Pettigiani, de Lázzari, Hitters, Negri, Soria, Kogan, Domínguez



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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de febrero de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Hitters, Negri, Soria, Kogan, Domínguez, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia a partir de lo dispuesto oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la presente causa C. 100.580 "De Jesús, Víctor y otro contra Provincia de Buenos Aires ‑D.G. de Escuelas-. Daños y perjuicios".



A N T E C E D E N T E S

Esta Suprema Corte de Justicia rechazó, con fecha 10-IX-2008, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial a fs. 474/481 vta., confirmando la sentencia recurrida de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (fs. 459/470), la que a su turno había confirmado la decisión de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 8, 10 y 19 de la ley 12.836 y su inaplicabilidad al caso (fs. 431/432 vta.).

Contra dicho decisorio se alzó la accionada mediante recurso extraordinario federal, que luce a fs. 524/538, cuyo traslado fuera evacuado por la parte actora a fs. 542/546 vta., siendo concedido a fs. 547/547 vta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la nuevas modificaciones introducidas al régimen de consolidación de deudas de la Provincia de Buenos Aires por la ley 13.929 (B.O.P. 30-XII-2008) dispuso devolver los autos a este Tribunal para que, con carácter previo a resolver el recurso extraordinario federal, interprete el alcance que cabe asignar al mencionado estatuto legal y su aplicabilidad al caso, lo que es materia ajena a la jurisdicción apelada, atento a que podría tornarse abstracta la cuestión que se pretende someter a su decisión (fs. 556/557).

Ya en esta sede, se corrió traslado a las partes para que las mismas formulen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación a la ley 13.929, en cuanto modifica la ley 12.836 -mod. ley 13.436- (fs. 561).

La accionada contesta traslado a fs. 602/606 vta. y el apoderado de la parte actora lo hace a fs. 608/611 vta.

En este estado, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera: ¿La presentación de fs. 611/vta. importa el desistimiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 12.836 -mod. leyes 13.436 y 13.929-?.

En caso negativo:

Segunda: ¿Con la modificación introducida por la ley 13.929 a la ley 12.836 se han superado los señalamientos que justificaron la declaración de la inconstitucionalidad de sus arts. 8, 10 y 19 y su inaplicabilidad al caso?



V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Pettigiani dijo:

1. Nos encontramos en el marco de una acción entablada por Víctor de Jesús y Elvira Maidana por sí y en representación de su hija -entonces menor- Rocío Soledad De Jesús, contra la Provincia de Buenos Aires (entonces Dirección General de Escuelas -hoy Dirección General de Cultura y Educación-) cuya pretensión es el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el siniestro padecido por la menor el día 10 de septiembre de 1999 en la Escuela n° 37 "Bernardino Rivadavia" de Monte Grande, donde cursaba sus estudios, que le ocasionara, producto de las lesiones sufridas, una incapacidad parcial y permanente.

Acogida la demanda (v. fs. 393/398 vta.) y ya en etapa de ejecución de sentencia, ante la impugnación de la accionada a la liquidación practicada requiriendo la aplicación de la Ley de Consolidación de deudas provinciales 12.836 (v. fs. 403/404 y 408/409), se presentó la accionante a fs. 411/415 evacuando espontáneamente el traslado (con fecha 15-IX-2005) oponiendo la inconstitucionalidad de las leyes 12.727 y 12.836 y su inaplicabilidad al caso, planteo cuyo traslado fue contestado por la accionada a fs. 417/421.

Oportunamente, la jueza de primera instancia declaró, con fecha 4-IV-2006, la inconstitucionalidad de los arts. 8, 10 y 19 de la ley 12.836 y su inaplicabilidad al caso (fs. 431/432 vta.), decisorio que fue confirmado por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con fecha 17-X-2006 (fs.459/470), resolución esta última que fue confirmada por esta Suprema Corte de Justicia, con fecha 10-IX-2008, al rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el demandado, ocasión en la que se expidió también en relación a la reforma introducida por la ley 13.436 a la ley 12.836 (v. fs. 501/519).

Deducido por el Fisco de la Provincia recurso extraordinario federal, previa sustanciación, el mismo fue concedido elevándose los autos a la Corte Suprema de Justicia (v. fs. 524/538, 542/546 y 547/547 vta. y 551).

El superior Tribunal nacional, en virtud de la nuevas modificaciones introducidas al régimen de consolidación de deudas de la Provincia de Buenos Aires por la ley 13.929 (B.O.P. 30-XII-2008) resolvió devolver los autos a esta Corte para que, con carácter previo a resolver el recurso extraordinario federal, interprete el alcance que cabe asignar al mencionado estatuto legal y su aplicabilidad al caso, lo que consideró es materia ajena a la jurisdicción apelada, en atención a que podría tornarse abstracta la cuestión que se pretende someter a su decisión (fs. 556/557).

Ya en esta sede se corrió traslado a las partes para que las mismas formulen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación a la ley 13.929, en cuanto modifica la ley 12.836 -mod. por ley 13.436- (fs. 561).

La accionada contesta traslado a fs. 602/606 vta. y el apoderado de la parte actora lo hizo a fs. 608/611 vta.

2. En el último escrito de referencia, el doctor Eduardo Roberts, apoderado de los accionantes, de un lado toma intervención ahora también por Rocío Soledad de Jesús por sí, al haber alcanzado ésta la mayoría de edad, en orden al poder general para representar en juicio otorgado, solicitando el cese de la intervención del señor Asesor de Menores y, del otro, opta en nombre de la parte que representa por el pago al contado previsto en el art. 54 de la ley 13.929.

En lo que aquí interesa, en relación a la opción de pago al contado tomada por la parte, la reforma de la ley 13.929 a la ley 12.836 vino a poner un plazo máximo para la cancelación de las deudas consolidadas, lo que no estaba contemplado en la reforma introducida por la ley 13.436 que introdujo en la ley de consolidación de marras la opción por pago al contado.

Lo expuesto implica el sometimiento voluntario de la parte accionante al régimen de consolidación de deudas establecido por la ley 12.836 -mod. ley 13.436- con las modificaciones introducidas por el art. 54 de la ley 13.929, importando el desistimiento del planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso articulado respecto de su texto original y sostenido en relación a la modificación introducida por la ley 13.436 (v. fs. 450/454 vta. y 542/546 vta.).

En virtud de ello deviene abstracta la cuestión sostenida en el recurso extraordinario federal articulado por el Fisco de la Provincia que diera motivo al reenvío ‑previo a resolver- de la Corte Suprema de Justicia, lo que así corresponde declarar, con costas por su orden atento a la solución que se propicia (arts. 68, 2da. parte, 73 y 289 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. Discrepo cordialmente con el distinguido colega, doctor Pettigiani, puesto que -en mi opinión- el primer interrogante merece respuesta negativa.

I.- 1.- En primer lugar se debe considerar la cuestión del desistimiento (del derecho, hemos de suponer), y la interpretación que ha de darse a las lacónicas expresiones vertidas por el representante de la parte actora a fs. 611 vta.

La renuncia que alguien hace de sus propios derechos (de no otra cosa se trata un desistimiento), aún cuando pueda ser tácita, nunca se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (arts. 873 y 874 del Código Civil y 306 del C.P.C.C.). Así lo ha sostenido esta Suprema Corte (ver causas C. 102.209, sent. del 25-II-2009; L. 79.604, sent. del 1-X-2003; C. 98.837, sent. del 2-VII-2010; etc.).

Es más: tratándose de la renuncia de un derecho litigioso le son aplicables las reglas referidas a las transacciones (remisión que se hace en el art. 871 a la norma contenida en el art. 838, siempre de la ley de fondo).

A la luz de tales parámetros, la escueta manifestación a que nos venimos refiriendo (los tres últimos renglones del escrito de fs. 611 y vta.) no alcanza para que la misma pueda ser considerada una renuncia o desistimiento del ataque a la validez constitucional de la normativa de la consolidación.



I.- 2.- Por otra parte hemos de tener en cuenta las excepcionales circunstancias por las que la causa vuelve a esta jurisdicción.

Nuestro pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la ley de consolidación y sus modificatorias, fue impugnado por la vía del recurso federal, el que fue oportunamente concedido. Cuando el expediente se hallaba radicado ante la Corte de la Nación, se produjo el dictado de la ley 13.929, con la que se intentó salvar las objeciones que precisamente ese Tribunal había formulado -en la causa "Mochi"- a la redacción de la ley 12.836 y sus modificaciones. Ante ello, se devolvieron las actuaciones a esta sede para que nos pronunciáramos "acerca de la aplicabilidad al caso del mencionado estatuto legal" (ver. fs. 556 vta./557).

Es decir: el superior Tribunal de la Nación ha establecido el marco dentro del cual hemos de renovar nuestra intervención en la causa, reduciéndolo a la verificación de si las nuevas modificaciones superan los valladares que se habían opuesto a la consolidación local. Por nuestra parte, habiéndonos desprendido de la jurisdicción sobre la causa -al conceder el recurso federal- nos encontramos restringidos a expedirnos exclusivamente sobre aquello que expresamente nos ha sido encomendado.

Ello también resulta un argumento para dar respuesta negativa a la primera cuestión planteada.



II.- Las razones que dejo brevemente enumeradas me convencen de que, a esta primera cuestión, debe contestarse por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del doctor de Lázzari y doy el mío por la negativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la negativa.

A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo:

1. Adhiero al voto del doctor Pettigiani.

a. En el sub lite se discute la constitucionalidad del régimen de consolidación provincial estatuido por ley 12.836.

Ahora bien, como reseña el ponente, la Corte Suprema de la Nación dispuso que "Toda vez que la ley 13.929 ha introducido nuevas modificaciones al régimen de consolidación de deudas de la Provincia de Buenos Aires que podrían tornar abstracta la cuestión que se pretende someter a decisión de esta Corte por la vía del recurso extraordinario, y que la interpretación que cabe asignar a esa disposición es materia ajena a la jurisdicción apelada, corresponde devolver los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, con carácter previo resuelva acerca de la aplicabilidad al caso del mencionado estatuto legal" (v. fs. 556/557).

b. Arribados los autos a este Tribunal, mediante auto de fs. 561 se corrió traslado a las partes a efectos de que formulen las alegaciones que estimen pertinentes a la luz de las modificaciones introducidas por la ley 13.929 al régimen de consolidación de la ley 12.836 cuya constitucionalidad se debate en la causa.

Ello motivó la presentación de la actora obrante a fs. 611 en la cual textualmente expresó que, venía a contestar el traslado antes mentado "en el sentido de la aplicación de ley 13.929", manifestando que "[su] parte viene a optar por el procedimiento de pago en efectivo, conforme la norma contenida en el art. 54 de la ley 13.929".

Tales expresiones importan -como entiende el doctor Pettigiani- un voluntario sometimiento al régimen legal en cuestión.

Adviértase que, en esta ocasión, contrariamente a la posición adoptada con relación al texto originario de la ley 12.836, como así también al ordenado con la sanción de la ley 13.436, que merecieron la resistencia a su aplicación, la actora optó expresamente por el pago en efectivo contemplado en el art. 54 de la ley 13.929.

Con ser escuetas, tales expresiones resultan claras en punto a la voluntad que portan de someterse al sistema de pago referido. Su carácter lacónico hace no sólo a su brevedad sino también a su concisión.

c. De otra parte, tratándose de un derecho litigioso se ha dado cumplimiento a la forma requerida por el art. 838 del Código Civil -por remisión del art. 871 del citado ordenamiento- en tanto ha sido presentada ante el tribunal interviniente, firmada por la interesada.

2. Por todo ello, reitero mi adhesión al voto del doctor Pettigiani y doy el mío por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa.



A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Domínguez dijo:

Adhiero al voto del doctor Pettigiani.

El art. 873 del Código Civil dispone que la renuncia no está sujeta a forma alguna. Puede tener lugar aún tácitamente a excepción de los casos en que la ley exige que sea manifestada en forma expresa. Eso sí: la intención de renunciar no se presume, debiendo aplicarse en su interpretación una regla restrictiva (art. 874, C.C.).

Pero a fs. 611 y vta. en oportunidad de contestar el traslado conferido el apoderado de la parte actora -con posterioridad a la demandada- manifiesta al margen de toda duda que "... En tal sentido, esta parte viene a optar por el procedimiento de pago en efectivo, conforme a la norma contenida en el art. 54 de la ley 13.929".

Aún más, en el encabezamiento del escrito postulatorio ya adelanta que ejerce opción.

Y esta última, en el marco que la caracteriza, se contrapone a lo que venía sosteniendo, pero al aceptar tan claramente la opción de la ley 13.929, evidentemente, también en mi criterio esta desestimando lo anteriormente sostenido en cuanto a la validez constitucional de la normativa que ahora acepta en la modalidad de pago en efectivo.

La conveniencia o mérito de esta decisión de la parte relacionada con derechos patrimoniales, en la especie, escapa al ámbito de este Tribunal -y por otra parte- la actora ya no podría alegar más nada al respecto, es decir, después de esta decisión. En estas circunstancias toda opinión destinada a desentrañar si con la reforma de la ley 13.929 han sido superadas las diferencias con la ley nacional, sería en el sólo interés de la ley.

Y al remitir las actuaciones la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación advierte que las modificaciones introducidas por la ley 13.929 podrían tornar abstracta la cuestión que se pretende someter a decisión por la vía del recurso extraordinario, aunque en el caso, median otros motivos.

Las partes procesales -como también sus representantes- en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, pueden elegir dentro de un ámbito discrecional delimitado por la ley. Por ello, una vez ejercida una opción, es en virtud del principio de la buena fe, que impone a las partes mantener coherencia en sus decisiones a fin de no crear situaciones sorpresivas a los demás sujetos del proceso.

Sentado ello, mal puede luego mutar su decisión sin violar la doctrina de los actos propios, doctrina ésta que deriva del mencionado principio de buena fe procesal.

Si bien la teoría de los propios actos tuvo su origen en el derecho romano, su influencia ha alcanzado no solo al derecho hispano, sino también en el derecho anglosajón, con el instituto de "stoppel" y en el derecho alemán con la "werwirkug" y más allá de que su ámbito de aplicación fue en un principio el derecho privado, su uso se ha extendido sin discusión alguna al derecho procesal. Así la regla venire contra factum propium non valet preserva -dentro del proceso- la necesidad de guardar un comportamiento coherente protegiendo a buena fe de los demás partícipes del proceso.

Tal es así que el doctor Alejandro Borda ‑haciendo suya la doctrina emergente del máximo Tribunal nacional- afirmó que: "No es eficaz la invocada violación de garantías constitucionales cuando el perjuicio sufrido deriva de la propia conducta discrecional del recurrente." (conf. autor citado en "La teoría de los Actos Propios", Ed. Abeledo Perrot, 3ra. Edición, año 2000, pág. 147, Fallo C.S.J.N. "Girotti Albini de Somini, Magdalena" del 30-IV-1987).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde abocarse al tratamiento de esta segunda.

Los señores jueces doctores de Lázzari, Hitters, Negri, Soria, Kogan y Domínguez, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión en idéntico sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se declara que la presentación de fs. 611/vta. importa el desistimiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 12.836 -mod. leyes 13.436 y 13.929- realizado oportunamente por la parte actora, lo que torna abstracta la cuestión sostenida en el recurso extraordinario federal articulado por el Fisco de la Provincia que diera motivo al reenvío -previo a resolver- de la Corte Suprema de Justicia. La causa deberá volver a ese Tribunal nacional a sus efectos (conf. art. 289, C.P.C.C.).

Costas por su orden, atento a la solución que se propicia (conf. art. 68, 2da. parte, Cód. cit.).

Notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI


EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA JUAN CARLOS HITTERS


HILDA KOGAN FEDERICO GUILLERMO DOMINGUEZ


CARLOS E. CAMPS



Secretario


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