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PROPUESTAS AL PROYECTO DE OBSERVACIÓN GENERAL Nº 6 SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN PREPARADO POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS


A

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Human Rights Treaties Division (HRTD)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson - 52, rue des Pâquis

CH-1201 Geneva (Switzerland)


DE

Elard Ricardo Bolaños Salazar


FECHA:

29 de junio de 2017




Elard Ricardo Bolaños Salazar

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (Lima, Perú)*

Correo electrónico: ricardo.92b@hotmail.com

ÍNDICE



Introducción 3

I.El PRINCIPIO-DERECHO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3

II.LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO UNIVERSAL COMO OBLIGACIONES PRIMARIAS A LA DE ADOPTAR AJUSTES RAZONABLES 5

III.LOS AJUSTES RAZONABLES COMO UNA FORMA COMPLEMENTARIA PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6

IV.EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LOS AJUSTES 8

V.EL CARÁCTER RAZONABLE DE LOS AJUSTES 11

VI.DIFERENCIA ENTRE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS AJUSTES RAZONABLES 13


Introducción

Atendiendo al llamado del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “CDPD” o “el Comité”) para presentar observaciones al proyecto Observación General Nº 6 sobre el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad y la no discriminación, quien suscribe la presente, Elard Ricardo Bolaños Salazar de nacionalidad peruana, presenta las siguientes observaciones en calidad de apoyo para el trabajo emprendido por el referido Comité.


El Artículo 47.1º del Reglamento del CDPD establece que “[e]l Comité podrá preparar observaciones generales sobre la base de los artículos y las disposiciones de la Convención con miras a promover su mejor aplicación y ayudar a los Estados partes a cumplir sus obligaciones de presentación de informes.”1 Es bajo esta perspectiva que el Comité ha elaborado un proyecto de observación general en el cual se abordan diferentes aspectos que se relacionan con el desarrollo del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad.
De esta manera, el presente escrito (en calidad de amicus curiae) abordará ciertas consideraciones sobre los ajustes razonables y su relación con el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 5.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante “CRPD”).


  1. El PRINCIPIO-DERECHO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El derecho a la igualdad –junto a la prohibición de la discriminación como parte de su contenido- ha sido reconocido por todos los instrumentos internacionales tanto del sistema universal como de los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos. Solo a modo de ejemplo, tenemos que en América, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH”) ha referido que la igualdad y no discriminación, en tanto principio, se constituye como una norma de carácter ius cogens.2


Sin embargo, este reconocimiento formal no es suficiente, sobre todo cuando estamos en el campo de la protección de los Derechos Humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por esta razón, surge la concepción material de la igualdad, bajo el entendido que “una interpretación meramente formal de la igualdad tiene el defecto de esconder, tras de sí, una serie de desigualdades de orden material y simbólico que no se corresponden con los exigentes presupuestos normativos de la democracia”3, en buena cuenta, es una fiera pero sin dientes. Por ello, en el ámbito de la justicia constitucional, el máximo tribunal peruano, por ejemplo, tiene dicho que: “en su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigen­cia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconoci­miento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales”.4


Por ello, en la discusión jurídica contemporánea se ha puesto sobre la mesa un tema que es sumamente interesante y debatible como es la obligación estatal de adjudi­car un tratamiento diferente a las personas que se encuentran en situaciones desiguales con la finalidad de conseguir el escenario deseable de la igualdad. Se ha señalado preliminarmente que la igualdad, como tal, supone entender que existen ciertas circunstancias reales de desigualdad que no pueden ser totalmente solucionadas o atendidas con el enunciado tradicional: “todos los seres humanos son iguales” o “todos merecen un trato igual”.
Atendiendo a ello, tanto el aparato legislativo como el juez o la jueza pueden (y de hecho deben) introducir tratamientos distintos a situaciones que no son realmente iguales o análogas. Sobre esto último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, “Corte IDH”), siguiendo en el fondo la misma idea que ya se había anotado antes, considera que “no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”.5
Precisamente teniendo en cuenta esta perspectiva surge el concepto de “ajustes razonables”. Son, como se verá a continuación, una forma de llevar al terreno de lo fáctico la igualdad que proclama la CDPD.


  1. LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO UNIVERSAL COMO OBLIGACIONES PRIMARIAS A LA DE ADOPTAR AJUSTES RAZONABLES

La accesibilidad y el diseño universal son, en conjunto, acciones positivas que deben adoptar los Estados para conseguir la igualdad fáctica de las personas con discapacidad. Estos dos conceptos parten de la premisa que la sociedad, tal y como está constituida, presenta múltiples obstáculos para las personas con discapacidad que les impide ejercer sus derechos plenamente; por ello, mediante la accesibilidad y el diseño universal se pretender erradicar todos aquellos limites sociales a fin de conseguir la plena igualdad de este grupo vulnerable.


En primer término, la accesibilidad determina la obligación estatal de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los bienes y servicios en condiciones de igualdad con las personas sin discapacidad y, por lo tanto, que gocen por igual de todos los derechos constitucionales6. Esta se convierte, como se podrá comparar luego, en una obligación un poco más específica que la del diseño universal.
En este sentido, los Estados deben garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los entornos físicos, transporte, información, comunicación y a todos aquellos campos de la vida en sociedad que les permita desarrollar su proyecto de vida de manera independiente. Asimismo, deben garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios abiertos al público, aun cuando estos sean prestados por entes particulares.
El CRPD ha señalado que la accesibilidad resulta necesaria e indispensable para que las personas con discapacidad disfruten de manera efectiva y en condiciones de igualdad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por ello, el Estado está obligado a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a supervisarlas; además, en caso de no contar con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un marco jurídico adecuado.7
Ahora bien, la obligación de diseño universal, hasta cierto punto, va más allá del concepto de accesibilidad, dado que es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de información y comunicación sean comprensibles y fáciles de utilizar para todos del modo más generalizado.8 La construcción de estructuras físicas, la adopción de normativa, las políticas públicas, entre otras cuestiones propias de la vida en sociedad, deben tener un diseño amplio que en su elaboración no tengan solo como destinatarios finales las personas sin discapacidad, sino también aquellas que tienen una discapacidad. Por ello, el diseño universal es llamado también “diseño para todos”, “diseño global” o “diseño transgeneracional”.
Como un ejemplo concreto de lo que es un diseño universal se puede mencionar la iniciativa que llevó a cabo el Museo de Bellas Artes de Budapest. En 2006 dicha institución cultural presentó una exposición táctil sobre la cultura en la era de Segismundo de Luxemburgo. Aunque aquella exposición se hizo principalmente para personas invidentes, también significó que los visitantes que no eran invidentes experimentaran otra clase de sensibilidad estética. Como corolario, es de suma importancia tener en cuenta que para aquellos países que no cuenten con los suficientes recursos para llevar a cabo estas iniciativas, la cooperación internacional es una importante herramienta y legitima aliada para la promoción de la accesibilidad y el diseño universal.


  1. LOS AJUSTES RAZONABLES COMO UNA FORMA COMPLEMENTARIA PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En este acápite se abocará el estudio de los ajustes razonables como instrumento jurídico que salvaguarda la igualdad de la persona con discapacidad en todos los aspectos de su vida. En primer lugar es necesario tener en cuenta que el concepto de ajustes razonables, aunque con ciertas diferencias con la conceptualización actual, encuentra raíces comunes en las legislaciones de Estados Unidos de América y Canadá entre la década de los sesenta y ochenta del siglo XX. En ambos casos se utilizó el término para hacer referencia a la obligación de respetar las creencias religiosas de los trabajadores cuyos credos no les permitía trabajar un determinado día de la semana, flexibilizando, para este fin, los horarios de trabajo.


Pero más allá de enfocar el propósito con los cuales fue concebido este término importa reparar en los ajustes razonables como garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. En tal sentido, antes que la CDPD a nivel supranacional fue el Consejo de la Unión Europea en el año 2000 que mediante la Directiva 2000/78/CE obligó a los estados europeos a adoptar ajustes razonables para conseguir la igualdad material de las personas con discapacidad en el acceso al empleo y durante el mismo. Posteriormente, en 2003 se adoptó en España la Ley 51/2003, que regulaba, con carácter general para todos los derechos, los ajustes razonables, yendo más allá del campo laboral que establecía la Directiva del Consejo de la Unión Europea referida.
A nivel internacional, fue mediante la CDPD que se estableció la obligación para los Estados de realizar ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad; dicho instrumento internacional señala en el penúltimo párrafo de su artículo 2° que, por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Tanto de la regulación de la CDPD como de la legislación española se desprenden ciertos criterios constitutivos que podemos denominar como “elementos del ajuste razonable”. A estos elementos Luis Cayo las enumera y ordena de la siguiente manera: a) conducta positiva de actuación para transformar el entorno; b) que la transformación se dirija a adaptar y hacer corresponder ese entorno a las necesidades específicas de las personas con discapacidad (elemento de individualización); c) que no signifiquen una carga desproporcionada (elemento razonable); d) finalidad dirigida a facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad, y e) que se hace exigible en aquellos casos no alcanzados por las obligaciones generales de protección de los derechos de las personas con discapacidad.9
Respecto a lo anterior surgen esencialmente dos preguntas: la primera gira en torno al carácter subsidiario de los ajustes razonables, y la segunda pregunta surge del término “razonable” de los ajustes, pues si bien la CDPD señala qué se entiende por ajustes razonables, no establece un método para medir la razonabilidad o no de estos. Estas dos cuestiones serán analizadas a continuación.


  1. EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LOS AJUSTES

Como se anticipó, existe una obligación estatal de garantizar la accesibilidad y el diseño universal para concretar la igualdad a las personas con discapacidad en el goce y ejercicio de sus derechos. Sin embargo, puede suceder que debido al carácter abierto de estas “primeras” obligaciones de los Estados no se logre garantizar el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad; ello debido principalmente a que la amplitud de la diversidad humana no se limita a reconocer que existen personas con discapacidad, sino también a reconocer que dentro del mismo grupo también se puede encontrar una enorme variedad y tipo de discapacidades, y ante esta diversidad se requieren soluciones concretas e individualizadas.


Ante esta necesidad surge la obligación complementaria de adoptar ajustes razonables que se despliegan ante el fracaso garantista, valga la expresión, de la accesibilidad universal y del diseño universal, que ha de gozar de precedencia y preferencia. Esto es así debido a que los ajustes razonables significan un medio para proteger el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, por cuanto permiten, en casos concretos (tal y como regula el artículo 2 de la CDPD), asegurar este derecho cuando el dispositivo genérico de la accesibilidad universal y del diseño universal no alcanza a la situación particular que experimenta cada persona con discapacidad.
El carácter subsidiario de los ajustes razonables ha sido reforzado por distintos pronunciamientos de diversas autoridades tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, en el Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI) conoció de un caso sobre una ciudadana a quien un banco privado le negó su solicitud de una nueva tarjeta de crédito debido a su dificultad para firmar de la misma manera que en su documento nacional de identidad; esta dificultad se debía a la hemiparesia, que es considerada una discapacidad física. El banco aducía que en este caso específico el Reglamento de Tarjetas de Crédito del Perú obligaba a las entidades financieras a verificar la identidad de los titulares para la emisión de tarjetas de crédito. Al resolver este caso, INDECOPI sostuvo que existe una obligación de realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad en las relaciones de consumo; como por ejemplo, recoger su huella digital o cualquier otro método que acredite su identificación.10 En este punto es importante notar que a diferencia de las medidas de accesibilidad y diseño universal que son obligaciones generales y genéricas, los ajustes razonables que ordenó INDECOPI suponen la consideración de necesidades específicas y concretas, es decir, “individualizadas”, más allá de que puedan reconducirse a rasgos grupales comunes.11
En Colombia, la Corte Constitucional emitió en 2010 un pronunciamiento que es importante para entender la CDPD que resultó del pedido que hizo el jefe del Ministerio Público de Colombia a la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de la CDPD. En dicha sentencia la Corte Constitucional colombiana sostuvo que el término “ajustes razonables” se refiere a la extensión de las acciones que deberán adelantarse para mejorar las condiciones de accesibilidad, y con ello, el pleno ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.12 De lo anterior se deduce que al decir que deberán realizarse acciones para mejorar las condiciones de accesibilidad, la Corte colombiana parte de la idea de que ya existe accesibilidad y que los ajustes razonables constituyen un mecanismo secundario que refuerza el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en aquellos casos en los que la accesibilidad no cubra la totalidad de expectativas de las necesidades de estas personas.
Asimismo, en 2012, en el caso de un adulto mayor con discapacidad, la Corte Constitucional colombiana interpretó que tanto el diseño universal como la accesibilidad comportan una obligación general, mientras que el principio de “ajustes razonables” se encarga de suplir las insuficiencias que el diseño universal y la accesibilidad presenta frente a algunas de las personas con discapacidad.13
En Europa, el Tribunal Constitucional de España tuvo que resolver el caso de un menor de edad con discapacidad intelectual a quien, debido a una dificultad para entender la dinámica curricular de un colegio común, la autoridad educativa de la región de Palencia había trasladado a un colegio especializado en dar educación a niños con discapacidad. No obstante, los padres del menor se opusieron a esta directiva y se negaron a que el niño asista a clases argumentando principalmente que en lugar de ser trasladado a un colegio de educación especializada, el menor debía acudir a su anterior centro educativo, y este, a su vez, adoptar los ajustes razonables que resulten necesarios para su desarrollo educativo pleno.14
Al resolver, el máximo intérprete de la constitución española señaló que la Ley Orgánica 2/2006 sobre educación establecía que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se rige por los principios de normalización e inclusión y se asegura su no discriminación e igualdad en el acceso y permanencia en el sistema educativo. De tal forma que, la escolarización de estos menores en unidades o centros educativos especiales sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Es evidente, que en este caso el Tribunal Constitucional español interpretó que la medida de colocar al niño en un centro educativo especial constituía un ajuste razonable y, como tal, tenía carácter subsidiario dado que la obligación primaria era la de adaptar el centro educativo ordinario a las exigencias del menor en virtud de las obligaciones generales de accesibilidad y diseño universal.
En cuanto al nivel de protección regional de Derechos Humanos, en el año 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante “Tribunal Europeo”, “TEDH” o “Tribunal de Estrasburgo”) emitió su primera sentencia donde acogió la CDPD como criterio interpretativo. El caso en cuestión es Glor v. Suiza15 y si bien el TEDH no enuncia de manera explícita el término “ajustes razonables” si da algunos alcances que parecieran aproximarse a este concepto.
El caso versaba sobre un ciudadano suizo que trabajaba como transportista y que fue declarado, a pesar de su interés, como no apto para el servicio militar por tener diabetes (considerada una discapacidad según el ordenamiento jurídico suizo). La legislación suiza no le permitía prestar el servicio militar pero tampoco lo eximia de tener que pagar la multa por no realizarlo dado que su grado de discapacidad no era tal, según las leyes de ese Estado, como para eximirlo de cumplir con el pago.
El Tribunal Europeo, luego de un análisis previo sobre el principio de igualdad y no discriminación, consideró que el Estado suizo debería ofrecer alternativas para aquellas personas con discapacidad que quieran participar en el servicio militar de su país ajustando para este fin los ambientes del servicio militar para que estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida. En concreto, tomó en cuenta la distinción objetiva y razonable que hacía la legislación suiza para no permitir a las personas con cierto grado de discapacidad realizar el servicio militar, pero resolvió que, en el caso concreto del ciudadano Glor se deberían tomar las medidas adecuadas y particulares para su caso, dado que su grado de discapacidad no era tal que le impidiera realizar funciones físicas.
De lo señalado anteriormente, se evidencia que la obligación primaria es la de garantizar un acceso pleno y diseño universal a las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y solo en aquellos casos en los que esta obligación primaria no alcance a la totalidad de los supuestos, dado que existe diversidad dentro del grupo de la persona con discapacidad, se hará exigible la obligación de adoptar ajustes razonables pues su característica es más individual que genérica.


  1. EL CARÁCTER RAZONABLE DE LOS AJUSTES

Otra de las cuestionas que resulta problemática es la determinación de la “razonabilidad” de los ajustes razonables. El carácter de razonables, evidentemente reduce el número e intensidad de ajustes que aun siendo necesarios para la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad, están amparados por la normativa nacional e internacional.16


La regulación de los ajustes razonables que está plasmada en la CDPD establece el límite de que la realización de los ajustes razonables no debe imponer una carga desproporcionada o indebida, pero no ofrece, a diferencia de la ley española 51/2003 referida anteriormente criterios para delimitar su razonabilidad de la cual se puede extraer que obligación del Estado de adoptar ajustes razonables culmina cuando estos ya no son “razonables”, es decir cuando se convierten en una carga indebida. De tal forma, la defensa estatal ante la no realización del ajuste se basa en la carga indebida, de modo tal que el análisis dependerá entonces del examen de las cargas.17
No obstante, pretender una normativa genérica para determinar la carga excesiva de un ajuste razonable significaría ir en contra de una de las características fundamentales del ajuste razonable como es, precisamente, la particularidad. Es decir, no sería un beneficio para esta categoría jurídica, que se encarga de velar por los derechos de las personas con discapacidad en cada caso concreto, atribuirle una fórmula general para decidir cuándo es proporcional y cuándo no.
Así que para la determinación del nivel de la carga y por ende de la razonabilidad del ajuste, se deberá interpretar la razonabilidad desde el punto de vista de la equidad, es decir, el enunciado general y abstracto, en este caso el de “razonable”, deberá ser apreciado a la luz de las singularidades de cada caso concreto, imponiéndose de esa manera la armonización del enunciado “razonable” con las particularidades materiales.18
Es necesario aclarar que la evaluación de la carga indebida del ajuste razonable no debe tomarse solo desde la perspectiva del costo económico, sino también, desde otros aspectos cruciales como el impacto que la adopción de tal ajuste tendrá en el resto de personas con y sin discapacidad, el beneficio inclusivo que supone su adopción, la viabilidad de su concreción, entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al adoptar ajustes razonables, siempre se presentarán cargas, pero lo que no pueden es ser indebidas o excesivas.19

  1. DIFERENCIA ENTRE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS AJUSTES RAZONABLES

Una vez establecidos los alcances y precisiones conceptuales de los ajustes razonables resulta conveniente marcar su diferencia con las llamadas “acciones afirmativas”. La importancia de hacer la distinción entre los ajustes razonables y las acciones afirmativas es de suma importancia para comprender sus diferenciadas consecuencias jurídicas.


Para dilucidar la diferencia que existe entre estos dos conceptos debemos centrarnos en sus finalidades. Así, en primer término encontramos que hay algunas medidas a favor de las personas con discapacidad que tienen como finalidad conseguir la igualdad material del colectivo, independientemente de las características individuales específicas de sus miembros20. A estas medidas las denominaremos accionas afirmativas.
En cambio, existen otras medidas que parten de una desigualdad material objetivada de manera individual de las personas con discapacidad beneficiando a éstas con la finalidad de que puedan alcanzar la igualdad material individualmente. Es decir, comporta una medida que distingue entre ciudadanos individuales, cuya desigualdad material se manifiesta de manera individual21, al contrario que las medidas positivas o afirmativas, que distinguen entre colectivos, como se ha precisado. Esta definición parece aproximarse más a los componentes de “ajuste razonable” que hemos evaluado anteriormente22. También, a estas medidas que buscan la igualdad material individual, David Giménez las denomina medidas de igualación positiva.
Entonces, podemos concluir que existen acciones a favor de las personas con discapacidad que son acciones positivas (acciones afirmativas) y otras que son medidas de igualación positiva (ajustes razonables) y que las acciones afirmativas tienen por objeto la igualdad material colectiva de las personas con discapacidad mientras que el fin de los ajustes razonables es conseguir la igualdad material individual de este colectivo en situación de vulnerabilidad.


** El autor desea expresar de manera preliminar que lo aquí expuesto es de entera responsabilidad de quien suscribe.

1 CDPD. Reglamento del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CRPD/C/1/Rev.1, de 10 de octubre de 2016, artículo 47.1.

2 Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC- 18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A 18.

3 Clérico, Laura y Martón Aldao “Nuevas miradas de la igualdad en la jurispru­dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la igualdad como redistribución y como reconocimiento”, en Lecciones y Ensayos, No. 89, Lima, 2011, p. 147.

4 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia de 28 de junio de 2004. Exp. N° 0606-2004-AA/TC, f. j. 11.

5 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03. 17 de setiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 89.

6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia del 8 de junio de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Expediente T-427/12, p. 27.

7 CRPD. Observación General N° 2. Artículo 9: Accesibilidad. 11° período de sesiones, CRPD/C/G/C/2, 2014, párrs. 4 y 28.

8 Consejo de Europa. Resolución ResAP (2001)1 sobre la introducción de los principios de diseño para todos en los currículos de todas las profesiones que trabajen en la construcción del entorno. Comité de Ministros, 15 de febrero de 2001.

9 Cayo, L. (2012). La configuración jurídica de los ajustes razonables. En L. Cayo (Ed.), 2003 – 2012: 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España. Madrid: Grupo Editorial CINCA, p. 165.

10 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de la Competencia N° 2. Resolución 0001-2011/SC2 - INDECOPI, 5 de enero de 2011.

11 Courtis, C. (2007). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ante un nuevo paradigma de protección? En J. Gutiérrez (Ed.), Memoria del Seminario Internacional Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por una cultura de la implementación. México D.F.: Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México - Comisión Europea, p. 80.

12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia del 21 de abril de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente C-293/10, p. 49.

13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia del 21 de abril de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Expediente C-293/10, p. 78

14 Tribunal Constitucional de España 10/2014. Recurso de amparo 6868 - 2012. Sentencia de 27 de enero de 2014.

15 TEDH. Caso Glor Vs. Suiza. Sentencia de 30 de abril de 2009. Aplicación N° 13444/04.

16 Cfr. CAYO, Luis. Óp. Cit., p. 163.

17 Cfr. DE CAMPOS, Leticia. 2011. “Ajuste razonable: un nuevo concepto desde la óptica de una gramática constitucional inclusiva”. Revista Internacional de Derechos Humanos SUR. São Paulo, volumen 8, número 14, p. 108.

18 Cfr. ÁVILA, Humberto. 2011. Teoría de los principios. Traducción de Laura Criado. Madrid: Marcial Pons, pp. 156 y 157 y, CIANCIARDO, Juan. 1999. “Máxima de razonabilidad y respeto de los derechos fundamentales”. Persona y Derecho. Pamplona, número 41, p. 50.

19 Cfr. Suprema Corte de Canadá. Caso Bhinder Vs. CN. Sentencia de 17 de diciembre de 1985. 2 S.C.R. 561, párrs. 10 y sgts.

20 Cfr. GIMÉNEZ, David. 2011. “Las medidas a favor de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores en España: ¿Acciones positivas o medidas de igualación positiva? En SANTIAGO, Mario. Acciones afirmativas. México D.F.: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, p. 161.

21 Ídem, p. 162.

22 Al respecto, se debe recordar que, como se enunció anteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los ajustes razonables se aplicaran cuando se requieran en un caso particular.


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