Pedro octavio munar cadena



Descargar 23,21 Kb.
Fecha de conversión30.08.2017
Tamaño23,21 Kb.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil diez (2010).
Discutido y aprobado en Sala de 29-09-2010

REF.- Exp. T. No. 66001 22 13 000 2010 00087 01


Se decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2010, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, negó la acción de tutela promovida por Nancy Yaned Castro García, frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil.



EL RECLAMO CONSTITUCIONAL

Y SU FUNDAMENTO

1º. La accionante demandó la protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, presuntamente vulnerados por la entidad acusada, dentro de la convocatoria No. 001 de 2005, al no ser incluida en la lista de elegibles en el cargo técnico grado tres, para el cual concursó en la ciudad de Manizales.


2º. Expuso la peticionaria como fundamento de su queja constitucional, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
2.1. Que se inscribió dentro de la citada invitación como aspirante al empleo 7542, técnico grado 3º, aprobando todas las etapas del concurso -exámenes clasificatorios-, amén de reunir las calidades exigidas para desempeñar el aludido cargo.
2.2. Que la entidad accionada, el 24 de abril de 2010, le informó a través de la página Web que “no cumpl[ía] con [los] requisitos mínimos de experiencia porque el tiempo que certific[ó] es inferior al exigido por el empleo, anexa además título de administradora pública de ESAP”, por consiguiente, si “requería [algún] documento adicional era la Comisión la que tenía que solicitarlo directamente”, ya que éstos los había aportado en el momento en que seleccionó el oficio especifico.
2.3. Que el 16 de abril de 2010, presentó la documentación correspondiente para acreditar la experiencia laboral como “miembro de una junta directiva de una organización que cumple funciones similares a las de cargo a proveer, mas no exactamente iguales, por ello es equivocado el concepto de la Comisión (…)” al afirmar que las “funciones desempeñadas ni los periodos ejercidos en cada cargo..” no cumplían con las exigencias del Acuerdo 077 de 2009, motivo por el cual el 16 de junio del año que avanza, presentó ante la entidad acusada solicitud de revocatoria directa contra la decisión, la que no ha sido contestada a la presente fecha.

2.4. Que al privársele de seguir participando en el proceso de selección “afecta en alguna proporción mi derecho a la igualdad”.


3º. Solicitó, en consecuencia, ordenar a la CNSC incluirla en la lista de elegibles.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo constitucional solicitado con sustento en que las decisiones adoptadas por la accionada constituyen actos administrativos, susceptibles de ser atacados ante “la jurisdicción contencioso administrativa, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de todas las garantías para remediar lo que la demandante considera como un error o ligereza de la entidad que convocó al concurso”, sin que pueda habilitarse esta vía para suplirlas, dado su carácter residual que impide su prosperidad cuando se cuenta con otro mecanismo de defensa, salvo que alegue algún perjuicio irremediable que no fue invocado, ni mucho menos acreditado en el sub lite.

LA IMPUGNACIÓN

La accionante sustentó la impugnación frente al fallo de primer grado en similares argumentos a los expuestos en su escrito de tutela e insistió que debía concederle el amparo a su derecho a la igualdad, que a su juicio fue vulnerado por la Comisión al no permitirle continuar participando en el concurso de méritos, a pesar de que cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria. Puntualizó, que el “derecho de petición le fue contestado 4 meses después cuya respuesta técnicamente jamás se dio por cuanto procedieron a archivar[lo], actuación que considerainconstitucional” si se tiene en cuenta la clase de solicitud que elevó.



CONSIDERACIONES

1º. La Corte ha pregonado de antaño que la acción de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que se derive de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que éstos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.


Análogamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado también que esta acción constitucional no procede, en principio, contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de carácter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad está atribuido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de las acciones pertinentes (arts. 238 C. Nal y 152 C.C.A.).
2º. En el caso bajo examen, es evidente la impertinencia del resguardo constitucional suplicado, toda vez que se estructuraron las causales de improcedencia previstas en los numeral 1° y 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.
En efecto, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, las controversias en torno de la legalidad de los actos administrativos de carácter general y abstracto, como lo es la “Convocatoria 001 de 2005”, que regula todo lo concerniente al concurso de méritos para acceder a un cargo público, entre ellos, por supuesto, la acreditación de los requisitos mínimos de experiencia laboral requerida y relacionada con el cargo, deben discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protección de los derechos constitucionales.
Por otra parte, el Juez de tutela tampoco se puede ocupar del análisis pretendido por la peticionaria respecto a la aceptación de los documentos aportados por la quejosa con miras a tener por cumplida la exigencia de la experiencia laboral requerida, pues el ordenamiento positivo establece otro medio de defensa judicial, concretamente las acciones contencioso administrativas contra la Resolución –auto 0170 de 10 de agosto de 2010, mediante la cual la entidad acusada resolvió no dar curso a la reclamación por haberla presentado de manera extemporánea y, en consecuencia, la excluyó del concurso; amén que dentro de ese trámite puede solicitar que se suspendan transitoriamente sus efectos mientras se gestiona el correspondiente proceso, circunstancia que adicionalmente torna improcedente el amparo aún como mecanismo transitorio, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Relativamente a la vulneración al derecho de la igualdad, basta señalar que la actora no probó que a otros aspirantes que se encuentren en idénticas condiciones a la suyas se le hubiese aceptado para continuar en el concurso.

En cuanto a las peticiones que elevó ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, contrariamente a lo que sostiene la actora, estos le fueron resueltas según comunicación No. 023263 de 27 de agosto de 2010 (fol. 84 y 85 cd. del Tribunal), informándole, de un lado, que frente a la reclamación de no admitidos, se dio respuesta el 24 de mayo del mismo año a través de la pagina Web, en el que le indicó que la decisión que determinó la falta de requisitos mínimos para acceder al cargo al cual concurso ya estaba en firme y ejecutoriada; y, de otro, en cuanto a la “revocatoria directa” pretendida le notificó sobre la improcedencia de la misma, habida cuenta que la quejosa “había ejercitado los recursos de la vía gubernativa…”, por consiguiente, ya no era oportuno esta última solicitud.

En este orden de ideas y como quiera que fue desatendido el principio de subsidiariedad, la Corte confirmará el fallo objeto de impugnación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.


Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


CÈSAR JULIO VALENCIA COPETE


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


WILLIAM NAMÉN VARGAS


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA


POMC. Exp. T. No. 2010 00087 -01


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal