Poder judicial camara II sala III parana pcia. Entre rios



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PODER JUDICIAL

CAMARA II - SALA III

PARANA - PCIA. ENTRE RIOS


Autos: Nº 7347 "DIAZ JAVIER ALEJANDRO C/ DIAZ LEOPOLDO CESAR S/ MEDIDA CAUTELAR INTERVENCION JUDICIAL / ADMINISTRACION JUDICIAL-

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PARANA, 08 de marzo de 2016.-



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- Viene apelada la resolución de fs. 1144/7 que dispuso el levantamiento de la medida de prohibición de navegar y de traslado de la embarcación denominada "Bárbara"; levantamiento solicitado por el socio actor en autos principales y que invocó ser el dueño actual del bien.

2.- Concedido el precedente recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo, el peticionario del levantamiento de la prohibición de navegar, solicitó la determinación de contracautela por parte del apelante, a fin de resguardarse de los perjuicios que el tiempo del trámite del recurso pudiera ocasionarle al apelado. El juez accedió a la fijación de contracautela a fs. 1174 con fundamento en el art. 196 CPCC. Ello motivó a su vez, la interposición de recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra esa decisión, por parte del apelante de fs. 1144/7.

Rechazada la revocatoria, se concedió en relación y con efecto suspensivo la apelación contra la decisión de fs. 1174.



3.- Por último, vienen los autos para resolver el recurso de apelación contra la regulación de honorarios efectuada al ex- interventor judicial Cr. Kuster a fs. 1229/1231; apelación que fue interpuesta por el beneficiario de tal regulación y concedido el recurso en relación y con efecto suspensivo, por interpretar el juzgador que se estaba discutiendo en el caso la base económica sobre la cual se habían regulado tales emolumentos.

El apelante expresó agravios a fs. 1247/51. A fs. 1256/7 y 1263/9 obra la contestación de agravios de los apelados socios.



4.- Resulta condición insoslayable de la pieza de agravios, que la misma contenga una concreta referencia a los puntos del pronunciamiento con los cuales se disiente, divergencia que debe precisar, ineludiblemente, la manifestación de la solución que se pretende, cuál o cuáles son las pruebas en que se sustenta la revocación del fallo impugnado y su fundamentación legal -art. 257 del C.P.C.- (cfr. Cám.Segunda Pná, Sala II: "Rosemberg c/Rosales" y sus citas, 19/3/90; "Banca Nazionale del Lavoro c/Heyda", L.A.S. 8/4/92). Con acierto se ha señalado que una correcta hermenéutica recursiva impone distinguir adecuadamente la diferencia que existe entre criticar y disentir. Mientras lo primero implica un ataque directo y pertinente de la fundamentación de la sentencia, formulando la demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiere contener, lo segundo -disentir- es proponer sólo el desacuerdo con lo resuelto, lo que no tiene relevancia procesal si no se fundamenta la oposición ni se dan las bases jurídicas que sustentan un distinto punto de vista. Por ello, la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el tribunal de alzada las supuestas injusticias o errores que el fallo apelado pudiere contener, sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia los elementos de hecho y de derecho que le dan la razón a quien protesta (esta Sala en: "Intermedios c. Drescher" expte nº 5652, 21/06/2011 -voto Dra. Ramirez Amable-).

El recurrente del resolutorio apelado de fs. 1144/7 se limita a señalar en sus agravios obrantes a fs. 1187/8 lo errado del levantamiento de la prohibición de circular de la embarcación "Bárbara", reiterando similares sino idénticos argumentos que los brindados al juez de primera instancia en oportunidad de solicitar la medida cautelar que resultó levantada en el decisorio recurrido: aquellos referidos al cuestionamiento del negocio fraudulento de la venta del pontón "Bárbara", que habría efectuado el interventor judicial actuante y en el que participaría el socio que solicitó el levantamiento de la referida prohibición de navegar. Señalando que la convalidación del levantamiento de la prohibición podría llegar a configurar la convalidación de un mecanismo de vaciamiento de la empresa, al pretender el socio con el que mantiene la controversia, presentarse como propietario de otros bienes de la empresa, mediante el mismo indirecto mecanismo.

Reconoció, no obstante, la razón de uno de los argumentos principales dados por el juez, cual era que la nulidad o declaración de fraude de la referida venta del pontón debería ventilarse en un juicio diferente al principal al que accede la presente medida cautelar de intervención y administración judicial de la sociedad anónima. Y nada expuso respecto de las consideraciones efectuadas por el a-quo respecto del levantamiento de la misma medida cautelar solicitada en esta sede, por parte del juez de instrucción y la imposibilidad de entrometerse en las decisiones judiciales dictadas por otro magistrado, que expuso como fundamento para decidir el levantamiento de la medida en cuestión.

Ello así, ninguna crítica razonada, concreta o que demuestre el error incurrido en la instancia anterior ha sido vertida, respecto de argumentos que resultaron centrales para arribar a la admisión del pedido de levantamiento de la prohibición de navegar y circular de la embarcación "Bárbara".

En consecuencia, el recurso de apelación contra la decisión de fs. 1144/7 debe declararse desierto, conforme denunciara la apelada, arts. 257 y 258 CPCC.

5.- Que, en tanto se declara desierto el recurso anterior y por tanto queda firme la decisión de levantamiento de la medida cautelar que sirvió de fundamento al juez para exigir contracautela, el recurso de la apelación contra la decisión de fs. 1174, deviene abstracto por sustracción de materia a decidir (cfr. Louftayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", T I, pág. 202/203, Astrea 1989), correspondiendo en consecuencia el rechazo de tal apelación.

6.- Las costas de los precedentes recursos desestimados, se imponen a la vencida, art. 65 CPCC. Aclarándose que se efectuará una única regulación de Alzada en tanto se trata de dos aspectos de una misma cuestión: el levantamiento o bien el mantenimiento de la medida dictada en su oportunidad por el a-quo.

7.- Resta tratar el recurso de apelación de honorarios de quien fuera interventor judicial designado en autos, cargo del que resultó sustituido a su pedido. Aclarando para ello que el derecho a la regulación de honorarios por el trabajo realizado sin necesidad de aprobación del informe de la gestión encomendada, fue reconocido por el a-quo a fs. 1037, decisión firme y consentida las partes.

Para ello resulta necesario ponderar la tarea llevada a cabo con su intervención. Ello puesto que a los efectos regulatorios "...hay que considerar el monto de las utilidades realizadas durante la gestión, como también la calidad, extensión y eficacia del trabajo realizado" (Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, págs. 728/729 citado por la Cám Civ. y Com. Paraná, Sala II in re: "G.F.A. c/ B.R.A. s/ Divorcio Vincular", 27/03/2002). La ley arancelaria local -art. 123- aplicada por el a-quo para estimar honorarios del interventor, fija similares pautas a las que cabe estar. Aclarando asimismo que la ley de sociedades no establece pauta alguna para tal desempeño y que aquellas son similares al criterio regulatorio fijado en el CPCC, art. 224 2º párr.

De las constancias obrantes en autos se desprende que el perito no logró cumplir con la presentación de los balances de la sociedad, pese a que contrató y pagó personal para ello y siendo que ello era una de las irregularidades en las que su fundó el pedido de intervención de la administración de la sociedad anónima. Su desempeño se limitó, conforme constancias de autos e informes presentados, a la realización de actos de administración corrientes, vinculados particularmente a algún pago parcial de deudas impositivas, al pago de sueldos y a la venta de bienes de uso de la sociedad -entre los que se encuentra la del pontón "Bárbara", operación cuya regularidad se encuentra actualmente en tela de juicio en sede penal-. Se señala además que el interventor, sin la debida autorización judicial, detrajo sumas de la administración encomendada, "a cuenta" de su remuneración, sin haber solicitado al juez ni su determinación previa ni su periodicidad; circunstancia que también resultó ponderada por el sentenciante al momento de establecer la ecuanimidad de la decisión regulatoria.

A partir de las premisas señaladas y constancias de autos, cabe colegir que por las efectivas tareas desempeñadas por el administrador judicial designado, teniendo solo como pauta indirecta en la regulación las sumas de dinero administradas en el período de tiempo de actuación como administrador de "Díaz e Hijos S.A.", se concluye que los honorarios regulados en la instancia anterior no resultan bajos, debiendo ser confirmados.



8.- Atento a la declaración de deserción del recurso, no cabe regular honorarios al letrado apelante por ser su actuación inoficiosa, art. 9 L.A. Respecto de los honorarios de la apelada, se estiman conforme el valor cuestionado en el recurso, art. 64 L.A..

El recurso de honorarios, no lleva imposición de costas ni honorarios, conforme el criterio judicial que a este tipo de cuestiones aplica esta Sala, que reiteradamente ha sostenido que no corresponde imponer costas ni regular honorarios en los trámites dirigidos a la fijación de honorarios profesionales (cfr. "Gamarra Aurelia Isolina c/ Michelin Fabricio Leandro y otro s/ inc. Regulación Provisoria de Honorarios- nº 6427 , 21/10/2010).



9.- Finalmente, debe señalarse a la Secretaría actuante respecto del incorrecto modo de desglosar el escrito de interposición del recurso apelación -cfr. const. fs. 1238/1242- al no haberse consignado los recaudos que establece el art. 242 CPCC (fecha de presentación del escrito y domicilio constituido, en su caso) tal como -por otra parte- fue ordenado por el juez a fs. 1245. Que a fin de controlar la temporaneidad del recurso en cuestión y en aras a evitar lesiones al derecho de defensa del apelante, la omisión de la Secretaría de primera instancia debió, en el particular caso de autos, ser salvada por este tribunal mediante el cotejo de la fecha consignada en el escrito desglosado que obra aún anejado a la carátula del expediente para su devolución.

Por ello;


SE RESUELVE: 
1º) Declarar desiertos los recursos contra la resolución de fs. 1144/1147.

2º) Rechazar el recurso de apelación contra la resolución de fs. 1174/vta., por haberse vuelto abstracto el planteo.

3º) Costas de Alzada al apelante vencido, art. 65 C.P.C. y C.

4º) Confirmar los honorarios regulados a fs. 1229/1231.

Regístrese, notifíquese y bajen.


Valentina Ramirez Amable Virgilio Alejandro Galanti

En igual fecha se registró. Conste.



Sandra Ciarrocca

Secretaria de Cámara


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