le respetó el derecho de audiencia, pues en la diligencia de desahogo de pruebas, no se le dio el derecho a absolver posiciones, debido a que llegó diez minutos más tarde de la hora señalada para la celebración de dicha audiencia y, como consecuencia, se le tuvo por confeso indebidamente.
Debido a ello, a juicio del quejoso, se le violaron sus derechos humanos previstos en el artículo 1º de la Constitución Federal, más porque, según el quejoso, es una persona de la tercera edad, pobre y enfermo y, por tanto, ha sido víctima de un acto autoritario, lo cual produjo que se le violara su presunción de inocencia.
Por esas razones, el promovente del amparo presentó una denuncia penal, en cuyo expediente obra un dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía emitido por perito oficial de la Coordinación de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos (documento presentado con la demanda de amparo), en el que se determinó que los documentos base de la pretensión, la escritura contenida en los espacios de número de pagaré, cantidad con número, lugar y fecha de expedición, lugar y fecha de pago contenida con letra, serie del pagaré y el dígito de interés moratorio no corresponden al puño y letra del quejoso, pues en tales documentos se advierte que en su llenado se utilizaron al menos dos bolígrafos diferentes. Por tanto, —según el peticionario del amparo— conforme a tal dictamen pericial se acredita que los pagarés base de la pretensión resultan inciertos y como consecuencia de esto es inocente de lo que le demandó la actora y de lo resuelto por la juez del conocimiento y la sala responsable
23.3 Dos. El promovente del amparo aduce que le causa agravio lo resuelto por la juez natural y el tribunal de alzada, al exponer que en la contestación de la demanda afirmó que no suscribió los pagarés y, en todo caso, de haberlo hecho esos títulos valor fueron alterados, lo cual debió ser probado con el medio de prueba idóneo como es la pericial, ya que contrariamente a lo sostenido por dichas autoridades nunca afirmó que firmó pagaré alguno.
23.4 Tres. La sala responsable resuelve, indebidamente, que el quejoso admitiera fictamente haber firmado los títulos de crédito base de la pretensión, pues —a juicio del promovente del amparo— conforme al Diccionario de la Lengua Española, ficticio quiere decir falso no verdadero. Así, las autoridades responsables resolvieron sobre hechos falsos y no verdaderos, esto es, sobre hechos ficticios, lo cual afectó sus derechos humanos.
23.5. Cuatro. El peticionario del amparo argumenta que tanto la sentencia de primera grado como la de apelación le causan agravio, porque con el dictamen pericial en documentoscopía y grafoscopía contenido en la averiguación derivada de una denuncia penal formulada por el quejoso, en contra de la actora y otra persona, queda acreditado que los pagarés base de la pretensión fueron alterados y, por tanto, son inciertos. Documentos que fueron presentados con la demanda de amparo.
23.6 Cinco. El quejoso alega que indebidamente el juez responsable tuvo por válido el emplazamiento que se le realizó, decisión que fue confirmada ilegalmente por el tribunal de alzada, pues tal diligencia es ilegal, por no haberse cumplido con las formalidades esenciales de las notificaciones, en términos del artículo 131 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos.
El emplazamiento fue deficiente —continuó el quejoso— porque el actuario no corrió traslado de la diligencia, la demanda y los documentos base de la pretensión, en términos del artículo 131 referido, a fin de preservar el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional.
Así, el quejoso estimó que no se le ofrecieron los medios legales necesarios e indispensables para preparar una defensa adecuada, al haberle practicado un emplazamiento viciado; además, le desecharon la prueba pericial que ofreció; no se le permitió ser oído en la audiencia de desahogo de pruebas; ni le permitieron probar la falsedad de los pagarés base de la pretensión, al haberle desechado la prueba pericial; se le impidió acudir al juez a oponer excepciones y defensas, al no tener certeza de los documentos con los que se le corrió traslado y no estar debidamente sellados en su totalidad, incluso, la hoja en la que se hizo constar el embargo de bienes es una copia simple al carbón, lo que transgrede lo dispuesto por el artículo 131 del código adjetivo civil, así como los artículos 1403, fracción I y 1393 del Código de Comercio.
23.7 Seis. El quejoso sostuvo que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque las audiencias deben ser presididas por el titular del órgano jurisdiccional, sin que ello ocurriera en el caso concreto, por lo que la falta de tal formalidad —según el promovente del amparo— lo dejó en estado de indefensión al no tener la certeza de una dirección correcta del proceso, como fue la audiencia de desahogo de pruebas, en la cual no estuvo presente la juez del conocimiento, lo cual viola el artículo 14 constitucional, que se relaciona con los preceptos 4, 93 y 94 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, así como los numerales 1390 bis-23 del Código de Comercio.
De esa forma, le causa agravio que no se tomara en cuenta la opinión de la juez natural y se decidiera a la ligera, al declararlo confeso de las posiciones ofrecidas por la actora, sin tomar en cuenta que el quejoso estuvo presente en la diligencia respectiva; de ahí la relevancia de la dirección en la audiencia, a la que por ley la titular del juzgado debe estar presente.
23.8 Siete. El promovente del amparo adujo que la sala responsable no tomó en cuenta el indebido desechamiento de la prueba pericial que ofreció a fin de demostrar la falsedad de los pagarés base de la pretensión por parte de la juez de primer grado, al haber existido irregularidades dentro del procedimiento; además, el tribunal de alzada tampoco analizó los agravios que expuso en contra de esa determinación.
23.9 Ocho. El tribunal de apelación no debió tener por cierto —a juicio del quejoso— que ante su supuesta incomparecencia a la audiencia para el desahogo de la prueba de confesión a su cargo, se le hiciera efectivo el apercibimiento decretado, esto es, que se le tuviera por confeso de las posiciones calificadas de legales, pues –según el peticionario del amparo– sí compareció a dicha audiencia diez minutos más tarde de la hora fijada para ello y que en ese tiempo era imposible que se calificaran las posiciones propuestas.
Por otro lado, el quejoso alega que la sala responsable fue incongruente al resolver que, respecto al emplazamiento, éste se realizó personalmente con él, cuando de la diligencia respectiva se advertía que se había llevado a cabo con la esposa del demandado (peticionario de amparo).
23.10 Nueve. El promovente del amparo aduce que la sala responsable calificó indebidamente de insuficientes sus agravios, pues si bien no es experto en derecho, sí dio argumentos suficientes para controvertir la sentencia de primera grado. Así —continuó el quejoso— el tribunal de alzada dejó de analizar los agravios que expuso, a lo cual dicha autoridad está obligado, máxime que con ese actuar dejó fuera el estudio de tópicos que le fueron planteados en sus motivos de inconformidad.
23.11 Diez. El quejoso manifestó que el tribunal de apelación estaba obligado a dar respuesta a todos y cada uno de sus agravios, pues si en el juicio de amparo existe suplencia de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, incluso, la Ley de Amparo da la facultad al juzgador federal de recabar pruebas oficiosamente cuando fueran ofrecidas dentro del procedimiento y no se remitieron a fin de llegar a la verdad legal, entonces dicha autoridad debió analizar y contestar sus agravios.
Ampliación de conceptos de violación.
23.12 Uno. El promovente del amparo manifiesta que la sentencia reclamada transgrede los artículos 1, 8, 14, 16, 20 y 133 constitucionales, pues se violan los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso, fundamentación y motivación y seguridad jurídica, pues la sala responsable al confirmar el desechamiento de la prueba pericial ofrecida por aquél y que guarda relación directa con las excepciones y defensas que opuso, lo colocó en estado de indefensión, pues tal probanza era fundamental para acreditarlas y con esto se viola el artículo 20, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Federal, específicamente el principio de contradicción de prueba. Ello en razón a que el ofrecimiento de esa prueba fue apegada a los requisitos exigidos por la ley, incluso tal probanza fue presentada también en segunda instancia y desechada indebidamente. El quejoso señaló también que lo mismo ocurrió con el ilegal desechamiento del recurso de revocación que interpuso en contra del desechamiento de la prueba pericial.
23.13 Dos. El quejoso manifestó que el tribunal de alzada confirma ilegalmente una sentencia en donde la juez de primer grado dejó de estudiar sus excepciones y defensas, como la falsedad de los títulos valor base de la pretensión, aspecto sobre los cuales dicha autoridad estaba obligada a pronunciarse. Por tanto, la sala responsable violó los principios de congruencia, motivación y exhaustividad. Por otro lado, el tribunal de apelación debió justificar porqué desechó la prueba pericial ofrecida por el quejoso, o por lo menos haber señalado los lineamientos que debe seguirse para el ofrecimiento de esa probanza.
23.14 Tres. La resolución reclamada causó agravio al quejoso, porque en ella se resolvió con lo que obra en autos y sin haber tomado en cuenta que aquél presentó una denuncia penal en contra de la actora y del endosatario en procuración de ésta por los delitos de fraude procesal, uso de documento falso y los que resultaran, la cual fue presentada después de que la juez de primera instancia decidiera desechar la prueba pericial; indagatoria que siguió su curso y que después del dictado de la sentencia condenatoria de primera instancia en el juicio civil, en dicha averiguación previa el perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos ya había comparecido. Sin embargo, al momento de que el demandado presentó su apelación ante la sala responsable, aún no se tenía el resultado de ese dictamen, motivo por el cual el peticionario no estuvo en condiciones de ofrecer esa prueba ante dicha autoridad; aun así, el enjuiciado presentó su escrito de ofrecimiento de la prueba pericial ante el tribunal de apelación y sin que ésta diera respuesta a tal petición, actuar con el cual —a juicio del quejoso— se violó el artículo 8 constitucional, esto es, el derecho de petición. Incluso, —continuó el promovente del amparo— el dictamen ya fue rendido en la indagatoria, en el cual —según su dicho— se confirmó la falsedad del documento. Por tanto, con ello, el quejoso estimó que quedaron acreditadas sus excepciones y defensas.
Para ello, el peticionario de amparo solicitó al tribunal colegiado que, en suplencia de la queja deficiente, se le tomaran en cuenta las pruebas supervenientes, consistentes en la averiguación previa, en el que consta el dictamen pericial en documentoscopía y grafoscopía.
23.15 Cuatro. El quejoso expuso que le causa agravio la sentencia reclamada, porque el emplazamiento y la audiencia de desahogo de la prueba de confesión no se ajustaron a derecho. Por tanto, con el actuar de la sala responsable se vulneraron los siguientes preceptos constitucionales:
Artículo 1. Se le han afectado sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, consecuentemente se le ha afectado su esfera jurídica.

Artículo 8. No se ha respetado el derecho de petición.

Artículo 14. Se le embargaron bienes de su propiedad (su casa).

Artículo 16. La autoridad responsable no fundó ni motivó la resolución reclamada.

Artículo 20, fracciones I y XI, porque la audiencia de desahogo de pruebas, la juez natural no presidió dicha audiencia.

Artículo 103. Se han violado las garantías constitucionales reconocidas y consagradas en la Constitución.

Artículo 107. Respecto a este preceptos se ha vulnerado en defensa a sus interese patrimoniales.

Artículo 133. Al determinar que la Constitución es la Ley Suprema de toda la Unión y ninguna ley o disposición gubernativa puede estar por encima de ella, las sentencias de primera y segunda instancias tratan de imponer el Código de Comercio, en contra de la Constitución.




  1. En lo así sintetizado consta que, en sus conceptos de violación, el quejoso no controvirtió la inconstitucionalidad de norma alguna, ni propuso la interpretación de algún precepto constitucional, sino solamente pretendió evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, al exponer que la sala responsable no debió confirmar el fallo de primer grado respecto a los siguientes temas: la validez del emplazamiento realizado al quejoso, porque dicha diligencia no fue llevada a cabo conforme a las formalidades indicadas por la ley; el desechamiento de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía, con la cual el promovente del amparo pretendió acreditar su excepción de falsedad de documento, pues tal probanza fue ofrecida conforme a los requisitos que indica el Código de Comercio; el haberse tenido al peticionario del amparo por confeso de la prueba de confesión a su cargo por no haber comparecido al desahogo de dicha probanza, cuando el quejoso sí asistió a dicha audiencia más tarde de la hora señalada para tal efecto; además, el quejoso alegó falta de estudio de los agravios; todo lo cual atañe a temas de legalidad.




  1. Ahora bien, es cierto que el promovente del amparo refirió que se violaron en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 20, 103, 107 y 133 de la Constitución Federal, esto obedeció a la petición de que se respetaran sus derechos fundamentales, pero en modo alguno pidió que se realizara algún ejercicio hermenéutico de esas disposiciones para dotarla de cierto significado.




  1. En consecuencia, en la demanda de amparo no existió planteamiento alguno de constitucionalidad, por lo mismo, tampoco hay omisión de su estudio por parte del tribunal colegiado.
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