Nº 26 / Resistencia, 06 de marzo de 2015. Autos y vistos



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Nº 26 / Resistencia, 06 de marzo de 2015.

AUTOS Y VISTOS:

El presente expediente Nº 1-21623/14, caratulado: "ORTIZ RAMÓN S/ HOMICIDIO", y;



CONSIDERANDO:

I- Que la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, actuando en Sala Unipersonal, a cargo del Juez Gustavo Serrano, mediante resolución Nº 206 de fecha 30 de septiembre de 2014 (fs. 119/122), hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Investigaciones Nº 3 de Resistencia y revocó la resolución Nº 41/14 del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia, confirmando la prisión preventiva de Ramón Ortiz y su ampliatoria dictada por esa Fiscalía (fs. 56/72 vta.).

Para resolver de tal manera el sentenciante consignó que en la presente causa se tuvo por acreditada la materialidad y autoría el hecho por parte de Ortiz, encuadrándose su conducta en el delito de Homicidio Simple (art. 79 del Codigo Penal), cuya penalidad en abstracto es de 8 a 25 años de prisión, que no resulta susceptible de condena de ejecución condicional, y consideró que existe la posibilidad de que el mismo intente eludir la acción de la justicia porque el comportamiento no colaborativo que tuvo desde el comienzo de la investigación, al darse a la fuga luego del suceso y haber hecho desaparecer el arma empleada, determinan la existencia de peligrosidad procesal.

Esta resolución produjo el alzamiento del defensor, Dr. José D. Ballesta, quien interpuso el recurso de casación de fs. 128/139 vta., el cual fuera concedido, elevándose el expediente a esta Sala Segunda, estando dadas actualmente las condiciones procesales para dictarse resolución.

El recurrente objeta el decisorio por entender que contiene una fundamentación solo aparente respecto a la existencia del peligro procesal, afirmando que no se observaron las reglas de la sana crítica racional ni las pautas para inferir la existencia del mismo, establecidas taxativamente en el art. 280, última parte, del Código Procesal Penal. También aduce que su defendido no posee antecedentes penales, contravencionales ni proceso penal abierto y que no se evaluaron medidas alternativas a la prisión preventiva.



II- Así planteada la cuestión y analizados los agravios, los fundamentos del fallo, las constancias de la causa y las disposiciones legales en juego, debe concluirse que corresponde proceder al rechazo de la presentación por resultar sustancialmente improcedente, conforme los precedentes de esta Sala (in re "Acetti", Sent. 68/12; "Silvero", Sent. 119/12; "Cabrera Maximiliano", Sent. 87/14; "Silva Caballero", Res. 196/14).

En efecto, según se advierte, la conducta del imputado Ramón Ortiz fue encuadrada en el delito de Homicidio Simple (art. 79 del Código Penal), en razón de lo cual la Cámara consideró que de ser condenado le correspondería una penalidad cuyo cumplimiento debería concretarse en forma efectiva, coincidiendo con lo resuelto por la Fiscal de Investigaciones, quien dispuso la prisión preventiva en los términos del primer supuesto del citado art. 280 de la ley adjetiva.

Siendo esto así y concordantemente con la posición explicitada por esta Sala en la causa referida en primer orden, a cuyas consideraciones y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad, en tal caso la aplicación del primer inciso de dicho artículo, en virtud de la penalidad en abstracto prevista para el delito atribuido al encartado -de ocho a veinticinco años de reclusión o prisión- importa que la peligrosidad procesal que impide la cesación de la prisión preventiva se encuentra presumida por la norma.

La claridad del art. 280 del Código Procesal Penal impide realizar una exégesis distinta, más allá de las opiniones personales sobre la materia, en la medida que indudablemente la conexión entre los dos supuestos previstos por la norma está dada por la letra "o", al final del primero, que incuestionablemente indica que se trata de una conjunción disyuntiva excluyente, que une opciones o alternativas incompatibles.

Ello determina que si se presenta la opción prevista en el primer caso, es decir, que se trate de un delito para el cual no aparezca procedente la condena de ejecución condicional, la peligrosidad procesal es presumida por la ley y no cabe continuar con la otra instancia de análisis al efecto, en cambio, si nos encontramos frente a un delito cuya penalidad resulte factible de ser ejecutada en forma condicional, deben seguirse los lineamientos establecidos para el segundo supuesto y procederse al análisis sobre la existencia o no de la peligrosidad procesal que pueda representar el imputado, esto es, si tratará de eludir la acción de la justicia o de entorpecer la investigación, conforme a las pautas que señala la propia disposición en el párrafo de cierre.

De acuerdo a este criterio, sin perjuicio de tenerse en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el beneficio a obtener la libertad tiene reconocido el carácter de garantía constitucional en virtud de la presunción de inocencia de quien aún no se encuentra condenado con sentencia firme (art. 18 de la Constitución Nacional) y el derecho a la libertad física, que exige que su limitación se adecúe razonablemente a la meta perseguida por la ley, tal limitación constituye una razonable reglamentación del derecho constitucional de obtener la libertad cuando no media aún sentencia penal condenatoria.

Esto deriva de que la finalidad del proceso penal es -entre otras cosas- la de arribar a la verdad real y aplicar la ley penal sustantiva, por lo que, dentro de ese marco, son justas las restricciones impuestas a la persona del imputado durante su sustanciación porque en ella, sin dudas, se hallan comprometidos no solo el interés individual sino también el social.

En ese sentido, la misma Corte Suprema estableció que, el derecho de gozar la libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto, detención o prisión preventiva, por cuanto son medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional (Fallos 305:1023).

Obedece a que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del inculpado, de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, por ello, ni los Tratados Internacionales contienen disposición alguna que prohíba el encarcelamiento preventivo, limitándose a sentar reglas que sancionan el ejercicio arbitrario de esta potestad estatal (Cfr. arts. 9, 10 y 11, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 9 Declaración Universal de los Derechos del Hombre).

Por otra parte, las limitaciones a los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, con motivo de otros intereses que también cuentan con resguardo, encuentran sustento en otros textos de jerarquía constitucional. La regla procesal consagra una presunción del legislador referida a que que el peligro para los fines del proceso existe siempre que la amenaza penal exceda de cierto límite.

Así, debe entenderse por peligrosidad procesal el riesgo que la libertad del imputado puede entrañar para los objetivos del proceso seguido en su contra (nuestro art. 268 y cctes. del Código Procesal Penal - Ley 4538), esto es, su posible afectación del propósito de descubrimiento de la verdad real -interponiendo obstáculos para su logro- y de actuación de la ley penal sustantiva -impidiendo el normal desarrollo del juicio o el cumplimiento de la pena eventualmente impuesta, al sustraerse de la autoridad- (Cafferata Nores, José I. y Tarditti, Aída, "Código procesal penal de la Provincia de Córdoba comentado", T. 1, pág. 649). Ello constituye la razón fundamental por la que puede denegarse una excarcelación u ordenarse la prisión preventiva del imputado por un delito en relación al cual, por expreso mandato constitucional, debe ser tenido por inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En el supuesto de encarcelamiento preventivo se ha presumido iuris tantum la concurrencia de estos riesgos cuando prima facie mediare un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue. De tal modo, la ley local -idéntica a la vigente en el orden federal (art. 312 ll?f=id&id=L_NAC_LY_23984_1.HTM&t=document-frame.htm&2.0&pdel Código Procesal Penal Nacional) y a las de la mayoría de la provincias (concordancias citadas por Levene en "Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984)", 2ª Ed., Ed. Depalma, pág. 268)-, consagra una presunción del legislador que el peligro para los fines del proceso existe toda vez que la amenaza penal exceda de cierto límite (Cafferata Nores, José I., "Introducción al nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Ley 8.123", Ed. Lerner, 1992, pág. 52).

Según la Sala Penal del Tribunal Superior de Córdoba ("Montero", Sent. 1, 14/2/2005), esta correlación entre el pronóstico punitivo hipotético y la procedencia del encarcelamiento preventivo, encuentra fundamento sólido en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena que se espera de una condena eventual y los medios de coerción aplicables durante el procedimiento, de tal modo que "no se concibe el encarcelamiento preventivo para los procedimientos que sólo tienen por objeto la imputación de un delito no amenazado con pena privativa de libertad...", exigiendo incluso los códigos más modernos "cierta gravedad de la amenaza penal a pena privativa de libertad para condicionar el encarcelamiento preventivo" (Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal", T. I, Editores del Puerto, pág. 528; Cfr. Trib. Sup. Just., Sala Penal, Sent. 76, 11/12/1997, "Aguirre Domínguez"; "Conesa" y "Bianco", cit.). Ello, toda vez que el principio de proporcionalidad decanta en la llamada prohibición de exceso, esto es, que "la pérdida de la libertad como consecuencia de la prisión preventiva sólo sea posible cuando resulta esperable una pena de prisión" (Hassemer, Winfried, "Crítica al derecho penal de hoy", traducción de Patricia Ziffer, Ed. Ad-Hoc, 1995, pág. 121), que es lo que podría acontecer en el sub-examen en el supuesto de eventual condena.

Por su lado, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en el "Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador", parágrafo 93, sentencia de fecha 21 de noviembre de 2007, precisa, en el punto i), que son "...fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia", como también, en el punto ii) que las medidas que se adopten "...sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido", en el punto iii) "...que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto...", y, en el punto iv) que "...sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida".

En autos, no cabe duda en cuanto a que que, dado el delito por el cual debe ser juzgado el imputado, el estado en que se encuentra la causa y el monto de la pena prevista en abstracto por la norma penal, la medida preventiva de restricción de libertad resulta totalmente adecuada a tales exigencias y la única que garantiza acabadamente el cumplimiento del propósito del proceso penal y la aplicación de la ley.

En función a los argumentos que sostienen tal criterio, es acertado concluir que en estos actuados debe mantenerse la prisión preventiva del imputado, en tanto dicha medida satisface los requerimientos normativos que apuntalan la validez del encierro cautelar dispuesto.

Por ello, se arriba a la conclusión que la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada y no resulta irrazonable, ya que aparece como una derivación razonada del derecho vigente en orden a las circunstancias verificadas, que se ajusta a los principios constitucionales que rigen la materia, por lo cual queda fuera del alcance de la doctrina de la arbitrariedad y compatibiliza perfectamente con el art. 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al criterio explicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso citado ("Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador", parágrafo 93).

Dentro de este contexto, no se aprecia que el decisorio atacado haya aplicado o interpretado incorrectamente la ley procesal ni que pueda ser catalogado de arbitrario, ya que expone adecuadamente los fundamentos en que se basa y los mismos no aparecen como desprovistos de contenido, no habiéndose demostrado la inexactitud de sus argumentos, por lo cual, el recurso articulado debe ser considerado como una mera discrepancia del recurrente con lo resuelto, la cual carece de aptitud para provocar su nulificación.

En tales condiciones, de acuerdo a lo adelantado, el recurso deducido debe ser rechazado conforme lo establecido en los arts. 470, primera parte, y 449, tercer párrafo, del Código Procesal Penal, que impone proceder de tal manera al Tribunal de Alzada cuando fuere evidente que resulta sustancialmente improcedente, lo cual puede estar referido tanto a cuestiones de hecho como de derecho procesal o sustantivo planteadas en el recurso (Cfr. Cafferata Nores - Tarditti, Código Procesal Penal, de la Provincia de Córdoba, Comentado, Tomo 2, pág. 393).

Por todo ello, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, reunida en Acuerdo del día de la fecha;



RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de casación de fs. 128/139 vta., con costas.

II- Regular los honorarios profesionales del Dr. José D. Ballesta en la suma de Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200.-) por aplicación de los arts. 4, 7, 11 y 13 de la ley arancelaria vigente.

III- Regístrese. Notifíquese, comuníquese a Caja Forense del Chaco y oportunamente devuélvase estos autos a su tribunal.
ROLANDO IGNACIO TOLEDO, PRESIDENTE - IRIDE ISABEL MARIA GRILLO, VOCAL - MIGUEL ANGEL LUBARY, SECRETARIO



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