Pedro octavio munar cadena



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CORTE SUPREMADEJUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009).
Discutido y aprobado en Sala de 12-05-2009

REF. Exp. T. No. 11001 22 15 000 2009 00155 -01

Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia de 2 de abril de 2009, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, negó las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Analida Elizabeth Pinilla Roa, Ricardo Parra Giraldo, Hania Gicela Camargo Huertas, Ligia Inés Moncada Álvarez y Marcelino Jaime Prats Salas frente a la Presidencia de la República, Ministerios de Educación, de Hacienda y Crédito Público, la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Universidad Nacional de Colombia.


EL RECLAMO CONSTITUCIONAL

Y SU FUNDAMENTO
1. Los accionantes demandan la protección constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al salario mínimo vital y móvil y el de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por los accionados por no actualizar en términos del índice de inflación causada el salario que devengan como docentes de la Universidad Nacional.
2. Exponen los peticionarios, en síntesis, que durante el cuatrienio comprendido entre los años 2002 a 2006, el Gobierno Nacional realizó ajustes a los sueldos superiores a dos salarios mínimos mensuales legales que al ser acumulados terminaron siendo inferiores a la variación del índice de inflación en el mismo periodo.
3. Que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto sobre el incremento de los salarios para el año 2006, incumplió lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 931 de 2004 que señala la obligación del Estado de garantizar a los servidores públicos a quienes se les hubiese limitado el poder adquisitivo de su salario, que cada cuatrienio progresivamente se hagan los incrementos en forma tal que les permita “alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con el índice acumulado de inflación”.

4. Que el Decreto 386 de 2006, expedido por el Gobierno Nacional y ejecutado por la Universidad Nacional, fijó el valor del punto salarial en el 5% y no del 10.95% para alcanzar el IPC acumulado para ese año (26.03), fijación que ocasionó una “disminución real” de sus salarios que se ha proyectado durante los años 2007 y 2008.


5. Que la Universidad Nacional se limitó a hacer los ajustes salariales sin formular “objeción alguna al Ejecutivo Nacional”.

6. Que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, en representación de todos los docentes de las universidades estatales, elevó un derecho de petición al Presidente de la República, a los Ministros de Educación y de Hacienda y Crédito Público solicitando el reajuste de los salarios por cuanto el realizado en el año 2006 no corresponde a los parámetros señalados por la Corte Constitucional, particularmente, en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004, pedimento que no tuvo resultados positivos.


7. Solicitan que se ordene a las entidades accionadas que decreten el ajuste que sea necesario para “garantizar la actualización plena” de sus salarios para el año 2008; el reconocimiento y pago de la diferencia salarial que se les adeudan por el año 2006 y la reliquidación y pago de los sueldos que les deben, correspondientes a los años 2007 y 2008, “como consecuencia de haber hecho la liquidación del ajuste anual de los mismos, sobre una base inferior a la debida”.
El Presidente del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Resolución No. 03 de 2 de diciembre de 2008, por considerar que se presentaban gran cantidad de acciones de tutela “con idéntico objeto”, resolvió que se acumularan las que diariamente se recibieran y se repartieran al magistrado que estuviera en turno, por “el sistema de reparto automático”.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El juzgador constitucional de primera instancia negó el amparo solicitado con sustento en que la nivelación salarial pretendida por los accionantes, cuestiona, en últimas, los Decretos 3557 de 2003, 4153 de 2004, 918 de 2005 y 386 de 2006, mediante los cuales se fijó el salario de los docentes de las universidades estatales y oficiales, actos que son de carácter general, impersonal y abstracto, “o que torna improcedente la presente acción conforme lo reglado en el numeral 5º del articulo 6º del decreto 2591 de 1991”.
Añadió que no se cumplen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez que caracterizan la acción constitucional, pues, de un lado, los accionantes disponían de otros medios de defensa judicial para cuestionar la legalidad de los referidos decretos; y de otro, que desde la presunta vulneración de los derechos fundamentales “pasaron varias anualidades para formular la tutela”.
Que los promotores de la queja constitucional se encuentran laborando en la Universidad Nacional, “lo que de suyo indica que están percibiendo una remuneración, y por ese camino no existe afectación al mínimo vital, ni se está en presencia de un perjuicio irremediable”.
LA IMPUGNACIÓN
Los señores Marcelino Jaime Prats Salas y Ligia Inés Moncada Álvarez, dos de los accionantes, impugnaron el fallo de primer grado con sustento en que el Tribunal desconoció que no pretendían que se declarara la “inconstitucional de tales actos” sino que para la protección de sus derechos fundamentales, se ordenara a los accionados “reajustar el salario incluyendo la pérdida de la capacidad adquisitiva del cuatrienio 2002 a 2006” y tampoco se pronunció en torno al cumplimiento de las citadas sentencias emitidas por la Corte Constitucional.
CONSIDERACIONES
1. Advierte de entrada la Corte la improcedencia del amparo reclamado, pues lo pretendido por los accionantes, como lo señaló el juzgador constitucional a quo, es, a la postre, cuestionar la legalidad de los Decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó el reajuste de los salarios de los docentes de las universidades estatales y oficiales, asunto del cual no puede ocuparse el juez constitucional, pues como reiteradamente se ha sostenido, por ser dichos decretos actos de carácter general, impersonal y abstracto, el debate en torno a su legalidad debe cumplirse ante los jueces competentes, a través de las acciones previstas en la Carta Política y el Código Contencioso Administrativo.
En pasada ocasión al resolver acciones de tutela semejantes a las que ahora son objeto de estudio, puntualizó la Corte que:
“(…) Ha insistido la jurisprudencia en que este instrumento constitucional cuando propende por la satisfacción de obligaciones dinerarias de origen laboral, sólo es procedente cuando afecta el mínimo vital del accionante o por conexidad alcance a vulnerar alguno de sus derechos fundamentales.
En el asunto materia de esta decisión, es notoria la improcedencia de la protección tutelar deprecada, teniendo en cuenta que no afecta el mínimo vital de los accionantes, debido a que, como lo afirman en sus libelos, continúan prestando sus servicios como docentes de la Universidad Nacional de Colombia, razón por la que siguen devengando sus salarios, así no cubra la cuantía que según ellos debería tener; tampoco la situación aducida mengua su derecho fundamental a la igualdad, en vista de que el parámetro de comparación ofrecido por los sedicentes agraviados no permite fundamentar una ecuación, una igualdad que se haya roto por la acción u omisión de los funcionarios accionados, pues lo que se predica no es entre iguales, dado que su posición no es comparable con los servidores del estado que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales
Aparte de ello, tal y como lo consideró el tribunal (fol. 126), al cuestionar los decretos expedidos durante el cuatrienio 2002-2006 con el fin de aumentar los salarios de los reclamantes, que son normas generales, impersonales y abstractas, se configura la causal de improcedencia de la tutela prevista en el numeral 5º, artículo 6º del Decreto 2591 de 19991; es claro, entonces, que el juez natural ante el cual podrían demandarlos es el de la jurisdicción contencioso administrativa, tanto más si el ordenamiento jurídico ha previsto la posibilidad de solicitar y obtener la suspensión provisional de los mismos, si resultaren abiertamente contrarios a normas superiores que deberían acatar
Por supuesto que el juez del derecho de amparo no es competente para decidir si los mencionados decretos son contrarios al ordenamiento jurídico y violatorios de los derechos invocados por los accionantes ni puede invadir la órbita que ostenta el contencioso administrativo. Por el contrario, tiene que respetar la presunción de legalidad que los ampara...” (ver, entre otras, sentencias de 30 de enero, 6 de febrero y 16 de febrero de 2009, expedientes Nos. 2008-00436-1, 2008 -00461-01 y 2008 -00506-01).

2. Teniendo en cuenta el precedente transcrito en el cual se evidencia el criterio vigente de esta Corporación sobre el particular, la Corte confirmará el fallo impugnado.


DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


Notifíquese y Cúmplase

WILLIAM NAMÉN VARGAS


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA


POMC. EXP. 2009 00155 -01


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