Ponente: ministro sergio salvador aguirre anguiano



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CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2000-SS

contradicción de tesis 45/2000-SS.

suscitada entre LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO, Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.


PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de septiembre de dos mil.


Vistos, para resolver los autos de la contradicción identificada al rubro; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Por oficio 83/200 de veintidós de marzo de dos mil, el Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, hizo del conocimiento del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de criterios contradictorios sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo y Tercero en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, al resolver, el amparo en revisión 22/93 y el amparo directo 1093/88, respectivamente, en los siguientes términos:
“…Agréguese a sus autos, para que obre como corresponda el escrito de Carlos Quevedo Martínez, como apoderado de José Luis Rosas Leyva y cinco copias del mismo mediante el cual promueve denuncia de contradicción de tesis jurisprudenciales y solicita se remita este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda vez que el promovente formula denuncia de contradicción de tesis jurisprudenciales, con relación a la ejecutoria de amparo por el pleno de este Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el diecisiete de febrero de dos mil, en el recurso de revisión en que se actúa, con fundamento en el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase este expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el original del escrito de denuncia y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal, con una copia de la referida denuncia fórmese cuaderno de antecedentes.”
Por otra parte, el contenido del escrito de denuncia de posible contradicción de tesis, es el siguiente:
H. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.--- PRESENTE.--- Para la improcedencia número A.R. 10/2000, correspondiente a la sesión del diecisiete de febrero del dos mil.--- El presente escrito constituye (denuncia de contradicción para decidir tesis jurisprudenciales contradictorias), en términos de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Federal de la República.- Que a la letra dice lo siguiente: ‘ART. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.- Fracción XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia’, etcétera. Conste.--- CARLOS QUEVEDO MARTÍNEZ, apoderado del actor y ahora quejoso Luis Rosas Leyva, de generales ya conocidas en los autos del amparo y revisión, en primer grado, debidamente estudiados por ese H. Tribunal Colegiado, a quien me dirijo, ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo:--- I.- Que estando en tiempo, forma y de acuerdo a derecho, me presento promoviendo en beneficio de mi representado ‘La denuncia de la contradicción de tesis jurisprudenciales’, pido su admisión y desde luego se envíen los autos a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución, todo esto en relación a los siguientes puntos de hechos y conceptos lógico jurídicos.--- DE HECHOS Y CONCEPTOS LÓGICOS JURÍDICOS.--- PRIMERO.- La responsable H. Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad de México, D.F., conocedora del juicio laboral número 122/99 y que desde luego se declaró incompetente para conocer de la discordia laboral que le fue planteada por el trabajador actor y por conducto del suscrito y por supuesto sin fundar, ni causar debidamente la excusa para seguir conociendo del trámite laboral.--- Por lo tanto, el acuerdo del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se declara incompetente para conocer del trámite laboral, fue debidamente combatido por el suscrito en virtud de mi escrito de demanda de garantías contenida en el juicio de amparo A.-47/2000 de la que a su vez se dictó el acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil, en cuya resolución sobresale entre otras cosas la declaración de improcedencia de la demanda y desechamiento de la misma por la supuesta aplicación de la causal de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de Amparo, según fracción XVIII, en relación a la fracción IV del artículo 114 del mismo cuerpo de leyes.- Y que más que supuestamente se aplica la siguiente jurisprudencia de la compilación de jurisprudencias por contradicción de tesis que dice: Octava Época Instancia: Cuarta Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: IV, Primera Parte.- Tesis: 4a./J. 16.- Página: 333.- INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto.--- Contradicción de tesis 5/89. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pablo V. Monroy Gómez.--- NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, pág. 73.--- SEGUNDO.- El de la voz implore el recurso de revisión, en contra de la resolución de amparo que inadmite mi demanda de garantías cuyo escrito de revisión propuesto a favor de mi mandante el C. José Luis Rosas Leyva, y hecho valer en contra del acuerdo dictado por el C. Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el cuaderno auxiliar número A-47/2000, cuyo acuerdo inadmisorio data de fecha veinte de enero del dos mil, en cuyo escrito estoy formulando una serie de agravios sustanciales entre los que resaltan las violaciones sistemáticas y continuas en agravio de mi representado, de los artículos 144, 145, 149, 156, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en materia laboral y en materia de amparo laboral, se viola además el artículo 123, fracción XXXI de la Constitución General de la República.- Se viola además en agravio de mi representado los artículos 527, párrafo 2, subpárrafo 3, de la Ley Federal del Trabajo, siendo pues que este H. Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, a quien me dirijo, dictó resolución de la sesión del diecisiete de febrero de la presente anualidad dos mil, en cuya resolución nuevamente en el expediente A.R. 10/2000 de la anualidad anotada, insiste en la aplicación equivocada de la jurisprudencia que ya quedó transcrita con antelación y que en obvio de repeticiones pido se dé por reproducida.--- Así las cosas, se viene dando el caso de ‘contradicción de tesis jurisprudenciales’, en virtud de que existen diversas jurisprudencias aplicables para el caso, sin perjuicio de violar el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto a la aplicación de las normas con mejor beneficio del trabajador, por formar parte de las clases más desvalidas de la sociedad.--- Cuyas jurisprudencias desde luego se transcriben al pie de la letra: Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: I, Abril de 1995.-Tesis: 2a. VII/95.- Página: 53.- COMPETENCIA. REQUISITOS PARA QUE LA SEGUNDA SALA PUEDA CONOCER DE UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA. En la jurisprudencia 45/94 de la anterior Cuarta Sala se estableció el siguiente criterio: ‘De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a quien estime competente; y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento, es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre éstos y otro órgano jurisdiccional, pueda llegar a la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.’ Ahora bien, en virtud de las reformas sufridas por los artículos 94, párrafo segundo constitucional, 2o., 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, el Pleno dictó el Acuerdo 1/1995 de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, determinando en los puntos primero y segundo, que la Suprema Corte funcionará además de en Pleno, en dos Salas especializadas, correspondiendo a la Primera las materias civil y penal, y a la Segunda las materias administrativa y del trabajo. En consecuencia, como actualmente la materia laboral compete a la Segunda Sala, a ésta corresponde hacer suyas o modificar las jurisprudencias o tesis aisladas que en materia laboral estableció la anterior Cuarta Sala. En tal medida, se adecua la jurisprudencia reproducida para aludir a la Segunda Sala.--- Competencia 351/94. Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cinco votos. 10 de marzo de 1995. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.--- Octava Época.- Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: III Segunda Parte-2.- Página: 991.- COMPETENCIA. SÓLO DERIVA DE LA LEY NO DE UN CONTRATO. La competencia de las autoridades estatales, es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, que encuentra su fundamento constitucional, en el artículo 16 de la Carta Magna. Entre sus características más importantes, destacan las siguientes: a) Requiere siempre un texto expreso de la ley para poder existir; b) Su ejercicio es obligatorio para el órgano a quien se le atribuye; esto es, no es un derecho del titular del propio órgano; c). Participa de la misma naturaleza que los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos; su ejercicio es permanente, es decir, que no se extingue al ser aplicada; sólo puede ser modificada por otro acto jurídico general y abstracto; d). Únicamente puede tener como finalidad el interés social o el orden público; y, e). La competencia no puede ser objeto de contratos porque no es algo que esté dentro del comercio. En cambio, la naturaleza del contrato es esencialmente contraria a la competencia, ya que los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, son individuales y concretos, es decir que sólo existen para personas determinadas; su ejercicio es temporal e inmodificable por un acto jurídico general y abstracto; y, la cosa objeto del contrato debe estar en el comercio (artículo 1825, del Código Civil para el Distrito Federal). Por otro lado, las características de la competencia, encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual las autoridades del estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que la misma determina. En efecto, si el estado sólo puede tomar determinaciones respecto a casos concretos cuando haya una autorización de la ley, está implícita en esa idea la de que la propia ley sea la que determine el órgano competente para efectuar los actos que autoriza. Y por lo que se refiere a las características del contrato, su fundamento lo encontramos en la teoría de la libertad de los contratantes, según la cual, las partes pueden realizar todo lo que la ley no les prohibe. En estas condiciones, la sola existencia de un contrato celebrado entre la autoridad administrativa y el particular, según el cual éste se obligaba, entre otras prestaciones, al pago de los derechos privados de un servicio público, no es suficiente para considerar que dicha autoridad tuviera competencia para exigir el pago de esos derechos o para determinar créditos en contra del administrado, sin texto expreso de una ley formal o material que apoyara su actuación, en virtud de que, según se ha advertido, la competencia, como poder legal para actuar, sólo debe tener como origen un acto legislativo formal o material y de ninguna manera un acuerdo de voluntades entre el titular de un órgano de la administración pública y un administrado.--- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.--- Amparo directo 1093/88. Playasol, S.A. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.--- TERCERO.- Para reforzar la contradicción de tesis jurisprudenciales, me permito invocar la siguiente, que se transcribe fidedignamente.--- Séptima Época.- Instancia: Cuarta Sala.- Fuente: Apéndice de 1988.- Tomo: Parte II.- Página:692.---COMPETENCIA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL AMPARO DIRECTO NO ES EL MEDIO ADECUADO PARA IMPUGNAR LA CUESTIÓN DE. Si la Junta se declara competente para conocer del juicio laboral sometido a su conocimiento, dicha declaración no entraña ninguna de las violaciones a que se refiere el artículo 159 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe ser impugnada mediante juicio de amparo indirecto y no en el directo que se promueva en contra del laudo correspondiente, dados los términos de los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo.--- Volumen 39, página 27, Amparo directo 3758/71. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.--- Volumen 49, página 32, Amparo directo 2578/72. Pedro Sánchez Fuentes. 3 de enero de 1973. Cinco votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra.--- Volumen 51, página 21, Amparo directo 2822/72. Daniel Trejo González. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.--- Volumen 56, página 27, Amparo directo 6163/72. Julián Granados y otro. 6 de agosto de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.--- Volumen 72, página 25, Amparo directo 3701/74. Junta Federal de Mejoras Materiales de Veracruz, Ver. 12 de marzo de 1975. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.--- Octava Época.- Instancia: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: XII-Septiembre.- Página: 191.- COMPETENCIA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CUESTIONES RELATIVAS DEBEN COMBATIRSE ANTE JUEZ DE DISTRITO. Atendiendo a la naturaleza de la controversia consistente en la declaración de incompetencia de una autoridad y la aceptación de la misma por parte de la actora, ésta es susceptible de ser combatida ante un Juez de Distrito en virtud de que su ejecución es inmediata e irreparable, porque no existe recurso ordinario en su contra, y es precisamente por la imposibilidad de actuar de la Junta estimada incompetente, que de ninguna manera podría volver sobre la decisión de incompetencia y reparar el agravio, así como tampoco es admisible el criterio de que no puede considerarse irreparable el acto, mientras haya la posibilidad de que recaiga sentencia favorable en el juicio que en su caso hubiera de seguirse pues dicha eventualidad no puede, en modo alguno, constituir un criterio jurídico de reparación, pues no se trata de una violación que sólo afecte una etapa del procedimiento, sino que lo afecta en su totalidad por referirse a un presupuesto procesal de fundamental importancia, como lo es la competencia del órgano jurisdiccional.--- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.--- Amparo en revisión 22/93. Enrique Díaz Fondón. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Pedro Arroyo Soto.--- Los criterios que anteceden, los hago valer a contrario sensu por analogía y mayoría de razón, en sentido inverso, el de la voz cumplí debidamente con el mandato jurisprudencial; en la hora y punto que promoví amparo indirecto ante el inferior de garantías, que es precisamente el C. Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, según cuaderno auxiliar número 47/2000, quien precisamente dictó el acuerdo de fecha veinte de enero del dos mil, en contra del cual el suscrito invoqué el recurso de revisión ya especificado.--- CUARTO.- Si a esto agregamos que el contexto de las cartas de porte, que se tienen ofrecidas en el sumario laboral, se acredita debidamente que la responsable incurrió en una marcada equivocación que produjo inexpeditud de justicia en perjuicio de mi mandante, toda vez que al parecer, ni siquiera dicha responsable analizó las cartas de porte por cuanto a su contexto se refiere; en virtud de que en el logotipo de las mismas, se aprecia que el servicio que ofrece la patronal demandada es el fleteo de cargas por rutas de (caminos de jurisdicción federal), esto demuestra que el actor incidentista en el laboral número 122/99 hizo uso de un subterfugio doloso y de mala fe, para desorientar a la responsable, arguyendo que su representada la patronal demandada MARÍA DE LOS ANGELES REYES HERNÁNDEZ y JOSÉ TRINIDAD BUCIO CORREA, dizque supuestamente no gozan de una concesión federal, por el más que supuesto argumento de que en lo actuado no se desprende que gocen de la referida concesión federal, esto es falso de toda falsedad, en virtud de que del propio contexto del logotipo las cartas de porte y de la funcionalidad del trabajo que desarrollo mi mandante a favor de la patronal demandada, que es precisamente el fleteo de cargas por rutas federales con lo que se demuestra que quedó demostrado de sobra lo dispuesto por los numerales 2 y 3 del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Por lo tanto, acreditada en el sumario laboral la materia competencial que prevé el artículo 527 del Texto Laboral Federal, se confirma de una vez por todas la competencia de la responsable para conocer de la discordia laboral.--- Esto conlleva a demostrar que ante la negativa de la responsable en conocer del laboral (sic), según la resolución anotada como acto reclamado en mi demanda de amparo conocida en el auxiliar número A.-47/2000 tramitado a cargo del H. Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, cuya negativa corresponde al propio acto reclamado, debió concederse el amparo mi representado por disposición jurisprudencial del caso de (contradicción de jurisprudencias), para mayor perfección de lo dicho, es de advertirse que la jurisprudencia sustentada por el Juzgador de garantías de primer grado la que de nueva cuenta transcribo fidedignamente, no tiene aplicación para denegar la admisión del amparo, en virtud de que se omitió una técnica interpretación de su contenido literal, que se refiere a la inadmisión del amparo indirecto, dejando a salvo otros medios legales de defensa, como es el caso del amparo directo.--- Octava Época.- Instancia: Cuarta Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: IV Primera Parte.- Tesis: 4a./J. 16.- Página: 333.--- INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto.--- Contradicción de tesis 5/89. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 13 de noviembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pablo V. Monroy Gómez.--- NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, pág. 73.--- QUINTO.- Se confirman nuevamente las contradicciones jurisprudenciales, en virtud de que para el caso se ofrece otra jurisprudencia más que a la letra dice lo siguiente: Séptima Época.- Instancia: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: 91-96 Sexta Parte.- Página: 255.--- TRANSPORTES. CONCESIONES FEDERALES A TRANSPORTISTAS LOCALES. Si las autoridades federales, mediante simples acuerdos o mediante resoluciones, conceden a transportistas locales el derecho de usar o explotar carreteras federales compartiendo el servicio con quienes tenían los permisos o concesiones para hacerlo con derecho a operar con exclusión de los transportistas locales, es evidente que para satisfacer las garantías de audiencia y de debido proceso legal consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debieron previamente dar a conocer a los afectados los planes o estudios realizados, y oír con pruebas y alegatos en defensa de sus intereses, pues de lo contrario los privan de derechos de exclusividad y los afectan en sus actividades concesionadas, sin haberles seguido un juicio ante los tribunales, sin haberlos oído en defensa de sus derechos, y sin fundar y motivar las molestias que les causan. Luego, en tales casos, debe concederse el amparo contra las resoluciones de que se trata, a fin de que se reponga el procedimiento administrativo y se respeten a los afectados los derechos constitucionales que se señalaron, dejando sin efecto las resoluciones o acuerdos inconstitucionales.--- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.--- Amparo en revisión 584/75. Juan Manrique Urías y coagraviados. 3 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.--- Con lo que se demuestra confirmativamente y en virtud de las cartas de porte glosadas en el sumario laboral. Que la función de la patronal es el fleteo de cargas por vías o carreteras federales y que no necesariamente se necesita tener concesión alguna, sino simplemente con simples acuerdos; además, conlleva a demostrar que es falso de toda falsedad que la carga de la prueba de que la patronal demandada dispone de una concesión, le corresponde a mi representado, toda vez que desde el inicio del trámite laboral está acreditado con cartas de porte y la tarjeta de circulación del tracto camión que manejaba expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la actividad transportista de la propia patronal demandada.--- Ahora bien, el acuerdo de fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado por la responsable, mismo que constituye el acto reclamado en mi libelo de demanda de garantías propuesta a cargo del juzgador de garantías de primer grado, dicho acuerdo es del todo infundado y violatorio del artículo 16 constitucional cuya infundamentación e inmotivación se preceptúa en lo dispuesto por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante jurisprudencia firme dice lo siguiente: Séptima Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: 97-102 Tercera Parte.- Página: 143.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.--- Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.--- Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.--- Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.--- Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu.--- NOTA.- Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis 373, página 636.--- Finalmente, la interpretación de esta jurisprudencia, debió considerarse en el amparo indirecto que el de la voz propuse, situación que jamás tomó en cuenta el inferior de garantías, desde luego tampoco consideró el revisor, todo esto induce a que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, deba dirimir la contradicción jurisprudencial ya referida.--- DE DERECHO.--- Norman este escrito los artículos ya puntualizados en el cuerpo del mismo y que en obvio de repetición, pido se den por reproducidos.--- Por lo expuesto, a ustedes CC. Magistrados, pido se sirvan: PRIMERO.- Se me tenga por presente en los términos de este ocurso, promoviendo contradicción de jurisprudencias las que quedaron puntualizadas con antelación.--- SEGUNDO.- Se haga llegar por su honorable conducto judicial a la superioridad, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su estudio y resolución.--- TERCERO.- Que llegando este escrito a su destino se resuelva la contradicción de jurisprudencias y se determine en definitiva que la responsable deberá de conocer del procedimiento laboral ya especificado.--- PROTESTO LO NECESARIO.--- UNIÓN Y FUERZA POR NUESTROS DERECHOS.--- México, Distrito Federal, a veinte de marzo del dos mil.--- CARLOS QUEVEDO MARTÍNEZ.”
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