Organización Mundial del Comercio



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B. Argumentos de las Comunidades Europeas - Apelado

1. Acuerdo OTC


            1. Las Comunidades Europeas instan al Órgano de Apelación a que rechace la apelación del Canadá basada en el  Acuerdo OTC. El Grupo Especial llegó correctamente a la conclusión de que la parte del Decreto relativa a la prohibición no es un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del  Acuerdo OTC. Los argumentos del Canadá con respecto a la parte del Decreto relativa a las excepciones carecen de validez desde el punto de vista jurídico, ya que sería imposible que el Órgano de Apelación concluyese el análisis jurídico porque se carecía de información suficiente sobre hechos no controvertidos. Las Comunidades Europeas añaden que, en todo caso, se deben rechazar las alegaciones del Canadá basadas en el  Acuerdo OTC.

            2. Las Comunidades Europeas no creen que el Grupo Especial haya incurrido en ningún error al separar la parte del Decreto relativa a las prohibiciones de la parte referente a las excepciones. Las excepciones son secundarias con respecto a las prohibiciones, y la separación de las dos partes a los efectos de su calificación jurídica con arreglo al  Acuerdo OTC no afecta en forma alguna a la coherencia interna del Decreto. En este asunto, la cuestión sometida al Grupo Especial era si las prohibiciones establecidas en el Decreto constituyen un reglamento técnico,  no si, en abstracto, una prohibición general puede constituir un reglamento técnico. Las Comunidades Europeas también consideran que el Grupo Especial interpretó correctamente la expresión "reglamento técnico" y que la interpretación sugerida por el Canadá privaría de efecto a otras disposiciones del GATT de 1994, tales como su artículo XI.

            3. Las Comunidades Europeas están de acuerdo con el trato dado por el Grupo Especial a la parte del Decreto relativa a las excepciones e insisten en que el Canadá, al no haber formulado en todas estas actuaciones ninguna alegación sobre una infracción específica en relación con el estricto carácter de las excepciones, no puede ahora alegar que las excepciones infringen el  Acuerdo OTC. Las Comunidades Europeas afirman que, en todo caso, el Órgano de Apelación no puede examinar las reclamaciones del Canadá basadas en el  Acuerdo OTC porque, para hacerlo, el Órgano de Apelación tendría que formular constataciones de carácter fáctico y técnico, lo que, al no haber en el expediente hechos y constataciones no controvertidos, no puede hacer en la fase de apelación. El Órgano de Apelación no puede simplemente tomar las constataciones formuladas por el Grupo Especial con arreglo al párrafo 4 del artículo III y al artículo XX del GATT de 1994 como base para proceder a un análisis en el marco del  Acuerdo OTC. Los dos grupos de normas, aunque están relacionados entre sí, no forman parte de un conjunto lógico continuo22 y no tienen una relación suficientemente estrecha como para que el Órgano de Apelación puede extrapolar las constataciones formuladas por el Grupo Especial en el contexto del párrafo 4 del artículo III y del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994 a la esfera del Acuerdo OTC. En el caso de que el Órgano de Apelación examine las reclamaciones del Canadá basadas en el  Acuerdo OTC, las Comunidades Europeas afirman que esas reclamaciones deben desestimarse; a este respecto, hacen referencia a los argumentos que han aducido con respecto al apartado b) del artículo XX del GATT de 1994 y a los argumentos que han expuesto al Grupo Especial con respecto a los párrafos 1, 2, 4 y 8 del artículo 2 del  Acuerdo OTC.

2. Apartado b) del artículo XX del GATT de 1994 y artículo 11 del ESD


            1. Las Comunidades Europeas afirman que la constatación del Grupo Especial en el sentido de que la infracción del párrafo 4 del artículo III está justificada por el apartado b) del artículo XX del GATT de 1994 es jurídicamente válida y correcta. Los argumentos aducidos por el Canadá sobre esta cuestión equivalen a una petición de que el Órgano de Apelación formule nuevas constataciones fácticas y científicas en la fase de apelación, excediéndose de los límites del objeto del examen en apelación establecidos en el párrafo 6 del artículo 17 del ESD.

            2. Las Comunidades Europeas creen que el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la prohibición del amianto era "necesaria" basándose en una serie de constataciones objetivas y verificables, formuladas tras una evaluación detallada y cuidadosa de las pruebas fácticas y científicas presentadas. Para juzgar si la prohibición era "necesaria", el Grupo Especial no estaba obligado a hacer una evaluación "cuantitativa" del riesgo identificado. No obligan a adoptar tal enfoque ni el sentido corriente de las palabras "necesarias para proteger" que figuran en el apartado b) del artículo XX ni el concepto de evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo puede hacerse en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Las Comunidades Europeas añaden que el Grupo Especial constató correctamente que, una vez que las Comunidades Europeas hubieran establecido una presunción  prima facie de que la utilización de crisotilo entrañaba un riesgo para la salud, el Canadá tenía la carga de refutar esa prueba demostrando la inexistencia de tal riesgo para la salud.

            3. En cuanto a la cuestión de si se podía razonablemente adoptar otra medida, las Comunidades Europeas afirman que el Canadá no puede, en la fase de apelación, aducir argumentos basados en los riesgos para la salud inherentes a los productos sustitutivos del amianto o en la seguridad del "uso controlado" del amianto, ya que con ambos argumentos se trata de que el Órgano de Apelación revise constataciones fácticas formuladas por el Grupo Especial sobre la base de las pruebas presentadas y de las opiniones expresadas por los expertos consultados.

            4. Con respecto a la pretendida incompatibilidad con el artículo 11 del ESD, las Comunidades Europeas consideran que la alegación del Canadá de que el Grupo Especial cometió un error fundamental en su apreciación de los hechos parece basarse solamente en que el Grupo Especial se fundó exclusivamente en las opiniones de los expertos consultados en este asunto. En relación con esto, las Comunidades Europeas subrayan que el Canadá no se opuso a la selección de los expertos por el Grupo Especial, que el propio Canadá propuso a uno de los expertos y que los expertos mismos contestaron a una cuestión sobre el "uso controlado" y no dijeron que careciesen de conocimientos técnicos sobre la cuestión. En cuanto al argumento del Canadá de que el Grupo Especial cometió un error de derecho al no evaluar las pruebas científicas con arreglo al principio de la preponderancia de la prueba, el enfoque adoptado por el Grupo Especial no parece incompatible con tal principio y, en todo caso, el principio de la preponderancia de la prueba es improcedente en el contexto de la evaluación del riesgo, ya que ese enfoque impediría que los Miembros se basasen en opiniones científicas divergentes para adoptar decisiones en materia de reglamentación. Las Comunidades Europeas se niegan a aceptar que las pruebas en que se basó el Grupo Especial -pruebas que representan las opiniones unánimes de los cuatro expertos consultados y de todas las instituciones internacionales que han evaluado el amianto- reflejen, como parece dar a entender el Canadá, una opinión científica minoritaria y divergente sobre el amianto.
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