Obierno de los


Los principios que sustenta el Ejecutivo federal



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4.3. Los principios que sustenta el Ejecutivo federal

El desarrollo de las funciones de la presente adminis­tración, contenidas en este Plan Nacional de Desarro­llo, se apoya en tres postulados fundamentales:

  • Humanismo

  • Equidad

  • Cambio


En cuatro criterios centrales para el desarrollo de la nación:

  • Inclusión

  • Sustentabilidad

  • Competitividad

  • Desarrollo regional


En cinco normas básicas de acción gubern a m e n-tal:

  • Apego a la legalidad

  • Gobernabilidad democrática

  • Federalismo

  • Transparencia

  • Rendición de cuentas


En conjunto, estos principios guiarán los pro­yectos, los programas y las acciones de la administra­ción pública federal.

Postulados

Humanismo

Cada persona es un ser único; por ello, debe ser apo­yada para que pueda lograr su más amplio desenvol­vimiento material y espiritual. Ése es precisamente el fin primordial de las acciones del Estado: lograr el desarrollo integral del ser humano y de sus comuni­dades.

Los seres humanos se expresan plenamente cuan­do descubren y ejercitan sus potencialidades tanto intelectuales como físicas. Es obligación de las auto­ridades propiciarlas, respetando las distintas formas de ser de las personas y de las familias integrantes de la comunidad y, de esta manera, hacer posible el me­joramiento de la vida humana, afirmar su valor y darle seguridad.

Este gobierno tiene como tarea primordial crear las condiciones económicas, sociales y políticas para apoyar el desenvolvimiento armónico de las faculta­des del ser humano, su inteligencia y su voluntad li­bre, tanto en el ámbito individual como en el social, alentando una conciencia cívica que permita tener mejores ciudadanos.

La dignidad de la persona exige que el Estado respete estrictamente los derechos humanos, que las instituciones se orienten y fundamenten en princi­pios de solidaridad y de justicia, y que el principio de subsidiariedad enmarque los espacios de acción del Estado.

Equidad

Los ciudadanos son iguales ante la ley y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, inde­pendientemente de sus diferencias económicas, de opinión política, de gén e ro, religiosas, de pert e n e n c i a étnica o preferencia sexual u otras. Esas diferencias no pueden, en ningún caso, utilizarse o invocarse pa­ra evitar que a todas las personas se les brinden las mismas oportunidades. La propia diversidad entre los individuos hará que cada uno de ellos opte por aprovechar o no ciertas oportunidades; lo que im­porta es que la sociedad las haya puesto a su dispo­sición y haya mejorado su capacidad para aprove­charlas sin exclusiones.

México se ha caracterizado, en sus casi dos siglos de existencia como país independiente, por una no­table desigualdad de oportunidades entre sus distin­tos grupos sociales. Específicamente, en lo re f e rente a la cultura y su preservación, al acceso a la educación, a los servicios públicos, al trabajo y a la participación en la economía y, desde luego, al ejercicio de los de­rechos ciudadanos.

Las inequidades son causa de muchos dramas en la vida de los seres humanos que no alcanzan a desa­rrollar su potencial como personas. Las oport u n i d a d e s son distintas en el ámbito rural y en el urbano, en las grandes y en las pequeñas ciudades, en las zonas re­sidenciales y en las zonas marginadas, etc. También se advierten de manera muy notoria desigualdades de oportunidad entre los géneros, pues los hombres tienen más posibilidades de acceso a las distintas op­ciones de educación y trabajo que las mujeres.

Debido a ello, se re q u i e re de manera imperati­va la transversalidad de las acciones de gobierno, pa­ra que los resultados sean equitativos y aseguren el impacto deseado en los grupos más desfavore c i d o s : indígenas, mujeres, personas con discapacidad, et­c é t e r a .

La promoción de la equidad y la igualdad de

o p o rtunidades es otra tarea primordial de este gobier­no. Para llevarla a cabo se crearán las instituciones y los mecanismos indispensables, así como programas regionales y especiales para poner al alcance de todos los habitantes sin distinción los bienes sociales y los satisfactores básicos: habitación, vestido, sustento, transporte, educación, trabajo, salud, seguridad so­cial y diversión sana.

Cambio

Para que se establezcan las condiciones y oport u n i­d ades que re q u i e re el conjunto de la población en M é x ico es necesario el cambio; éste, a su vez, exige el establecimiento de un sistema democrático y de re s-p o n s a b i l i d a d compartida entre las instituciones pú­blicas y las organizaciones de la sociedad.

Sin embargo, es fundamental entender cuáles son las exigencias para vivir positivamente esta nue­va dinámica de la sociedad en proceso de cambio.

Es indispensable un mayor conocimiento de la historia de nuestro país, para poder advertir claramen­te los aciertos y erro res que hemos cometido como co­munidad nacional y como comunidades re g i o n a l e s .

Esta cambio incluye la realización de un esfuer­zo solidario y permanente para transformar las con­frontaciones y conflictos en relaciones constru c t i v a s encaminadas a la consolidación de un nuevo ord e n en el que se conduzcan positivamente las relaciones sociales, económicas y culturales, sin demérito de personas y comunidades.

Es indispensable la generación de confianza en un gobierno transparente y honesto en todos los ór­denes de la administración pública, que mantenga in-f o rmada a la sociedad sobre el ejercicio del poder y la operación de las instituciones públicas, y dé a la so­ciedad la capacidad suficiente para formular denun­cias y exigir responsabilidades a los servidores pú­blicos.

La demanda de la ciudadanía de contar con un g o b i e rno que produzca resultados tangibles y valio­sos, hace necesaria la implantación de un proceso de cambio profundo que le permita responder al nuevo e n t o rno y crear las oportunidades de desarrollo para toda la población. Esto exige un trabajo serio y entu­siasta para dejar atrás prácticas y supuestos obsoletos, y para emprender un proceso de cambio y transfor­mación con ideas innovadoras y creativas. Se re q u i e­re un cambio de paradigmas; un cambio de cultura que permita la evolución hacia enfoques proactivos y v i s i o n a r i o s .

La innovación en el gobierno, que nos perm i t a concebir nuevas formas de hacer las cosas, así como mejorar lo que se ha estado haciendo bien y que p roduce un valor agregado para la sociedad. Con ideas innovadoras buscaremos remplazar los siste­mas burocráticos por sistemas empre n d e d o res, así como crear organizaciones públicas y sistemas de atención que estén mejorándose de manera perm a-n e n t e .

La consolidación de un gobierno que se dedique a administrar resultados, en vez de normas y trámi­tes. Un gobierno con sentido estratégico en la con-d u c c i ó n del desarrollo del país mediante procesos de planeación que respondan a las expectativas de la so­ciedad, y que rinda cuentas de sus resultados y de la conducta de sus servidores públicos.

La construcción de una economía sana que cre z-ca de manera estable y dinámica, y cuyos beneficios lleguen a toda la población.

El establecimiento de mecanismos preventivos del daño que pueden causar las relaciones de pro d u c­ción inequitativas, la concentración del ingreso, los privilegios y la corrupción que afectan severamente a las instituciones y a las personas.

Sólo de esta manera podremos hablar de un ver­dadero cambio, que parta de la sociedad y que defi­na con claridad el quehacer y el alcance de las insti­tuciones públicas, y no como en el pasado cuando el cambio se imponía desde las cúpulas del poder.

El cambio que este gobierno llevará a cabo se basa en la edificación de una nueva era de coopera­ción democrática, seguridad pública y Estado de de­recho; en el fortalecimiento de la economía garanti­zando un crecimiento con calidad humana y en equilibrio con nuestro entorno. Un cambio para c o n s-t ruir una nación con altos índices de desarrollo social y humano.

Criterios centrales para el desarrollo de la nación

Inclusión

Este Plan busca ofrecer oportunidades a toda la po­blación para que, mediante una mejor preparación, se facilite su crecimiento como personas y adquieran la capacitación y el adiestramiento necesarios para a p rovechar las oportunidades del desarrollo. Para lo­grarlo se requiere una nueva relación entre el gobier­no y la sociedad que permita la creación de nuevas formas de inclusión, así como la reconstitución del tejido social.

Históricamente y a lo largo de casi doscientos años, México se ha desenvuelto como país indepen­diente, teniendo como antecedentes las culturas ori­ginales de la región mesoamericana y los tres siglos del periodo colonial. Su desarrollo ha alcanzado un nivel de integración nacional y regional de ciert a consistencia; sin embargo, faltan elementos de cohe­sión que den estabilidad y posibilidades de desarro­llo al conjunto de la población.

Con la globalización de la economía, a principios de los ochenta, se abrieron para México extraord i n a­rias oportunidades para exportar y producir en gran escala. Así, a mediados de la misma década, el país inició su inserción en la economía internacional. Este proceso ha propiciado que una parte de la economía mexicana se transformara, que participara con éxito en el marco de competencia internacional y se cre a r a n nuevas fuentes de empleo y de riqueza. Sin embargo, otra parte ha permanecido rezagada y ha encontrado grandes dificultades para adecuarse a la cambiante re a­lidad económica.

En la era de la globalización, las políticas pues­tas en práctica en el país no han logrado estabilizar la economía ni propiciar un desarrollo equilibrado en­tre regiones, sectores y grupos de la población. El re­sultado ha sido un costo social muy elevado: las desi­gualdades sociales y regionales se han incre m e n t a d o ; la pobreza y la marginalidad han crecido, y el subem­pleo y el empleo informal constituyen la manera de participar en la economía para millones y millones de mexicanos.

Esta situación de inequidad demanda hoy una política de desarrollo incluyente y plural, que tome en cuenta las distintas ideas, etnias, necesidades y cir­cunstancias de los distintos grupos y regiones del país para incluirlos en el proceso de desarrollo. Por ello, uno de los criterios centrales de la política de desa­rrollo de este gobierno consiste no sólo en llevar bie­nes que mitiguen la inequidad y la miseria, de lo que se trata es de c o n s t ruir puentes para el desarro l l o económico y social de los grupos marginados, muchos de los cuales durante décadas han estado excluidos, de manera muy especial los indígenas, buscando que transiten de su condición de pobreza y exclusión, a una de progreso, bienestar y mejores condiciones de vida.

El desarrollo humano debe ser incluyente para ofrecer a todos los mexicanos las oportunidades que necesitan para su crecimiento como personas se re­quiere una nueva relación entre el gobierno y la so­ciedad, se requiere una política social de inclusión.

Se necesita una considerable expansión de los mecanismos que permitan ampliar las capacidades de todos los mexicanos, especialmente los más desfavo­recidos, al tiempo que se incrementan las oportuni­dades y se garantiza que cada persona tenga acceso a ellas, lo que le permitirá ser sujeto de su propio de­sarrollo, al poseer los medios para progresar por su propio esfuerzo.

Así, las acciones para promover el desarrollo del país estarán orientadas a lograr que los avances en los procesos de innovación y las oportunidades de acce­so al crédito, a la tecnología, al conocimiento técnico y al dominio de las mejores prácticas estén disponi­bles para más mexicanos. Debemos asegurar que to­dos estén incluidos en el proceso de desarrollo cre a n-do nuevas formas de inclusión y reconstituyendo el tejido social.

Sustentabilidad

La otra gran área excluida del proceso de formación de la nación mexicana ha sido la protección de la naturaleza. Ti e rra, aire, agua, ecosistemas naturales y sus componentes, flora y fauna, no han sido valora­dos correctamente y, por mucho tiempo, se les ha de­predado y contaminado sin consideración.

La excepcional biodiversidad de la que nuestro país ha sido dotado como patrimonio natural ha su­frido daños considerables y debe pre s e rvarse para las generaciones futuras. Es un hecho que en los p rocesos de desarrollo industrial, de urbanización y de dotación de servicios, los recursos naturales no se han cuidado de manera responsable, al antepo­ner el interés económico a la sustentabilidad del d e s-a rro l l o .

Este proceso de devastación tiene que detenerse. El desarrollo debe ser, de ahora en adelante, limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. A s í, el desarrollo debe sustentarse en la vida porque de otra manera no sería sustentable en función del país que queremos.

Debemos asumir con seriedad el compromiso de trabajar por una nueva sustentabilidad que proteja e l p resente y garantice el futuro. El capital natural de nuestro continente, de nuestro país, debe preservar­se. Y éste es, precisamente, el criterio que el gobier­no promoverá para garantizar un sano desarrollo.

Competitividad

La nueva economía, las profundas transformaciones en el comercio y los flujos financieros intern a c i o n a l e s han traído cambios fundamentales en la estructura de los mercados y en las formas de competencia que transforman el entorno económico en el mundo y en México, lo cual impone un gran reto que debemos en­frentar para lograr un desarrollo exitoso.

En un mundo globalizado, el país requiere un sector productivo más competitivo y sólido para afrontar las exigencias que este entorno presenta.

Por ello, sobre la base de la eficacia y la equidad de oportunidades, es imperativo construir puentes que conduzcan a un futuro compartido: puentes e n t re la vanguardia exitosa y la re t a g u a rdia olvida­da; entre la tradición y la modernidad; entre la vie­ja y la nueva economía; puentes para que los exclui­dos del desarrollo se incorporen a un proceso al que tienen derecho; puentes de alta velocidad para lle­gar más rápido; puentes amplios donde puedan ser incluidos todos los que hasta hoy han sido marg i­n a d o s .

Este gobierno tendrá a la competitividad como uno de los criterios básicos para el desarrollo. Con un espíritu de equidad, creará las condiciones ne­cesarias para que las empresas, grandes y peque­ñas, puedan desarrollarse y transformarse de acuer­do con el ritmo que marcan los rápidos cambios, especialmente en la tecnología, en los nuevos pro­cesos productivos y en la revolución digital. Por ello, ampliará las oportunidades, la capacitación, el acceso al crédito, para que de esta manera los sec­t o res, las regiones y los grupos que tradicionalmen­te han estado excluidos de las oportunidades del d e s a rrollo, sean competitivos en este nuevo escena­rio económico.

Estamos conscientes de que el impulso a la com­petitividad no garantiza que todos los grupos alcan­cen sus beneficios. Por ello, es necesario realizar ac­ciones para apoyarlos de manera especial, buscando mitigar los efectos negativos que este fenómeno les pudiera acarrear, y ayudarlos para que en el futuro puedan competir con éxito.

El gobierno adoptará también estrategias que mejoren la competitividad y la eficacia de los servi­cios que ofrece, para así crear un clima propicio pa­ra la competitividad del sector productivo: reglas cla­ras, sencillas y permanentes; rendición de cuentas; servicios de calidad; infraestructura adecuada.

En este contexto de búsqueda de competitividad no hay desarrollo posible si el modelo elegido no es capaz de reducir la brecha entre los que tienen acce­so a las nuevas tecnologías de información y de pro­ducción, y los que se han ido quedando cada vez más lejos del acceso a estas herramientas para el desarro­llo. Los sistemas de información más avanzados de­ben estar en el centro de la agenda nacional, y debe­rán ser un factor para reducir la brecha entre las regiones, las empresas y las familias, y contribuir al desarrollo de un México más competitivo y a una so­ciedad más justa y humana.

Desarrollo regional

El país tiene una conformación topográfica muy di­versa que ha condicionado la estructura territorial de las ciudades y de la actividad económica: el paso de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el cinturón desértico del Trópico de Cáncer condi­cionan el clima, el agua, la fertilidad y los riesgos.

La labor del hombre sobre la geografía ha lleva­do a resultados no menos dramáticos. En los últimos años ha crecido la brecha entre ingresos y oportuni­dades de centros poblacionales prósperos y centros rezagados. Esta brecha apenas se ha mitigado entre regiones.

El resultado es que vivimos en un México de fuer­tes contrastes. Existen enormes diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una inmensa diversidad en sus recursos naturales. El desarrollo económico y humano es desigual a lo largo y ancho del país, cau­sando grandes desequilibrios: algunas zonas son mo­dernas e industrializadas, mientras otras son pob re s y poco desarrolladas. La falta de políticas claras de de­sarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de varios Méxicos dentro de un mismo territorio.

Los datos disponibles indican que el Distrito Fe­deral registra en la actualidad un índice de desarro l l o humano similar al de naciones que ocupan las posicio­nes 21 y 22 en la clasificación mundial, en tanto que Chiapas y Oaxaca tienen un índice semejante al de los países que se encuentran en los lugares 101 y 102.

La migración ha sido un mecanismo para trans­ferir remesas de las regiones más ricas a las más po­bres y reducir presiones en estas últimas. El costo de la migración lo absorben los propios migrantes, sus familias y sus comunidades. Sin embargo, a pesar de su intensidad, no se han reducido las diferencias en­tre regiones. El 18% de los mexicanos vive en luga­res distintos a su entidad de nacimiento, el doble del observado en 1970. Además, en los últimos 30 años se ha incrementado más de 10 veces el número de mexicanos que vive en Estados Unidos.

Este gobierno fortalecerá el federalismo para re s­ponder a la demanda social por una distribución más equitativa de oportunidades entre regiones, mediante la distribución adecuada de atribuciones y recursos entre los órdenes de gobierno para mejorar la com­petitividad y cobertura de los servicios públicos.

Este gobierno también facilitará que cada región sea el principal artífice de su propio destino, con el apoyo del resto de la Federación. En este sentido, promoverá el desarrollo de planes concretos para ca­da región que sean acordes con las necesidades y vo­caciones específicas y que sean congruentes con los procesos de descentralización económica, política y social que vive nuestro país.

Normas básicas de acción gubernamental

Apego a la legalidad

El principio que dispone que la autoridad guberna­mental sólo puede hacer aquello que le está expresa­mente permitido por las normas jurídicas y que debe actuar respetando los límites, acotamientos y condi­ciones que le impone el orden jurídico para el caso particular de que se trate, será estrictamente respeta­do por el Ejecutivo y por todos sus colaboradores.

La observancia de la ley por parte de los servido­res públicos de la administración pública federal será un principio que distinguirá la acción del Ejecutivo. En el marco jurídico reconocerá un mandato supre­mo. De acuerdo con la jerarquía de normas, la admi­nistración pública federal acatará las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales, los con­venios, las decisiones jurisdiccionales y las disposi­ciones administrativas que regulan su actividad. El gobierno será particularmente respetuoso de los de­rechos humanos.

La fuerza del Ejecutivo será la que deriva de la le­gitimidad que otorga el derecho. La observancia de los principios del Estado de derecho crea certidum­bre, establece un valladar que protege los derechos fundamentales de las personas, que permite reme­diar acciones contrarias a derecho que afectan a la co­munidad y que atentan contra el interés público o le­sionan los intereses legítimos de las personas.

El gobierno deberá facilitar el acceso expedito y práctico de las personas a las vías administrativas y judiciales de que formalmente disponen para cues­tionar actos de las autoridades de las dependencias de la administración pública federal. Cuando los asuntos lleguen al conocimiento de los tribunales del Poder Judicial, éstos pondrán especial cuidado en cumplir con su obligación de obedecer lo que man­den las resoluciones de ellos emanadas.

Es prioridad del Ejecutivo convertir a México en un país de leyes, que dé cert i d u m b re, seguridad y con­fianza a los ciudadanos. Para lograrlo, es necesario, entre otras cuestiones, que los programas y acciones encaminados a mejorar la seguridad pública, comba­tir la corrupción, defender la soberanía, re s g u a rdar la seguridad nacional y mejorar el sistema de imparti­ción de justicia tengan como hilo conductor el re s p e­to a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados intern a c i o n a l e s .

P e ro el esfuerzo debe ir más allá. Se debe pro m o-ver entre la población la observancia de la ley. Una forma de lograrlo es mejorar la calidad y el acceso a la procuración y administración de justicia. Estas ac­ciones deben ir acompañadas de la consolidación de una cultura de la legalidad tanto en ciudadanos como en autoridades. El reto es considerable si se toma en cuenta la desconfianza que impera en la sociedad de­bido a prácticas de impunidad y de corrupción que por décadas han estado presentes en la vida pública del país.

El gobierno está decidido a restituir la confian­za y la seguridad de las familias mexicanas por me­dio del ejemplo: honestidad, irrestricto apego a la legalidad y fin a la impunidad. El objetivo es elimi­nar vicios e inercias y hacer que tanto las autorida­des como la población acaten lo dispuesto en el or­den jurídico.

La consolidación del Estado de derecho traerá beneficios tangibles al Estado, a la sociedad y a los in­dividuos que la componen. Entre esos beneficios destacan el pleno goce de los derechos humanos, la certidumbre, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto y confianza de los ciudadanos en las auto­ridades.

Gobernabilidad democrática

La administración pública federal ejercerá el poder público en ella depositado con las formas propias de una democracia.

El ser humano es la razón de ser del Estado. La ad­ministración pública federal tendrá presente al ciu­dadano como origen y destino de sus acciones; éstas respetarán siempre los derechos humanos.

Las dependencias promoverán procesos de deli­beración colectiva relacionados con las políticas pú­blicas. Respetarán y promoverán el pluralismo. Deja­rán atrás procesos clientelares. Apegarán su conducta a derecho. De manera part i c u l a r, re c u rr irán al uso de la fuerza legítima del Estado únicamente en los tér­minos previstos por el orden jurídico.

En el esquema de competencias definido por la Constitución se contemplan acciones que requieren una interacción Ejecutivo-Legislativo. La administra­ción pública federal trabajará junto con el Congreso de la Unión, con sus cámaras y con sus comisiones bajo un esquema de corresponsabilidad. Los servi­dores públicos del Poder Ejecutivo Federal respeta­rán los espacios de competencia de los poderes Le­gislativo y Judicial, así como los de las autoridades federales y estatales.

El Ejecutivo contribuirá, en la esfera de sus atribuciones, al fortalecimiento del sistema de par­tidos y de las instancias de re p resentación de la ciu­d a d a n í a .

Las dependencias de la administración pública federal colaborarán para que la ciudadanía esté me­jor informada y desarrolle habilidades y destre z a s que le permitan promover sus intereses legítimos e incorporarse a los procesos de definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Además, im­pulsarán las actividades de desarrollo social desple­gadas por organizaciones sociales.

Las dependencias estimularán el diálogo y la ne­gociación, sin violar jamás la ley. Promoverán la c o n s t rucción de convergencias políticas y sociales que hagan frente a los grandes desafíos nacionales. Acercarán procesos de toma de decisiones a las bases sociales. Asimismo, facilitarán el acceso a la informa­ción de fuentes oficiales conforme al marco norma­tivo respectivo.

Los cambios son part i c u l a rmente podero s o s cuando surgen de la propia sociedad y es ella la que participa en su instrumentación y evaluación. Por tal motivo, es necesario asegurar que la responsabilidad del desarrollo nacional sea compartida por el gobier­no y la población.

En el proceso de desarrollo integral de México es tan importante la participación de los ciudadanos y la expresión de su voluntad respecto de programas y metas de las instituciones públicas, como la evalua­ción de los resultados que se obtengan.

La participación ciudadana se impulsará, desde los espacios de atribución del Ejecutivo, en la admi­nistración pública de los tres órdenes de gob i e rn o , para tener lugar desde la planeación del desarrollo hasta el seguimiento y control del mismo.

Este gobierno se compromete a fortalecer la par­ticipación ciudadana en las acciones de gobierno, re s-petando los cauces institucionales creados para ello.

Federalismo

En el mundo moderno y globalizado en el que vivi­mos, es cada vez más evidente que la descentraliza­ción responsable y cuidadosa, basada en criterios de eficacia, respeto a la autonomía y equidad, rinde m a­y o res frutos que la concentración de funciones, fac u l­tades y recursos, al mismo tiempo que facilita el aho­rro de recursos, la eficacia y el desarrollo sustentable.

Para que un país tenga éxito en el nuevo esquema mundial, es necesario contar con gobiernos ágiles, re s-p o n s ables, con capacidad de respuesta y herramien­tas para enfrentar los retos que impone el desarrollo. Las estrategias para resolver necesidades y crear con­diciones de desarrollo en cada localidad, deben que­dar en manos de las entidades federativas y los mu­nicipios para llegar a un nuevo pacto federal que habilite a cada o rden de gobierno para ejecutar accio­nes que respondan de manera inmediata y efectiva a las necesidades de la población, y que se traduzcan en una mejora en su calidad de vida.

Es necesario fortalecer el federalismo en México. Es la forma como el desarrollo de las diferentes re g i o­nes que componen nuestro vasto territorio puede lograr que las menos desarrolladas mejoren sus con­diciones y que la Federación se vea fortalecida me-d i a nte un sano desarrollo regional.

En la medida en que se fortalezcan los mecan i s­mos para acercar las decisiones de gobierno al ámbi­to en el que éstas son requeridas, en esa medida será el grado de pertinencia que tengan para resolver los problemas o aprovechar las oportunidades de las lo­calidades en cuestión, elevando de esta forma el im­pacto y la eficacia en el uso de los recursos y logrando m e j o res resultados para la población que cada vez de­manda más y mejores satisfactores a sus necesidades.

El Ejecutivo federal está comprometido a acelerar el proceso de federalismo, la justa redistribución del gasto, la capacidad para generar mayores ingresos, así como el poder de decisión y de ejecución de obras y p restación de servicios públicos, hacia los gobiern o s locales. Por ello, resulta indispensable fortalecer y re s-petar las autonomías estatales y municipales, re c o n o­ciendo la capacidad de autodeterminación y ejecu­ción de los órdenes de gobierno, habilitándolos para que sean los principales artífices de su desarro l l o .

Este gobierno se compromete también a f o rt a l e­cer la participación ciudadana en las acciones de go­b i e rno, respetando los cauces institucionales cre a d o s para ello. Esto implica pasar de la amplia particip a­ción ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a una amplia participación en los pro­cesos de evaluación de los resultados y de comp ro m i-so con las acciones que la misma sociedad y los de­más órdenes de gobierno deben emprender para materializar el México que deseamos.

Transparencia

El Ejecutivo federal actuará con transparencia en el ejercicio de sus facultades, por lo que los servidores públicos de la administración pública federal estarán obligados a informar con amplitud y puntualidad so­bre los programas que tienen encomendados, en tér­minos de logros alcanzados y recursos utilizados.

Las decisiones gubernamentales tienen que ser t r a n s p a rentes, por lo que deberán estar abiertas al es­crutinio público, con excepciones muy claramente definidas en relación con la seguridad de la nación. Esto debe realizarse mediante normas perfectamen­te definidas y conocidas tanto por los servidores pú­blicos como por el conjunto de la ciudadanía, bus­cando evitar tanto los errores por desconocimiento como las faltas ocasionadas por la mala fe o la defi­ciente actitud de quienes prestan un servicio públi­co a la ciudadanía.

Las reglas de acceso a la información guberna­mental tienen que ser las mismas para todos los inte­resados en la actividad del gobierno. Informar de ma­n e r a t r a n s p a rente y oportuna debe ser una constante en todas las dependencias de la administración pú­blica federal.

Las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo y acotarse y reglamentarse mediante norm a s claras de orden público, con lo cual se evitarán las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciu­dadanía valorar la honestidad y honradez de los ser­vidores públicos y, en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública.

El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren pa­ra err a d i c a r, de una vez por todas, el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción

Rendición de cuentas

El establecimiento de un sistema nítido de re n d i c i ó n de cuentas públicas re q u i e re la designación de re s­ponsables en las distintas actividades y programas de la administración pública federal, de tal manera que los culpables de ineficacia o corrupción puedan ser inmediatamente detectados e identificados, para pro­ceder en consecuencia.

Para eliminar la impunidad es necesario que cada funcionario público conozca con claridad sus obliga­ciones y sus compromisos dentro de una nueva cul­tura de rendición de cuentas. Además, es necesario que estos servidores dispongan de los instrumentos y la capacitación adecuados para realizar eficazmen­te su trabajo y que tanto el sistema de supervisión como los mecanismos para su seguimiento y sanción sean claros y sencillos en su aplicación.

La rendición de cuentas exige un sistema de pla­neación que, basado en el Plan Nacional de Desarro­llo, defina las prioridades, actividades y metas de cada á rea de gobierno, así como un sistema de indicadore s que mida su cumplimiento y los evalúe en re l a c i ó n con los objetivos del desarrollo nacional. Esto facili­tará la adopción de las acciones correctivas en los ca­sos en los que sean necesarias y la adecuación de pro­cesos y proyectos, así como las acciones que perm i t a n f o rtalecer y consolidar los éxitos obtenidos con la ac­ción del gobierno y la participación de la sociedad.

Con el fin de hacer más congruente la acción del gobierno con las necesidades de la sociedad, se ne­cesita un sistema para captar las opiniones de los ciu­dadanos sobre las obras y los servicios que requiere del gobierno, así como de la calidad que demanda de los servicios públicos que recibe.

Finalmente, debe establecerse un sistema de es­tímulos para los serv i d o res públicos sobresalientes, y promover las actividades destacadas de las o rg a n i z a­ciones sociales en su colaboración para el des a rro l l o de su localidad, región o incluso del país. Los s i s t e m a s de premiación y reconocimiento de los serv i d o res efi­caces y de los ciudadanos conscientes, deben multi­plicarse para estimular estas conductas.

A fin de cuentas, los resultados obtenidos por la administración pública federal deben ser conocidos por la ciudadanía, tanto los positivos como los nega­tivos. De esta manera enfrentaremos con honestidad a la opinión pública y promoveremos la participa­ción de la sociedad en una nueva cultura de respon­sabilidad compartida y de rendición de cuentas, así como en la conducción del desarrollo nacional.

4.4. Las políticas del Poder Ejecutivo Federal

Las políticas públicas son el conjunto de concepcio­nes, criterios, principios, estrategias y líneas funda­mentales de acción a partir de las cuales la comunidad organizada como Estado, decide hacer frente a desa­fíos y problemas que se consideran de naturaleza pú­blica. Si bien las políticas públicas definen espacios de acción no sólo para el gobierno sino también pa­ra actores ubicados en los sectores social y privado, las diversas instancias de gobierno cumplen una im­portante función en el proceso de generación de po­l í t i c a s públicas. Los objetivos esenciales del Estado orientan el sentido y contenido de las políticas públi­cas. Éstas se expresan en decisiones adoptadas en for­ma de instituciones, programas concretos, criterios, lineamientos y normas.

Las políticas públicas están contenidas no sólo en planes, programas y asignaciones de recursos pre­supuestales, humanos y materiales, sino en disposi­ciones constitucionales, leyes, reglamentos, decre t o s , resoluciones administrativas, así como en decisiones emanadas de cortes, tribunales y órganos constitu­cionales autónomos. Las estructuras mismas de go­bierno y los procedimientos aplicados por éstas, es­tán influidas por las políticas públicas adoptadas p o r el Estado. Éstas son parte de la riqueza de un país, pe­ro deben revisarse constantemente en la búsqueda de un ejercicio eficaz de gobierno. La capacidad de un gobierno para cumplir su misión está directamente vinculada a la solidez de las políticas públicas. Sin duda, un buen gobierno es aquel que opera a part i r de políticas públicas sólidas y esto implica la capaci­dad de renovar sus alcances, sentido y contenido en razón de:

  • Los hallazgos en las disciplinas que aportan teoría y evidencia para el diseño de políticas.

  • La experiencia del gobierno mexicano y de otros gobiernos respecto a la ejecución práctica de acciones.



  • Los cambios en las necesidades de la pobla­ción y en las prioridades expresadas por ésta.

  • La evolución del entorno y de las circunstan­cias particulares que rodean a los fenómenos o situa­ciones específicas objeto de las políticas públicas.

  • Los ajustes decretados por las instancias de de­cisión legítima establecidas en la Constitución y en las leyes, como son el cuerpo electoral, los mecanis­mos de democracia directa, los poderes y los órg a n o s constitucionales autónomos.

  • Las fluctuaciones en la dotación de los re c u r s o s humanos, materiales y económicos disponibles.


Las instancias de gobierno están obligadas a ase­gurar el logro de objetivos sociales valiosos median­te el ajuste de los alcances, del sentido y del conteni­d o de las políticas públicas. Los principios a partir de los cuales se definen los espacios de libertad de los individuos, los ámbitos de acción y responsabilidad propios de los sectores social y privado, así como el grado de intervención que corresponde al Estado, son un aspecto particularmente importante de las políticas públicas.

Las transiciones demográfica, social, económica y política, a las que ya se ha hecho referencia, exigen realizar una profunda revisión de las políticas públi­cas en México. En este sentido, desde el primer día de esta administración se han anunciado re f o rmas, se han puesto en juego palancas, se ha trabajado para establecer alianzas y se han emprendido procesos de diálogo.

El Ejecutivo federal se ha comprometido a pro­mover y realizar re f o rmas en aquellos casos en los que las normas y los procedimientos vigentes inhi­ben el desempeño de la sociedad. De esta manera se facultará y habilitará a los actores sociales y econó­micos para que actúen en beneficio de la sociedad y para que puedan avanzar en la satisfacción de sus i n t e reses legítimos, sin perjuicio del interés general. Serán re f o rmas que implicarán la descentralización de facultades y recursos de la Federación hacia las entidades federativas y municipios. Estarán dirigi­das a que la economía crezca con estabilidad, a dis­minuir la pobreza y a avanzar en la igualdad, en el acceso a oportunidades, a expandir la educación, a consolidar el avance democrático, a profundizar la t r a n s p a rencia y la rendición de cuentas, a abatir la inseguridad y a cancelar la impunidad.

El Ejecutivo federal sabrá poner en juego palan­cas, esto es, acciones directas del gobierno, que per­mitan utilizar su gran capacidad de ejecución, con el propósito no sólo de cumplir sus propios fines, sino también de fomentar y potenciar las acciones de los a c t o res sociales y privados. En el proceso de su pro p i a

o rg a n i z a c i ó n , el gobierno actúa conforme a un rum­bo que permite la programación de acciones por los p a rt i c ulares y los actores sociales. Así lo hace de ma­nera señalada en cuestiones relativas al empleo, a la educación y al desarrollo regional.

El Ejecutivo federal continuará impulsando el p roceso de construcción de convergencias que dé lu­gar a alianzas que se traduzcan en acciones concer­tadas entre el gobierno y los actores sociales y econó­micos en ámbitos en que se re q u i e re la acción concurrente y coordinada entre gobierno y sociedad, p a r a cumplir los objetivos comunes. Se han planteado a l i a nzas para impulsar la eficacia y la transparencia en los tres órdenes de gobierno, para avanzar de la marginación al desarrollo, para promover la unidad, la concordia y el acuerdo entre mexicanos, para tran­sitar de la arbitrariedad al Estado de derecho.

Los procesos de diálogo continuarán guiando la acción del Ejecutivo federal y servirán para hacer fre n-te a la creciente complejidad y diversidad que caracte­rizan al México de hoy. Por medio del diálogo, el Eje­cutivo busca conocer la opinión de la sociedad, la escucha y valora, aprende de ella y la considera como p recedente antes de tomar las decisiones que la Cons­titución y las leyes asignan a su responsabilidad. Las autoridades no pueden rehuir la responsabilidad de tomar aquellas decisiones que dan razón a su exis­tencia y para las cuales fueron instituidas. Sin embar­go, aun en los casos en los que corresponde a la au­toridad decidir de manera unilateral, el diálogo es útil en el proceso de persuadir a actores sociales respec­to a decisiones adoptadas por el Ejecutivo con una lógica de interés público. El gobierno ha declarado su vocación de dialogar con respeto en cuestiones ta­l e s como el trabajo, el desarrollo social, los grupos más vulnerables o la competitividad. Ha re c o n o c i d o la necesidad de dialogar con el Congreso de la Unión, de mantener comunicación con el Poder Judicial so­bre aquellas cuestiones que puedan contribuir a su fortalecimiento, así como de dialogar con las autori­dades de otros órdenes de gobierno.

4.5. La política social

La emancipación, objetivo de la política social

La acción de gobierno descrita en el Plan Nacional de Desarrollo tiene por fin último mejorar la calidad de vida de los mexicanos, asegurar el pleno ejercicio de su libertad personal en un entorno de convivencia humana y de respeto a la naturaleza que multiplique las oportunidades de progreso material, favorezca el desenvolvimiento intelectual y propicie el enriqueci­miento cultural de cada uno de los ciudadanos del país. El desarrollo que se propone tiene a las perso­nas como su origen y destino; un desarrollo en el cual la sociedad es vista como la suma e interacción de los hombres y las mujeres que la componen, todos y cada uno de ellos de importancia para el resultado colectivo.

La fuerza del Plan radica en su estrecha vincula­ción con los seres reales que integran la nación, sin perder de vista las estructuras, instituciones, funda­mentos y conceptos que les dan unidad y sentido. La riqueza económica que promueve la política para un crecimiento con calidad, así como la estabilidad que se propicia de orden y respeto, tienen por objetivo mejorar las condiciones de la sociedad y de los indi­viduos de este país. Es claro, igualmente, que el de­sarrollo social y humano representa un factor inva­luable para alcanzar tanto niveles superiores de riqueza y bienestar, como de seguridad y justicia.

El cambio que caracteriza a la sociedad mexicana del nuevo milenio hace que el acercamiento a la gente –a sus diversas agrupaciones y a sus re p re s e n t a n t e s – sea, sin dejo de condescendencia o simulación, igual a la colaboración que se plantea con los diversos ór­denes de gobierno y con los otros poderes de la Unión: de absoluto respeto e igualdad de trato.

Es por ello que la emancipación individual y co­lectiva de los mexicanos es el objetivo integrador de la política para el desarrollo social y humano de este Plan de gobierno; una política que promueva la ca­pacidad, fuerza y voluntad de todos para bastarse a sí mismos y que, al hacerlo, propugne por la erradi­cación de cualquier forma de vasallaje o sumisión; una política que al sentar las bases para la autosu­ficiencia individual y global, produzca confianza y seguridad en la nación y en los nacionales, eliminan­do los tutelajes, paternalismos y dictaduras indignas; una política que asegure la soberanía, riqueza y fuer­za de la nación en la iniciativa, re c i e d u m b re y capaci­dad de sus integrantes. Se trata, en suma, de una po­lítica incluyente y liberadora.

Al colocar a los individuos en el primer plano de su política social, la presente administración re c o n o c e también la conveniencia de involucrar a la gente en la conformación de la política nacional para el desarro­llo social y humano y en la ejecución de las acciones que de ella se deriven. Al incluir a personas, grupos, organizaciones civiles y asociaciones privadas en los asuntos públicos, la administración pública federal libera la energía y creatividad de la sociedad mexica­na, fomenta su interés y corresponsabilidad en la so­lución de los problemas nacionales, aumenta su exi­g e ncia hacia el gobierno y su solidaridad con sus semejantes. Al contar con la colaboración de la socie­dad en su conjunto –además de la acción de los otros p o d e res de la Unión y de los otros órdenes de gobier­no– el Ejecutivo federal puede concentrar sus e s f u e r­zos en las tareas y responsabilidades que sólo él pue­de hacer y que sólo a él le competen.

La educación, estrategia central para el desarrollo nacional

La educación es el instrumento más importante para aumentar la inteligencia individual y colectiva y pa­ra lograr la emancipación de las personas y de la so­ciedad.

Aunque varios factores contribuyen a promover la soberanía de los individuos y la de los grupos sociales que éstos forman, para el gobierno no existe la menor duda de que la educación es el mecanismo determ i­nante de la robustez y velocidad con la que la emanci­pación podrá alcanzarse, el factor determinante del ni­vel de la inteligencia nacional y la punta de lanza del e s f u e rzo nacional contra la pobreza y inequidad.

El gobierno de la República considera a la edu­cación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.

La transformación del sistema educativo, además de asegurar que la educación, el aprendizaje y la ins­trucción estén al alcance de todo niño, joven y adul­to, ha de cuidar también que nadie deje de aprender por falta de recursos; garantizar que todo centro edu­cativo funcione y que en todo centro educativo se aprenda. El gobierno está comprometido con la re­forma necesaria para alcanzar un sistema e d u c a t i v o i n f o rmatizado, estructurado, descentralizado y con instituciones de calidad, con condiciones dignas y en las cuales los maestros sean profesionales de la ense­ñanza y el aprendizaje; una educación nacional, en suma, que llegue a todos, sea de calidad y ofrezca una preparación de vanguardia.

Para ello, además de las medidas que habrán de adoptarse para lograr, antes del término de esta ad­ministración, la cobertura total en la educación pre e s-colar y básica y para alcanzar coberturas en la media superior y en la superior más cercanas a las de los paí­ses con los que tenemos más contacto, se adoptarán diversas estrategias que se mencionarán más adelan­te. Un elemento central de la acción del gobiern o de la República en educación será el énfasis en la part i­cipación social –los padres de familia, el sector pro­ductivo, las organizaciones y asociaciones– en el lo­gro y consolidación de la transformación educativa. El reconocimiento y aprecio social por la educación de calidad es el estímulo más efectivo para alumnos y maestros, y da el apoyo necesario para realizar refor­mas complicadas pero necesarias

Con base en esta línea de acción se trabajará para: a] a s e g u r a r, entre otras cosas, que cada escuela cuen­te con una comunidad educativa constituida por los m a e s t ros, los alumnos que ellos atienden y por los pa­dres de esos alumnos; una comunidad que participe en la definición de los aspectos que deben mejorarse en cada escuela y la apoye para lograr su mejoría; b] do­tar de capacidad e iniciativa propias a las escuelas, a fin de que conformen un sistema descentralizado en el que puedan trabajar con la flexibilidad necesaria para proporcionar la mejor oferta educativa; sin tal capacidad de iniciativa y de flexibilidad, no será po­sible responsabilizar a cada centro educativo del ni­vel de enseñanza que pro p o rcione; c] involucrar a to­dos los s e c t o res de la sociedad en el establecimiento de m e t a s claras y compartidas sobre los objetivos, con­tenidos, instrumentos y alcances de la enseñanza y el aprendizaje para cada nivel de la educación, y para contar con procesos eficaces y estimulantes para la capacitación de los maestros, que vengan acompa­ñados de los incentivos correspondientes para que puedan poner en práctica dicha capacitación.

Esta estrategia de reforma educativa descansa en el principio de que al tener mayor capacidad de ini­ciativa y autoridad en la toma de decisiones, y al existir una mayor participación de la sociedad civil en el avance educativo, el rendimiento de cuentas de las escuelas, los maestros y las instituciones se volve­rá una práctica común y un mecanismo para garan­tizar la calidad y el impacto educativo, al mismo tiem­po que constituirá un paso más en la emancipación general de México y los mexicanos.

El reto de la salud

La educación y el desarrollo de los mexicanos depen­de de la salud que posean. La salud ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México. Los progresos en este sector han sido determinantes para confor­mar las características demográficas actuales en n u e s­tro país, y las instituciones de salud han sido funda­mentales en el desarrollo de México en muy diversos campos, como la investigación, la educación y la org a­nización administrativa y financiera. El progreso al­canzado en el pasado, que se manifiesta, por ejem­plo, en la reducción de la mortalidad infantil y en el crecimiento de la esperanza de vida, no debe condu­cir a ignorar que existen todavía sectores de la pobla­ción que no tienen a su alcance la atención, los ser­vicios médicos y los medicamentos que les ayuden a tener una vida sana y les proporcionen la seguridad y confianza que requieren para su cabal desarrollo.

Por otro lado, el perfil epidemiológico nacional se está transformando como consecuencia de la ma­yor urbanización, del cambio en las actividades ocu­pacionales y de la educación. Hoy, las enfermedades crónicas y los traumatismos se están convirtiendo en las principales causas de incapacidad y muerte, y es­tán emergiendo enfermedades y padecimientos como el sida, hasta muy recientemente de poca importan­cia nacional.

El gobierno de la República tiene el compromi­so de seguir desarrollando los sistemas de salud, de f o rma tal que se extiendan a la totalidad de la pobla­ción, eviten la duplicación de esfuerzos, ahorren re­cursos y prevengan las enfermedades. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar los e s f u e rzos de las principales instituciones y sistemas de s a l u d que existen en el país, el desarrollo de criterios uniformemente aplicados relativos a los fármacos y a los s e rvicios sanitarios y epidemiológicos, y el apoyo p a r a el mejoramiento de las instalaciones, equipa­miento y material de los hospitales, las clínicas y las instituciones de salud en general. El esfuerzo deberá desembocar en una mejoría clara en la atención mé­dica y en el trato que recibe la población.

Además de los cambios que están ocurr i e n d o por efecto de la educación y la salud, las transiciones demográfica, social, económica y política han modi­ficado y siguen transformando el espectro social y humano de nuestro país. Los cambios en la estru c t u r a y distribución de la población, la recomposición so­cial que ha tenido lugar y que significa la presencia ac­tiva de grupos y regiones hasta hace poco ignorados

o callados, las fuerzas y apoyos que plantean la com­petencia global y la tecnología moderna, se unen a las demandas y exigencias ancestrales y afectan las posi­bilidades y el rumbo para el desarrollo de la nación.

La política de desarrollo social y humano que se p resenta en este Plan Nacional de Desarrollo, pre t e n-de responder a los objetivos específicos que en esos temas plantea la problemática actual de México y se plasma en diversas estrategias que se describirán más adelante, así como en los programas sectoriales y es­peciales que se emitirán posteriormente. Pero la efica­cia del Plan no descansa en la mera agregación de po­líticas y estrategias, su coherencia y funcionalidad se derivan del objetivo general de emancipación indivi­dual y colectiva propuesto.

Para facilitar y reforzar la cabal comprensión de esta política emancipatoria, a continuación se pre­sentan los ejes rectores de la política nacional en ma­teria de desarrollo social y humano.

Los ejes de la política

Las precarias condiciones de salud, vivienda y ali­mentación en que se encuentran muchos mexicanos, así como las escasas oportunidades que tienen de edu­cación, capacitación y empleo, merman su confianza personal y familiar. Estas circunstancias les impiden p a rticipar de manera constructiva en la colectividad. No es posible un desarrollo humano efectivo y soste­nido cuando se vive en condiciones de insalubridad y h a m b re; no es posible potenciar las capacidades de las personas que se encuentran en la pobreza extrema; no es posible pedir que sean autosuficientes a quienes lu­chan por subsistir.

El primer eje de la política de desarrollo social y humano se refiere, precisamente, a los niveles de bienestar de los mexicanos, y está orientado a evitar que existan grupos de la población mexicana cuyas condiciones de vida, oportunidades de superación personal y de participación social, se encuentren por debajo de ciertos umbrales.

El objetivo consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo el país, en part i c u l a r en las comunidades indígenas geográficamente más aisladas. Para lograrlo, no sólo se debe impulsar un c recimiento económico sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el desarrollo social y humano. Por ello, habrán de continuarse e iniciarse pro g r a m a s y acciones específicas que transfieran recursos econó­micos y se canalicen para mejorar los servicios médi­cos y sanitarios; pro p o rcionar respaldo educativo y capacitación considerando, en casos específicos, las características de las culturas bilingües; invertir en in-f r a e s t ructura para que cuenten con servicios esencia­les como carreteras, energía eléctrica, agua potable, sistemas de comunicación. Todo ello, para agilizar su incorporación a la dinámica general del país y cre a r m a y o res oportunidades pro d u c t i v a s .

Por su parte, las unidades administrativas del Eje­cutivo vigilarán que las acciones y programas se cum­plan cabalmente y con transparencia cuidando, sobre todo, que no se creen nuevas formas de dependencia

o de explotación que desestabilicen a las comunida­des a las que desea servir.

A fin de evaluar los resultados de la acción guber­namental en las tareas de incrementar la satisfacción de las necesidades básicas en cantidad y calidad, se medirán los avances en aspectos tales como educa­ción, salud, vivienda, infraestructura y reducción de la pobreza.

La sociedad mexicana actual está compuesta por una gran diversidad de grupos sociales y es de una gran heterogeneidad. Las desigualdades por género, edad, etnia, región geográfica y condición económica, por mencionar sólo algunas, son notables. El trata­miento uniforme, que pasa por alto las necesidades agudas y propias de algunos grupos, ha derivado, en­tre otras cosas, en fenómenos como el de Chiapas.

La emancipación real de México y de los mexica­nos demanda políticas y acciones que tomen en cuen­ta las distintas necesidades, posibilidades y capaci­dades de los ciudadanos. Es por ello que el segundo eje de la política de desarrollo social y humano es la equidad en los programas y la igualdad en las oportunidades.

Con el fin de reducir las desigualdades que más afectan a la población, los criterios que se seguirán para la asignación de los recursos públicos estarán orientados a estimular e impulsar la superación del nivel de vida de los grupos y personas más vulnera­bles –los indígenas, los niños y ancianos, los discapa­citados– y tomarán en cuenta las necesidades de otros sectores amplios como las mujeres y los jóve­nes–, sin perder de vista los programas de cobertura general que deberán ser atendidos.

Como indicadores de los resultados de gobierno se utilizará información sobre las oportunidades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y en otros aspectos del ámbito social y humano que tengan dis­tintos grupos de la población, para lo cual las estadís­ticas que elaboren las dependencias de la administra­ción pública reflejarán las diferencias por género.

El tercer eje, capacidad e iniciativa, pretende fomentar la actitud emprendedora e independiente de los ciudadanos, dotándolos de una educación de v a n g u a rdia y una preparación de avanzada, para lo c u a l se promoverán y crearán proyectos que mejoren la preparación, escolaridad y los conocimientos de la población, conduzcan al desarrollo de sus habilida­des y destrezas, fomenten la innovación y el avance tecnológico, induzcan el interés por la ciencia y apo­yen la difusión cultural, aseguren el manejo efectivo de la información y propicien la educación continua, el adiestramiento constante y la actualización perm a­nente.

Con esta dinámica se abrirán nuevas perspecti­vas para un verdadero cambio en el potencial de su­peración y en la dinámica productiva de la nación, l o cual re p resenta no sólo un acto de justicia y madurez sociales sino una verdadera oportunidad para esti­mular un cambio cualitativo en la dinámica del cre­cimiento económico, material y cultural del país.

Ésta es la verdadera emancipación, porque ase­gura la desaparición de serv i d u m b res y clientelis­mos, se nutre tanto de la confianza para enfrentar el f u t u ro como de la seguridad en la capacidad de pro­veer de sustento, salud y educación a quienes depen­den de cada uno.

Por otro lado, crear riqueza sin comprometer el entorno natural y las posibilidades de las generacio­nes futuras, aumentar la participación de México en los mercados internacionales, fortalecer la presencia y el liderazgo de los mexicanos en la cultura m u n d i a l , asegurar su voz en los foros intern a c i o n a l e s , sólo es posible si se incrementa el capital humano y social de nuestra nación.

En estas tareas se dará especial atención a las necesidades y posibilidades de las mujeres, los jó­venes y otros grupos con presencia e import a n c i a c recientes, y se respetarán y fomentarán las inicia­tivas para el mejoramiento de los individuos y sus f a m i l i a s .

Para evaluar la cobertura, calidad y repercusión de los programas puestos en ejecución se utilizarán estadísticas relacionadas con la escolaridad, las com­petencias laborales y sociales, la capacidad empren­dedora y la capacidad de innovación.

La política que se ha propuesto seguir el Ejecu­tivo federal implica la emancipación individual ade­más de la colectiva, por lo que se crearán estrategias y líneas de acción que re f u e rcen los lazos familiares y comunitarios, la solidaridad y la confianza entre los individuos y para con las instituciones; eliminen las discriminaciones de todo tipo, incluyendo las de aso­ciación política u orientación sexual; que pro m u e v a n la legalidad y el orden, distingan y respeten las dife­rentes funciones, ámbitos de competencia y atribu­ciones de los integrantes sociales, fortaleciendo así el federalismo y la democracia; que contribuyan al sano desarrollo de las organizaciones sociales y laborales, las asociaciones civiles, religiosas y políticas, los go­b i e rnos y estructuras de justicia locales, municipales, estatales y federales. Para estos propósitos, la política para el desarrollo social y humano incluye otros ejes cuyo acento está en lo colectivo.

La fortaleza y el temple de los individuos se forjan en el seno de la familia y los grupos sociales que l e s rodean, sus valores y principios son producto de la interacción de unos y otros. El fortalecimiento lo­cal y comunitario apoya el federalismo; obliga a la mayor eficacia y transparencia en las acciones de go­bierno, y contribuye así a la emancipación personal y colectiva.

Para propiciar, conservar y alentar la riqueza social de México, la política de desarrollo social y hu­mano incluye la cohesión social como el cuarto de sus ejes fundamentales, porque propone acciones y programas tendientes a aumentar la solidaridad de todos los mexicanos entre sí y con el bien común; a a c recentar su compromiso con la nación, mediante e l fomento y la elaboración de políticas y proyectos in­cluyentes que descansen en la mayor participación de los grupos que conforman la sociedad; a disminuir la presencia del Estado en los aspectos y áreas en los que las organizaciones no gubernamentales pueden tener una contribución efectiva; a propiciar la inte­gración social de sujetos agrupados en asociaciones con distintos fines, construyendo modalidades que refuercen su sentido de pertenencia sin menoscabo de su identidad; a reivindicar el respeto a los derechos reconocidos y a los emergentes que se manifiestan de manera diversa en las distintas regiones, estados, ciu­dades, poblaciones, grupos y asociaciones del país, dando lugar así a un desarrollo regional equilibrado y acorde con el federalismo.

A fin de evaluar los logros en el fomento a la co­hesión social, se re c u rrirá a información sobre pro c e­sos de participación comunitaria, funcionamiento de organizaciones civiles y sociales, y existencia de va­lores solidarios.

La presente administración establecerá diver­sas medidas y proyectos cuyos objetivos son crear conciencia de la identidad entre bienestar y medio ambiente; construir una cultura de evaluación de prác­ticas productivas y de resultados de programas socia­les basada en el criterio de que el deterioro de la na­turaleza es un efecto inaceptable; fomentar un mayor conocimiento sobre el deterioro al medio ambiente que provocan ciertas prácticas sociales y pro d u c t i v a s ; desarrollar, en suma, una concepción de desarrollo en armonía con la naturaleza. Éste es, por tanto, el quinto eje de la acción de gobierno en torno al desa­rrollo social y humano.

Los esfuerzos por alcanzar un desarrollo social incluyente, equitativo y liberador se verán rápidamen­te limitados y frustrados si tal desarrollo se realiza con la destrucción de los ecosistemas naturales de los que depende la vida en la Tierra. El desarrollo social y su base necesaria de progreso económico deberán incorporar esquemas eficaces para la protección de los recursos naturales. Esto implica, en consecuen­cia, la cuidadosa planeación de las formas como el desarrollo económico y social se lleve a cabo.

Como indicadores para evaluar los resultados ob­tenidos se integrará información sobre la moderación del daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pér­dida de sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos, entre otros.

El último eje, confianza en la capacidad del g o b i e rno y en las instituciones del país, tiene por objeto diseñar estrategias de respuesta eficaz ante situaciones no previstas de orden natural y social, ampliar la capacidad de respuesta del Estado, cre a r condiciones institucionales que permitan anticipar riesgos y establecer esquemas de coordinación de las organizaciones sociales que re f u e rcen su sentido de compromiso en la continuidad de los pro g r a m a s s o c i a l e s .

Uno de los costos sociales más elevados es la pérdida de credibilidad en las estructuras institucio­nales y de gobierno. La inestabilidad de las políticas públicas y la incertidumbre sobre el comportamien­to gubernamental socava la seguridad y destruye la moral de los ciudadanos. Al perderse la confianza en el gobierno y en las instituciones, incluso de aquellas que no forman parte de la administración pública, se p ropician relaciones sociales desarticuladas y con grupos dominantes que dan lugar a brotes de males­tar y descontento.

Es indispensable recuperar la confianza y la cre­dibilidad de la sociedad en las instituciones y en las dependencias gubernamentales. La capacidad para lo­grar una respuesta social solidaria con el gobierno y, por lo tanto, una corresponsabilidad en el desarrollo del país, reside en buena parte en la recuperación de dicha confianza y credibilidad. Aún más, la pérdida de confianza en las instituciones significa un serio obstáculo para el logro de la cohesión social que t a n­ta falta hace en nuestro país. No se debe olvidar que si bien los individuos son los que forman las comuni­dades, son solamente las instituciones las capaces de crear una nación.

Las acciones a desarrollar incluyen una re s p u e s t a confiable y oportuna de las instancias gubernamen­tales a las diferentes necesidades sociales, un trato per­sonal digno y respetuoso de los servidores públicos a quienes reciben sus servicios y una capacidad de respuesta confiable y predecible, que sea capaz de sostenerse ante situaciones imprevistas, tales como riesgos ambientales o de otra índole que pudieran sig­n i f i c a r, en determinadas circunstancias, la disru p­ción de la capacidad de seguir ofreciendo los serv i c i o s de las dependencias gubernamentales.

Para evaluar los resultados de las metas fijadas se utilizarán indicadores como la rendición de cuentas, la calidad del trato a usuarios de los servicios públi­cos y el alcance de la protección financiera frente a eventos catastróficos.

El compromiso con la salud La salud está ligada al destino de la nación. A medida que el país se transforme, su sistema de salud tam­bién debe hacerlo. No puede haber progreso general sin un sistema de salud que atienda las legítimas as­piraciones de los mexicanos.

Las premisas que inspiran el compromiso del gobierno de la República con la salud de los mexica­nos son:

  1. La buena salud es uno de los objetivos del de­sarrollo y una condición indispensable para una au­téntica igualdad de oportunidades.

  2. La salud es, junto con la educación, compo­nente central del capital humano, que es el capital más importante de las naciones. Desde este punto de vista, mejorar la salud es fortalecer la capacidad de las personas y de la sociedad para procurarse y acre­centar sus medios de vida.

  3. Por ser un valor en sí misma y por su poten­cial estratégico, se debe concebir la salud como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben perseguir. Para ello se requiere complementar las po­líticas de salud con políticas saludables (que abarquen acciones en todos los sectores).

  4. La protección de la salud es un valor compar­tido por todas las sociedades, todos los sistemas ideológicos y todas las organizaciones políticas y, por


tanto, es un valor que fortalece el tejido de nuestra sociedad.

El mensaje central del esfuerzo nacional en salud es que para mejorar la salud de los mexicanos es ne­cesario democratizar la atención a la misma.

Esta democratización supone aplicar las normas y los procedimientos de la ciudadanía a instituciones que estaban regidas por otros principios, como el control coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas administrativas. Implica, igualmente, aplicar estas normas y procedimientos a individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones, como las mujeres, los jóvenes o las mi­norías étnicas.

El desarrollo de la ciudadanía culmina con la im­plantación de los derechos sociales. En consecuen­cia, debe ser el principio de ciudadanía el que defina tanto las reglas de acceso de la población a los servi­cios de salud como los mecanismos de participación de los mexicanos en las decisiones del sistema. Este principio indica que los servicios de salud no deben ser considerados una mercancía, un objeto de cali­dad o un privilegio, sino un derecho social. El acce­so a ellos, por lo tanto, debe ser universal, y las prio­ridades fijarse exclusivamente en función de las necesidades de las personas y la efectividad de las in­tervenciones.

Implícitos en la democratización de la salud es­tán también la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas y el derecho de los ciudadanos a exigirlas. En este sentido, lo primero que debe garan­tizarse es el derecho de los ciudadanos a exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servi­cios básicos de salud.

Para hacer realidad la democratización de la aten­ción de la salud, México debe contar con un sistema al que tengan acceso todos los mexicanos, indepen­dientemente de su capacidad de pago; que re s p o n d a con calidad y respeto a sus necesidades y expectati­vas; que amplíe sus posibilidades de elección; que cuente con instancias sensibles y eficaces para la pre­sentación de quejas, y con mecanismos de part i c i p a­ción en la toma de decisiones. Democratizar es, en su­ma, construir un sistema de, por y para la gente.

Para enfrentar cada uno de los retos antes seña­lados, la presente administración se ha planteado cuatro objetivos principales:


  • Elevar el nivel de salud de la población y redu­cir las desigualdades.

  • Garantizar un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud.

  • O f recer protección financiera en materia de salud a todos los mexicanos, apoyando de manera prioritaria el financiamiento público.


Fortalecer el sistema de salud.

4.6. La política económica

El objetivo de la política económica de la presente administración es promover un crecimiento con ca­lidad de la economía.

Un crecimiento sostenido y dinámico que per­mita crear los empleos que demandarán los millones de jóvenes que se incorporarán al mercado de traba­jo los próximos años.

Un crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los emprendedores.

Un crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y hogares, y permita contar con recursos suficientes y canalizar­los para combatir los rezagos y financiar proyectos de inclusión al desarrollo.

Un crecimiento con estabilidad que permita pla­near sin sobresaltos, invertir con menor riesgo y to­mar decisiones con mayor certidumbre.

Un crecimiento con baja inflación que contribu­ya a la recuperación de los salarios reales, la re d u c c i ó n en las tasas de interés y la expansión del crédito.

Un crecimiento incluyente que dé oportunida­des a todos y en el que la disponibilidad de instru­mentos para participar en la economía no sea privi­legio de unos cuantos.

Un crecimiento que considere el proceso de glo­balización de la economía mundial y permita que el país se integre a él obteniendo los máximos benefi­cios posibles.

Un crecimiento que responda a la transición so­cial que demanda mayores espacios de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Un crecimiento que, ante la transición demo­gráfica, aproveche las oportunidades de una pobla­ción económicamente activa en crecimiento y, al mismo tiempo, asuma los retos del aumento en la

demanda de empleos y de la inversión en capital h u m a n o . Un crecimiento sustentable que proteja y acre­ciente el capital natural de nuestra nación.

En un mundo globalizado y dinámico como el que vivimos, es necesario adicionar al bono demo­crático que los mexicanos nos hemos ganado, el bo­no de la estabilidad macroeconómica, el bono de la flexibilidad microeconómica, el bono de la sustenta­bilidad ambiental y el bono de la democratización de la economía; sólo así, la “nueva fortaleza” que ha ad­quirido la economía mexicana será permanente y po­dremos dejar atrás la vulnerabilidad de la economía.

Para alcanzar el bono de la estabilidad macro e c o­nómica debemos pasar del “blindaje económico” para la transición política del año 2000 al financiamiento sano del gasto público, a una mejor coordinación en-t re las políticas monetaria y fiscal, y al incremento del ahorro público y privado.

Se trata de conducir responsablemente la mar­cha económica del país. Que las acciones del gobier­no promuevan la estabilidad y el crecimiento, con una conducción eficaz de las finanzas públicas y con la promoción de un sector financiero sólido y com­petitivo.

Las nuevas herramientas de la política macro e c o­nómica deben incluir también el reconocimiento ple­no de pasivos de largo plazo del gobierno, la transpa­rencia de la hacienda pública y un manejo pro f e s i o n a l del gasto público.

Para alcanzar el bono de la flexibilidad micro e c o­nómica necesitamos crear las condiciones para hacer un mejor uso de nuestros recursos y elevar y extender la competitividad del país.

En un mundo en proceso de globalización corre s­ponde al Estado promover las condiciones para la in-s e rción competitiva de México en el nuevo orden eco­nómico mundial. Promoveremos todas las reformas necesarias para que la economía funcione mejor, los m e rcados sean más eficaces y se reduzca el poder de m e rcado de monopolios y oligopolios. Buscare m o s a u m e n t a r y extender la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las re­giones.

Lo anterior implica regulación apropiada, dispo­nibilidad oportuna y eficaz de infraestructura econó­mica para el desarrollo, fomento de capacidades pa­ra el trabajo productivo de clase mundial, desarrollo tecnológico y científico para la nueva economía; t o-do ello en el marco de una moderna cultura laboral y empresarial.

Para alcanzar la competitividad, es también ne­cesario un sector público con estándares internacio­nales de buen gobierno. Tr a n s f o rm a remos las empre­sas públicas del Estado a fin de que fortalezcan y no limiten la competitividad de las empresas mexicanas.

S u p e r a remos esquemas que promovían el fo­mento de la industria desde un punto de vista ma­croeconómico, sin considerar que el país avanzará y se desarrollará en la medida en que las empresas, una por una, avancen y se desarrollen.

Proporcionaremos infraestructura pública y ser­vicios para apoyar y facilitar la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas a la globaliza­ción y a la nueva economía.

Para lograr el bono de la sustentabilidad am­biental necesitamos crear las condiciones para un d e s a rrollo distinto, sustentado en el crecimiento, pero en el crecimiento con calidad, con calidad ambiental. Este crecimiento depende del respeto y aprovecha­miento de la biodiversidad, del incremento del capi­tal natural de que dispone México y de una sólida cultura ambiental.

La protección del patrimonio natural de los mexi­canos es parte esencial del programa de gobierno y de la responsabilidad intergeneracional de la presente administración. Se trata de alcanzar un crecimiento que sea capaz de balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la protección al me­dio ambiente.

Para alcanzar el bono de la democratización de la economía necesitamos asegurar un desarrollo in­cluyente. Impulsaremos la iniciativa de las mexica­nas y los mexicanos que decidan emprender un ne­gocio, por pequeño que éste sea, porque la suma d e los esfuerzos individuales es lo que va a hacer este país grande y exitoso.

Promoveremos que las herramientas de acceso a la economía estén disponibles para todos y no sólo p a r a unos cuantos, tendremos, así, una fuerte expan­sión de la ciudadanía económica, se democratizarán los mercados y aumentarán las oportunidades para p a rticipar en la economía formal.

Democratizaremos la economía mediante la eli­minación de restricciones que han limitado las activ i­dades de segmentos importantes de la cadena pro d u c­tiva, y mediante la emancipación de los ciudadanos de menores ingresos de un sistema legal e institucio­nal que los discrimina.

Al mismo tiempo, buscaremos un desarrollo re­gional equilibrado mejorando la infraestructura y es­timulando la creación de empleos en las comunida­des más rezagadas del país.

El programa económico de la presente adminis­tración quiere responder a las necesidades de un m u ndo global, de una población joven y de una so­ciedad con profundos contrastes.

Se trata de un programa que incluye un verd a d e­ro compromiso con las variables fundamentales de la economía, pero que asume como premisa fundamen­tal que para que la economía funcione, deben tam­bién estar en orden las variables fundamentales de una sociedad justa y humana: la disminución de la po­breza, el incremento del capital humano, una mejor distribución del ingreso, la convergencia en el desa­rrollo regional y un mayor poder adquisitivo de los salarios, entre las principales.

El programa económico deberá ser evaluado no sólo por los logros obtenidos en las variables funda­mentales de la economía, sino también por el éxito que se tenga en los indicadores que representan las variables fundamentales de una sociedad justa y hu­mana.

Este programa, el cual reconoce que tanto la po­lítica económica como la política social contribuyen al crecimiento y a la distribución, está integrado por políticas económicas y sociales que se refuerzan mu­tuamente.

Es un programa ordenado y coherente en la bús­queda de la estabilidad y el crecimiento; pero tam­bién es innovador en la búsqueda de la equidad. Es estructuralmente sólido en materia económica, pero también es socialmente solidario y comprometido.

Con este programa se busca la creación de un am­biente de competencia, donde el Estado ciert a m e nt e no estorbe y canalice la acción pública para cre a r las condiciones necesarias para que el sector privado aproveche su energía potencial y alcance altos índi­ces de productividad y competitividad, pero que re­conoce al mismo tiempo la necesidad de una acción pública decidida del gobierno para promover la equi­dad entre las regiones, las empresas y los hogares.

Por ello, este gobierno se compromete a ofrecer un crecimiento con calidad. Queremos crecer, pero c recer con calidad. Con calidad humana y con calidad ambiental.

Se compromete a ser un gobierno responsable que provea servicios públicos diversos y de calidad, con énfasis en la atención a las clases marginadas; que maneje en forma responsable las finanzas públi­cas y la política económica; que regule los merc a d o s en función de los intereses de la ciudadanía; que pro­mueva activamente el desarrollo de capital humano; que apoye el fortalecimiento de los factores para el d e s arrollo competitivo del sector productivo; que pro-m u eva un marco regulatorio eficaz; que provea la in-f r a e s t ructura que demanda el país, y que fortalezca el desarrollo regional.

Un gobierno que dirija sus acciones y provea sus servicios con criterios de competitividad y producti­vidad; que asegure la inclusión al desarrollo de los gru­pos marginados; que rinda cuentas y sea transparen­te en sus procesos y en sus criterios de decisión; que sea plural y considere los distintos puntos de vista de la sociedad en el establecimiento de su política eco­nómica y sus estrategias de crecimiento.

C recer sin distribuir no es sostenible ni humano; crecer a costa del medio ambiente no es sustentable ni honesto con las siguientes generaciones.

Esta política económica se verá reflejada en las decisiones, acciones y programas que realice este go­bierno.

Para el crecimiento sostenido y dinámico, entre otras acciones y programas, el gobierno promoverá un marco regulatorio claro; mantendrá finanzas pú­blicas sanas; promoverá el fortalecimiento del círc u l o virtuoso ahorro-inversión; reactivará la banca de de­sarrollo.

Para elevar la competitividad promoverá las re­formas estructurales necesarias para lograr la mayor eficacia en los sectores clave de la economía; impul­sará el fortalecimiento del mercado interno; impulsa­rá la inversión privada en materia de infraestru c t u r a ; p ro m o v e r á el desarrollo de capacidades empresaria­les mediante programas de capacitación, asesoría técnica y educación para el trabajo; promoverá una nueva cultura laboral y una reforma en este ámbito por medio de diálogos y consensos; implantará pro­gramas de pro m o c i ó n , financiamiento y capacitación para la inserción ventajosa del país en el proceso de globalización; apoyará a los emprendedores a desa­rrollar sus proyectos productivos con sistemas de fi­nanciamiento y mecanismos de asesoría adecuados a sus necesidades y características.

Asegurará la incorporación al desarrollo de los m a rginados; para ello, creará la banca social; estable­cerá programas de microfinanciamiento y crédito pa­ra los microempresarios y trabajadores por su cuen­ta; mejorará la infraestructura y los servicios básicos del sector rural y de las zonas urbanas marginadas; promoverá el ahorro popular; aumentará las oportu­nidades para desarrollar proyectos productivos entre grupos que tradicionalmente no han tenido acceso a participar en los beneficios del desarrollo económi­co; ampliará la infraestructura digital para llegar has­ta los grupos más rezagados del desarrollo.

E n t re las acciones que se seguirán para pro m o v e r el desarrollo regional equilibrado, se crearán núcleos de desarrollo sustentable; se apoyará el desarrollo tu­rístico municipal, estatal y regional; se implantarán programas de desarrollo social y económico en las fronteras norte y sur del país; se establecerán meca­nismos de coordinación con los distintos niveles de gobierno; se desarrollarán programas para la instala­ción de empresas en las distintas regiones.

Para asegurar un desarrollo sustentable se difun­dirá información para promover una cultura en la que se respete el medio ambiente; se apoyará a insti­tuciones dedicadas a la conservación del medio am­biente; se reglamentará el uso y la explotación de acuíferos para optimizar su uso y conservar este re­curso; se fomentará la adopción de procesos pro d u c­tivos limpios; se aplicarán políticas de respeto al me­dio ambiente en las empresas paraestatales. Además, s e incorporarán nuevas áreas naturales a un régimen de protección y conservación, promoviendo alterna­tivas económicas para sus pobladores y se fom e n t a­rán las unidades de manejo ambiental sustentab l e , que contribuyan a conserv a r, promover y facilitar l a biodiversidad, a disminuir las probabilidades de de­gradación de ecosistemas y especies en riesgo de ex­tinción y a fomentar la recuperación de especies de al-t o significado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional y nacional.

Para asegurar que la política económica avance en la dirección deseada, que la administración pú­blica rinda cuentas y que los serv i d o res públicos uni­fiquen visiones, objetivos, estrategias y acciones, se han seleccionado los siguientes indicadores, que per­mitirán evaluar los avances: la tasa de crecimiento anual del PIB; el número de empleos permanentes de nueva creación; el comportamiento de la inflación y las tasas de interés, del ahorro público y privado, de la inversión extranjera directa, de la relación inver­sión-crecimiento del PIB, de los ingresos tributarios respecto del PIB; el grado de equilibrio en el ejercicio del presupuesto; el mantenimiento de un cociente razonable de deuda total respecto del PIB, conside­rando los pasivos contingentes; el sostenimiento del grado de conversión de la deuda externa mexicana denominada en moneda extranjera determinado por entidades calificadoras de riesgo de prestigio intern a­cional; el crecimiento de la productividad; el com­portamiento de los niveles de ingreso de la clase tra­bajadora; los logros alcanzados en la reducción de las desigualdades entre regiones en su actividad econó­mica, así como en su tasa de empleo; el incremento del PIB “verde” (el que descuenta la depreciación y el agotamiento de capital natural) que refleje un desa­rrollo sustentable; la reducción del porcentaje de p é rdidas de agua en el sector agrícola, y el cre c i m i e n­to en la proporción de recursos forestales del país in­corporados a programas de manejo sustentable.

Los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo servirán como referentes para evaluar los avances y calibrar y ordenar temporalmente las acciones y es­trategias durante los próximos seis años.

4.7. La política interior

México es una nación que ha decidido empre n d e r u n a t r a n s f o rmación profunda, con la visión puesta en el futuro, congruente con su historia y fiel a los princi­pios básicos que le han dado fortaleza y cohesión.

El 2 de julio del año 2000 la mayoría de los me­xicanos emitió, mediante su voto, un mandato de cambio que exigía difundir las formas democráticas en el ejercicio del poder público y que convocaba a c o n struir una plena gobernabilidad democrática.

Hoy, el reto obliga a avanzar en nuestro proceso de transición para consolidar una democracia legíti­ma, genuina y duradera.

Los mexicanos hemos emprendido un proceso de transición que no se concreta en un solo día ni es tarea encomendada a unos cuantos. Por el contrario, ha sido una labor de trascendencia histórica que exige continuidad en el esfuerzo de todos.

El Ejecutivo federal seguirá poniendo en prácti­ca formas democráticas de ejercicio del poder públi­co que tiene encomendado. El camino hacia la de­mocracia plena pasa necesariamente por la ru t a cierta, pacífica y legítima que se deriva de la vigencia del Estado de derecho. Por ello, el Poder Ejecutivo tiene, entre sus obligaciones fundamentales, la de apegar sus actos a lo dispuesto por los pre c e p t o s constitucionales. Hoy, la fuerza que respalda la ac­ción del Estado es la que se deriva de la legitimidad que da el derecho.

Toda sociedad democrática se basa en el respeto a la dignidad de las personas y en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Será compromiso del Ejecutivo respetar y hacer respetar, de manera inva­riable, los derechos esenciales de cada hombre y de cada mujer.

Las libertades y derechos políticos const i t u y e n otras de las premisas a partir de las cuales se constru­ye todo sistema democrático. El México democrático q u e todos queremos es incluyente, tolerante y respe­tuoso del derecho de todos y cada uno de sus ciuda­danos de expresar y promover sus ideas e intereses legítimos. De ahí el compromiso del Ejecutivo de respetar y alentar el ejercicio de las libertades y dere­chos políticos.

El Ejecutivo contribuirá, en la esfera de sus atri­buciones, al fortalecimiento del sistema de partidos y a profundizar la interacción de las organizaciones sociales con la administración pública federal.

La nueva política interior obliga a una conduc­ción que, privilegiando el derecho y sin negociar jamás la ley, sea promotora del diálogo civilizado dirigido a construir acuerdos entre los actores políticos y socia­les, como vía para encontrar soluciones a los conflic­tos y para promover el bien común.

El camino de las convergencias y la suma de vo­luntades es vía idónea para lograr pactos y reformas que nos permitan asegurar la realización de acciones de gobierno en favor del interés público. En conse­cuencia, el Ejecutivo pondrá especial empeño en pro­piciar el diálogo productivo con los partidos políti­cos y con las organizaciones sociales.

N u e s t ro país re q u i e re instituciones fuertes, acor­des con su circunstancia histórica y congruentes c o n la realidad. En razón de ello, el Ejecutivo ha decidido impulsar la reforma del Estado. Una de las vías será la promoción de un proceso de revisión integral de nuestra Constitución; es necesaria una revisión ex­haustiva, crítica y plural para arribar a una reforma que brinde un nuevo diseño institucional capaz de superar las insuficiencias legales acumuladas a lo lar­go de décadas.

En el México moderno el ejercicio de la política es una tarea de responsabilidad compartida: del go­bierno con los ciudadanos, del Estado con la socie­dad civil, de la Federación con las entidades federa­tivas y municipios, de la mayoría gobernante con las demás fuerzas políticas, así como del Ejecutivo fede­ral con los poderes Legislativo y Judicial de la Unión.

Un principio fundamental que guiará la acción del Ejecutivo será fortalecer la interacción fructífera y respetuosa con los otros poderes de la Unión. Res-p etará, tal como lo manda la ley, sus ámbitos de ac­c i ó n así como sus espacios de autonomía. Trabajará para propiciar el fortalecimiento de las facultades que la Constitución les otorga, así como para conso­lidar esquemas de corresponsabilidad en la toma de d e c i s i ones que hagan frente a los desafíos nacionales.

La transferencia de responsabilidades, atribucio­nes y recursos de la Federación a las entidades fede­rativas y municipios constituye una redistribución del poder, en la medida que fortalece a las autorida­des tanto locales como municipales y acerca los pro­cesos de toma de decisiones a la población, deposi­tándolos en aquellas instancias de gobierno más inmediatas. México necesita avanzar, con plena con­vicción federalista, hacia una coherente arq u i t e c t u r a de gobiern o s , que reconozca su espacio a las autori­dades locales y potencie las oportunidades en las dis­tintas regiones del país, bajo las premisas de sub­sidiariedad, solidaridad, resarcitoriedad, desarrollo regional equilibrado, unidad nacional y eficacia.

La transformación de la cultura política mexica­na debe continuar. Por ello, el Ejecutivo contribuirá a difundir la cultura democrática con el fin de que los ciudadanos sean poseedores de valores, inform ac i ó n , conocimientos, prácticas, actitudes y habilidades q u e les permitan construir su destino individual y comu­nitario, así como desenvolverse de manera activa, in­formada y responsable en la defensa y promoción tanto del interés público, como de intereses legítimos particulares y de grupo.

La democracia requiere una intensa participa­ción ciudadana. El Ejecutivo promoverá nuevos cau­ces y medios de expresión para que las personas se i n v o l u c ren en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas.

El libre flujo de la información es consustancial a la democracia. La administración pública federal se­guirá respetando, tal como lo manda la ley, las liber­tades de expresión y de prensa. Lo hará independien­temente de que las opiniones se formulen y difundan desde una perspectiva crítica a la actuación o al de­sempeño del Poder Ejecutivo Federal.

El Ejecutivo continuará abriendo espacios de re­flexión en torno a los procesos de modernización de los medios electrónicos de comunicación.

La administración pública federal tiene la obliga­ción de informar sobre las principales acciones reali­zadas, explicando las razones a las que responden y los valores que las inspiran. La política de comunic a­ción social contribuirá a que la ciudadanía esté mejor informada, de manera que pueda evaluar el desem­peño de su gobierno y exigir una rendición de cuen­tas a las autoridades que lo conforman.

El Ejecutivo federal asume plenamente su res­ponsabilidad de dar acceso a los ciudadanos que lo soliciten a la información de interés público conte­nida en documentos elaborados por fuentes oficiales. Para ello propondrá la actualización del marco jurí­dico correspondiente y contribuirá a la moderniza­ción de los sistemas con los que operan los archivos que resguardan y catalogan la información elabora­da por instancias gubernamentales oficiales.

Como todo Estado democrático moderno, el Es­tado mexicano necesita contar con sistemas de inte­ligencia para garantizar la seguridad nacional y hacer f rente a riesgos y amenazas que atenten contra el bie­nestar y la paz de su población, pongan en peligro la permanencia de las instituciones del Estado o vulne­ren la integridad de su territorio.

El Ejecutivo federal contribuirá, de manera de­cidida, a que los intereses vitales del Estado mexicano estén debidamente protegidos mediante institucio­nes sometidas a escrutinio institucional y que reali­cen su actividad conforme a un marco normativo es­pecífico. El Ejecutivo profundizará el primer paso dado por el H. Congreso de la Unión al incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la atribución, a cargo de la Secretaría de Gobernación, de establecer y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integri­dad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y de sus instituciones democráticas.

En el marco de los principios constitucionales de libertad de creencias y de culto, laicidad del Estado y separación de éste y las iglesias, el Ejecutivo con­tinuará reconociendo la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas y promoverá su desarrollo en un clima de tolerancia entre las iglesias y de colabo­ración con las mismas en beneficio de la sociedad mexicana.

Con pleno respeto a los derechos de las mexica­nas y los mexicanos, el Ejecutivo federal promoverá una política poblacional que contribuya, mediante acciones de coordinación, programas de información y una amplia participación ciudadana, a hacer com­patibles el crecimiento demográfico, la distribución territorial de la población y el desarrollo sustentable.

El Ejecutivo impulsará la modernización del sis­tema de registro de las personas residentes en el país y de los mexicanos que radican en el extranj e ro, por medio de acciones de coordinación con el Regist ro Civil y aplicando las normas y procedimientos técni­cos idóneos.

El Ejecutivo federal aumentará la capacidad pre­ventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y mi­tigará los efectos de los desastres, a partir de una ma­yor coordinación de esfuerzos interg u b e rnamentales y de la promoción de la corresponsabilidad ciudadana.

El Ejecutivo impulsará la transformación institu­cional de la dependencia que tiene a su cargo la con­ducción de la política interior, a fin de que se encuentre en mejores condiciones para promover la gobern a b i­lidad democrática en el país.

La política interior es espacio desde el cual se ga­rantiza la seguridad nacional y se procesan eficazmen­te demandas y planteamientos de los actores políticos. Cumple el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable no sólo para el desarrollo político, sino también para el crecimiento económico con ca­lidad y para el desarrollo social y humano. Mediante las acciones de política interior se crean condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad.

4.8. La política exterior

El sistema internacional experimentó cambios pro­fundos y significativos durante el decenio pasado. El deshielo bipolar ha tenido un fuerte impacto en el equilibrio de poder mundial, en los factores que influ­yen en la posición y en los intereses de las naciones, así como en la manera en que éstas se relacionan en-t re sí. Todos los países y todas las regiones del mundo han tenido que enfrentar los efectos políticos, econó­micos y sociales derivados de estas transform a c i o n e s . México no es una excepción. Su posición geoestraté­gica, sus intereses, su tradición diplomática y sus ne­cesidades de desarrollo nos obligan a desempeñar un papel activo y central en la conformación de la nueva a rquitectura intern a c i o n a l .

El sistema internacional que ha ido conformán­dose desde el fin de la guerra fría es desagregado, ato­mizado y plenamente globalizado, y exige diseñar nuevas estrategias y enfoques novedosos para inser­tar de manera provechosa a nuestro país en la econo­mía internacional, para enfrentar los retos que encie­rra la nueva agenda de seguridad internacional y para garantizar condiciones de desarrollo sostenido y de bienestar para la sociedad. Por ello, la diplomac i a mexicana del nuevo milenio ya no debe ser sólo un instrumento central en la preservación de la sobera­nía y de la seguridad nacionales, sino que debe con-v e rtirse además en una palanca para promover y apuntalar el desarrollo socioeconómico de México.

En el ámbito interno, México también atraviesa por un periodo de cambios profundos. Las elecciones del 2 de julio de 2000 demostraron la madurez polí­tica y la voluntad democrática del pueblo de México. Fueron una prueba para nuestras instituciones que fue superada con éxito. Dentro y fuera de México se ha reconocido la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. Gracias a ello, el gobierno de México dispone hoy de una legitimidad que da mayor fuerz a a sus posturas en el ámbito internacional.

Consecuentemente, hoy podemos promover la imagen de un México democrático, tolerante y segu­ro, la cual refleje la transparencia, la pluralidad y el vigor de nuestros procesos políticos, económicos, so­ciales y culturales. El interés internacional que ha des­pertado la transición política mexicana, así como la nueva legitimidad democrática que hoy disfruta el país, deben servirnos como vehículo para llevar al e xterior una visión de un México renovado. No se tra­t a de un mero ejercicio de relaciones públicas, sino de u n esfuerzo por reflejar con fidelidad la realidad na­cional y modificarla en aquellos aspectos, como la defensa y promoción de los derechos humanos, que requieren un cambio sustantivo.

La política exterior de México se ha orientado con base en los principios que hoy están plasmados en nuestra Constitución Política, mismos que son p roducto de la experiencia histórica de nuestra na­ción. Sin embargo, estos principios generales de po­lítica exterior no pueden ejercerse en abstracto, si­no que deben enfocarse a la defensa y promoción de i n t e reses nacionales fundamentales. Estos intere s e s pueden enunciarse en forma general de la siguiente m a n e r a :

  • Garantizar que nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial no se vean afectadas o amenazadas como resultado de cambios o aconteci­mientos que se producen en el exterior.

  • Asegurar que la naturaleza soberana de las de-c isiones que adopta el Estado mexicano en su rég i­men interno y en sus relaciones con los demás a c t ores internacionales no se vea constreñida por intereses o posiciones de terceros países.

  • Aprovechar en beneficio de la nación nuestros recursos naturales, asegurando que el Estado p u e d a d e t e rminar las modalidades de su uso y conservación en función de las necesidades y prioridades del país.

  • Encontrar y fomentar los espacios que perm i-t a n impulsar el desarrollo nacional integral, sosteni­do y sustentable, mediante acciones concertadas con otras naciones o regiones del mundo.

  • P a rticipar activamente en la conformación de un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho intern a­cional, y que nos pro p o rcione espacios de acción po­lítica y diplomática frente a otras naciones o re g i o n e s .


Si bien tanto los intereses como los principios generales de la política exterior, por su nivel de abs­tracción y su generalidad, constituyen las líneas fun­damentales de una política de Estado, su interpreta­ción y aplicación cotidiana también deben reflejar las necesidades económicas, políticas y sociales especí­ficas a las que responden los gobiernos en momen­tos históricos determinados.

En respuesta a esas necesidades derivadas de los cambios en los ámbitos interno y externo, la labor del gobierno en materia de relaciones exteriore s para el periodo 2001-2006 se articulará en torno a cinco objetivos estratégicos: primero, promover y f o rtalecer la democracia y los derechos humanos co­mo bases fundamentales del nuevo sistema intern a­cional; segundo, fortalecer nuestra capacidad para p roteger y defender los derechos de todos los me­xicanos en el extranjero; terc e ro, intensificar la part i­cipación e influencia de México en los foros multila­terales, desempeñando un papel activo en el diseño de la nueva arquitectura internacional; cuarto, uti­lizar los esquemas de concertación regional para equilibrar la agenda de política exterior mexicana, c reando nuevos ejes de acción política, y quinto, apuntalar y encabezar los esfuerzos de pro m o c i ó n económica, comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional sustenta­ble y de largo aliento.

Defensa de la democracia y derechos humanos

A fines del siglo X X y principios del X X I ha quedado de manifiesto en todo el mundo que la democracia es la forma de gobierno de mayor legitimidad. En la actualidad no hay sistema político legítimo que no descanse en buena medida en arreglos democráti­cos. Estos arreglos democráticos dentro de los esta­dos permiten construir relaciones más sólidas y t r a n s p a rentes con otros países, al reflejar los intere­ses y las aspiraciones de las poblaciones de los dis­tintos países que integran el sistema intern a c i o n a l . Asimismo, los gobiernos democráticos disponen de una legitimidad que da mayor fuerza a sus posturas en el ámbito internacional. La democracia también ha surgido como el sistema político de mayor com­patibilidad con un crecimiento económico estable y sustentable. Por todo ello, será parte fundamental de la política exterior del nuevo México pro m o v e r la democracia.

Sin embargo, el gobierno de la mayoría sólo es legítimo y estable si respeta a las minorías y a los in­dividuos. Es por ello que México también debe for­talecer la promoción y protección de los dere c h o s humanos, de conformidad con las normas univer­salmente reconocidas en la materia, asegurando la plena aplicación de los instrumentos intern a c i o n a-les y la armonización de nuestra legislación intern a con las obligaciones internacionales. En este senti­do, es importante señalar que México no es parte de algunos importantes instrumentos intern a c i o n a l e s de protección a los derechos humanos o de dere c h o i n t e rnacional humanitario. La falta de pert e n e n c i a a estos organismos mantiene incompleto el régi­men jurídico nacional en la materia y daña la ima­gen del país en el exterior, por lo que es necesario que México suscriba estos instrumentos, re c o n o z c a la competencia de sus comités y que participe en los nuevos instrumentos que vayan surgiendo en la m a t e r i a .

Defensa de los mexicanos en el extranjero

Además de su importancia intrínseca, la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos son de enorme interés para México ya que éstos ofre­cen instrumentos para la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Al considerar los procesos de cambio económi­co y demográfico en México y Estados Unidos en las próximas décadas, y la situación estructural que fo­menta el fenómeno migratorio, se concluye que éste es y seguirá siendo en el mediano plazo un tema prioritario para México. Por ello, se prevé una cre­ciente demanda de servicios consulares y acciones a favor de la protección y el desarrollo de las comuni­dades mexicanas en el exterior, particularmente en Estados Unidos, por lo que se vuelve indispensable asegurar que se cuente con la capacidad necesaria para garantizar que todo ciudadano mexicano en el extranjero reciba el apoyo solicitado y una atención de la más alta calidad. En este sentido, es importan­te señalar que si bien México ha logrado un cúmulo de acuerdos y mecanismos para asegurar un mejor trato a nuestros connacionales en el extranjero, el te­ma migratorio, particularmente en Estados Unidos, re q u i e re un nuevo enfoque de largo plazo que perm i­ta que la movilidad y residencia de los nacionales mexicanos sea segura, digna, legal y ordenada, y que se abandone la visión de persecución policiaca del fe­nómeno y se le conciba como un fenómeno laboral y social. Es por ello necesaria una negociación integral que aborde las raíces estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias, y que considere la atención de la migración como una responsabilidad compartida.

Participación en foros multilaterales

Intensificar la participación e influencia de México en los foros internacionales y contribuir a la revitali­zación del sistema multilateral es otro eje de acción fundamental de la política exterior de México. Esta mayor participación permitirá promover posiciones comunes sobre asuntos de interés nacional, como el tema de la migración, e influir en aquellos que re­quieren una amplia cooperación y concertación in­ternacionales.

A lo largo de su historia, México ha participado activamente en la conformación y el funcionamiento de organismos internacionales, con la intención ma­nifiesta de promover la constitución de un orden in­ternacional bajo la premisa de igualdad soberana de los estados. Sin embargo, dados los cambios en el sis­tema internacional, es necesario intensificar la parti­cipación de México en los foros internacionales y contribuir a la revitalización del sistema multilateral, buscando promover posiciones comunes sobre temas de interés nacional e influir en aquellos que requie­ren una amplia cooperación y concertación inter­nacionales. Su activa participación en el ámbito mul­tilateral amplía la capacidad de acción de México y multiplica su influencia más allá de la que se puede lo­grar en el ámbito exclusivamente bilateral, otorgán­dole un mayor peso a las opiniones y posiciones de nuestro país en el sistema internacional.

Para México, éstos son espacios importantes pa­ra fijar posiciones acordes con las transform a c i o n e s i n t e rnas, construir consensos en torno a temas de int e­rés común, con base en el principio de corre s p o n s ab i­lidad entre las naciones, a fin de instrumentar accion e s para hacer frente a los grandes temas de la agenda in­ternacional como la estabilidad financiera interna-c i onal, el libre comercio, la migración, la democracia, los derechos humanos, el combate al crimen org a­nizado transnacional, el terrorismo, el cuidado del medio ambiente, la prevención ante los desastres na­turales y, de manera especial, la cooperación intern a­cional para el desarrollo, por mencionar sólo algunos. En estos foros se adoptan decisiones para resolverp ro­blemas de carácter regional o mundial que deman­dan una reacción oportuna. Resulta necesario aten­der adecuadamente, con la participación de expert o s en cada materia, la multiplicidad de temas que con-f o rman la agenda internacional, en particular aque­llos que re q u i e ren la cooperación y concertación in-t e rn a c i o n a l e s .

Es en este contexto y con base en estos objetivos que México buscará su ingreso al Consejo de Seguri­dad de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2002-2003. Asimismo, México será sede de la C o n f e rencia Internacional sobre Financiación para el D e s a rrollo en 2002; de la Cumbre de Mecanismos de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 2002; de la C u m b re Unión Europea-América Latina y el Caribe en 2004, y de la Cumbre de las Américas en 2005.

Equilibrio en la agenda de política exterior

La participación activa de México en foros multilate­rales mundiales no significa una menor part i c i p a c i ó n en foros regionales o una disminución en nuestras re­laciones bilaterales. De hecho, la nueva composición del sistema internacional, los cambios en la econo­mía mundial y la regionalización obligan a México a buscar nuevas áreas de oportunidad y lograr una me­jor distribución y un equilibrio de esfuerzos y recur­sos acordes con estos cambios.

En particular, por razones de identidad cultural, p roximidad geográfica, raíces históricas comunes, complementariedad económica y aspiraciones com­partidas de desarrollo e integración, los vínculos con la región de América Latina y el Caribe constituyen una prioridad de la política exterior mexicana. Fort a­lecer los esquemas de concertación y el diálogo polí­ticos con Centroamérica y Sudamérica, impulsar los i n t e rcambios económicos, comerciales, culturales, educativos y científicos, e intensificar la cooperación para el desarrollo coadyuvará a hacer de América La­tina y el Caribe una región con mayor presencia en el escenario internacional. En Centroamérica, el Plan de D e s a rrollo Regional Puebla-Panamá constituirá el eje para promover el desarrollo integral y a largo plazo del sur de México y los países de América Central. Con Sudamérica, México buscará ampliar y profundizar las relaciones políticas y económicas con Argentina, Brasil y Chile y crear así un espacio de entendimiento y diálogo privilegiado entre estas naciones. México también buscará reactivar el Grupo de los Tres, con Colombia y Venezuela, para dotar a las tres naciones de un canal de comunicación político de alto nivel. México también está decidido a desempeñar un pa­pel vigoroso y activo en la promoción y profundiza­ción de la democracia en la región, lo cual permitirá garantizar la paz y la seguridad en América Latina. Por ello, México buscará apoyar el proceso de paz en Colombia y evitar que los patrones de violencia y de crimen organizado repercutan en países vecinos.

La estrategia de la diversificación de nuestras re­laciones exteriores incluye también una ampliación e intensificación de nuestra relación con Europa y la región Asia-Pacífico. Por un lado, al tiempo de in­tensificar los vínculos políticos con Europa, tras la f i rma de los acuerdos de comercio con la Unión Eu­ropea y la Asociación Europea de Libre Comerc i o , México buscará fortalecer las relaciones económicas y comerciales, a fin de diversificar nuestros merc a-dos internacionales, así como las fuentes de inver­sión extranjera. Por otro lado, la región Asia-Pacífi­co re p resenta un área de enorme potencial para México en lo económico. Por ello es necesario inten­sificar y ampliar los vínculos con los países de esa zona, que ofrecen grandes oportunidades de coope­ración y la posibilidad de establecer alianzas para impulsar nuestras posiciones en la sociedad intern a­cional del futuro .

Promoción económica, comercial y cultural

Finalmente, es importante señalar que la diplomacia mexicana no actúa en el vacío, al ser parte de un pro­yecto de gobierno y eje central de la acción del Esta­do. Por ello, la política exterior es un componente vi­tal del plan de desarrollo que se ha trazado para los próximos seis años, y ayudará a lograr las metas de crecimiento económico y social que se presentan en este Plan.

En la actual etapa de globalización económica, es muy importante dar una nueva orientación a los e s f u e rzos de México por lograr una inserción exito­sa en la nueva economía mundial del siglo X X I. Mé­xico es la octava potencia en el comercio intern a c i o­nal y se ubica entre los primeros 15 países por el tamaño de su producción industrial en el mundo; es un importante lugar de destino para la inversión ex­tranjera directa y de portafolio, y las tendencias de su c recimiento influyen de manera determinante en la evolución de los mercados económicos y financiero s i n t e rnacionales. Sin duda, en años recientes se ha impulsado una profunda re f o rma económica en el país, se ha establecido una amplia red de acuerd o s de libre comercio, de asociación económica, de coo­peración y diálogo político, que deben traducirse en nuevas opciones para consumidores y pro d u c t o re s mexicanos. De ahí la importancia de mantener un sistema de información oportuna al resto del mun­do sobre el desarrollo económico nacional y de lograr una mayor coordinación entre los difere n t e s a c t o res nacionales, públicos y privados. Por ello, se c reó la nueva Subsecretaría de Relaciones Económi­cas y Cooperación Internacional dentro de la Secre­taría de Relaciones Exteriores, que tiene como prin­cipal objetivo convertir a la política exterior en un i n s t rumento central para lograr las metas del des-a rrollo económico y social de México. Esta nueva s u b s e c retaría tiene a su cargo áreas de pro m o c i ó n económica en todas las misiones diplomáticas y con-s u l a res, que deberán identificar y apoyar oport u n i­dades de comercio, turismo, inversión, financia­miento y cooperación bilateral y multilateral, en respaldo a los esfuerzos internos de desarrollo eco­nómico y social y de diversificación de los merc a d o s e x t e rn o s .

Como complemento a la estrategia de pro m o c i ó n económica y comercial, se emprenderá una activa po­lítica de difusión en el exterior de la rica y diversa cul­tura mexicana con el fin de dar a conocer nuestros v a l o res culturales y de apoyar una imagen positiva de México en todo el mundo.

QUÉ SE NECESITA

4.9. Un buen gobierno

A fin de que esta administración cumpla con su res­ponsabilidad histórica de dar respuesta a las grandes demandas y expectativas de la sociedad, requerimos acciones capaces de transformar radicalmente los es­quemas tradicionales de gestión.

No estamos hablando de una transformación a partir de un proceso de mejora gradual y paulatina, sino de generar rápidamente los cambios profundos que nos permitan recuperar el tiempo perdido y la capacidad de respuesta para atender con prontitud y eficacia las necesidades de la sociedad.

No obstante la urgencia evidente de cambio, el reto de forjar un buen gobierno no es una tarea que pueda realizarse por decreto o atendiendo a una ten­dencia mundial, sino que demanda un trabajo serio y persistente.

El gobierno que necesitamos construir es uno de calidad total, que ponga en el centro del quehacer gu­b e rnamental la satisfacción de las necesidades y ex­pectativas de la sociedad.

Necesitamos un gobierno participativo que con­sulte a la sociedad sobre sus necesidades y prioridades para convertirlas en políticas de gobierno, y que de f o rma constante se someta a una rigurosa rendición de cuentas, no sólo en lo que se re f i e re al uso honesto y t r a n s p a rente de los recursos, sino también a la eficacia y calidad con que se utilizan.

Requerimos un gobierno con un alto sentido de responsabilidad social, que sabe de la importancia de su trabajo y que se responsabilice de su actuación, de sus errores y en general de sus decisiones, mismas que serán sometidas a un minucioso proceso de eva­luación.

Requerimos un gobierno estratégico y competiti­vo, que sea la vanguardia de la sociedad, que esta­blezca democráticamente las prioridades sociales e invierta de manera eficaz sus recursos financieros, humanos, materiales y legales en el logro de la gran visión de un México competitivo y justo.

Requerimos un gobierno inteligente, capaz de utilizar los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para evitar el dispendio de recursos y promover la eficacia de su función en todos los órde­nes. Dispuesto a aprender de las experiencias de éxi­to registradas en otras partes del mundo para ade­cuarlas al contexto nacional, con la firme convicción de que siempre es posible mejorar.

Requerimos un gobierno ágil y flexible, capaz de captar las oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias rápida y eficazmente.

F rente al paradigma de un gobierno operativo, orientado a administrar normas y procesos, pre v a­lezca el de un gobierno estratégico, orientado a ad­ministrar resultados. Requerimos que los pro c e s o s b u rocráticos que inhiben el desarrollo de los actore s g e n e r a d o res de riqueza se rediseñen con un enfoque de calidad para atender las necesidades del ciudada­no. La rigidez tiene que ser sustituida por flexibili­dad, la cual nos permita derribar las barreras exis­tentes para la innovación y la creatividad, impuestas por la excesiva normatividad y sobre rre g u l a c i ó n e x i s t e n t e .

Requerimos un gobierno abierto y transpare nte, que trabaje en una gran vitrina de cristal donde t o-dos los ciudadanos sepan el porqué de sus acciones, y cuenten con acceso permanente a la inform a c i ó n.

Requerimos un gobierno descentralizado, que en sus relaciones con los estados y municipios pro­picie no sólo una simple desconcentración de funcio­nes, sino un nuevo pacto federal, que deje en claro que la nación es más que la suma de sus partes.

Un gobierno global, que se inserte en el contexto mundial y entienda que no puede sustraerse de esta dinámica de cambio vertiginoso, que presenta riesgos por un lado, pero que igualmente ofrece grandes opor­tunidades. Un gobierno que, potenciando el uso de las tecnologías de la información, contribuya al reto de forjar un gobierno que ofrezca mayores servicios y de mejor calidad a un menor costo.

Necesitamos un gobierno austero, que trabaje mejor y cueste menos, que someta sus procesos a una estricta validación, para determinar aquellos que ya no le dan un valor agregado a la sociedad, y cuyos re c u r-sos deben ser reorientados a programas sustantivos del g o b i e rno. Que contribuya al fortalecimiento de las fi­nanzas, reduciendo el gasto excesivo y buro c r á t i c o .

Requerimos un gobierno confiable, cuyos serv i­cios cuenten con altos estándares de calidad, re d i s e­ñados en tal forma que eviten y prevengan los actos de corrupción, basado en un estricto código de ética.

En suma, requerimos un gobierno de clase mun­dial, un gobierno innovador y de calidad total. Para lograrlo, trabajaremos en dos vertientes contenidas en el modelo de innovación y calidad que se ha adoptado. Por un lado, la innovación que perm i t a concebir nuevas formas de hacer las cosas, y por el otro, la calidad total que permita mejorar y optimi­zar lo que se ha estado haciendo bien y ha demostra­do que genera valor agregado a la sociedad.

A través de la innovación, buscaremos rempla­zar los sistemas burocráticos por sistemas empre n d e-dores, que transformen a las organizaciones públicas en elementos de mejora y desarrollo, mediante un cambio profundo de cultura, que permita la evolución de los enfoques tradicionales hacia enfoques visiona­rios y de futuro, que permitan encontrar solución a los grandes problemas nacionales.

Tr a n s f o rmar la orientación del gobierno sólo será posible si somos capaces de sumar las voluntades de todos los serv i d o res públicos, por lo que debemos de­jar atrás los esquemas jerárquicos basados en el con­trol, que inhiben la creatividad y la innovación, para dar paso a esquemas que faculten y fomenten la par­ticipación y el trabajo en equipo.

4.10. Unas finanzas públicas sanas

México es un país con graves necesidades y con re­cursos insuficientes. La brecha ha crecido en los úl­timos años durante los cuales se ha deteriorado la competitividad de la infraestructura, se ha ampliado el rezago en la vivienda y se mantuvo el cons u m o p redatorio de la riqueza ambiental. El gobierno ha in­currido en déficit públicos de manera reiterada para sufragar transitoriamente esta brecha en los re c u r s o s . Otro mecanismo utilizado fue incrementar las apor­taciones fiscales de Pemex, aun en detrimento de sus necesidades de inversión y de su propia competitivi­dad a mediano plazo.

El país requiere mayores recursos y renovar su capacidad real para programar con certidumbre su d e s a rrollo para el largo plazo. Los re c o rtes periódicos y la inestabilidad atentan contra el deseo de construir un buen gobierno y un país sólido. La solución está en aumentar la disponibilidad de recursos a disposi­ción de los tres niveles de gobierno. Estos recursos deben provenir de la mayor prudencia en el ejercicio p resupuestal y en la reinvención de la función del go­bierno, pero también deben provenir de la propia so­ciedad que demanda mayor infraestru ctura, mejor educación y una sociedad más justa.

Las finanzas públicas sanas son un objetivo in­dispensable para permitir a la economía y a la sociedad transitar hacia el futuro con mayor confianza y cert i­d u m b re. El déficit público lleva al gobierno a adqui­rir deuda interna o externa para compensarlo. En es­te sentido, recurrir al déficit significa tomar re c u r s o s de las próximas generaciones de mexicanos para finan­ciar las necesidades de los mexicanos de hoy. La sa­lud en las finanzas públicas significa encontrar un balance duradero entre las necesidades de distintas generaciones, adquiriendo compromisos de pago en montos y condiciones que puedan ser sustentadas por las siguientes generaciones.

Cuando el gobierno recurre en forma excesiva al a h o rro interno, compite de manera directa con quie­nes necesitan ese ahorro para financiar sus emp re s a s . En la experiencia de México, esta competencia ha da­do lugar al desplazamiento de la inversión a favor del gasto y ha llevado a encarecer las tasas de interés re a-les. Mantener por plazos largos este desplazamiento de la inversión, ha contribuido a debilitar las ganan­cias de la productividad y a reducir la competitividad de los productores nacionales frente a los extranje­ros, en especial de aquellas empresas que no tienen acceso a fondos internacionales.

Cuando el déficit se financia con el ahorro exter­no, la deuda gubernamental aumenta y se hace más vulnerable la economía a las variaciones bruscas en el tipo de cambio. La especulación internacional contra divisas de países con debilidad fiscal ha sido práctica generalizada en los últimos años. En México, las crisis cambiarias y los contagios por crisis iniciadas en otro s países, en presencia de graves desequilibrios en las fi­nanzas públicas y alta deuda externa, han causado graves desequilibrios en las finanzas públicas y exacer­bado la inflación, los costos y la duración de los ajus­tes internos. Estos efectos también pro v o c a ron crisis bancarias y del sector financiero en su conjunto.

Los riesgos asociados con desequilibrios sosteni­dos en las finanzas públicas dificultan la pro g r a m a c i ó n del ejercicio financiero del gobierno y la planeación de las actividades de los actores privados.

La salud de las finanzas públicas se alcanza cuan­do una sociedad ha a p rendido a evaluar y administrar las necesidades presentes y futuras, con pleno conoci­miento de sus pasivos contingentes, y cuando una so­ciedad quiere realmente planear para actuar con cer­tidumbre y eficacia.

4.11. Los cambios en la estructura del Poder Ejecutivo Federal

4.11.1. Creación de las comisiones

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Adminis­t r ación Pública Federal en su artículo 8°, que faculta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para constituir unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación, mediante acuerdo presidencial del 1 de diciembre de 2000 se creó la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, que contempla en­tre otras unidades administrativas, la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de O rden y Respeto, con funciones de planeación, coord i n a c i ó n , colaboración, apoyo y promoción.

Con esta nueva estructura de la administración p ública se busca que el diseño y la instrumentación de las políticas públicas del Ejecutivo federal tengan una perspectiva integral que refleje la coherencia y coordinación interinstitucional, que evite la duplici­dad de funciones, haga un uso más eficaz de los re­cursos e incremente la efectividad de los resultados.

Esta nueva forma de operar tiene como objetivos:

  • I n c rementar el impacto de las políticas públicas estableciendo mecanismos de coordinación de accio­nes y trabajo interentidades en temas prioritarios pa­ra el desarrollo de la nación.

  • P romover la consistencia entre las políticas y los p rogramas de las distintas dependencias, a fin de que las acciones de las entidades de la administración pú­blica federal sean sinérgicas y se eviten duplicidades.

  • Definir las prioridades, visiones, metas y estra­tegias de las secretarías y organismos de cada Comi­sión. La mejor form a de concentrar esfuerzos es saber con exactitud cuál es el resultado que debemos alcan­z a r, cuáles los instrumentos y cuál el tiempo para lo­grarlo.




  • Establecer procesos de evaluación de las accio­nes de gobierno que ajusten su labor a las necesida­des de la sociedad.

  • Diseñar nuevas formas de atención a las nece­sidades sociales integrando capacidades, recursos y experiencias de cada entidad.


El propósito es lograr que todas las entidades del g o b i e rno estén en la misma frecuencia; que la fuerz a del equipo radique en tener objetivos comunes; que el trabajo vaya en la misma dirección con base en desa­fíos claramente definidos y compartidos; que al con­centrar los esfuerzos se logren mejores re s u l t a d o s .

El trabajo de las tres comisiones se fundamenta en la transformación del gobierno en una institución más eficaz en la cual confíen los ciudadanos. Para ello, es necesario contar con un gobierno que escu­che y dé respuesta a las inquietudes de los ciudadanos. C a d a servidor público buscará lograr un gobierno t r a n s p a rente, honesto, participativo y eficaz, que tra­baje mejor, cueste menos y proporcione mayores be­neficios a la sociedad.

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

El Ejecutivo federal, por medio de la Comisión para el Desarrollo Social y Humano y de las secretarías y

o rganismos que la integran, se propone conducir re s­ponsablemente las políticas sociales del país y hacer del desarrollo social y humano el eje de la política d e l g o b i e rno. El diseño de sus políticas está regido por l o s principios de inclusión de la diversidad social y d e respeto a la pluralidad cultural, así como por el estí­mulo a prácticas participativas ante los retos y en la solución de los problemas sociales del país.

Las líneas que definen el diseño y la instru m e n t a­ción de las políticas tienen un fin integrador, por me­dio del cual se pretende dar un nuevo perfil a las ins­tituciones del Estado, capaz de estimular la cre a t i v i d a d y de propiciar efectos multiplicadores que hagan más eficaces los resultados de su acción. También se diri­gen a fomentar la cultura de la corresponsabilidad en-t re ciudadanos y funcionarios públicos.

Con el fin de dar coherencia a las tareas de gobier­no en materia social, la Comisión para el Desarro l l o Social y Humano establece la emancipación indivi­dual y colectiva de los mexicanos como su misión es­pecífica y se compromete con la sociedad mexicana a: incrementar la calidad de vida de los mexicanos mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas, reduzcan las desi­gualdades extremas y las inequidades de género

y de todo tipo, y desarrollen su capacidad e inicia­tiva. Promover la unidad y solidaridad de los me­xicanos, al aumentar y reforzar el capital y la co­hesión sociales e inculcar el respeto y cuidado del medio ambiente. Asegurar la capacidad de res­puesta del gobierno y desarrollar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

COMISIÓN PARA EL CRECIMIENTO CON CALIDAD

Crecer con calidad ha sido uno de los mandatos rei­terados por la población para la administración fede­ral 2000-2006. Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo ha adoptado el crecimiento con calidad, junto con el desarrollo social y humano y con el or­den y respeto como las tres prioridades en torno de las cuales se organizarán los aspectos estructurales del desarrollo de México. También por ello, el Eje­cutivo federal ha creado la Comisión para el Creci­miento con Calidad con el propósito de coordinar las acciones del gobierno en su conjunto, en cumpli­miento de una de sus misiones centrales.

La Comisión para el Crecimiento con Calidad ha adoptado cuatro premisas: primera, no puede haber justicia social sin una economía sólida; segunda, la estabilidad política es inseparable de la estabilidad económica; tercera, la seguridad, la justicia y la pro­tección de los derechos individuales y económicos son precondiciones del desarrollo económico; cuar­ta, los derechos humanos son inseparables del creci­miento con calidad, pero también del desarrollo so­cial y humano y del propio orden y respeto.

Es decir, una función central de la administra­ción consiste en la concreción de una perspectiva in­tegral para las políticas del Ejecutivo federal. La con­secución de ello se plasmará en la presentación de, metas, estrategias y prioridades comunes que se esta­blecen en este Plan.

El programa de crecimiento con calidad es ort o­doxo en la búsqueda de la estabilidad y el cre c i m i e n­to, pero heterodoxo en la búsqueda de la equidad; es d e c i r, es socialmente solidario y comprometido. Se ratifica el compromiso con las variables fundamen­tales de la economía, pero se asume como pre m i s a fundamental que para el buen funcionamiento de la economía, deben también estar en orden las varia­bles fundamentales de una sociedad justa y humana.

Las entidades que integran la Comisión para el C recimiento con Calidad tienen como misión central asegurar la conducción responsable de la economía, incrementar y ampliar la competitividad del país y promover un crecimiento estable, dinámico, inclu­yente, sostenido y sustentable. Los compromisos de la Comisión para el periodo 2001-2006 son:

  • Crecimiento para crear los empleos que de­mandarán los millones de jóvenes que se incorpo­rarán al mercado de trabajo los próximos años.

  • Crecimiento que permita abatir la pobreza y abrir espacios a los emprendedores.

  • C recimiento con estabilidad que perm i t a planear sin sobresaltos, invertir con menore s riesgos y tomar decisiones con mayor certidum­bre.

  • C recimiento con baja inflación que contri­buya a la recuperación de los salarios reales, la re­ducción de las tasas de interés y la expansión del c r é d i t o .

  • C recimiento que dé oportunidades a todos y en el que la disponibilidad de instrumentos para p a rticipar en la economía no sea privilegio de unos c u a n t o s .

  • C recimiento para promover la democratiza-c i ó n de los mercados. Una fuerte expansión de la c i udadanía económica y el incremento de oportu­nidades para participar en la economía formal.

  • Crecimiento para conservar y acrecentar el capital natural de nuestra nación.

  • C recimiento para que las empresas públicas d e l Estado fortalezcan y no limiten la competiti­vidad de las empresas mexicanas.

  • C recimiento para promover un desarrollo re-g i onal equilibrado, mejorando la infraestructura y estimulando la generación de empleos en las co­munidades más rezagadas del país.


COMISIÓN DE ORDEN Y RESPETO

La Comisión de Orden y Respeto, y las secretarías y

o rganismos que la integran, privilegia un enfoque po­lítico y social de conjunto y de largo plazo en la aten­ción de los retos y la solución de problemas naciona­les en materia de seguridad nacional, defensa de la soberanía, pre s e rvación del Estado de derecho, gober­nabilidad democrática, seguridad pública, pro c u r a­ción de justicia y desempeño gubernamental honesto.

El cambio democrático y la innovación gubern a-mental que impulsa la Presidencia de la República, incorpora la figura de la Comisión de Orden y Res­peto como nuevo elemento transversal e integral que dará lugar a una visión de mayor riqueza que la re s u l­tante de aquellas de naturaleza fragmentaria de cada dependencia, para privilegiar un enfoque político y social estratégico, de conjunto y de largo plazo.

El objetivo de la Comisión es garantizar la coordi­nación interinstitucional y promover mayores grados de congruencia en la acción que decidan emprender los tres órdenes de gobierno; armonizar criterios de planeación, eficacia, suficiencia conjunta, colabora­ción, apoyo y promoción, y facilitar el proceso de to­ma de decisiones, así como de lograr coherencia y cohesión tanto en las acciones como en el desempe­ño gubernamental.

En los temas de seguridad nacional participan la S e c retaría de Gobernación y las dependencias que in­tegran la Comisión de Orden y Respeto, de acuerd o con sus atribuciones. En el combate a la delincuencia

o rganizada intervienen en el mismo gabinete la Secre­taría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secre­taría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus re s­pectivas competencias, con el fin de contar con una visión integral en el enfoque de las políticas públicas.

E n t re las tareas que competen a la Comisión des­tacan los temas re f e rentes a la defensa de la soberanía, de la independencia y de la integridad territorial de la nación; la seguridad nacional como protección, prev i­sión y promoción del interés público; la part i c i p a c i ó n ciudadana; la garantía de proporcionar información para transparentar las tareas de gobierno; la pro t e c c i ó n civil; la re f o rma integral del sistema de seguridad pú­blica y de justicia; el diseño de mecanismos ágiles y eficaces para la prevención y el combate instituc i o n a l al delito, al tráfico ilícito de drogas, a la delincuencia

  1. o rganizada, a la corrupción y a la impunidad; la me­jora de las instancias de procuración de justicia; l a re e s t ructuración integral del sistema penitenciario; la protección a las víctimas del delito; así como asegu­rar la eficacia de la administración pública y la hones­tidad de los servidores públicos.


Entre las tareas de la Secretaría de Gobernación destacan las relativas a la seguridad nacional, enten­dida como la preservación de la integridad, estabi­lidad y permanencia del Estado mexicano; la gober­nabilidad democrática; la reforma democrática del Estado; el fortalecimiento de las instituciones de go­bierno; el federalismo y las relaciones interguberna­mentales; la participación ciudadana; la ampliación del ejercicio y el respeto de los derechos y libertades ciudadanas; el impulso de la cultura política demo­crática; la libre circulación de información; la liber­tad de cultos; el control migratorio; la protección ci­vil; los derechos humanos, y el fortalecimiento del sistema de partidos.

La Comisión de Orden y Respeto da a la Pre s i­dencia de la República asesoría, agiliza el proceso de toma de decisiones por parte de las instancias ejecu­tivas facultadas legalmente para ello, evalúa y da se­guimiento a las acciones emprendidas y establece me­canismos de coordinación permanentes para asegurar la conducción y confluencia de todos los esfuerz o s institucionales por alcanzar y cumplir satisfactoria­mente los objetivos y las estrategias de gobiern o .

Con esta importante encomienda, la Comisión de Orden y Respeto fungirá como un instru m e nto que contribuya a facilitar y promover un gobierno democrático eficaz y de calidad.

Los miembros de la Comisión de Orden y Respe­to definen así su compromiso específico:

  • F o rtalecer la soberanía y velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento, eficacia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la administración pública f e d e r a l .

  • Garantizar y pre s e rvar el orden e interés pú­blicos, la justicia, la protección de la población y el respeto a los derechos y libertades ciudadanas, en el marco de una nueva gobernabilidad democráti­ca, una nueva arquitectura de gobiernos federal, estatales y municipales que resulte en un auténti­co federalismo, una administración pública federal honesta y eficaz, como fundamentos del desarro l l o con seguridad, paz y tranquilidad de México.


4.11.2. Adecuaciones a las secretarías de Estado

Algunos de los cambios a la estructura de gobierno fueron propuestos a la administración federal ante­rior y promovidos en el Congreso de la Unión. Estos cambios dan respuesta a esta nueva forma de gober­nar y de responder con fuerza y esperanza a los retos que plantea el México contemporáneo. Entre estos cambios destacan por su importancia:

Para cumplir con la demanda ciudadana de dar­le a la seguridad pública la máxima prioridad, se cre ó la Secretaría de Seguridad Pública cuyos objetivos son, entre otros, desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer una política federal contra la cri­minalidad, que comprenda las normas, instru m e n t o s y acciones para prevenir de manera eficaz la comi­sión de delitos; fomentar la participación ciudad a n a en la formulación de planes y programas de pre v e n­ción en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la li­bertad, el orden y la paz públicos.

La Secretaría de Gobernación se redimensionó para consolidar su papel de conductor de la política interior que compete al Ejecutivo federal, así como de regulador de la política de comunicación social del Poder Ejecutivo Federal.

Se reestructuró la Secretaría de Comercio y Fo­mento Industrial convirtiéndose en la Secretaría de Economía entre cuyas funciones destacan: la coordi­nación y ejecución de la política nacional para crear y apoyar empresas que reúnan a grupos de escasos recursos en áreas urbanas, y fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano.

Para lograr un manejo integral de la política ali­mentaria se transfirió el fomento de la actividad acuíco­la y pesquera a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

4.11.3. Reorganización de la Oficina de la Presidencia de la República

Para ejercer una administración pública eficaz y coordinada que cumpla los objetivos que le deman­da la nación, se re o rg a n i z a ron las áreas de la Oficina de l a P residencia de la República en unidades estratégi­cas, ágiles y eficaces. Estas áreas incluyen tanto las de apoyo, planeación estratégica y desarrollo regional, políticas públicas e innovación gubernamental, co­mo las de vinculación con grupos sociales relevantes de la sociedad y que darán seguimiento a las priori­dades de este gobierno.

4.11.4. Creación del Instituto Nacional de las Mujeres

Para garantizar la atención a las desigualdades de gé­nero, el respeto a los derechos sociales, políticos y cí­vicos de las mujeres, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad o religión, se formaliza la institucion a­lización de este compromiso con la publicación del decreto de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual tiene como mandato promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géne­ros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mu­jeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad en las políticas públicas con pers­pectiva de género, federalismo en el desarrollo de programas y actividades y fortalecimiento de víncu­los con los poderes Legislativo y Judicial tanto del ámbito federal como del estatal.

4.12. La revolución educativa

La educación es factor de progreso y fuente de opor­tunidades para el bienestar individual y colectivo; re­percute en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los es-t á n d a res del bienestar material de las naciones; influ­ye en el desarrollo afectivo, cívico y social, y en la ca-p a c i d a d y creatividad de las personas y de las comunidades. La educación, en suma, afecta la capa­cidad y la potencialidad de las personas y las socie­dades, determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro.

Hoy se reconoce el papel crucial del conoci­miento en el progreso social, cultural y material de las naciones. Se reconoce, asimismo, que la genera­ción, aplicación y transmisión del conocimiento son tareas que dependen de las interacciones de los gru­pos sociales y, en consecuencia, condicionan la equi­dad social.

El hecho fundamental que ha limitado la posi­bilidad de hacer de México un país justo, próspero y c re ativo es la profunda desigualdad de la sociedad, una pauta que se manifiesta también en las dispares oportunidades de acceso a la educación, en las dife­rencias de calidad de las opciones de preparación abiertas a cada sector social, en los distintos circuitos culturales y ambientes de estímulo intelectual y en la distribución de posibilidades de obtener inform a­ción y conocimientos.

La equidad social y educativa y el mayor acceso al conocimiento son, por tanto, dos retos entrelaza­dos para potenciar la inteligencia colectiva de México, que hay que enfrentar fomentando el aprendizaje y la formación permanente de todos, si se aspira a ase­gurar el avance nacional sin perder la cohesión social en torno a los valores y las costumbres que caracte­rizan positivamente a la nación.

La situación actual en materia educativa y las condiciones demográficas, políticas y económicas de México demandan un gran proyecto nacional en fa­vor de la educación. Un proyecto en el cual partici­pen y se articulen los esfuerzos de sociedad y gobier­no en el logro de cuyos objetivos se sume y canalice la energía individual y colectiva de los mexicanos, y mediante el cual se resuelvan los inaceptables re z a g o s educativos y se creen las condiciones que propicien el futuro bienestar colectivo y la inserción plena de México en el ámbito internacional.

Este proyecto supone una revisión amplia e inte­gral de los objetivos, procesos, instrumentos, estruc­tura y organización de la educación en México, a fin de contar con una educación acorde con las nuevas con­diciones y aspiraciones nacionales y que privilegie el aprendizaje y el conocimiento. Demanda la partici­pación sistemática de los individuos, grupos, org a n i­zaciones y sectores del país para garantizar su conti­nuidad y el compromiso con el mismo.

Hacer de México un país volcado a la educación implica lograr que la educación sea valorada como un bien público y, en consecuencia, que la sociedad me­xicana toda se comprometa con su funcionamiento y progreso. Esto requiere contar con un ambiente pro­picio para la educación –sus contenidos y procesos, sus actores y organizaciones, sus normas y resulta­dos– y que todos los grupos sociales conc u rran a fa­cilitarla y asegurarla: el magisterio, los educandos y los padres de familia, las autoridades institucionales, los sindicatos, las empresas, los medios informativos y las organizaciones culturales, artísticas y deport i-vas, las organizaciones no gubernamentales y los di­ferentes órdenes de gobierno.

En concordancia y como resultado de esta vi­sión, el propósito central y prioritario del Plan Na­cional de Desarrollo es hacer de la educación el gran proyecto nacional. Lograrlo implica contar con p rogramas, proyectos y acciones que permitan tener:

Educación para todos El reto de llevar la educación a todos los mexicanos mediante el sistema educativo formal y de la multipli­cación de oportunidades de educación no formal, in­cluye tomar en cuenta la pluralidad cultural, étnica y lingüística del país para eliminar el rezago en la edu­cación indígena, siempre con respeto a sus culturas.

La población que demanda educación básica no c recerá en los próximos lustros, por lo que el país tie­ne la oportunidad para, en pocos años, incorporar a la educación preescolar a todos los niños en esa edad; asegurar que completen su educación secundaria to­dos los niños y jóvenes que hoy están en las aulas; abrir oportunidades en la educación media superior y superior para alcanzar coberturas más próximas a las de nuestros principales socios comerciales.

A pesar del progreso que se alcance con estas ac­ciones, el número de mexicanos sin educación básica es y continuará muy alto. La mayoría de estos mexi­canos está, por otro lado, en edad laboral y con ne­cesidades de empleo. En conjunto, representan l a p a rte más numerosa de la población económicamen­te activa. Pro p o rcionarles educación resulta, por tan­to, no sólo un acto de justicia sino de beneficio para el desarrollo nacional.

Es necesario expandir y multiplicar las oport u­nidades educativas y la diversidad de la oferta para este sector de la sociedad, por medio de la apert u r a de planteles e instituciones; la creación de altern a­tivas educativas, de capacitación y de adiestramien­to; el diseño y establecimiento de procesos ágiles y confiables para reconocer y certificar los conoci­mientos, las destrezas y las experiencias no escola­rizadas; la integración vertical y horizontal del sis­tema educativo.

Educación de calidad Una educación de calidad significa atender el desarro­llo de las capacidades y habilidades individuales –en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo, social y de-p o rtivo–, al mismo tiempo que se fomentan los valo­res que aseguran una convivencia solidaria y compro­metida, se forma a los individuos para la ciudadanía y se les capacita para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo. Ello se traduce en el énfasis que estos aspectos reciben en los diferentes niveles de la educación y en los desiguales contextos sociales de los estudiantes, en el balance que se logre entre infor­mación y formación, enseñanza y aprendizaje, lo ge­neral y lo especializado, lo actual y lo porv e n i r.

La educación debe vincularse con la pro d u c c i ó n , p ro p o rcionando a los futuros trabajadores y pro f e s i o-n i s t a s una cultura laboral básica que les permita ver el trabajo como un medio de realización humana, de convivencia solidaria y de servicio a la comunidad, a la vez que introducir visiones críticas, constructivas y responsables que transformen los empleos en opor­tunidades de crecimiento personal.

Una educación de calidad, por tanto, demanda que la estructura, orientación, organización y gestión de los programas educativos, al igual que la naturale­za de sus contenidos, procesos y tecnologías respon­dan a una combinación explícita y expresa de los as­pectos mencionados.

Por otro lado, la calidad de la educación descan­sa en maestros dedicados, preparados y motivados; en alumnos estimulados y orientados; en instalaciones, materiales y soportes adecuados; en el apoyo de las fa­milias y de una sociedad motivada y part i c i p a t i v a .

La calidad, como característica del sistema educa­tivo, se logrará con la diversidad de instituciones y pro­gramas educativos en el país que, en un ambiente de l i b e rtad y bajo reglas claras y explícitas de calidad, c o n-c u rran para ofrecer perfiles curr i c u l a re s , condiciones intelectuales, procesos de instrucción y ambientes humanos atractivos para los mexicanos.

Educación de vanguardia La fuerza de la economía, el comercio y las comunica­ciones globales impulsan también la globalización de los sistemas educativos de las naciones que aspiran a p a rticipar activamente en los foros y los interc a m b i o s i n t e rnacionales. La explosión del conocimiento y el acelerado paso hacia una sociedad y una economía basadas y estructuradas en torno a él, obligan a re p e n­sar los propósitos del sistema educativo y a re c o n s i d e­rar la organización social con miras al aprendizaje y al a p rovechamiento del conocimiento por toda la socie­dad. El avance y la penetración de las tecnologías lle­va a reflexionar no sólo sobre cómo las usamos mejor para educar sino incluso a repensar los procesos y los contenidos mismos de la educación y a considerar cuáles tecnologías incorporar, cuándo y a qué ritmo.

En la medida que se logre elevar el nivel educa­tivo general de la población y reducir las diferencias e n t re las diferentes regiones y grupos del país, aumen­tará la demanda de servicios educativos para que la juventud y la fuerza de trabajo mejoren su capacita-c i ó n ; crecerá la presión por formas, mecanismos e instrumentos para el entretenimiento, la instrucción y la preparación, y habrá más oportunidades para cursar estudios superiores y de posgrado. Colectiva­mente, la sociedad será más creativa y capaz, a la vez que más participativa y humana.

El país requiere, por lo tanto, formar a profes i o­nistas, especialistas e investigadores capaces de cre a r, innovar y aplicar nuevos conocimientos de tal forma que se traduzcan en beneficio colectivo; re q u i e re , además, el apoyo educativo y tecnológico de las in­dustrias y empresas; servicios y programas formales e informales de educación transmitidos por los me­dios de comunicación; contar con la infraestructura científica y tecnológica y con los acervos de informa­ción digitalizada que permitan a la población estar en contacto con la información y los conocimientos ne­cesarios para su desarrollo.

Lograr que el sistema educativo nacional pase de la situación prevaleciente a la descrita no es sencillo ni puede lograrse en poco tiempo. Una administración federal comprometida no es suficiente, es necesario el esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Los cambios deben darse pro g resiva pero firmemente, con base en p rogramas de trabajo que comprometan a todos los niveles de gobierno y a todos los actores del sistema; es decir, con programas que involucren a toda la po­blación. Iniciar este proceso es el objetivo medular de la acción gubernamental definida en este Plan.



5. ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

5.1. Introducción

Junto a los cambios ocurridos en México en materia económica y demográfica durante las últimas déca­das, y en buena medida influidas por ellos, se han gestado importantes transformaciones en la socie­dad del país.

Esta evolución social ha sido compleja y se mani­fiesta en una amplia gama de fenómenos determ i n a n­tes de la vida de los mexicanos, desde modificaciones en las percepciones, motivaciones y conductas indi­viduales –actitudes, valores y aspiraciones, entre otros elementos–, hasta la recomposición de grupos

o agregados sociales y la alteración de los comporta­mientos colectivos en relación con los asuntos públi­cos –modos de participación y formas de organiza­ción de la gente, por citar algunos. Los cambios que han tenido lugar en los diferentes grupos sociales y regiones del país se han reflejado en una mayor plu­ralidad y diversidad social y cultural. Como resulta­do, los mexicanos de hoy son distintos de los de épo­cas anteriores.

En adición, el entorno actual de relaciones glo­bales re p resenta tanto riesgos como posibilidades pa­ra la creación de oportunidades. Por ello, es respon­sabilidad del gobierno fijar las prioridades de la acción pública en el desarrollo social y humano.

La sociedad mexicana requiere un Estado que planee sus acciones a largo plazo y las encamine a lo­grar un país cada vez más justo y humano, con capa­cidad de respuesta que inspire confianza. Por esta ra­zón, se ha propuesto una visión de México para el año 2025, cuando su población habrá alcanzado por lo menos la cifra de 126 millones de habitantes, de los cuales 18 millones serán jóvenes de entre 15 y 24 años y 13.5 millones serán personas mayores de 65 años. Para entonces, la cobertura en educación debe­rá ser de 100%, el promedio de escolaridad de 12 años y el analfabetismo prácticamente no existirá; el nivel de vida de la población se habrá incrementado significativamente, y habrá desaparecido la pobreza extrema; los servicios de salud darán cobertura uni­versal, existirá respeto y cuidado del medio ambien­te y se habrán consolidado formas de convivencia y de participación democrática que fortalecerán la confianza de los individuos en sí mismos y en un go­bierno respetuoso de las instituciones, que atenderá con eficacia y transparencia las demandas y necesida­des de la población.

Alcanzar las condiciones descritas implica que el desarrollo social y humano sea concebido como un proceso de cambio sustentado en la educación, ten­diente a construir oportunidades de superación pa­ra amplios sectores de la población, con criterios de equidad en todos los aspectos, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género; a desarrollar las capacidades educativas y de salud; a incrementar la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida de los habitantes del país; a refor­zar la cohesión social de las colectividades y la armo­nía con el medio ambiente.

Además del acceso a más altos niveles de bienes-t a r, este proceso conduce a una mejor compre n s i ó n por parte de los ciudadanos de sus derechos y obliga­ciones, lo que propicia mejores condiciones para su i n s e rción social y da un fuerte impulso a la iniciativa individual, estableciendo así las bases para una eman­cipación individual y colectiva, producto de la segu­ridad que da la capacidad y confianza en sí mismo.

5.2. Antecedentes

Los factores de la transformación social del país

La evolución de la sociedad mexicana en las últimas décadas obedece a múltiples razones como el cambio demográfico, la elevación de los niveles de educación de la población, profundos cambios en lo económi­co, intereses y valores emergentes, nuevas formas de asociación u organización sociales, cambios tecnoló­gicos e internacionalización.

El cambio demográfico

La transición demográfica, como se mencionó pre­viamente ha modificado el perfil poblacional de Mé­xico. Esto determina que en los próximos años las demandas sociales, en sus aspectos cualitativo y cuantitativo irán variando, presentando condiciones distintas a las del pasado. Los retos en educación, sa­lud, empleo, vivienda, desarrollo regional y preser­vación del medio ambiente, pero sobre todo los as­pectos de la equidad entre grupos sociales en estos asuntos, reflejarán la cambiante demanda por gru p o s de edades, género y localización geográfica.

Los adultos

En México hay aproximadamente 44 millones de personas con más de 25 años de edad, de las cuales 31 millones no han cumplido los 50 años y, en gene­ral, su vida productiva se ha desarrollado en condi­ciones de baja remuneración, alto subempleo y un ahorro prácticamente nulo, además de que la mayo­ría cuenta con educación insuficiente y muchos ado­lecen de falta de protección en el cuidado a la salud y de inseguridad ante riesgos económicos y natura­les. Por esto resulta necesario poner en práctica po­líticas sociales y económicas que les permitan actua­lizar sus habilidades y capacidades para participar con éxito en actividades productivas y gozar de nive­les más altos de seguridad y calidad de vida.

Los 13 millones restantes tienen 50 años o más. Aunque algunos se desempeñaron productivamente en periodos en los que la economía tenía mayor es­tabilidad, las crisis subsecuentes han puesto en gra­ve riesgo su situación financiera o patrimonial.

En particular, de los 4.8 millones de adultos con 65 años o más, sólo 26.2% de ellos disfrutan de una pensión o beneficios de jubilación y muchos sufren la falta de oportunidades para continuar su desarro­llo humano en un entorno social incluyente.

Los jóvenes, adolescentes y niños

En el país existen alrededor de 52 millones de jóve­nes, adolescentes y niños, que conforman las genera­ciones nacidas en México durante el pasado cuarto de siglo, por lo que la totalidad de su existencia ha transcurrido en un ambiente de inestabilidad econó­mica y de cambios tecnológicos y sociales acelerados.

La mayoría de los poco más de 19 millones de jó­venes, hombres y mujeres con edades entre 15 y 24 años, demandan una buena educación, salud, cultura, re c reación y deporte pero, sobre todo, un fuerte im­pulso a la apertura de oportunidades económicas, in­clusión social y gran énfasis en los aspectos de equi­dad, dada la diversidad que caracteriza a la población.



Los niños y adolescentes con edades hasta de 14 años, suman poco más de 33 millones. Además de necesidades de salud, educación y otras tradiciona­les, este grupo enfrenta problemas emergentes como situaciones de violencia y desintegración familiar, adicciones, trabajo infantil y otros. Un caso muy notable es el de los llamados “niños de la calle”.

Las políticas que se dirijan hacia los grupos de la infancia, la adolescencia y la juventud serán trascen­dentes para el desarrollo nacional porque represen­tan el futuro de México.

La influencia de la educación

Durante la mayor parte del siglo XX, el impulso a la educación en el país tuvo importantes efectos sobre las transformaciones sociales. En particular, el apoyo a la educación pública, desde el nivel básico hasta el posgrado, abrió oportunidades significativas de mo­vilidad social y mejoramiento económico para mu­chísimas generaciones de mexicanos.

En las últimas tres décadas el analfabetismo dis­minuyó en grado notable, hasta situarse en la actua­lidad en 9.5% de la población, concentrándose el 35.2% en adultos con edades por arriba de 60 años. El promedio de años cursados en la escuela, que en 1970 era de 3.7 para los hombres y 3.1 para las mu­jeres, se elevó hasta llegar en el año de 2000 a 7.8 y

7.3 años, respectivamente. La matrícula total en el sistema educativo ascendió de 11.23 millones de es­tudiantes en 1970 a 29.70 millones en 2000.

Gracias a esto aumentaron las capacidades y los conocimientos de la población, se posibilitó el acce­so a mejores oportunidades de desarrollo, se inicia­ron procesos de inclusión social de grupos que ha­bían estado marginados del desarrollo, se alentaron actitudes de autovaloración en hombres y mujeres que padecían distintas formas de discriminación y se p o t e n c i a ron conductas de reivindicación de dere­chos humanos, sociales y políticos.

No obstante, la igualdad de oportunidades para acceder a la educación todavía no se ha logrado para todos los grupos sociales, especialmente entre los in­dígenas. Asimismo, la deserción escolar en la educa­ción básica es alta, sobre todo en el nivel de secunda­ria, donde sólo 76.3% de los estudiantes que ingre s a n concluyen el ciclo. En los niveles educativos superio­res el fenómeno del abandono es aún mayor; aunque existen notables excepciones, quienes logran un gra­do universitario provienen por lo general de familias de ingresos medios y altos. Las desigualdades educa­tivas son notables, sobre todo entre el medio rural y el urbano y, en especial, en la población indígena.



Por otra parte, el rezago educativo en el país es muy considerable, pues alrededor de 36 millones de habitantes abandonaron la escuela antes de concluir la educación básica y hoy se enfrentan a limitadas oportunidades para su desarrollo.

Otras deficiencias se relacionan con la insufi­ciente vinculación entre la educación tecnológica y el aparato productivo, con el mantenimiento de para­digmas que no han valorado adecuadamente la ad­quisición y el desarrollo de capacidades para apren­der durante toda la vida, y con la poca atención que se da a la ciencia, a la investigación científica y al fo­mento de la innovación.

Los efectos de la transición económica

Desde mediados de los años cincuenta hasta media­dos de los setenta, el ingreso de la mayoría de la po­blación creció de manera continua y con una infla­ción relativamente baja. En contraste, las crisis económicas recurrentes de los últimos 25 años mer­maron considerablemente la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población económicamente activa; el ahorro acumulado perdió una parte consi­derable de su valor real y fue sensible la disminución patrimonial para extensos grupos de mexicanos; se agudizó la pérdida del empleo y el cierre de empre­sas o negocios familiares, y el elevado costo del cré­dito para financiar negocios pequeños restringió la iniciativa emprendedora.

En consecuencia, aumentó el número de mexi­canos en condiciones de pobreza o pobreza extrema, pues las comunidades con problemas de aislamien­to geográfico o mínima escolaridad que crónicamen­te padecían esta situación, como son las indígenas, resultaron afectadas por la pobreza derivada de la contracción severa de los ingresos y pérdida patrimo­nial de otros grupos sociales.

La apertura del comercio mundial, la liberaliza­ción de la inversión extranjera y la desregulación que fomentó la competencia y eliminó el pro t e c c i o n i s m o , han ofrecido oportunidades de mejoramiento para g rupos con determinadas características de educación, calificación laboral, edad y localización, aunque tam­bién ha implicado desventajas o riesgos para otro s .

Estas circunstancias, junto con los cambios de­mográficos, han acentuado las desigualdades sociales y económicas y la vulnerabilidad de diversos grupos sociales, en particular los dependientes de obreros o campesinos con escasas habilidades o capacidades, aunque la problemática mencionada también afecta la situación de empleados y profesionistas, relativa­mente más preparados.

Los efectos de los cambios tecnológicos y de la internacionalización

La evolución de los transportes, las telecomunicacio­nes y las tecnologías para la producción ha sido ace­lerada en los últimos cincuenta años. En México, sus efectos se han manifestado tanto en la moderniza­ción económica como en la transformación social y cultural, pero su distribución desigual plantea serios retos de equidad.

La expansión de la red de carreteras y caminos ha favorecido la integración nacional; ha propiciado una mayor interacción social y cultural de distintas comunidades y ha reducido la influencia local o re g i o­nal de monopolios políticos o cacicazgos. Sin embar­go, aún subsisten aproximadamente 65 000 localida­des de menos de 500 habitantes que están aisladas o dispersas, que no tienen acceso fácil a ningún cami­no o carretera pavimentada.

La influencia de las telecomunicaciones ha sido más pronunciada. La radio y la televisión no sólo han sido medios primordiales de entretenimiento, sino también de información, lo que ha producido gran­des cambios en los referentes culturales y sociales, el lenguaje, la formación de ideologías, aspiraciones y expectativas, y la transformación de valores.

El aprovechamiento de oportunidades para el mejoramiento de la productividad y el ingreso ha si­do desigual, debido a la incompatibilidad entre la distribución previa de habilidades y capacidades de distintos grupos de población y los nuevos requeri­mientos planteados por las tecnologías modernas.

En el caso de la informática, la utilización de computadoras ha posibilitado la modernización de las actividades educativas, comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, las oportunidades en su a p rovechamiento son dispares, atendiendo a las eda­des, grados educativos y niveles de ingreso. La situa­ción en el caso de la telemática es aún menos equita­tiva, por los contrastes existentes en las posibilidades de acceso a internet.

La inserción cada vez mayor de México en la co­munidad internacional ha abierto flujos de inver­sión y de comercio que han creado nuevos empleos y alicientes, especialmente en las regiones del nort e del país. Sin embargo, la migración interna e inter­nacional se ha disparado inducida por la desigual­dad geográfica y de oportunidades en la economía g l o b a l .

Los cambios tecnológicos favorecieron la eleva­ción de los niveles de vida de la mayoría de la pobla­ción por el acceso a fuentes más eficientes de energía y la diversificación y el mejoramiento de innumera­bles bienes de consumo para la satisfacción de nece­sidades. Sin embargo, la adopción desmedida de tec­nologías contaminantes en la producción y en los transportes, así como la generalización de estilos de vida basados en un uso cada vez más intensivo de los energéticos y del agua, sobre todo en las ciudades, también han dañado el medio ambiente por la con­taminación y la sobreexplotación de recursos natura­les renovables y no renovables. Por esto resulta indis­pensable e inaplazable educar a la población para conformar una cultura ecológica acorde con la épo­ca actual y establecer nuevas políticas que promue­van un desarrollo sustentable.

Los cambios sociales

El carácter cambiante de la sociedad mexicana re­quiere una adaptación constante para asumir el nue­vo papel de la mujer y fomentar el fortalecimiento de las familias, la articulación de tejido social y el sur­gimiento de nuevas formas de expresión y partici­pación.

Las mujeres

La creciente escolaridad de las mujeres ha repercuti­do en un aumento gradual de la edad de su primera unión y de su edad al nacimiento del primer hijo, en el espaciamiento entre nacimientos y en un menor promedio de hijos. Estos cambios han ocurrido con diferente intensidad en el medio urbano y rural, así como entre grupos con distintas edades y niveles educativos.

La educación creciente entre las mujeres ha favo­recido la defensa de sus derechos humanos, sociales, políticos y económicos, coadyuvando a la reducción de injusticias e inequidades que ancestralmente han enfrentado. Por otra parte, su participación es cada vez más amplia y decisiva en los diferentes ámbitos del quehacer social, económico, político, cultural y d e p o rtivo, lo que ha enriquecido notablemente al país, hasta convertirse en propulsor de cambios muy importantes.

A pesar de la creciente participación laboral fe­menina, subsisten numerosas diferencias respecto de la situación de los hombres, tanto en lo referente al salario como en el riesgo al desempeñar empleos pre­carios. Las mujeres continúan llevando a cabo la gran mayoría de las tareas en el hogar. Sin embargo, entre los jóvenes, los hombres se responsabilizan cada vez de una mayor cantidad de tareas relativas al hogar, aunque permanece la menor contribución masculi­na en la división doméstica del trabajo.

Ante el insuficiente desarrollo de prácticas e ins­tituciones sociales para apoyar los esfuerzos femeni­nos en actividades productivas remuneradas, como son la insuficiencia de guarderías y la persistencia de conductas discriminatorias para su contratación y remuneración, así como el incipiente perfecciona­miento jurídico y judicial para protegerlas de abusos en el ámbito laboral, del acoso sexual inclusive, mu­chas mujeres han pagado, injustamente, un alto cos­to para ayudar al desarrollo social de sus familias. La m a t e rnidad, como asunto social fundamental, impli­ca costos de diversa índole que hasta ahora no se han distribuido equitativamente entre los actores pro­ductivos y sociales, concentrándose casi en su totali­dad en las mujeres, en perjuicio de sus oportunida­des de desarrollo humano y social.

Los grupos sociales marginados

Existen individuos y familias que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y que resultan más vulnerables en el proceso de desarrollo, como los in­dígenas y las personas con algún tipo de discapacidad.

La pobreza en México se encuentra muy exten­dida y no sólo es causa de profundo sufrimiento pa­ra los millones de personas que la padecen, sino que es motivo de agravio para la sociedad en su conjun­to, al poner en claro la existencia de fallas en las for­mas de convivencia, solidaridad y distribución de oportunidades entre los individuos.

Algunos indicadores pertinentes a la extensión de la pobreza en México en el año 2000 son los si­guientes: 55% de la población recibe un ingreso in­ferior a dos salarios mínimos mensuales; 47.5% vive en condiciones de hacinamiento; 27.8% de la pobla­ción mayor de 15 años de edad no ha terminado la primaria; casi 15% tiene piso de tierra en sus vivien­das y cerca de 12% no cuenta con agua entubada ni con drenaje.

Los indígenas constituyen un grupo al que debe otorgarse atención especial en el planteamiento de las políticas sociales. Se trata de una población cer­cana a 10 millones de personas, cuyos derechos han sido insuficientemente reconocidos y que han vivido en condiciones de marginación muy notables.

Tasas de mortalidad infantil nacional y de la población indígena, 1990 y 1995 (por 100 nacimientos)


Año

Total

Población




nacional

indígena

1990

36.2

60.9

1995

29.0

48.3




FUENTES: Conapo, La situación demográfica de México, 1 9 9 8, pp. 125 y 126.



Como muestra, en 1995 38.3% de la población de habla indígena de 15 años y más era analfabeta, lo que equivale a 3.6 veces el promedio nacional (10.6%); en ese mismo año, la mortalidad infantil por cada 1 000 indígenas era de 48.3 niños, mien­tras que el promedio nacional era de 29 niños. Du­rante el ciclo escolar 1999-2000 la eficiencia term i­nal en las escuelas primarias bilingües fue de 68.4%, mientras que el promedio nacional fue de 84.7 por c i e n t o .

Las personas con algún tipo de discapacidad, fí­sica o mental, constituyen otro grupo con necesida­des especiales en el país. Se trata de 2.2 millones de personas que carecen de los medios físicos adecua­dos a sus necesidades para ingresar a escuelas o labo­rar en oficinas, fábricas o dependencias gubern a-mentales, así como de apoyos para adquirir equipos

o aparatos para atender sus necesidades específicas, y que enfrentan situaciones de discriminación y fal­ta de oportunidades para su desarrollo educativo, la­boral, cultural y deportivo, entre otros.

La necesidad de perfeccionar las políticas y los programas sociales

La mayoría de las personas y las familias en México encuentran todavía en diversas políticas sociales la esperanza de alcanzar un desarrollo personal más pleno, un mejoramiento económico y una posición social más alta. Sin embargo, también expresan su in­satisfacción con la calidad de los bienes o servicios que obtienen mediante algunos programas guberna­mentales relacionados con la salud y la educación a todos los niveles y asimismo cuestionan la inequidad en el acceso y en la calidad de la infraestructura y los servicios asociados a estos programas en las distintas regiones del país, algunas de ellas no tan distantes entre sí.

En la actualidad, la conciencia generalizada de que los recursos para aplicar los programas provie­nen de las contribuciones de la población conduce a exigencias crecientes ante las autoridades a cargo de tales programas, para que los lleven a cabo con equi­dad y de manera eficiente, honesta y en términos de calidad satisfactoria para los usuarios.

Otros programas y políticas sociales no han lo­grado alcanzar grados altos de aprobación y recono­cimiento social, debido a que su diseño da lugar a inequidades entre los beneficiarios, se enfocan sobre poblaciones determinadas conforme a criterios im­perfectos, que dan como resultado situaciones injus­tas que, en ocasiones, crean suspicacias sobre la éti­ca con la que se aplican.

En un país con crecientes desigualdades socia­les, el fortalecimiento y la transformación de las po­líticas públicas, es una necesidad inaplazable. La res­ponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos y en la ponderación objeti­va de sus efectos deberán ser prácticas generalizadas; serán la clave para una democratización social efec­tiva. En materia social, además de alcanzar metas cuantitativas cada vez más ambiciosas, es necesario lograr incrementos de calidad y eficiencia que re d u n-den en mayor satisfacción de la población, en la aten­ción de grupos excluidos y marginados y en mayor productividad de los recursos presupuestales desti­nados a su atención.

Para enfrentar estos problemas, el área de desa­rrollo social y humano plantea objetivos re c t o res que dan sentido de unidad al conjunto de acciones de las secretarías y entidades que la integran. Estos objeti­vos rectores se refieren a:

  • 1: Mejorar los niveles de educación y de bie­nestar de los mexicanos.

  • 2: Acrecentar la equidad y la igualdad de opor­tunidades.

  • 3: Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva.

  • 4: Fortalecer la cohesión y el capital sociales.

  • 5: Lograr un desarrollo social y humano en ar­monía con la naturaleza.

  • 6: Ampliar la capacidad de respuesta guberna­mental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.


5.3. Objetivos rectores y estrategias

5.3.1. Niveles de educación y bienestar

Diagnóstico

México ha logrado avances significativos en materia económica a partir de los cambios estructurales ini­ciados hace tres lustros. En términos del ingreso pro­medio por habitante, el país se ubica en el sexto lu­gar entre los del continente americano. No obstante, este proceso no se ha traducido en un progreso com­parable en el ámbito del desarrollo humano y social, donde se observan rezagos y desequilibrios muy marcados.

La pobreza y la extrema pobreza afectan a millo­nes de mexicanos, sobre todo a los habitantes de las zonas rurales, aunque se observa también en zonas urbanas y en localidades de todos los tamaños. La po­b reza, derivada de la constante marginación o como consecuencia de cambios estructurales que han con­centrado la riqueza en unos cuantos, se manifiesta de múltiples maneras que resultan en un alto grado de privación en la satisfacción de necesidades básicas y un marcado sufrimiento de millones de mexicanos de todas las edades. Entre sus manifestaciones más gra­ves se observan: altas tasas de mortalidad infantil y de m u j e res gestantes; grados notables de desnutrición; elevadas tasas de analfabetismo entre adultos; deser­ción escolar desde los primeros niveles educativos; c a rencia de habilidades para participar en actividades p roductivas bien remuneradas; viviendas que care c e n de los servicios elementales para el bienestar de sus ocupantes, como agua potable, pisos de cemento, sis­temas de saneamiento y energía eléctrica, además de t r a n s p o rtes y comunicaciones insuficientes. Asimis­mo, la pobreza, vinculada al analfabetismo y a bajos niveles de escolaridad, se refleja en la dificultad de las personas para ejercer derechos elementales y re c i b i r un trato digno de parte de autoridades e instituciones sociales, como es el caso en materia de procuración de j u s t i c i a .

Características de las viviendas particulares, 1990 y 2000


Concepto

1990

2000

Total de viviendas particulares

16 035 233

21 954 733

Con piso que no es de tierra

80.4%

86.7%

Con agua entubada

80.0

84.6

Con drenaje

64.8

78.5

Con energía eléctrica

87.5

95.1

Con área sólo para cocinar

80.3

78.4

Disponen de sanitario

75.3

86.4




FUENTES: para 1990: INEGI, Resultados definitivos, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. México, 1992; para 2000: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados bá­sicos nacionales.



En educación, además de las deficiencias que aún existen en la cobertura de los niveles preescolar, básico y medio, persisten profundas diferencias re­gionales, interculturales y de género. Por otro lado, no hay lineamientos sobre los propósitos y conteni­dos de la educación básica y preescolar que les den congruencia y sentido nacional, y que orienten los enfoques y contenidos de la educación hacia el aprendizaje y la práctica para el beneficio del desa­rrollo nacional. Asimismo, los planes y programas de estudio no incluyen, en general, el empleo sistemá­tico de las nuevas tecnologías de información como herramientas de aprendizaje continuo. Además de ello, la rigidez de muchos programas de educación superior dificulta el tránsito entre el ámbito del estu­dio y el del trabajo, lo que restringe oportunidades de formación a lo largo de la vida.

La desvinculación entre el mundo del estudio y el socioeconómico se manifiesta asimismo en el en­torno de la ciencia nacional. El desarrollo científico y tecnológico es un motor de cambio social y progre­so económico en el mundo contemporáneo. Sin em­bargo, el sistema nacional de investigación no se ha a rticulado adecuadamente con las necesidades socia­les y productivas del país, y existen además enormes diferencias regionales en cuanto a la operación, apli­cación y desarrollo de conocimientos para el mejora­miento general de la población.

La educación por sí sola no elimina la pobreza ni logra las condiciones de sustentabilidad económica y de bienestar social; sin embargo, históricamente se ha demostrado que la educación es la base del creci­miento personal y que hoy es factor determinante en el acceso igualitario a las oportunidades de mejora­miento de la calidad de vida. No hay desarrollo hu­mano posible sin educación; por ello, la educación es ante todo un derecho básico, que el Estado y la so­ciedad tienen la responsabilidad ineludible de hacer efectivo.

Aun cuando la tasa de crecimiento poblacional va en descenso, dentro de los siguientes seis años la población se incrementará en 10 millones de habi­tantes. Por tanto, la demanda de servicios que pre s­ta el gobierno se incrementará y será especialmen­te alta en educación y salud. A este respecto, el aumento de la esperanza de vida, así como la tran­sición epidemiológica, en la que las enferm e d a d e s crónico-degenerativas están remplazando a las en-f e rmedades diarreicas e infecciosas, re p resentan un e n o rme reto para los servicios de salud, más aún cuando dos millones de hogares utilizan más del 30% de su ingreso disponible en la atención a la sa­lud, lo que implica un alto costo para el pre s u p u e s­to familiar.

Los resultados del Diagnóstico Basal de Calidad realizado entre 1997 y 1999 en centros de salud y hospitales generales de la Secretaría de Salud, indi­can que el abastecimiento de medicamentos es insu­ficiente, y que el equipo en los hospitales es inade­cuado y obsoleto. Además, hay un uso deficiente de los expedientes clínicos y un serio problema de fal­ta de apego a la normatividad en el manejo y contro l de enfermedades. Otro indicador de problemas de calidad es la falta de certificación de las unidades de s a l u d .

Por otra parte, es urgente una reforma integral del sistema de pensiones para darle viabilidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Institu­to de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr a b a j a d o­res del Estado existe un grave déficit en los fondos de reserva para el servicio de las obligaciones, además del crecimiento de los costos de operación, de modo tal que ambas instituciones enfrentan una situación de insolvencia. Esta crisis financiera ha obligado a absorber el fondo destinado a servicios sociales y culturales.

En cuanto a los servicios sociales, la creciente in­corporación de las mujeres al mercado de trabajo hace necesario ampliar de manera significativa el ser­vicio de guardería. En la actualidad, el IMSS atiende a 1 0 3 300 niños, mientras que el I S S S T E atiende a 3 4 270 niños, lo cual re p resenta 12% de la población potencialmente demandante: 289 059 infantes dere­chohabientes.

En el aspecto laboral, a pesar de que el esfuerzo y la dignidad del trabajador están contemplados en la legislación, no se ha logrado su inclusión en la con­cepción del trabajo como un medio integral para el desarrollo humano. Asimismo, ha habido un enfo­que limitado de la relación entre productividad y po­der adquisitivo de la sociedad. Por otra parte, no obstante la existencia de esquemas para la interac­ción de los actores laborales, los acuerdos cupulares han carecido de representatividad, resultando en es­quemas carentes de credibilidad y confianza. El mar­co jurídico actual en materia laboral resulta insufi­ciente y existen sectores de la sociedad que han sido marginados o que no tienen un adecuado tratamien­to en la ley. Es estratégicamente indispensable impul­sar una reforma laboral integral.

En relación con la vivienda, la oferta de créditos no alcanza a cubrir la creciente demanda, al mismo tiempo que existe una deficiencia jurídica con res­pecto a aquellos derechohabientes que ya poseen una vivienda pero carecen de patrimonio como fuen­te de ahorro e inversión.

En el campo, la falta de capital, el desconoci­miento de prácticas y tecnologías adecuadas para mejorar la producción, así como el de técnicas de ra­cionalización de los recursos, ha limitado el desarro­llo rural integral. Esta situación se agrava porque, a pesar de los avances en la regularización de la tenen­cia de la tierra, las reformas jurídicas no han dado la seguridad que garantice la inversión necesaria para el c recimiento económico y el desarrollo social y huma­no en el campo.

Objetivo rector 1: mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos

Mejorar los niveles de educación y bienestar implica erradicar las causas de la pobreza, atender la satisfac­ción de las necesidades básicas, crear oportunidades de desarrollo humano y proporcionar la infraestruc­tura necesaria para lograr que todos los mexicanos estén por encima de ciertos umbrales mínimos de educación y bienestar.

Estrategias

a]. Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.

Lograr que la educación responda a las necesida­des de los individuos y a los requerimientos del de­s a rrollo regional y nacional. Tanto los contenidos co­mo la gestión de la educación deben adecuarse de manera continua para satisfacer las exigencias de la vida diaria de las personas, en los ámbitos social, cul­tural y laboral. La política educativa debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos, compe­tencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios para su pleno desarrollo y para el mejora­miento de la nación. Se pondrá énfasis no sólo en la c o b e rtura y la ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad de los mismos, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regiones.

Ello requerirá la ampliación de la atención edu­cativa, en aspectos formales y no formales, hacia gru­pos de población infantil, joven y adulta que han quedado excluidos de las actuales estrategias y cuya educación es condición necesaria para mejorar la ca­lidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de la vi­da. El sistema educativo debe ofrecer oportunidades de aprendizaje a los ciudadanos de cualquier edad, cultivando la diversidad de capacidades, vocaciones, estilos y necesidades educativas especiales.

b]. Formular, implantar y coordinar una nueva política de desarrollo social y humano para la prosperidad, con un enfoque de largo plazo.

Actualizar los objetivos de la política pública pa­ra el desarrollo social y humano, poniendo énfasis en la superación de las personas y en el desarrollo de sus capacidades e iniciativas, así como en el fort a l e c i-miento de las formas de participación social. En esta t a rea se adoptarán criterios de permanencia de los p rogramas sociales con carácter de largo plazo y sin sesgos provenientes de coyunturas políticas o acti­tudes partidistas. Se perfeccionarán los marcos jurídi­cos y programas gubernamentales, transformando el papel de la administración pública federal para subra­yar su función promotora del desarrollo y garantizar la atención a los grupos sociales más necesitados.

c]. Diseñar y aplicar programas para disminuir la po­b reza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, que amplíen el acceso a la infraestructura básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad oportunidades para tener acceso al desarrollo y la prosperidad.

Con el fin de garantizar un pro g reso social inclu­yente se abatirán las causas de la pobreza: desnutri­ción crónica y endémica, deserción escolar tempra­na, insuficiencia de capacidades individuales para desempeñar actividades productivas y falta de opor­tunidades para participar en el desarrollo social y económico. Se fortalecerá la educación bilingüe. En las localidades aisladas y en las zonas de más alta marginación se asegurará el acceso de la población más necesitada a los productos básicos. Asimismo, se ampliará la dotación de servicios de infraestructura básica como agua potable, drenaje, electricidad y ca­minos.

d]. Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desi­gualdades y asegurando protección económica a las fa-m i l i a s .

Asegurar el acceso a los servicios de salud y que los usuarios reciban un trato profesional y digno, que los satisfaga plenamente y que, al mismo tiem­po, protejan la economía familiar de gastos excesi­vos, para fortalecer la cohesión social al reducir las desigualdades. Asimismo, se buscará la part i c i p a c i ó n responsable de la población en el cuidado preventi­vo individual, familiar y colectivo de la salud.

e]. Contribuir al desarrollo integral de las familias me­xicanas mediante el otorgamiento de prestaciones y ser­vicios de seguridad social.

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protec­ción de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y co­lectivo, así como el otorgamiento de una pensión, previo cumplimiento de los requisitos legales.

El gobierno de la República desarrollará y am­pliará las modalidades de seguridad social: brinda­rá una mejor atención a la población actual y a las nuevas familias que demandarán y tendrán dere c h o al servicio, y apoyará a quienes no tienen esta pro­tección; mediante la concertación entre institucio­nes públicas y privadas, se buscará aumentar las

o p o rtunidades de acceso a las estancias infantiles para los hijos de las madres trabajadoras y mejorar así las oportunidades de participación de las muje­res en la vida productiva para elevar su calidad de v i d a .

f]. Desarrollar una cultura que promueva el trabajo co­mo medio para la plena realización de las personas y pa­ra elevar su nivel de vida y el de sus familias.

Promover una nueva cultura laboral que fomen­te el trabajo por medio del establecimiento de condi­ciones de empleo digno y bien remunerado, con én­fasis en grupos vulnerables, part i c u l a rmente los excluidos del desarrollo, y que culmine en una refor­ma laboral integral incluyente.

Para ello se profundizarán los programas de capa­citación y desarrollo de asistencia técnica para traba­jadores en activo y desempleados, y se establecerán mecanismos para que las condiciones de creación de empleo y autoempleo estén al alcance de todos los s e c t o res de la población, incluyendo a los actual­mente marginados del proceso. Se propiciará la transparencia en las relaciones entre obreros, patro­nes y gobierno, y se difundirán los valores de la nue­va cultura laboral para crear un clima que favorezca la productividad y la competitividad.

g]. Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y munici­pales, y de la sociedad civil, buscando consolidar el mer­cado habitacional para convertir al sector vivienda en un motor de desarrollo.

I n s t rumentar lineamientos en acuerdo con auto­ridades de los estados y municipios y con organi­zaciones sociales, empresas privadas e instituciones educativas, para vincular proyectos de ordenamien­to territorial, de oferta de servicios públicos y de construcción y mejoramiento de vivienda que sean atractivos a la inversión pública y privada. Se aumen­tarán los esfuerzos para otorgar créditos suficientes, mediante el financiamiento público y privado, para que los trabajadores obtengan una vivienda digna, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Asi­mismo, se mejorará la titulación e inscripción opor­tunas en materia de vivienda.

h]. Capacitar y organizar a la población rural para pro­mover su integración al desarrollo productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan en un mejor nivel de vida.

Impulsar programas integrales de capacitación y organización de los campesinos en todo el territorio nacional. Esto les permitirá conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto de la te­nencia de la tierra, para desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los avances tecnológicos y usar racionalmente sus recursos, con el propósito de elevar su nivel de vida y con ello alcanzar su integra­ción al desarrollo nacional.

Paralelamente, mediante acciones de coordina­ción entre los tres niveles de gobierno, se apoyará a los agentes y sujetos del sector rural susceptibles de aportar tierras al desarrollo urbano nacional, con el fin de que sean los principales beneficiados de las enajenaciones correspondientes.

i]. Impulsar la integración productiva de los sujetos agra­rios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingre­so y bienestar acordes con las potencialidades regionales.

Fomentar las condiciones para que los habitantes del medio agrario tengan acceso a los servicios que p restan las instituciones financieras y crear con ello a l t e rnativas productivas que signifiquen nuevas opor­tunidades de ingreso, consolidando así el desarro l l o agrario integral. Además, se atenderán los acuerd o s agrarios en materia de organización y fomento.

j]. P romover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad.

Crear mecanismos para que las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico se orienten de manera creciente a atender problemas que afectan el bienestar de la población, fundamen­talmente en temas prioritarios como alimentación, salud, educación, pobreza y medio ambiente, toman­do en cuenta que la ciencia básica es una prioridad para la educación y el desarrollo cultural del país. Impulsar la descentralización de las actividades cien­tíficas y tecnológicas e incorporarlas a los temas de interés regional y local, además de difundir el cono­cimiento científico y tecnológico.

5.3.2. Equidad e igualdad

Diagnóstico

Las inequidades y desigualdades son patentes en los ámbitos regional, social y cultural. Se observan, entre

o t ros fenómenos, grandes desigualdades de género , una inequitativa distribución del ingreso, pobreza en amplios sectores de la población, marginación de los g rupos indígenas, insuficiente integración de las per­sonas con discapacidad y vulnerabilidad de la niñez. S o b resalen también los contrastes entre el grado de d e s a rrollo alcanzado en general en el norte del país y el atraso evidente en las entidades federativas del sur.

Aunque la tasa de natalidad ha venido disminu­yendo desde los años setenta, el ritmo de crecimien­to de la población es todavía significativo y desigual. En consecuencia, las demandas sociales y económicas de los grupos de corta edad seguirán siendo conside­rables en el corto y el mediano plazos, y de no tomar­se medidas adecuadas acentuarán las inequidades y desigualdades de la sociedad mexicana.

La inequidad es el principal problema que en-f renta la educación en nuestro país: el promedio de escolaridad de la población es de sólo 7.56 grados y encierra grandes disparidades asociadas a los ni­veles de pobreza y marginación. Asimismo, sólo uno de cada cinco jóvenes tiene acceso al nivel su-p e r i o r. La búsqueda de mayor calidad y equidad re­querirá aun mucho mayores esfuerzos de los go­b i e rnos federal, estatal y municipal, así como la incorporación de nuevos actores que compartan la re s p o n s a b i l i d a d .

La inequidad se manifiesta también según el gé­nero. Así, se mantienen en la actualidad condiciones de dependencia, subordinación, exclusión, discrimi­nación y violencia en las formas de relación entre mujeres y hombres, en los ámbitos familiar, social e institucional. La participación de las mujeres en los puestos de decisión sigue siendo reducida. La repre­sentación de las mujeres en las cámaras es sólo de 16% y la presencia de éstas en los cargos públicos y de gerencia en el sector privado es de apenas 23%. No existe una cultura de género que permita difere n-ciar necesidades, prioridades y condiciones de la po­blación femenina y masculina.

Las oportunidades y opciones de trabajo para las madres trabajadoras, hasta ahora, no han sido com­patibles con las necesidades de la crianza y el cuida­do de los hijos por falta de apoyos institucionales. En 1999 el promedio de horas de trabajo doméstico se­manal de las mujeres era de 27.6, mientras que los hombres sólo dedicaban 10.5 horas. Respecto del trabajo extradoméstico, las mujeres dedicaron 37.7 horas a la semana, en tanto que los hombres emplea­ron 46.3 horas.

Los jóvenes representan el grupo de población más importante para el desarrollo económico, social y humano de la nación, tanto por su permanencia en la fuerza de trabajo como por su capacidad de adap­tarse y hacer suya una cultura de innovación.

Desde el punto de vista demográfico, México es un país joven, pues casi la mitad de su población tie­ne menos de 23 años, y 30 millones de personas tie­nen entre 10 y 24 años de edad. Este grupo de pobla­ción plantea demandas especiales para su inserción social. En materia de salud, es evidente la importan­cia que tienen los temas de embarazo en adolescen­tes, el aborto, el sida, las drogas, el alcoholismo y el tabaquismo. A manera de ejemplo, las crecientes ne­cesidades de escolarización de las jóvenes –el por­centaje de mujeres mayores de 15 años sin instruc­ción o con primaria incompleta ha pasado de 72.2% en 1970 a 29.9% en 2000–, trae consigo requeri­mientos específicos de apertura de oportunidades y de atención para favorecer su desarrollo integral en todos los aspectos de la vida.

Los niños, por su vulnerabilidad, han sido obje­to de explotación y maltrato, y re q u i e ren políticas públicas específicas. Más de dos tercios de los niños habitan en zonas urbanas, lo que implica la necesidad de crear espacios de esparcimiento y condiciones de seguridad y convivencia que propicien su sano desa­rrollo y aseguren sus derechos sociales y humanos.

El aumento de la esperanza de vida en México plantea importantes retos de carácter económico, político y social. En la actualidad, el grupo de pobla­ción de 60 años y más es de 7.1 millones de perso­nas, y las proyecciones muestran que el grupo segui­rá aumentando significativamente en térm i n o s absolutos y relativos. Esto demanda el establecimien­to de un mejor sistema de pensiones, servicios de salud y la creación de instituciones y de formas de convivencia sociales que les permitan gozar de opor­tunidades para una vida plena.

El grupo de los adultos en edades productivas atraviesa por una transición importante. Los cambios estructurales en la economía del país y las profundas transformaciones tecnológicas y económicas en todo el mundo plantean nuevos requerimientos de educa­ción y formación continua, además de la responsabi­lidad de sostener tanto las necesidades de niños y jó­venes, como de adultos mayores.

Por otra parte, no se han dado las condiciones suficientes para la integración cultural, educativa, la­boral y social de este grupo de población, problema que se agrava debido a que la situación económica ha limitado la asignación de recursos para este fin.

Las condiciones históricas de injusticia han co­locado a los pueblos indígenas en situación de desi­gualdad, marginación y desventaja respecto del re s t o de la población nacional: la desnutrición entre los ni­ños indígenas menores de cinco años ocasiona defi­ciencias en su crecimiento y desarrollo y eleva las ta­sas de enfermedades y mortalidad; los porcentajes de h o g a res indígenas sin agua entubada, energía eléctri­ca o drenaje son significativamente superiores a los de las regiones del país con baja densidad de pobla­ción indígena. En el aspecto educativo, los rezagos son también notables: a mediados de la década pasa­da el analfabetismo entre los indígenas era casi cua­tro veces mayor que el índice nacional; asimismo, la eficiencia terminal en las escuelas primaria bilingües fue 20% menor que el promedio nacional. Las con­diciones de empleo e ingreso en las comunidades in­dígenas los obliga a emigrar y a padecer discrimina­ción económica, política y social.

Objetivo rector 2: acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades

Incrementar la equidad y la igualdad de oportunida­des implica utilizar criterios que reconozcan las dife­rencias y desigualdades sociales para diseñar estrate­gias de política social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los hombres y mujeres de la población mexicana.

Estrategias

a]. Avanzar hacia la equidad en la educación

Brindar servicios con calidad uniforme a todos los educandos y asegurar que reciban la atención que requieren para lograr la igualdad de capacidades, sin distinción de condición socioeconómica, lugar de residencia, género, etnia, cultura o capacidad física e intelectual. Hoy, los mexicanos estamos próximos a alcanzar niveles satisfactorios en el acceso universal a las oportunidades educativas, part i c u l a rmente en el ámbito de la educación obligatoria. Los retos actua­les son mejorar e igualar la calidad de los servicios educativos y dar atención diferencial para lograr igualdad de capacidades.

De forma paralela se deberá adecuar la asigna­ción del gasto educativo concentrándolo en las zonas y centros educativos de mayor pobreza para lograr su mejoramiento continuo y, en esa medida, mejorar la eficacia interna y equidad del sistema al asegurar la cobertura de las comunidades indígenas, de los mi­grantes, de los niños en condición de pobreza y de los desplazados.

El uso pedagógico de las nuevas tecnologías de­berá cuidarse en el contexto de un proyecto social y educativo cuyo eje sea la equidad; la posibilidad de hacer más eficaces los aprendizajes vía la tecnología deberá potenciar las capacidades de los profesores y el respeto a las identidades culturales antes que las virtudes prometidas por la tecnología.

b]. C rear las condiciones para eliminar la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

Tr a n s f o rmar las condiciones de inequidad de gé­nero en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, y poner a disposición de las mujeres los medios y recursos para que desarrollen integralmen­te sus capacidades, contribuyan, tengan acceso, con-t rol y disfrute efectivo de los servicios y beneficios del d e s a rrollo del país y decidan en condiciones de equi­dad en todos los aspectos de la vida nacional.

c]. Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una política nacional de juventud que permita promover las oportunidades de este grupo.

Formular una política incluyente e impulsar la apertura de oportunidades para el desarrollo huma­no, social y productivo de los jóvenes mexicanos co­mo actores estratégicos en el desarrollo del país. Es­to les permitirá integrarse plenamente y contar con canales de comunicación para expresarse.

d]. Dar protección y promover el desarrollo pleno de ni­ños y adolescentes.

Crear las condiciones que permitan a los niños

Objetivos rectores y estrategias

desarrollarse en un ambiente emocional y físicamen­te seguro, garantizándoles bienestar, educación, sa­lud y equidad. Para tal efecto, se elaborará la agenda que servirá de guía para un movimiento nacional a favor de la niñez y se promoverá un consejo para apoyar el desarrollo de infantes y adolescentes.

e]. Desarrollar políticas incluyentes para la atención a los ciudadanos de edad avanzada.

Brindar a los adultos de edad avanzada mayores retribuciones, asistencia y oportunidades, incluyen­do el empleo, que les permitan alcanzar niveles de bienestar acordes con sus necesidades y que valoren su contribución al desarrollo del país.

F o rt a l e c e r, enriquecer y ordenar las políticas y p rogramas que atienden a las personas de edad avanzada, mediante la promoción de un Comité Na­cional de Atención al Envejecimiento y de comités estatales, con la inclusión de más instituciones gu­b e rnamentales y privadas. El propósito es que este g rupo de edad se mantenga en el más alto nivel po­sible de sus capacidades físicas, mentales y sociales. Se pondrá énfasis en la preparación de modelos de p a rticipación ciudadana con carácter autosustenta­ble. Al mismo tiempo, se elaborarán programas de carácter pre v e n t i v o .

f]. P romover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad para equiparar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.

Impulsar y promover la ampliación de la cober­tura y una mejoría en las políticas públicas encami­nadas a fomentar la integración social de las personas con discapacidad. Con este fin, se fortalecerán los p rogramas institucionales mediante una coord i n a­ción intersecretarial que cuente con un sistema de evaluación y seguimiento. Se propondrán modifi­caciones al marco jurídico y se estimulará la partici­pación de las organizaciones de la sociedad civil mediante la aplicación de proyectos ciudadanos au­tosustentables para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad. Asimismo, se elabo­rará el registro nacional de la población con discapa­cidad.

g]. Propiciar la participación directa de los pueblos indí­genas en el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno re s-peto a sus usos y costumbres.

Apoyar el proceso de desarrollo integral indíge­na dentro del contexto nacional creando las condi­ciones para lograr una comunicación e interacción efectiva con diversos sectores de la sociedad, además de establecer programas gubernamentales de gran trascendencia que combatan los problemas estru c t u­rales que han obstaculizado o limitado el desarrollo de los pueblos indígenas, con el propósito de mejo­rar su nivel de vida.

5.3.3. Capacidad e iniciativa

Diagnóstico

En el México actual se observan graves rezagos en los componentes del desarrollo humano de amplios grupos de la población. Persisten altas tasas de anal­fabetismo absoluto y funcional, insuficiencia de competencias laborales y sociales –conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes–, así como un des­conocimiento generalizado sobre las formas de ope­ración de las instituciones estatales, todo lo cual limi­ta el ejercicio efectivo de los derechos civiles de los ciudadanos y la capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones en la vida cotidiana. Esta situa­ción limita la construcción de una nueva cultura pa­ra aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en los ámbitos productivo, laboral, educati­vo y de capacitación, y también en lo que se refiere al uso eficaz de la ciencia y la tecnología para gene­rar, aplicar, adaptar e innovar el conocimiento.

Los esfuerzos institucionales en materia de edu­cación para adultos, capacitación laboral y educación técnica son aún insuficientes en cuanto a sus estrate­gias y alcances. Muestra de ello son las dificultades para impartir la capacitación laboral y la educación técnica basada en normas de competencia entre las instituciones públicas y privadas que ofrecen estos servicios.

El dinamismo de los cambios globales plantea a las personas el doble reto de contar con conocimien­tos, habilidades y destrezas siempre crecientes para insertarse en el mercado laboral, y de continuar su educación y preparación al concluir el paso por el sistema educativo formal, si han de mantener su va­lor y pertinencia para competir con éxito en ese mer­cado. Aprender durante toda la vida se ha converti­do en un nuevo paradigma en muchos países. Los mexicanos –hayan concluido o no sus estudios en el pasado– no pueden permanecer pasivos ante los reclamos de un mundo cambiante que, si bien les

o f rece posibilidades atractivas de mejoramiento, también los reta a mantenerse permanentemente ac­tualizados en todos sus conocimientos.

No obstante que la oferta de educación media superior y superior está conformada por un gran número de tipos, modalidades e instituciones edu­cativas, estos niveles aparecen como subsistemas educativos muy extensos y complejos, pero poco di­versificados. Por otra parte, aunque muchas institu­ciones han iniciado procesos de transformación en sus programas y esquemas de instrucción, no han lo­grado, en general, constituir una oferta flexible, di­versa y relevante, adecuada a las necesidades de la población joven y adulta que demanda continuar instruyéndose más allá de su educación básica.

El desarrollo científico y tecnológico es un mo­tor de cambio social y pro g reso económico en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la atención que se da en México a la preparación científica y a la i n t roducción, producción y dominio de la tecno­logía es insuficiente. México ha hecho un esfuerz o para formar un núcleo científico de calidad; sin em­b a rgo, sigue siendo reducido el interés del sector privado y de la industria por la generación de cono-c i m i e n t o .

La innovación, resultado de los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo experimental, es un factor cada vez más importante para part i c i p a r con éxito en los mercados nacionales y extranjero s . Aunque el gasto en investigación y desarrollo re g i s­tró un crecimiento real de 28% entre 1997 y 1999, y como pro p o rción del producto interno bruto pa­só de 0.34 a 0.40%, esta cifra es menor que el pro­medio registrado por los países con los que tenemos más relaciones comerciales. México no ha logrado establecer un verd a d e ro programa para hacer que la ciencia sea parte de la cultura nacional, integrándo­la en todos los ciclos y aspectos de la educación y lo­grando que sea incorporada, estimulada y difundi­da por los sectores privados educativo, productivo y de serv i c i o s .

La diversidad cultural y social es una caracterís­tica que se aprecia cada vez más en todos los países, incluyendo a México. Los avances en los transport e s y en las telecomunicaciones han multiplicado los in-t e rcambios económicos, sociales, deportivos y cultu­rales. En este contexto, el futuro depara para los indi­viduos y las comunidades el reto de conocer a mayor p rofundidad sus propias características y raíces cultu­rales, al mismo tiempo que amplíen su concepción y aceptación respecto de culturas diferentes y modos de vida diversos dentro del país y del extranjero .

Objetivo rector 3: impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva

Impulsar la consolidación de un sistema educativo nacional que se apoye en la ciencia y la tecnología pa­ra ofrecer una educación de calidad y diversificada que f o rtalezca la capacidad individual al proveer a los es­tudiantes de conocimientos sólidos, pertinentes y de avanzada y asegurar que posean las destrezas y habili­dades que se re q u i e ren en el mundo contemporáneo.

El desarrollo de las capacidades personales com­prende, además de la formación de competencias, la promoción de condiciones que propicien la iniciati­va individual y colectiva para abrir y apro v e c h a r oportunidades.

Este objetivo rector incluye elementos tales co­mo la creación de capital humano, la extensión de nuevas formas de acceso a la información, el estímu­lo para la autosuperación y la autogestión y el apoyo a las iniciativas de los particulares para el mejora­miento de los individuos y las familias.

Estrategias

a]. Ofrecer a los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la educación básica, la posibilidad de capa­citación y educación para la vida y el trabajo que les per­mita aprovechar las oportunidades de desarrollo.

Dar una alta prioridad en las políticas sectoriales

Objetivos rectores y estrategias

a la capacitación y educación para la vida y el traba­jo de los adultos. Es indispensable que las personas que care c i e ron de oportunidades de estudio o que en la infancia y juventud no lograron culminar la edu­cación básica, encuentren opciones formativas ade­cuadas a sus necesidades. Este ámbito debe abarcar a los grupos de la población en rezago y extenderse a otros grupos sociales.

I m p u l s a r, por medio del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, que los instru­mentos e instituciones que atienden la educación y la capacitación de los adultos se articulen hasta con-f o rmar un sistema nacional que ofrezca opciones para la educación durante toda la vida y para la ca­pacitación, con base en el apoyo de las tecnologías m o d e rnas de información, aprendizaje y comunica­ción; que cuente con los instrumentos para facilitar a todos el tránsito entre los mundos del trabajo y la educación formal, y que reconozca los conocimien­tos, habilidades y destrezas adquiridos en uno o en

o t ro .

b]. Diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y superior a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto de las necesida­des individuales y los requerimientos laborales.

Las instituciones de estos niveles deberán asu­mir como prioridad la transformación de sus proce­sos pedagógicos, tanto en el ámbito de los métodos y medios como en el de los contenidos, de forma que todos sus estudiantes construyan aprendizajes cen­trados en el desarrollo de estrategias de pensamien­to, de acceso, interpretación, organización y utiliza­ción responsable de la información y de trabajo cooperativo que los oriente hacia la adquisición de capacidades de iniciativa e innovación.

Estos elementos, independientemente de las di­ferentes finalidades de las instituciones, deberán ser objeto de su trabajo cotidiano, pero requerirán la re­visión de las prácticas docentes, someter la gestión escolar a los objetivos del aprendizaje y ofrecer un c u rrículo equilibrado y suficientemente diversificado para que abra múltiples opciones que le posibiliten a todo estudiante la flexibilidad en el tránsito entre horarios, programas y espacios educativos.

c]. Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo de los recursos hu­manos de alta calificación.

Introducir los conocimientos científicos y tec­nológicos en los distintos órdenes de la actividad na­cional, formando para ello recursos humanos con crecientes niveles de calificación educativa y profe­sional.

C rear y desarrollar mecanismos e incentivos que propicien la contribución del sector privado al desa­rrollo científico y a la cultura de innovación del país. Fomentar proyectos multisectoriales y multiinstitu­cionales en los que participen las instituciones edu­cativas, las empresas y las industrias.

d]. Incrementar la apropiación de conocimientos facili­tando el acceso a las nuevas tecnologías, en particular en el área de la agroindustria.

Establecer mecanismos ágiles y emprender ac­ciones de apoyo a la transferencia de tecnología para hacer llegar las innovaciones validadas a los agentes de cambio y productores agrícolas, pecuarios, fores­tales y agroindustriales, de acuerdo con sus necesida­des y demandas, para aumentar su competitividad y eficiencia.

Ampliar la cobertura educativa formal y no for­mal, así como la transferencia tecnológica apropiada dirigida principalmente al sector rural y a las zonas marginadas.

e]. Apoyar la creación de empresas sociales en las cuales participen grupos de escasos recursos en áreas rurales y urbanas.

Para fortalecer las economías regionales se im­pulsará la integración de los habitantes de comuni­dades de alta y muy alta marginación en pequeñas sociedades productivas que cuenten con el respaldo solidario de los gobiernos estatales y municipales.

f]. Fomentar en la población el creciente conocimiento de las culturas y estilos de vida existentes en las diferentes regiones de México y en otros países.

Promover entre los mexicanos de todas las eda­des el conocimiento de las culturas y estilos de vida existentes en las diferentes regiones de México y en

o t ros países, como un elemento esencial en su form a­ción, para que participen activa e integralmente en las transformaciones económicas y laborales, sociales y culturales. Para lograrlo, se promoverán pro g r a m a s interinstitucionales que incorporen los difere n t e s elementos necesarios, en materia educativa, cultural, científica, tecnológica y turística, entre otras.

5.3.4 Cohesión y capital social

Diagnóstico

Las formas de vida comunitaria constituyen una ri­queza de las sociedades. Muchos mexicanos no ha­brían podido enfrentar las presiones derivadas de los cambios económicos y sociales ocurridos en el país durante las últimas décadas sin el apoyo de sus fami­lias. En éstas, la mayoría de los individuos se han re­partido las cargas asociadas a la generación de ingre­sos y a la disponibilidad de tiempo para atender diversas necesidades: trabajo dentro del hogar, par­ticipación en actividades productivas fuera de éste, cuidado de niños y adultos mayores, dedicación a la educación o a la actualización laboral, recreación y tiempo libre. La calidad de la convivencia en las co­munidades se fundamenta en las diversas modalida­des de núcleos familiares.

En el pasado, algunas políticas sociales aplicadas en México no otorgaron la importancia debida a la preservación e incluso a la acumulación del capital social derivado de la vida comunitaria. En un extre­mo, algunas políticas provocaban dependencia de los individuos respecto del Estado, lo cual es un sus­tituto imperfecto de la solidaridad entre las personas. En el otro extremo, el énfasis en el desarrollo de ca­pacidades individuales condujo, en determ i n a d o s casos, a divisiones en las comunidades, que vieron disminuir su capital social.

La discriminación, el maltrato y la explotación que sufrieron amplios segmentos de la población los ha hecho altamente vulnerables y los ha marginado del desarrollo social del país. Además, existen secto­res de la sociedad que sistemáticamente han sido de­satendidos por la promoción y la difusión cultural. En el ámbito de la cultura, debido a la falta de un m a rco legal apropiado, existen duplicidad de funcio­nes, áreas desatendidas, excesiva burocracia, descui­do del equilibrio entre apoyo a los cre a d o res y form a­ción de públicos, difusión y cobertura limitadas, poca profesionalización de pro m o t o res culturales, ausencia de infraestructura, falta de proyección in­ternacional, desinterés por las industrias culturales, falta de estímulos para la participación ciudadana y escasa participación de voluntarios.

Asimismo, en lo que se refiere a la actividad de­portiva, se carece de una planeación estratégica que p e rmita el fomento pleno del deporte entre los diver­sos grupos sociales de población. No se ha estable­cido un modelo en el que el deporte sea parte fun­damental de la cultura mexicana, que se incluya, fomente y difunda en todos los sectores e institucio­nes públicas y privadas.

No existe una política general integral e incluyen-te que fortalezca e incorpore a las personas y familias más desfavorecidas, como tampoco una que apro v e­che, fomente y consolide a las asociaciones, socieda­des y agrupaciones civiles de todo tipo: religiosas, la­borales, culturales, filantrópicas, deportivas, técnicas, científicas o lúdicas que han surgido y se han multi­plicado en los distintos ámbitos de la vida del país.

La integración de México a la globalización ha modificado los re f e rentes culturales y deteriorado las modalidades de organización social. Tampoco favo­recen a la cohesión social las expresiones de fanatis­mo e intolerancia, o las acciones de clientelismo y corporativismo alrededor de temas tales como las re­ligiones y el sindicalismo. Estas expresiones sólo ali­mentan un clima de desconfianza en la sociedad que la desune y deteriora.

Los espacios para la expresión, manifestación y asociación de los individuos, así como aquellos para el intercambio intelectual, artístico, político, depor­tivo o lúdico son de gran importancia para el enri­quecimiento personal y para el desarrollo de la cohe­sión y el capital social de los mexicanos.

Las políticas sociales a emprenderse en los pró­ximos años deberán atender estos aspectos. Con el progreso material y económico no deberán perderse las interrelaciones entre las personas, en las que se manifiesten nexos de ayuda mutua y reciprocidad para atender las necesidades de unas y otras. No de­be soslayarse que en otros países, incluso económi­camente más avanzados, la dilución de la cohesión social ha dado lugar a un individualismo extremo no deseable en una sociedad moderna y democrática.

Objetivo rector 4: fortalecer la cohesión y el capital sociales

El fortalecimiento de la cohesión y el capital sociales se basa en el desarrollo de formas de solidaridad que refuercen los vínculos de identidad, den un sentido de pertenencia a partir de valores, orientaciones co­munes y relaciones de confianza. Esto debe incluir la integración de individuos a sus comunidades, con base en formas de organización que fortalezcan la cultura nacional.

Estrategias

a]. Fortalecer los ámbitos familiares para que sean el motor de la convivencia y la solidaridad social.

Impulsar programas y políticas públicas que fo­menten los valores en los diversos tipos de familias y propicien la cohesión y la solidaridad sociales. Se atenderán con calidad y suficiencia las necesidades de esparcimiento, actividad física, deporte, recrea­ción y expresión cultural.

b]. A p rovechar la acción educativa cotidiana a fin de im­pulsar una nueva ciudadanía.

La educación debe contribuir a la formación de un nuevo ciudadano. Para ello deberán adecuarse los contenidos educativos y las relaciones de todos los actores de la escuela, a fin de que ésta oriente su acción hacia la formación de personalidades autóno­mas, sensibles ante la pobreza y la injusticia, defen­soras de sus derechos, responsables con sus obliga­ciones y respetuosas de las normas; personalidades inspiradas en el espíritu del diálogo, del bien común y la convivencia pacífica.

c]. Fomentar la participación de las organizaciones so­ciales y civiles en el desarrollo de las políticas públicas.

Enriquecer los programas sociales y encauzarlos correctamente con la colaboración de los distintos g rupos beneficiarios de las políticas públicas para d i s e ñ a r, instrumentar y evaluar las políticas y los pro­gramas. La madurez de la sociedad mexicana ofrece amplias posibilidades para que éstas respondan de manera más efectiva a las necesidades y re q u e r i m i e n-tos de los distintos grupos, comunidades o regiones logrando, al mismo tiempo, mayor armonía social en el marco de la libertad individual.

d]. Promover y desarrollar una política general de forta­lecimiento e integración de las personas y las familias más vulnerables, mediante el desarrollo integral e inclu­yente, con la participación de la sociedad civil.

Alentar la renovada relación sociedad-Estado, para convenir términos y condiciones entre la Fede­ración, los estados y los municipios que den lugar a políticas públicas en las que se contemple la distribu­ción de tareas dirigidas a promover el desarrollo me­diante programas y estructuras que permitan la ple­na incorporación de individuos y grupos hasta ahora marginados.

Asimismo, se asegurará que los mecanismos y f o rmas de organización para la concepción, deci­sión y conducción de esos programas cuenten con la participación de las personas a las cuales están d e s t i n a d o s .

e]. Impulsar la vocación social de la cultura abriendo cauces a la participación organizada y diversa de la so­ciedad; promover la vinculación entre los sectores de edu­cación y cultura, fortalecer y ampliar la infraestructura y la oferta cultural en todo el país.

La vocación social de la cultura implica un com­promiso con las exigencias de una sociedad demo­crática; es decir, la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios culturales, la inclusión social y el carácter abierto de las instituciones socia­les, el respeto a las minorías y el reconocimiento de la diversidad cultural. Se fomentará la lectura en to­dos los grupos de la población como actividad fun­damental del desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes.

D e s a rrollar una infraestructura y oferta cultu­rales de acuerdo con las nuevas necesidades de la población, estrechar los lazos que existen entre edu­cación y cultura, fomentar el turismo y la cultura, fortalecer el sistema federal mediante la asignación de recursos o marcos normativos transparentes, esta­bleciendo además, una comunicación con los esta­dos y municipios y la sociedad organizada, de forma horizontal, directa y continua.

Para lograr una mayor cobertura geográfica y di­fundir la cultura en todo el país habrá que invertir en infraestructura de medios de comunicación. Asimis­mo, se establecerá un marco normativo dirigido a crear las condiciones necesarias para reforzar e im­pulsar la industria cultural mexicana.

f]. Establecer un modelo nacional de desarrollo de la cul­tura física y del deporte que promueva entre la población el acceso masivo a la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y deportivas, y a su participación or­ganizada en ellas.

Establecer un modelo integral para la cultura fí­sica y el deporte nacional dirigido a toda la pobla­ción, con el propósito de crear hábitos para la prác­tica de actividades físicas, recreativas y deportivas, que mejoren las condiciones generales de salud, adaptabilidad, bienestar social e integración familiar y comunitaria. Buscando también detectar talentos deportivos en edades tempranas para desarrollar sus habilidades.

Fomentar la participación democrática y el desa­rrollo de un modelo deportivo que pueda ser adop­tado en cada estado y municipio del país. Promover la coordinación con las federaciones deportivas y los organismos públicos y privados para el logro de me­jores resultados en las competencias deportivas na­cionales e internacionales.

g]. Promover la modernización sindical, garantizando el respeto a la autonomía y la democracia sindicales.

Coadyuvar a que la parte patronal contribuya con mayor fuerza al desarrollo de las organizaciones sociales, como condición indispensable para com­prometerse con la creación de la riqueza y la verte­bración social, propiciando un clima permanente de autonomía y democracia sindicales.

5.3.5. Desarrollo en armonía con la naturaleza

Diagnóstico

El crecimiento demográfico, el económico y los efectos no deseados de diversas políticas, han traído consigo un grave deterioro del medio ambiente, que se expre­sa sobre todo en daños a ecosistemas, defore s t a c i ó n , contaminación de mantos acuíferos y de la atmósfera.

El desarrollo del país ha provocado un deterioro del entorno natural. Tanto por prácticas productivas inadecuadas, como por usos y costumbres de la pobla­ción, se ha abusado históricamente de los recursos na­turales renovables y no renovables y se han dañado seriamente numerosos ecosistemas en diferentes re­giones. La falta de conciencia entre la población acer­ca de la necesidad de cuidar el medio ambiente ha conducido a ganancias efímeras en los niveles de vida de las generaciones presentes, a costa de sacrificios que habrán de padecer las futuras. Es impostergable la elaboración y aplicación de políticas públicas que conduzcan a un mayor cuidado del medio ambiente.

El deterioro ambiental se atribuye por lo general al desarrollo económico; sin embargo, son las deci­siones y acciones implantadas por los seres humanos las que subyacen en ese fenómeno. La cultura de convivencia armónica con la naturaleza requiere im­pulsarse con gran determinación, como punto de partida hacia nuevos estilos de desarrollo, que per­mitan asentar los niveles de vida de la población, no por periodos cortos, sino de manera sustentable.

En México se localizan entre 10 y 12% de todas las especies de plantas y animales conocidas en el pla­neta, razón por la que se ubica entre los 12 países re­conocidos como megadiversos. La biodiversidad de México se expresa, por ejemplo, en los 32 tipos de ve­getación existentes en su territorio. Los bienes y serv i­cios ecológicos que provee la biodiversidad de Méxi­co son activos estratégicos para el desarrollo del país, y las áreas naturales protegidas constituyen el instru­mento toral de su conservación. Para ello, es necesa­rio desarrollar y consolidar los sistemas de manejo de los recursos naturales, asegurar la participación y co­rresponsabilidad social y promover la descentraliza­ción del manejo y la administración de dichas áre a s hacia los estados y municipios.

En materia de contaminación, los pro g r a m a s i n s t rumentados han sido insuficientes. En lo que re s­pecta a la calidad del aire, la situación es crítica sobre todo en algunas zonas metropolitanas en las cuales con cierta frecuencia se rebasan las normas de cali­dad del aire establecidas y la población de las mismas s u f re las consecuencias de esta exposición, siendo los niños y ancianos los grupos más afectados. Es espe­cialmente preocupante la generación de gases de in­vernadero, cuya mitigación es tecnológicamente po­sible y económicamente deseable.

Para el bienestar y desarrollo de la sociedad se requiere disponer de agua en cantidad y calidad ade­cuadas, pero la mayoría de los ríos y lagos están con­taminados. Lo anterior supone un manejo suficiente y racional que garantice a su vez que los cuerpos de agua superficiales y subterráneos sean aprovechados de manera sustentable, por lo que es necesario revi­sar las normas en materia de descargas de aguas resi­duales. Por su parte, la contaminación de los suelos tiene su principal fuente en desechos sólidos y resi­duos peligrosos. Se cuenta con datos que, aunque susceptibles de perfeccionarse, dan cuenta del volu­men y tipo de residuos peligrosos producidos y mu­chas industrias carecen de opciones para el manejo adecuado de sus re s i d u o s .

El suelo es un recurso natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del pa­trimonio natural; su pérdida o deterioro son un gra­ve problema ambiental. La principal causa de la de­gradación de los suelos es la deforestación asociada al cambio de uso con fines de producción agro p e c u a­ria. Se estima que la superficie de bosques y selvas al­canza los 30 millones de hectáreas y que en esas zo­nas habitan 12 millones de mexicanos, la mayor parte de los cuales son indígenas. Por circunstancias diversas, sólo una parte de la superficie forestal es susceptible de aprovechamiento comercial sustenta­ble. Actualmente sólo se utiliza 50% de los 17.8 mi­llones de hectáreas con potencial para la producción maderable.

Objetivo rector 5: lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza

El desarrollo social y humano armónico con la natura­leza implica fortalecer la cultura de cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones; considerar los efectos no deseados de las políticas en el deterioro de la naturaleza; construir una cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el bienes­tar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza.

Como indicadores para evaluar los re s u l t a d o s obtenidos se integrará información sobre la modera­ción del daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pérdida de sistemas forestales y la tasa de conser­vación de acuíferos, entre otros.

Estrategias

a]. Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo susten­table, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el equilibrio de las regiones del país, con la participación del gobierno y de la sociedad civil.

Orientar las políticas de crecimiento poblacional y ordenamiento territorial, considerando la part i c i p a­ción de estados y municipios, para crear núcleos de d e s a rrollo sustentable que estimulen la migración re­gional ordenada y propicien el arraigo de la población económicamente activa cerca de sus lugares de ori­gen. Se buscará el equilibrio en el desarrollo urbano, regional y nacional de acuerdo con modelos susten­tables de ocupación y aprovechamiento del suelo.

b]. Crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisio­nes en todos los niveles y sectores.

Fomentar condiciones socioculturales para con­tar con conocimientos ambientales y desarrollar ap­titudes, habilidades y valores para propiciar nuevas formas de relación con el ambiente, la aplicación de hábitos de consumo sustentables y la participación corresponsable de la población.

También se pretende considerar los aspectos ambientales en la toma de decisiones políticas, eco­nómicas y sociales de todos los sectores de la socie­dad y establecer consensos a fin de elaborar progra­mas ambientales sustentables en las dependencias y entidades federales, con visión de largo plazo, para consolidar una política ambiental integral.

c]. F o rtalecer la investigación científica y tecnológica que nos permita comprender mejor los procesos ecológicos.

Cuidar los ecosistemas requiere una compren­sión profunda de sus mecanismos e interrelaciones, por lo que se deberá estimular la investigación en es­te campo y en los relacionados con su protección y regeneración.

d]. P ropiciarcondiciones socioculturales que permitancon­tar con conocimientos ambientalesy desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la ac­ción transformadora del hombre en elmedio natural.Cre a r nuevas formas de relación con el ambiente y fomentar procesos productivos y de consumo sustentables.

El cambio sociocultural en la población y en las e m p resas enfocado a tener una sociedad más cons­ciente de la importancia de los recursos naturales pre­vendrá y re v e rtirá los procesos de degradación del medio ambiente. Para lograr este cambio es necesario impulsar y desarrollar acciones educativas y pro m o-ver procesos productivos sustentables que permitan a los diferentes agentes sociales, tanto del ámbito urba­no como rural, contar con elementos que les hagan posible elevar sus condiciones actuales de vida sin atentar por ello contra los recursos de su entorn o .

Estas tareas deben estar apoyadas no sólo en proyectos en los que se disponga de inversión fede­ral, sino además con fondos privados, que permitan instrumentar programas integrales que abarquen es­tados, municipios, regiones y localidades, para ase­gurar que un mayor número de mexicanos, princi­palmente niños, jóvenes, pro d u c t o res primarios y promotores rurales cuenten con mayor información y sensibilidad ambiental para propiciar el cambio de valores y actitudes respecto a su medio natural.

P a rte incluyente de lo anterior será continuar con la conservación, mantenimiento y equipamien­to de instituciones especializadas en esta materia y, en lo posible, fomentar la creación de otras similares en localidades geográficas estratégicas que permitan a b a rcar un mayor rango de atención de demandas de acciones educativas en temas ambientales.

Incrementar la sensibilidad social respecto a la i m p o rtancia de los ecosistemas naturales, en part i c u-lar los boscosos, y proteger los diversos servicios am­bientales, entre ellos la captación del agua pluvial que permite la recarga de acuíferos, ríos y otros cuer­pos de agua de los cuales dependemos.

e]. Alcanzar la protección y conservación de los ecosiste­mas más representativos del país y su diversidad biológi­ca, especialmente de aquellas especies sujetas a alguna categoría de protección.

Esta estrategia busca incorporar nuevas áreas na­turales a un régimen de protección y conservación y al mismo tiempo promover alternativas económicas para sus pobladores, mediante la participación y co­rresponsabilidad social. Asimismo, se fomentarán las unidades de manejo ambiental sustentable que con­tribuyan a conservar, promover y facilitar la biodi­versidad, disminuir las probabilidades de degrada­ción de ecosistemas y especies en riesgo de extinción y fomentar la recuperación de especies de alto signi­ficado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional y nacional.

Es necesario pre s e rvar el material genético y las poblaciones naturales de especies con las que compar­timos los ecosistemas naturales del país, para pro m o-ver la bioseguridad y el acceso a recursos genéticos, pues los bienes y servicios ecológicos que pro d u c e n son activos primordiales para el desarrollo del país.

f]. Detener y revertir la contaminación de agua, aire y suelos.

Disminuir la contaminación de los re c u r s o s agua, aire y suelos para garantizar su existencia a las generaciones futuras y al mismo tiempo contar con información confiable sobre las sustancias tóxicas y contaminantes nocivos para la salud, al tiempo que contar con elementos que permitan elaborar linea­mientos para el manejo integral de estos recursos.

g]. Detener y revertir los procesos de erosión e incre­mentar la reforestación.

R e v e rtir la erosión de los suelos, mediante pro y e c-tos y acciones tendientes a su restauración y a la re c o n-versión productiva de actividades agropecuarias en t e rrenos pre f e rentemente forestales. Además, se lleva­rán a cabo acciones para prevenir o detener los pro c e­sos de deforestación y degradación de las tierras. To d o

Objetivos rectores y estrategias

ello con el fin de asegurar una base natural que per­mita su aprovechamiento sustentable y contribuya a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

5.3.6. Respuesta gubernamental y confianza en las instituciones

Diagnóstico

La multiplicación del riesgo en la sociedad contempo­ránea y la ineficacia de numerosas políticas para pro­mover el desarrollo social y humano han contribuido a configurar situaciones de inseguridad y a extender la vulnerabilidad entre vastos sectores de la pobla­ción. La pérdida de la confianza de los mexicanos es uno de los retos a enfrentar por el presente gobierno.

En México se han efectuado esfuerzos import a n­tes para aumentar los recursos presupuestales desti­nados a los programas para el desarrollo humano y social. Sin embargo, la población demanda mejoras sustanciales en los programas y políticas. Conforme el país ha avanzado, la población demanda mayor cobertura y calidad en los servicios de educación y salud, complementados con elementos adicionales de protección social.

A pesar de los cuantiosos subsidios que se apli­can a la educación pública, las familias incurren en altos costos asociados al sostenimiento de sus hijos durante su formación escolar. Un alto porcentaje de estudiantes se encuentra ante la disyuntiva de conti­nuar con sus estudios o apoyar económicamente a sus familias. El riesgo de deserción es una amenaza para las familias, que pueden ver truncadas sus ex­pectativas de mejoramiento generacional.

Con los programas de salud ocurre algo similar porque no impiden que las familias realicen eroga­ciones adicionales para el cuidado de su bienestar fí­sico. En ocasiones extraordinarias, estos gastos priva­dos llegan a ser muy cuantiosos y tienen efectos muy negativos en su patrimonio.

La sensación de inseguridad económica afecta también a determinados grupos sociales que, a pesar de sus esfuerzos para generar ingresos, se ven afecta­dos por vaivenes económicos o a causa de desastres naturales. Las instituciones para proteger a los gru p o s susceptibles de ser afectados por estos problemas son todavía incipientes. Tanto la asignación de recursos públicos como las reglas para su aplicación en situacio­nes complejas, deberán desarrollarse en lo venidero.

En las zonas rurales los rezagos en el ordena­miento, la regularización de la propiedad rural y la falta de una procuración de justicia agraria expedita impiden crear un clima de certidumbre, esencial pa­ra el desarrollo social y el crecimiento económico en el campo.

A lo anterior se agrega la insuficiente informa­ción sobre el uso de los recursos públicos en los pro­gramas sociales, así como sobre sus efectos en el bie­nestar de la población. La demanda de transparencia y rendición de cuentas en relación con la utilización de los recursos, lo mismo que las exigencias de eva­luación de los resultados o de la eficacia de los pro­gramas sociales, constituyen en el presente una ex­presión sobresaliente de la madurez de la sociedad mexicana y de su voluntad de establecer nuevas mo­dalidades de relación con el Estado en asuntos rela­tivos a la promoción del desarrollo humano y social.

La participación social en el diseño, instrumen­tación y evaluación de las políticas públicas, es una necesidad. La transparencia en el uso de los recursos y la ponderación objetiva de las consecuencias de las políticas públicas constituyen prácticas que deberán generalizarse en México. En materia social, además de alcanzar metas cuantitativas cada vez más ambi­ciosas, es necesario lograr incrementos de calidad y eficiencia que redunden en mayor satisfacción de la población y en mayor productividad de los recursos presupuestales destinados a su atención. Las políti­cas sociales deberán articularse cada vez más entre sí. De esta manera se conseguirá un desarrollo más ple­no, orientado a elevar los niveles de bienestar y las capacidades de los mexicanos, y a distribuir las opor­tunidades de manera equitativa, disminuyendo bre­chas y desigualdades.

Objetivo rector 6: ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones

Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental y f o rmalizar la rendición de cuentas a la población, im­plica adoptar medidas para enfrentar de manera efi­ciente situaciones no previstas, tanto de orden natu­ral como social.

Para lograr lo anterior se deben aplicar medidas que permitan anticipar riesgos; formular estrategias de coordinación que refuercen el compromiso con la continuidad de los programas sociales, y brindar ele­mentos de seguro que protejan a los individuos con­tra factores que atenten contra su bienestar.

Estrategias

a]. Impulsar el federalismo educativo, la gestión institu­cional y la participación social en la educación.

Se deberán evaluar periódicamente los pro c e­sos de descentralización y desconcentración educa­tivos para determinar sus aciertos e insuficiencias. Los resultados deberán pro p o rcionar el marco para que la Federación, los estados y los municipios mo­difiquen sus estrategias de gestión y sus pro c e s o s pedagógicos para asegurar siempre la suficiencia y

o p o rtunidad de recursos humanos, materiales y fi­n a n c i e ro s .

El involucramiento de la comunidad en las tare a s de apoyo y vigilancia del quehacer educativo deberá ser objeto de un continuo impulso hasta asegurar la f o rmación de una cultura de participación social.

b]. Fortalecer la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, garantizando el dere­cho a la información.

C rear las condiciones para una comunicación ágil y oportuna entre la sociedad civil y el gobierno a fin de llevar a término la transición hacia una demo­cracia en la que los individuos bien informados sean partícipes de la toma de decisiones basadas en la cre­dibilidad, la confianza y la legitimidad de las institu­ciones del país.

c]. Construir la confianza y credibilidad de la ciudada­nía en las acciones gubernamentales; para ello se propo­ne crear y coordinar un sistema de información que per­mita evaluar y dar seguimiento a esas acciones.

Contar con un sistema mediante el cual se eva­lúen la acción gubernamental y la rendición de cuen­tas, y se midan los niveles de confianza y cre d i b i l i d a d del gobierno ante la sociedad.

d]. Disminuir los riesgos de deserción escolar mediante sistemas de becas diseñados para proteger a los estudian­tes provenientes de familias con apremios económicos.

O t o rgar apoyos económicos a los estudiantes que, ante la disyuntiva de continuar sus estudios o apoyar económicamente a sus familias, se vean forz a-dos a suspender o a abandonar su formación escolar.

e]. Promover sistemas de seguro para proteger financie­ramente a las familias ante eventuales gastos extraordi­narios en salud.

Diseñar y poner al alcance de la población moda­lidades de seguro público en salud que cubran no sólo los gastos que realizan las familias en insumos para la salud, sino que desarrollen programas de preven­ción y detección de problemas de la población ase­gurada, además de brindarles protección financiera ante erogaciones desproporcionadas e imprevistas.

f]. Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la te­nencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de derecho en México.

I n s t rumentar acciones concretas de ord e n a m i e n­to y regularización de la propiedad rural, que brinden certeza jurídica a los habitantes del medio rural, así como sentar las bases para solucionar los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, creando así con­diciones de paz y estabilidad social y, con ello, incre­mentar las posibilidades de inversión en el campo.

g]. Disminuir la incertidumbre y fomentar la conviven­cia armónica de quienes habitan el campo mexicano, para lo cual se procurará justicia agraria rápida y expe­dita, privilegiando la conciliación de intereses en la solu­ción de conflictos.

F o rtalecer la procuración de justicia, apoyando y asesorando a los agentes y sujetos del sector ru r a l para que ejerzan los derechos que la legislación les concede, además de lograr que la conciliación sea el principal instrumento utilizado para la re s o l u c i ó n de los conflictos relacionados con la tenencia de la t i e rr a .

h]. Promover sistemas eficaces para apoyar a los indivi­duos que pierden su empleo.

Los costos individuales y sociales que surg e n cuando las personas pierden su empleo son conside­rables; el periodo que transcurre para encontrar uno nuevo puede llegar a ser muy largo. Para disminuir este riesgo y apoyar a los individuos que pretenden re­cuperar un ingreso a partir de su esfuerzo laboral, s e re f o rzarán los programas de empleo temporal. Para tal efecto se propondrán modernos mecanismos para facilitar la búsqueda y la congruencia entre las ofer­tas y las demandas de trabajo, que se instrumentarán con la participación del sector privado y de organi­zaciones sociales.



6. ÁREA DE CRECIMIENTO CON CALIDAD

6.1. Introducción

La sociedad mexicana demanda un entorno que pue­da conducir al progreso y al bienestar, un marco ma­croeconómico en el que la actividad productiva y el trabajo, la inversión y el ahorro, la innovación y la creatividad, ofrezcan oportunidades para todos; as­pira también a un crecimiento económico estable, sostenido y sustentable. Un crecimiento de esa natu­raleza se caracteriza por bajos niveles de inflación y, consecuentemente, por certidumbre en los paráme­tros financieros; por el incremento de la competitivi­dad y por su ampliación a sectores y regiones que no han sido hasta ahora partícipes de su fortalecimien­to; por incrementos graduales, pero sostenidos, de los salarios reales, asociados a una mayor y más di­fundida competitividad.

Ese crecimiento se caracteriza necesariamente por una estabilidad exenta de fluctuaciones violen­tas y re c u rrentes, y también por su capacidad de c rear oportunidades para ampliar el desarrollo de las comunidades y las personas, part i c u l a rmente para quienes han estado excluidos del desarrollo. El cre­cimiento al cual aspiran los mexicanos se caracteri­za además por el uso racional de los recursos natu­rales. Para responder a ello, México debe crecer con c a l i d a d .

Este mandato de la sociedad mexicana exige que el gobierno promueva el desarrollo, pro p o rc i o­ne las condiciones óptimas para la acción de sus e m p re n d e d o res, planee sus acciones a largo plazo y establezca normas y reglas claras y transparentes. Un g o b i e rno que enlace efectivamente el orden y el re s-peto, el desarrollo social y humano y el cre c i m i e n t o con calidad.

La visión de México en el año 2025 implica con­solidar un país de alta competitividad mundial, con un crecimiento económico equitativo, incluyente y sostenido, capaz de reducir las diferencias económi­cas y sociales extremas, y de brindar a cada habitan­

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te oportunidades de empleo e ingreso para una vida digna, para realizar sus capacidades humanas y para mejorar, de manera constante, su nivel de bienestar.

De acuerdo con esta visión, el crecimiento econó­mico será estable y dinámico, estará estre c h a m e n t e vinculado a la globalización y será capaz de apro v e­char las herramientas que brinda la nueva economía. El ahorro interno se fortalecerá y el sector financiero volverá a ser el pilar del círculo virtuoso de ahorro, in­versión y cre c i m i e n t o .

Asimismo, el crecimiento económico será apun­talado por un desarrollo tecnológico acorde con las circunstancias y necesidades nacionales. La educa­ción formal y no formal, así como la capacitación la­boral, serán amplias y diversas y alcanzarán a todos los estratos y sectores de la población. El crecimien­to económico se logrará con el uso racional y la pro­tección de los recursos naturales y con el respeto ab­soluto al medio ambiente.

México habrá logrado una fuerte expansión de la ciudadanía económicamente activa, es decir, todos los mexicanos y las mexicanas tendrán oportunida­des suficientes para participar en actividades econó­micas rentables en igualdad de oportunidades. En México se habrá democratizado la economía.

Los pilares de este crecimiento serán:

  • Un entorno macroeconómico cierto y estable, sustentado en finanzas públicas sólidas.

  • Una acción pública decidida en favor del desa­rrollo, mediante la programación eficaz y transpare n-te del gasto público en áreas de educación, salud e in­fraestructura.

  • Un sistema financiero sólido y eficaz en el apo­yo al aparato productivo.

  • Una mayor flexibilidad microeconómica apo­yada en reglas claras y normas similares a las de los países industrializados.

  • La extensión de los frutos de la apertura y de la competitividad a segmentos más amplios de la po­blación.



  • El apoyo a la educación permanente, la capa­citación laboral y el desarrollo tecnológico.

  • El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente.

  • La superación de los rezagos en infraestructu­ra pública y privada.

  • La planeación regional, reforzada por la coor­dinación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos es­tatales y municipales.


6.2. Antecedentes

Cambio de modelo económico

En la década de los setenta, el modelo económico que había prevalecido en nuestro país estaba ya ago­tado. El descubrimiento de yacimientos petroleros y la facilidad de acceso a los mercados internacionales de capital retrasaron la toma de decisiones y compli­caron aún más la situación. Al inicio de los ochenta, la economía mexicana se caracterizó por la interven­ción del sector público en muchos ámbitos. Se trata­ba de una economía cerrada, altamente regulada y dependiente de la industria petrolera.

En estas condiciones, México enfrentó, entre 1980 y 1982, un entorno externo adverso. La caída de los precios internacionales del petróleo y el incre­mento de las tasas de interés en el mercado interna­cional de capitales provocaron una suspensión tem­poral en el servicio de su deuda externa. A partir de entonces la economía mexicana ha experimentado profundas transformaciones.

Los organismos internacionales imponían como condición para otorgar su apoyo financiero sanear las finanzas públicas, estabilizar la economía y reducir la participación del Estado en la actividad económica. En el país, la iniciativa privada nacional demandaba una participación más activa en la conducción de la economía, de acuerdo con el entorno de apertura y menor participación del Estado que se empezaba a vivir en la mayoría de las economías del mundo.

Además de poner en marcha políticas fiscales y monetarias restrictivas para reducir la demanda in-t e rna, y de devaluar la moneda para restaurar el equilibrio en la balanza de pagos, comenzó la desin­corporación de empresas paraestatales, la apert u r a gradual de la economía y la liberalización del siste­ma financiero .

No obstante, los ajustes no dieron los resultados esperados. Las constantes devaluaciones, para man­tener en equilibrio la balanza comercial, terminaron creando una espiral inflacionaria que se agravó con el colapso financiero de octubre de 1987.

Esta situación dio lugar a una estrategia de esta­bilización centrada en la concertación con todos los agentes económicos, en torno a los pactos para la es­tabilidad económica y el crecimiento.

La apertura comercial acordada originalmente con el G AT T (ahora Organización Mundial de Comer­cio) se aceleró; se firmó el Tratado de Libre Comerc i o de América del Norte; continuó la desincorporación de empresas paraestatales y se re f o rmó el sistema de seguridad social. En medio de estas re f o rmas sobre­vino la crisis más grave de las últimas décadas, mis­ma que puso de relieve la vulnerabilidad de la econo­mía y la debilidad del sistema financiero del país.

Esta incompleta y probablemente injusta re s e ñ a de los programas económicos instrumentados en los últimos tiempos busca reflejar lo que la sociedad me­xicana ha vivido: 20 años de programas, re f o rmas y pactos que, a final de cuentas, no lograron estabilizar la economía y sí tuvieron un costo social muy eleva­do: las desigualdades sociales y regionales se han in-c rementado, la pobreza y la marginalidad han cre c i d o , el subempleo y el empleo informal se han constituido en la forma normal de participar en la economía para millones y millones de mexicanas y mexicanos.

Deficiencias estructurales y transiciones de la economía mexicana

El desempeño de la economía mexicana durante las últimas tres décadas ha sido deficiente en cinco aspec­tos fundamentales. Primero: el entorno macro e c o n ó-mico ha sido inestable o ha mantenido una estabilidad frágil. Segundo: se han perdido valiosas oport u n i d a-des de elevar la competitividad del aparato pro d u c t i­vo y de extender ese potencial por todo el espectro so­cial. Te rc e ro: el crecimiento ha excluido a sectore s , g rupos sociales y empresas que, en caso de ser apoya­dos, mostrarían un alto potencial de desarrollo. Cuar­to: no ha habido un desarrollo regional equilibrado. Y quinto: se ha permitido una degradación considerable e inaceptable de los recursos naturales.

La incert i d u m b re en el entorno macro e c o n ó m i c o dificultó el proceso de planeación de las empresas y li­mitó su potencial de crecimiento, contrajo la cre a c i ó n de empleo, elevó la inflación y deprimió los salarios, y alentó el surgimiento de una economía paralela, re s­tringiendo la capacidad de crecimiento económico. Todo esto impuso una pesada carga sobre las familias mexicanas mermando su patrimonio, en especial el de las más pobre s .

Las últimas crisis dejaron ahorro insuficiente, un alto costo fiscal del rescate bancario y un excesi­vo consumo del ahorro de los mexicanos por parte del gobierno. En consecuencia, el crédito sigue sien­do caro y escaso, y crece la dependencia de grandes e m p resas de crédito externo. Persiste la falta de com­petitividad y la fragilidad de los mercados bursátiles y bancarios. El país enfrenta serios rezagos en in­fraestructura, ineficacia en la prestación de servicios públicos y un déficit severo en calidad y cantidad de viviendas. La inversión en infraestructura del gobier­no ha sido marcadamente procíclica.

Hoy, el profundo proceso de globalización y la nueva economía devaloran activos, vuelven obsole­tas capacidades tradicionales y crean una competen­cia sin precedentes. En este contexto, la apertura co­mercial y los flujos de inversión han promovido en México la competitividad del sector exportador. La creciente participación de los productos mexicanos en los mercados internacionales es muestra de ello. Sin embargo, esta transformación de una parte del sector productivo contrasta con otra gran parte de es­te sector que aún no ha logrado modernizarse.

En este entorno, no existe un verd a d e ro merc a d o i n t e rno que permita la distribución y el abasto así co­mo el desarrollo de cadenas productivas para la expor­tación y la producción industrial, lo cual constituye una de las grandes limitaciones para crear oport u n i d a-des y reducir la pobreza en las pequeñas comunidades aisladas por la geografía del país.

Por otro lado, el crecimiento de la población económicamente activa y el dinamismo tecnológico representan un potencial para el crecimiento con ca­lidad que no se presentará con igual fuerza para otras generaciones.

La transición demográfica se manifiesta en el acelerado crecimiento tanto de los grupos de pobla­ción de jóvenes como de ancianos y conlleva deman­das de educación y empleo, por un lado, y de pen­siones y salud, por el otro. La inversión en capital humano en México es insuficiente y se encuentra por debajo de la realizada por economías con un ni­vel de desarrollo similar. La transición también hace necesario hacer transparente y financiar desde hoy los grandes pasivos que impone el envejecimiento de la fuerza de trabajo, en ausencia de un marco adecua­do de pensiones para muchos mexicanos.

El sistema financiero no ha sido capaz de cana­lizar el ahorro hacia el financiamiento, y numerosos p royectos socialmente rentables no han podido arrancar debido a la falta de instrumentos financie­ros adecuados y competitivos. Las recurrentes crisis bancarias y cambiarias exacerban esta situación de escasez de crédito y crean un dualismo en el que las empresas exportadoras y las empresas eficientes del m e rcado interno acceden a mercados intern a c i o n a l e s de capital, mientras que las micro, pequeñas y me­dianas empresas han sido restringidas al mercado fi­nanciero doméstico con créditos caros y escasos.

El crecimiento mexicano ha sido excluyente. Los pequeños empresarios, los grupos más desprotegi­dos, la población indígena, han visto limitado su po­tencial de desarrollo económico, profesional y perso­nal, debido a un modelo de crecimiento que no ha creado los vehículos necesarios para una promoción económica integral.

Ante la globalización y la nueva economía, los p roductos y servicios de un país son competitivos y se mantienen en esa condición en la medida en que la calidad y eficacia de los recursos se renueva cons­tantemente y se desarrolla la calidad de la infraestru c­tura y la regulación. En este entorno, todo país está llamado no sólo a aprovechar las ventajas competiti­vas naturales sino a construir nuevas ventajas por medio de la capacitación, la inversión y la innovación

o rganizativa. La conducción económica correcta no es solamente cuestión de estabilidad macro e c o n ó m i-ca y de la adecuada coordinación de variables fisca­les y monetarias. El crecimiento se logra con el mejor uso de recursos, como son el trabajo y el capital.

La persistencia y profundidad del desequilibrio regional se puede ilustrar por medio del cociente del PIB per cápita del estado más rico entre el del estado más pobre; esta relación es de seis a uno y se ha man­tenido en los últimos 30 años. En términos sociales, la diferencia en la esperanza de vida de los munici­pios más extremos del país es de 15 años. El desem­peño de la economía no ha permitido utilizar racio­nalmente las regiones como verdaderos factores de producción que induzcan a la consolidación de ga­nancias de productividad.

Finalmente, el cambio en el uso de los re c u r s o s naturales que acompaña la transición económica ha generado agotamiento y contaminación de fuentes de agua, aire, bosques y suelos. Los procesos desord e n a-dos de urbanización, industrialización, sobre e x p l o t a­ción de recursos agrícolas y forestales dan lugar a gra­ves riesgos para la sustentabilidad de los re c u r s o s .

La nueva fortaleza de la economía mexicana

La propuesta de un crecimiento con calidad que se inscribe en este Plan reconoce que la economía me­xicana ha alcanzado en los últimos años una “nueva fortaleza” ante crisis internas y externas y que ello constituye un gran activo para la administración pú­blica federal y para su programa económico.

Esta nueva fortaleza permitió una transición se­xenal sin crisis cambiaria, sin fuga de capitales, sin contracción económica, sin una nueva crisis banca­ria. En cambio, continúa el crecimiento económico, la reducción sin precedentes del desempleo abierto y el ingreso de capitales.

Aunque la nueva fortaleza macroeconómica es un activo para construir un verd a d e ro crecimiento con calidad, esta nueva capacidad para resistir a las crisis re c u rrentes externas e internas no resuelve las cinco deficiencias estructurales de los últimos 30 años.

La estabilidad económica sigue siendo frágil. El modelo ha llevado a la revaluación real del peso, a la contracción del mercado interno por el lento creci­miento de los salarios reales y a la progresiva distor­sión de precios relativos entre bienes comerciables y no comerciables. La transición ha revelado la magni­tud de la fragilidad fiscal y la existencia de importan­tes pasivos contingentes. El financiamiento del défi­cit público contribuye a la escasez y encarecimiento del crédito interno. En los últimos años se ha desa­rrollado una marcada dependencia de inversión ex­tranjera directa volátil para financiar el déficit de la cuenta corriente. Esta nueva fortaleza se ha alcanza­do también a pesar del entorno de excesiva depen­dencia de los ingresos que provienen de las exporta­ciones petroleras.

Por todo esto, hay consenso en que esta nueva fortaleza no podrá sustentarse sin una decidida ac­ción del gobierno que atienda más a fondo las defi­ciencias estructurales de competitividad, inclusión, d e s a rrollo regional y uso responsable de recursos na­turales. Ése es sin duda uno de los grandes retos del crecimiento con calidad para el futuro inmediato. A mediano plazo, el reto es trascender los beneficios de la fortaleza actual por una más sólida, que sea con­sistente con los objetivos económicos identificados en este Plan Nacional de Desarrollo.

La globalización de la economía demanda reno­var la nueva fortaleza de la economía mexicana para poder confrontar los riesgos de contagio por crisis in­ternacionales y pasar del “blindaje económico” para la transición política del año 2000 y de la construc­ción de reservas internacionales a ultranza, a esque­mas más creativos y duraderos de control de riesgos para la estabilidad y el crecimiento.

La experiencia también ha demostrado que es importante avanzar en la mejor coordinación entre las políticas monetaria y fiscal.

Las nuevas herramientas de la política macroe­conómica deben incluir el reconocimiento pleno de pasivos de largo plazo del gobierno, así como la t r a n s p a rencia de la hacienda pública y la re s p o n s a b i­lidad fiscal de largo plazo en un contexto de susten­tabilidad fiscal. También deben avanzar hacia una contraloría moderna basada no en restricciones ad­ministrativas, sino en responsabilidades y cumpli­miento de metas.

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce la nece­sidad de un amplio diálogo nacional para concretar un conjunto de reformas legales y regulatorias que incremente la competitividad de la economía y per­mita la planeación de los actores privados.

Objetivos primordiales para el crecimiento con calidad

Para aprovechar cabalmente la nueva fortaleza, tras­cender la vulnerabilidad de la economía y transitar hacia un verdadero crecimiento con calidad, el go­bierno se ha propuesto cinco grandes objetivos que permitan vertebrar las estrategias reconocidas por el nuevo gobierno hasta el momento y permitan orde­nar aquellas estrategias y acciones que plantee la so­ciedad a lo largo de los próximos seis años:
1. Conducir responsablemente la marcha econó­mica del país.

      1. Elevar y extender la competitividad del país.

      2. Asegurar el desarrollo incluyente.

      3. 4. Promover el desarrollo económico re g i o n a l equilibrado.

      4. 5. C rear condiciones para un desarrollo sus-t e n t a b l e .


El crecimiento que busca el Plan es un cre c i m i e n­to con calidad, que ocurra con tasas altas, sostenidas y estables, y que excluya la re c u rrencia de crisis. Se tra­ta de un crecimiento ecológicamente sustentable, que sea capaz de balancear la expansión económica y la re­ducción de la pobreza con la protección del medio ambiente; de un crecimiento que avance en la equidad de oportunidades entre personas, regiones y sectore s . Es decir, una dinámica que permita generar y canali­zar recursos suficientes para combatir los rezagos y fi­nanciar proyectos de inclusión en el desarro l l o .

A continuación se presentan los objetivos y es­trategias del Ejecutivo federal para pasar de la nueva fortaleza al crecimiento con calidad. No es un re­cuento exhaustivo de estrategias, programas e inicia­tivas, sino la descripción de la estructura que permi­tirá vertebrar la ejecución de los programas de gobierno, el rendimiento de cuentas a la ciudadanía y la incorporación de nuevas iniciativas de la pobla­ción y de la propia estructura administrativa.

6.3. Objetivos rectores y estrategias

6.3.1. Solidez macroeconómica

Diagnóstico

La economía mexicana ha adquirido una nueva for­taleza durante los últimos años. Un entorno macroe­conómico de mayor certidumbre ha constituido el ambiente propicio para un crecimiento más sólido. Aunado a ello, la creciente apertura a los flujos inter­nacionales de comercio y de inversión brinda opor­tunidades crecientes para transformar ese cre c i m i e n­to en un mayor bienestar.

Luego de superar la intensa crisis de 1995, Mé­xico ha mantenido una expansión prolongada, carac­terizada por un elevado crecimiento económico, la ampliación de oportunidades de empleo, incremen­tos de productividad que han constituido la base de un aumento en las remuneraciones reales, una infla­ción a la baja, y también por una mayor capacidad de e n f rentar perturbaciones del exterior a un menor costo interno. Recientemente, la economía ha pro b a-do ser capaz de ajustarse, de manera ordenada, al ci­clo económico mundial, moderando el empuje del gasto interno a las posibilidades de un entorno inter­nacional de menor crecimiento.

Durante la segunda mitad de la década de los noventa, la economía mexicana mantuvo un creci­miento económico promedio cercano a 5% anual. La expansión económica estuvo soportada por un sóli­do incremento en la productividad, resultante a su vez del dinamismo de la inversión. La productividad manufacturera se incrementó a una tasa anual cerca­na a 4%. Este incremento ha hecho posible una re­cuperación gradual de los salarios reales, compatible con un elevado dinamismo del empleo.

La inflación ha mostrado una tendencia descen­dente, que no solamente fue compatible con la ex­pansión del producto y del empleo, sino que consti­tuye una de las precondiciones que permitieron esa expansión. Proseguir en este esfuerzo es un impera­tivo para garantizar la protección adecuada del bie­nestar de la población, especialmente de los grupos de menores ingresos.

Un mayor ahorro interno ha sido complementa­do por un flujo elevado y estable de recursos exter­nos de largo plazo. Una estructura más sana en el fi­nanciamiento del desarrollo le permite a la economía mexicana enfrentar hoy diferentes factores externos de inestabilidad de manera ordenada.

Esta nueva fortaleza de la economía mexicana debe consolidarse y ampliarse. Subsisten debilidades estructurales que restringen el crecimiento potencial de nuestro país, amenazan su estabilidad y limitan la difusión de los frutos del desarrollo. Resulta inacep­table mantener estos flancos vulnerables de nuestra economía.



El común denominador en la serie de crisis re c u­rrentes que se observ a ron durante las últimas décadas radica en una muy débil formación de ahorro intern o , tanto público como privado. Ello ha limitado el po­tencial de crecimiento y le ha impreso un carácter m a rcadamente volátil. Es por eso fundamental corre­gir el balance fiscal y colocar al sistema financiero en condiciones de promover el ahorro y su canalización efectiva a la inversión.

La posición actual de las finanzas públicas con­tinúa siendo estructuralmente frágil y un lastre para un crecimiento más dinámico. Si bien el déficit finan-c i e ro del sector público mejoró moderadamente du­rante los últimos años, un adecuado re c o n o c i m i e n t o de los pasivos contingentes gubernamentales re v e l a un déficit significativamente superior, situación que cuestiona la sustentabilidad de la actual estru c t u r a fiscal. Adicionalmente, la dependencia de los ingre­sos federales de recursos petro l e ros todavía re p re­senta uno de los principales riesgos para el desempe­ño económico a mediano plazo. Relacionado a ello, la productividad tributaria del sistema resulta insufi­ciente frente a las necesidades de financiamiento que nos exige el desarro l l o .

El marco tributario vigente contiene deficiencias severas en materia de equidad y de eficiencia: con mucha frecuencia, empresas, trabajadores o familias con una capacidad real de contribución similar en­frentan cargas muy distintas; por otra parte, ciertas decisiones de inversión resultan artificialmente alte­radas por el marco fiscal debido a la existencia de un sistema complejo y con numerosas preferencias sec­toriales.

Por lo anterior, resulta imprescindible llevar a cabo una re f o rma profunda del marco impositivo que conduzca a la diversificación de los ingresos del sector público, aumentando el financiamiento por medio de recursos tributarios y reduciendo su vola­tilidad. Al mismo tiempo, debe buscarse una mezcla tributaria más conducente al crecimiento y al ahorro , con una estructura capaz de eliminar distorsiones sectoriales artificiales y de cerrar las fuentes de ine­quidad existentes.

El financiamiento sano de la acción pública es uno de los grandes retos que se deben enfrentar de in­mediato. Este esfuerzo sería incompleto y no re n d i r í a sus frutos potenciales si no estuviera acompañado de una transformación de los procedimientos de asigna­ción y aplicación del gasto público. Alcanzar una ma­yor eficacia y equidad en la utilización de los re c u r s o s públicos re q u i e re elevar los criterios de transpare n c i a y eficiencia en los mecanismos pre s u p u e s t a l e s .

El sistema financiero mexicano no ha podido consolidarse plenamente. Los fuertes desequilibrios y desajustes que sufrió a mediados de la década de los noventa, el rezago estructural y operativo de los intermediarios y la falta de un marco normativo ade­cuado han impedido una mayor profundización fi­nanciera. Adicionalmente, el muy limitado ahorro i n t e rno, con el mantenimiento consecuente de eleva­das tasas de interés reales, ha restringido la contribu­ción del sistema financiero al desarrollo.

La nueva dinámica del país demanda también la reforma del sistema financiero para fomentar el aho­rro, particularmente el de largo plazo y el popular. Una reforma financiera apropiada debe además me­jorar los incentivos tanto de los intermediarios finan­cieros como de los usuarios.

Debe destacarse, al respecto, una de las conse­cuencias directas del desbalance en las finanzas pú­blicas: el gobierno, por medio de su deuda interna, capta un porcentaje muy alto del ahorro interno. Las implicaciones son significativas. Por un lado, encare­ce el crédito interno y lo vuelve escaso y, por el otro, contribuye a fortalecer la dualidad entre las grandes empresas exportadoras, que tienen acceso a merca­dos internacionales de capitales, y las pequeñas em­p resas, que enfrentan la contracción del financia­miento doméstico. Por ello se re q u i e re una estrategia simultánea de corrección de las finanzas públicas y de promoción del sistema financiero.

Objetivo rector 1: conducir responsablemente la marcha económica del país

Corresponde al Ejecutivo federal la conducción res­ponsable de la economía, a fin de establecer condi­ciones que lleven al logro de mejores condiciones de vida para la población, mediante un entorno ma­croeconómico que promueva la estabilidad y la cer­tidumbre, una mayor eficiencia en la operación de los mercados y un sistema financiero sólido y efecti­vo en la canalización del ahorro hacia el financia­miento del desarrollo.

Estrategias

a]. Coordinar la política fiscal con la política monetaria.

La coordinación entre la política fiscal y la monetaria constituye un factor clave para elevar el potencial de crecimiento, al establecer condicio­nes de cert i d u m b re, y asegurar una evolución más suave del ciclo económico doméstico frente al in-t e rnacional. En este contexto, la actual adminis­tración reitera su respeto a la autonomía del Ban­co de México y a su compromiso de abatir el déficit fiscal.

b]. Promover una nueva hacienda pública.

Superar los rezagos sociales, imprimir un mayor dinamismo al crecimiento económico y extender sus beneficios entre todos los grupos sociales, no es cues­tión de reformas aisladas sino de un nuevo enfoque hacendario. Requerimos una nueva hacienda públi­ca que se constituya en la herramienta coherente y comprensiva, capaz de ofrecer soluciones simultá­neamente en tres aspectos interrelacionados: la me­jora en la aplicación del gasto público, del marco tri­butario que lo sustenta y del sistema financiero que requiere el desarrollo.

La necesidad de fortalecer la postura fiscal me­diante una mayor recaudación y una programación más eficiente del gasto público, requiere el impulso de una nueva hacienda pública que coadyuve al fort a­lecimiento y estabilidad económica mediante un nue­vo marco tributario, una re f o rma presupuestaria y una re f o rma financiera. La nueva hacienda pública plantea la adopción de un marco tributario eficiente, equita­tivo, moderno y competitivo; propone una reforma presupuestaria basada en la modernización del pro­ceso presupuestal, a fin de garantizar un ejercicio más eficaz y transparente del gasto público, así como una reforma financiera que complemente la reforma tri­butaria en la promoción de la inversión productiva.

A fin de garantizar la responsabilidad y la trans­p a rencia presupuestal, la nueva hacienda pública pro­moverá que el gasto público quede sujeto a criterios de sustentabilidad fiscal; que los desequilibrios del balance presupuestal, si existen, sean de corto plazo, y que se puedan establecer metas de mediano plazo para los indicadores de finanzas públicas. Se amplia­rá y hará más oportuna la difusión de información sobre finanzas públicas y se buscará que en el proce­so de aprobación del presupuesto se eliminen los factores que crean incertidumbre e inestabilidad.

La nueva hacienda pública no se agota con las re­formas presentadas por el Ejecutivo al Congreso a principios del año 2001. Son objetivos centrales ase­gurar la sustentabilidad fiscal de largo plazo con el pleno reconocimiento de los pasivos contingentes y probables que confronta el gobierno. Este objetivo responde a la responsabilidad intergeneracional que se asocia a la transición demográfica y al aprovecha­miento del bono demográfico. También son objeti­vos de mediano plazo para la re f o rma hacendaria fortalecer el control y la administración tributarios no sólo en el nivel federal sino también en el de los estados y municipios, sentando las bases para el ver­dadero federalismo que permita redistribuir faculta­des y recursos en busca de una mayor eficiencia y una atención más cuidadosa de las necesidades ciu­dadanas.

c]. Promover esquemas de regulación y supervisión efi­caces en el sistema financiero.

La presente administración asume el compro m i-so de construir un marco regulatorio y de superv i s i ó n que sea eficaz, que se apoye en bases de datos como h e rramientas seguras de consulta, que no discrimine a ningún tipo de intermediario, que promueva el de­s a rrollo del sistema y que proteja cabalmente los de­rechos de los usuarios. De acuerdo con esta lógica, se establecerán las bases para que el sistema esté bien capitalizado y administrado con criterios de alta efi­ciencia y honradez. De la misma manera, se pro m o-verán las condiciones para que el sistema financiero mexicano sea competitivo en el ámbito intern a c i o n a l .

Para llevar a cabo esta propuesta se realizarán las siguientes acciones: disminuir los costos de re g u l a c i ó n e intermediación en beneficio de los usuarios del sis­tema financiero; impulsar su competitividad dotando de un marco normativo financiero que fomente sanas prácticas corporativas en las instituciones financieras; establecer medidas de alerta temprana para pre v e n i r distorsiones futuras que protejan a las minorías y evi­ten la existencia de conflictos de interés, y llevar a ca­bo acciones encaminadas a contrarrestar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fenó­meno que distorsiona la actividad económica y co­rrompe el marco legal.

d]. Impulsar una banca comercial sólida y eficiente.

Se aplicarán las medidas necesarias para que la banca comercial retome su crítico papel como ofe­rente de recursos crediticios. Asegurar un entorno macroeconómico de mayor certidumbre constituye la condición necesaria para una mayor profundiza­ción bancaria. Al mismo tiempo, debe avanzarse en el fortalecimiento de la seguridad jurídica para que estas instituciones puedan cumplir adecuadamente con su función, particularmente importante en el fi­nanciamiento de la pequeña y mediana empresas.

Se realizarán mejoras en la regulación enfocadas a que la banca aproveche economías de escala, am­plíe su cobertura geográfica, ofrezca productos de vanguardia y servicios de mejor calidad, tome venta­ja de las oportunidades de bursatilización de la car­tera de crédito, agilice y facilite la formalización de créditos, sin menoscabo de una adecuada adminis­tración de riesgo, disminuya riesgos, evite conflictos de interés y aumente su capitalización.

e]. Fortalecer a los intermediarios no bancarios y cons­truir una cultura del seguro en México.

La promoción del ahorro y el financiamiento es de suma importancia para alcanzar los objetivos eco­nómicos trazados. Es necesario fortalecer a los inter­mediarios no bancarios y abrir el espectro de posibi­lidades para que el ahorrador o el acreditado tengan acceso a una gama más amplia de instrumentos fi­nancieros. Lo anterior permitirá una sana competen­cia en el sistema financiero mexicano, así como la ob­tención de mejores rendimientos y servicios para los usuarios.

Garantizar seguridad a los mexicanos en caso de e n f e rmedades, accidentes, fallecimiento o pérd i d a de sus bienes es prioridad para el presente gobierno. Por ello, se crearán incentivos para que los esquemas de seguros se extiendan a la mayor parte posible de la población con criterios de seguridad, claridad en las condiciones pactadas y primas accesibles.

f]. Crear la banca social.

La nueva banca social tendrá dos lineamientos esenciales. En primer término, ordenar el sector de ahorro y crédito popular, dotándolo de un marco normativo adecuado que le dé transparencia y segu­ridad; formar un sistema de supervisión acorde con las características propias del sector y establecer cri­terios contables similares a los del resto de los inter­mediarios.

Con esta iniciativa se busca evitar nuevos episo­dios de crisis y crear confianza en los sistemas finan-c i e ros, para lo cual se impulsará la creación de un se-g u ro de depósito que garantice los recursos ahorr a d o s en el sistema de ahorro y crédito popular. Para alcan­zar una mayor eficiencia y economías de escala, se p romoverá, sin descuidar sus funciones, la transfor­mación de instituciones relacionadas, a fin de apro v e­char las posibilidades de apoyo al sector.

El segundo lineamiento será estimular pro y e c t o s productivos viables a fin de aprovechar el potencial brindado por el entusiasmo y las ideas creativas de personas que carecen de apoyo financiero. Para ello, se destinarán recursos mediante microcréditos que impulsen las ideas productivas y emprendedoras de los mexicanos que deseen mejorar su economía. Los proyectos productivos viables que surjan como ini­ciativa de las personas, familias o comunidades con­tarán con financiamiento accesible. Cabe destacar que este programa dará incentivos a la formalidad c o m e rcial y fiscal de los negocios que sean apoyados.

g]. Reactivar la banca de desarrollo.

Se establecerán las bases para que la banca de d e s a rrollo cumpla con su función de pro p o rcionar fi­nanciamiento a aquellos sectores que por imperfec­ciones del mercado no son atendidos por interme­diarios financieros privados. En este orden de ideas, la banca de desarrollo resulta crítica para garantizar un adecuado servicio a la empresa pequeña y media­na en sus necesidades de desarrollo de tecnología, in­versión y comercio exterior. A fin de garantizar esta función, se adoptarán políticas para elevar la eficien­cia de estas instituciones de crédito, así como para t r a n s p a rentar su función. Resulta crucial también vincular sus actividades con las de otras entidades que influyen en las estrategias de desarrollo y com­petitividad.

La nueva banca de desarrollo contará con una administración sustentada en criterios de honradez y altos estándares de buen gobierno, que garanticen la canalización eficiente de recursos y esfuerzos hacia actividades con una elevada rentabilidad social. Ade­más, se incrementará su capacidad de operación y se ampliará su cobertura, privilegiando la unión de es-f u e rzos con la banca comercial para optimizar la asig­nación de crédito.

A fin de dotar a la banca de desarrollo de una mayor capacidad de respuesta, se establecerán dire c-trices para que cada institución pueda aprobar sus

Objetivos rectores y estrategias

propios presupuestos generales, de acuerdo con los parámetros presupuestales de la administración pú­blica federal y las necesidades reales de cada sector que se apoya. En este sentido, se fortalecerán los con­sejos directivos de cada institución, dotándolos de un régimen más robusto de atribuciones y responsa­bilidades, que haga más eficiente el uso de los recur­sos y mejore la administración de riesgos.

Para el sector rural se crearán esquemas financie­ros que incluyan criterios de conservación y que es­timulen el desarrollo de actividades alternativas que promuevan la creación de un mayor valor agregado en el sector. Se integrarán todos los esfuerzos y pro­gramas existentes, con el fin de optimizar su poten­cial de financiamiento y evitar la dispersión en sus objetivos de fomento. Las diferentes instituciones financieras de la administración pública federal de­berán desarrollar acciones conjuntas para crear los incentivos que el sector rural mexicano requiere, ga­rantizando una oferta de financiamiento con tasas y condiciones accesibles y competitivas que permitan aprovechar el potencial de desarrollo rural.

Asimismo, se creará una entidad financiera cuyo objetivo fundamental será pro m o v e r, mediante el

o t o rgamiento de créditos y garantías, la constru c c i ó n y adquisición de viviendas de interés social, así como la bursatilización de carteras hipotecarias generadas por intermediarios financieros. Dicha entidad será la e n c a rgada de conducir un esfuerzo amplio y bien c o o rdinado de todos los sectores que participan en el sector de la construcción y promoción de la vivienda. ‘

h]. Impulsar la eficiencia en el mercado de valores.

El desarrollo de los mercados de capitales es crí­tico a fin de ofrecer a ahorradores e inversionistas una mayor diversidad de instrumentos financieros, y ampliar al mismo tiempo el desarrollo de productos de ahorro y las fuentes de financiamiento de los in­versionistas.

Una característica común de los sistemas finan­cieros de países desarrollados es la canalización de una buena parte del ahorro mediante mercados de capitales eficientes. Un mercado eficiente es aquél en el que los ahorradores encuentran una gran diversi­dad de instrumentos financieros a su disposición pa­ra conformar su cartera de inversión y, simultánea­mente, los demandantes de recursos pueden tener acceso a diversas formas de financiamiento según las características específicas de sus proyectos, todo ello con bajos costos de intermediación.

El primer paso para construir un mercado de va­lores eficiente y robusto es asegurar que los derechos básicos de los ahorradores que compran acciones o títulos de deuda sean cabalmente respetados, por pe­queña que sea la inversión realizada, y en caso de no ser así, que existan los recursos legales para que los ahorradores puedan hacerlos valer. La protección de los derechos de inversionistas minoritarios significa la existencia de un marco regulatorio y de imparti­ción de justicia que garantice un trato equitativo en­tre las inversiones de los grandes socios capitalistas y aquel provisto por los pequeños ahorradores.

Para que cada ahorrador tenga acceso a esa va­riedad de instrumentos financieros que le perm i t a n obtener los mejores rendimientos disponibles en el m e rcado, sin que ello suponga incurrir en altos cos­tos de intermediación, así como para facilitar la defensa de sus derechos, es necesario fomentar el c recimiento de intermediarios financieros no banca­rios. Son precisamente este tipo de interm e d i a r i o s –principalmente sociedades de inversión, asegura­doras y fondos de pensiones– los que en otros paí­ses del mundo han hecho posible canalizar el aho­rro familiar al financiamiento de grandes y re n t a b l e s p royectos de inversión, asegurando a la vez un alto rendimiento para sus clientes. Para impulsar el de­s a rrollo de intermediarios financieros no bancarios es preciso garantizar un manejo transparente y pro­fesional de los recursos por parte de los administra­d o res de fondos, asegurando que los incentivos de éstos sean tales que vean siempre por los intere s e s de los ahorr a d o res, y promover la existencia de ca­nales de distribución eficientes que permitan a pe­queños y medianos inversionistas tener acceso al m e rcado de valores por medio de sociedades de in­versión, fondos de pensiones y seguros de vida y de p e n s i o n e s .

Conforme crezcan los recursos invertidos en es­tos intermediarios no bancarios, también conocidos como “inversionistas institucionales”, las empresas tendrán acceso a un mayor volumen de financia­miento vía la emisión de capital y deuda en el mer­cado de valores. Además, dado que los recursos in­termediados por las compañías de seguros y fondos de pensiones tienen un carácter de largo plazo, son precisamente los recursos captados por éstos los que permitirán incrementar la inversión en proyectos de l a rga maduración, entre los que destacan las obras de infraestructura básica que aún requiere el país.

Por su parte, un desarrollo más profundo del mercado de deuda pública es necesario para sentar las bases sobre las cuales puede desarrollarse aún más el mercado de deuda privada. En particular, el Ejecutivo federal buscará establecer las condiciones que le permitan emitir instrumentos de largo plazo, privilegiando aquéllos a tasa fija ya sea denominados en pesos o en udis, sentando así las bases para con­vertir el mercado de deuda privada en una alternati­va de financiamiento efectiva para las empresas y go­biernos estatales y municipales del país.

Dos aspectos adicionales que deben ser impulsa­dos para consolidar el desarrollo del mercado de va­l o res son la liquidez en los mercados secundarios de v a l o res y el crecimiento y sofisticación de los merc a-dos de derivados. La liquidez del mercado secunda­rio re f u e rza la demanda por instrumentos financiero s de largo plazo, aun por parte de instituciones distin­tas a las aseguradoras y fondos de pensiones, mientras que la existencia de productos derivados permite dis­tribuir de manera más eficiente el riesgo financiero , disminuyendo así la vulnerabilidad de los ahorr a d o­res ante eventos inesperados.

En la medida que se logre crear un mercado de valores nacional más eficiente y profundo, el ahorro generado en el país podrá ser mejor canalizado y por ende tener un mayor efecto en la creación de rique­za, empleos y bienestar en el país.

i]. Promover la productividad del sector público.

El sector público debe convertirse en un impul­sor de la eficacia y la transformación estructural de la economía mexicana. Una forma central de hacerlo consiste en aumentar la eficiencia en el gasto y la uti­lización de instrumentos que promuevan el buen funcionamiento de los mercados domésticos. Esta función va más allá de la ampliación de plazos y el análisis más detallado del presupuesto federal. Se re­quiere transitar a presupuestos de mediano plazo y aumentar el gasto público en áreas de alto beneficio

marginal, en lo económico y en lo social, como son la educación y la infraestructura básica.

La productividad del sector público también re­quiere fortalecer la flexibilidad y autonomía para la toma de decisiones por los funcionarios del gobier­no, al tiempo que se fortalecen los mecanismos para el rendimiento de cuentas y la evaluación del desem­peño. Las oportunidades de fomentar la capacita­ción y la flexibilidad laboral son muy grandes y los beneficios pueden ser también muy significativos.

O t ro medio de incrementar la eficacia del gobier­no es el desarrollo de los mercados en que part i c i p a como comprador de bienes o como usuario o pro v e e­dor de servicios. La importancia de estos mercados es muy grande y su mayor transparencia puede ayudar a obtener valiosa información para la toma de deci­siones de los actores privados. La adopción de con­tratos intragubernamentales explícitos y la amplia­ción de la competencia en la contratación externa de s e rvicios permiten avanzar en la dirección señalada. El uso de indicadores de desempeño ligados a están-d a res bien definidos es otra forma de re f o rzar la pro­ductividad del gobiern o .

j]. Desarrollar nuevos instrumentos para el control de riesgos y la promoción de la estabilidad.

Es responsabilidad de este gobierno reforzar la nueva fortaleza de la economía con el fin de atender las deficiencias estructurales e incrementar la tasa de crecimiento de una manera sostenible.

También es función de la acción pública buscar nuevos instrumentos de política para confrontar ries­gos y promover la estabilidad. Entre éstos destacan: la operación del fondo de estabilización petrolera; la p rogramación cuidadosa y multianual del balance entre deuda externa e interna, así como los requeri­mientos de liquidez; la ampliación de plazos de ins­trumentos de deuda interna nominal; la promoción del ahorro privado de largo plazo; la eliminación de las imperfecciones de los mercados financieros, espe­cialmente de mediano y largo plazos, y la adopción de instrumentos modernos y transparentes para la detección temprana y la administración de los ries­gos de la hacienda pública, los flujos de divisas y las demás variables en que influye directamente el go­bierno.

6.3.2. Competitividad

Diagnóstico

La competitividad de la economía mexicana se ha fortalecido considerablemente durante los últimos años. La extensa, rápida y profunda apertura a los flujos del comercio y del capital y diversas reformas al marco institucional y regulatorio han ejercido un efecto amplificador de las ventajas inherentes con las que ya contaba nuestra economía, tales como la dis­ponibilidad de una fuerza de trabajo con experiencia y una posición geoeconómica privilegiada.

México ha realizado esfuerzos importantes para insertarse competitivamente en la nueva economía global. La adopción de acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio con América del Nor­te y con la Unión Europea, ha constituido una pode­rosa herramienta para promover el comercio, la in­versión y el empleo. La apertura ha ido a la par con el incremento de la competitividad de las empresas orientadas a la producción de bienes comerciables.

México tiene hoy la oportunidad de aprovechar plenamente el acceso preferencial logrado mediante los acuerdos comerciales firmados con 32 naciones de tres continentes. Con ello puede no sólo lograrse una mayor captación de inversión extranjera –la cual alcanzó más de 84 000 millones de dólares en el pe­riodo 1994-2000– sino también penetrar en nuevos m e rcados, diversificando su comercio, incorporando nuevas tecnologías y mejores sistemas de administra­ción en las empresas.

Durante los últimos cinco años, el sector expor­tador ha logrado un crecimiento promedio de 16%, y actualmente equivale a 30% del PIB. Sin embargo, las exportaciones se han concentrado en las grandes empresas y el espectro de productos exportables es reducido en comparación con su potencial. El au­mento observado recientemente en la competitivi­dad mexicana, aunque ha sido considerable, también ha sido asimétrico: sectorialmente se ha centrado en la producción de bienes comerciables, regionalmen­te se ha concentrado en algunas regiones con voca­ción exportadora, y ha excluido de sus beneficios a segmentos importantes de la fuerza de trabajo.

A pesar de los beneficios considerables que la mayor competitividad mexicana ha traído en em­pleo y bienestar es necesario alcanzar una mayor di­fusión de la competitividad a fin de garantizar un mayor potencial de crecimiento –al reducir los cos­tos reales que hoy enfrenta el sector productor de bienes comerciables– y una mayor difusión de los be­neficios del crecimiento, al extender sus beneficios a regiones y personas hasta hoy excluidas de este pro­ceso. Ampliar y diversificar mercados, imprimir una mejor regionalización del desarrollo e incorporar e integrar nuevas empresas a la actividad exportadora, son algunos de los retos.



México enfrenta todavía grandes rezagos en su m a rco jurídico, en infraestructura física, en capacita­ción e inversión en capital humano, y en el esfuerzo en investigación y desarrollo, que influyen desfavo­rablemente en la competitividad. El reto no es sola­mente mejorar gradualmente en estos renglones sino alcanzar, en el corto plazo, los niveles que han logra­do nuestros socios comerciales. En efecto, el ritmo potencial de crecimiento podría estrangularse sin una inversión considerable en infraestructura, en ca­pacitación y en desarrollo tecnológico.

México requiere una profunda revisión y actua­lización del marco legal vigente, que le permita res­ponder a cabalidad a la nueva dinámica económica nacional y a los estándares internacionales en co­mercio y tecnología. Con reformas adecuadas, la ac­ción pública habrá de facilitar el desarrollo económi­co, reduciendo el costo de aplicación de los contratos y ofreciendo la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las empresas.

A fin de enfrentar el creciente volumen de acti­vidad industrial y comercial que se desarrolla en nuestro país, y aprovechar plenamente las oportuni­dades de inversión y creación de empleo que ello im­plica, se requiere una inversión considerable en in-f r a e s t ructura. Seguir postergando la inversión en este campo deriva en elevados costos en términos del de­s a rrollo, al inhibir la inversión y las oportunidades de los emprendedores. México ocupó, en el año 2000, la posición número 38 en cuanto a infraestructura básica mundial, por lo que se requerirán altos nive­les de inversión para mejorar este factor de competi­tividad.

Entre los factores que deben subsanarse se en­cuentran los rezagos que presenta la red carretera, sobre todo en los 14 corredores que constituyen la columna vertebral del sistema carretero nacional. En particular, resaltan problemas de conexión entre las principales ciudades y los puertos marítimos y fron­terizos, que reducen la eficiencia del transporte, au­mentan sus costos y penalizan la competitividad de la economía en su conjunto.

Subsisten también rezagos en el mantenimiento de la red federal de carreteras. El hecho de que más de la mitad de su longitud se halle en condiciones malas o regulares provoca un incremento en los cos­tos de mantenimiento de los vehículos que circulan por ella.

Los servicios públicos administrados por el Eje­cutivo federal re q u i e ren inversiones considerables para enfrentar los retos del desarrollo. En part i c u l a r, el marco normativo y regulatorio de la industria eléc­trica re q u i e re una revisión profunda a fin de re s p o n­der al crecimiento previsible de la demanda. Esto no implica la privatización de empresas paraestatales si­no una inversión privada complementaria.

La industria petroquímica y la de gas natural re­quieren también transformaciones importantes que alienten una mayor inversión. Para lograrlo es nece­sario ampliar las posibilidades de inversión privada, re e s t ructurar la cartera de proyectos, eliminar los obstáculos que impiden o dificultan la integración de cadenas productivas, y promover la ejecución de proyectos de interconexión de electricidad y gas na­tural en ambas fronteras.

Por lo anterior, es necesario explorar nuevas po­sibilidades de inversión pública y privada, sin perd e r de vista que el gasto en infraestructura debe respon­der a criterios de beneficio social y de eficiencia en la asignación de recursos.

Habilidad y conocimiento son dos herramientas indispensables para triunfar en la nueva economía. La experiencia internacional señala que la formación de recursos humanos se ha convertido en un elemen­to clave en la captación de nuevas inversiones y en el a p rovechamiento de las oportunidades que brinda el comercio para elevar y difundir sus beneficios.

En México, buena parte de la población no tie­ne acceso a una educación de calidad, competitiva en las nuevas posibilidades que el desarrollo tecno­lógico ofrece. Es necesario adoptar una estrategia que permita a los trabajadores mexicanos contar con una capacitación continua que fortalezca el uso y a p rovechamiento de las nuevas tecnologías. En el mundo moderno, la capacitación continua constitu­ye la mejor garantía de seguridad y pro g reso para el t r a b a j a d o r.

La experiencia económica comparativa muestra que el esfuerzo en investigación y desarrollo científi­co y tecnológico se traduce en ventajas competitivas reales para los sectores y las economías que aceptan este reto. La carencia de recursos adecuados ha pro­piciado que la inversión pública mexicana en inves­tigación y desarrollo se mantenga en niveles inferio­res a 0.5% del PIB.

La identificación, en un programa nacional, de las necesidades de normalización a mediano y lar­go plazos, así como la armonización con estándare s i n t e rnacionales, llevarán a la actualización y mejo­ra permanente del sistema de normalización y eva­luación de la conformidad. Como consecuencia, se elevará la competitividad de la industria y del co­m e rcio en los ámbitos nacional e internacional, y se fomentará la aceptación de productos mexicanos de calidad en el mercado global. El fort a l e c i m i e n t o del sistema de metrología legal brindará seguridad a la industria y a los consumidores finales, al garan­tizar la medición exacta de sus transacciones co­m e rc i a l e s .

Un elemento que brinda fortaleza a la economía doméstica es el adecuado eslabonamiento de las ca­denas productivas. Para afianzarlas, se requiere me­jorar el sistema financiero, que en el caso de México no cuenta con las condiciones que permitan ofrecer tasas de interés competitivas para los sectores pro­ductivos y para las micro, pequeñas y medianas em­presas.

Objetivo rector 2: elevar y extender la competitividad del país

Elevar y ampliar la competitividad del país es una condición necesaria para alcanzar un cre c i m i e n t o más dinámico y para garantizar que éste conduzca a un desarrollo incluyente. Corresponde al Estado pro­mover las condiciones para la inserción competitiva de México en la economía global. En el marco de una nueva cultura laboral y empresarial, se propone una política de competitividad industrial capaz de crear las condiciones para extender la competitividad a to­do el espectro sectorial y regional, no plenamente aprovechado todavía, ofreciendo una disponibilidad oportuna y eficaz de infraestructura, una adecuada oferta de educación y de capacitación para el trabajo productivo, un mayor esfuerzo de desarrollo tecno­lógico y científico y un marco de regulación más fle­xible.

Estrategias

a]. Promover el desarrollo y la competitividad sectorial.

La competitividad es fundamental para permitir una participación exitosa de México en la economía global. Los esfuerzos deben orientarse a eliminar las dificultades que inhiben la competitividad y la inte­gración de cadenas de valor, y a establecer una inten­sa competencia de mercado en sectores aún no total­mente inmersos en ella.

Una actividad fundamental del gobierno para apoyar la competitividad consiste en establecer un adecuado marco institucional que contemple un am­biente político y económico estable; con regulacio­nes actualizadas y simples que ofrezcan seguridad ju­rídica para el establecimiento, promoción, desarro l l o y mantenimiento de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para coadyuvar al desarrollo del mercado intern o se fortalecerá un sistema de distribución comerc i a l eficaz que permita a la población mejores condiciones de acceso a bienes y servicios, basado en la competi­tividad de las empresas, poniendo especial énfasis, de nuevo en las medianas y pequeñas y en las que se ubi­can en regiones de menor desarrollo económico.

Se buscará el fortalecimiento de cadenas de va­lor. Se promoverá la integración de aquellas empre­sas que se mantienen rezagadas, en el desarrollo de tecnología y en la integración en cadenas de valor, con las empresas nacionales de vanguardia, inserta­das exitosamente tanto en el comercio interior como en el exterior. El desarrollo de cadenas de proveedo­res y distribuidores con esquemas eficaces de comer­cialización ofrece oportunidades que no deben desa­provecharse.

Una oferta competitiva de servicios de comuni­caciones y transportes es un elemento imprescindi­ble para apoyar la competitividad general de nuestra economía. En el mundo moderno, servicios ágiles de comunicación y un buen sistema de transporte per­miten la integración de los mercados y las cadenas de v a l o r, son determinantes de los costos de pro d u c c i ó n y distribución y se traducen en valiosas economías de escala. Por estas razones, es fundamental asegurar la modernización y expansión de la infraestructura, así como la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones y transportes. En esta tarea, y ante la restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno, será fundamental buscar en los próximos años es­quemas alternativos de financiamiento que perm i t a n allegarse los recursos necesarios para estos fines.

El sector energético debe contar con una regula­ción moderna y transparente que garantice la calidad en el servicio, así como precios competitivos. Por ello, es necesario asegurar recursos para que las em­presas públicas del sector puedan cumplir sus obje­tivos, facilitar la competencia e inversión y pro m o v e r la participación de empresas mexicanas en los pro­yectos de infraestructura energética. Las empre s a s públicas implantarán esquemas de desarrollo de pro­veedores nacionales de los bienes y servicios que re­quieran para su gestión y desarrollo.

El desarrollo agropecuario y pesquero es funda­mental para elevar el bienestar de segmentos impor­tantes de la población. Mejorar sustancialmente la a p o rtación de estos sectores al desarrollo re q u i e re in­tegrar las actividades agropecuarias y pesqueras a ca­denas de valor más amplias, que hagan posible au­mentar la inversión, elevar la creación de empleos y los salarios. Se necesita una estrategia integrada que incluya una disponibilidad adecuada de crédito por medio de un sector financiero rural sólido, ordena­do y con amplia penetración en el campo mexicano, e integrar cadenas de valor que permitan aprovechar cabalmente las oportunidades de negocio, maximi­zando los beneficios para todos los part i c i p a n t e s . Mediante nuevos conocimientos y tecnologías de avanzada, se buscará que los productos agropecua­rios mexicanos cumplan las más estrictas normas de calidad y certificación de inocuidad internacionales.

La vivienda digna para todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del Estado. La cali­dad y continuidad de este esfuerzo sólo se podrá ase­gurar mediante el compromiso y permanencia de los actores con el fin de reducir el gran déficit de vivien­da que existe en el país, en calidad y cantidad.

La industria de la construcción ocupa de mane­ra directa a 2.2 millones de personas y transmite efectos multiplicadores sobre 21 ramas industriales que crean empleo adicional. Por esa razón, el Conse­jo Nacional de Vivienda será el instrumento princi­pal para definir y ejecutar este cambio estructural, mediante acciones encaminadas a articular el abasto de suelo, con servicios básicos e infraestructura ur­bana, requerido como insumo en la construcción de vivienda. Además, buscará mejorar el proceso cons­tructivo promoviendo medidas que desregulen, des­graven y agilicen la edificación habitacional. El Con­sejo también se enfocará al ámbito financiero, para que se desarrollen esquemas de financiamiento que apoyen a más familias en la obtención de créditos hi­potecarios, así como al desarrollo de un mercado hi­potecario que incorpore al sistema financiero y a los mercados de capital.

El éxito de esta estrategia requiere, asimismo, la homologación y articulación de los programas de los

o rganismos nacionales y estatales de vivienda, así co­mo la corresponsabilidad de definir y aportar subsi­dios federales, estatales y municipales a las familias de menores ingresos.

El sector turismo es una prioridad del Estado mexicano y éste se ha propuesto asegurar su capaci­dad competitiva. Se buscará desarrollar y fortalecer la

  • o f e rta turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el producto turístico na­cional, aprovechando el enorme potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales.


En el sector minero se fomentará un mejor apro­vechamiento de los recursos, mediante el perf e c c i o­namiento del marco normativo y la aplicación de pro­gramas de apoyo técnico y financiero para facilitar la identificación de nuevos yacimientos minerales, pa­ra diversificar la producción y para incrementar la competitividad de las empresas mineras, principal­mente las de menor tamaño.

b]. Crear infraestructura y servicios públicos de calidad.

La infraestructura y los servicios públicos son un factor clave para la competitividad de los sectores económicos y para elevar la productividad general.

En materia de infraestructura, se impulsarán la inversión y el financiamiento privados, mediante la creación de marcos regulatorios transparentes, equi­tativos y que fomenten la competencia entre los par­ticipantes en los mercados. Se buscará estructurar, coordinar y financiar los proyectos de inversión que sean socialmente rentables. Se apoyará a los estados y municipios en el fortalecimiento de las áreas de pla­neación de inversiones, para que cuenten con las condiciones e incentivos necesarios que impulsen la participación del sector privado en el desarrollo y el mejoramiento de la infraestructura pública y los ser­vicios que el sector productivo requiere para su efi­caz operación.

En materia de energía, el objetivo para 2006 es contar con empresas energéticas de alto nivel con ca­pacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. En términos de energía eléctri­ca, se deben generar flujos de electricidad eficaces y suficientes ante la creciente demanda. En cuanto a los hidrocarburos, se incrementará su oferta y au­mentará la capacidad de refinación a menores costos.

Para mejorar la infraestructura de transporte (ca­rre t e ro, ferroviario, marítimo y aéreo) se pretende in­tegrar un sistema intermodal que facilite su interco­nexión, para que la decisión de su uso dependa del costo relativo del servicio y no de las dificultades de interconexión de la infraestructura. Se construirán las instalaciones requeridas en la región Sur-Sureste para intercambiar con facilidad tipos de transporta­ción, de manera que no se afecten mayormente los tiempos de entrega de mercancías cuando se presen­ten fenómenos climáticos adversos.

Se promoverá con el sector privado la construc­ción de una red de carreteras con alta capacidad pa­ra accesos a corredores industriales y de abasto, así como la implantación de un buen servicio de mante­nimiento a la infraestructura.

Será necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua de riego y potable, alcantarilla­do y saneamiento, en los puntos geográficos donde el beneficio marginal sea mayor, así como promover el uso más eficaz del recurso en el sector agropecua­rio para liberar volúmenes para otros usos.

También se continuará con la modernización de los registros públicos de la propiedad y de comercio y se buscará el intercambio interinstitucional de in­formación.

En términos de la infraestructura de la nueva eco­nomía, el gobierno desempeña un papel import a n t e en la adopción generalizada de tecnología digital del país. Para ello, el gobierno desarrollará un sistema na­cional para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a las nuevas tecnologías de la inform á t i-ca, y que éstas sean el vehículo natural que interc o­munique a los ciudadanos entre sí, con el gobierno y con el resto del mundo. Este sistema, llamado “e- m e­xico”, incluye servicios de educación, salud, econo­mía, gobierno y otros servicios a la comunidad.

Dentro de este sistema, existirá una sección de “e- g o b i e rno”, la cual ofrecerá al ciudadano difere n t e s servicios y trámites de ventanilla, que agilice y trans­parente la función gubernamental. Este subsistema permitirá también, entre otros servicios, establecer un contacto directo con los contratistas y proveedo­res del gobierno, logrando reducir gastos y costos, así como transparentar los procesos de compra-venta gubernamentales y combatir la corrupción.

c]. Formación de recursos humanos y una nueva cultu­ra empresarial.

Uno de los factores más importantes en materia de competitividad es la existencia de recursos huma­nos calificados. Por ello, para lograr el crecimiento con calidad es de vital importancia el impulso a la ca­pacitación y asistencia técnica oportuna y de calidad en los procesos de producción, distribución y comer­cialización; el desarrollo de habilidades gerenciales para una adecuada y oportuna toma de decisiones en aspectos como dirección, logística, operaciones, con­tabilidad y gestión; el involucramiento de trabajado­res de planta y administrativos entre sí, para el plan­teamiento de problemas, soluciones y propuestas de crecimiento; la creación de esquemas de incentivos por productividad; el establecimiento de una cultu­ra de competitividad, así como la promoción de una educación para el consumo tanto individual, como de las empresas y el país.

Otra vertiente de esta estrategia es la creación de una nueva cultura empresarial, basada en la eficacia, en la eliminación de prácticas anticompetitivas y de restricciones al buen funcionamiento de los merca­dos para así contrarrestar el poder sustancial de los agentes económicos en determinados mercados im­portantes, que contribuya al crecimiento económico sostenido y sustentable, y permita crear más y mejo­res empleos.

La política exterior se debe convertir en un ins­t rumento central para lograr las metas del desarro l l o económico y social de México. Es esencial intensifi­car la capacitación a empresarios en las técnicas de i n t e rnacionalización (exportaciones o inversión ex­tranjera directa); elaborar una política comercial co­h e rente con las oportunidades que brinda el comer­cio internacional; impulsar la instalación de empre s a s nacionales e internacionales que aprovechen la voca­ción y destrezas de la población, creen empleos bien remunerados e impulsen la creación de mercados lo­cales y regionales con perspectivas de export a c i ó n ; vincular cadenas productivas nacionales e intern a c i o­nales, mediante la identificación de procesos con los m e n o res costos marg i n a l e s .

Para ampliar las capacidades y oport u n i d a d e s empresariales se deberá contar con un sistema sóli­do de financiamiento para apoyar iniciativas pro d u c­tivas de personas y grupos sociales organizados de bajos ingresos, y para promover el autoempleo y el desarrollo de microempresas viables, sustentables y competitivas en su entorno. Estos pequeños nego­cios pueden aportar un gran caudal de creatividad y flexibilidad. Además, con el nuevo esquema de apo­yo se asegurará su incorporación a la economía for­mal, de manera que puedan convertirse en empresas eficaces, creadoras de empleo e integradas a las cade­nas productivas existentes.

d]. Impulsar una nueva cultura laboral y una reforma del marco laboral que amplíe las oportunidades de desa­rrollo de los trabajadores.

Es necesario desarrollar una nueva cultura labo­ral que promueva el trabajo como expresión de la dignidad de la persona, para lograr su plena realiza­ción y para elevar su nivel de vida y el de su familia.

Esta nueva cultura laboral procurará condicio­nes de empleo digno y bien remunerado, así como una reforma laboral integral incluyente. Para lograr­lo, se profundizarán los programas de capacitación y desarrollo de asistencia técnica para trabajadores de­sempleados y en activo; se propiciará la transparen­cia en las relaciones entre obreros, patrones y gobier­no, y se difundirán los valores de la nueva cultura laboral para crear un clima propicio a la productivi­dad y a la competitividad.

La base de este nuevo esquema laboral es pro­mover el espíritu emprendedor para la generación de empleo y autoempleo en todos los sectores de la po­blación, tanto empleados como desempleados, in­cluyendo a los actualmente marginados del proceso como los discapacitados y las personas de la tercera edad.

Asimismo, la reforma laboral deberá propiciar un marco flexible, promotor del empleo y del mejo­ramiento salarial. En un mundo donde la competen­cia es intensa y global, resulta fundamental crear un frente común entre trabajadores, empresas y autori­dades a favor de la competitividad, de la certeza ju­rídica y de la capacitación permanente.

e]. Promover una inserción ventajosa del país en el en­torno internacional y en la nueva economía.

México forma parte de una red internacional de acuerdos comerciales y de inversión, y participa en foros comerciales multilaterales y regionales, que re­presentan una amplia gama de oportunidades de co­m e rcio e inversión. Para aprovecharlas cabalmente es necesario promover la diversificación productiva, así como la expansión de los mercados externos para n u e s t ros productos, garantizando un total acceso, en condiciones de re c i p rocidad, a los principales merc a-dos del mundo, el manejo oportuno y la prevención de disputas comerciales, y la creación de un entorno favorable a la inversión nacional y extranjera.

Se buscará también impulsar convenios interna­cionales que favorezcan a trabajadores y empre s a r i o s mexicanos, particularmente a los trabajadores mi­grantes, mediante la revisión y actualización de los compromisos laborales internacionales.

Es fundamental que el marco jurídico adminis­trativo y reglamentario al que se enfrentan los expor­t a d o res mexicanos y los inversionistas potenciales incluya consideraciones de competitividad que pro­muevan el comercio exterior y la captación de la in­versión extranjera. Por ello, el Ejecutivo federal apli­cará una estrategia integral para la promoción del comercio exterior y la inversión que contemple la fa­cilitación de los procesos y, que al mismo tiempo, asegure el cumplimiento de la normatividad vigente.

Con la aplicación del Plan Puebla-Panamá como una estrategia consensada internacionalmente para el pro g reso de la región Sur- S u reste de México y Cen­troamérica, se aspira a desarrollar una vasta región, al integrar fortalezas y oportunidades para 63.8 mi­llones de habitantes con características demográficas y recursos naturales similares.

En el terreno de los energéticos, México partici­pa en el ordenamiento de la oferta y la demanda en los mercados mundiales de energía. Se debe fortale­cer la cooperación internacional para concre t a r a c u e rdos trilaterales energéticos con América del

Objetivos rectores y estrategias

Norte en 2002, así como con los socios del Plan Pue­bla-Panamá, a fin de integrar mercados energéticos regionales que faciliten el intercambio de energ í a eléctrica e hidrocarburos, y contribuyan al desarro­llo económico del país.

La internacionalización de los servicios de trans­porte deberán ser tratados de manera especial, ya que éstos en cualquiera de sus modalidades desem­peñan un papel preponderante en la actividad co­mercial.

En el sector turismo, con objeto de incrementar las corrientes de visitantes extranjeros, se dará parti­cular atención a las acciones de promoción. Asimis­mo, se apoyará la modernización de las PYMES rela­cionadas con el turismo para que puedan participar del desarrollo de este sector.

f]. Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información.

Es imprescindible promover acciones para el uso y aprovechamiento de las tecnologías como re­cursos estratégicos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la sociedad mexicana y adop­tar los mejores estándares tecnológicos y medidas que protejan la propiedad intelectual. El Ejecutivo fe­deral fortalecerá el sistema nacional de metrología, normalización y evaluación de la conformidad.

La incorporación y aprovechamiento de los últi­mos avances científicos y tecnológicos debe basarse en la aplicación de una estrategia coherente que in­cluya los siguientes puntos: a] divulgación entre la sociedad de la cultura tecnológica; b] fomento de la tecnología local y adaptación de la tecnología extran­jera; c] incorporación de las tecnologías de la infor­mación (computación, telecomunicación y telemáti­ca) al desarrollo de la cultura empresarial; d] impulso a la producción agrícola mediante el uso de tecnolo­gías para cultivo, explotación de recursos acuíferos e identificación de mercados, para así liberar recursos para otros usos; e] investigación agropecuaria para incrementar la apropiación de conocimientos, de in­formación y de tecnologías y para facilitar el acceso a éstos; f] innovación en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, y la formación de recursos humanos para apoyar el avance del sector energético y de co­municaciones y transportes, así como para mantener la diversidad de fuentes generadoras de energía; g] inversión en investigadores jóvenes con nuevas ideas; h] apoyo a la sistematización y ampliación de las bases de información importantes para la activi­dad científica y tecnológica; i] mejoramiento y am­pliación, a empresarios, académicos y público en ge­neral, del acceso a centros y fuentes de información que apoyen la competitividad de las empresas, la for­mación de recursos humanos y la actividad científi­ca y tecnológica; j] fomento de mejores prácticas de comercialización al mayoreo y al detalle; k] impulso al desarrollo de la industria de tecnologías de infor­mación; l] fomento de la reconversión digital de pro­cesos dentro de las empresas, especialmente las pe­queñas; m] promoción del encadenamiento digital de proveedores, y n] aplicación de nuevas tecnolo­gías para la producción, así como políticas para inhi­bir el uso de técnicas y costumbres dañinas al medio ambiente.

Se aprovechará la coyuntura de la convergencia tecnológica de telecomunicaciones e informática pa­ra ofrecer a la población nuevos y mejores servicios en materia de aprendizaje, capacitación, salud, serv i­cios de gobierno, comercio y entretenimiento, así co­mo para procurar la promoción del país en el extran­jero. Fomentar y difundir la industria del desarrollo del s o f t w a re, así como adoptar los mejores estándare s tecnológicos y medidas que protejan la calidad de los servicios a los usuarios, así como la propiedad inte­lectual.

g]. Consolidar e impulsar el marco institucional y la me­jora regulatoria que simplifique la carga administrativa de las empresas.

El marco institucional dará seguridad jurídica al establecimiento, promoción, desarrollo y mante­nimiento de las empresas, y promoverá y pro t e g e r á los derechos del consumidor, asegurando condi­ciones de calidad y competencia en las re l a c i o n e s c o m e rc i a l e s .

Sin una mejora regulatoria permanente México no logrará una participación exitosa en la dinámica economía internacional, porque se quedará a la zaga de los cambios que la globalización conlleva. La me­jora regulatoria es una de las tareas gubernamentales que requieren una mayor coordinación de todas las entidades de la Federación. Mejorar las disposiciones legislativas y administrativas, tanto de las dependen­cias como de los organismos descentralizados, es in­dispensable para favorecer la inversión productiva y la competitividad de las empresas que operan en el territorio nacional.

Asimismo, esta reforma es necesaria para propi­ciar las condiciones jurídicas que contribuyan al es­tablecimiento de nuevas empresas y a la creación de empleos, así como para la operación de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se promoverá que estas empresas cuenten con asesoría jurídica para realizar sus transacciones y resolver sus controver­sias, en el ámbito nacional e internacional, en un es­quema eficaz.

h ] . P romover mayores flujos de inversión extranjera d i re c t a .

Es indispensable promover las oport u n i d a d e s de inversión extranjera directa en México, para com­plementar el ahorro interno. Se propone una estrate­gia integral que involucre a todas las dependencias de la administración pública federal, con el propósi­to de asegurar la difusión de dichas oportunidades y la creación de mecanismos apropiados de seguimien­to. Para mantener a México como destino atractivo para la inversión extranjera directa, es necesario es­tablecer un marco jurídico que brinde mayor seguri­dad y certidumbre a la inversión.

i]. Fortalecer el mercado interno.

Se realizarán acciones dirigidas a consolidar un e n t o rno propicio para el desarrollo de un merc a d o interno caracterizado por un sistema de distribución c o m e rcial eficaz, basado en la operación de empre­sas comerciales competitivas; prácticas comerc i a l e s sanas entre los comerciantes y entre éstos y los con-s u m i d o res; seguridad jurídica para las transacciones e inversiones; disponibilidad de información para la toma de decisiones; abasto oportuno y suficiente, s o b re todo de los bienes básicos; infraestructura co­m e rcial adecuada a las necesidades de cada re g i ó n , y mejora regulatoria que facilite la actividad eco-n ó m i c a .



j]. Instrumentar una política integral de desarrollo em­presarial.

Los elementos antes señalados, la promoción in­tegral de la competitividad, el desarrollo de infraes­tructura y de servicios públicos de calidad, el mayor esfuerzo de inversión en capital humano y desarro­llo tecnológico, la re f o rma del marco laboral, y la me­jora regulatoria, requieren un marco integrador ca­paz de aprovechar plenamente el potencial de la empresa mexicana.

Este marco integrador estará dado por una polí­tica de desarrollo empresarial, basada en una inten­sa participación con las entidades federativas y los empresarios, capaz de identificar prioridades y apro­vechar oportunidades para acelerar un desarro l l o económico sustentable.

Esta nueva política de desarrollo empresarial im­pulsará el potencial de creación de empleo y de in­novación tecnológica de la micro, pequeña y mediana empresas. Éstas son unidades productivas flexibles, con alto potencial de desarrollo y mejora de su gestión, con posibilidades de adaptar rápidamente la tecno­logía a sus necesidades y de proveer a las grandes em­presas. Eliminar los obstáculos que hoy se oponen a la expansión de estas unidades constituye un impor­tante detonador de la actividad económica y contri­buirá al equilibrio regional.

Esta nueva política de desarrollo empre s a r i a l constituirá el eje para construir y poner en práctica una política de fomento que brinde soluciones inte­grales a los problemas que hoy limitan la competiti­vidad de la empresa pequeña, que reanime el tejido empresarial del país y aproveche las posibilidades abiertas por las cadenas de valor.

La política de desarrollo empresarial parte de una nueva visión, que valora la aportación económi­ca y social de la empresa, y al mismo tiempo, contri­buye a habilitarlas a competir en el proceso de glo­balización. En congruencia con esta visión, el Estado se compromete a concentrar esfuerzos, como se ha señalado, en el mejoramiento del marco regulatorio, y en la simplificación administrativa y tributaria.

Distribución del ingreso corriente total trimestral nacional por deciles de ingreso, 2000

Deciles Porcentaje de hogares de ingreso corriente total

Total 100.0 I 1.5 II 2.6 III 3.6 IV 4.6 V 5.7 VI 7.1 VII 8.8 VIII 11.2 IX 16.1 X 38.7

Coeficiente de Gini 0.4811 FU E N T E: I N E G I, Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares.

Para concretar estas aspiraciones, se instrumen­tarán mecanismos de coordinación con los difere n t e s a c t o res involucrados: el Ejecutivo federal, los gobier­nos estatales y municipales, las cámaras y asociacio­nes, los diferentes organismos públicos y privados en­focados a la atención de las pequeñas y medianas e m p resas, con el fin de lograr la interacción arm ó n i c a de las partes en aras de incidir de manera efectiva en la competitividad de estas empresas.

6.3.3. Desarrollo incluyente

Diagnóstico

En las últimas dos décadas, el crecimiento económi­co del país ha excluido de sus beneficios a un gran número de mexicanos por lo que se han intensifica­do las profundas diferencias en la sociedad. Varios indicadores reflejan este proceso excluyente: en el año 2000, 20% de la población de más alto nivel eco­nómico concentró 58% del ingreso total del país, mientras que 20% más pobre recibió sólo 3.7%. En la década de los noventa, el porcentaje de la pobla­ción económicamente activa ocupada que no recibió i n g resos se incrementó de 7.2 a 10.1%. Apro x i m a d a-mente 28.5% de la población económicamente acti­va que trabaja en los sectores secundario y terciario se encuentra en la economía informal.

El reto de crecer con calidad requiere la cons­t rucción de un modelo económico capaz de incorpo­rar al desarrollo a los millones de mexicanas y mexi­canos tradicionalmente excluidos de él. La inclusión debe traducirse en una reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Para definir las estrategias necesarias para asegu­rar un desarrollo incluyente, es preciso identificar los factores que han determinado estas condiciones de exclusión: falta de asistencia técnica, de financia­miento y de un marco legal adecuado y sencillo; au­sencia de instituciones, mecanismos e instrumentos para otorgar crédito a las personas que pertenecen a grupos marginados; ausencia de fuentes alternas pa­ra financiar sus proyectos productivos; inexistencia de una banca social que permita el desarrollo de una cultura del ahorro popular; falta de atención adecua­da y oportuna al desarrollo del sector agrícola y las comunidades del área rural; carencia de apoyos cen­trados en los grupos marginados; inadecuada distri­bución social y geográfica de infraestructura básica para el desarrollo.

Los actuales esquemas para el otorgamiento de créditos de la banca comercial no son accesibles a los pequeños proyectos productivos. La banca ha mostrado poco interés en apoyar financieramente a las empresas de menor tamaño, por el riesgo que és­tas re p resentan: bajos niveles de ingresos, localiza­ción geográfica en zonas de difícil acceso, falta de antecedentes crediticios, imposibilidad de ofre c e r g a r a n t í a s .

El financiamiento del sector agropecuario y fore s-tal por parte de la banca comercial y la de desarro l l o , disminuyó 60.6% en términos reales durante el perio­do 1994-1999. Las instituciones financieras ru r a l e s no bancarias prácticamente no existen en nuestro país debido a la falta de una sana cultura de ahorro y prés­tamo. Los instrumentos de crédito agropecuario del sector público se encuentran desarticulados comple­t a m e n t e .

La participación del sector agropecuario en el P I B nacional durante los noventa promedió 5.3%, en tanto que la población económicamente activa de este sector representó 21% de la nacional en 1999. Esto hace evidente un serio problema de productivi­dad, caracterizado por una agricultura de tiempo parcial y un fuerte subempleo.

El nivel de ingresos de los trabajadores del cam­po y las condiciones de trabajo son peores que en los otros sectores: más de 47% de quienes laboran en el a g ro reciben menos de un salario mínimo y menos de 2.83% de los asegurados en el IMSS son trabajadores del sector rural. El análisis de los grupos excluidos del desarrollo señala que los índices extremos de po­breza se han concentrado básicamente en la pobla­ción indígena y en particular en las mujeres.

El Censo general de población y vivienda 2000 indica que en el país la población de lengua indígena de 5 años o más era de 6.27 millones de personas y que casi el total vive en zonas de alta o muy alta mar­ginación. Numerosos ejemplos muestran que la eco­nomía comunitaria ha sido frecuentemente afectada por las fluctuaciones del mercado, sobre todo cuando sus ingresos dependen de los cultivos comerc i a l e s .

En lo que se refiere a las mujeres, su participa­ción en el mercado de trabajo ha aumentado signifi­cativamente, así como la importancia que tienen sus ingresos en el nivel de vida de sus familias; sin em­bargo, siguen teniendo en promedio menores nive­les de remuneración que los hombres. En general, uno de cada cinco hogares es sostenido por una mu­jer. En el sector rural, ante la intensa emigración de los jóvenes, la mujer campesina es cada vez más im­portante en la fuerza laboral del campo.

Con relación a la cobertura de infraestructura, de a c u e rdo con el Censo general de población y vivien­da 2000, 11.2 millones de habitantes del país no cuentan con agua entubada en su vivienda y 22.8 mi­llones viven en casas que no disponen de drenaje. Los m a y o res rezagos se encuentran en el medio ru r a l .

Existen 11 950 poblaciones de 50 a 100 habi­tantes que no tienen servicio de telefonía, y hay ob­solescencia tecnológica en esta área en 4 478 locali­dades mayores de 100 habitantes, por lo que hay que redoblar los esfuerzos para ampliar la cobertura de los servicios de comunicación. Más de 63 millones de personas que habitan en 3 900 localidades y po­blaciones, se benefician con nuevas opciones de pro­gramación y una mayor calidad y cobertura de las se­ñales de radio y televisión. No obstante, todavía hay rezagos tecnológicos que afectan la cobertura y cali­dad de las transmisiones. A la fecha, se cuenta con 230 proveedores y 2.5 millones de conexiones a in­ternet, por lo que es necesario continuar incremen­tando la oferta, calidad y diversidad de los servicios en línea.

Objetivo rector 3: asegurar el desarrollo incluyente

El proceso de desarrollo económico del país debe ampliar las oportunidades de participar en la activi­dad económica a quienes viven en condiciones de marginación. Asegurar el desarrollo incluyente debe traducirse en una reducción de la inequidad en la distribución del ingreso, en la disminución de la po­breza, en la creación de nuevos empleos y autoem­pleos, en mejores ingresos, mejor calidad de vida, más micro e m p resas competitivas. En pocas palabras, es necesario democratizar la economía.

Este objetivo busca potenciar con acciones eco­nómicas las propuestas de la Comisión para el Desa­rrollo Social y Humano. El Plan reconoce que una política social compensatoria nunca es suficiente y que se requiere un amplio programa de inclusión so­cial. Es decir, se busca el crecimiento pero un creci­miento con calidad humana. Así, se promoverán in-t e rvenciones selectivas y temporales del gobiern o para impulsar la democratización de la economía y acciones que fomenten el propio desarrollo, sin pa­ternalismo, de comunidades y personas.

Estrategias

a]. Apoyar a los microempresarios y a los trabajadores por su cuenta para que logren una vinculación producti­va con el mercado, mediante la asesoría y la capacita­ción.

Como parte de la política integral de desarro l l o e m p resarial para apoyar a la micro, pequeña y me­diana empresas, se atenderá de manera especial a los m i c ro e m p resarios, comerciantes y trabajadores por su cuenta que presentan mayor rezago económico, tecnológico y social, mediante asesoría técnica, ca­pacitación e información oportuna que impulsen su a c t i v i d a d .

Como parte de esta estrategia se busca fortalecer la integración de estas empresas con las cadenas pro­ductivas de los sectores más desarrollados, directa e indirectamente, de tal forma que las empresas más grandes sean una palanca que impulse el desarrollo exitoso de los pequeños empresarios.

b ] . Establecer un sistema sólido de instituciones financie­ras que potencie la capacidad productiva de la población e m p rendedora de bajos ingresos, fortalezca la cultura del ahorro y permita a estos grupos su incorporación a la vida productiva del país.

Se promoverá una cultura del ahorro y se facili­tará el acceso al crédito y al financiamiento de micro empresas y de pequeños proyectos productivos, así como de grupos que tradicionalmente no han sido sujetos de crédito en la banca.

Esta nueva cultura de crédito comprende diver­sos mecanismos para el fortalecimiento de la banca social, el otorgamiento de recursos vía intermedia­rios financieros, la creación de instrumentos y orga­nismos adecuados para que las empresas o personas que no cuentan con suficientes garantías o antece­dentes crediticios tengan alternativas de acceso al crédito, y el fortalecimiento del ahorro popular.

Como parte de esta estrategia se fortalecerá el desarrollo ordenado e integral del sector de ahorro y crédito popular, de tal forma que dé seguridad jurí­dica a los usuarios y pueda ampliar su cobertura con­virtiéndose en una fuente de generación de riqueza y en un mecanismo de fomento a la cultura y al hábi­to del ahorro y la inversión.

Por medio de los programas de microfinancia­miento que forman parte de esta estrategia, se coor­dinarán acciones para financiar a las organizaciones de la sociedad civil que han venido otorgando crédi­to a la población de menores ingresos.

En cuanto al financiamiento para el campo, se considera la creación de instituciones financieras ru­rales no bancarias.

Por otro lado, se buscará también apoyar esque­mas de financiamiento de micro y pequeñas empre­sas en zonas de alta marginación que tienen alto po­tencial para el desarrollo del sector turístico.

c ] . P romover el desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de este sec­tor mediante el apoyo a la inversión, la integración de ca­denas productivas, el desarrollo de nuevas capacidades y la transferencia de tecnología.

Se buscará apoyar en el sector rural la inversión en tecnologías adecuadas, la integración de los pro-d u c t o res primarios a cadenas productivas, la inver­sión en programas de producción integrales y de em­pleo temporal, que eviten la descapitalización de los activos productivos, así como impulsar procesos de reconversión de pro d u c t o res primarios y nuevas ac­tividades económicas que complementen los ingre s o s de los trabajadores del campo; todo ello de acuerd o con el entorno socioeconómico, cultural y ambiental de estas comunidades.

Esta estrategia considera como una de sus prio­ridades otorgar apoyo a las mujeres del sector rural que participan en la actividad productiva.

Al mismo tiempo, se busca, mediante el desa­rrollo de las habilidades y capacidades tanto pro­ductivas como de organización y gestión, que la población pueda mejorar su desempeño pro d u c t i­vo y alcance mejores condiciones laborales y una mejor calidad de vida.

d]. Ampliar las oportunidades para la creación y desa­rrollo de proyectos productivos que beneficien directa­mente a los grupos vulnerables de las comunidades indí­genas.

Como una de las estrategias para eliminar las causas estructurales de la pobreza se impulsará, de manera prioritaria, el desarrollo de micro empresas y proyectos productivos, por medio de mecanismos como microfinanciamiento, asesoría, simplificación de trámites administrativos, capacitación y asesoría en las comunidades indígenas.

e]. Ampliar la infraestructura básica para la transmi­sión digital con el fin de ampliar su cobertura a localida­des rurales o urbanas de alta marginación.

El avance y mayor penetración de la infraestruc­tura telefónica constituye una herramienta funda­mental para combatir el aislamiento y la marg i n a c i ó n de quienes han sido excluidos del desarrollo. La tran­sición de la tecnología de transmisión analógica a la digital expande el universo de posibilidades para el usuario y contribuye a la “convergencia tecnológica”. Por ello, dar acceso a tecnología de vanguardia y a re­des digitales constituye una de las líneas de acción que permitirá reducir la brecha digital en nuestro país.

Para lograr lo anterior, se llevará a cabo la trans­f o rmación de la infraestructura actual mediante un p rograma de modernización de las oficinas de telégra­fos a centros comunitarios digitales, los cuales pro­veerán de nuevos y diversos servicios a la población.

6.3.4. Desarrollo económico regional equilibrado

Diagnóstico

El ritmo de crecimiento en las distintas regiones que componen nuestro país se ha caracterizado por una serie de desequilibrios sistemáticos. El crecimiento re­gistrado por las regiones más dinámicas se intensifica y amplía las brechas regionales. Muchos han sido los factores que han influido en los últimos 20 años para acentuar los desequilibrios en el territorio nacional.

El crecimiento demográfico y los patrones de distribución de la población han acentuado las desi­gualdades entre regiones y dentro de cada región. La concentración de la población en cuatro grandes ur­bes: la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, es resultado de la migración procedente de todo el país y, específicamente, de las áreas rurales, con el consecuente abandono del campo y los pro­blemas que esto conlleva, tanto de absorción por la multiplicación de los asentamientos irregulares que debilitan el ordenamiento urbano, como de desa­daptación de los migrantes que no encuentran los empleos que buscaban para sostener a sus familias. Los sistemas regionales que se han estructurado a partir de estas cuatro grandes ciudades han conduci­do a que las localidades menores a su alrededor de­pendan de aquéllas en cuanto infraestructura de bie­nes y servicios.

Uno de los procesos que más ha marcado cam­bios en los ámbitos económico, social, cultural y po­lítico en todo el país ha sido la urbanización. En 1900, sólo 28.6% de la población se consideraba ur­bana. El mayor ritmo de crecimiento entre 1950 y 1995 lo registraron las localidades que tenían entre 500 000 y 1 millón de habitantes. En el último dece­nio, el papel de las ciudades medias dentro de la es­tructura urbana del país ha sido muy importante pa­ra equilibrar el desarrollo urbano, crear empleos y c o m e rcio, y contar con flujos de población más equi­tativos. Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad del C a rmen, Saltillo, León, Tuxtla Gutiérrez, Toluca y C u e rnavaca han experimentado los cre c i m i e n t o s más importantes.

Aunque el crecimiento del empleo formal ha sido generalizado, su distribución ha sido determinada por diferencias regionales considerables. Las regio­nes Noroeste y Noreste del país fueron las que menos sufrieron con la crisis de fines de 1994, pues en dos años lograron recobrar sus niveles anteriores, no así las demás, que tardaron más tiempo en recuperarse.

El consumo eléctrico de gran volumen, propio de la gran industria, refleja en parte las diferencias en el dinamismo regional. Mediante el análisis de esta variable, es fácil distinguir cómo la región Noroeste y Sur-Sureste del país siguen fuertemente ancladas en el sector agropecuario, en contraste con las otras tres grandes regiones que han privilegiado a los sec­tores manufacturero y de servicios dentro de sus es­tructuras económicas. No obstante, la cercanía de la región Noroeste con un mercado altamente deman­dante, aumenta la competitividad de sus productos a g ropecuarios de exportación, por lo que resulta me­nos vulnerable que la región Sur-Sureste.

En general, los estados de menor ingreso per cá­pita entre 1993 y 1999 son los que mantienen un cre­cimiento menos dinámico y amplían la desigualdad. La tasa media de crecimiento del producto intern o b ruto estatal entre 1993 y 1999 rebasó, en las re g i o­nes del Norte y del Centro-Occidente, el pro m e d i o nacional anual de 4.2%, mientras que en el Centro y en el Sur- S u reste resultó inferior. Además, las difere n­cias de concentración poblacional entre las distintas regiones muestran que está lejana la convergencia de todas ellas en cuanto a ingresos per cápita.

El crecimiento regional proviene de varias fuen­tes. Tres de éstas combinadas: la especialización re­gional, el empuje de la inercia de la dinámica nacio­nal y la competitividad de algunos sectores revelan contrastes marcados entre las regiones. Únicamente el Noreste y el Centro-Occidente mantienen desde 1993 hasta 1999 índices favorables a la combinación de los valores de las tres variables. Como uno de los elementos básicos para el crecimiento, la competiti­vidad se vuelve un factor clave para alcanzar tasas de desarrollo elevadas. Debido a que la competitividad depende principalmente de la inversión en capital humano y físico, de la velocidad con que se adopta nueva tecnología, de la capacidad de adaptación al cambio y de la eficacia con que se aprovechan los re­cursos, los retos se agigantan para aquellas regiones donde los niveles promedio de educación y salud im­piden la agilidad de respuesta.

El crecimiento económico de las regiones enca­bezadas por las cuatro grandes metrópolis, que está respaldado por la actividad de la industria de trans­formación, cobra también su factura ambiental. La centralización de la industria, junto con el acelerado crecimiento demográfico y la falta de planeación en el uso del suelo y en la explotación de los recursos naturales han traído consigo un deterioro ambiental grave. La contaminación atmosférica y del agua y el mal manejo de los desechos sólidos son algunas con­secuencias preocupantes.

Por su parte, la demografía también muestra in-t e resantes correlaciones con el desarrollo, creando en algunos casos círculos virtuosos y en otros círculos negativos que es necesario romper. Tal es el caso de la tasa de natalidad: en 1997 se registraron las más bajas en Baja California, Sonora, Nuevo León, Ta­maulipas y Distrito Federal, es decir, en entidades con alto crecimiento económico; mientras que las mayores tasas de natalidad y fecundidad se presen­t a ron en las regiones Centro, Centro-Occidente y Sur-Sureste.

De igual manera, los porcentajes de analfabetis­mo más bajos se presentan también en el Distrito Fe­deral, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Baja California Sur y Sonora; mientras que los más altos se ubican en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Estas gra­ves diferencias incrementan y agudizan las dificulta­des para resolver las necesidades reales de los habi­tantes de las regiones más pobres del país.

Los estados del Sur-Sureste viven un gran reza­go. Estudios recientes sitúan a la población de esta región en los estratos socioeconómicos más bajos. La actividad económica se ubica principalmente en el sector primario y es, por desgracia, de baja produc­tividad; el desempleo y el subempleo son altos; hay fuerte inmigración procedente de Centroamérica; la infraestructura física es deficiente en casi todos los sectores, sobre todo en servicios básicos, vivienda, comunicaciones e instalaciones industriales. To d o ello refleja la necesidad de una ingente inversión y de mayor integración con nuestros vecinos centroame­ricanos, así como la exigencia de introducir procesos educativos de calidad que disminuyan las fuertes de­sigualdades sociales y culturales como condición de despegue.

La responsabilidad del Ejecutivo federal es cre a r las condiciones para propiciar el desarrollo equilibra­do de las distintas regiones y estados del país. Sin em­b a rgo, una cosa ha sido el principio federalista ema­nado de la Constitución y otra muy diferente su aplicación objetiva y congruente con la realidad del país y de las regiones y estados. En el último lustro hubo avances en la descentralización de la educa­ción, la salud, la infraestructura social y otros ru b ro s .

Simultáneamente, se intro d u j e ron cambios en el sis­tema de transferencias no condicionadas (part i c i p a­ciones federales) y se cre a ron las transferencias con­dicionadas (Ramo 33). Empero, la mayor debilidad de este proceso ha sido la baja participación de los es­tados y municipios, que no han tenido una actividad recaudatoria verdaderamente responsable ni han con­tado con las facultades tributarias deseables. Ta m b i é n se observa un subejercicio de los presupuestos públi­cos por aplicación a destiempo de los mismos.

El gasto federal como porcentaje del PIB aplica­do a las distintas regiones del país entre 1995 y 1999 no se tradujo en un impulso al crecimiento económi­co de las mismas. Resulta paradójico que mientras que en la región Sur-Sureste el gasto público corres­pondió a 13.3% del PIB, se haya alcanzado solamen­te una tasa de crecimiento media anual del PIB de 2.9%, cuando que la tasa media de crecimiento del PIB en la región Noreste fue de 6.7% y el gasto pú­blico federal de tan sólo 5.5% como porcentaje del P I B. No se observa hasta ahora que la tendencia a ejer­cer un mayor gasto en aquellas entidades con mayor rezago social se haya traducido en un crecimiento fa­vorable. Un sector privado poco dinámico, la ausen­cia de instituciones y los enormes rezagos de los que se parte han tenido ciertamente que ver con la obten­ción de los bajos resultados.

Las desigualdades que se han derivado de la dis­crecionalidad política, de prácticas corporativistas y c l i e n t e l a res y de una estructura jerárquica centraliza­da sin participación social auténtica son fácilmente observables en la ineficacia con que se han aplicado los recursos. En este momento histórico, la necesi­dad de un cambio de visión es ineludible si no se quiere llevar al país a vivir dinámicas que incremen­ten la pobreza y la exclusión, propiciadas por un proceso globalizador atento sólo a la reacción de los mercados y que disocia el crecimiento económico de los necesarios y condicionantes desarrollos regional, social, político y cultural de toda la nación.

Objetivo rector 4: promover el desarrollo económico regional equilibrado

El desarrollo regional equilibrado tiene como propó­sito lograr un desarrollo económico competitivo, so­cialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y financieramente viable para cada una de las cinco regiones en que, para los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, se divi­dió a la República mexicana.

El país experimenta un desarrollo bien diferen­ciado en el aspecto territorial que requiere la inter­vención selectiva y temporal del Ejecutivo federal. Desde la perspectiva de la Comisión de Crecimiento con Calidad, el objetivo de promover un desarrollo regional equilibrado pone énfasis en la dinamización adecuada de la estructura económica de cada una de las distintas regiones, con el fin de reducir las bre c h a s económicas que puedan debilitarlas o volverlas de­pendientes o vulnerables tanto dentro del país como frente a la globalización.

Este cometido significa que ha de impulsarse de­cididamente el fortalecimiento económico intrarre­gional de vastos territorios tomando en cuenta las potencialidades propias de cada región, pero tam­bién el comercio extrarregional, integrando cada re­gión con el resto del país y con el mundo. Este obje­tivo habrá de lograrse mediante acciones y esfuerzos coordinados entre sociedad y gobierno en todos los ámbitos: municipal, estatal y federal. Los esfuerzos deberán ser mayúsculos, tenaces y continuados, de­bido al atraso en que se encuentran numerosas loca­lidades, incluso dentro de las regiones consideradas como las más desarrolladas del país.

Estrategias

a]. Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas.

La introducción de infraestructura básica (agua, e n e rgía eléctrica, comunicaciones, transportes, serv i­cios comunitarios básicos, telefonía y tecnología di­gital) para el desarrollo económico en regiones con altos rezagos sociales será complementada con la for­mación de capital humano, en especial de empre s ar i o s y trabajadores comprometidos con la productividad y la competitividad, así como con la integración in­teligente de cadenas productivas que, en cuanto ta­les, posean ventajas competitivas y no solamente comparativas. Además de tomar en cuenta la voca­ción natural de cada región, se conformarán agrupa­mientos empresariales que agreguen valor a los pro­ductos regionales. Con recursos federales, se apoya­rá el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas.

De manera especial se dinamizará la economía de la región Sur-Sureste, que es la más rezagada. Se impulsará la instalación de empresas locales, nacio­nales e internacionales que aprovechen la destreza de la población, generen empleos bien remunerados y promuevan la creación de mercados locales y regio­nales con perspectivas de exportación. Es responsa­bilidad de toda la sociedad impulsar programas que rompan la transmisión generacional de la pobreza, creen nuevas oportunidades para niños y jóvenes ac­tualmente marginados y eleven la calidad de vida de los pobladores. Se buscará una mayor integración con los países centroamericanos para conformar una vasta región donde, con base en las ventajas de los tratados comerciales, pueda constituirse una zona de oferta y mercado multilateral de importantes di­mensiones.

Se apoyará el desarrollo de mercados regionales para promover la incorporación de valor agregado y una adecuada comercialización de los productos ob­tenidos en la región, alentando la vinculación de los productores y comercializadores ubicados en las di­ferentes etapas de las cadenas productivas.

b]. Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad.

El Ejecutivo federal apoyará a los estados y municipios para que cumplan eficaz y oport u n a-mente sus funciones relacionadas con el desarro l l o urbano y el respeto a los usos de suelo pre v i s t o s por cada administración. Se buscará que el cre c i-miento de las ciudades sea debidamente contro l a-do por los estados y municipios, tanto para evitar el desaliento económico que surge por la multipli­cación de asentamientos irre g u l a res, como los cos­tos no planeados y generalmente excesivos de la p restación de servicios públicos a todos los ciuda­danos. También se cuidará que estados y munici­pios pro c u ren la seguridad física de las personas, impidiéndoles asentarse en lugares peligrosos o inadecuados, susceptibles de ser afectados por de­s a s t res naturales.

c]. Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarro­llo económico en todas las regiones del país.

La protección y restauración del hábitat natural de las diferentes zonas se mantendrán como pro p ó-sitos no discutibles en los procesos de desarro l l o económico. Existen grandes retos relacionados con la integridad de los ecosistemas. El saneamiento y a p rovechamiento de aguas residuales, la conserv a­ción del suelo fértil –evitando la conversión de sue­lo agrícola en suelo urbano y del suelo forestal en suelo agrícola–, la recuperación de los mantos acuí­f e ros, el manejo adecuado de desechos agrícolas e in­dustriales, la pre s e rvación de la diversidad biológica y una explotación racional de los recursos naturales renovables y no renovables serán aspectos a con­templarse y respetarse por quienes deseen empre n­der o mantener actividades económicas.

d]. Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y re­gional.

Se fortalecerán las capacidades de los actores lo­cales y regionales para enfrentar los retos del desarro­llo turístico en las entidades y municipios, creando s i n e rgias regionales que favorezcan la integración y el aumento de la competitividad.

e]. Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalien­ten la migración regional.

La inclusión de polos de desarrollo en las micro­rregiones será un factor que, haciendo viable el de­s a rrollo económico interno de una región, facilite también el arraigo de la población económicamente activa en sus lugares de origen, regule el crecimien­to de localidades aledañas al polo y evite los proble­mas de desintegración familiar y la pérdida de las tra­diciones locales.

f]. Proyectar y coordinar, con la participación de los go­biernos estatales y municipales, la planeación regional.

El Ejecutivo federal compartirá responsabilida­des con las autoridades locales en el diagnóstico, de­tección de necesidades, alternativas de solución y acciones concretas que permitan potenciar y explo­tar racionalmente los recursos de cada región, pre s e r­vando la cultura, costumbres, derechos y medio am­biente de la población.

g]. Desarrollar las fronteras Norte y Sur del país en con­cordancia con su potencial económico y con sus especifi­cidades naturales y sociales.

En la Frontera Norte se atenderán los rezagos en materia de infraestructura aduanera, de comunica­ciones y transportes, y de servicios de agua, para en-f rentar con éxito las demandas de la población y aprovechar el potencial del mercado vecino, así co­mo ofrecer más y mejores oportunidades de trabajo y un trato digno, sin corruptelas, a los migrantes pro­venientes del resto del país y a los paisanos que rein­gresen de modo provisional o definitivo a México.

En la Frontera Sur se favorecerá una posible in­tegración con Centroamérica en materia de energía, c o m e rcio de productos regionales y comunicacio­nes, así como para impedir el incremento en la vul­nerabilidad de los grupos étnicos y sociales que se desplazan a través de la misma y para proteger con una fuerte estructura aduanera el territorio nacional contra el contrabando de bienes y personas y contra todo tipo de actividades delictivas.

6.3.5. Desarrollo sustentable

Diagnóstico

Desde la perspectiva del crecimiento con calidad, y de manera complementaria al objetivo rector 5.3.5, desarrollo social y humano en armonía con la natu­raleza, la acción gubernamental identifica los si­guientes siete aspectos torales que cubren el espectro de la problemática ambiental, desde una perspectiva global hasta la acción local.

El suelo re p resenta el sustrato básico para la pro­ducción, al tiempo que en él se desarrollan los pro c e­sos esenciales para la conservación de los ecosistemas. El deterioro de los suelos provoca la desertización, fenómeno que se asocia a la disminución de la capa­cidad productiva, a la pobreza rural y a la pérdida de s e rvicios ambientales. La principal causa de la degra­dación de los suelos es la deforestación asociada al cambio de uso con fines de producción agro p e c u a r i a .

Por su parte, la deforestación y el cambio de usos del suelo forestal a tierras para pastoreo y otras actividades agropecuarias re p resenta hoy día una amenaza para la subsistencia de especies endémicas y para la interacción adecuada bosque-suelo que per­mita, sobre todo en los ámbitos periurbanos, la re c a r­ga de mantos acuíferos, el mantenimiento de la cu­bierta vegetal y la captura de carbono.

Existen cerca de 650 acuíferos distribuidos en el país que suministran aproximadamente la terc e r a p a rte de la extracción nacional de agua para todos los usos y en caso de sequías prolongadas constituyen la re s e rva más importante del recurso. Apro x i m a d a-mente 100 acuíferos se encuentran sobreexplotados y de ellos se extrae 66.6% del agua subterránea que se emplea en el país.

Las descargas de aguas residuales, sin tratamien­to, ocasionan grados variables de contaminación en los cuerpos de agua superficiales del país, lo que li­mita el uso directo del agua, y representan un riesgo para la salud. Las cuencas con mayor grado de con­taminación son Lerma, Alto Balsas, Alto Pánuco y porciones del Bajo Bravo.

Las consideraciones ambientales en el diseño de políticas públicas implica un desafío. Durante déca­das se ha realizado una gestión ambiental desarticu­lada, que otorgó prioridad al aprovechamiento de los recursos naturales sobre la preservación de los mis­mos. Hoy se re q u i e re la actualización de los ins­trumentos que permitan una gestión del medio am­b i e nte y de los recursos naturales acordes con los imperativos del desarrollo sustentable del país.

La industria es un factor determinante en la ge­neración de contaminantes y, si éstos no son bien manejados con tecnologías limpias, son un factor de riesgo para la salud humana. Sin embargo, el cuida­do ambiental se constituye en una fuente de mejora del desempeño ambiental, creando oport u n i d a d e s de ahorro y de negocios.

En México, al igual que en el resto del mundo, los conocimientos básicos sobre los problemas eco­lógicos no son suficientes para garantizar políticas de d e s a rrollo sustentable. Por ello, es impre s c i n d i b l e d e s a rrollar líneas de investigación dirigidas a la iden­tificación y resolución de problemas ambientales es­pecíficos y prioritarios.

La investigación dirigida a asuntos ambientales específicos requiere una cantidad permanente y cre­ciente de recursos financieros que, además de las fuentes internas, debe complementarse con el apoyo de fuentes externas, tales como agencias de financia­miento, iniciativa privada y fundaciones.

Por otra parte, la limitada capacidad nacional para la innovación tiene como consecuencia que las empresas tiendan a comprar tecnología incorporada y no incorporada, en lugar de intentar desarrollarla en el país. Conforme a lo anterior, se tiene un grupo de científicos que concentran su esfuerzo fundamen­talmente en investigación básica y aplicada, y empre­sas nacionales que compran la tecnología en el exte­rior, por lo que un gran problema es que no existe una vinculación entre la oferta y la demanda de co­nocimientos científicos y tecnológicos.

La educación, la capacitación y la cultura am­biental constituyen una de las principales herr a m i e n­tas en el proceso de protección, conservación y apro­vechamiento racional de los recursos naturales, considerando que no son medidas correctivas, sino que tienen un carácter más inclinado hacia los aspec­tos de la prevención. Asimismo, es crucial mantener y fortalecer las capacidades técnicas y la infraestruc­tura institucional que ha adquirido el gobierno como elemento que articule a futuro acciones en diferentes plazos.

El gobierno es un importante agente ambiental en sus propias operaciones por lo que los programas de eficacia energética, de compras “verdes”, de con­versión de combustibles, de reciclaje, reducción y reuso de materiales, entre otras acciones que han si­do emprendidas de manera aislada por diversas de­pendencias y entidades de la administración pública federal, representan una oportunidad tanto de con­tribuir al mejoramiento del ambiente y al uso susten­table de los recursos naturales como de hacer patente el compromiso del Ejecutivo federal con el desarro­llo sustentable de nuestro país.

Asimismo, el Ejecutivo federal reconoce el valor intrínseco de las medidas a favor del medio ambien­te y la protección de los recursos naturales, y tam­bién, en el plano internacional, la importancia de la Agenda 21 como elemento rector de los compromi­sos que México ha suscrito con la comunidad inter­nacional y como referencia para la acción ambiental en nuestro país.

Ante la polémica internacional sobre el calenta­miento global, el grado de desarrollo de nuestro país no permite el establecimiento de objetivos de reduc­ciones absolutas en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, se mantiene el compromiso de promover las medidas de mitigación que no atenten contra el desarrollo nacional.

Objetivo rector 5: crear condiciones para un desarrollo sustentable

El crecimiento con calidad sólo es posible si se con­sidera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económico y social con el medio ambien­te y los recursos naturales. Corresponde al Estado la creación de las condiciones para un desarrollo sus­tentable que asegure la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos naturales en el lar­go plazo, sobre la base de una sólida cultura en favor del medio ambiente.

Como indicadores para evaluar los re s u l t a d o s obtenidos se integrará información sobre el daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pérdida de sis­temas forestales y la tasa de conservación de acuífe­ros. Otros indicadores serán la introducción de con­tenidos específicos sobre este tema en los diferentes niveles y tipos educativos.

Estrategias

a ] . P romover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el uso del agua y la energ í a .

Apoyar ante los sectores productivos y la socie­dad la incorporación de criterios de aprovechamien­to sustentable de los recursos no renovables, en par­ticular en lo re f e rente al turismo; promover la gestión eficiente de los bosques y alcanzar el uso equilibra­do del agua en cuencas y acuíferos, y apoyar la pla­neación regional con un enfoque sustentable, para la utilización de los recursos naturales locales.

Dada la baja explotación racional de los bos­ques, resulta necesario aumentar la superficie fores­tal con aprovechamiento sustentable y contribuir además, de esta manera, a mejorar las condiciones de vida de la población que habita en esas regiones. Los niveles actuales de explotación de las re s e rvas de agua de la nación no son sustentables y, de seguir así, se colapsarán en el mediano y largo plazos; de ahí la importancia de reglamentar el uso y explotación de los acuíferos y mejorar el uso del agua extraída.

En cuanto a las descargas de aguas residuales, se elaborarán programas específicos para dar tratamien­to a estos afluentes de acuerdo con la normatividad vigente.

Se debe además incrementar y profundizar el apoyo de los dueños de los recursos forestales con la finalidad de recuperar la vocación forestal en tierras montañosas y cuencas altas.

b]. P romover una gestión ambiental integral y descentra­lizada.

Implantar una gestión ambiental subsidiaria, fe­deralista y participativa de los actores locales del de­s a rrollo que propicie la protección integral del medio ambiente y de los recursos naturales.

Será necesario desarrollar convenios de colabor a­ción y participación apegados a la estructura político-administrativa, en los que se transfieran atribuciones, funciones y recursos de los estados y municipios. Así se fortalecerá el federalismo y se asegurará la aten­ción integral y directa de los asuntos ambientales de cada región. También será necesario que dicha polí­tica cuente con la colaboración de otras dependen­cias de los diferentes ámbitos de gobierno para capi­talizar esfuerzos compartidos en el cumplimiento de la ley.

c]. Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el desarrollo sustentable del país como la adopción de procesos productivos y tec­nologías limpias.

Realizar investigación científica y tecnológica de alta calidad que apoye la toma de decisiones en ma­teria ambiental; desarrollar, adaptar y transferir tec­nología, y propiciar la adopción por parte de los sec­tores productivos de tecnologías eficientes y limpias, así como de esquemas de autorregulación ambiental.

Será necesario desarrollar políticas que favorez­can las inversiones en prevención y control de la contaminación industrial.

Estimular la formación de recursos humanos de alto nivel y alinear las políticas orientadas a la educa­ción superior y el posgrado.

d]. Promover procesos de educación, capacitación, co­municación y fortalecimiento de la participación ciuda­dana relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Propiciar condiciones que permitan a los diver­sos sectores de la población contar con información y conocimientos para comprender los efectos de la acción transformadora del hombre en el medio am­biente, con habilidades y aptitudes para establecer nuevas formas de relación con el entorno natural, y para que un número mayor de mexicanos, principal­mente niños, jóvenes, productores primarios y pro­motores rurales, modifiquen sus valores y actitudes respecto a su medio natural.

Las relaciones predominantes entre el gobierno y la sociedad se han caracterizado por una limitada cooperación, a menudo acompañada de desconfian­za, lo que ha conducido al fracaso de las políticas de c o n s e rvación que tradicionalmente han sido un tema de política nacional e internacional. Lo anterior re­fuerza la necesidad de crear mecanismos de diálogo y colaboración entre el gobierno y la sociedad, así co­mo replantear los instrumentos de incorporación de grupos de interés específicos en la formulación de políticas públicas.

La comunicación entre los creadores, promoto­res y usuarios de información ambiental es inadecua­da. Pro p o rcionan información los científicos, los productores o los servidores públicos; las organiza­ciones no gubernamentales, los medios de comuni­cación, las instancias académicas y gubernamentales son también promotores del uso de la información ambiental. Sin embargo, el conocimiento y la infor­mación no fluyen de manera adecuada. Por ello, se diseñarán fórmulas de participación que logren inte­grar estos grupos.

e]. Mejorar el desempeño ambiental de la administración pública federal.

P romover el establecimiento de políticas y linea­mientos ambientales que puedan ser aplicados en to­dos los procesos operativos y toma de decisiones de las instituciones gubernamentales, así como una cul­tura de responsabilidad ambiental que contribuya al bienestar de la sociedad.

El Estado mexicano posee empresas del sector e n e rgético que, por su naturaleza, se ubican en re g i o­nes donde existen ecosistemas altamente suscepti­bles de ser dañados y que están en riesgo constante por su operación. Por ello, se mejorarán en forma continua los procesos industriales de las empresas paraestatales y se asegurará el pleno cumplimiento de la normatividad ambiental.

f]. Continuar en el diseño y la implementación de la es­trategia nacional para el desarrollo sustentable.

Con el propósito de dar cumplimiento a la Agen­da 21, continuar trabajando en un modelo de desa­rrollo sustentable que requiere cambios no sólo en los ámbitos institucional, legal y normativo, sino también cambios culturales que se traduzcan en mo­dificaciones en los patrones de producción y consu­mo de la sociedad en su conjunto.

g]. Avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Fomentar la introducción de las variables ambien­tales en las políticas, normas y programas sustantivos en el sector económico, particularmente en lo que se refiere al uso de energéticos y combustibles fósiles.



7. ÁREA DE ORDEN Y RESPETO

7.1. Introducción

La soberanía nacional, en su sentido más amplio, sal­vaguarda la integridad del territorio nacional, la li­bertad de su población y el apego irrestricto al Esta­do de derecho. México ha decidido emprender una transformación profunda que consolide, en la prác­tica y en congruencia con el pleno goce de los dere­chos humanos, el pacto federal, la vida republicana y la vocación democrática.

Una de las prioridades del gobierno actual es ga­rantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos y al Estado de derecho.

Las bases para un desarrollo económico sólido y con certeza, que permita revertir la condición de po­breza en la que viven muchos mexicanos y alcanzar mejores niveles de prosperidad y calidad de vida, se encuentran en la estabilidad política y social del país.

Los mexicanos queremos convivir en armonía con un sistema político que, a la vez que procese ade­cuadamente los conflictos, nos permita coexistir en la diferencia y unir voluntades en torno a causas co­munes, así como avanzar en la consecución del bien común.

La seguridad nacional tiene como metas princi­pales velar por la protección y preservación del inte­rés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Para ello, el nuevo gobierno se propone emprender acciones efectivas contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas.

La prevención del delito, el combate frontal a l a impunidad y la corrupción, y la procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y d e n t ro del marco del derecho, son prioridades del Ejecutivo federal por convicción y exigencia ciu­d a d a n a s .

Como un gobierno que se ha propuesto consoli­dar la democracia y eliminar todo vestigio de autorita­

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rismo, formarán parte esencial del quehacer político y de las acciones que se realicen, la búsqueda de con­sensos y convergencias entre las instituciones y entre los actores políticos; la tolerancia; la libertad de ex-p resión; la participación ciudadana plural en los pro­cesos de decisión gubernamental y la rendición de cuentas.

El Ejecutivo apegará estrictamente su conducta a los principios del Estado de derecho y contribuirá a que la población observe las normas jurídicas. Man­tendrá fidelidad a las formas democráticas de ejerci­cio del poder público propias de todo Estado demo­crático.

Para tener vigencia, la democracia re q u i e re una actitud y una conducta consecuentes de parte de las autoridades públicas, de los actores políticos y de la población en general, que refleje los valores democrá­ticos, que manifieste compromiso con el interés públi­co y que externe un sentido de corre s p o n s a b i l i d a d .

En esta tarea existen grandes desafíos para ga­rantizar la seguridad pública, la procuración de jus­ticia y el combate a la corrupción, a fin de abatir los índices delictivos y de criminalidad, respetando los derechos humanos. Resulta fundamental acabar con la impunidad y reafirmar el pleno respeto y vigencia del Estado de derecho para restituir con ello confian­za y seguridad a las familias mexicanas. El esfuerzo del Ejecutivo federal será complementado por la ac­ción ciudadana y la colaboración internacional.

En el área de orden y respeto, las aspiraciones de los mexicanos para el año 2025 pueden expresarse así:

Un México soberano, respetado en el mundo y con prestigio internacional, en el que la convivencia social armónica, la paz, la tranquilidad y el desarro­llo sean una realidad y en donde no existan riesgos graves que amenacen a la población o pongan en en­tredicho la viabilidad del país.

Un México en el que impere la ley, en el que pre­valezca el Estado de derecho, en el cual exista certe­za jurídica, seguridad y confianza en propios y extra­ños, como resultado del combate real y eficaz a la im­punidad, la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas; de la difusión de una cul­tura de la legalidad entre los mexicanos, así como del apego escrupuloso de las conductas de las autorida­des y de la población a lo dispuesto por el orden ju­rídico y a la existencia de medios que ponen re m e d i o eficaz a las desviaciones en la observancia de este principio.

Una nación con sólidas credenciales democráti­cas que se reflejen en el ejercicio del poder público; el procesamiento institucional de conflictos; la pose­sión de una cultura democrática por los actores po­líticos, los servidores públicos y los ciudadanos; la participación cotidiana de la ciudadanía en los asun­tos públicos; el pleno ejercicio de las libertades polí­ticas; la libertad, la pluralidad y apertura de la socie­dad; el respeto a las garantías individuales y a los d e rechos humanos; la colaboración y corre s p o n s a b i­lidad de los poderes públicos; un vigoroso federalis­mo y un gobierno eficaz, profesional y honesto, sen­sible a las necesidades sociales, sujeto a la rendición de cuentas y al escrutinio de la sociedad.

Para garantizar estas expectativas ciudadanas, la seguridad nacional tiene como metas principales velar por la protección y pre s e rvación del interés co­lectivo, evitando en lo posible o minimizando cual­quier riesgo o amenaza a la población y a las institu­c i o n e s .

En este contexto, la visión del gobierno es la de consolidar, con apego irrestricto a las garantías indi­viduales y a libertades políticas, un Estado en el cual se salvaguarde el territorio nacional; se dé cabal vi­gencia al Estado de derecho; se procure, eficaz y ho­nestamente, la justicia y se promueva el pleno goce de los derechos humanos, independientemente de gé­nero, condición social o étnica.

Así se construirá una nación en donde todo me­xicano viva con la certidumbre de que el gobierno, en sus tres órdenes, lucha permanente y vigorosa­mente contra la impunidad, la violencia, la delin­cuencia organizada y la corrupción, y en donde se consolide, cada día, la estructura política del pacto federal, la democracia y la vida republicana, con la participación creciente de la población en las defini­ciones y tareas nacionales.

7.2. Antecedentes

En regímenes anteriores el diseño y la instrumenta­ción de las políticas públicas del gobierno federal ca­recían de una perspectiva integral, lo cual reflejaba una insuficiente coordinación y falta de congruencia interinstitucional. Esta situación condujo, en muchas ocasiones, a la duplicidad de funciones con el conse­cuente derroche de recursos y la reducida eficacia en los resultados.

Existe la necesidad fundamental de que, como todo Estado democrático moderno, el Estado mexi­cano cuente con información para garantizar la se­guridad nacional. El concepto de seguridad nacional se utilizó para justificar actos ilegítimos de autori­dad, cuyo único propósito era procurar la continui­dad del régimen. La oposición política re p re s e n t a b a una amenaza a los intereses del grupo en el poder y a su permanencia, que consideraba necesario disua­d i r, reprimir o neutralizar. Esta situación llevó a un uso distorsionado de las instituciones de inteligen­cia del país, al descrédito de las instituciones com­petentes y a un abandono por el gobierno de tare a s p r i m o rdiales para el cuidado efectivo de la seguri­dad nacional.

Las verdaderas amenazas a las instituciones y a la seguridad nacional las representan la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población fren­te a los desastres naturales, la destrucción ambiental, el crimen, la delincuencia organizada y el tráfico ilí­cito de drogas.

Por décadas la gobernabilidad del país se susten­tó en la concentración y centralización del poder, en un presidencialismo en el que se ejercieron faculta­des metaconstitucionales, en acuerdos clientelares y en una participación ciudadana acotada.

El Estado re q u i e re re f o rmarse, entre otras vías, mediante una revisión integral de la Constitución, di­rigida a lograr el correcto funcionamiento de sus ins­tituciones y adaptarlas a las circunstancias actuales.

Es necesario revalorar el papel de los ciudadanos en el desarrollo integral del país, pues aún existen obstáculos para el florecimiento de una cultura cívi­ca participativa y responsable. Esto ha impedido que las personas desarrollen plenamente las destrezas y habilidades requeridas para trabajar pro d u c t i v a m e n-te con otros en la promoción de intereses y en la so­lución de problemas comunes, así como para pro m o-ver causas sociales o políticas.

Un rasgo fundamental de las sociedades demo­cráticas es el libre flujo de la información. Sin embar­go, el acceso a información de fuentes oficiales estu­vo acotado en nuestro país. Por lo que respecta a la radio y la televisión, es necesario fortalecer la función social que les corresponde desempeñar en su calidad de medios concesionados y permisionados por el Es­tado. Por lo que respecta a los medios propiedad del Estado existe un potencial que no ha sido suficiente­mente aprovechado, observándose cierta descoordi­nación.

La excesiva concentración del poder en la Presi­dencia de la República desvirtuó el esquema cons­titucional de división de poderes y exacerbó la cen­tralización de la vida política, económica y social del país. Estos desequilibrios afectaron a los otros po­d e res federales y debilitaron la vigencia del pacto federal a partir de un centralismo que soslayó el enor­me potencial y las funciones básicas de los gobiernos locales.

Ello afecta la equidad en el acceso de los mexica­nos a oportunidades, así como en sus niveles de vida. Muchos males se explican por un centralismo absor­bente, un federalismo simulado que concentraba de manera excesiva el poder y mantenía mecanismos de control político y financiero.

La distribución de competencias reales y forma­les entre la Federación, los estados y los municipios no favoreció la aportación óptima de todos los ámbi­tos de gobierno a favor del bien común. La promo­ción del interés público muestra ineficacias derivadas de una inadecuada organización de los espacios de competencia que limita las atribuciones, las respon­sabilidades, así como los recursos de que disponen las entidades federativas y los municipios.

Este gobierno está obligado a propiciar el cam­bio mediante la democratización profunda de la vida nacional: el impulso a una coherente arquitectura de gobiernos; el desempeño eficaz y transparente que tienen encomendadas las autoridades; la contribu­ción a la vigencia de la división de poderes; la pro m o­ción del diálogo respetuoso y permanente entre los p o d e res de la Unión, privilegiando siempre el interés superior del bien común; la negociación tolerante, li-b re, propositiva y responsable que dé lugar a la cons­trucción de convergencias entre los distintos actores políticos, económicos y sociales; el respeto irrestric­to a la libertad de expresión, así como la apertura de la política y el ejercicio del poder a la participación y el control desde la base social, pues constituyen pi­lares del Estado democrático.

La insuficiente rendición de cuentas por parte del poder público, así como la escasez de instancias de participación y de control ciudadano, limitaron la construcción de un esquema eficaz de seguimiento y de evaluación de los alcances y logros de las metas p ropuestas. Esto propició la improvisación, la discre­cionalidad en la realización de los programas, la po­b reza de resultados y un problema cuyo combate será una tarea primordial de la nueva administración: la corrupción y la impunidad. La impunidad y la co­rrupción han degradado nuestra vida pública, ade­más de haber lesionado gravemente nuestra econo­mía y nuestro prestigio.

Nuestro país ha visto empañada su imagen y au­toridad moral internacional por el descrédito en ma­teria de derechos humanos. El nuevo gobierno está llamado a promover una cultura que consolide su respeto y repudie cualquier violación a los mismos.

Las insuficiencias del marco normativo e ins­titucional abrieron espacios a la impunidad y a la p roliferación de vicios que minaron la vigencia del Estado de derecho y socavaron la credibilidad del go­b i e rno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones, lo cual ubicaba al país en una situación de vulnerabilidad en temas co­mo seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, d e rechos humanos, equilibrio y sustentabilidad del d e s a rro l l o .

El nuevo gobierno asumió la re s p o n s a b i l i d a d de emprender un cambio profundo en las formas de ejercer el poder público, así como en la operación de la administración pública federal. Las instituciones se deben apuntalar y fort a l e c e r, a fin de garantizar los intereses vitales del Estado mexicano, tales como la seguridad pública. Se debe lograr una efectiva coor­dinación, seguimiento y evaluación de las dependen­cias públicas en la lucha contra el crimen org a n i z a d o , el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la impuni­dad y otros vicios, mediante el desempeño coheren­te y eficaz del Ejecutivo federal.

Este gobierno asume los siguientes objetivos re c­tores en el área de orden y respeto:

  • Defender la independencia, soberanía e inte­gridad territorial nacionales.

  • Diseñar un nuevo marco estratégico de segu­ridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional.

  • Contribuir a que las relaciones políticas ocu­rran en el marco de la nueva gobernabilidad demo­crática.

  • Construir una relación de colaboración re s p o n-sable, equilibrada y productiva entre los poderes de la Unión y avanzar hacia un auténtico federalismo.

  • Fomentar la capacidad del Estado para con­ducir y regular los fenómenos que afectan a la pobla­ción en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y distribución territorial.

  • Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempe­ño de la administración pública federal.

  • Garantizar la seguridad pública para la tran­quilidad ciudadana.

  • Garantizar una procuración de justicia pron­ta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos.


7.3. Objetivos rectores y estrategias

7.3.1. Independencia y soberanía

Diagnóstico

En México la defensa de la soberanía está sustentada en una larga tradición diplomática de defensa a la au­todeterminación de los pueblos y la no intervención. Hoy día las relaciones internacionales están cada vez más fundamentadas en los ideales de cooperación y en fórmulas de interdependencia que propicia la glo­balización. Por ello, aunque siempre alerta a las pre­siones internacionales, actualmente el Estado mexica­no no advierte riesgos a su soberanía como resultado de amenazas externas de tipo tradicional.

La soberanía nacional se sustenta en la fortaleza de los esfuerzos para el desarrollo nacional y en la vi­gencia de la democracia. No obstante hay riesgos y amenazas en los que se manifiestan factores internos combinados con otros de índole externa que derivan de actividades tales como el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y el deterioro ambiental. En consecuencia, la política de defensa debe hacerse más versátil y dinámica con la participación activa de todas las instituciones gubernamentales.

El escenario internacional actual y previsible en el futuro mediato está marcado por la distensión, la cooperación y la interdependencia de los pueblos.

En el norte de nuestro país compartimos una f rontera considerada como una de las más dinámicas y complejas entre países vecinos en el mundo debi­do a la profusa red de relaciones económicas, socia­les, familiares y culturales establecidas a ambos lados de la línea divisoria y que además re p resenta una vul­nerabilidad acentuada por ser un campo propicio para la comisión de delitos.

El sur es otro lugar de encuentros y oportunida­des para ensanchar la hermandad y promover el de­s a rrollo de nuestros pueblos de la región Sur- S u re s t e , en conjunción con los pueblos centro y sudamerica­nos. Sin embargo, también en la frontera sur se re g i s­tra un tráfico ilegal creciente de enervantes, personas y armas que es necesario controlar.

Ante este nuevo horizonte, el Ejército, la Fuerza A é rea y la Armada están llamados a la permanente ta­rea de vigilar y garantizar la integridad territorial, de las instalaciones estratégicas y de las fronteras.

Nuestro país enfrenta graves problemas que las Fuerzas Armadas, en colaboración con otras depen­dencias, están comprometidas a contrarrestar:

  • El tráfico de drogas y la delincuencia org a n i z a-da representan una de las principales fuentes de vio­lencia e inseguridad para la sociedad y una amenaza a las instituciones. Ocasionan corrupción, deterioro de imagen, pérdida de confianza y de prestigio nacio­nal e internacional, afectando la soberanía y dañan­do nuestras relaciones internacionales.

  • El tráfico de armas y de personas y las redes del t e rrorismo internacional que aprovechan las facilida­des de comunicación y transporte que trae consigo la globalidad, buscan evadir las leyes de los estados na­cionales.

  • Las carencias y rezagos que existen en las zo­nas deprimidas de nuestro país, en las que es nece­sario prestar apoyo realizando tareas de índole social, educativa y de salud.




• El maltrato a los migrantes extranjeros en nues­tro territorio se debe erradicar para ser congruentes con la defensa de nuestros migrantes en el extranjero .

En materia de flujos y movimientos migratorios es preocupante la ocurrencia de vejaciones a extran­j e ros que se internan ilegalmente en el territorio nacio­nal. Por otra parte, los 170 puntos de internación a c a rgo del Instituto Nacional de Migración no cuentan con el personal, las instalaciones y el equipo necesa­rios para un adecuado desempeño de sus funciones.

Objetivo rector 1: defender la independencia, soberanía e integridad territorial nacionales

Las Fuerzas Armadas y otras dependencias, en el ám­bito de sus respectivas competencias, asumirán las medidas preventivas en defensa del interés vital de la nación; de la independencia; de la soberanía e inte­gridad territorial, entendiendo ésta en su sentido más amplio como la masa continental, las aguas interiore s , el mar territorial, el espacio aéreo, el subsuelo y los recursos naturales, incluyendo aquellos de la Zona Económica Exclusiva. Al mismo tiempo, coadyuva­rán en el fortalecimiento del Estado de derecho, com­batiendo el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada y apoyando a la población civil en casos de desastre. La medición de los resultados se podrá hacer a partir de las estadísticas de los operativos de destrucción de cultivos de enervantes, del asegura­miento de psicotrópicos y de la opinión de la pobla­ción civil en caso de desastres.

Son éstas las amenazas a las que las Fuerzas Ar­madas han combatido de manera ejemplar y cuyo es­fuerzo es necesario continuar. Las Fuerzas Armadas erradicaron cultivos ilícitos en más de 168 000 hec­táreas en el periodo de 1995 a 2000 y aseguraron ca­si 3 000 toneladas de marihuana y más de 76 tone­ladas de cocaína en el mismo lapso.

Las emergencias que ponen en peligro a la po­blación son riesgos ciertos. Las instituciones arm a d a s han brindado auxilio y protección de manera opor­tuna y eficaz. En el año 2000 participaron en la ex­tinción de más de 1 500 incendios forestales y ade­más han brindado un promedio de 300 000 serv i c i o s médicos por año.

El apoyo del personal de las Fuerzas Armadas es fundamental en las actividades relativas a la vigilan­cia del territorio, del espacio aéreo y de los mares na­cionales; en el control de armas de fuego; en el uso de explosivos, así como en las tareas sociales y de au­xilio a la población civil.

Estrategias

a]. Preservar la soberanía de nuestro territorio.

Realizar acciones preventivas mediante la vigi­lancia del espacio aéreo, de las fronteras, la masa con­tinental, el mar territorial y las aguas interiores, con el fin de asegurar las condiciones propicias para el desarrollo de la nación.

b]. Desarrollar en forma armónica y equilibrada la ca­pacidad de respuesta de las fuerzas armadas, fort a l e c i e n-do su participación, coordinación operativa y proceso de m o d e rnización de conformidad con las prioridades de se­guridad nacional.

Optimizar los recursoshumanos, materiales y pre­supuestales, privilegiando la calidad sobre la cantidad, a fin de que el resultado de las actividades de las Fuer­zas Armadas siga siendo una contribución real, perm a­nente y fundamentada para el desarrollo y la estabi­lidad nacionales. Incrementar la coordinación entre las tres Fuerzas Armadas para aprovechar de manera conjunta procedimientos y recursos comunes para ac­tuar por sí mismas o en apoyo de autoridades civiles.

Garantizar la protección civil ante desastres oca­sionados por fenómenos naturales o provocados por el hombre, brindando apoyo permanente a las depen­dencias y entidades de los tres órdenes de gobierno.

Cuidar el patrimonio natural del país, así como vigilar la buena administración de los recursos natu­rales, lo que implica un aprovechamiento y un uso racional y sustentable de los mismos.

c]. Mejorar los mecanismos de coordinación y coopera­ción interinstitucional en el marco de la seguridad públi­ca, para garantizar las condiciones de seguridad que la sociedad demanda.

Fortalecer la eficiencia operativa del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y su coordinación con las dependencias con responsabilidades en el combate a la delincuencia organizada para alcanzar un mayor nivel de seguridad de la sociedad en su conjunto.

d]. Modernizar las estructuras y procedimientos educa­tivos, logísticos y administrativos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en un marco de calidad, eficiencia, oportunidad, equidad, transparencia y respeto a los de­rechos humanos.

F o rtalecer los programas del Servicio Militar Na­cional para que el joven mexicano por obligación y las jóvenes mexicanas voluntarias, presten su esfuer­zo en beneficio de sus comunidades, particularmen­te en actividades relacionadas con la educación ex­traescolar y física, así como de auxilio a la población en casos de desastres y de labor social.

Mejorar la estructura jurídica de las Fuerzas Ar­madas, con especial atención a las estructuras admi­nistrativas y a los derechos humanos en el seno de sus dependencias, así como al desarrollo de sus funcio­nes institucionales y a los órganos del fuero de gue­rra, para que sigan contribuyendo de manera perm a­nente al desarrollo y la estabilidad de la nación.

Con el objetivo de promover la equidad y el desarrollo de oportunidades se incrementará la par­ticipación de la mujer mexicana en las Fuerzas Arm a-das y se fortalecerá la política de mejoramiento econó­mico individual para el personal del activo, retirados y sus derechohabientes. Para optimizar funciones y procedimientos logísticos se fortalecerán las capaci­dades de la industria militar y se encauzarán algunas ramas de la industria nacional relacionadas con la se­guridad.

e]. Impulsar el desarrollo marítimo nacional.

Vincular a la Secretaría de Marina con otras en­tidades públicas y privadas involucradas en el impul­so, fortalecimiento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica para explotar eficaz y racional­mente los recursos de las zonas marinas mexicanas. R e p e rcutir positivamente en el desarrollo económico del país protegiendo el patrimonio marítimo para que los mexicanos lo aprovechen en su beneficio.

Aunado a lo anterior, la Armada desarrolla ope­raciones de apoyo para proteger la vida humana en el mar y garantizar el cumplimiento de la normativi­dad en materia de protección del medio ambiente y explotación de recursos. Esto influye directamente en el desarrollo de las actividades pesqueras, turísticas, de transporte e investigación en el medio marítimo.

f ] . Ampliar profundizar e institucionalizar las re l a c i o n e s exteriores de México, defendiendo y promoviendo los ob­jetivos e intereses nacionales.

Promover temas de interés nacional en América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, mediante el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos de diálogo, concer­tación política y cooperación, así como de planes y programas bilaterales y multilaterales que apoyen el desarrollo económico y social de México y permitan e n f rentar desafíos de orden internacional, sobre todo en el diseño de una estrategia para enfrentar la delin­cuencia organizada.

g]. Hacer valer las decisiones soberanas de México en materia de flujos y movimientos migratorios y brindar y exigir trato digno a nuestros connacionales que viajan o residen en el extranjero.

Impulsar una política de migración intern a c i o­nal de largo plazo, coherente con los principios de la política exterior de México que, a partir de la con­sideración de la pluralidad de las causas, manifesta­ciones y efectos del fenómeno migratorio, defina con claridad los mecanismos de entendimiento y de re­gulación migratoria con otras naciones y org a n i z a­ciones internacionales y que defienda los dere c h o s de los mexicanos en el exterior y fortalezca su senti­do de pertenencia. Participar activamente en el re s-peto y cumplimiento de los derechos laborales de los connacionales, en el ámbito de la competencia labo­ral intern a c i o n a l .

F o rmular e instrumentar acciones gubern a m e n-tales congruentes que reconozcan y valoren las apor­taciones y contribuciones que los migrantes hacen, tanto en las sociedades de destino como en las de origen, demandando el pleno respeto a sus dere c h o s en su tránsito migratorio por México. Por otra par­te, elevar la calidad y eficiencia de los servicios mi-g r a t o r i o s .

7.3.2. Seguridad nacional

Diagnóstico

En el pasado, la definición y defensa del principio de seguridad nacional fue, en los hechos, incompatible con la esencia de una democracia moderna. Por un lado, su definición estratégica, así como su práctica política no se apegaban al respeto de los derechos y l i b e rtades ciudadanas. El concepto y la práctica de seguridad nacional eran subsidiarios de la seguridad del Estado que, en el contexto del sistema político mexicano, equivalía a la seguridad del régimen, a la p rotección de sus intereses part i c u l a res y a su per­manencia en el poder. La ausencia de un marco nor­mativo encubrió un alto grado de discre c i o n a l i d a d en la estrategia de la defensa, de la seguridad nacio­nal y en la toma de las decisiones derivadas de esta s i t u a c i ó n .

La confusión preexistente entre interés nacional e interés de grupo perv i rtió la función de los org a­nismos encargados de identificar los riesgos que afectaban la seguridad nacional. En consecuencia, se desatendieron las verdaderas amenazas; ello per­mitió el crecimiento de la delincuencia org a n i z a d a , la corrupción, la destrucción ambiental, entre otro s fenómenos fuera del control de las instituciones del E s t a d o .

El proceso de democratización del régimen po­lítico mexicano plantea la exigencia indispensable de salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Una visión actualizada de la defensa del interés nacional tiene como corolario el diseño de una política de seguridad nacional. La estrategia de segu­ridad nacional del gobierno ha de ser instrumento para la preservación de los verdaderos intereses na­cionales y para el avance democrático.

El cambio político y económico demanda una agenda de seguridad nacional moderna acorde con los nuevos tiempos, y con los nuevos fenómenos de vulnerabilidad.

Por esta razón se presenta la impostergable ne­cesidad de que el Estado cuente, dentro del marco le­gal y con absoluto respeto a los derechos ciudadanos, con información suficiente, oportuna y confiable para garantizar la seguridad nacional y hacer frente a las amenazas a la paz y al bienestar de la población.

Objetivos rectores y estrategias

En este sentido es indispensable contar con una agenda de riesgo sistematizada y confiable para pre­ver aquellas amenazas que pongan en peligro el bie­nestar de la población, la estabilidad de las institucio­nes del Estado, la sustentabilidad del desarrollo o vulneren la integridad de nuestro territorio.

El creciente deterioro ambiental, part i c u l a rm e n-te la deforestación, cuyos efectos en los sistemas hi­drológicos del país y en la biosfera influye de mane­ra negativa en la sociedad, en la economía y en la seguridad.

Los efectos adversos de los fenómenos naturales h i d ro m e t e o rológicos, tectónicos y volcánicos cau­santes de desastres que ponen en riesgo la vida y las propiedades de la población.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debe ser una institución fundamental en la defensa de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y un importante soporte para la seguridad pública, la gobernabilidad y el Estado de derecho. Se cuenta con un diagnóstico de fortalezas y debilidades del CISEN que permitirá la puesta en m a rcha de un programa de re f o rma institucional que conlleve a consolidarlo como una auténtica institu­ción de Estado al servicio de la seguridad nacional y la democracia.

A partir de esta valoración se buscará establecer un sistema de investigación y análisis sobre los ries­gos que amenazan la seguridad nacional que contri­buya a preservar y consolidar dicha seguridad den­tro del nuevo arreglo democrático.

Objetivo rector 2: diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional

Elaborar nuevas definiciones de interés y seguridad nacionales que confluyan a la gobernabilidad demo­crática. Desarrollar la doctrina de seguridad nacio­nal que guíe la identificación, previsión, valoración y evaluación de los factores que la ponen en riesgo y las estrategias a seguir. Promover el diseño de un mar­co jurídico que permita eficacia en sus políticas y ac­ciones y, al mismo tiempo, proteja las garantías lega­les y constitucionales de los ciudadanos. Facilitar la c o o rdinación entre los diversos organismos y de­pendencias de la administración pública federal re s­ponsables de la defensa de la seguridad nacional. De esta manera, se le dará coherencia, unidad y ampli­tud de visión a las decisiones en materia de seguri­dad nacional que le corresponde tomar al Ejecutivo f e d e r a l .

Estrategias

a]. Concebir la seguridad nacional desde una visión am­plia destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienes­tar y la integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio.

Dar coherencia, unidad y amplitud de visión a la estrategia de seguridad nacional, elaborar definicio­nes actualizadas de interés y de seguridad nacional que se identifiquen con los propósitos del nuevo arre­glo democrático del país y someter a los aparatos de inteligencia a los controles gubernamentales y al ré­gimen jurídico.

b]. Desarrollar una doctrina que guíe la identificación, valoración y evaluación de aquellos factores que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y que brinde una protección efectiva frente a riesgos y amenazas a los in­tereses vitales de México.

Las acciones a cargo de las instancias del Ejecuti­vo federal habrán de realizarse con base en una pre c i­sión de principios re c t o res de defensa de la seguridad nacional y con una identificación clara de los riesgos, presiones y adversidades.

Asimismo, habrá que tomar en cuenta otros facto­res que pueden afectarla: la naturaleza dinámica ycam­biante de toda sociedad, la influencia externa y la po­sición geopolítica del país y su inserción en el pro c e s o de globalización. Otra consideración es que en una sociedad plural como la mexicana, donde conviven distintos intereses, el Estado tiene la obligación de afrontar los desafíos y riesgos producto de la interac­ción y posible fricción entre los mismos, con políti­cas y estrategias en los que siempre prevalezca el Es­tado de derecho como premisa de acción.

c ] . Elaborar una agenda de riesgos para promover prácti­cas de prevención en las acciones gubernamentales, me­diante un análisis sistematizado de los riesgos que amena­zan la seguridad nacional.

Realizar un análisis exhaustivo de los riesgos a la seguridad nacional que posibilite la elaboración de una agenda de riesgos sistematizada, a fin de diseñar las políticas para su prevención y contención. Coad­yuvar en el sostenimiento de una visión estratégica que defina políticas de Estado que conduzcan el pro­greso económico, social, cultural, tecnológico y po­lítico del país.

d]. Diseñar un marco jurídico e institucional que respete las garantías constitucionales de los ciudadanos, asegu­rando la coordinación entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y la congruencia en el funcionamiento de los tres órdenes de gobierno.

Facilitar la coordinación entre los diversos orga­nismos y dependencias de la administración pública federal responsables de la defensa de la seguridad na­cional y de la promoción del interés nacional.

e ] . Anticipar y prever con oportunidad y eficacia los ries­gos y amenazas a la seguridad nacional, la gobern a b i l i d a d democrática y el Estado de derecho, mediante la opera­ción de un sistema de investigación, información y aná­lisis que, apegado a derecho en su actuación, contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Promover un marco normativo que precise lo que constituye la seguridad nacional del Estado mexi­cano y los elementos que la componen. Las agencias de inteligencia del Ejecutivo federal deberán sujetar­se a los criterios de operación propios de un Estado democrático y a un esquema pertinente de rendición de cuentas institucional. Se pondrá cuidado en sal­vaguardar la confidencialidad de la información de­terminada como reservada y se fijarán, asimismo, los términos y condiciones para su desclasificación. Se trabajará para que el personal se distinga por guard a r una actitud de lealtad y respeto al Estado y sus insti­tuciones, a la legitimidad de sus autoridades electas y judiciales, así como a los principios del Estado de d e recho. Además, las agencias de inteligencia del Eje­cutivo federal deberán mejorar la oportunidad y efi­ciencia del sistema de investigación, información y análisis para la seguridad nacional.

7.3.3. Gobernabilidad democrática

Diagnóstico

La antigua gobernabilidad política de México estuvo sustentada en dinámicas de concentración y centra­lización del poder y en un presidencialismo que ejer­ció facultades metaconstitucionales. El régimen po­lítico tuvo, como uno de sus fundamentos, acuerdos clientelares que se fueron distanciando de las bases sociales. Las decisiones públicas no siempre estuvie­ron apoyadas por una adecuada deliberación públi­ca. La interacción tanto de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como de las autoridades federales y esta­tales se fue alejando del espíritu constitucional.

La participación ciudadana en la definición, eje­cución y evaluación de políticas públicas fue limitada. En ocasiones, el sistema político no supo estimular el papel que a los ciudadanos corresponde desempeñar en toda democracia.

La creciente complejidad de la sociedad mexica­na fue dando origen a un mayor cúmulo de deman­das de corte diverso que, aunadas a la construcción de nuevas reglas para la competencia político-electo­ral, dieron lugar a una integración plural de los car­gos de elección popular.

El Estado mexicano enfrenta hoy nuevos de­safíos y necesidades que plantean las circ u n s t a n c i a s actuales. Por otra parte, es posible incrementar la efi­cacia con que el Estado satisface el interés público y contribuye al bienestar de los mexicanos. A lo larg o de décadas se han acumulado insuficiencias e incon­sistencias en el sentido y contenido de algunos de los p receptos constitucionales. Por ello, es necesario e m p render una revisión exhaustiva, crítica y plural de la Constitución Política de los Estados Unidos M e x i c a n o s .

El perfil de la cultura política predominante no corresponde al que requiere la vigencia y subsisten­cia de un sistema político democrático. Dentro de los factores que, a lo largo de décadas, han dado lugar a esta situación se encuentran las insuficiencias de nues-

Objetivos rectores y estrategias

tra democracia, las actitudes autoritarias, el paterna­lismo, la omnipresencia del Estado, el clientelismo, los bajos niveles educativos con que ha contado la población, la ausencia de una contribución sistemá­tica a la formación ciudadana por parte del sistema educativo nacional, la escasez de prácticas ciudada­nas, la insuficiente identificación de la población con los partidos políticos, el desprestigio de la política, los bajos niveles de lectura de diarios y revistas, así como la insuficiente promoción de la cultura democrática en la radio y la televisión.

Si bien en los últimos años el Instituto Federal Electoral ha emprendido importantes esfuerzos en la promoción de la educación cívica, todavía no se ha logrado la suficiente articulación de esfuerzos con el Ejecutivo federal y, asimismo, la interacción de la Se­cretaría de Gobernación con la Secretaría de Educa­ción Pública ha sido marginal y distante. De acuerdo con indicadores correspondientes al periodo 1997­2000, la alta participación electoral contrasta con la baja participación de los ciudadanos en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de políticas pú­blicas, así como con su modesta incorporación a las actividades de organizaciones políticas, sociales y ci­viles y a otras actividades no lucrativas.



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