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    1. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL








A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 10 días del mes de junio de 2.014, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Benjamín Ramón Sal Llargués, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa N° 18062 (Registro de Presidencia N°62951), caratulada “H., R. A., s/ Habeas Corpus”, y sus acumuladas Nº 18226 (Registro de Presidencia Nº 63231), caratulada “H., R. A., s/ recurso de queja (art. 433 CPP)”, y Nº 18230 (Registro de Presidencia Nº 63460), caratulada “H., R. A., s/ recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI –BORINSKY-SAL LLARGUÉS.



A N T E C E D E N T E S

1) En el marco de la causa Nº 62951, la Defensa Oficial interpuso acción de Habeas Corpus ante esta Sede, contra el auto del Juez de Ejecución por el que se desestimó el recurso de apelación y el pedido de nulidad incoados contra la resolución del Director de la Unidad Penitenciaria Nº 3 del Servicio Penitenciario Provincial, por la que se había sancionado a H.

2) En el marco de la causa Nº 63231, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó el recurso de apelación y el pedido de nulidad de la Defensa, y en consecuencia, confirmó el auto del Juez de Ejecución por el que se había desestimado la acción de Habeas Corpus intentada a favor de H.

Contra dicho pronunciamiento, la Defensa interpuso recurso de casación, cuya denegatoria origina la presente queja.

3) Finalmente, en el marco de la causa Nº 63460, la Defensa interpuso recurso de casación contra el auto de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, que confirmó el de su inferior, por el que se denegó a la penada el beneficio de la libertad condicional.

4) Radicadas todas las actuaciones, acumuladas que fueron y notificadas las partes, la Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes



C U E S T I O N E S

Primera: ¿Corresponde hacer lugar a los remedios intentados?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:

I.-


Es doctrina de este Tribunal que la presentación directa ante esta Sede es formalmente inadmisible, salvo supuestos de gravedad institucional o claras cuestiones federales (conf. Sala III, causa 5918, “Gómez, Miguel Ángel s/ Habeas Corpus”, del 15/01/2001. En igual sentido Sala II sentencia del 16/5/2000 en causa 2268, Sala I causa nº 1969, del 23/3/00).

En el caso, no observo dicha gravedad, puesto que en definitiva, y en lo que hace a la acción intentada, la omisión del necesario paso por la Cámara no reviste gravedad institucional, si los agravios y el objeto de la presentación, por la que se solicita la libertad condicional de H. se encuentran reproducidos en el recurso interpuesto en la causa Nº 63460 (artículos 18 de la Constitución Nacional; 405, 448, 450, 451, 454 inciso 1º y 465 del ritual).

II.-

En lo que atañe a la causa Nº 63460, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó el auto por el que se denegó la libertad condicional, con base en que, cumplido el requisito temporal no podía pregonarse idéntica situación respecto del acatamiento de los reglamentos carcelarios.



Sentado lo anterior, no se cuestiona que la encartada se encuentra condenada por sentencia firme a cinco años y tres meses de prisión, pena que conforme el cómputo practicado a fs. 113 vta./114 de la causa Nº 62951, vencerá el 25 de diciembre del corriente año 2014.

Tampoco, que dicha sanción compone las penas impuestas en dos expedientes distintos, el segundo de los cuales se originó en la comisión de los delitos de amenazas agravadas y encubrimiento, mientras gozaba de una morigeración a la prisión preventiva.

Empero, dado la condena firme hoy existente, dicha conducta (incumplimiento de las obligaciones impuestas al conceder la morigeratoria) no puede ser disvalorada a los efectos de definir la procedencia o improcedencia de la libertad condicional.

Lo que sí resulta relevante, a mi entender, es que el auto de Cámara alude al pésimo concepto de H. y las sanciones que registra, pero sin especificarlas ni analizarlas en cuanto a su naturaleza y momento de producción, extremo que deviene esencial, a la luz de lo que seguidamente se dirá, y que me lleva a entender que el auto impugnado carece de fundamentación suficiente (artículos 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 106 del rito).

En efecto, cierto es que H. registró numerosas sanciones, pero también lo es que varias de ellas, incluso las catalogadas como “graves”, fueron desestimadas en Sede Judicial. A título de ejemplo, menciono las impuestas por resolución del 17 de febrero de 2011, revocada por el Juez en fecha 8 de mayo de 2012 (fs. 216/219 de la causa 62951); del 5 de octubre de 2011, revocada por auto del 3 de mayo de 2012 (fs. 238/239 de la misma causa); las grave y leve sancionadas el 14 de noviembre de 2011, revocadas por auto del 3 de mayo de 2012 (fs. 257/259 y 278/280 de la misma causa), y la impuesta por falta “grave” el día 20 de marzo de 2013 (anulada por auto del 11 de julio de 2013, a fs. 352/354 de la causa 62951).

También debe considerarse que a fs. 330/332 de la ya citada causa Nº 62951, obra copia del decisorio del 3 de julio de 2012, por el que el juez de Ejecución hizo lugar al Habeas Corpus interpuesto en favor de H., al haber constatado múltiples lesiones (considerando especialmente las observadas en la zona paragenital), lo que otorgaba verosimilitud y seriedad a la denuncia de vejámenes y abuso sexual perpetrado dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 3, por lo que el Magistrado ordenó investigar la posible comisión de un delito de acción pública por parte del personal del Servicio Penitenciario.

Más importante aún, no se dispuso el traslado de H., que al día de la fecha sigue alojada en la misma dependencia.

El dato no es menor, porque aunque Herrera registra sanciones no anuladas, sino confirmadas en Sede Judicial, no es posible soslayar que varias de ellas se impusieron en fecha posterior a la denuncia contra el Servicio Penitenciario Provincial (por ejemplo, la impuesta el 17 de mayo de 2013, confirmada por el Magistrado por resolución del 31 de julio del mismo año, obrante a fs. 313/316 de la causa Nº 63460).

En mi opinión, estas últimas no pueden ser consideradas a los efectos de determinar la procedencia o improcedencia del beneficio peticionado, precisamente, porque fueron impuestas por personal del organismo denunciado por conductas ilícitas cometidas contra la peticionante.

A la luz de lo expuesto, teniendo presente la fecha en que se producirá el cumplimiento de pena, considerando que el organismo sancionador ha sido desautorizado en más de una ocasión respecto del ejercicio de su facultad disciplinaria, y sin perjuicio de que el pedido de compensación deberá tramitar por la vía correspondiente, entiendo que, más allá de la situación en que se encuentren los hijos menores de edad de la condenada, corresponde hacer lugar a la libertad condicional solicitada.

Lo expuesto, en consecuencia, torna abstracto el planteo efectuado en la causa Nº 63231, por lo que no corresponde su tratamiento (artículos 210, 373, 448, 450, 454 y 465 del ritual).

III.-


Visto lo que antecede, propongo al Acuerdo declarar inadmisible la acción de Habeas Corpus interpuesta en la causa Nº 62.951, con costas; declarar abstracta la queja traída en la causa Nº 63231; declarar procedente el recurso de casación interpuesto en la causa Nº 63460, sin costas; conceder a R. A. H. el beneficio de la libertad condicional, en la forma de estilo y  bajo las condiciones que el Juez de Ejecución estime, la que deberá hacer efectiva siempre que la nombrada no registre órdenes de detención pendientes u otros impedimentos a la soltura dispuesta (artículos 18 de la Constitución Nacional; 13 del Código Penal; 373, 448, 450, 451, 454 inciso 1º, 563, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).

En consecuencia a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.



A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:

Enterado en el Acuerdo de la mayoría alcanzada, dejo a salvo mi opinión en contrario. ASÍ LO VOTO.



A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Sal Llargués dijo:

Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos, y a esta primera cuestión, también me pronuncio PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.



A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:

Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde declarar inadmisible la acción de Habeas Corpus interpuesta en la causa Nº 62.951, con costas; declarar abstracta la queja traída en la causa Nº 63231; declarar procedente el recurso de casación interpuesto en la causa Nº 63460, sin costas; casar la resolución impugnada, y conceder a R. A. H. el beneficio de la libertad condicional, en la forma de estilo y bajo las condiciones que el Juez de Ejecución estime, la que deberá hacer efectiva siempre que la nombrada no registre órdenes de detención pendientes u otros impedimentos a la soltura dispuesta (artículos 18 de la Constitución Nacional; 13 del Código Penal; 405, 406, 433, 448, 450, 451, 454, 460, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.



A la segunda cuestión planteada, los señores jueces doctores Borinsky y Sal Llargués dijeron:

Que votan en igual sentido que el doctor Violini.

Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente

R E S O L U C I Ó N

I) DECLARAR INADMISIBLE la acción de Habeas Corpus interpuesta en la causa Nº 62.951, con costas.

II) DECLARAR ABSTRACTA la queja traída en la causa Nº 63231.

III) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto en la causa Nº 63460, sin costas.

IV) CASAR la resolución impugnada, y CONCEDER a R. A. H. el beneficio de la libertad condicional, en la forma de estilo y  bajo las condiciones que el Juez de Ejecución estime, la que deberá hacer efectiva siempre que la nombrada no registre órdenes de detención pendientes u otros impedimentos a la soltura dispuesta.

Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 13 del Código Penal; 405, 406, 433, 448, 450, 451, 454, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.



Regístrese, notifíquese comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad y oportunamente, remítase a origen.-




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