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La cara represiva de la reciente jurisprudencia argentina sobre graves violaciones de los derechos humanos - Una crítica de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 14 de junio de 2005 en el caso Simón.
Por: EZEQUIEL MALARINO
“La sentencia de la CSJN en el caso Simón es sólo un ejemplo, aunque quizás el más claro, del tinte represivo que está tomando la jurisprudencia argentina sobre graves violaciones de los derechos humanos. Siguiendo en gran medida criterios elaborados por la CorteIDH, la jurisprudencia argentina está creando cada vez con mayor intensidad un derecho penal diferenciado para las violaciones de los derechos humanos, esto es, un derecho penal que corre por carriles diferentes a los del derecho penal normal y que se caracteriza por la restricción de derechos del autor o imputado y, paralelamente, el aumento de los derechos de la víctima.”
“El rumbo que está tomando la jurisprudencia argentina sobre graves violaciones de los derechos humanos es preocupante. La erosión de la legalidad penal, el sobredimensionamiento de los derechos de la víctima a costa de la posición del imputado, el debilitamiento de la cosa juzgada, la inflación de ciertos conceptos con gran fuerza expresiva o simbólica utilizados como muletillas para justificar derogaciones de derechos y, en fin, por sobre todas las cosas, el retorno, enmascarado bajo el lema de la protección de los derechos humanos, del viejo principio in atrocissima licet iudici iura transgredi deberían preocupar a todos quienes crean en que el poder penal debe ser un poder limitado por reglas jurídicas.”
“A esta tendencia de la jurisprudencia argentina ha contribuido en gran medida la jurisprudencia de la CorteIDH, que, en los últimos tiempos, buscando acercar el derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal internacional, ha terminado por convertirse en una suerte de Tribunal penal de última instancia; y por cierto, un tribunal muy amante de las soluciones penales. (...) Creo que la CSJN y los tribunales en general deberían preocuparse más en respetar la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos que en evitar el riesgo de responsabilidad internacional del Estado. Si el poder judicial es uno de los poderes del Estado, lo es precisamente para respetar las leyes y ante todo las supremas. (...) Un derecho penal con diferentes carriles, uno para el derecho penal normal y otro para el derecho penal internacional o de los derechos humanos, se acerca peligrosamente a un derecho penal para enemigos. Para varios tribunales argentinos, incluida la CSJN, y para la CorteIDH la protección penal de los derechos humanos pesa más que la protección de los derechos humanos frente al derecho penal. Y esta es una conclusión que cualquiera que realmente crea en las virtudes de un Estado de derecho no puede más que lamentar.”
Texto completo (publicado en www.eldial.com el 14/9/09).
1. Introducción
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso Simón[1] declaró la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de Punto final[2] y Obediencia debida[3] y, en consecuencia, declaró “de ningún efecto (…) cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos (…) por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina”[4]. Sustentó esta conclusión, básicamente, en argumentos provenientes del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos.[5] El argumento decisivo fue la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Barrios Altos contra Perú del 14 de marzo de 2001. En esta sentencia, la CorteIDH había constatado la violación de los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por la promulgación y aplicación de dos leyes de amnistía y establecido que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”.[6] La CorteIDH había establecido allí, además, que las leyes de amnistía “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (..) ni para la investigación y castigo de los responsables”.[7] Con esto, la CorteIDH dejaba en claro que la cosa juzgada no podía oponerse a la reapertura de los procesos. De este modo, la CorteIDH estableció la doctrina de que la gravedad de los hechos (expresada con el vago concepto de ‘graves violaciones de los derechos humanos’[8]) justifica la aplicación de reglas especiales más rigurosas (entre ellas, la imposibilidad de amnistiar, la imprescriptibilidad, la no operatividad de la cosa juzgada).

La CSJN consideró obligatoria esta jurisprudencia. Para el tribunal argentino, sin embargo, tales reglas especiales, que se apartan del régimen del derecho penal normal, están autorizadas frente a crímenes internacionales, en el caso concreto, frente al crimen contra la humanidad. Este ‘retoque’ sólo aparentemente es una mejora frente al concepto mucho más amplio e indeterminado de “graves violaciones de los derechos humanos” utilizado por la CorteIDH, porque, como veremos luego (punto XIX), la CSJN emplea el concepto de crimen contra la humanidad en un sentido no técnico, como sinónimo de ‘hecho gravísimo’, con lo cual las diferencias entre dichos conceptos se diluyen. Por otra parte, la CSJN también desaplicó o, al menos, debilitó enormemente el principio de legalidad penal, dado que, ante la ausencia de disposiciones legales en el ordenamiento interno, recurrió a la costumbre internacional para calificar a los hechos como crímenes contra la humanidad y, con base en este encuadre, los declaró imprescriptibles.


La sentencia plantea numerosísimos problemas o puntos abiertos a discusión. En lo siguiente analizaré sólo algunos de ellos. En primer lugar, me referiré a una serie de problemas relacionados con la aplicabilidad de la jurisprudencia de la CorteIDH en Barrios Altos al caso argentino (sub § 2). En segundo lugar, me ocuparé de ciertos problemas que causa la calificación de los hechos como crímenes contra la humanidad (sub § 3).
2. Algunos problemas relacionados con la aplicación de la jurisprudencia de la CorteIDH del caso Barrios Altos a las leyes argentinas de Punto final y Obediencia debida
II. El argumento principal de la CSJN para invalidar las leyes de Punto final y Obediencia debida y posibilitar la apertura o reapertura de los procesos se basa en la aplicación al caso argentino de la jurisprudencia sentada por la CorteIDH en el caso Barrios Altos, que, como hemos visto, la CSJN consideró obligatoria.
El rol protagónico de Barrios Altos en el esquema argumentativo de la CSJN se aprecia en numerosos pasajes de los votos de la mayoría. Allí se señaló, por ejemplo, que la jurisprudencia de la CorteIDH es una “pauta”[9], “guía”[10] o “fuente”[11] para la interpretación, que esa jurisprudencia es de “aplicación obligada”[12] para los tribunales nacionales, que la “traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en Barrios Altos al caso argentino resulta imperativa”,[13] que “es suficiente con la remisión (…) a lo resuelto en el caso “Barrios Altos””[14], que “basta recordar la mencionada jurisprudencia (…) Barrios Altos”[15]; que la “clara jurisprudencia Barrios Altos exige que ningún efecto de esas leyes pueda ser operativo como obstáculo a los procesos regulares que se llevan o deban llevarse a cabo respecto de las personas involucradas en los crímenes de lesa humanidad”,[16] y también, y éste es probablemente el pasaje que mejor resume esta postura, que “la clara y terminante doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) en el caso "Barrios Altos" (…) torna imperativo que, con el fin de satisfacer el estándar allí establecido e impedir por tanto que pueda invocarse la ultractividad de la ley penal más benigna o, eventualmente, la cosa juzgada, esta Corte declare además que dichas normas carecen de cualquier efecto y que lo propio ocurre respecto de cualquier acto que, fundado en las mismas, pretendiera oponerse como impedimento al progreso de algún proceso judicial en trámite, o a su iniciación futura (…) respecto de hechos vinculados con crímenes de lesa humanidad ocurridos en el territorio nacional”.[17]
La CSJN estaba en cierto modo ‘obligada’ a defender la obligatoriedad del precedente Barrios Altos, porque del derecho internacional difícilmente podía haber derivado -a pesar de la afirmación contraria, pero sin fundamento, de algunos de los jueces- una prohibición absoluta de amnistiar crímenes internacionales.[18] Como mostraré más adelante, la CorteIDH en Barrios Altos no constata una regla consuetudinaria sobre la prohibición de amnistiar crímenes internacionales, sino que simplemente homologa un acuerdo entre las partes del proceso internacional (el Estado peruano y la ComIDH). Además, sólo con una gran imaginación puede leerse en los arts. 1.1, 8 y 25 de la CADH, como hace la CorteIDH, una prohibición de amnistiar crímenes internacionales; como también pondré en evidencia más adelante, la pretendida “interpretación” de la CADH es, en verdad, una pura reescritura de la norma (ver el punto X).
En lo que sigue analizaré si una decisión de la CorteIDH es vinculante para los tribunales nacionales, en qué casos lo es y qué implica esa obligatoriedad. Existen dos perspectivas para analizar la cuestión. En primer lugar, analizaré si la obligatoriedad de las decisiones de la CorteIDH se deriva del derecho internacional y especialmente del derecho interamericano. En segundo lugar, investigaré si dicha obligatoriedad puede derivarse del derecho argentino.


III. La CADH establece las condiciones bajo las cuales una sentencia contenciosa de la CorteIDH es obligatoria. El art. 68.1 dispone: “Los Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes”.[19] De este modo, la decisión de la CorteIDH en un caso contencioso es obligatoria respecto a un Estado parte de la CADH, que aceptó la competencia de la CorteIDH y, además, fue parte en el proceso internacional concreto en el cual esa decisión fue dictada.
De acuerdo con esta normativa, la decisión de la CorteIDH en el caso Barrios Altos era obligatoria únicamente para Perú y lo era únicamente en el caso concreto. Es cierto que la CorteIDH asignó “efectos generales”[20] a la decisión Barrios Altos, ampliando, con ello, el alcance del art. 68.1; pero esta extensión pretoriana del alcance del carácter vinculante de la decisión se limitaba exclusivamente, según la propia CorteIDH, a otros casos en los cuales se hubieran aplicado las dos leyes de amnistía analizadas en dicha sentencia. El fundamento de dicha extensión era que la CorteIDH ya había considerado que esas leyes eran incompatibles con la CADH y, por ello, el mantenimiento de sus efectos jurídicos generaba responsabilidad internacional. Dejando de lado los reparos que puede suscitar dicha extensión[21], es seguro que la decisión de Barrios Altos no era obligatoria para el Estado argentino y, por ello, su falta de seguimiento no generaba responsabilidad internacional. Si Argentina no estaba obligada a cumplir, entonces no había incumplimiento, ni sanción internacional posibles[22].
IV. La CSJN ha dicho, sin embargo, que mantener los efectos jurídicos de las leyes de Punto final y Obediencia debida haría incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional. Muy claro es en este sentido el siguiente pasaje del voto del juez Zaffaroni: “Esta jurisprudencia es -sin duda- aplicable al caso de las leyes que anula la ley 25.779 [esto es, a las leyes de Punto final y Obediencia debida] y, conforme a ella, es claro que la eficacia de éstas sería considerada un ilícito internacional…”[23]. Y agrega: “…la eficacia de las leyes 23.492 y 23.521 haría incurrir a la República Argentina en un injusto internacional que sería sancionado por la Corte Interamericana de derechos humanos”.[24] Ya hemos visto que la CADH no avala la conclusión de que un tercer Estado (Argentina) incurre en responsabilidad internacional por no seguir lo decidido por la CorteIDH en un caso contencioso contra otro Estado (Perú). Pero con la frase recién citada la CSJN parece querer decir algo más, a saber que la aplicación del precedente Barrios Altos a las leyes argentinas mencionadas tiene el propósito de evitar una futura decisión de ese tribunal internacional en contra de Argentina. Este argumento no sostiene, entonces, que Argentina incurre en responsabilidad internacional por el mero hecho de no seguir la decisión Barrios Altos, sino que lo haría si en el futuro la CorteIDH conociera de un caso contra Argentina en donde se cuestionara la compatibilidad con la CADH de las leyes de Punto final y Obediencia debida y declara, en ese caso, la responsabilidad internacional de nuestro país siguiendo los criterios sentados en Barrios Altos; y a esta eventual decisión del tribunal interamericano nuestra CSJN cree que debe anticiparse. Pero precisamente en esto reside el defecto del argumento, pues la decisión de la CorteIDH, a la cual la CSJN se anticipa, es tan sólo hipotética; y es evidente que el hecho de no evitar una responsabilidad internacional tan sólo hipotética y eventual nunca puede generar responsabilidad internacional actual. No se lesiona ningún compromiso internacional si un Estado no se anticipa a lo que él cree que un tribunal internacional presumiblemente hará en el futuro. El derecho internacional no exige a la CSJN -y a ningún otro poder del Estado- que actúe como una especie de vidente tratando de anticiparse a todo lo que en el futuro pudiera decidir un tribunal internacional. Por ello, tampoco la idea de la evitación de responsabilidad internacional futura y eventual puede fundar una obligación internacional de aplicar la sentencia en cuestión.
Por otra parte, hay muchos factores que pueden hacer fracasar esta anticipación del futuro. Primero, es posible que esta decisión nunca tenga lugar, por ejemplo, porque el conflicto se soluciona en el ordenamiento interno; porque los interesados no presentan el caso al sistema interamericano por falta de voluntad o por cualquier otra razón; porque se vence el plazo para interponer la demanda y el caso se considera inadmisible (art. 46 CADH), porque el caso fue sometido anteriormente a otra instancia de protección de derechos humanos y se considera inadmisible (art. 46 CADH); porque el caso es sustancialmente una reproducción de uno ya analizado por la ComIDH (art. 47 CADH); también es posible que el caso se someta a la ComIDH pero que finalice en una solución amistosa (arts. 48 y 49 CADH) o que ni la ComIDH, ni el Estado en cuestión decidan llevar el caso a la CorteIDH (art. 51 y 61 CADH). Puede ocurrir, además, que el caso llegue a la CorteIDH pero que en esa instancia la ComIDH desista y la CorteIDH acepte ese desistimiento (art. 53 Reglamento CorteIDH). Segundo, también puede suceder que la CorteIDH decida el nuevo caso de manera diferente al anterior, sea, porque cambie de parecer, sea porque considere que los casos no son exactamente iguales como para merecer el mismo tratamiento.

Muchas imponderabilidades para considerar seguro el juego de adivinador[25].


El argumento de la evitación de una declaración futura y eventual de responsabilidad internacional proporciona, a lo sumo, una buena razón para tomar en consideración la jurisprudencia de la CorteIDH establecida en casos ajenos al Estado, pero no más que ello. También el principio de buena fe que domina el derecho internacional hablaría a favor de que un Estado que es parte de la CADH y que ha aceptado la competencia de la CorteIDH tenga en consideración la jurisprudencia de este tribunal internacional dictada en casos en los que no ha sido parte. Pero estos argumentos no fundan por sí mismos un deber de aplicar las sentencias de este tribunal en los casos en que el Estado no ha sido parte del proceso internacional, ni tampoco un deber de interpretar la CADH tal como lo hace el tribunal interamericano; y mucho menos estas razones son capaces de fundar un permiso para desaplicar principios constitucionales fundamentales del derecho interno, como ha hecho la CSJN en el caso en comentario. Por otra parte, la utilización de esta jurisprudencia -aunque sea como mero argumento secundario o de apoyo- requiere, como presupuesto básico, que el caso decidido por el tribunal internacional sea de tal modo análogo al que es objeto de decisión por el tribunal interno que permita, sin duda alguna, la traslación de las conclusiones del primero al segundo; sobre esto me ocuparé luego (punto XI).
V. En fin, tampoco del derecho internacional universal surge una obligación de cumplir las decisiones de la CorteIDH que exceda de lo establecido en la CADH. No existe una norma de derecho consuetudinario que afirme que un Estado deba cumplir las decisiones de los órganos de aplicación de un tratado emitidas en casos en los que él no ha sido parte. Además, la regla del pacta sunt servanda del art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CV) sólo requiere que las partes cumplan de buena fe las obligaciones contraídas por un tratado y la CADH obliga a los Estados a cumplir las decisiones de la CorteIDH únicamente en los casos en los que fueron parte del proceso internacional.
VI. Queda todavía por analizar si la jurisprudencia de la CorteIDH es obligatoria para los tribunales argentinos de acuerdo con el derecho interno argentino. Aunque el derecho interamericano sólo obliga a los Estados parte de la Convención Americana a cumplir las decisiones contenciosas de la CorteIDH en los casos en que fueron parte del proceso internacional, nada impide que un Estado conceda a las sentencias de este tribunal internacional efectos vinculantes más amplios.
En Argentina se discute si toda la jurisprudencia de la CorteIDH, así como la de otros órganos internacionales de aplicación de tratados sobre derechos humanos, es obligatoria para los tribunales y otras autoridades nacionales por mandato de la Constitución nacional. La discusión gira en torno a la interpretación del art. 75 inc. 22 CN según la redacción que se le ha dado en la Convención constituyente de 1994; en lo que aquí interesa, esta disposición establece que una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos expresamente especificados, entre los cuales se encuentra la CADH, tienen jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”. Esta última frase ha sido objeto de dos interpretaciones completamente distintas. Llamaré a la primera interpretación tesis de las reservas y a la segunda tesis de la vigencia internacional. Sólo esta última apoya la obligatoriedad de la jurisprudencia de la CorteIDH. Veamos estas posiciones.
Según la tesis de las reservas, la cláusula “en las condiciones de su vigencia” significa que los instrumentos internacionales mencionados en el art. 75 inc. 22 CN se incorporan al derecho constitucional con las reservas y declaraciones que hubiere hecho el Congreso de la Nación al momento de aprobarlos. Según consta en las transcripciones de los debates de la Convención constituyente, ésta era la interpretación de los propios constituyentes.[26].
La tesis de la vigencia internacional sostiene, en cambio, que la frase "en las condiciones de su vigencia" significa que los instrumentos internacionales mencionados se incorporan al derecho constitucional argentino tal como efectivamente rigen en el ámbito internacional y considerando en particular la jurisprudencia de los tribunales u órganos internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De acuerdo con esta posición, cuando un órgano nacional aplica una disposición de la CADH debe guiar su interpretación en la jurisprudencia de la Corte IDH. Existiría, de este modo, una obligación constitucional de seguir la jurisprudencia de la Corte IDH. Esta teoría ha sido desarrollada por la CSJN en el caso Giroldi[27] y confirmada en el caso Simón.[28]

VII. Como he adelantado, sólo si prosperase la tesis de la vigencia internacional podría afirmarse la obligatoriedad general de la jurisprudencia de la CorteIDH con base en el derecho interno (que complementaría a la obligatoriedad de la decisión de la CorteIDH según el art. 68.1 CADH, esto es, sólo respecto al Estado contra el cual se dictó la decisión en el proceso ante el tribunal interamericano). Sin embargo, esta tesis se enfrenta a fuertes objeciones.
Ante todo, esta interpretación conduce en los hechos a una modificación del sistema rígido de reforma constitucional adoptado por la Constitución argentina. Por ello, quien la sostenga, también debe estar dispuesto a reconocer que el constituyente ha modificado, a través de la cláusula “en las condiciones de su vigencia”, el sistema de reforma constitucional. Sin embargo, dado que la Convención constituyente de 1994 no estaba facultada para modificar el régimen de reforma constitucional, esta interpretación resulta poco persuasiva. En lo que sigue desarrollaré esta objeción.
Que la interpretación dada a la cláusula "en las condiciones de su vigencia" por la llamada tesis de la vigencia internacional conduciría en los hechos a una modificación del régimen de reforma constitucional establecido en la Constitución puede demostrarse con lo siguiente: si tal cláusula significase que lo que se incorpora a la Constitución es no sólo el texto del tratado -expresamente mencionado en el art. 75 inc. 22 CN-, sino también la interpretación que de ese texto haga el órgano internacional de control respectivo, entonces cada cambio en la jurisprudencia de este órgano tendría, en los hechos, el efecto de modificar la Constitución. Nótese que la tesis de la vigencia internacional no dice sólo que los tribunales y demás órganos nacionales deben cumplir las decisiones de los órganos internacionales de aplicación de un tratado, sino que la interpretación de estos órganos internacionales es, junto al texto del tratado, parte de la Constitución (“tienen jerarquía constitucional”)[29]. De este modo, según este punto de vista, la jurisprudencia del órgano internacional funcionaría en el orden interno como una nueva norma constitucional y por esa razón sería obligatoria. Se trataría, con todo, de una norma constitucional derivada en la medida que tendría que tener una conexión con el texto del tratado.[30] Así, la CSJN habría declarado la “inconstitucionalidad” de las leyes de Punto final y Obediencia debida con base en la norma constitucional Barrios Altos.[31]
Es evidente entonces que la interpretación que propugna la tesis de la vigencia internacional implica en los hechos un cambio en el sistema de reforma constitucional previsto en el art. 30 CN. Según esta disposición, una reforma de la Constitución requiere del cumplimiento de los siguientes pasos: (a) la declaración de necesidad de reforma por parte del Congreso con el voto de dos terceras partes de sus miembros y (b) la aprobación de la reforma en una convención constituyente convocada el efecto. El Congreso Nacional cumple una función preconstituyente identificando el objeto de la Convención constituyente. Sólo los puntos cuya necesidad de reforma ha sido declarada por el Congreso Nacional pueden ser objeto de discusión y eventualmente modificación por la convención constituyente. Si el constituyente se extralimita de los puntos establecidos por el Congreso, tal reforma es inválida.[32]
Aceptar la tesis de la vigencia internacional implica entonces reconocer que, ahora, junto al sistema originario, extremadamente rígido, de reforma constitucional, existe uno nuevo, extremadamente flexible, que elimina la función preconstituyente del Congreso Nacional y concede el poder constituyente a jueces internacionales que no son elegidos por el pueblo al cual se aplicará la norma y que tampoco necesitan, para ser elegidos, demostrar conocimientos generales de derecho constitucional, ni especiales del derecho constitucional argentino.[33] No parece plausible que nuestros constituyentes de 1994 hayan querido compartir, desde allí en adelante, el poder constituyente con tales representantes internacionales.
Pero el argumento decisivo es otro: ¿si hubieran querido, habrían podido hacerlo? La respuesta es negativa. Como recién vimos, según el régimen constitucional de reforma de la Constitución -que rigió obviamente también la reforma de 1994- corresponde al Congreso de la Nación determinar, a través de una ley de necesidad de reforma, los puntos de la Constitución que pueden reformarse (función preconstituyente) y a la convención constituyente decidir si y, en su caso, cómo han de reformarse (función constituyente). Una ley de necesidad de reforma que se atribuya funciones constituyentes es nula, así como también lo es una reforma constitucional que exceda de los puntos abiertos a discusión por el Congreso. La competencia de la convención constituyente surge, en efecto, de la ley de necesidad de reforma y más allá de los puntos establecidos por esa ley la convención constituyente no tiene facultades. La convención constituyente de 1994 debía ceñirse, por ello, a los puntos explicitados en la ley 24.309 de 1993[34]. Esta ley declaró la necesidad de reforma parcial de la Constitución (art. 1) e identificó puntualmente las disposiciones que podían reformarse (arts. 2 y 3).
También explicitó que la convención constituyente debía ceñirse a los puntos sobre los cuales se había declarado la necesidad de reforma (art. 4) y que cualquier modificación que se apartara de dichos puntos era nula (art. 6). En una disposición separada esta ley enfatizó que la convención constituyente no podía modificar ninguna disposición de la primera parte de la Constitución (art. 7). La reseña de estas disposiciones pone en evidencia que la ley 24.309 no autorizaba a la convención constituyente a modificar el régimen de reforma constitucional previsto en el art. 30 de la CN. Dicho régimen se encuentra regulado, por lo demás, en la primera parte de la Constitución, cuya modificación la ley 24.309 había prohibido explícitamente. Por ello, si la cláusula "en las condiciones de su vigencia" incorporada con la reforma de 1994 fuera entendida como lo hace la tesis de la vigencia internacional, entonces sería inválida[35], porque el constituyente habría modificado con ella el régimen de reforma constitucional, excediendo la competencia asignada por el Congreso Nacional. La tesis de la vigencia internacional no puede entonces ser una interpretación razonable de dicha cláusula, pues no es razonable dar a una norma un sentido que conduce a afirmar su invalidez. Con ello cae la pretensión de fundar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la CorteIDH en el derecho interno.
La tesis de las reservas, por el contrario, no conduce a consecuencias de este tipo. Además, es absolutamente razonable que el constituyente haya querido mantener la eficacia de las reservas y declaraciones que había efectuado nuestro país al ratificar dichos tratados[36]. Así, la reforma constitucional sólo ha elevado a rango constitucional ciertos tratados que ya formaban parte del derecho legal argentino "en las condiciones de su vigencia", esto es, tal como esos instrumentos regían en el derecho interno argentino en virtud de las reservas hechas en los términos de los arts. 19 y siguientes de la CV. La aceptación de la tesis de las reservas tiene, por otra parte, una consecuencia importantísima para el caso que estamos analizando. Si ella es correcta, entonces el constituyente habría reafirmado la vigencia de un principio de legalidad fuerte también con la constitucionalización de tales instrumentos internacionales, pues el Estado argentino había objetado el art. 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICDP) en cuanto establecía un principio de legalidad débil.[37]
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