"olivera, Roberto Gustavo, abasto, Ramón Alfredo, A., G. M. Á. (M. I.) Doble tentativa de homicidio en concurso ideal s/recurso de casacion"



Descargar 140,37 Kb.
Fecha de conversión08.06.2017
Tamaño140,37 Kb.
Causa: "OLIVERA, Roberto Gustavo, ABASTO, Ramón Alfredo, A., G. M. Á. (M.I.) - Doble tentativa de homicidio en concurso ideal s/RECURSO DE CASACION".-

(Expte.Nº225/14 - Año 2014 / Origen: Excma. Cámara del Crimen - Sala I - Pná-)

Resolución Nº55.-
///-C U E R D O :

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal, a saber: Presidente, Dr. HUGO D. PEROTTI, y Vocales, Dres. RUBÉN A. CHAIA y PABLO A. VÍRGALA, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Claudia Geist, fue traída para resolver la causa caratulada "OLIVERA, Roberto Gustavo, ABASTO, Ramón Alfredo, A., G. M. Á. (M.I.) - Doble tentativa de homicidio en concurso ideal s/RECURSO DE CASACION".-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres. CHAIA, PEROTTI y VÍRGALA.-

Estudiados los autos, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos a fs. 582/594 vta. y 595/604?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué cabe decidir en materia de costas causídicas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. CHAIA, DIJO:

I.- Mediante sentencia de fecha 25/11/2014 emanada de la Sala I de la Excma. Cámara del Crimen de Paraná (conformado en la oportunidad por los Dres. Garzón, Chemez y Giorgio -fs. 558/580-) se declaró a Roberto Gustavo Olivera y a Ramón Alfredo Abasto, autores materiales y responsables de Doble tentativa de Homicidio simple en Concurso ideal homogéneo, condenándolos a la pena de Siete años de prisión efectiva y accesorias legales; y a G.M.A., autor material y responsable del delito de Doble tentativa de Homicidio simple en Concurso ideal homogéneo, respecto de quien se remitió testimonio al Juzgado Penal de Menores y Adolescentes a fin de proceder a la integración de la sentencia. Contra dicho decisorio, se alzó la Defensa técnica de los encartados, interponiendo sendos Recursos de Casación (Dres. Hugo Gemelli y Matías Argüello de la Vega -fs. 582/594 vta., por Ramón A. Abasto-; y Dres. Rodríguez Allende y Rolandelli -fs. 595/604, por Roberto Olivera y G. A.-).-

II.-a) En su libelo recursivo, los Dres. Gemelli y Argüello de la Vega sostuvieron que la sentencia atacada resulta arbitraria, por motivación aparente, y contradictoria. Afirman que se dió crédito exclusivo a las declaraciones de Podestá, las que se presentan como contradictorias, en sí mismas y en relación al resto de las probanzas de autos.-

Entendieron que se quebrantan las reglas de razonabilidad en la interpretación de la prueba, existiendo en realidad una orfandad probatoria que impide alcanzar la certeza necesaria para fundamentar una condena. Podestá no sindicó con la suficiente firmeza a su defendido Ramón Abasto como autor del hecho, destacando numerosas variaciones y contradicciones que encuentra en sus declaraciones, internamente y en relación con las de otros testigos.-

Finalmente, en relación al quantum punitivo, entienden que la fundamentación del mismo es absolutamente aparente, omitiendo valorar parámetros establecidos o derivados de la normativa positiva. Por todo ello, solicitan se case la sentencia recurrida, disponiendo la absolución de su pupilo, y -en subsidio- se le aplique el mínimo de la pena prevista para el delito que se le imputa.-

II.-b) A su turno, los Dres. Rodríguez Allende y Rolandelli afirmaron que la sentencia condenatoria es arbitraria, por basarse exclusivamente en los dichos de Podestá, sin considerar los de Pérez, por no encontrarlo creíble.-

Destacan inconsistencias en la valoración probatoria, poniendo de resalto la orfandad probatoria de autos.-

Solicitaron por ello, la casación de la sentencia, que se anule la misma y se ordene la sustanciación de un nuevo contradictorio, haciendo Reserva del Caso federal y de acudir ante la CIDH.-

III.- Al momento de llevarse a cabo la Audiencia el Dr. Argüello de la Vega ratificó en todos sus términos el escrito recursivo y se explayó en relación a los motivos por los que sostenía que el sentenciante incurría en arbitrariedad -por motivación aparente y contradictoria-, al darle crédito exclusivo a las declaraciones de Podestá, las que calificó como contradictorias, en sí mismas y en relación al resto de las probanzas de autos. Explicó también el contexto en que se desarrollaron los sucesos y las razones que llevaron a Podestá a sindicar, sin la firmeza suficiente, a su defendido como autor del hecho. Destacó que no se le advirtió a ninguno de los testigos ofrecidos por la defensa durante el plenario que estaban bajo pena de falso testimonio, y que sin perjuicio de ello, el Tribunal los consideró parciales, sin la correspondiente remisión de testimonios a la fiscalía ante la sospecha de perjurio. Concluye en que el plexo probatorio es insuficiente para alcanzar la certeza requerida para fundamentar una sentencia condenatoria, por lo que estimó que la resolución atacada debía ser revocada ante la arbitrariedad evidenciada. En relación al agravio planteado en subsidio, referente al quantum punitivo, se remitió al desarrollo efectuado en el recurso de casación interpuesto, manteniendo las reservas efectuadas y solicitando se case la sentencia y se dicte la absolución de Ramón Alfredo Abasto y en subsidio, se case la determinación judicial de la pena esgrimida por el sentenciante, imponiendo el mínimo de la pena legal del delito por el que fuera condenado.-

A su turno el Dr. Rolandelli, desarrolló las razones por las que dijo entender que el sentenciante incurrió en evidente arbitrariedad al condenar a sus defendidos basándose en los dichos de un único testigo de cargo -al que encuentra contradictorio en sí mismo y en relación al resto de los testigos-, y al desechar el material probatorio desincriminante; y culminó solicitando se case la sentencia cuestionada, disponiendo la absolución de sus pupilos, remitiéndose a las reservas efectuadas en el escrito promocional.-

La Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Castagno, refirió que debía rechazarse el recurso de casación interpuesto. Respondió a los agravios sosteniendo que el sentenciante se basó en sólidos elementos de cargo a la hora de fallar en sentido condenatorio, ponderándolos adecuadamente en el marco del contradictorio celebrado y sobre la base de la inmediación y la sana crítica racional. Destacó que la testimonial de Podestá, brindada en instrucción, no fue introducida por lectura en el plenario. Se explayó sobre los motivos por los que estimaba que la valoración efectuada por el Tribunal de origen, tanto de la inspección judicial llevada a cabo, como del careo realizado durante el juicio, zanjaron las dudas en los puntos de contradicción alegados por la defensa y condujeron al sentenciante a descartar la prueba de descargo. Efectuó luego un análisis del contexto barrial en que se desarrollaron los sucesos y del temor fundado de los testigos de cargo, enunciando material colectado que ratificaba y avalaba los dichos de Podestá. Respondió al planteo en subsidio del Dr. Argüello de la Vega, argumentando las razones por las que estimaba que fue adecuadamente determinado el quantum punitivo. Finalizó solicitando se rechace el recurso impetrado, confirmándose el fallo en crisis.-

IV.-Sintetizadas las posturas partiales corresponde adentrarse al tratamiento de los temas propuestos.-

En esa senda y a fin de una mejor exposición, habré de dividir los argumentos del siguiente modo: a) arbitrariedad en la motivación de la sentencia -planteado por ambos defensores-, b) ausencia de fundamentos en el quantum punitivo -solo sostenido por la defensa integrada por los letrados Gemelli-Rolandelli-.-

Delimitación de los alcances del recurso y del tema propuesto: Ambos recurrentes postulan la arbitrariedad de la sentencia afirmando, centralmente, que la resolución encuentra sustento particularmente en los dichos de Maximiliano Podestá, quien -según indican- es "testigo único", controvertido por Pérez y además, que fue contradictorio en sus diversas intervenciones, señalando que primero indicó que los sujetos eran menores de edad, luego reconoció a un autor y más tarde, ubicó a los agresores y demás circunstancias agregando que cambió su versión sobre los hechos a raíz de un "bastardeo" o "bardeo" por Facebook, que buscó revancha de esa situación -según afirma el doctor Argüello de la Vega en audiencia- sosteniendo que del análisis de las corroboraciones "periféricas" el testimonio único se muestra huérfano; que la inspección judicial no favorece la postura incriminatoria tal como lo marca la sentencia, entendiendo en definitiva que la prueba es insuficiente para dar pábulo a la solución adoptada impetrando su casación y el dictado de un nuevo fallo.-

Sentado ello quisiera aclarar los términos del recurso de casación toda vez que, de un simple repaso del alegato formulado por la defensa de Roberto y G. A. -ver alocución del doctor Rolandelli a fs. 507/508- surge que en ese momento expuso serias críticas a las declaraciones vertidas por Maximiliano Podestá quien dijo, "ha ido mutando en todas sus declaraciones" exponiendo detalladamente al respecto al igual que lo hicieran los señores defensores de Ramón Alfredo Abasto, doctores Gemelli y Argüello de la Vega -fs.509/512- quienes no dudaron en señalar que "Podestá miente", analizando sus declaraciones y demás circunstancias del caso.-

Ahora bien, confrontando la sentencia -especialmente fs.572 y ss.- es posible advertir que el señor Juez de primer voto se hace cargo de los temas propuestos en los alegatos aludidos y responde con argumentos audibles, y luego de confrontar la versión de Perez y Podestá concluye de manera certera otorgándole valor convictivo al testimonio de éste último apelando para ello a la diligencia practicada en medio del debate -esto es, a la Inspección Judicial- donde, según dice, quedó incontrastablemente evidenciada la verosimilitud del testimonio de la víctima Podestá, brindando además otras razones que -pese al ataque defensista- se mantienen incólumes.-

Aclaro este extremo pues los argumentos centrales de los recursos de casación no hacen más que reeditar esos planteos esbozados en el alegato conclusivo del juicio, y que -reitero- merecieron puntual y oportuna respuesta, siendo allí donde entiendo equivocan la estrategia. En esta instancia se debió señalar, atacar, buscar conmover los argumentos vertidos en la sentencia que tienen por objeto reconstruir el factum más que reiterar lo dicho en el juicio y que precisamente, ya fue respondido.-

De esta forma, es factible establecer que, más allá de las quejas esgrimidas por ambos recurrentes, estamos frente a una “mera disconformidad” con la forma en que el Tribunal de Juicio ha valorado las pruebas lícitamente incorporadas al debate. En este punto y tal como lo adelantara, no se desprenden de la lectura del recurso, argumentos críticos contra el razonamiento y/o que no obtuvieran oportuno tratamiento y respuesta fundada en esa instancia siendo su postulación en esta Sede, una "mera discrepancia" con lo resuelto lo que no habilita la aplicación de la doctrina de la "arbitrariedad" -CSJN, Fallos 286:212, 301:1218, 302:588, entre otros-.-

Por otra parte, me veo en la obligación de señalar los alcances que interpreto debe tener el Recurso de Casación en pos de aclarar, una vez más, esta cuestión a raíz del impulso y amplitud que le han dado pronunciamientos como: "HERRERA ULLOA" -CIDH, 02/07/04-, "CASAL" -CSJN, 20/09/05- o "ALBIZATTI" -STJER, 07/12/04-.-

En esa senda, creo que si bien el mismo debe ser dotado del "máximo rendimiento posible", no debe perderse de vista que en el "juicio de casación" se juzga el pronunciamiento jurisdiccional del Tribunal de mérito -"juicio de sentencia"-, buscando hacer sobre el mismo un examen respecto de los argumentos brindados que resulten cuestionados -pertenezcan al plano lógico, jurídico o fáctico- con el límite impuesto por aquellos extremos que el Tribunal de Juicio hubiere aprehendido en virtud de la inmediación, cuyo análisis no puede ser reeditado en la instancia revisora -cfr. voto de la Dra. ARGIBAY, "CASAL", cons. 12)- lo que considero no se da en la especie al intentar los impugnantes, bajo el ropaje de un planteo recursivo, reeditar lo argumentado en debate y contestado en la sentencia, lo que bastaría para desestimar sin más el agravio.-

a-Arbitrariedad, tratamiento: Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de dar íntegra respuesta al planteo, estimo que la sentencia atacada, lejos de resultar arbitraria por falta o defectuosa fundamentación -sea esta "aparente", "insuficiente" o "defectuosa"- es un constructo explicativo autosuficiente de sucesos pasados analizados bajo el prisma de la “sana crítica racional” en el marco de la “libertad probatoria”, sin que las tachas argumentales dirigidas por el casante puedan tener cabida a punto tal de invalidar sus conclusiones.-

La práctica de exponer fragmentos de la sentencia, más allá de resultar absolutamente ineficaz, no tiene virtualidad nulificante pues deja traslucir sólo otra forma de valorar las proposiciones fácticas o analizar la prueba, pero en modo alguno resta credibilidad ni virtualidad convictiva al fallo.-

En ese sentido, tal como lo sostuve supra, los planteos expuestos en casación no son más que la mera reiteración de la postura asumida en el debate y que obtuvieron oportuna y eficaz respuesta por parte del Tribunal de Juicio, sin que hayan merecido un tratamiento parcial, incompleto o inmotivado. A esta altura, no resulta ocioso señalar que, según doctrina de la CSJN, la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores determina el rechazo del recurso -Fallos: 317:373 Y 442-.-

Las quejas vertidas sobre la valoración que se hace del testimonio de Podestá no tienen asidero, por cuanto su versión quedó verificada a partir de la diligencia judicial ordenada por el Tribunal y por el resto de los elementos colectados, desprendiéndose de ello la posibilidad que tuvo el testigo de ver a sus agresores a una distancia razonablemente estimada y en condiciones de luminosidad apropiadas para ese cometido, tal como lo expone la sentencia y pudo ser constatado -con la inmediación del caso- por los magistrados intervinientes en la diligencia -instrumentalizada a fs. 538/46- mediante la cual pudieron observar y distinguir "claramente" a las personas ubicadas en el escudo de Patronato a una distancia de casi diez metros entre quienes abrieron fuego y las víctimas.-

Si bien es cierto que la versión de Podestá se contrapone con la de Perez -quien lo acompañaba en la emergencia- no debe perderse de vista que el testimonio del primero de ellos se vió robustecido por la citada Inspección Judicial en la que participaron todos los miembros del Tribunal y las partes, y además, con el careo dispuesto a pedido de partes.-

Según indica el fallo, de esas probanzas se extrajeron conclusiones favorables para la postura de Podestá en detrimento de las de su compañero Perez, resaltando el Tribunal la firmeza y convicción con la que el primero expuso los puntos objeto de controversia y lo que a juicio de ellos terminó por confirmar sus dichos y así otorgarle valor convictivo bajo la inmediación del caso.-

Sobre el particular el Máximo Tribunal Provincial ha dicho "que el contralor casatorio no puede soslayar los aportes que surgen de la inmediatez, derivada de la relación personal directa de los miembros del tribunal de mérito con los testigos sobre la veracidad y la contundencia de las expresiones, la forma del relato y la razón de los dichos, establecidas por los sentenciantes de grado, los que en el caso son inequívocos, han sido debidamente justificadas y desde aquí no deben ser sustituidos por imposiciones indirectas resultantes de constancias escritas y parciales, por lo tanto está excluido del control revisorio la credibilidad que le asignan los miembros del Tribunal a quo a los testigos que depusieron en la audiencia de debate" -"SCHENBERGER", Sala Penal, STJER, 18/03/09, con cita de "BURGOS", Sala Penal, STJER, 04/11/06, "LOPEZ", Sala Penal, STJER, 11/02/09-.-

En similar sentido se despachó al sostener la imposibilidad de revisión en esta instancia al afirmar: "no es posible revisar en esta instancia ad quem la impresión directa y el poder de convicción que obtuvo el tribunal del juicio de la declaración del testigo, toda vez que la apreciación fundamentada acerca de la veracidad o mendacidad de los testigos es una materia reservada a los jueces del juicio y cae dentro de lo no modificable por este recurso, dada la importancia reconocida a la vigencia del principio de inmediación – correlato imprescindible de la oralidad- que intenta resguardar y priorizar el contacto directo que tiene el juez con los sujetos procesales y con los elementos de prueba, lo que determina sus plenas posibilidades de captar con sus sentidos las expresiones, reacciones, gestos, solvencias de las respuestas de quienes son interrogados en el curso del debate oral y que, por su propia esencia y naturaleza, resultan ajenas al ámbito de la revisión del Tribunal ad quem, porque carece de ese contacto con las pruebas. Ello implica un límite natural al recurso de casación, siempre y cuando el razonamiento del fallo sea acorde a las reglas de la lógica, el sentido común, los conocimientos científicos y el correcto entendimiento humano" -"BALLESTEROS", Sala Penal, STJER, 06/11/13- postura coherente con la asumida por la CSJN al delinear los límites de la revisión casatoria: “el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable. Que formulada esta teoría, se impone preguntar qué es lo no revisable. Conforme a lo expuesto, lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación” -"CASAL", 20/09/05-.-

En estos términos la reconstrucción del hecho operada luce razonable y motivada. A partir de esos elementos el sentenciante, dando cuenta de los pasos seguidos -argumentación- explica cómo se dieron los sucesos: las víctimas ingresaron al barrio por calle Guiraldes; en cuanto a la posición de los tiradores quedó claro que estaban detrás del monolito con el escudo de Patronato; respecto de las condiciones de iluminación, si bien Perez había dicho que no había luz, terminó admitiendo que estaban como la noche de la inspección, oportunidad en que, según indican los sentenciantes, pudieron comprobar que se "veía claramente".-

También se reconstruyó el modo y lugar donde cayeron las víctimas -que, recordemos, se conducían en motovehículo-, quedando con ello cerrado el tema en torno al testimonio de Podestá y sus aportes, los que -como vimos- han sido fundamentales a la hora de tener por acreditada la autoría material de los hechos por parte de los sospechados.-

Con esta explicación se dan por tierra las críticas vertidas en torno a la valoración de los testimonios y la supuesta ilogicidad en ese cometido. Sin perjuicio de ello advierto que el material analizado en la sentencia no es otro que el que ha sido previa y legítimamente incorporado al debate oral y público bajo estricto control de partes quienes han tenido la posibilidad de preguntar, repreguntar y en su caso, ofrecer medidas conducentes en pos de conjurar dudas como es el caso del careo que fuera dispuesto a pedido de la defensa, por tanto, esos son los testimonios que deben ser sopesados en su justa dimensión perdiendo peso específico lo que los testigos pudieren haber manifestado en la etapa de Instrucción Formal, la que todos sabemos es ciertamente preparatoria, parcialmente secreta y escasamente contradictoria.-

Ello así, en nada empalidecen las conclusiones arribadas lo que Podestá pudo haber dicho en la Instrucción pues reitero, no se contradice en todo caso, más sereno y alejado el peligro que corría su vida, seguramente pudo recordar mayores detalles sobre los que las partes, al calor del debate, pudieron urgar y los jueces tomar postura esencialmente luego del careo concretado con Pérez, todo ello a la luz de la inmediación que otorga el debate y que permitió a los jueces "elaborar la sentencia de acuerdo con las impresiones personales que obtiene del acusado y de los medios de prueba” -ROXIN, Derecho Procesal Penal, Del Puerto, año 2.000, p. 102- lo que luego, racionalmente expusieron.-

Más allá de ello, reitero, no es cierto que el testimonio de Podestá sea contradictorio: en las instancias anteriores al debate -en rigor de verdad- se fueron complementando los datos con el correr de los días y horas posteriores al violento ataque, siendo lógico que no se le pueda exigir precisión o exactitud matemática a quien se encontraba internado luego de ser objeto de una balacera que por azar no le costó la vida.-

Nótese que la primer declaración -fs.9- se le tomó a las 06:10 horas en el Hospital San Martin y el hecho había ocurrido apenas 3 horas antes por lo que no caben dudas que las imprecisiones iniciales, los nervios, la angustia, el temor, pudieron irse disipando con el tiempo hasta lograr reconstruir en su mente lo sucedido y contarlo, máxime si nos ubicamos en el contexto en que se da este episodio y el miedo que puede generar a futuras represalias, que como hemos visto no se limitan al sujeto sino que se extienden -como en la antigüedad- a todo el núcleo familiar.-

Por otra parte, los datos que aporta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se mantuvieron inalterables tal como se pudo apreciar en el debate, lo que aventa cualquier atisbo de inverosimilitud en base a presuntos -y no probados- deseos de venganza para con los condenados.-

La versión originaria es ampliada -fs. 17- el mismo día a las 10:25 horas, es decir, unas horas más tarde, donde se aprecia lo comentado anteriormente, esto es la influencia del paso de las horas y el ganar cierta tranquilidad para poder recordar lo sucedido. Ya en ese momento ubica en el lugar a Roberto Gustavo Olivera, alias "Fredy" -ver datos aportados en indagatoria de fs. 68/69- y "Cuchara" Abasto, sin dejar de señalar que había otras personas más, siendo a fs. 70/71 la primer declaración que se toma en presencia de un letrado de la defensa en fecha 22 de febrero de 2012, momento en que el testigo es preguntado con mayor amplitud y control y allí, sin duda alguna reitera la forma en que fue agredido señalando a Roberto Olivera como quien le "pegó" el proyectil, pudiendo reconocer además a "Muñequito" Abasto -apodo aportado a fs.129-, describiendo incluso qué tipo de arma de fuego llevaba, y también a Fabián Abasto -de sobrenombre "Cuchara", lo que coincide con el dato aportado a fs. 115/116-, explicando qué disparo le impactó en el hombro izquierdo. Allí indica que la luz era "regular", que podía distinguir a una persona y que a estos los conoce desde hace mucho tiempo, que los reconoció, los vio que disparaban, que los vio "perfectamente", con "seguridad" dijo.-

Hay además otros elementos que surgen de sus dichos y permiten corroborar la versión de Podestá. Particularmente la posición de los tiradores -ver fotos y planimetría de fs. 538/546-, croquis fs.4,11- las lesiones que presenta Podestá -quien recordemos que tiene un proyectil alojado en su cuerpo que no puede ser retirado por los riesgos que representa, fs.111, 219- el sitio donde indica cayó la moto, lo que pasó con ese birodado, el abandono operado de la moto, su quema posterior -actas de secuestro fs.24, 26, 28/9- lo que además encuentra refuerzo en los dichos de los testigos Federico Popp, quien esa noche se encontraba con su cuñada Antonela y su novia Jessica cuando escuchó tiros, "una ametralladora de la cantidad que eran" -ilustrativamente dice, fs.130/1 - a lo que agrega que la víctima, ya en ese momento señalaba a "Fredy" -apodo de Gustavo Olivera- "le había cagado a tiros", versión respaldada por los dichos de Eugenia Antonela Vasquez -quien refiere: "Podestá le dijo a la policía que Fredy lo había baleado"-, sin que sea una contradicción -como señala el recurrente, fs.589 vta.- que luego, más tranquilo, amplíe sobre la identidad y demás circunstancias que rodearon el hecho tal como el mismo lo explica cuando fuera requerido en juicio.-

En definitiva, reiterando lo expuesto anteriormente, existe más allá del testimonio de Podestá una constelación de elementos que permiten darle crédito a sus dichos sin que la reticencia de Pérez y su mendacidad -tal como lo expone la sentencia- afecte la credibilidad de su testimonio atravesado por la inmediación del debate.-

Traigo aquí a colación el valor central que tiene el juicio, que no opera como "mecánico certificador" de lo actuado en la Instrucción, y es allí donde las partes deben esforzarse por desplegar toda su actividad dejando atrás la idea de enjuiciar "actas": se debe trabajar en el juicio a personas sobre el soporte de pruebas que legítimamente allí se introduzcan, bajo el estricto e indelegable control cruzado de la defensa y la acusación.-

Una vez más quiero advertir sobre el particular -y si bien se refería a un fallo del nuevo CPP- que la Sala Penal del STJER ha remarcado la necesidad de darle prioridad a lo acontecido en el juicio, tal como expresamente sentara: "se advierte de manera palmaria que los magistrados han dado mayor relevancia a las actas realizadas durante la investigación penal preparatoria por sobre lo acontecido en la audiencia oral y tal actitud no se condice con el sistema acusatorio consagrado en el nuevo código de procedimientos penales vigente en la jurisdicción de Concordia y que, precisamente, establece un enjuiciamiento penal acusatorio, adversarial, simplificado, totalmente despojado de los resabios inquisitoriales y sacramentales y en el cual la investigación es desformalizada, flexible" -"CORDOBA", Sala Penal, STJER, 17/10/12-. Por ello y dejando de lado la mixtura de este proceso, por cuanto el juicio oral siempre fue concebido -al menos en la teoría- como el eje central del proceso bajo las reglas de un debate, público, oral, contínuo, y contradictorio, que el apego a una actividad sin posibilidades de control y más aún el intento de que pervivan sus efectos no resulta atendible.-

Por último quisiera señalar que no nos encontramos ante un caso de "testigo único" como se desliza tangencialmente. No debemos perder de vista el contexto donde se desarrollaron los episodios enjuiciados, estamos dentro de barrios que se muestran conflictivos en la ciudad de Paraná donde pareciera que grupos enfrentados pretenden imponer la razón de la fuerza por sobre la fuerza de la razón, donde la violencia aspira a imponerse como medio natural de resolver los conflictos entre vecinos cuestión que lleva, en muchos casos, y este no es la excepción, a evitar brindar datos o prestar testimonios en causas judiciales por temor a las futuras represalias o venganzas. Esta situación no es indiferente a la hora de brindar el testimonio de lo ocurrido y tampoco puede resultarnos "normal" por cuanto el estado, a través de sus instituciones, debe inspirar confianza suficiente en sus habitantes permitiéndoles construir un proyecto de vida en paz y libertad.-

Retomando el tema del testimonio único, advierto como he dicho, que los jueces valoraron las pruebas bajo el prisma de las "libres convicciones", no realizaron una "operación matemática" propia de las "pruebas tasadas". Tampoco nos encontramos frente a las reglas del "testigo único" o "testis unus, testis nullus", Título XIV, Ley XII, de las Partidas, por cuanto los dichos del testigo, obtenido en inmediación del debate han de sumarse el resto de las medidas descriptas y valoradas que a mi juicio aportan indicios claros, unívocos y suficientes sobre la responsabilidad penal de los acusados.-

Tal como lo expuse en la causa "BERNASCONI" -CCUruguay, 09/09/13, confirmada por la Sala Penal del STJER-, últimamente mucho se escribe sobre la virtualidad probatoria de los dichos de las víctimas o testigos, incluso algunos autores presentan el tema como una "novedad"; sin embargo, lejos de serlo, tal como nos enseña ELLERO -quien se muestra contrario a esta teoría, cfr. De la Certidumbre de los Juicios Criminales, El Foro, 1994, p. 148 y ss., también puede verse FERRAJOLI, Derecho y Razón, 1989, p. 136 y ss.-, su aplicación se remonta a la época de Moisés, cuando se postulaba que "ningún hecho se tuviera por verdadero en justicia cuando no resultase aseverado por dos o más testigos", disposición que sumada a la ausencia de testigos presenciales -pues recordemos, no siempre las víctimas deambulan acompañadas de un "notario" u otras personas, precisamente porque el atacante las escoge dada su situación de "vulnerabilidad" y escasa posibilidad de resistencia y/o de recibir auxilio- facilitó la llegada de la "tortura" al ámbito del proceso penal como "medio normal" de prueba a propósito de "extraer" la confesión del acusado.-

Es decir que los que algunos ven como un adelanto es en realidad un intento de retornar a la aplicación del "sistema tasado" y en particular de la regla "testis unus, testis nullus" lo que sin dudas configura un verdadero retroceso en el desarrollo de nuestra ciencia, es el regreso a instancias previas a la Ilustración -en contra, pueden verse las obras de: BENTHAM, Tratado de las Pruebas, VOLTAIRE, Commentaire sur le Livre des Délits et des Peines, BECCARIA, De los Delitos y de las Penas, defendida por MONTESQUIEU- y de la propia Revolución Francesa, que mediante Decreto de la Asamblea Constituyente 8/9 de Octubre de 1.789 reformó radicalmente los principios del procedimiento inquisitivo codificados por la Ordonnance Criminelle de 1.670 y dos años después, el Decreto 16/19, suprimió entre otras regulaciones, las "pruebas legales" por entender que seguir ese método resultaba contrario a los "hombres libres".-

De esta forma, estimo que aplicar criterios rigurosamente aritméticos o "tasados" por medio de los cuales, en palabras de CHIOVENDA: "el legislador sustituye al juez" -repelidos entre otros en "MARTINEZ", Sala Penal, STJER., 24/06/11-, a fin de determinar qué es lo que el juez "debe" o no tener por probado, conspira contra la lógica misma del sistema y contraría la "libertad de conciencia", regulando de manera intolerable la práctica judicial, impidiendo la "construcción argumental", reduciendo la función del juez a la de un mero "aplicador" de leyes y/o "baremos" que lo aleja de la "justicia material" y lo coloca en la peligrosa necesidad de tener que buscar "atajos" argumentales para decir lo que ha formado su convicción que es precisamente lo más transparente que debe exhibir en su noble función, para la cual la República lo ha investido, acordándole potestades jurisdiccionales como "terceros imparciales" en el marco de una sociedad democrática, con la obligación de impartir justicia en el "caso concreto" -con esto no pretendo establecer una "regla general", hay que ver caso por caso- a la luz de las "libres convicciones" -art. 254 CPP, entre otros: "BASSO", Sala Penal, STJER, 27/04/09- y al abrigo de la prueba legítimamente incorporada en la causa.-

En función de lo expuesto habré de propiciar el íntegro rechazo del agravio expuesto por ambas partes en punto a la supuesta arbitrariedad en la reconstrucción del factum.-

b- Quantum punitivo: En relación a la cuantificación de la pena, insta el recurrente Ramón Alfredo Abasto, una reducción, alegando una fundamentación aparente conforme a los criterios preventivos y la lesión de los bienes jurídicos en juego, lo que a su juicio se aparta de los parámetros establecidos en los artículos 40 y 41 del CP, configurando una motivación insuficiente. Considera además que se lesionan los principios de "proporcionalidad", "humanidad" e "intrascendencia".-

Así las cosas debo señalar, en punto a las críticas genéricamente vertidas sobre la pena, siguiendo el criterio sentado en autos "MAYER y otro", -CCP sent. del 04/11/14-, "SANDOVAL" CCP sent. del 29/12/14, "RODRÍGUEZ y otro", -CCP sent. del 12/11/14-, "PALLAVIDINI", -CCP sent. del 16/12/14-, "GODOY", -CCP sent. 10/03/15-, que por lo general, esta parte de la sentencia resulta menos trabajada y que comúnmente se llega a la pena a partir de la aplicación de mecánicos silogismos deductivos y fórmulas sobre las que sin dudas, siempre pueden encontrarse más y mejores argumentos; el tema aquí es verificar si se incurrió en arbitrariedad, insuficiencia, falta de respuesta o bien se aplicó una pena sin respetar los parámetros objetivos y subjetivos que establece el Código Penal y determina el caso.-

Es que el juez al determinar la pena, fija las consecuencias de un delito estableciendo la "clase", el "monto" y el "modo" de ejecución -o "cuantificación", "selección" y "ejecución", entre otros: ZAFFARONI, Tratado de Derecho Penal, PG., Ediar, 2006, T.V., p. 274-. De esta forma, luego de la Revolución Francesa, los países occidentales -como reacción contra la arbitrariedad y/o desconfianza hacia la justicia- interpretaron la necesidad de fijar no sólo las "conductas" -derecho penal de "acto"- que merecen reproche sino también los "límites" de ese reproche como parte del "principio de legalidad", estableciendo además un mecanismo basado en criterios predeterminados que permiten identificar las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta o descartadas a la hora de imponer una sanción penal, ello sin pretender arribar a la exactitud propia de la matemática -BECCARIA, De los delitos y las penas, El Foro, 2004, p. 91-.-

Como señala ROXIN, la determinación de la pena es una ciencia que todavía está en sus comienzos -cfr. Fundamentos político-criminales del derecho penal, Hammurabi, 2008, p. 146-, en función de ello, el profesor de Munich, luego de analizar la regulación Suiza y Alemana, afirma que con la "determinación de la pena se trata de retribuir la culpabilidad", lo que se concreta a través de la spielraumtheorie -"teoría del ámbito del juego"-, por medio de la cual, se le otorga un margen de libertad al juez fijando límites máximos a la pena que resultaría adecuada a la culpabilidad, límite que no puede ser traspasado en su "magnitud" o "naturaleza". En otras palabras, ese parámetro "ata" al juez, le impide sobrepasarlo, sin vedarle decidir libre y fundadamente hasta dónde puede llegar dentro de él.-

Al definirse por la teoría del "margen de libertad" por sobre la teoría de la "pena exacta" -punktstrafe- el citado autor sostiene que la primera es la que mejor se ajusta a la "realidad del acto", siendo el grado de culpabilidad el que mejor consigue la finalidad político-social de reestablecer la paz jurídica perturbada y de fortalecer la conciencia jurídica de la comunidad imponiendo al autor del delito una sanción que ha "merecido", aquella que le "corresponde" según la gravedad del delito.-

Así, y si bien -como lo afirmara von HIPPEL, Die Strafzumessung, und thr Ruf, en "Fest. f. Richard Lange", 1976, p. 285 y ss.-, la dogmática de la cuantificación nunca logrará eliminar el "problema del criterio judicial", aspecto controversial advertido hace tiempo, entre otros por SALEILLES al decir que la "ley no conoce a los individuos" -La individualización de la pena, Reus, 1914, p. 269 y ss.- y por consiguiente, fija motivos de atenuación o agravación fundados en la mayor o menor gravedad del delito. En esta instancia se busca establecer si el "criterio" utilizado se ajustó a pautas argumentalmente sostenibles, esto es, si lo resuelto se corresponde con el espacio de "libertad" que la ley atribuye al juez a la hora de aplicar la pena teniendo fundamentalmente en cuenta la magnitud del injusto y la culpabildad.-

Adentrándome en lo que hace a la determinación y la influencia que ejerce sobre ella la teoría de la pena, debo indicar, sobre los fines de la pena, que -siguiendo a ROXIN- la misma "sirve a los fines de prevención especial y general. Se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, pero se puede quedar por debajo de este límite en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo-especiales y a ello no se opongan las exigencias mínimas preventivogenerales" -Derecho Penal PG., Civitas, 1997, p. 103- y precisamente sobre ellas pone el acento la decisión al justipreciar el tipo y monto de pena, el que guarda cierta "proporcionalidad" -cfr. MIR PUIG, con su óptica, en Estado, pena y delito, BdF., 2006, p. 44- con la gravedad social del hecho y la necesidad "comunicativa" -así:  BACIGALUPO, al analizar la posibilidad de articular la teoría de la prevención general positiva con las teorías de la unión, Derecho Penal, PG., Hammurabi, 2007, p. 43-.-

Se ha destacado asimismo, la función simbólica de la pena, sobre sus destinatarios -no solo el condenado, sino la sociedad toda-, en relación con los modelos preventivos. Así, se estima que la pena debe "... implantar una determinada visión del Derecho penal en las mentes de la gente el cual enfatice la invulnerabilidad, la igualdad y la libertad, ya que de otra forma no se puede esperar una aceptación de las partes. Cuanto más exigentes se formulen los fines preventivos de la pena (resocialización del delincuente; intimidación de la capacidad delictiva; reafirmación de las normas fundamentales), cuanto más extensos sean los fines de la pena, más claramente parece su contenido simbólico: Persiguen con la ayuda de una intervención instrumental del Derecho penal (en cierto modo acorde con esta práctica) transmitir (cognitiva y emotivamente) el mensaje de una vida de fidelidad al Derecho", destacando también que no se trata de "... la aplicación instrumental del Derecho penal y de la justicia penal sino (tras ellos) de objetivos preventivos especiales y generales: transmitir al condenado un sentimiento de responsabilidad, proteger la conciencia moral colectiva y asentar el juicio social ético; se trata de la confirmación del Derecho y de la observación de las leyes" -HASSEMER, "Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos", en Pena y Estado, Edit. ConoSur, Santiago, 1995, p. 27-.-

Bajo estos parámetros, vemos que los sentenciantes merituaron respecto de Ramón Alfredo Abasto: las penas previstas en abstracto, la naturaleza de la acción, los medios empleados, los daños ocasionados, el haber portado armas de fuego en la concreción, la gran cantidad de disparos que efectuaron, la edad de las víctimas, las lesiones provocadas a Podestá, el horario nocturno, el lugar, la forma y el riesgo para las demás personas, el desprecio por la vida, en tanto, valoraron como atenuantes: la situación personal, la juventud -33 años- y la carencia de antecedentes penales computables.

Así arribaron a una pena de siete años de prisión que se ubica perfectamente dentro de los parámetros máximos y mínimos que tiene la figura -calificación que, recordemos, no fuera cuestionada-, y se trata de tentativa homogénea de homicidio simple en concurso ideal, que proyecta una pena en abstracto que va desde 5 años y cuatro meses a 12 años de prisión.-

Como vemos, la pena aplicada en concreto está apenas por encima del mínimo legal previsto, por lo que mal puede decirse que se violen los principios de "proporcionalidad" y "humanidad", siendo el de "intrascendencia" una consecuencia prácticamente inevitable de toda pena privativa de libertad puesto que es sabido que el encierro genera un impacto indiscutible en la familia y las relaciones sociales del reo.-

Por los fundamentos expuestos, entiendo que la pena no resulta manifiestamente arbitraria ni se aparta de las previsiones legales que rigen en la materia -máximos y mínimos aplicables- por tanto hacen a la magnitud del injusto y culpabilidad, como también a las directrices que fijan los artículos 40 y 41 CP -"RIOS y otro", Sala Penal, STJER, 02/09/13-, auspiciando entonces el rechazo del agravio esbozado sobre este aspecto.-

En este contexto debo recordar que los artículos del Código Penal sobre los que se incardina la condena prevén de antemano las consecuencias para quienes cometan los hechos típicos allí descriptos, no pudiendo interpretarse como desproporcionadas o sorpresivas las consecuencias asignadas en el caso concreto, por lo que mal podrá decirse que la pena aquí determinada se aparta irrazonablemente de esos límites.-

En palabras de la Corte, la sanción traducida en una privación de derechos guarda proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado, porque las previsiones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales -cfr. "GRAMAJO", CSJN, 05/09/06, sobre culpabilidad de acto, ver:  CSJN, Fallos:  308:2236 y 324:4433, voto del doctor Fayt- las que se han respetado en toda su dimensión con el quantum aquí fijado.-

Con lo expuesto, entiendo que debe homologarse la pena y en consecuencia desestimarse el agravio dirigido contra la sanción impuesta a Abasto.-

En definitiva, por los argumentos expuestos, debo propiciar el rechazo de los recursos de casación intentados y con ello, la confirmación de la sentencia atacada.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Señor Vocal, Dr. PEROTTI, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal preopinante.-

A su turno el Señor Vocal, Dr. VÍRGALA, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal, Dr. Chaia.-

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL, Dr. CHAIA, DIJO:

En relación a las costas y atento a la decisión a que ha arribado este Tribunal cabe que las mismas sean declaradas a cargo de los recurrentes vencidos, en partes iguales para cada uno, con excepción de los honorarios profesionales, los que correrán a cargo exclusivo de sus defendidos.-

Respecto de los honorarios no corresponde su regulación en virtud de no haberlos peticionado los letrados intervinientes en forma expresa.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Señor Vocal, Dr. PEROTTI, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal preopinante.-

A su turno el Señor Vocal, Dr. VÍRGALA, expresa su adhesión al voto del Sr. Vocal, Dr. Chaia.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:



HUGO D. PEROTTI


PABLO A. VÍRGALA RUBEN A. CHAIA

SENTENCIA:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;
SE RESUELVE:

I.- RECHAZAR los Recursos de Casación interpuestos a fs. 582/594 vta. y 595/604 contra el pronunciamiento de fs. 558/580, el que en consecuencia, SE CONFIRMA.-

II.- DECLARAR las costas a cargo de los recurrentes vencidos, en parte iguales para cada uno de ellos -arts. 548 y cc del CPPER-.-

III.- NO REGULAR honorarios profesionales a los letrados intervinientes por no haberlos peticionado en forma expresa -art. 97, inc. 1º) Decreto Ley Nº 7046-.-

IV.- TENER presente las reservas de Caso Federal en la forma en que han sido efectuadas en los respectivos escritos.-

V.- Protocolícese, sirva la lectura de la presente sentencia en audiencia respectiva, como notificación válida a todos los efectos, debiendo notificarse personalmente a los imputados privados de libertad; oportunamente, en estado bajen.-


HUGO D. PEROTTI


PABLO A. VÍRGALA RUBEN A. CHAIA
Ante mi:

Se protocolizó. Conste.-

CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-
Catálogo: download
download -> Introducción a la Arquitectura de Software
download -> Escuela preparatoria de jalisco. Tabla de contenido
download -> "rios, Francisco Daniel; rios, Martín Alberto; rios, Exequiel Jorge; gerez, Hugo Orlando; terra néstor Fabián y terra; Fabián Javier homicidio en grado de tentativa s/recurso de casacion"
download -> El delito de estafa en la jurisprudencia del tribunal supremo. Antonio pablo rives seva
download -> Manual de normalización de documentos administrativ
download -> Procedencia: La Vanguardia, Sábado, 17 de Febrero de 1990
download -> El rinoceronte en el aula r. Murray schafer
download -> Apuntes 1RA. Parte hechos y actos juridicos
download -> 1. principios generales del derecho
download -> Unidad 5 // Arte y Arquitectura de la Segunda Posguerra. Hacia una nueva sensibilidad. Objetivos particulares de la Unidad


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2019
enviar mensaje

    Página principal