Quejosa: blanca esthela gallegos tapia



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AMPARO EN REVISIÓN 507/2003.

QUEJOSA: BLANCA ESTHELA GALLEGOS TAPIA.


ponente: MINISTRO juan n. silva meza.

secretario: jaime flores cruz.


Í N D I C E
Páginas
SÍNTESIS I – VII

AUTORIDADES Y ACTOS RECLAMADOS 1 – 2

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 2 – 16

RESOLUTIVO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 16


RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL COLEGIADO 17 – 18

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL COLEGIADO 18 – 27

TRÁMITE DE LA REVISIÓN 27 – 28

COMPETENCIA DE LA SALA 28

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 29 – 53

PUNTOS RESOLUTIVOS 53


AMPARO EN REVISIÓN 507/2003.

QUEJOSA: BLANCA ESTHELA GALLEGOS TAPIA.


ponente: MINISTRO juan n. silva meza.

secretario: jaime flores cruz.

S Í N T E S I S
AUTORIDADES RESPONSABLES: Congreso de la Unión y otras autoridades (foja 1).
ACTOS RECLAMADOS: Artículos tercero de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y 4° del Reglamento de dicha ley, así como su acto concreto de aplicación (foja 2).
RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO: Sobreseyó en el juicio de garantías (foja 16).
RECURRENTE: La quejosa.
RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVISIÓN QUE INTERPUSO LA QUEJOSA, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO:
De la lectura de las consideraciones que sirvieron de base a dicha determinación, se obtiene que en el considerando quinto se declararon fundados los agravios que se hicieron valer con los cuales se combatía el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito del conocimiento, pues se arribó a la conclusión de que el acto reclamado sí le causaba a la quejosa un agravio personal y directo.
En el considerando sexto, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó no ocuparse de las causas de improcedencia que hizo valer el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien rindió el informe justificado en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de éste en representación del Presidente de la República, en virtud de que la autoridad que rindió el referido informe justificado en representación de las autoridades de mérito, carecía de legitimación para ello.
Siguiendo este orden de ideas, en el considerando séptimo, el Tribunal Colegiado del conocimiento analizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hizo valer el Jefe del Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; causa de improcedencia que fue desestimada, señalándose que la quejosa no estaba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa.
En este mismo considerando, se estableció que como respecto al tema de constitucionalidad planteado no existía jurisprudencia definida, el Tribunal Colegiado del conocimiento se declaraba legalmente incompetente para resolver al respecto, por lo que se dejaba a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 30 y 31).
EL PROYECTO PROPONE:
En las consideraciones:
A) Ahora bien, como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito dictó resolución, en la materia de su competencia, y se hizo cargo del estudio de los agravios en los que se impugnó el análisis realizado por el Juez de Distrito y además llevó a cabo el estudio de la causa de improcedencia que se hizo valer por parte de la autoridad responsable, revocando la sentencia recurrida en la que se había decretado el sobreseimiento en el juicio, lo procedente es ocuparse del estudio de los conceptos de violación que se plasmaron en el escrito inicial de demanda de garantías, de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo (foja 31).
B) El primer concepto de violación que hace valer la parte quejosa, resulta ser infundado, por lo siguiente:
a) El principio de equidad, que debe satisfacer toda norma tributaria tiene como elemento esencial que, con respecto a los destinatarios de la misma, se trate de manera igual a quienes se encuentren en igual situación y, de manera distinta a quienes se ubican en diferente situación.

En el caso concreto, la quejosa se limita a señalar que los preceptos reclamados son contrarios al principio de equidad, en virtud de que si bien la ley de mérito la ubica como sujeto de la misma, la distingue o le da un trato distinto de los demás sujetos al considerar su vehículo como deportivo o de lujo; sin embargo, la quejosa no expone los motivos por los cuales considera que la hipótesis en que se ubica no es distinta respecto de los propietarios de otros vehículos y a los cuales la ley sí les permite la inscripción respectiva así como la exención de cargas tributarias, esto es, que se encuentren en igual situación, motivos que pongan de manifiesto la falta de equidad, de la que considera, adolecen dichos preceptos.

Toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, por lo que no basta el simple dicho de la quejosa en el sentido de que los dispositivos reclamados son contrarios al principio de equidad, sino que dicha circunstancia debe probarla fehacientemente, correspondiéndole a ella la carga de la prueba; sólo de esa manera se estaría en condiciones de analizar si la ley y el reglamento infringen o no el principio referido (fojas 30 a 38).

b) Los preceptos reclamados no contravienen la garantía de igualdad prevista en el artículo 1º en relación con el diverso 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se contraen a una persona física particularmente considerada o a un numero determinado de individuos, sino que van dirigidos a todos los poseedores de vehículos usados de procedencia extranjera y que permanecen después de cada aplicación, para todos los casos idénticos al que previene; sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia de que en dichos preceptos se establezca que no podrán ser objeto de inscripción los vehículos considerados de lujo o deportivos, dado que esa distinción también está formulada en forma abstracta y general (foja 50).


C) En atención a que la parte quejosa, en los restantes conceptos de violación plantea cuestiones de mera legalidad, como son que la autoridad ejecutora carece de competencia, que el acto de aplicación carece de fundamentación y motivación, además de que no se le brindó garantía de audiencia previamente al acto de autoridad, procede reservar jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dado que conoció del recurso de revisión que se hizo valer en el presente asunto, para que se avoque al estudio de dichos conceptos que son propios de su competencia, con fundamento en el artículo 92, de la Ley de Amparo.
En las relacionadas consideraciones, lo procedente es en la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negar el amparo solicitado por lo que hace a los artículos tercero de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y 4° del Reglamento de dicha ley, y reservar jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (foja 52).


En los puntos resolutivos:
PRIMERO.- En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Blanca Esthela Gallegos Tapia, contra los artículos tercero de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y 4° del Reglamento de dicha ley.
SEGUNDO.- Se reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución.
JURISPRUDENCIAS Y TESIS QUE SE CITAN EN EL PROYECTO:
IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL” (foja 34).

EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES” (foja 36).

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. SU FALTA DEBE PROBARSE” (foja 39).

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA” (foja 40).

SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS” (foja 42).
IGUALDAD. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL LA CONSAGRAN, EN EL ASPECTO JURISDICCIONAL, PROHIBIENDO LAS LEYES PRIVATIVAS, LOS TRIBUNALES ESPECIALES Y LOS FUEROS” (foja 44).
VEHÍCULOS EXTRANJEROS USADOS. DECRETO DE TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES PARA SU REGULARIZACIÓN, A LOS PROPIETARIOS DE. SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO NO SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL” (foja 51).

AMPARO EN REVISIÓN 507/2003.

QUEJOSA: BLANCA ESTHELA GALLEGOS TAPIA.


ponente: MINISTRO juan n. silva meza.

secretario: jaime flores cruz.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de mayo de dos mil tres.



V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil uno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, BLANCA ESTHELA GALLEGOS TAPIA, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes:
"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:--- a) El Jefe "del Departamento de Licencias y Control "Vehicular del Gobierno del Estado de Nuevo "León.--- b) Congreso de la Unión de los Estados "Unidos Mexicanos.--- c) Presidente de la "República.--- d) El Secretario de Gobernación.--- "e) El Secretario de Hacienda y Crédito Público.--- f) "El Secretario de Economía.--- ACTOS "RECLAMADOS:--- a) La resolución contenida en el "oficio 1182-C-5/01, de fecha trece de agosto del "año dos mil uno, dictado por el Jefe del "Departamento de Licencias y Control Vehicular del "Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la "cual determina dejar sin efecto el trámite de "inscripción de un vehículo de procedencia "extranjera de mi propiedad.--- b) El artículo tercero "de la Ley para la Inscripción de Vehículos de "Procedencia Extranjera, emitida por el Congreso "General de los Estados Unidos Mexicanos y "promulgada por el Presidente de los Estados "Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado "por el Secretario de Gobernación.--- c) El artículo "cuarto del Reglamento de la Ley para la "Inscripción de Vehículos de Procedencia "Extranjera, emitida por el Presidente de la "República y refrendado por el Secretario de "Hacienda y Crédito Público y por el Secretario de "Economía”.
SEGUNDO.- La quejosa precisó que se violaban en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
La quejosa expuso como conceptos de violación los que enseguida se reproducen:

"PRIMERO. El artículo tercero de la Ley para la "Inscripción de Vehículos de Procedencia "Extranjera rompe con la garantía individual que en "mi favor establece el artículo 31, fracción IV, de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, que consagra el principio de equidad, "el cual implica que todos los sujetos que se "encuentren en una misma situación jurídica, "deben de recibir el mismo tratamiento por parte de "las leyes fiscales.--- De esta manera, los artículos "primero y segundo de la ley en comento, "establecen que son sujetos de la misma, quienes "acrediten ser propietarios de vehículos usados de "procedencia extrajera de modelos comprendidos "entre los años 1970 y 1983. Asimismo, establecen "como objeto de la ley a los vehículos que se "enlistan en los incisos a), b) y c), dentro de los "cuales se puede ubicar a los vehículos "automotores.--- Sin embargo, el artículo tercero de "la misma ley, es inconstitucional, pues establece "una limitante que deja de lado la garantía de "equidad consagrada por el artículo 31, fracción IV, "de la Constitución Federal, ya que da un "tratamiento distinto e injustificado a aquellos "propietarios de vehículos de procedencia "extranjera, que sean considerados como de lujo o "deportivos.--- Por su parte, el artículo 4° del "Reglamento de la Ley para la Inscripción de "Vehículos de Procedencia Extranjera, desarrolla el "precepto legal anteriormente aludido, en términos "de la fracción I del artículo 89 de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, "estableciendo una lista de vehículos que son "considerados como de lujo o deportivos.--- De "modo que aun en el supuesto sin conceder de que "mi vehículo pueda ser considerado como un "automóvil de los contenidos dentro de la lista que "clasifica a los automóviles considerados como de "lujo o deportivos y por ende, de permitirse en mi "perjuicio la aplicación del artículo tercero, inciso "b) de la Ley para la Inscripción de Vehículos de "Procedencia Extranjera, se me estaría dando un "trato distinto al de los demás sujetos de la ley.--- "En efecto, la Ley para la Inscripción de Vehículos "de Procedencia Extranjera ubica a mi persona "como sujeto de la misma, sin embargo, me "distingue de los demás sujetos, negándome el "derecho de inscribir mi vehículo, de llegarse el "caso de considerarse como deportivo o de lujo, lo "cual no se encuentra justificado de ninguna "forma.--- De ahí que la norma controvertida rompe "con el principio de equidad, pues siendo sujeto de "la misma, no tengo los derechos del resto de los "sujetos y ello me impide gozar de los beneficios "que de ella se derivan, tales como la legalización "de mi vehículo y la exención de las cargas "tributarias derivadas de la internación del mismo "al territorio nacional.--- Ello se traduce en un trato "distinto con respecto de los demás sujetos de la "ley, que indudablemente afecta mi garantía de "igualdad prevista por el artículo 1° de la Ley "Suprema de la Nación, puesto que ese trato "distinto que la Ley para la Inscripción de "Vehículos de Procedencia Extranjera me otorga, "no se encuentra justificado jurídicamente.--- "SEGUNDO.- Es de explorado derecho, que la "competencia de las autoridades, es el equivalente "a la capacidad jurídica de las personas, de modo "tal que es condición que ella exista, para que "puedan actuar frente a los gobernados.--- En "efecto, existe una regla dentro del derecho público "que dicta que ‘la incompetencia es regla y la "competencia es excepción’. Lo cual implica que "todas las autoridades no pueden llevar a cabo más "que aquellas atribuciones que en forma "excepcional y no general, se encuentren "prescritas por la ley en su favor.--- Así se erige el "principio de legalidad, que implica que (a la "inversa de los particulares, para quienes todo lo "que no se encuentra prohibido, se les entiende "como permitido), las autoridades públicas "solamente pueden hacer aquello para lo que se "encuentran facultadas, de acuerdo a la "competencia que se delimita por las normas "jurídicas en forma expresa y todo lo que se "encuentre fuera de esa esfera competencial se "encuentra prohibido.--- Este principio se "encuentra consagrado en el numeral 16 de nuestra "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, que en su parte primera exige que "todo acto que tienda a ocasionar una molestia en "la persona, familia, papeles o posesiones de los "gobernados, debe de encontrarse apoyado en un "mandamiento escrito de autoridad competente, "que funde y motive la causa legal de su "proceder.--- De manera que en la especie que nos "ocupa, la autoridad ejecutora no satisface este "principio, pues no es competente para otorgar al "acto reclamado consistente en el oficio de fecha "trece de agosto del año 2001, el sentido que en el "mismo imprimió y que sin duda me es "perjudicial.--- Lo anterior es así, puesto que si bien "es cierto que dentro de dicho acto se citan a los "artículos quinto de la Ley para la Inscripción de "Vehículos de Procedencia Extranjera; segundo del "Reglamento de la Ley para la Inscripción de "Vehículos de Procedencia Extranjera; 16, fracción "II, 18, fracciones II, VI y XXXIV, de la Ley Orgánica "de la Administración Pública del Estado de Nuevo "León; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10, fracciones X y XII, del "Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y "Tesorería General del Estado, publicados en el "Periódico Oficial del Estado en fecha 2 de junio de "2000, y los Acuerdos emitidos por el Secretario de "Finanzas y Tesorero General del Estado, "publicado en el Periódico Oficial del Estado en "fecha 2 de junio de 2000, ninguno de estos "dispositivos legales establece la competencia del "Jefe del Departamento de Licencias y Control "Vehicular, para dejar sin efectos los actos de "inscripción de vehículos de procedencia "extranjera.--- En efecto, los artículos citados de la "Ley General (sic) de Inscripción de Vehículos de "Procedencia Extranjera, se refieren a las "facultades del Poder Ejecutivo Federal en "coordinación con las entidades federativas, para "la aplicación de dichos ordenamientos legales.--- "Por su parte, los artículos citados de la Ley "Orgánica de la Administración Pública Estatal y "del Reglamento Interior de la Secretaría de "Finanzas y Tesorería General del Estado, se "refieren a las facultades que se encuentran "atribuidas a dicha Secretaría.--- En cuanto a los "‘Acuerdos emitidos por el Secretario de Finanzas "y Tesorero General del Estado, publicados en el "Periódico Oficial del Estado en fecha 2 de junio de "2000’, quiero hacer desde este momento (sic) la "ausencia total de fundamentación y motivación "que se observa (sic) a partir de esta afirmación "textual de la autoridad, pues por principio de "cuentas, no enuncia el nombre y denominación "con que estos acuerdos pueden identificarse, ni a "los numerales de estos acuerdos, a los que "pretende hacer referencia, como fundamento del "acto que hoy reclamo, lo cual me coloca en un "evidente estado de indefensión.--- De la consulta a "la publicación del Periódico Oficial del Estado de "Nuevo León, del día dos de junio del año 2000, se "puede observar que en dicho documento se "contienen dos acuerdos del Secretario de "Finanzas y Tesorero General del Estado, el "primero de los cuales establece la creación de "diversas dependencias encargadas de ‘...la "recaudación de ingresos de la Hacienda Pública "del Estado, así como los federales y municipales "coordinados, la determinación de créditos "fiscales, el ejercicio de las facultades de "comprobación del cumplimiento de las "disposiciones fiscales estatales, federales y "municipales coordinadas... coordinar y dirigir "campañas de fiscalización tendientes a comprobar "dicho cumplimiento, ordenar y practicar el "procedimiento administrativo de ejecución, "elaborar y mantener el registro estatal de "contribuyentes, de control vehicular, de padrón "catastral y los demás que señalen los convenios "de coordinación fiscal, así como formular y "proponer el programa de estímulos fiscales’.--- Por "su parte, dentro del acuerdo que obra a fojas 7 y 9 "de la referida publicación, el Secretario de "Finanzas y Tesorería General del Estado, delega a "los titulares de los departamentos de Control "Vehicular, Registro de Contribuyentes y "Coordinación de Recaudación y Delegaciones de "la Dirección de Recaudación, las facultades de "notificar y suscribir documentos que se refieran a "la determinación de créditos fiscales, iniciación de "procedimientos de ejecución, solicitudes de "información por parte de los contribuyentes e "imponer sanciones por infracciones a dichas "disposiciones fiscales.--- Sin embargo, debe "observarse que dentro del texto de todas estas "disposiciones legales, no se encuentra alguna "facultad a favor del Jefe del Departamento de "Licencias y Control Vehicular para revocar los "actos de inscripción de vehículos de procedencia "extranjera.--- A ello se agrega que si bien es cierto "que el artículo quinto de la Ley para la Inscripción "de Vehículos de Procedencia Extranjera, permite "la participación de las Entidades Federativas para "su aplicación, también lo es que en dicho precepto "legal se hace referencia a una coordinación, tal y "como se puede apreciar a partir de su texto en la "parte que dice: ‘La Secretaría de Hacienda y "Crédito Público y la Secretaría de Economía se "coordinarán con las autoridades fiscales de las "Entidades Federativas, para llevar a cabo la "inscripción de los vehículos a que se refiere esta "ley’.--- De manera que en el presente caso, la "autoridad estatal actúa en la calidad de brazo "ejecutor de la Federación, con base en una "coordinación entre ella y el Gobierno Federal.--- A "partir de lo anterior, resulta por demás lógico que "para que las autoridades lleven a cabo una "actividad coordinada, es necesario que exista un "acuerdo de coordinación que delimite cuáles son "las atribuciones que corresponden a cada una, "habida cuenta de que si la ley habla de una "‘coordinación’, debe entenderse como un acuerdo "entre dos partes.--- Sucede en la especie, que no "existe un acuerdo de coordinación por el que la "autoridad estatal se encuentre facultada para "llevar a cabo las facultades que se arrogan. De ahí "que no se puede considerar a la autoridad "responsable como competente para llevar a cabo "el acto que reclamo.--- Como ilustración de lo "anterior, viene a colación la siguiente tesis del "Poder Judicial de la Federación.--- ‘VERIFICACIÓN "DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES "FISCALES FEDERALES. EL DIRECTOR DE "TRÁNSITO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL "DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL, NO TIENEN "FACULTADES PARA LA.’ (transcribe).--- "TERCERO.- Es ampliamente conocido dentro del "estudio del derecho público, que el principio de "fundamentación y motivación previsto por el "numeral 16 de la Constitución Política Federal, "obliga a las autoridades públicas a inscribir, "dentro de los textos de los mandamientos "expresos que emitan, tanto los preceptos de "derecho en que apoyen el sentido de sus "decisiones, como los antecedentes de hecho que "les lleven a la aplicación de la ley.--- Igualmente es "sabido, que la finalidad que el constituyente de "1910 persigue al consagrar este principio, se "dirige a proporcionar a los gobernados la "seguridad jurídica, de poder actuar en "consecuencia, de modo tal que si su parecer no es "acorde con lo ordenado por el Estado, tengan a su "alcance la oportunidad de defenderse oponiendo "sus defensas.--- Este principio no es agotado "dentro del acto que reclamo, puesto que la "autoridad demandada no cita dentro del texto legal "del acto reclamado, los preceptos legales que le "dan competencia para revocar actos de "inscripción de vehículos de procedencia "extranjera, en los términos que lo hizo conmigo en "mi calidad de propietaria del vehículo Pontiac "Transam, número de serie 1G2AW87G2EL263900, "lo cual es un requisito que la Suprema Corte de "Justicia lo ha calificado como ineludible, tal y "como se puede ver a partir de la lectura de la "siguiente jurisprudencia por contradicción de "tesis:--- ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN "ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE "AUTORIDAD.’ (transcribe).--- Por si fuera poco, "resulta además que en congruencia con el anterior "concepto de violación y suponiendo sin conceder "que exista un acuerdo de coordinación entre la "autoridad estatal y las federales, que fije los "límites de las competencias de ambas, la "autoridad responsable omite citar dentro del texto "del acto reclamado, los datos del acuerdo de "coordinación que le sirve de base para revocar la "inscripción de mi vehículo de procedencia "extranjera. Lo cual es una exigencia reiterada a "partir de los distintos criterios que han tomado los "Tribunales de la Federación, de los cuales a "continuación me permito aportar dos ejemplos:--- "‘AUTORIDADES MUNICIPALES. PARA LA "RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES "FEDERALES DEBEN CITAR COMO FUNDAMENTO "EN EL OFICIO RESPECTIVO EL CONVENIO O "ACUERDO POR EL CUAL ACTÚAN EN FUNCIÓN "DE UNA ORDEN FEDERAL (ARTÍCULO 14 DE LA "LEY DE COORDINACIÓN FISCAL).’ (transcribe).--- "‘CRÉDITOS FISCALES, REQUISITOS QUE DEBE "CONTENER EL OFICIO DE REQUERIMIENTO POR "PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE "LOS.’ (transcribe).--- Por otro lado, la autoridad "demandada, al intentar establecer los supuestos "fundamentales de derecho de los que parte su "competencia legal, se refiere a ‘...los acuerdos "emitidos por el Secretario de Finanzas y Tesorero "General del Estado, publicados en el Periódico "Oficial del Estado en fecha 2 de junio de 2000...’.--- "Ahora bien, resulta que en la publicación del "Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de la "fecha citada por la autoridad, se encuentran dos "acuerdos, uno que puede leerse a fojas de la 4 a la "6 y otro que se encuentra en las fojas de la 7 a la "9, el primero de los cuales consta de cuatro "artículos y un artículo único transitorio; y el "segundo que consta de tres artículos y un artículo "transitorio.--- De lo cual se puede apreciar que la "cita de los fundamentos legales de la autoridad es "completamente vaga, de modo tal que no me "permite controvertir su competencia, lo cual "atenta evidentemente en contra de mis garantías "individuales de seguridad jurídica y de defensa, al "no precisar a cuál de estos dos acuerdos se "refiere y no sólo ello, sino también a cuál artículo "de estos dos acuerdos se refiere.--- Asimismo, "resulta evidente que el sentido final de la "resolución combatida y que es el punto nodal de "la molestia que se me ocasiona, no se encuentra "apoyada jurídicamente. En efecto, el Jefe del "Departamento de Licencias y Control Vehicular, no "apoya en nada su decisión de dejar sin efecto los "trámites de inscripción realizados.--- Mucho "menos se encuentra inscrito el apoyo jurídico de "la autoridad demandada, para determinar que yo "deba retornar mi vehículo o donarlo al fisco "federal ‘...o a las entidades federativas en la "inteligencia de que dicha acción deberá realizarse "en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados "a partir de la notificación de la presente "resolución’. Lo anterior es así, puesto que "ninguno de los preceptos legales que se refieren "en el cuerpo del acto administrativo, faculta a las "autoridades para obligarme a realizar tales "acciones.--- Y lo más trascendental es que la "autoridad demandada no cuenta con fundamento "legal alguno para determinar que mi vehículo "maraca Chevrolet, línea Pontiac, tipo Transam, "deba ser considerado como un vehículo deportivo "o de lujo y por ende, no se encuentre permitida su "inscripción. En efecto, si bien es cierto que el "artículo 4° del Reglamento de la Ley para la "Inscripción de Vehículos de Procedencia "Extranjera establece un catálogo de marcas y "líneas de vehículos que son considerados de lujo "o deportivos, no deja de serlo que dentro del "mismo no se ubica al tipo de vehículo del que soy "propietaria, es decir al Chevrolet Pontiac, tipo "Transam.--- Por el contrario, dentro de la lista de "referencia, únicamente se prevé al tipo Firebird en "cuanto a lo que se refiere a la línea Pontiac, más "no al tipo Transam. Y aun cuando la autoridad "demandada pretenda justificarse en que la "denominación de mi vehículo sea la de ‘...Pontiac, "línea Firebird Transam, Tipo Coupe...’, esas "características así establecidas, tampoco se "encuentran prescritas como las de un vehículo "que no amerita inscripción.--- Por el contrario, el "modelo de mi vehículo es Pontiac Transam, y nada "tiene que ver con el Firebird que se encuentra "clasificado dentro de la lista de vehículos "considerados como de lujo o deportivos.--- "CUARTO. La garantía de audiencia prevista por el "numeral 14 de la Constitución Política Mexicana, "como es ampliamente sabido, impide a las "autoridades públicas el realizar actos de privación "de los derechos de los gobernados, sin antes "permitirles argumentar en su favor y defenderse. "En palabras de Ignacio Burgoa esta garantía es "‘...una de las más importantes dentro de cualquier "régimen jurídico, ya que implica la principal "defensa de que dispone todo gobernado frente a "actos de Poder Público que tiendan a privarlo de "sus más caros derechos y sus más preciados "intereses...’.--- Así tenemos que en el caso "particular que se somete a estudio jurisdiccional, "puesto que los trámites de inscripción del "vehículo de mi propiedad, generaron derechos "adquiridos en el sentido de que a partir de que se "expidió en mi favor un certificado de inscripción, "habiendo cubierto todos los gastos y los "requisitos necesarios, se convirtió en legal la "estancia de mi vehículo dentro del país.--- Si bien "es cierto que la Ley para la Inscripción de "Vehículos de Procedencia Extranjera, establece "claramente que la constancia de inscripción, no "constituye un título de propiedad, no por ello deja "de implicar el derecho de poseer el vehículo en "forma legal dentro del país.--- De manera que al "dejar sin efectos todo el trámite de inscripción del "referido vehículo, lo que en realidad se encuentra "haciendo la autoridad demandada, es una "revocación del acto de que me permite circular en "mi vehículo libremente por el territorio nacional.--- "Revocación que realiza la autoridad, con la "ausencia total de un procedimiento previo y sin "informarme la vía de defensa procedente en contra "del mismo, lo cual es una violación evidente y "directa al mandato constitucional, que me coloca "en desventaja frente a la autoridad emisora”.
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