PensióN, indexación aplica a pensiones obtenidas antes de 1991



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LAS SENTENCIAS PROFERIDAS INCURREN EN UNA CAUSAL DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

De conformidad con los hechos, la Sala debe reiterar que cuando se calcula el monto de la mesada pensional con base en un ingreso significativamente menor al que el extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, se contraría el mandato constitucional del derecho a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. Así como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad del pensionado cuando, aún después de haber agotado todos los medios de justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que la violación de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un fallo judicial. Este derecho como ya se explicó, en extenso, en la parte motiva de esta providencia, es aplicable a todas las categorías de los pensionados inclusive a aquellos que les fue reconocido el derecho con anterioridad a la vigencia de 1991.


Por ello, las decisiones proferidas dentro de los procesos judiciales que negaron el derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada pensional, incurren en una de las causales específicas de procedencia de la acción contra providencia judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución que consiste en:
Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
En este orden de ideas, el amparo será concedido.


      1. DECISIONES QUE ADOPTARÁ LA SALA EN LOS ASUNTOS ESTUDIADOS




        1. Fórmula para su reconocimiento

Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el cálculo de la indexación se deberá dar de conformidad con la fórmula establecida en la Sentencia T-098 de 2005.


La fórmula establecida en la Sentencia T-098 de 2005 es la siguiente:
5. Fórmula que deberá aplicar el Citibank para efectuar la indexación de la primera mesada pensional del actor.
El ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R= Rh índice final

Índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.
Debe determinarse así el valor de la primera mesada pensional actualizada a 10 de diciembre de 1980. El Citibank Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable.
Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos fueron pagados.48
La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final

Índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones.”


        1. Contabilización del término de prescripción

Como lo explicó esta Corporación en la Sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 201249, la indeterminación en la existencia del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, y la negativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a su reconocimiento para las pensiones causadas con anterioridad a 1991, merece una consideración distinta respecto del momento desde el cual se reconoce la indexación de las mesadas pensionales a los demandantes.


En aquella oportunidad, la Corte consideró: (i) que sería desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto, ya que sólo hasta ese momento –la sentencia de unificación- hay claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, de manera que sólo desde la expedición de la sentencia SU existe certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento; (ii) que, en caso de ordenar el pago retroactivo de la indexación desde la fecha en la que se presentó la primera reclamación a la entidad, se pondría en riesgo la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones; y (iii) que la divergencia interpretativa sobre su procedencia de la indexación para aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de la providencia de unificación se genere un derecho cierto y exigible.
Por lo tanto, una vez verificada la existencia de un defecto en las sentencias que negaban el derecho a la indexación de la primera mesada pensional a las pensiones reconocidas antes de la Constitución de 1991, la Sentencia SU-1073 de 2012 ordenó directamente a cada una de las entidades la indexación inmediata de la mesada pensional y reconoció el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando el término de prescripción a partir de la fecha de expedición de la sentencia de unificación, por cuanto sólo desde ese momento no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones fueron causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a dicha indexación.
En este orden de ideas, en la parte resolutiva de cada uno de los casos en estudio, se ordenará directamente a cada entidad, la indexación inmediata de la mesada pensional y se reconocerá el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho término –el término de prescripción- a partir de la fecha de expedición de esta la Sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012, por cuanto desde esta fecha no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones fueron causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a dicha indexación.
En relación, con las providencias proferidas dentro de los procesos ordinarios, la actualidad de la vulneración hace que éstas no se puedan confirmar, incluso si concedieron la indexación, en razón a que el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, sólo fue determinado a partir de la sentencia de unificación por la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Norma Superior.


        1. EXPEDIENTE T-3.496.735

La Sala revocará la sentencia proferida el 29 de marzo de 2012, adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 22 de febrero de 2012, en su lugar, se concederá el amparo de los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales al señor Guillermo Giraldo Jiménez, en los términos referidos en la presente providencia.


De igual manera, se dejará sin efecto las sentencias del 8 de junio de 2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la del 10 de julio de 2009, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la sentencia emitida el 31 de marzo de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor Guillermo Giraldo Jiménez contra el Banco Cafetero.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento de esta providencia, se ordenará al Banco Cafetero, o a quien haga sus veces, y al Banco Popular que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Pablo Enrique Murcia Gómez. De igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de la Sentencia SU-1073 de 2012.


        1. EXPEDIENTE T-3.578.059

La Sala dejará sin efecto las sentencias del 6 de diciembre de 2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la del 31 de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la sentencia emitida el 4 de julio de 2008 por el Juzgado 18 Laboral de del Circuito de Bogotá dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez contra AVIANCA S.A.


En aras de obtener el efectivo cumplimiento de esta providencia, se ordenará a AVIANCA S.A., que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez. De igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de la Sentencia SU-1073 de 2012.


  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,


RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de los términos para decidir, ordenada mediante auto del veintinueve (29) de noviembre de 2012.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de marzo de 2012, adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del expediente T-3.496.735 y el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 22 de febrero de 2012, en su lugar, CONCEDER EL AMPARO de los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales al señor Guillermo Giraldo Jiménez, en los términos referidos en la presente providencia. En consecuencia,
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO las sentencias del 8 de junio de 2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la del 10 de julio de 2009, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la sentencia emitida el 31 de marzo de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor Guillermo Giraldo Jiménez contra el Banco Cafetero.
CUARTO.- ORDENAR al Banco Cafetero, o a quien haga sus veces, y al Banco Popular que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Guillermo Giraldo Jiménez. De igual manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de la Sentencia SU-1073 de 2012.
QUINTO.- CONCEDER el amparo de los derechos del señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez y en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 6 de diciembre de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 31 de agosto de 2010, y por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá del 4 de julio de 2008.
SEXTO.- ORDENAR A AVIANCA S.A. que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez. De igual manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de 2012.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA

Magistrado


LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado



Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General



(…).»


1 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 109-117.

2 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 126-133.

3 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 134-145.

4 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 146-152.

5 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 18-27.

6 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 10-17.

7 Cuaderno de Primera Instancia, Folios 5-9.

8 Artículo 25. Protección Judicial:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

9 Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra: alcance excepcional y restringido que se justifica en razón a los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimientos general de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos.

10 Sentencia T-078 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas.

11 M. P. Jaime Córdoba Triviño

12 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-324/96 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.

14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-159/02 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador

15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-014/01 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”

16 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292/06 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).

17 Sentencia T-310 del 30 abril de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas.

18 Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas.

19 La doctrina distingue entre las obligaciones dinerarias y las obligaciones de valor, en las primeras “el acreedor obtiene, con la prestación de la suma de dinero que constituye el objeto de su crédito, un poder adquisitivo abstracto; en otras palabras, el dinero asume el carácter de una auténtica mercancía que se adquiere como tal y se constituye en objeto de la obligación del deudor, mientras que en las segundas “el dinero no es el objeto propio, pero como la moneda tiene la función de ser el común denominador de todos los valores, ella entra a ocupar el lugar del objeto propio, o sea, que no es la prestación originaria sino una prestación sustitutiva”. Ernesto Jiménez Díaz, “La indexación en los conflictos laborales” en Revista de Derecho Social, No. 32, diciembre de 1991, p. 23-24.

20 Jiménez Díaz, loc. cit., p. 25.

21 Cfr. Sentencia C-862 de 2006 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto

22 Cf. Sentencia C-862 de 2006 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto


23 Rad. 12, M. P. Rafael Baquero Herrera.

24 Crf. Sentencia C-862 de 2006 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto

25 Ver sentencias Rad. No. 7796 del 8 de febrero de 1996, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Rad. No. 8616 de 1996 M. P. Fernando Vásquez Botero.

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1991, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, radicación 4486, nota 51.

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 22 de febrero de 2000, M. P. José Roberto Herrera, expediente 12.872. En igual sentido, entre otras, sentencias 13.329 de 27 de enero de 2000, 12.895 y 13.166 de 2 de febrero de 2000, 12.725 y 13.251de 9 de febrero de 2000, 13.360 de 23 de febrero de 2000, y 13.591 de 29 de marzo de 2000, 13.744 de 16 de mayo de 2000.

28 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto

29 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto

30 M. P. Rodrigo Escobar Gi

31 En sentencia de julio 31 de 2007, radicación N° 29022, M. P. Camilo Tarquino Gallego.

32 Consultar, entre otras, las Sentencias cuyos números de radicado son 34601 y 33423, de 6 de mayo de 2009 y 31 de marzo del mismo año, respectivamente. M. P. Luis Javier Osorio López.


33 Sentencia del 13 de febrero de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis

34 Sentencia del 19 de octubre de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

35 Sentencia noviembre 1° de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.

36 Sentencia SU-120 de 2003.

37 T-663 de 2003, T-800 y T-815 de 2004 y T-098 de 2005.

38 M. P. Jaime Córdoba Triviño

39 M. P. Clara Inés Vargas Hernández

40 M. P. Clara Inés Vargas Hernández

41 M. P. Rodrigo Uprymny Yepes

42 M. P. Jaime Araujo Rentería

43 M. P. Jaime Córdoba Triviño

44 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto

45 M. P. Juan Carlos Henao Pérez

46 M. P. Juan Carlos Henao Pérez

47 M. P. Juan Carlos Henao Pérez

48 Folios 167-175 del Cuaderno que contiene la actuación del proceso laboral en primera y segunda instancia.

49 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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