Proceso n° 1-ai-96 El tribunal de justicia del acuerdo de cartagena, en Quito a los 30 días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis



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PROCESO N° 1-AI-96
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito a los 30 días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y seis, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador.
Quito, Octubre 30 de 1996
V I S T O S:
El escrito CJ/A J/029-96 de marzo 6 de 1996, mediante el cual la Junta del Acuerdo de Cartagena interpone acción de incumplimiento incoada contra la República del Ecuador, por supuesta inobservancia de las obligaciones emanadas de las normas contenidas en los artículos 1, 2, 6, 7, 12, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 31 del Tratado de Creación del Tribunal, previas las observaciones formuladas a dicho País Miembro por escrito, que fueron oportunamente contestadas y rechazadas por éste y previo también el dictamen motivado de incumplimiento emitido por la misma Junta, que en su concepto estima que el país demandado persistió en la conducta objeto de las observaciones.
Vistos así mismo los tres escritos de contestación a la demanda (fojas 110 al 113; 136 al 263 y 265 al 266); las actas de la audiencia pública celebrada en este Tribunal los días 22 de julio y 15 de octubre de 1996; los respectivos escritos de conclusiones de las partes; la diligencia de inspección ocular practicada en la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador el día 29 de Agosto de 1996; las pruebas aportadas por las partes, y otros documentos obrantes en el expediente. Que todo lo anterior se efectuó de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas por el Tratado de Creación del Tribunal, su Estatuto y su Reglamento Interno, y
C O N S I D E R A N D O:
La plena competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud de los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del mismo y en concordancia con éste de las normas contenidas en el capítulo I del título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en el capítulo IV del Reglamento Interno del Tribunal de 19 de junio de 1985.
I. LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO
Uno de los presupuestos fundamentales para el logro de la estabilidad del Acuerdo de Cartagena y del cumplimiento de los derechos y obligaciones que por el mismo adquieren los Países Miembros, es el control de la legalidad del sistema, cuya salvaguarda ha sido encomendada al Tribunal desde el preámbulo del Tratado de su Creación, como órgano jurisdiccional exclusivo del más alto nivel, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente.
Dentro de esta atribución corresponde al Tribunal velar por la recta aplicación del ordenamiento jurídico comunitario establecido en el artículo 1° del Tratado de Creación del Tribunal y garantizar que los Países Miembros cumplan las normas que lo conforman y se abstengan de adoptar medidas que lo contraríen, según lo dispone el artículo 5° de dicho Tratado.
Destaca este Tribunal que el presente caso tiene particular interés para el proceso judicial andino, en vista de que se trata del ejercicio efectivo de la primera acción de incumplimiento en la historia de la comunidad subregional.
Los antecedentes que constituyen parte importante de la formación de la ley comunitaria están enmarcados por la siguiente declaración de los Presidentes con ocasión de la firma del Tratado de Creación del mismo, la cual relieva la importancia del acontecimiento: “la creación de la función jurisdiccional... representa la mas clara manifestación de la voluntad indeclinable de nuestros gobiernos de respetar y cumplir las obligaciones y responsabilidades soberanamente asumidas en el acuerdo de Cartagena, así como la irreversibilidad de la integración subregional”.
Hasta ahora, los Países Miembros ni la Junta habían iniciado acción alguna de incumplimiento. Mientras esta situación perduró no podía hablarse de que funcionara una tutela eficaz de defensa de los legítimos intereses comunitarios ni un control sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados del proceso de integración para quienes, como los países y los particulares mismos, constituyen los principales protagonistas de la integración.

La acción de incumplimiento es el instrumento por el cual el Tribunal está llamado a vigilar en última instancia el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal puede conocer de la acción por tres vías: a instancia de la Junta, por iniciativa de los países o a requerimiento de las justicias nacionales, originada, en este último caso, por la acción interna de los particulares ante ellas (artículo 27 del Tratado del Tribunal). Son titulares de las dos primeras opciones, la Junta o los Países Miembros directamente por intermedio de ella, que, en este último caso, debe dictaminar previamente sobre el incumplimiento. Si a pesar del dictamen de la Junta un país persistiere en el incumplimiento o si aquella no emitiere su dictamen, corresponde al Tribunal conocer de la demanda judicial respectiva que le presente la Junta o en su defecto el país afectado. Asimismo es competencia del Tribunal fallar sobre el incumplimiento y establecer los efectos y consecuencias del mismo para el país renuente.


A pesar de no ser este el caso, conviene indicar que la acción de incumplimiento también puede ser interpuesta por los particulares en procesos judiciales internos en los que los jueces nacionales tienen competencia para definir los incumplimientos de un país que puedan afectar los derechos de los individuos. La acción tiene por objeto ofrecer al ciudadano garantía procesal para asegurarle la aplicación, por los Países Miembros, de las obligaciones que impone el Tratado.
En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture). Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación.
El procedimiento en la acción de incumplimiento está precedido de tres pasos previos a la interposición de la demanda ante el Tribunal, por la Junta o por un País Miembro: en primer lugar, la formulación de observaciones por escrito que le haga la Junta al supuesto país incumplidor, o el reclamo que ante aquella haga el país afectado; segundo, la respuesta del país cuya conducta se reclama, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no excederá de dos meses, y tercero, la elaboración y emisión del dictamen por la Junta, a partir del recibo de la respuesta, sin que exista plazo perentorio para su expedición. Sinembargo entiende este Tribunal que en aras del principio de agilidad y economía procesal, el dictamen debe rendirse en un breve plazo.
Con el objeto de garantizar al supuesto país incumplidor el derecho de defensa, tanto en la etapa previa ante la Junta como en el proceso ante el Tribunal, la doctrina señala que los motivos del incumplimiento que se imputen en las observaciones y en el dictamen, deben ser los mismos y a su vez deben estar reflejados en la demanda judicial. Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio exista suficiente congruencia en los tres momentos procesales, para que así se esté asegurando la unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defensa del país vinculado como sujeto pasivo a la controversia.
II. DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO
A efectos de lo dispuesto en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, emitió la Junta del Acuerdo de Cartagena con fecha 9 de noviembre de 1995, el dictamen de incumplimiento. En dicho documento, después de mencionar cómo fueron violados los artículos 27 del Acuerdo de Cartagena y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, manifiesta la Junta haber detectado el incumplimiento por parte de la República del Ecuador al dictar el Decreto 1344-A cuyas disposiciones transitorias primera y segunda vulneran los artículos 1, 2, 6, 7, 143 y 144 de la Decisión 344, y el incumplimiento, a su juicio, del Poder Judicial del Ecuador al inobservar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 06-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial de 23 de enero de 1995, lo cual sería violatorio del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal. Este Tribunal considera que dicho dictamen de incumplimiento es congruente en su razonamiento y en las normas que considera violadas, con las observaciones que la misma Junta formuló a la República del Ecuador según documento J/AJ/C157-95 de agosto 25 de 1995.
El dictamen de incumplimiento fue rechazado por el gobierno del Ecuador, oficio N° 954242 del Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca, de 18 de diciembre de 1995, con el argumento de que el Decreto Ejecutivo N° 1344-A no viola los artículos citados de la Decisión 344 y que la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo adoptó la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con el Tratado de Creación del Tribunal.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 23, la Junta del Acuerdo de Cartagena, en base a su dictamen de incumplimiento, ha solicitado el pronunciamiento de este Tribunal respecto a la demanda interpuesta con fecha 26 de marzo de 1996.
Este Tribunal estima que los términos de la demanda son también congruentes con las observaciones y el dictamen formulados por la Junta del Acuerdo de Cartagena y referidos atrás.
III. SINTESIS DE LA DEMANDA
La Junta del Acuerdo de Cartagena por conducto de su Coordinador Ingeniero Rodrigo Arcaya Smith, solicita el pronunciamiento del Tribunal en torno a la aplicación por parte del Gobierno del Ecuador de normas contenidas en las disposiciones transitorias del decreto Ejecutivo N° 1344-A dictado el 21 de diciembre de 1993 y de sus modificaciones introducidas por el decreto N° 1738 del 30 de junio de 1994, por considerar que con dichas disposiciones se vulneran principios establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En el escrito de la demanda se pide: “... de conformidad con lo previsto en el artículo 25 ejusdem, que ese tribunal ordene al Gobierno del Ecuador que revoque las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, del 21 de diciembre de 1993, con las modificaciones incorporadas por el Decreto 1738, del 30 de junio de 1994, las cuales vulneran principios establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como que, conforme a lo previsto en el artículo 52, letra a), de la Decisión 344, ordene al Gobierno del Ecuador que decrete la nulidad de cualesquiera registros de patentes concedidos conforme a las previsiones de las referidas disposiciones transitorias, y la inadmisibilidad de cualesquiera solicitudes de patentes presentadas conforme a las mismas previsiones; todo en un plazo perentorio que fije el Tribunal”.
Además solicita “que, en forma previa y cautelar, el Tribunal requiera del Gobierno del Ecuador, la suspensión inmediata de todos los procedimientos de otorgamiento de patentes, al amparo de las disposiciones sobre pipeline previstas en las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A del Ecuador, hasta tanto el Tribunal dicte la sentencia definitiva”.
Exposición Sumaria de los Hechos de la Demanda.
1. El 21 de diciembre de 1993 se publicó en el Registro Oficial de la República del Ecuador el Decreto Ejecutivo 1344-A, por medio del cual el Gobierno reglamentó la Decisión 344; a su vez este Decreto fue modificado parcialmente por el Decreto N° 1738, publicado en el Registro Oficial el 30 de junio de 1994.
2. Contra el Decreto Ejecutivo 1344-A se interpuso recurso de anulación ante el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador, mediante acción ejercida por varios interesados, al considerar que con él se atentaba contra normas de derecho interno y otras contenidas en la Decisión 344, sobre concesión de Patentes.
3. El proceso seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito se suspendió el 13 de septiembre de 1994, para solicitar ante el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena la interpretación prejudicial de las disposiciones de la Decisión 344, violadas a juicio de los demandantes.
El Tribunal comunitario en sentencia del 9 de diciembre, dentro del Proceso N° 6-IP-94, efectuó la interpretación prejudicial de los artículos 1°, 2°, 6° y 7° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
4. El 16 de mayo de 1995, el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, mediante sentencia rechazó la demanda habidas consideraciones de legalidad del acto acusado.
Contra esta sentencia se interpuso recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, supremo órgano judicial que el 18 de mayo de 1995, no casó la sentencia recurrida.
5. En los términos del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Junta mediante nota J/AJ/C 157-95, formuló sus observaciones al Gobierno del Ecuador frente al Decreto Ejecutivo N° 1344-A y a la sentencia del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo.
6. El 17 de octubre de 1995, dentro del plazo consagrado en el artículo 23 en cita, por comunicación número 953445 DM-MICIP, el gobierno del Ecuador en síntesis negó cualquier violación a la norma comunitaria, respuesta que fue ampliada el 24 de octubre de 1995, comunicación N° 953716 DM-MICIP, donde se reitera que el Decreto Ejecutivo 1344-A no contraviene disposiciones de la Decisión 344 en lo que respecta a patentes, sino por el contrario llena vacíos surgidos con el tránsito de legislación al incorporar a la Decisión 344 la posibilidad de otorgar patentes no contempladas en la Decisión 313, además de ser armónico con la legislación interna no derogada por la norma supranacional y señala por último que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo sí tuvo en cuenta para su fallo la interpretación proferida por el Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 6-IP-94.
7. El 10 de noviembre de 1995 la Junta emitió, con base en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Dictamen motivado N° 23-95, en el sentido de que el Gobierno del Ecuador “estaba incumpliendo obligaciones derivadas del ordenamiento andino” y así mismo, una de sus Cortes había desestimado la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. (proceso 06-IP-94).
8. El 19 de diciembre de 1995 la Junta recibió la comunicación N° 954242, en la cual se manifiesta el rechazo del Gobierno del Ecuador frente al Dictamen 23-95.
9. La Junta mediante Acuerdo 13160 del 15 de enero de 1996, conforme al párrafo segundo del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, autorizó al Coordinador para iniciar las acciones ante el Tribunal mediante la correspondiente demanda de que se pronuncie por incumplimiento acerca de las disposiciones transitorias contenidas en el Decreto Ejecutivo 1344-A, frente a las normas sobre patentes consagradas en la Decisión 344.
Argumentos de Derecho Expuestos por la Junta.
a. Como fundamentos de Derecho, la Junta en primer término pone de manifiesto el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y en su ilustración retoma un señalamiento del mismo Tribunal, donde se resalta que los Países Miembros frente a la norma comunitaria tienen primordialmente dos obligaciones, una de asegurar y mantener este ordenamiento y la segunda de no contrariarlo.
b. Reproduce el artículo 23 del mismo Estatuto para señalar la competencia del Tribunal, que en su párrafo final consagra: “si el dictamen fuera de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Junta podrá solicitar el pronunciamiento del Tribunal”.
c. Se apoya igualmente en el artículo 39 del mismo Estatuto, que establece como causal de la acción de incumplimiento la expedición de normas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario.
d. La demanda sostiene que se agotó el trámite previo a incoar la acción de incumplimiento, al haber formulado al Gobierno del Ecuador sus observaciones por escrito y proferido luego de la correspondiente respuesta un Dictamen motivado. (Artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena).
e. La Junta en sus fundamentos de derecho cita el mandato específico contenido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
f. Finalmente, en este acápite señala la demanda, con citas de los artículos 1, 2, 6, 7, 12, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que: ‘El incumplimiento del Ecuador se origina en las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A, dictado por el Presidente del Ecuador, las cuales violan los requisitos sobre novedad, estado de la técnica y aplicación industrial, contenidos en la Decisión 344, al inobservar el plazo de prioridad, el principio de reciprocidad y el ámbito de la patentabilidad establecidos en la misma Decisión y exceder la facultad reglamentaria que en este caso dicha Decisión concede a la legislación nacional”.
Razonamientos de la Junta.
1. Realiza la Junta un examen en el que subraya que las normas que componen el derecho de la integración prevalecen sobre el ordenamiento interno de los Países Miembros, para lo cual se sirve de diversos pronunciamientos judiciales hechos por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
2. Luego, transcribe las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A y del Decreto 1738 atacados, por considerar que exceden el marco reglamentario consagrado en la norma comunitaria.
3. Después de transcribir las Decisiones transitorias primera y segunda del Decreto 1344-A de 1993 los artículos 16 y 17 del Decreto 1738 de 1994, anota la Junta que el marco de aplicación de las normas transitorias atrás reproducidas contempla la posibilidad de otorgar patentes a todos aquellos inventos cuya concesión de patente estaba prohibida a la luz de las Decisiones 311, 313, 344, inclusive, “cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero”, por el plazo que no se hubiere cumplido de la patente concedida en el extranjero. Así mismo, que se otorgarán patentes a las invenciones que no estuvieren comprendidas dentro de la técnica en el Ecuador.
4. Infiere así mismo, que esas disposiciones transitorias son contrarias al artículo 12 de la Decisión 344, pues permiten la presentación de solicitudes “sin importar su antigüedad ni sujetar su concesión a condiciones de reciprocidad”.
5. En definitiva, dice la Junta, que las disposiciones atacadas consagran la llamada figura del pipeline; añade que: “Según la única definición encontrada al respecto, el pipeline es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes”.
Más adelante agrega que “...Según la modalidad establecida, el pipeline puede variar en cuanto al ámbito de productos y procesos comprendidos; en cuanto al espacio territorial abarcado y en cuanto el plazo de protección a reconocer. Así puede abarcar desde productos que se encuentren en el dominio público por haber superado el plazo de protección patentaria, hasta productos o procesos que hubieren sido objeto de una patente reciente. Igualmente puede abarcar productos y procesos que no hubieren sido difundidos o ingresados en la corriente comercial en ningún país o sólo en el país de destino. Del mismo modo, puede concederse una extensión del plazo de protección por el remanente faltante o por la totalidad del plazo de protección. La cláusula de pipeline puede tener en sí misma una vigencia definida o indefinida”.
6. Retoma el primer inciso agregado por el Decreto N° 1738 a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo N° 1344-A: “Se otorgarán patentes a las invenciones, sean de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevos, esto es, que no estén comprendidos en el estado de la técnica en Ecuador”.
Del inciso transcrito comenta la Junta: “De esta manera, el Decreto ecuatoriano excede los poderes reglamentarios en que se basa, modificando sustancialmente el alcance de la Decisión 344, al establecer una limitación territorial al requisito de novedad establecido en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para la subregión, por la que se permite que toda invención comprendida en el estado de la técnica en países distintos al Ecuador, puede ser patentada en este último país”.
Hace un extenso análisis de los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, contenidos en el artículo 1 de la Decisión 344, los que considera deben concurrir obligatoriamente en el momento de ser concedida una patente, análisis que enfatiza el requisito de la novedad y lo vincula al presupuesto del artículo 2 de la Decisión 344, así:
“El requisito de novedad, recogido desde la Decisión 85 incorpora en su definición el concepto de ‘estado de la técnica’, el cual, si bien en su apreciación fáctica es relativo en el tiempo por cuanto está en constante evolución, desde el punto de vista jurídico es un concepto absoluto. Es así que se considera que una invención es novedosa y por ende patentable, si no se encuentra en el estado de la técnica. De hecho en el caso de patentes de invención, se entiende que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica previo a su existencia no estaba en capacidad de satisfacer, radicando precisamente en ésto su novedad”.
Posteriormente se refiere así al inciso transcrito: “En este mismo orden de ideas, aun cuando se haya buscado el efecto del pipeline, eliminando mediante una modificación posterior la posibilidad de patentar productos o procesos que se estuvieran comercializando en el Ecuador, esto no hace sino confirmar la violación, puesto que se establece una figura de novedad local frente a la novedad universal reconocida por la Decisión 344. De igual manera, cualquier concesión de patente al margen de la novedad, aun cuando sólo sea por el plazo residual de vigencia del derecho de explotación exclusiva de inventos que ya se encuentran en el estado de la técnica, resulta también violatoria, puesto que por principio, estos inventos ya no son patentables”.
7. Concreta el cargo contra las normas objeto de la acción de incumplimiento en que en su criterio atentan contra la prioridad de un año contemplada en el artículo 12 de la Decisión 344, norma que comenta para afirmar: “Contrariamente, las disposiciones del Decreto Ejecutivo materia del presente recurso, permiten la presentación, tanto de invenciones patentadas, como de solicitudes presentadas, sin importar su antigüedad y haciendo caso omiso de la condición comunitaria de reciprocidad”.
8. “Adicionalmente, las disposiciones transi­torias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A del Ecuador (modificadas por el Decreto 1738) permiten la concesión de patentes “para todos aquellos inventos cuya patentabilidad no estaba permitida antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena...”, cuando se hubiere obtenido patente en cualquier país extranjero...”
9. Agrega la Junta que al amparo del artículo 143 de la Decisión 344 sólo se pueden suscribir acuerdos internacionales que fortalezcan los derechos allí contenidos, así respondan a compromisos asumidos por el Ecuador.
“Queda de este modo claro que establecer la figura del pipeline, sea mediante decreto nacional o mediante un acuerdo internacional, constituye una vulneración de la Decisión 344, no amparable por el artículo 143 de esta Decisión y un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, y así solicitamos que sea declarado por ese Tribunal”.
Se añade igualmente que aun si dichas disposiciones transitorias estuvieran acordes con el ordenamiento comunitario, era obligación del País Miembro dar aviso a la Comisión sobre su adopción.
10. Insiste en que, de conformidad con el artículo 144 de la Decisión 344, la legislación nacional únicamente podrá regular asuntos no comprendidos en aquella y que un decreto reglamentario no podrá exceder su marco.
11. Señala la Junta que se atenta contra el principio de la novedad, se excede la capacidad reglamentaria, se conceden plazos adicionales a través del pipeline a productos y procesos que ya no reúnen los requisitos de ser patentados. Sostiene que en el tránsito de legislación existente entre las Decisiones 85, 311, 313 y 344, no existió solución de continuidad que permitiera revivir normas de régimen interno suspendidas por incompatibles con la norma comunitaria, y por tanto al amparo de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 no era posible tender un puente a través del pipeline entre la legislación nacional suspendida y la norma andina.
12. Al referirse al fallo del Tribunal de Justicia del Acuerdo de cartagena, Proceso N° 6-IP-94, expresa que el Gobierno del Ecuador confunde los conceptos de “estado de la técnica” y “dominio público”, ya que una invención desde que es publicada pierde novedad pero goza del derecho de explotación exclusiva hasta la caducidad del título.
13. A lo expresado por el Gobierno del Ecuador en cuanto a que el fallo proferido dentro del Proceso 06-IP-94 no se pronunció expresamente sobre el pipeline, introducido en el Decreto Ejecutivo 1344-A y Decreto 1738 modificatorio, como razón de su validez, opone la Junta el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que limita al Tribunal a “...precisar el contenido y alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no podrá interpretar el contenido del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.
14. Por último, pide la Junta que el Tribunal ordene al Gobierno del Ecuador dejar sin efecto las decisiones transitorias objeto de la demanda, no obstante haber expirado su vigencia, dado que existen solicitudes sobre patentes pendientes de trámite formuladas a su amparo, máxime si se tiene en cuenta que además cursa ante el Congreso del Ecuador la ratificación de un tratado bilateral del Ecuador con los Estados Unidos de América que contiene la cláusula de pipeline.
IV. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
La República del Ecuador por conducto del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, Dr. José Vicente Maldonado, dentro del término dio respuesta a la demanda impetrada por la Junta del Acuerdo de Cartagena, texto que contiene las siguientes excepciones de las cuales se ocupa este Tribunal más adelante:
1ra. Ilegitimidad de la persona pasiva,
2da. Nulidad del Proceso,
3ra. Improcedencia de la acción de incumplimiento,
4ta. Ilegitimidad y nulidad del dictamen de la Junta del Acuerdo de Cartagena,
5to. Caducidad del derecho de accionar y prescripción de la acción de incumplimiento.
El Convenio Bilateral para la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual
Es señalado en la respuesta, como relevante para la defensa, los apartes del convenio suscrito por la República del Ecuador con los Estados Unidos de América sobre la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual, suscrito el 15 de octubre de 1993 en vigencia del artículo 118 de la Decisión 313.
Disposiciones Finales
“Las partes aplicarán este acuerdo en todo lo posible como si fuera un acuerdo entre gobiernos (Executive Agreement), sin perjuicio de procurar su ratificación legislativa.

El Sistema de Patentes y su Evolución en el Ecuador.


Al referirse al rol de la legislación interna y de los convenios internacionales, afirma que éstos cambiaron con el advenimiento de las Decisiones 313 y 344, “puesto que mientras según las Decisiones 85 y 311, la Legislación Nacional sólo regía sobre aquellos aspectos no regulados por ellas y se prohibía la celebración de convenios internacionales que contravinieran sus disposiciones (Arts. 83 y 84 de la Decisión 85 y 119 y 120 de la Decisión 311), las Decisiones 313 y 344 expresamente establecieron la posibilidad libre de que cada país pudiera, mediante su legislación interna o a través de convenios o tratados internacionales fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial.
En consecuencia según el demandado, volvió a regir el artículo 6° de la Ley de Patentes Ecuatorianas que “siempre había permitido la patentabilidad de toda invención, sin eliminar sector alguno, y que, además, excluía la posibilidad de patentar los inventos que hubieren sido puestos en práctica en el Ecuador antes de la solicitud de patente”.
Se sostiene en el escrito de contestación de la demanda que se restableció la posibilidad de patentar en el Ecuador, sin violación de norma alguna, “inventos que se hubieren patentado en el exterior, y también se eliminó “... la prohibición de que se concedieran patentes a aquellas invenciones cuya primera patente en el exterior se había solicitado más de un año antes de que la solicitud se presente en el Ecuador”.
Concluye la demandada que contrario a otros países firmantes, en el Ecuador nunca existió limitación frente a la concesión de patentes. Sinembargo, “la disposición transitoria 2da., ... obligó a todos quienes hubieren solicitado patentes en el exterior, en campos no patentables antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, a someter sus solicitudes en el Ecuador, dentro del año siguiente de la vigencia de la Decisión 344, ... evitando que, en esas materias, se presentaran solicitudes de patentes, en los campos antes no patentables, en forma indefinida”. Que el Decreto Ejecutivo N° 1344-A unió el ordenamiento jurídico comunitario con el nacional y los complementó.
Argumenta el demandado que la novedad no es un concepto abstracto sino concreto y que debe ser analizado en cada caso, ya que no se trata de un ente absoluto, por lo cual las disposiciones transitorias no contravienen el artículo 1° de la Decisión 344, toda vez que en el otorgamiento de una patente es forzoso que de la solicitud se desprenda el cumplimiento de los tres requisitos establecidos en el artículo 1° de la Decisión 344.
Sostiene la demandada que la reglamentación nacional no eliminó, suprimió o alteró el principio del estado de la técnica contenido en la Decisión 344 y si durante el proceso administrativo para la concesión de una patente se demuestra que el invento se halla en el estado de la técnica, la Oficina Nacional Competente debe negar la patente. Para ella, tampoco “Las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A en modo alguno eliminan el requisito de que la invención deba ser susceptible de aplicación industrial.”.
Después de transcribir el artículo 12 de la Decisión 344, el demandado discrepa del razonamiento de la Junta, por considerar que el Decreto Ejecutivo 1344-A no excede los supuestos contenidos en el aludido artículo 12, porque una cosa es la patentabilidad y otra la prioridad, conceptos que “la Junta confunde desafortunadamente la prioridad y la patentabilidad.” Que lo que sucedió fue que “a partir de la Decisión 311 no hay tal prohibición de que se patente aquello para lo cual se solicitó patentes en el exterior con una anticipación mayor a un año. Así lo reconoce expresamente la propia sentencia dictada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, antes citada”, asunto éste, distinto a la prioridad del artículo 12 de la Decisión 344.
Agrega que el artículo 12 de la Decisión 344 no prohíbe otorgar patentes solicitadas en el extranjero con una anterioridad superior a un año, y que sólo tiene aplicación la facultad allí contenida de hacer valer el derecho a que la solicitud sea considerada con la misma fecha de su presentación en otro País Miembro o en alguno con el que se haya suscrito convenio de reciprocidad cuando se alegue la prioridad que sólo es aplicable a solicitudes presentadas únicamente con un año de anterioridad.
Añade el demandado que “... por último, es preciso destacar que las disposiciones transitorias tampoco eliminaron la limitación contenida en el Art.12 de la Decisión 344 y que la primera solicitud que confiere el derecho de prioridad es aquella válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.” Que “Nada en contrario han establecido las disposiciones transitorias”.
Con respecto al ámbito de la patentabilidad y a los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 se enfatiza en la contestación de la demanda que contrario a las aseveraciones hechas por la Junta, las disposiciones del Decreto Ejecutivo 1344-A, guardan armonía con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 y en su apoyo resalta el hecho de que en el Ecuador antes de entrar en vigencia la Decisión 85, la legislación interna no consagraba ninguna limitación para que un invento fuera sujeto de concesión de patentes. Que al estar simplemente las normas nacionales suspendidas y recobrar vigencia el Decreto Ejecutivo N° 1344-A, se convirtió en puente necesario entre la norma comunitaria y la ley nacional para fortalecer los derechos de propiedad industrial, complementando la ley comunitaria.
Pipeline
Considera la demandada el pipeline como un mecanismo transitorio y que “Si bien es verdad que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha establecido que el pipeline no está reconocido expresamente en la legislación andina también es verdad que dicho Tribunal no declara que el pipeline esté en contra de la Decisión 344.”
Se insiste en que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A no fueron en manera alguna, un mecanismo de negociación, como afirma la Junta, sino un instrumento necesario para llevar a cabo la transición contenida en la Decisión 344 y las normas de derecho interno, que a diferencia de otros países, nunca contemplaron como ya se expresó limitaciones frente a la concesión de patentes a invento alguno. Trae ejemplos de otros países en los que se ha pactado cláusula de pipeline.
Afirma la parte demandada que en la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, “se aprecia claramente que estudió detenidamente la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y acogió estrictamente su criterio, como estuvo obligada a hacerlo, procediendo inclusive a reproducir sus conclusiones.”
“En efecto”, agrega el demandado que “la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo aplicó estrictamente la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. En ninguna parte de la sentencia de este Tribunal se dice que alguna norma del reglamento ecuatoriano o alguna de las dos disposiciones transitorias están en contra de la Decisión 344; más aún el Tribunal reconoce que en cuanto al derecho interno no puede hacer ningún pronunciamiento. Ello es importantísimo porque en el presente caso se halla involucrada nuestra Ley de Patentes vigente desde 1928, que siempre ha protegido todos los campos de la ciencia y la tecnología.”.
Después de otras consideraciones manifiesta la demandada que “en relación a la comunicación que se enviara en respuesta al documento de ayuda memoria preparado por la Junta en torno a las negociaciones sobre el restablecimiento del pipeline entre Estados Unidos de América y Colombia, Perú y Ecuador”, que sólo el “Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y por autorización expresa del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, represento con plenos poderes al Gobierno del Ecuador y expongo su posición oficial ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena y ante la Junta del Acuerdo de Cartagena.”
Por último, en la demanda se concluye y se pide:
“a) Que en las Constituciones ecuatorianas y en su legislación secundaria, jamás se limitó la posibilidad de conceder patentes en todos los campos de la ciencia y de la técnica.”...
“b) Que el Gobierno del Ecuador evitó, con la expedición de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, que las patentes que se hubieren solicitado u obtenido en el exterior, se concedieran por plazos que superaran la protección de la cual gozaban en el exterior.”...
“c) Que el Gobierno del Ecuador cumplió, con la expedición de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° l344-A, el compromiso internacional válidamente adquirido con el Gobierno de los Estados Unidos de América a través del Acuerdo sobre la Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Industrial, el que lo suscribió en ejercicio de la facultad consignada en el artículo 118 de la Decisión 313, vigente en ese entonces”...
“d) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, en modo alguno alteraron o suprimieron el requisito de novedad establecido en la Decisión 344.”...
“e) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron en ningún caso y por ninguna circunstancia modificaron o derogaron el principio del estado de la técnica consagrado en la Decisión 344.”...
“f) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, de ninguna manera afectaron el plazo de prioridad previsto en la Decisión 344.”...
“g) Que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A, mientras rigieron, no eliminaron, alteraron o suprimieron el principio de reciprocidad.”...
“h) Que las disposiciones contenidas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena constituyen el sustento racional y jurídico de las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A. El propio Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ha reconocido que el fortalecimiento del Régimen de Propiedad Industrial andino debe estar inscrito en la interrelación, complementariedad y armonía jurídicas.”...
“i) Que el pipeline es un mecanismo de transitorio válido, ampliamente reconocido y aceptado por muchas legislaciones. En el caso del Ecuador, por su realidad jurídica, fue un mecanismo de transición indispensable.
“j) Que la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° l de lo Contencioso Administrativo, en estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, adoptó en su sentencia la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y
“k) Que esta demanda pareciera recoger el interés foráneo ajeno a la integración de un reducido grupo de empresas importadoras de productos farmacéuticos.
Por lo anterior la demandada solicita al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que rechace lo que el Ecuador considera como “la infundada y arbitraria demanda de incumplimiento planteada por la Junta del Acuerdo de Cartagena” y que la condene en costas.
V. SINTESIS DE LAS INTERVENCIONES EN AUDIENCIA DE LAS PARTES
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