Pagaré derivado de relaciones de consumo: un fallo de importancia



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Título: Pagaré derivado de relaciones de consumo: un fallo de importancia

Autor: Barbieri, Pablo C.

Publicado en: LLBA2016 (junio), 345 - RCCyC 2017 (abril), 03/04/2017, 221

Cita Online: AR/DOC/1574/2016

Sumario: I. El decisorio. — II. Antecedentes relevantes. — III. Ampliación de las normas de defensa del consumidor. El Código Civil y Comercial. — IV. El fallo en análisis. — V. Algunas conclusiones

I. El decisorio

El fallo comentado —emitido recientemente por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín- aborda una de las temáticas que mayor controversia despierta en materia mercantil por estos días, como es, la ejecutividad de los pagarés emitidos como consecuencia de las relaciones de consumo, la necesidad —o no- de integrar el título con los antecedentes de dicho vínculo jurídico y la vigencia —o no- del principio de abstracción cambiaria en procesos de esta naturaleza.

La importancia del decisorio se evalúa no solo por el meduloso análisis de los votos vertidos, sino también porque pone de manifiesto diferentes interpretaciones que se presentan en la materia, las que, como se verán a lo largo de este comentario, han tenido reflejo en distintos pronunciamientos que arrojan diversas soluciones.

Como resultado final —y luego de un interesante debate- predomina la opinión vertida por el Dr. Guardiola que, en resumidas cuentas, puede plantearse del siguiente modo: para promover la ejecución de un pagaré librado como consecuencia de una relación de consumo, no resulta necesario integrar el título con el contrato o instrumento jurídico que dio origen a su emisión; empero, si éste es acompañado por el ejecutante, no puede omitirse su consideración, sobre todo cuando se trata de la imposición de intereses, ante el incumplimiento al vencimiento del título valor (1).

A los fines de analizar convenientemente la cuestión, consignaré algunos antecedentes de importancia, para luego adentrarme en la postura que, finalmente, resulta consagrada, adelantando desde ya mi opinión favorable a la misma.

II. Antecedentes relevantes

La sanción de la normativa protectoria de usuarios y consumidores —ley 24-240 y sus modificatorias- introdujo importantes cambios en la evaluación de distintas relaciones jurídicas que quedaron encuadradas en sus disposiciones que, por otra parte, son de orden público, conforme lo dispuesto en el art. 65.

En materia cambiaria, dichos preceptos parecen resultan influyentes: es común que la obtención de créditos destinados al consumo se instrumenten por medio del libramiento de pagarés por parte del deudor. De allí que la vinculación entre la normativa consumeril y el dec.-ley 5965/63 y las disposiciones concordantes de los Códigos Procesales Civil y Comercial de las distintas jurisdicciones, parezca inevitable.

En ese entendimiento, el art. 36, último párrafo, de la ley 24.240, determina textualmente que "será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo (2), en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario".

Ello fue lo que provocó uno de los primeros antecedentes de trascendencia en la materia, como fue el Plenario Autoconvocado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (29/6/2011), donde se resolvió que: 1. Cabe inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en cuestión. 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor". (3)

Puede deducirse con meridiana claridad que en la especie, al "prescindirse de la naturaleza cambiaria del título en cuestión", se relega la vigencia del principio de abstracción cambiaria, esto es, la irrelevancia de la causa o negocio jurídico subyacente que dio origen el título de crédito a los fines de su creación, circulación y/o posterior cobro o ejecución (4); ello es reconocido expresamente por el ar. 542, inc. 4º del Cód. Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Esta tendencia pareció reflejarse en jurisprudencia posterior, habiéndose decidido que "De conformidad con la doctrina del fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dictado el 29 de junio de 2011, en los autos:"Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores", corresponde en una acción de ejecución de título cambiario dirigida contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal, declarar de oficio la incompetencia territorial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, con fundamento en lo dispuesto por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240"(5).

Sin embargo, es dable destacar que la cuestión debatida era la competencia territorial vigente para promover la ejecución. Aunque luego, como se verá seguidamente, comenzaron a involucrarse otros tópicos que apuntan, claramente, al pagaré como título ejecutivo y las excepciones que pueden oponerse, siempre que el libramiento del documento se haya realizado en el marco de contratos o relaciones de consumo.

III. Ampliación de las normas de defensa del consumidor. El Código Civil y Comercial

A medida que transcurrieron los años, fue ganando terreno la tendencia a aplicar las normas referentes a la protección de usuarios y consumidores en materia de ejecución de pagarés derivados de relaciones de consumo. Ello en base a diversos pronunciamientos judiciales y opiniones doctrinarias concordantes (6).

El eje era el principio tuitivo de la parte más débil de la relación de consumo, las disposiciones del referido art. 36 de la LDC y la consagración constitucional establecida en el art. 42 de nuestra Carta Magna.

A ello se añadió —a mi modo de ver, de manera decisiva-, la inclusión de la regulación de las relaciones y contratos de consumo en el Código Civil y Comercial (arts. 1092 a 1122, inclusive), en dirección similar a la normativa de la ley 24.240, sin que ésta sea derogada y exigiendo una interpretación armónica de ambos textos positivos.

Con base a ello, se exigía la integración del título valor con el que se promovía la ejecución —pagaré- y la causa o negocio jurídico subyacente que dio origen a su libramiento. Y, más aún, la posibilidad de interponer defensas basadas en esta instrumentación dentro del juicio ejecutivo, lo que en definitiva, termina derogando tácitamente el carácter de abstracción cambiaria y las disposiciones que determinan su inaplicabilidad dentro del juicio ejecutivo, tanto cambiarias como procesales.

Un cabal ejemplo al respecto, lo brinda el decisorio que dispuso:

"1. Corresponde admitir la excepción de inhabilidad de título opuesta en la ejecución de un pagaré instrumentado como garantía de una operación de crédito para consumo que no cumple los recaudos previstos en el art. 36 de la Ley 24.240, pues, más allá de tratarse de un título válido según el Decreto Ley 5965/63 y de haberse agregado el contrato de mutuo subyacente, se libró en fraude a la normativa consumeril y en transgresión a la buena fe que debe primar las relaciones negociales -art. 1071 , CCivil-.

2. Aun con la inclusión de todos los recaudos previstos en el art. 36 de la ley 24.240 el juicio ejecutivo no es la vía adecuada para reclamar el cobro de un pagaré de consumo, pues las limitadas excepciones admisibles en tal proceso, ampliadas a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, y en particular la restricción para introducirse en el análisis de la causa de la obligación, implican un fuerte cercenamiento de la defensa en juicio del consumidor, quien no podrá ejercer los derechos que la citada normativa le reconoce (arts. 1815 , 1816 , 1819 , 1820 , 1821 , 1830 a 1834 , CCCN; art. 18 , CN.).

3. Un pagaré de consumo no es un título ejecutable aun cuando exista juicio ordinario posterior que prevea la discusión causal, pues ello es procedente previo cumplimiento de la sentencia ejecutiva y pago de las costas del proceso, lo cual implicaría imponer al consumidor una postergación onerosa en perjuicio de su derecho a un procedimiento eficaz para la solución del conflicto (art. 42, CN.).

4. No existe la posibilidad de exigir el cobro ejecutivo de un pagaré de consumo creado con todos los recaudos del art. 36 de la ley 24.240 hasta tanto el legislador consumeril no incluya esta modalidad, con lo cual deberá reclamarse mediante la vía procesal del juicio de conocimiento, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores y ante la posibilidad de vulnerar garantías constitucionales como la defensa en juicio y debido proceso.

5. Cuando se trata de un contrato de préstamo o mutuo en el que se le hace firmar al deudor un pagaré existe duplicación formal de la deuda, lo cual es indicativo de una débil transparencia contractual, además del deber de informar al usuario de todas las circunstancias por las cuales se firma una doble documentación, en violación a los fines para los cuales fue legislado ese título de conformidad con lo previsto por el Decreto Ley 5965/63" (7).

"El pagaré de consumo no es un título ejecutable", reza el punto 3 transcripto. He allí, pues, una suerte de resumen de la tendencia jurisprudencial encaminada en la dirección consignada supra. Este título valor, regulado por el decreto ley 5965/63, esencialmente abstracto, deja de ser un título ejecutivo. El carácter tuitivo y protectorio de la normativa consumeril prevalece decisivamente sobre los preceptos cambiarios y procesales. Al menos para esta postura jurisprudencial, avalada por doctrina concordante.

IV. El fallo en análisis

El decisorio comentado refleja esta suerte de pugna entre el Derecho del Consumo y el Derecho Cambiario (8). Y vale la pena desmenuzar brevemente ambas posturas, a fin de visualizar claramente dicho tópico.

-En efecto, en el voto del Dr. Castro Durán, pueden verse consideraciones que resaltan el carácter protectorio de las normas en materia de defensa del usuario o consumidor, determinado la aplicabilidad del art. 36 de la ley 24.240 a las ejecuciones basadas en títulos de crédito abstractos emitidos como consecuencia de relaciones de consumo, no solo en relación a la competencia, sino a los distintos extremos que exige dicho precepto para configurar válidamente una "operación financiera para consumo" y de "crédito para el consumo", a los que sólo puede accederse incorporando la causa del pagaré al pleito, a los fines de evitar eventuales nulidades. El carácter de orden público de la LDC (art. 65) se arrima como otro de los argumentos decisivos para llegar a dicha solución.

-El voto del Dr. Guardiola se endereza de manera disímil. Si bien reconoce la introducción de la normativa consumeril, entiende que ello no puede implicar una "sobreprotección formal" que, a su vez, "derogue tácitamente" los títulos valores y su carácter abstracto, sin perjuicio de las posibilidades de indagar sobre la causa en aquellos supuestos en los que ha sido reconocido jurisprudencialmente de manera limitada. Empero, si dicha documentación respaldatoria es incorporada voluntariamente por el accionante al litigio, será imposible negar su análisis, sobre todo en relación a la procedencia de intereses y la tasa a aplicar, tal como se describe en la medulosa opinión vertida en el fallo.

De manera similar se expide el voto del Dr. Sheehan, configurando así el decisorio final en la cuestión debatida.

V. Algunas conclusiones

Es claro que en esta materia estamos lejos de arrojar doctrinas y jurisprudencia unánimes. Los diferentes criterios están claramente expuestos y, a su vez, se visualizan en otros pronunciamientos. Así, por ejemplo, con anterioridad al fallo comentado se resolvió que "Corresponde extender la aplicabilidad del art. 36 de la ley 24.240 a las ejecuciones basadas en títulos abstractos creados como consecuencia de operaciones de crédito para consumo; por lo que, para la ejecución de estos será necesaria la complementación del título con la factura o documento en el que se hubiera instrumentado el negocio subyacente, donde consten todos los datos exigidos por el art. mencionado" (9).

La tendencia dominante, parece, pues, inclinarse en esta dirección. Describiéndola, sostuve que "este valor (la abstracción cambiaria) cede en cuanto se trate de una ejecución con base en títulos librados como consecuencia de relaciones de consumo entre obligados directos"(10).

En mi opinión, el decisorio comentado brinda una solución armónica y equilibrada, a saber:

1º) Reconoce la influencia de la normativa en materia de derechos de usuarios y consumidores en la ejecución de títulos valores cartulares abstractos, que tienen como causa o negocio jurídico subyacente una relación o contrato de consumo.

2º) No extrapola ni distorsiona la aplicación de la ley 24.240, colocándola en su justa dimensión y efectos.

3º) No priva al pagaré de su ejecutividad, carácter concedido por la legislación que lo regula y las normativas procesales vigentes.

4º) Determina la posibilidad de la discusión de la causa en el juicio ejecutivo, sobre todo si ésta es aportada al litigio por el accionante en forma voluntaria. En cierto modo, permite establecer una suerte de "abstracción funcional", destacada doctrinariamente desde hace varias décadas (11)

5º) Coordina ambas normativas y los valores aparentemente enfrentados.

Más allá de dichas consideraciones, es cierto que los argumentos jurídicos son relevantes y atendibles en las distintas posturas. Y, a su vez, que se abren ciertos interrogantes.

Así, podríamos preguntarnos:

- ¿Debe existir un criterio y una solución uniformes o adaptarla a cada caso en particular? Por ejemplo, la ejecución con un demandado rebelde o, en su caso, que se presenta y no cuestiona el título ni el incumplimiento de la obligación cambiaria contenida en el mismo.

- ¿Cuál es la situación del tercero adquirente del documento por endoso, en el supuesto en que ello se hubiera verificado? ¿Dejaríamos de registrar una adquisición autónoma, máxime cuando el art. 1816 del Código Civil y Comercial reafirma dicho carácter cambiario de manera casi absoluta y aplicable a todos los títulos valores? (12).

- ¿Se nos presenta una nueva "clase" de pagarés —los derivados de relaciones de consumo-, a punto tal de poder considerarlo un título valor "causal", por oposición a la clásica vigencia de la abstracción cambiaria en dichos documentos?.

Y el listado de interrogantes, acaso puede seguir, ampliándose, por ejemplo, a los llamados "consumidores financieros", dentro del mercado de capitales (13).

De allí que sea necesario agudizar los análisis y encontrar las respuestas. Se trata de situaciones que se plantean con gran frecuencia en la práctica judicial y, por sobre todas las cosas, en la realidad diaria de muchos ciudadanos, en operaciones de venta y crédito de distinta índole y envergadura.

 (1) Esta denominación es la adoptada por el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1815 y ss.), habiéndose impuesto sobre otras expresiones similares (v.gr., títulos de crédito, títulos circulatorios, etc.)

 (2) Se refiere a operaciones de venta de crédito.

 (3) Véase en http://revista.cpacf.org.ar/Revista001/Jurisprudencia%20Rev%2001/Plenarioconsumidor.pdf

 (4) BARBIERI, Pablo C., "Manual Teórico Práctico de Derecho Cambiario", La Ley, Bs. As., 2012, p. 31,

 (5) CACC San Salvador de Jujuy, 27/9/2011, "CARSA SA. c/ Rueda, Nora s/ Ejecutivo"; véase www.infojus.gov.ar, Id Infojus: FA11200055.www.infojus.gov.ar, Id Infojus: FA11200055.

 (6) Entre otros, BILBAO, Jorge Luis, LLBA 2013-agosto, p. 724.

 (7) CACyC, Mar del Plata, Sala III, 15/9/2015, "Banco Macro SA. c/Correa, Rubén Darío s/ Cobro Ejecutivo", en www.microjuris.com, Cita: MJ-JU-M-94909-AR | MJJ94909

 (8) Utilizo estas referencias sin ingresar en el debate acerca de la autonomía científica de ambas ramas del Derecho Comercial.

 (9) CACyC, Junín, 8/9/2015, "Sofía, Miguel A. c/ Bendada, Griselda V. y ot. s/ Cobro Ejecutivo. Véase www.microjuris.com, Cita: MJ-JU-M-94913-AR | MJJ94913

 (10) BARBIERI, Pablo C., "Títulos Valores en el Código Civil y Comercial", 20XII Grupo Editorial, Bs. As., 2015, p. 243.

 (11) GERSCOVICH, Carlos, "La abstracción cambiaria", Buenos Aires, Pannedille, 1970, p. 31 y ss.

 (12) De hecho, puede afirmarse, a mi entender, que "el Derecho Cambiario, en el Código Civil y Comercial, es el derecho de la autonomía cambiaria, principio que ha sido colocado en una jerarquía superior a todos los restantes"; véase BARBIERI, Pablo C., Títulos Valores....., cit., p. 264.

 (13) Es ésta una temática sumamente compleja que excede el límite impuesto al presente trabajo. Sobre el particular, sugiero la lectura de PAOLANTONIO, Martín, "¿El consumidor financiero es consumidor?", LA LEY, 2010-B, 1025



 

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