Productos financieros o del mercado de valores del exterior, promoción y publicidad



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PRODUCTOS FINANCIEROS O DEL MERCADO DE VALORES DEL EXTERIOR, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Concepto 2016097562-001 del 5 de octubre de 2016


Síntesis: La actividad de promoción y publicidad en Colombia de productos o servicios financieros o del mercado de valores ofrecidos por instituciones del exterior, así como cualquier actividad que implique el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público solamente pueden ser desarrolladas por entidades que hubieren obtenido autorización por parte de esta Superintendencia para tal efecto.
«(…) comunicación mediante la cual solicita conocer el concepto de esta Agencia Estatal respecto de la regulación, requerimientos y requisitos legales que debe cumplir una empresa cuyo objeto pretende “(…) realizar operaciones de compra y venta de acciones en el exterior, a través de una plataforma, vía web.(…)”
Sobre el particular, proceden los siguientes comentarios:
1. Como primera medida, es necesario advertir que la Superintendencia Financiera profiere conceptos de carácter general y abstracto con motivo de las consultas que le son formuladas sobre las materias de su competencia. Conforme a lo anterior, no es posible pronunciarse sobre hechos, situaciones o negocios particulares.
En este sentido, el presente documento contiene una serie de consideraciones generales, las cuales atienden a la regulación vigente sobre la materia objeto de su consulta, por lo que no pueden entenderse como una autorización por parte de este órgano de control para la realización de una actividad en particular.
2. Ahora bien, es importante recordarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia:
(…)Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley(…)”
Por otro lado, esta Superintendencia mediante concepto 2009094247 del primero de febrero de 2010 indicó, en relación con un asunto de similar naturaleza al que Usted consulta, que:
las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y/o cualquiera otra que implique manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, sólo pueden ser desarrolladas por las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia y bajo la figura de las sociedades que estén habilitadas legalmente para desarrollar dichas actividades.”
debemos advertir que la normatividad colombiana no contempla la posibilidad de que personas naturales o jurídicas puedan captar recursos del público para luego invertirlos por cuenta de dichos terceros en productos financieros o del mercado de valores del exterior, incluido el mercado forex, ni para manejar las cuentas de terceros.” (Subrayado fuera del texto).
Lo anterior, quiere significar que en Colombia una persona no autorizada por parte del Estado Colombiano está impedida para manejar o administrar cuentas de productos financieros o del mercado de valores del exterior pertenecientes a terceros, sin importar cuál sea el mecanismo que se utilice para tal efecto.
3. Tratándose de la normatividad vigente que regula la materia, es pertinente mencionar lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, mediante el cual se establecen las reglas conforme las cuales se deben realizar la promoción y publicidad sobre los productos y servicios del mercado de valores del exterior.
“…3. Instituciones del mercado de valores del exterior: Las instituciones del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios del mercado de valores en el mercado colombiano o a sus residentes, deberán utilizar una de las siguientes alternativas:
a) Establecer una oficina de representación de conformidad con lo dispuesto en esta Parte del presente decreto, o

b) Celebrar un contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporación financiera…”
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, establece una excepción a la regla general la cual se presenta cuando la iniciativa para requerir el producto o la prestación del servicio del mercado de valores del exterior, proviene del cliente local.
Al respecto, el numeral 5 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, consagra que no está obligada a tener oficina de representación ni a celebrar contratos de corresponsalía en Colombia:
...5. La institución del exterior a la que un residente en el país le haya requerido la prestación de servicios financieros, de reaseguro o del mercado de valores, y solo para efectos de los servicios requeridos, siempre y cuando la relación se haya iniciado por iniciativa o a petición del residente y sin que haya mediado, para el efecto, algún acto de promoción o de publicidad por parte de la institución del exterior en territorio colombiano o dirigida a sus residentes.” (El subrayado es nuestro)…”
En ese orden de ideas, es importante resaltar lo enunciado por esta superintendencia en el Concepto 2011035013-001 del 17 de junio de 2011:
“…Lo anterior, supone que la relación se presenta únicamente entre el cliente y la entidad del exterior. Se debe aclarar que lo expuesto en precedencia se debe entender bajo el supuesto de que la inversión se realice con recursos propios del inversionista.
Así mismo, esta Dirección advierte que el inversionista debe conocer los riesgos y asumir las consecuencias de las decisiones que decida adoptar, toda vez que la sociedad del exterior con la que contrata no está sujeta a ningún tipo de inspección, vigilancia o control por parte de esta Superintendencia…”
Conforme a lo expuesto, para que se puedan promocionar o publicitar los productos financieros o del mercado de valores de una institución del extranjero en Colombia, se deben observar las normas previstas en la citada Parte 4 del Decreto 2555 de 2010, norma que fija los requisitos, procedimientos y condiciones para establecer una oficina de representación o celebrar un contrato de corresponsalía en nuestro país.
4. Así las cosas, se reitera que la actividad de promoción y publicidad en Colombia de productos o servicios financieros o del mercado de valores ofrecidos por instituciones del exterior, así como cualquier actividad que implique el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público solamente pueden ser desarrolladas por entidades que hubieren obtenido autorización por parte de esta Superintendencia para tal efecto.
El desarrollo de cualquiera de las actividades señaladas en precedencia, sin contar con la respectiva autorización por parte de este órgano de control, podrá ser objeto de la imposición de las medidas cautelares de las que trata el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, a saber:
1. Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización: a. La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos ($1.000.000) cada una; b. La disolución de la persona jurídica, y c. La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras. Parágrafo 1. La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público. Parágrafo 2. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o inexacta.”
(…).»


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