PRÓlogo a la tercera edición soviética



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PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN SOVIÉTICA

Esta tercera edición del libro no contiene modificaciones sustanciales respecto de la segunda. La causa de esto, naturalmente, no estriba en el hecho de que no tenga nada que añadir a cuanto ya había dicho antes o que considere que una posterior reelaboración no sea ni necesaria ni posible. Por el contrario, ha llegado el momento de que las ideas, sólo brevemente delineadas en este libro, puedan y deban ser expuestas de manera más sistemática, concreta y detallada. Los últimos años no han pasado en vano para la teoría marxista del derecho; existe ya material suficiente en orden a las distintas disciplinas; muchos problemas parciales han sido examinados y han sido puestas, si bien grosso modo, las bases sobre las que se puede intentar formular una orientación marxista para la teoría general del derecho.

Precisamente porque me propongo para el futuro inmediato la tarea de exponer tal orientación, he decidido renunciar a hacer ulteriores modificaciones al presente trabajo. Será mejor que este esbozo continúe siendo lo que ha sido: un primer estudio de crítica marxista de los conceptos jurídicos fundamentales.

Las únicas notas añadidas en esta tercera edición han sido indicadas en el texto.

Julio de 1927

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN SOVIÉTICA

Lo que menos me esperaba, cuando publiqué mi libro, era que tuviera necesidad de una segunda edición; sobre todo en un lapso tan breve. Por otra parte todavía sigo convencido de que si esto ha ocurrido se debe únicamente a que el trabajo que, en el mejor de los casos, habría debido servir de estímulo y material para una posterior discusión, ha encontrado un uso —convertirse en libro de texto— que el autor ni siquiera imaginaba. Este hecho, a su vez, se explica por la extrema pobreza de la literatura marxista en relación con la teoría general del derecho (y no puede por otra parte dejar de ser así puesto que hasta hace poco tiempo se ponía en duda, en los círculos marxistas, la existencia misma de una teoría general del derecho).

Sea como fuere, el presente trabajo no pretende en absoluto merecer el honroso título de texto de orientación marxista para la teoría general del derecho. En primer lugar, aunque sólo sea por el hecho de que ha sido escrito en gran medida con fines de esclarecimiento personal; de aquí su abstracción y su forma de exposición concisa y a veces casi esquemática; y de aquí también la unilateralidad, inevitable cuando la atención se centra sobre algunos aspectos del problema que se presentan como centrales. Todas estas características hacen que el libro sea poco idóneo como texto de enseñanza.

Sin embargo, aunque soy plenamente consciente de estas deficiencias, he renunciado a la idea de introducir correcciones a la segunda edición en atención a las siguientes consideraciones. Una crítica marxista de la teoría general del derecho apenas está en sus inicios. En este campo ciertamente no se alcanzarán de forma inmediata soluciones definitivas que deben basarse en el estudio profundo de cada una de las ramas del derecho en particular; y en esta dirección todavía queda mucho camino por recorrer. Basta decir que ciertas ramas como, por ejemplo, el derecho internacional, la crítica marxista casi ni las ha rozado todavía. Lo mismo cabe decir respecto del proceso y, ciertamente en menor medida, respecto del derecho penal. Por lo que se refiere a la historia del derecho, únicamente tenemos lo que nos ha proporcionado la historiografía marxista general. A este respecto sólo el derecho constitucional y el derecho civil representan en cierto modo una feliz excepción. El marxismo, pues, apenas acaba de conquistar una región nueva para él. Y naturalmente esto ocurre hasta ahora en forma de discusiones y lucha entre puntos de vista contrapuestos.

Mi libro, que ha sometido a discusión algunas cuestiones de teoría general del derecho, sirve precisamente, y sobre todo, para este objetivo preliminar. Y éste es el motivo por el que he decidido que el libro conserve fundamentalmente su precedente carácter, sin tratar de adaptarlo a las exigencias que todo texto de enseñanza debe satisfacer, añadiéndole únicamente aquellos complementos necesarios, debidos en parte a las indicaciones de la crítica.

Considero útil exponer aquí, en el prólogo, algunas precisiones previas respecto a los conceptos fundamentales de mi trabajo.

El camarada P. I. Stucka ha definido con toda exactitud mi posición ante la teoría general del derecho como «una tentativa de acercar las formas del derecho y las formas de la mercancía». A juzgar por las opiniones expuestas, este concepto, no obstante algunas reservas, ha sido reconocido fundamentalmente como positivo y fecundo. La razón de ello se debe, con toda seguridad, a la circunstancia de que en este caso yo no he necesitado descubrir América. En la literatura marxista y ante todo en el propio Marx, es posible encontrar suficientes elementos en relación con el mencionado planteamiento. Aparte de las citas de Marx que aduciré en el libro, baste además con recordar únicamente el capítulo «Moral y derecho. Igualdad» del Anti-Dühríng. Aquí Engels da una formulación bastante precisa del nexo que existe entre el principio de la igualdad y la ley del valor, haciendo notar que «esta deducción de las modernas ideas de igualdad a partir de las condiciones económicas de la sociedad burguesa ha sido expuesta primeramente por Marx en El capital».1 Por consiguiente lo que había que hacer era reducir a unidad los conceptos formulados por Marx y Engels y tratar de valorar atentamente ciertas consecuencias que de aquí se derivaban. La tarea no era más que esto, La tesis fundamental de que el sujeto de las teorías jurídicas está en estrecha relación con el poseedor de mercancías, no era preciso demostrarla nuevamente después de Marx.

De igual manera, tampoco contenía nada nuevo la otra conclusión según la cual la filosofía del derecho, que considera como su fundamento la categoría del sujeto con su capacidad de autodeterminación (y la ciencia burguesa no ha creado otros sistemas coherentes de filosofía del derecho) es, en sustancia, la filosofía de la economía mercantil que instaura las más generales y abstractas condiciones sobre las que el cambio puede realizarse conforme a la ley del valor y sobre las que puede efectuarse la explotación en las formas del «libre contrato». Esta concepción está en la base de la crítica que el comunismo ha realizado y realiza contra la ideología burguesa de la libertad y de la igualdad y contra la democracia formal burguesa, en la cual la «república del mercado» oculta el «despotismo de la fábrica». Esta concepción nos proporciona la convicción de que la defensa de los llamados conceptos abstractos del sistema jurídico son la forma más general de defensa de los intereses de clase de la burguesía, etc. Pero si el análisis marxiano de la forma de mercancía y de la correspondiente forma del sujeto ha sido ampliamente utilizado como instrumento de crítica de la ideología jurídica burguesa, no ha sido utilizado en absoluto para el estudio de la superestructura jurídica como fenómeno objetivo. Lo ha obstaculizado, ante todo, el hecho de que los pocos marxistas que se ocuparon de los problemas del derecho han considerado, sin duda alguna, como característica central, esencial y la única típica de los fenómenos jurídicos, el momento de la reglamentación social coercitiva (estatal). Pareció, en efecto, que únicamente este punto de vista garantizaba una actitud científica, es decir, sociológica e histórica, ante el problema del derecho en contraposición con los sistemas idealistas, meramente especulativos de la filosofía del derecho, que postulaban como su fundamento la concepción del sujeto con su capacidad de autodeterminación. Fue así natural pensar que la crítica marxiana del sujeto jurídico, directamente derivada del análisis de la forma de mercancía, no contuviese referencia alguna a la teoría general del derecho, dado que la exterior reglamentación coercitiva de las relaciones entre poseedores de mercancías constituye sólo una parte irrelevante de la reglamentación social en general.

En otras palabras, todo lo que se puede deducir de la concepción marxiana del Waarenhüter, «cuya voluntad se encuentra en las cosas», pareció, según este punto de vista, únicamente relevante para una esfera relativamente pequeña, para el llamado derecho comercial de la sociedad burguesa y absolutamente inútil para las demás ramas del derecho (derecho constitucional, penal, etc.) y para las otras formaciones históricas, por ejemplo, para la esclavista o feudal, etc.: es decir, por un lado, la importancia del análisis marxiano estaba limitada a una sola región, muy especializada del derecho y, por otro lado, sus datos eran utilizados únicamente para desenmascarar la ideología burguesa de la libertad y de la igualdad; únicamente para la crítica de la democracia formal y no para esclarecer también las características fundamentales, en cuanto principio, de la superestructura jurídica como fenómeno objetivo. Por otra parte, se perdían de vista dos cosas: en primer lugar, que el principio del sujeto jurídico (nos referimos con ello a los principios de la igualdad y de la libertad, el principio de la autonomía de la persona, etc.) no es únicamente un instrumento de engaño y un producto de la hipocresía de la burguesía en cuanto se opone a la lucha proletaria para la eliminación de las clases sino, al mismo tiempo, un principio realmente operante en la sociedad burguesa, cuando ésta se genera a partir de la sociedad feudal-patriarcal y la destruye; en segundo lugar, que el triunfo de este principio es no solamente y no tanto un proceso ideológico (es decir, referido en un todo a la historia dé las ideas), sino más bien un proceso real de juridización de las relaciones humanas que acompaña al desarrollo de la economía mercantil-monetaria (y, en la historia europea, al desarrollo de la economía capitalista) y que implica profundas y completas transformaciones. Estas comprenden lo siguiente: el nacimiento y consolidación de la propiedad privada, su universalización en relación tanto a los sujetos como a todos los posibles objetos, la liberación de la tierra de las relaciones de dominio y sujeción, la transformación de toda propiedad en propiedad mueble, el desarrollo y el predominio de las relaciones de obligación y por último, la separación del poder político como fuerza particular al lado de la cual aparece el poder puramente económico del dinero, con la consiguiente división, más o menos neta, entre la esfera de las relaciones públicas y la de las relaciones privadas, entre el derecho público y el derecho privado.

Si, por consiguiente, el análisis de la forma de mercancía descubre el significado histórico concreto de la categoría del sujeto y desvela la base de los esquemas abstractos de la ideología jurídica, el proceso histórico del desarrollo de la economía mercantil-monetaria y de la economía mercantil-capitalista acompaña la realización de estos esquemas en la forma de una concreta superestructura jurídica. En la medida en que las relaciones entre los hombres se construyen como relaciones entre sujetos, nos encontramos ante la condición misma del desarrollo de la superestructura jurídica con sus leyes formales, con los tribunales, los procesos, los abogados, etc.

De esto se deduce que los rasgos fundamentales del derecho privado burgués son al mismo tiempo los rasgos determinantes más característicos de la superestructura jurídica en general. Si en los primeros estadios del desarrollo el cambio de equivalentes, en la forma del talión y del resarcimiento del daño producido, generó la más primitiva forma jurídica que reencontramos en las leyes llamadas bárbaras, en el futuro las supervivencias del cambio de equivalentes en la esfera de la distribución, que se conservan también en la organización socialista de la producción (hasta el paso al comunismo desarrollado), obligará a la sociedad socialista —como previó Marx— a moverse durante algún tiempo dentro de «los estrechos horizontes del derecho burgués». Entre estos dos puntos extremos se efectúa el desarrollo de la forma jurídica que logra su momento culminante en la sociedad burguesa-capitalista. Este proceso puede también definirse como proceso de disolución de las relaciones patriarcales orgánicas y su sustitución por relaciones jurídicas, esto es, relaciones entre sujetos formalmente iguales. La disolución de la familia patriarcal, en la que el pater familias era propietario de la fuerza de trabajo de la mujer y de los hijos, y su transformación en familia contractual, en la que los cónyuges estipulan un contrato patrimonial y los hijos (como por ejemplo en las factorías americanas) reciben del padre un salario, constituyen uno de los ejemplos más típicos de esta evolución. El desarrollo de las relaciones mercantiles-monetarias acelera esta evolución. La esfera de la circulación, que se expresa mediante la fórmula mercancía-dinero-mercancía, desempeña un papel preeminente. El derecho comercial ejerce la misma función respecto al derecho civil que la que desempeña este último respecto a todos los demás sectores, es decir, les indica la vía del desarrollo. Por consiguiente, el derecho comercial es, por una parte, el sector específico que únicamente tiene relevancia para las personas que han hecho de la transformación de mercancías en dinero y viceversa, su profesión. Por otra parte, el derecho mercantil es el mismo derecho civil en su dinámica, en su movimiento hacia esquemas más puros, donde ha desaparecido ya todo rastro de organicismo, hacia esquemas en los que el sujeto jurídico opera en su forma acabada como complemento necesario e inevitable de la mercancía.

El principio, pues, del sujeto jurídico y los esquemas basados en él —que para la jurisprudencia burguesa son como esquemas a priori de la voluntad humana— derivan con absoluta necesidad de las condiciones de la economía mercantil-monetaria. La concepción estrictamente empírica y técnica de la conexión existente entre estos dos elementos se manifiesta en discusiones acerca del hecho de que el desarrollo del comercio exige garantías para la propiedad, buenos tribunales, una buena policía, etc. Pero si examinamos la cuestión con más detenimiento, está claro que no sólo las diferentes estructuras técnicas del aparato del Estado surgen sobre el terreno del mercado, sino que entre las mismas categorías de la economía mercantil-monetaria y la forma jurídica existe un nexo interno indisoluble. En una sociedad en la que existe el dinero, en la que el trabajo privado individual se hace social sólo con la mediación del equivalente general, se dan ya las condiciones para la forma jurídica con sus contradicciones entre lo subjetivo y lo objetivo, lo privado y lo público.

Sólo en una sociedad de este tipo el poder político tiene la posibilidad de oponerse al poder puramente económico, que se presenta de la manera más nítida como poder del dinero. Al mismo tiempo se hace posible también la forma de la ley. Para el análisis, pues, de las fundamentales definiciones del derecho no hay necesidad de partir del concepto de ley y de servirse de él como hilo conductor, ya que el mismo concepto de ley (como volición del poder político) corresponde a un estadio del desarrollo en el cual se ha verificado y consolidado la división de la sociedad en civil y política y en la cual, por consiguiente, se han conectado ya los elementos esenciales de la forma jurídica. «La constitución del Estado político —dice Marx— y la descomposición de la sociedad civil en individuos independientes —cuyas relaciones están regidas por el derecho, lo mismo que la relación de los hombres de las corporaciones y gremios era el privilegio— se realiza por un mismo y único acto.»

De lo que llevamos dicho no se deduce, naturalmente, en absoluto que yo considere la forma del derecho como un «mero reflejo de la más pura ideología» (cfr. P. I. Stucka, Revoliutsionnaia rol´prava i gosudarstva [La función revolucionaria del derecho y del Estado], prólogo, p. v). Tengo la impresión de haberme expresado al respecto en forma suficientemente clara; «El derecho como forma no existe únicamente en las mentes y en las teorías de los especialistas del derecho. Este tiene una historia real paralela, que se desarrolla no como sistema de conceptos, sino como sistema específico de relaciones» (cfr. p. 55). En otro lugar hablo de los conceptos jurídicos que «reflejan teóricamente el sistema jurídico como un todo orgánico» (cfr. p. 58.) En otras palabras: la forma jurídica, expresada mediante abstracciones lógicas, es el producto de una real o concreta (según la expresión del camarada Stucka) forma jurídica, de una mediación real de las relaciones de producción. Yo no solamente he afirmado que hay que buscar la génesis de la forma jurídica en las relaciones de cambio, sino que he identificado también el elemento que, según mi punto de vista, constituye la más plena realización de la forma jurídica, esto es, el tribunal y el proceso.

Es evidente que en el desarrollo de toda relación jurídica subsisten en la cabeza de los participantes diferentes representaciones ideológicas, más o menos acabadas, de sí mismos en tanto que sujetos, de las obligaciones y derechos propios, de la «libertad» de las propias acciones, de los límites de la ley, etc. Sin embargo, la significación práctica de las relaciones jurídicas no consiste naturalmente en estos estados subjetivos de conciencia. Cuando el poseedor de mercancías toma conciencia de sí como poseedor de mercancías, todavía no ha mediado la relación económica de cambio con todas sus ulteriores consecuencias que escapan a su conciencia y a su voluntad. La mediación jurídica se realiza en el momento del contrato. Pero el contrato no es ya un fenómeno de orden psicológico; no es una «idea», una «forma de la conciencia»; es un hecho económico objetivo, una relación económica indisolublemente unida a su también objetiva forma jurídica.

El fin práctico profundo de la mediación jurídica es el de asegurar el movimiento, más o menos libre de obstáculos, de la producción y de la reproducción social, que en la sociedad mercantil se realiza formalmente mediante una serie de contratos privados. Este fin no puede conseguirse únicamente con el auxilio de las formas de la conciencia, esto es, de elementos puramente subjetivos: para ello se necesita recurrir a criterios precisos, a leyes y a interpretaciones de leyes, a una casuística, a los tribunales y a la ejecución coercitiva de las sentencias. Sólo por este hecho uno no se puede limitar, en la consideración de la forma jurídica, a la «pura ideología» y no puede dejar de examinarse todo este aparato objetivamente existente.

Todo resultado jurídico, por ejemplo, la resolución de una controversia jurídica, es un hecho objetivo que está fuera de la conciencia de las partes como el fenómeno económico que en determinado caso está mediado por el derecho. La otra crítica que me hace el camarada Stucka de que yo solamente acepto la existencia del derecho en la sociedad burguesa, la acepto pero con ciertas reservas. Efectivamente he afirmado, y sigo afirmando, que la mediación jurídica más desarrollada, más universal y acabada está generada por las relaciones mercantiles de producción y que, por consiguiente, toda teoría general del derecho y toda «jurisprudencia pura» es una descripción unilateral de relaciones entre los hombres que operan en el mercado como propietarios de mercancías, sin tener en cuenta todas las demás condiciones. Pero una forma desarrollada y acabada no excluye formas no desarrolladas y embrionarias, sino que, al contrario, las presupone. Así, por ejemplo, ocurre en la propiedad privada: únicamente el momento de la libre disposición revela plenamente la esencia fundamental de esta institución aunque, sin duda alguna, la propiedad, en tanto que apropiación, haya existido antes no sólo de las formas desarrolladas sino también de las formas embrionarias del cambio. La propiedad como apropiación es la consecuencia natural de cualquier modo de apropiación, pero sólo en el interior de una determinada formación social la propiedad asume su forma lógicamente más simple y universal de propiedad privada, en la cual se caracteriza como la condición elemental de la ininterrumpida circulación del valor según la fórmula mercancía-dinero-mercancía.

Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la explotación. Esta no está unida en absoluto a relaciones de cambio y es posible también en una economía natural. Sin embargo, sólo en la sociedad burguesa-capitalista, en la que el proletario se mueve como sujeto que dispone de su fuerza de trabajo como mercancía, la relación económica de explotación está jurídicamente mediatizada bajo la forma del contrato.

A esto se une precisamente el hecho de que en la sociedad burguesa, a diferencia de la sociedad esclavista y la feudal, la forma jurídica asume significado universal; la ideología jurídica se convierte en ideología por antonomasia y la defensa de los intereses de clase de los explotadores se hace más eficaz, precisamente como defensa de los principios abstractos de la persona jurídica.

En una palabra, el sentido de mi estudio no era, en absoluto, el de impedir a la teoría marxista del derecho el acceso a los periodos históricos que no conocían una economía mercantil-capitalista desarrollada. Por el contrario, he tratado y trato de facilitar la comprensión de aquellas formas embrionarias que encontramos precisamente en tales épocas y de ponerlas en relación con las formas más desarrolladas según una linea de evolución general.

El futuro dirá hasta qué punto es fecunda esta orientación.

Por supuesto que en este mi pequeño ensayo únicamente puedo tratar las lineas fundamentales del desarrollo histórico de la forma jurídica, sirviéndome para ello principalmente de los conceptos que he encontrado en Marx. No entra dentro de mis objetivos la solución de todos los problemas de la teoría del derecho ni incluso de sólo algunos. Unicamente me gustaría mostrar desde qué ángulo de observación se les puede abordar y cómo se les puede plantear. Me doy por satisfecho con el hecho de que entre los camaradas marxistas haya ya algunos a los que les ha parecido que mi forma de tratar los problemas del derecho no sólo es interesante, sino que también abre perspectivas. Esto reafirma, más mi deseo de seguir trabajando en la dirección escogida.

E. P.


INTRODUCCIÓN

Finalidad de la teoría general del derecho

La teoría general del derecho puede definirse como el desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales, es decir, los más abstractos. A esta categoría pertenecen, por ejemplo, las definiciones de «norma jurídica», «relación jurídica», «sujeto jurídico», etc. A consecuencia de su naturaleza abstracta estos conceptos son igualmente utilizables en todas las ramas del derecho y su significación lógica y sistemática permanece invariable con independencia del contenido concreto al que sean aplicados. Nadie negará, por ejemplo, que el concepto de sujeto en el derecho civil y en el derecho internacional está subordinado al concepto más general de sujeto jurídico como tal y que, por consiguiente, esta categoría puede ser definida y desarrollada independientemente de este o aquel contenido concreto. Por otra parte, si permanecemos dentro del ámbito de cualquiera de las ramas del derecho, podemos comprobar que las mencionadas categorías jurídicas fundamentales no dependen del contenido concreto de las normas jurídicas en el sentido de que conservan su significación, incluso cuando varía este contenido material concreto.

Por supuesto que estos conceptos jurídicos más generales y simples son el resultado de una elaboración lógica de las normas de derecho positivo y constituyen el más reciente y elevado producto de la creación consciente en relación con el carácter espontáneo de las relaciones jurídicas y de las normas que las expresan. Pero esto no es un obstáculo para que los filósofos neokantianos consideren las categorías jurídicas fundamentales como algo que se sitúa por encima de la experiencia y que hace posible la experiencia misma. Así, por ejemplo, leemos lo siguiente en Saval’skij (Osnovy filosofii prava v naucnom idealizme [Principios de filosofía del derecho en el idealismo científico], Moscú, 1908, p. 216): «Sujeto, objeto, relación y regla de relaciones son el a priori de la experiencia jurídica, categorías lógicas necesarias que la hacen posible». Y un poco más adelante dirá: «La relación jurídica es la condición necesaria y única de todas las instituciones jurídicas» por tanto» también de la jurisprudencia ya que si no existe relación jurídica no hay ciencia que la estudie, esto es, jurisprudencia; lo mismo que sin el principio de causalidad no hay ni naturaleza ni, por consiguiente, ciencia de la naturaleza» (ibid., p. 218). En sus argumentaciones, por lo demás, Saval’skij se limita a repetir las conclusiones de uno de los máximos representantes del neokantismo» Cohén (cfr. Cohén, Ethik des reinen Wiliens, 1907, pp. 227 y ss.). El mismo punto de vista lo encontramos en Stammler tanto en su primera obra fundamental Wirtschajt und Recht (1896) como en su último trabajo Lehrbueh der Rechtsphilosophie (3.a ed.» 1923). En este último leemos lo siguiente: «Es necesario distinguir en los conceptos jurídicos por una parte los conceptos puros y por otra los conceptos condicionados. Los primeros representan las formas generales del pensamiento de los conceptos jurídicos fundamentales. No necesitan para su comprensión más presupuestos que la idea misma del derecho. Por consiguiente, encuentran su aplicación en todos los problemas jurídicos que puedan surgir porque no son más que las manifestaciones diversas del concepto formal del derecho. Deben, por tanto, ser extraídos de definiciones del derecho que tengan validez inmutable (bleibende)» (op. cit., p. 245). Los neo-kantianos pueden asegurarnos que según su concepción la «idea del derecho» precede a la experiencia no genéticamente, esto es, cronológicamente, sino sólo desde un punto de vista lógico y gnoseológico; sin embargo, debemos reconocer que la pretendida filosofía crítica nos lleva en este punto, como en otros muchos, a la escolástica medieval.

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