Procedimiento. Sujetos. Responsable solidario. Sociedad de hecho. Prueba. Considerando



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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

SALA B
AUTOS: VIRGINILLO, RICARDO D.

RECURSO DE APELACIÓN

FECHA: 10/7/07
PROCEDIMIENTO. SUJETOS. RESPONSABLE SOLIDARIO. SOCIEDAD DE HECHO. PRUEBA.
CONSIDERANDO:
I. Que a fojas 20/28 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 31/3/2000 en virtud de la cual se determina de oficio la responsabilidad personal y solidaria del señor Ricardo Daniel Virginillo por la deuda que “Duzac, Héctor E.; Castagna, Héctor A.; Caviglia, Alejandro G. y Virginillo, Ricardo D. SH”, mantiene con el organismo recaudador en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 2/1990 a 6/1991, con más intereses resarcitorios y se le aplica una multa equivalente al 80% del impuesto omitido, con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental, dando origen al expediente 18.620-I.
Que, la resolución apelada reconoce su origen en la determinación de oficio del impuesto al valor agregado en cabeza de la sociedad de hecho, la cual, conforme se desprende del acto apelado, habría sido apelada por el señor Duzac, recurso que fuera desestimado con fecha 7/3/2000. El ajuste en cuestión obedece a que el organismo fiscal constató la existencia de numerosa documentación (formularios de cuentas de ventas y líquido producto y formularios de declaraciones juradas o guías para el movimiento de hacienda) proveniente de distintas firmas consignatarias, en las cuales se detectaron operaciones realizadas a nombre del señor Héctor Eduardo Duzac y de instrumentos firmados por los señores Castagna, Caviglia y Virginillo, que los vincularon a las operaciones antes referidas, mostrando puntualmente venta de ganado en pie y venta de oleaginosos, por lo que la Administración consideró que entre los antes mencionados existió una sociedad de hecho.
Que, expresa encontrarse en un total estado de indefensión atento a que en el acto recurrido se han soslayado los argumentos esgrimidos por el contribuyente, contraponiéndose ello a lo expresamente dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Que, niega haber cumplido funciones en la referida sociedad de hecho, agraviándose de que el organismo fiscal dictó la resolución apelada en forma apresurada y en base a elementos insuficientes para afirmar la existencia de la misma. Alega que la pretensión fiscal se sustenta en los dichos de uno solo de los integrantes del presunto ente social, los cuales son negados por el resto de los supuestos socios.
Que, sostiene que los antecedentes recolectados en las actuaciones administrativas ni remotamente permiten inferir que haya sido integrante de la misma, señalando que el cheque cuyo cobro se le atribuye no es suficiente para aseverar la existencia de aquélla, aclarando que el mismo se debe a fondos que oportunamente había adelantado para la constitución de la sociedad “Las Camilas SRL”, atento la necesidad de llevar a cabo toda una serie de actividades para su inscripción y que a los efectos del depósito del mismo en su cuenta debió agregar con su puño y letra su nombre y apellido a efectos de cumplir con las disposiciones del Banco Central, pero afirma que el mismo fue emitido en blanco y que en modo alguno le fue librado en forma nominativa por la Empresa Campo Entrerriano SRL a su favor.
Que, manifiesta que como prueba de sus dichos aporta fotocopia del edicto publicado en el Boletín Oficial del 11/7/1989 (2ª sección) como del contrato social correspondiente a Las Camilas SRL, que fuera inscripto en la Inspección General de Justicia con fecha 9/10/1989, de lo cual se puede concluir en la existencia de esta sociedad, la cual desarrollaba la misma actividad que el Fisco intenta adjudicar a una sociedad de hecho inexistente y, en lo que al contribuyente Virginillo atañe, sólo integró como socio pero no como gerente, por lo que no se encontraría alcanzado en forma solidaria por las deudas que pudieran haberse generado por parte de la sociedad de responsabilidad limitada.
Que, se agravia de que el Fisco Nacional pretende aplicar una responsabilidad solidaria objetiva por su supuesta condición de socio de una también probable sociedad de hecho, de la cual nunca pudo probar su actuación en la misma y mucho menos el manejo de fondos o la toma de decisiones, lo cual consistiría en un exceso de la Administración.
Que, respecto de la multa sostiene la inexistencia de conducta punible en función de los argumentos desarrollados a lo largo de su apelación.
Que, ofrece prueba informativa y pericial caligráfica.
II. Que a fojas 87/104 obra agregado el recurso de apelación interpuesto por el señor Alejandro Gustavo Caviglia, que originara la causa 18.621-I, contra la resolución de fecha 31/3/2000 por la que la AFIP-DGI determina su responsabilidad personal y solidaria con relación a los mismos conceptos y montos que dieran lugar al acto al que se refiere el punto 1 de la presente, intimándole el ingreso del tributo, con más intereses y multa.
Que, sostiene el aquí recurrente que el organismo fiscalizador lo ha condenado a la producción de una prueba negativa, es decir, una “probatio diabólica”, que enerve la posición fiscal que arbitrariamente ha presumido la existencia de una sociedad de hecho.
Que, manifiesta que el Fisco no puede exigir a los socios el cumplimiento de la obligación omitida por el ente societario sin determinar previamente la materia imponible en cabeza del mismo ni antes de concluir tal procedimiento. Niega que ello haya sido cumplido en el caso y que la notificación que el juez administrativo dice haber hecho a la supuesta sociedad de hecho en el domicilio donde se constataron las operaciones omitidas es nula, habiéndose violado la garantía de defensa en juicio. Entiende que debió aplicarse al caso lo dispuesto por el artículo 100, último párrafo de la ley procedimental, puesto que siendo desconocido el domicilio de la sociedad de hecho debió haberse notificado al deudor por edictos durante cinco días en el Boletín Oficial.
Que, niega la existencia de la sociedad de hecho y asevera que el arrendamiento por parte de los supuestos integrantes de la misma de un campo en el Distrito de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, se efectuó haciendo mención de la voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada (Las Camilas SRL), lo que -a su criterio- debe ser interpretado como “acto preparatorio” y no indicio de sociedad de hecho en marcha.
Que, sostiene que el ente fiscal debió haber extremado el acopio de elementos probatorios que fueran expresión descriptiva de negocios promiscuos de los que surgiera con certeza la existencia de aquella sociedad de hecho. Sostiene que en ninguna de las operaciones de hacienda que datan las guías en las que se funda el ajuste han sido suscriptas por el señor Caviglia y, más aún, quien en ellas interviene (el señor Duzac) lo hace en nombre propio y sin mencionar que ello sea en representación de firma mercantil alguna, advirtiendo que aun tratándose de una sociedad de hecho, la personalidad jurídica de la misma impide que los socios, a título personal, puedan ejercer derechos de la sociedad aunque la misma sea irregular.
Que, señala que la única prueba documental que el Fisco exhibe en su contra son duplicados de comprobantes de gastos de combustible, respecto de lo cual sostiene que no es destinado que quien se propusiera formar una sociedad mercantil para dedicarse al comercio agropecuario dé muestras de su voluntad de -cuanto menos- visitar la Localidad en donde se propone fijar el asiento de su actividad.
Que, indica que toda la información y documentación recogida por el Fisco Nacional solamente acreditan transacciones ganaderas de venta de hacienda llevadas a cabo por el señor Duzac, empleando su propio número de CUIT y su propio número y diseño de marca.
Que, manifiesta que si bien con fecha 30/3/1989 los señores Castagna, Caviglia, Duzac y Virginillo constituyeron por escritura pública una sociedad de responsabilidad limitada denominada “Las Camilas”, luego de haber realizado inversiones preparatorias (alambrado perimetral del campo arrendado, bebederos, etc.), advertido el aquí apelante de las dificultades de la operatoria que por inexperiencia no había previsto, optó -junto con otros integrantes- por abandonar el proyecto sin llevar a cabo ningún negocio agropecuario.
Que, reitera que el proceso de determinación en curso no se ajusta a derecho en cuanto omite un requisito exigido por la ley procesal para requerir el pago del deudor solidario, cual es subordinar la pretensión de cobro a que la deudora principal no cumpla con la intimación respectiva. Por otra parte, sostiene que la responsabilidad que se pretende alcance al señor Caviglia no ha sido correlato de su participación conjunta y directa en la realización del presupuesto fáctico determinante de la obligación tributaria.
Que, respecto de la sanción aplicada considera que no hay condición objetiva de punibilidad puesto que la misma requiere como presupuesto la intervención personal y directa de los representantes de las personas jurídicas, siendo insuficiente el mero carácter de tal si no se produjo la actuación personal. Afirma que sólo puede considerarse autor de la infracción a quien viola efectivamente la ley, por lo que en su caso, considera improcedente la multa impuesta.
Que, por otra parte, plantea la nulidad absoluta de la resolución por ausencia de causa y motivación, habida cuenta que las inferencias sobre la que se constituyera el reproche personal y solidario, son simples falacias.
Que, en el mismo escrito solicita beneficio de litigar sin gastos señalando que se encuentra en la imposibilidad de abonar la tasa de justicia.
III. Que a fojas 153/170 el contribuyente Héctor Adrián Castagna, por intermedio de apoderado, interpone recurso de apelación, dando lugar al expediente 18.623-I, contra la resolución dictada por la AFIP-DGI con fecha 31/3/2000 por la cual se determina su responsabilidad personal y solidaria, en idénticos términos que a los anteriores recurrentes.
Que, en cuanto a los agravios vertidos en su presentación, coinciden con los expuestos por el contribuyente Caviglia y de los que se da cuenta en el punto II precedente, los que aquí se tienen por reproducidos. Solicita, también, beneficio de litigar sin gastos, aduciendo imposibilidad de hacer frente al gasto que representa la tasa de actuación.
IV. Que, a fojas 37/42 vta., 112/119 y 188/195, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos incoados.
Que, sostiene que el organismo fiscal comprobó la existencia de documentación respaldatoria de operaciones para y en beneficio de la sociedad de hecho integrada por los apelantes y por el señor Héctor Duzac, que se encontraba suscripta o extendida a nombre de cada uno de sus miembros, por lo que ninguno de ellos puede excusarse de su responsabilidad frente a terceros, siendo en el caso la originada por la omisión de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos involucrados en autos.
Que, señala que la responsabilidad que se atribuye a los apelantes encuentra su fundamento legal en el artículo 8 de la ley procedimental que establece como responsables solidarios a los enumerados en su artículo 6 y agrega que los recurrentes no han invocado ni probado la causa eximente de dicha responsabilidad, es decir que sus representados los hayan colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales.
Que, en cuanto a las sanciones aplicadas, sostiene que la situación de hecho y la conducta asumida con relación a los impuestos evadidos quedó configurada dentro del tipo infraccional previsto por el artículo 45 de la ley de rito, advirtiendo que, por aplicación del artículo 55 de la misma ley, son responsables de las sanciones allí previstas, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal que les incumbe en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión, todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6 de la ley procedimental.
Que, asimismo, contesta respecto de los beneficios de litigar sin gastos peticionados por los señores Caviglia y Castagna, solicitando su rechazo habida cuenta de que, según dice, los peticionantes alegan una situación económica difícil pero de manera alguna intentan probar sus afirmaciones.
V. Que, a fojas 199 obra agregada la sentencia que dispuso la acumulación del expediente 18.623-I al que lleva el número 18.621-I.
Que, a fojas 200, habida cuenta del resultado negativo que arrojó la búsqueda del 2º cuerpo de los presentes autos, se ordenó su reconstrucción con las copias certificadas aportadas por las partes y de la sentencia dictada por esta Sala B con fecha 10/10/2002, la que obra agregada a fojas 303 y por la que se dispuso la acumulación de los expedientes antes citados al que lleva el número 18.620-I.
Que, por otra parte, a fojas 127 y 310 obran las sentencias por las que se resolvió rechazar las cuestiones previas articuladas en los expedientes 18.621-I y 18.623-I con relación a la competencia territorial del juez administrativo.
Que, con posterioridad, se abrió la causa a prueba, clausurándose el período de instrucción a fojas 339, dándose por decaído el derecho de producir las medidas probatorias, habida cuenta de que no se acreditó el diligenciamiento de la informativa ofrecida y no se aportó en autos el original del documento sobre el cual debía realizarse la prueba pericial caligráfica.
Que, finalmente, a fojas 343 se elevaron los autos a consideración de la Sala B, la que de inmediato los llamó para sentencia.
VI. Que, aun cuando no han sido planteados como de previo pronunciamiento, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde tratar, en primer lugar, los agravios de nulidad que introducen los recurrentes, a saber: a) el estado de indefensión que denuncia el contribuyente Virginillo por no haber sido tratados sus argumentos en la resolución que apela; y b) la ausencia de causa y motivación que plantean los restantes actores en autos.
Que, al respecto, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido CSJN - 5/10/1995 - “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/amparo” - T. 318 - pág. 1798; CSJN - 6/2/2001 - “Aguirres, Mirta Ramona c/La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios” - T. 324 - pág. 151; CNFed. Cont. Adm. - Sala II - 9/10/1996 - “Simijosky, Juan c/EN (EMGE) s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, entre otros).
Que, del análisis de las constancias de autos y en particular del acto recurrido por el señor Virginillo, se evidencia que el estado de indefensión requerido no se verificó en el “sub lite”, apreciándose que el juez administrativo efectúa un análisis del descargo presentado por el contribuyente en sede administrativa, siendo menester, a mayor abundamiento, tener igualmente en cuenta que como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (Fallos: 205:549; 247:52; 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de Justicia, tal como “in extenso” lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho.
Que, respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la ley nacional de procedimientos administrativos, observándose que los actos recurridos desarrollan un análisis detallado de las circunstancias del caso y se encuentran fundados en derecho. La contingencia de que los actores no compartan los fundamentos del mismo, no habilita per se la sanción de nulidad que peticionan. En efecto, la mera discrepancia con la decisión del Fisco, en cuanto a la interpretación de los hechos ocurridos y la aplicabilidad de la ley, no resulta un fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
VII. Que, en consecuencia, corresponde que este Tribunal pase a considerar ahora los agravios de fondo interpuestos por los recurrentes.
Que, en primer lugar, cabe pronunciarse sobre la negada existencia de la sociedad de hecho integrada por los señores Héctor E. Duzac, Héctor Castagna, Alejandro Caviglia y Ricardo D. Virginillo.
Que, los tres recurrentes sostienen haber constituido una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre de Las Camilas SRL, acompañándose en autos copia de la escritura de constitución del referido ente societario por los señores Gabriel Enrique Piana, Alejandro Gustavo Caviglia, Guillermo Adrián Arévalo, Ricardo Daniel Virginillo, Eduardo Duzac y Héctor Adrián Castagna y, además, copia de la 2ª sección del Boletín Oficial del 11/7/1989 donde se da cuenta de la misma.
Que, al respecto, cabe señalar que la citada sociedad de responsabilidad limitada no llegó a operar, tal como lo sostienen los recurrentes en sus escritos de apelación, luego de realizar inversiones preparatorias para la explotación agropecuaria, tales como arrendamiento de un campo, alambrado perimetral del mismo, instalación de una casilla prefabricada y bebederos, varios de sus integrantes optaron por abandonar el proyecto, sin llevar a cabo ningún negocio agropecuario.
Que, el Fisco Nacional, por su parte, consideró que dicha sociedad nunca logró constituirse, razón por la cual, las operaciones comerciales que dieran origen al ajuste que motivara las presentes actuaciones, no le fueron imputadas.
Que, las operaciones en cuestión fueron detectadas por el organismo fiscal en base a documentación consistente en formularios de cuentas de venta y líquido producto y formularios de declaraciones juradas o guías para el movimiento de la hacienda, provenientes de distintas firmas consignatarias, en las cuales se detectaron operaciones realizadas a nombre del señor Héctor Eduardo Duzac, las que puntualmente se referían a operaciones de ganado en pie y a la venta de oleaginosos, donde el citado figura como propietario y negociador de la hacienda comercializada en los respectivos comprobantes (conforme surge de los actos recurridos).
Que, el Fisco Nacional en función de la existencia de diversa documentación suscripta por los señores Caviglia, Castagna y Virginillo, que los vincularían a las referidas operaciones, concluyó que correspondía atribuir la totalidad de las mismas a una sociedad de hecho conformada por los tres antes citados y el señor Duzac.
Que, conforme se desprende de los propios actos recurridos, la documentación hallada por el organismo fiscalizador es la siguiente: a) autorización para cobro de venta de hacienda del 13/3/1990 extendida por el señor Duzac a Frigorífico Maetex a favor del señor Castagna y recibos firmados por éste al momento de concretarse la operación y/o el pago; b) fotocopia de cheque librado el 29/10/1990 por Campo Entrerriano SRL a favor del señor Virginillo y c) duplicados de comprobantes de gastos de combustibles firmados por Castagna y Caviglia en el transcurso del año 1990, confeccionados a nombre de Las Camilas SRL.
Que, de los elementos arriba enunciados, contrariamente a lo afirmado por el Fisco Nacional, no se advierte que se cuente en las presentes actuaciones con suficiente prueba documental que demuestre una activa participación de los recurrentes en alguna operación comercial llevada a cabo por sociedad de hecho alguna, máxime que en los actos recurridos el organismo fiscal señala que tales operaciones fueron efectuadas a nombre del señor Héctor Duzac, quien venía desempeñándose en este tipo de negocios, figurando éste como propietario y negociador de la hacienda comercializada.
Que, si bien la exigencia de aportar una inequívoca prueba de la existencia de la sociedad irregular o de hecho debe apreciarse con distinto rigor según quién sea el interesado en acreditar la misma, puesto que por definición, el tercero que demanda a una sociedad respecto de la cual es extraño, no está en las mismas condiciones de munirse de los elementos necesarios para acreditar su existencia que quien se mueve en el ámbito interno de las relaciones sociales (cfr. CNCom. - Sala C - 4/5/1990 - “Frigorífico de Aves Soychú c/Granja del Carmen SH”), cabe tener presente que sobre este aspecto, esta Sala tiene resuelto “in re” “Penzotti, Orlando M.”, expediente 17.878-I, “Que, para que se admita la existencia de una sociedad de hecho, se exige una prueba concluyente de la existencia de aportes o trabajos comunes, con el propósito de obtener una finalidad económica. Además, la valoración de esta prueba concluyente debe hacerse con extremo rigor. Si bien es jurisprudencia reiterada (CNCom. - Sala A - 7/10/1980 y otros) que para la acreditación de la existencia de una sociedad de hecho, son admisibles todos los medios de prueba aceptados por el derecho, ello no significa que cualquier medio de convicción, en el caso concreto tributario planteado, pueda ser idóneo para dar por probada la existencia de la sociedad, ya que en el caso impositivo se impone analizar las aportaciones acreditativas fundamentales, a fin de apreciar si de su conjunto surge un serio poder de convicción que autorice a admitir la existencia de la sociedad...”.
Que, a pesar de los esfuerzos del juez administrativo para justificar el ajuste proyectado por el organismo fiscal, no se llega a entender cómo, a partir de la documentación antes reseñada y referida a hechos aislados, llega a tener por probada la existencia de una sociedad de hecho.
Que, en efecto, cabe preguntarse cómo la circunstancia de que el señor Virginillo hubiera cobrado un cheque emitido a su nombre por la empresa Campo Entrerriano SRL le permite afirmar al juez administrativo que esta persona integra una sociedad de hecho dedicada al comercio agropecuario con los señores Duzac, Castagna y Caviglia. Es evidente que no se puede demostrar la “affectio societatis” por el cobro de un cheque que, en el mejor de los casos, probaría simplemente la cancelación de una deuda o la generación de un préstamo entre dos partes.
Que, también puede válidamente cuestionarse de qué manera la existencia de gastos de combustibles efectuados a nombre de Las Camilas SRL y suscriptos por los señores Caviglia y Castagna, pueden llevar a la conclusión de que éstos integraban una sociedad de hecho junto con Duzac y Virginillo, máxime cuando dicha sociedad de responsabilidad limitada, al menos, tuvo actos iniciales de constitución, conforme las constancias de autos.
Que, lo mismo ocurre con la autorización para efectuar cobranzas otorgada por el señor Duzac a favor del señor Castagna. Vale preguntarse en este caso por qué el Fisco afirma en base a ello la existencia de una sociedad de hecho entre ambos y los señores Virginillo y Caviglia.
Que, en definitiva, se observa que el juez administrativo a partir de ciertos hechos aislados, que no logra en modo alguno demostrar que se integran como accionar de una voluntad social, ya que no explica en los considerandos de los actos recurridos, cuál es el nexo causal entre los mismos y la existencia de una sociedad de hecho.
Que, tal vez, hubiera sido más atendible que el organismo fiscalizador hubiera intentado demostrar que las operaciones realizadas por el señor Duzac correspondían en realidad a la firma Las Camilas SRL, integrada por aquellas personas junto con los señores Gabriel Piana y Guillermo Adrián Arévalo, conforme la documentación en poder del Fisco Nacional y también aportada en autos en fotocopias por los recurrentes, pero optó por endilgar las mismas a un ente social cuya existencia no logra probar acabadamente y, en consecuencia, mucho menos la responsabilidad personal y solidaria que pretende determinar en cabeza de los aquí recurrentes.
Que, al respecto, corresponde señalar que en las actuaciones administrativas acompañadas en autos por la representación fiscal no se encuentran agregadas la documentación a la que el juez administrativo hace referencia en sus resoluciones ni siquiera lo actuado por la inspección, toda vez que los antecedentes aportados están constituidos por los pasos procedimentales labrados a partir de la vista a los encartados, pero no se ha aportado a esta instancia ninguno de los elementos en que el Fisco Nacional basa su pretensión.
Que, cabe recordar que en el presente contexto resulta aplicable la regla “onus probandi incumbit ei qui dicit”, por lo que corresponde señalar que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que al Fisco Nacional la prueba acabada de la existencia de la sociedad de hecho y de los integrantes de la misma, a quienes pretende extender la responsabilidad personal y solidaria, debiendo recordarse que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito” (cfr. CNCiv. - Sala C - LL - T. 117 - pág. 808 - 11371-S).
Que, al respecto, resulta aplicable esta vez al Fisco Nacional la jurisprudencia de este Tribunal que señala que si bien este organismo jurisdiccional (en virtud de lo dispuesto por el art. 164 de la L. 11683 -t.o. en 1998 y sus modif.-) tiene “... amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver DF - T. XXII - Compendio de Fallos - pág. 1183, referido a la causa: CNCont. Adm. Fed. - Sala II - 27/6/1972 - “Tameyfú SRL”; TFN - C-833 - 26/3/1971).
Que, en definitiva, los elementos enunciados por el juez administrativo no resultan suficientes para fundar la pretensión fiscal en autos, razón por la cual sólo cabe revocar las resoluciones apeladas, con costas.
VIII. Que, atento la forma en que se resuelve, en especial sobre la imposición de costas, tórnase inoficioso pronunciarse respecto de los beneficios de litigar sin gastos peticionados por los contribuyentes Alejandro G. Caviglia y Héctor A. Castagna.
Que, por ello,

SE RESUELVE:
1) Revocar las resoluciones apeladas en autos. Con costas.
2) Declarar que deviene abstracto pronunciarse respecto de los beneficios de litigar sin gastos peticionados por los contribuyentes Alejandro G. Caviglia y Héctor A. Castagna.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Agustín Torres - Juan P. Castro - Carlos A. Porta


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