Organización Mundial del Comercio



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C. Alegaciones de error formuladas por las Comunidades Europeas - Apelante

1. Los "productos similares" en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994


            1. Las Comunidades Europeas piden al Órgano de Apelación que revoque las constataciones del Grupo Especial en el sentido de que las fibras de amianto crisotilo son "similares" a las fibras de alcohol polivinílico ("APV"), de celulosa y de vidrio, y de que los productos de cemento de crisotilo son "similares" a los productos de fibrocemento, así como la constatación consiguiente del Grupo Especial en el sentido de que, con respecto a los productos que se ha comprobado que son "similares", el Decreto infringe el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

            2. La interpretación dada por el Grupo Especial a la expresión "productos similares" que figura en el párrafo 4 del artículo III es motivo de seria preocupación para las Comunidades Europeas, es contraria al sentido corriente del párrafo 4 del artículo III, interpretado en su contexto y a la luz de su objeto y de su fin, y es incompatible con la jurisprudencia establecida. Como ha constatado anteriormente el Órgano de Apelación, en el párrafo 1 del artículo III se definen el objeto y el fin de la totalidad del artículo III, consistentes en lograr la igualdad de condiciones de competencia de los productos importados y de los productos nacionales. Ahora bien, a juicio de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial analizó erróneamente la expresión "productos similares" en función del objetivo consistente en asegurar el acceso de los productos a los mercados, y, al hacerlo, adoptó un enfoque exclusivamente comercial de la comparación de los productos "similares" y amplió erróneamente el campo de aplicación del párrafo 4 del artículo III.

            3. Las Comunidades Europeas afirman que ese enfoque erróneo centrado en el acceso a los mercados llevó al Grupo Especial a excluir de su análisis de los productos "similares" la razón misma por la que en el Decreto se singularizan las fibras de amianto, a saber, el hecho de que las fibras de amianto son carcinógenas. Si bien el párrafo 4 del artículo III protege las expectativas concernientes a la relación de competitividad entre los productos importados y los productos nacionales, las repercusiones de una medida sobre tales expectativas no son de importancia para determinar la "similitud", sino sólo después, en el análisis basado en el párrafo 4 del artículo III, a los efectos de establecer si la medida discrimina entre los productos importados y los productos nacionales. A juicio de las Comunidades Europeas, el criterio decisivo para determinar la "similitud" de los productos ha de ser si la base de la distinción establecida entre los productos en la reglamentación niega a los productos importados el trato que se concede a los productos nacionales a los que se aplica la medida en cuestión.

            4. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial, como hizo caso omiso de la base de la reglamentación establecida en el Decreto, comparó, en su análisis de la "similitud", unos productos que no había que comparar. En el Decreto se prohíben todas las fibras de amianto carcinógenas y se niegan a todas esas fibras, por igual, las oportunidades de competir. Así pues, las fibras de amianto carcinógenas prohibidas no son "similares" a las tres fibras sustitutivas, porque la aplicación de la distinción establecida entre ellas en la reglamentación francesa no altera las oportunidades de competir de esas fibras sustitutivas ni afecta a esas oportunidades. Las Comunidades Europeas concluyen que el Grupo Especial, en vez de comparar los productos que el Canadá afirma que son "similares" (fibras de APV, de celulosa y de vidrio) con la categoría de productos prohibida por el Decreto francés en litigio (todas las fibras de amianto carcinógenas), comparó erróneamente los productos que se afirmaba que eran "similares" con una tercera categoría arbitraria de productos, a saber, las fibras con ciertas aplicaciones industriales.23

            5. Las Comunidades Europeas impugnan la conclusión del Grupo Especial de que, habida cuenta de la relación entre el artículo III y el apartado b) del artículo XX del GATT de 1994, no es procedente aplicar el criterio de la "peligrosidad" ni al examinar las propiedades, naturaleza y calidad del producto ni al examinar los demás criterios de "similitud".24 El Grupo Especial constató que las inquietudes que por razones de salud, de seguridad o de otra índole llevan a los encargados de la reglamentación a dar un trato diferente a los productos pueden solamente tenerse en cuenta en el análisis efectuado en el contexto del artículo XX, no en el análisis realizado en el marco del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. El enfoque adoptado por el Grupo Especial interpreta erróneamente la relación entre el párrafo 4 del artículo III y el artículo XX del GATT de 1994, exige que la "similitud" de dos productos se determine exclusivamente sobre la base de factores comerciales y, a juicio de las Comunidades Europeas, entraña una seria limitación de la autonomía en materia de reglamentación nacional. Si las consideraciones no comerciales sólo pueden tenerse en cuenta en la fase del análisis realizada en el contexto del artículo XX, los objetivos de política en función de los cuales los organismos encargados de la reglamentación pueden distinguir entre los productos quedan limitados indebidamente a las categorías indicadas en el artículo XX. La aplicación del criterio de la "peligrosidad" en el análisis de la "similitud" en el contexto del artículo III no haría, como da a entender el Grupo Especial, que los demás criterios de la "similitud" fuesen "totalmente redundantes"25, puesto que al evaluar la "similitud" hay que tener en cuenta todos los criterios pertinentes, incluido el criterio de la "peligrosidad".

            6. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial cometió una serie de errores al aplicar los cuatro criterios utilizados para evaluar la "similitud" y atribuyó excesiva importancia al criterio del uso final. El Grupo Especial no siguió el enfoque adoptado en la jurisprudencia anterior e hizo caso omiso del hecho de que el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, a diferencia del párrafo 2 del artículo III y de la nota interpretativa que lo acompaña, no contiene las palabras "producto directamente competidor o que puede sustituirlo directamente". El análisis de los "usos finales" efectuado por el Grupo Especial no está debidamente razonado, en particular porque el Grupo Especial no identificó el pequeño número de usos finales idénticos o similares de las fibras de amianto crisotilo, de APV, de celulosa y de vidrio y olvidó que, en general, los usos finales del amianto y de sus productos sustitutivos son muy diferentes. Las Comunidades Europeas añaden que el Grupo Especial se basó, para formular sus conclusiones sobre los usos finales, en su análisis de las propiedades, naturaleza y calidad de los productos, así como en su clasificación arancelaria, y de hecho prescindió de esos otros criterios.

2. Párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994


            1. Las Comunidades Europeas apelan con respecto a las constataciones formuladas por el Grupo Especial sobre el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 en los párrafos 8.262, 8.264, 8.273 y 8.274 del informe del Grupo Especial, pero no contra la conclusión del Grupo Especial de que el Canadá no estableció la anulación o menoscabo de una ventaja en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII. El razonamiento del Grupo Especial es incompatible con la correcta interpretación del GATT de 1994, con la práctica anterior y con la jurisprudencia pertinente. Históricamente, el recurso en casos en que no hay infracción se concibió como un instrumento jurídico destinado a impedir que se soslayasen las concesiones arancelarias. Sólo han prosperado tres reclamaciones no basadas en la existencia de una infracción. Todas las anteriores reclamaciones no basadas en una infracción estaban relacionadas con medidas impuestas con fines comerciales, y en la actualidad todas esas reclamaciones se examinarían, con toda probabilidad, como reclamaciones por infracción en el marco de la competencia ampliada de la OMC, reflejada en los acuerdos abarcados. Las Comunidades Europeas instan al Órgano de Apelación a que convenga en que el concepto de anulación o menoscabo en casos en que no hay infracción es un concepto excepcional, como han reconocido los Miembros de la OMC, y debe aplicarse con la máxima circunspección.

            2. Las Comunidades Europeas impugnan, en particular, la conclusión del Grupo Especial de que "el párrafo 1 b) del artículo XXIII se aplica tanto a las medidas compatibles con el GATT porque éste no se les aplica como a las que están justificadas por el artículo XX".26 Al formular esa constatación, el Grupo Especial dio a entender erróneamente que el párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 protege la expectativa de que, una vez que se ha hecho una concesión arancelaria para un producto dado, la reglamentación aplicable a ese producto no se adaptará en respuesta a los nuevos conocimientos científicos relativos a los riesgos para la salud. En opinión de las Comunidades Europeas, la interpretación del Grupo Especial amplió erróneamente el alcance del párrafo 1 b) del artículo XXIII de una manera que tiene graves repercusiones sistémicas.

            3. Las Comunidades Europeas instan al Órgano de Apelación a que rechace, como cuestión de principio jurídico, la posibilidad de constatar la existencia de anulación o menoscabo en el contexto del párrafo 1 b) del artículo XXIII con respecto a los reglamentos en materia de salud y de seguridad, o con respecto a las medidas comprendidas en cualquiera de las demás razones enumeradas en el artículo XX, o en el contexto de disposiciones tales como los artículos XIX y XXI del GATT de 1994. El párrafo 1 b) del artículo XXIII no puede aplicarse en los casos en que estén en juego medidas sanitarias, puesto que la legitimidad de las expectativas de un Miembro exportador de que no se adopte la medida sanitaria no puede juzgarse sin examinar la medida sanitaria en sí y el conjunto de intereses a los que responde esa disposición legislativa. Los participantes en la Ronda Uruguay sabían que el valor de las concesiones negociadas en esa Ronda podría verse desfavorablemente afectado por las medidas tomadas para proteger, en particular, la salud y la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales, o para defender los intereses de la seguridad nacional. En consecuencia, las Comunidades Europeas concluyen que un Miembro que adopte una medida compatible con el GATT de 1994 no altera el equilibrio de derechos y obligaciones establecido en el GATT de 1994, por lo que no cabe ninguna reparación con arreglo al párrafo 1 b) del artículo XXIII.
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