Nº 231 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los treinta



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Nº 231 / En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO e IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO, quienes emitirán su voto en ese orden, asistidos por el Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron conocimiento del expediente Nº 5-396/14, caratulado: "SOSA JAVIER GUSTAVO S/ HOMICIDIO", con el objeto de dictar sentencia conforme los artículos 472 y cctes. del Código Procesal Penal.

Seguidamente la Sala Segunda plantea las siguientes



C U E S T I O N E S

1°) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 415/420?

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN, ROLANDO IGNACIO TOLEDO dijo:

I- La defensa particular ataca mediante dicha vía recursiva la sentencia n° 216 obrante a fs. 373/405 y vta., dictada por una de las Salas Unipersonales de la Cámara Segunda en lo Criminal de esta ciudad, en la que -siendo de interés recursivo- se CONDENÓ a JAVIER GUSTAVO SOSA, como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 del Código Penal), a sufrir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN efectiva, accesorias legales y costas.

Concedido el recurso (fs. 421/422 y vta.) y elevadas las actuaciones (fs. 431 vta.) que se radicaron en esta Sala, se imprimió a las mismas el trámite correspondiente, encontrándose en condiciones de dictarse sentencia.

Refiriendo inicialmente al objeto y procedencia de su presentación, como también al cumplimiento de los recaudos legales para su viabilidad, la defensa exterioriza los antecedentes del caso, el hecho que consideró acreditado y la calificación legal que entiende correcta en el art. 35 del Código Penal. Sostiene que la sentencia contiene afirmaciones dogmáticas, sin observar los principios de la sana crítica para condenar por homicidio simple, dando mayor credibilidad a los testigos de oídas que a los presenciales del hecho sin razones suficientes, desestimándose dos de estos últimos: padre y hermana del imputado.

Argumenta que quienes vieron lo ocurrido fueron coherentes en expresar datos del suceso -que componen los requisitos de una legítima defensa- que no se compadecen con los afirmados por el fallo, por lo que califican a éste como arbitrario, falto de fundamentación, contradictorio y violatorio de las reglas de la sana crítica, vicios que -aduce- conllevan su nulidad. Haciendo reserva del caso federal, concluye peticionando se haga lugar a su impugnación nulificándose la sentencia.



II- 1) Se tuvo por acreditado en el fallo que el día 10 de mayo del 2013 en horas de la noche, en inmediaciones de la vereda del domicilio de la Sra. Sandra Fidela Sosa, ubicado sobre la última calle del sector Sur del Barrio Esperanza de General San Martín (Chaco), Javier Gustavo Sosa hincó a Mariano Méndez, con un arma tipo cuchillo de cocina, ocasionándole la muerte.

2) Exteriorizado así el tramo sustancial del hecho histórico fijado por la sentenciante, integrado además con otras circunstancias del mismo plasmadas durante el desarrollo del fallo, se impone responder los atendibles agravios casatorios y practicar un integral control del decisorio puesto en crisis, verificando la debida fundamentación de todas las cuestiones tratadas según lo preceptuado en los arts. 403, 192 y 410 del Código Procesal Penal, en atención a la actual doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v.gr. "Casal...", Fallos C. 1757 XL.; esta Sala in re "González...", Sent. 164/07; "Gauna...", Sent. 79/08 y otras).

3) Habiendo sido examinada detenidamente la tarea impugnaticia convocante, si bien fue formulada como una denuncia por supuestos quebrantamientos de formas procesales, en rigor de verdad, la misma contiene un indisimulable censura de neto corte sustantivo. Y sin perjuicio que la misma, presentada en tales condiciones, no se ajusta a lo que en puridad técnica resulta exigible a los recursos extraordinarios, igualmente, en razón de lo adoctrinado por la Corte Suprema en los casos supra recordados, se procederá a su tratamiento desde tal perspectiva del recurso.

Conforme puede advertirse, el cuestionamiento defensivo remite a determinar si, conforme a la plataforma fáctica que puede extraerse del espectro probatorio producido en autos, el a quo interpretó y aplicó correctamente la normativa de fondo que rechaza el quejoso (art. 79 Código Penal), frente al encuadramiento legal en los términos del art. 35, propiciado con mayor énfasis tanto en los alegatos del debate como en la presentación aquí tratada, con el acompañamiento de argumentaciones direccionadas al art. 34 inc. 6°, ambos del mismo código citado.

Recuérdese que la legítima defensa propia o de los derechos, como causal de justificación prevista en ese art. 34 inc. 6°, autoriza la defensa de bienes propios atacando bienes jurídicos de quien pretende agraviar aquéllos. Se trata de una acción de autoauxilio autorizada por la ley, para resolver situaciones en la que el individuo se ve impedido de recurrir efectivamente a los órganos públicos, cuyos requisitos son: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende (Conf. Fontán Balestra, Tratado Dcho. Penal, T. II, pág. 137 y sgtes.).

En el cuestionado pronunciamiento, aparecen consignadas diversas circunstancias del hecho en el que resultara muerto Mariano Méndez, con basta relevancia penal para decidir la cuestión. Surge así el lugar donde se produjo la herida mortal, esto es en la calle, donde se observa sangre, que en forma de goteo marca un itinerario que culmina en el interior del terreno donde está la vivienda de la víctima (ver acta de constatación, croquis ilustrativo y fotografías), lugar donde finalmente cae y es auxiliada, lo que fue observado mediante luz de linternas por carecer la zona de iluminación artificial.

Puede asimismo establecerse el modo en que se desarrollaron los acontecimientos. Javier Sosa concurre al domicilio de Méndez -donde éste convivía en concubinato con su hermana Sandra Fidela Sosa- por haberse enterado que ésta fue castigada por la víctima (presentó lesiones leves), lo que ocasionó una discusión breve entre ambos; luego, aquél se retira del domicilio siendo seguido por Méndez (superior físicamente: 90 kgs.; 1,80 mts. de altura), quien lo golpea con el puño en la espalda trenzándose en lucha hasta que último nombrado recibe el puntazo letal ejecutado por Sosa.

En función de tales elementos de juicio que pueden verificarse por vías del estudio integral del caso, se impone el entendimiento de que se han configurado los requisitos de la legítima defensa, excedida por la intensificación de la reacción defensiva por parte del imputado, toda vez que por las características del suceso no puede ignorarse la existencia de una agresión ilegítima, como la falta de provocación suficiente por parte del imputado (que evidentemente se retiraba del domicilio), pero con un apreciable exceso en la medida de la necesidad racional del medio empleado.

Frente al recordado golpe de puño propinado por la víctima al imputado y la desproporción física entre ambos, se materializa la utilización de un elemento de punta y filo pero con una intensificación desmedida de esa reacción defensiva, pues hubiera podido ejecutar una acción de menor envergadura lesionando a su contrincante en una zona no vital de su cuerpo, lo cual ya hubiera sido suficientemente disuasiva. En cambio, Sosa reaccionó intensificando innecesariamente la manera de defenderse para evitar el peligro a su integridad física, asestando una puñalada en el hemitórax derecho, tercio superior, intraclavicular que desencadenó la muerte de Méndez.

Ante ello, se advierte que existió una notoria desproporción entre la acción defensiva llevada a cabo por Soto con la que bastaba para concretar con éxito su defensa, superando lo necesario para tal finalidad, habiendo escogido la manera más gravosa, cuando pudo haber optado, o al menos intentado, una de menor cuantía, con lo cual su conducta excedió el marco de la legítima defensa legal.

Ese exceso en que incurriera encuadra dentro de las previsiones del art. 35 del Código Penal, que precisamente tipifica la conducta de quien emplea medios que superan lo que hubiese sido necesario para cumplir con la finalidad justificante prevista, encontrándose dentro de un cuadro objetivo, de agresión ilegítima no provocada, excluyente de la ilicitud penal, tal aquí aconteciera.

En orden a lo expuesto, la sentencia puesta en crisis carece de entidad para ser convalidada integralmente en esta sede casatoria, ya que las particularidades del caso puestas de manifiesto, fueron soslayadas al rechazar la aplicación de esta norma y definir el encuadre legal de la conducta del acusado en el art. 79 del Código de fondo.

En atención al modo en que se resuelve esta cuestión con sustento en los considerandos que anteceden, la atención a otros aspectos defensivamente planteados se torna abstracto, por no subsistir interés en analizar su procedencia en relación a los fines perseguidos. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el tratamiento de la Segunda Cuestión, la sentenciante -entre algunas cuestiones fácticas que analiza- al destacar que Méndez tenía "un interesante tamaño físico", expresa: "no sé si fue irracional la defensa de Sosa, evidentemente hubo una puñalada de por medio"; como también que: "no me caben dudas que el medio utilizado por Sosa resultó excesivo, no solo la defensa de su derecho, sino el medio empleado, ya que un arma es un medio superior del marco de razonabilidad en una discusión como la presente", apreciaciones que a la vez de exteriorizar algún punto de compatibilidad con las conclusiones supra expuestas, reflejan una suerte de incompatibilidad con aquellas que empleara para calificar la conducta del imputado en el delito de homicidio simple, de lo cual no se observa ninguna advertencia en la tarea defensiva bajo tratamiento.

Por lo expresado, me expido por la admisión de la impugnación interpuesta. ASÍ VOTO.



A LA PRIMERA CUESTIÓN, IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO dijo:

Adhiero íntegramente a los fundamentos y conclusión que antecede. ES MI VOTO.



A LA SEGUNDA CUESTIÓN, ROLANDO IGNACIO TOLEDO dijo:

Conforme al resultado de la cuestión supra tratada, corresponde casar la sentencia dictada a fs. 373/405 y vta., por errónea aplicación de la ley penal sustantiva, revocando el punto I) de su parte dispositiva, debiendo calificarse la conducta del imputado JAVIER GUSTAVO SOSA como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO COMETIDO CON EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA (arts. 79 y 35 del Código Penal). A los fines de salvaguardar la garantía constitucional del "doble conforme" (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 8.2.h, de la CADH; art. 14.5 del PIDCP), como la del juez imparcial, deben reenviarse las presentes actuaciones en forma inmediata de efectuadas las notificaciones, al mismo Tribunal de juicio para que a través de otra de sus salas unipersonales y con intervención del Ministerio Público Fiscal, del imputado y su defensor, sea mensurada la pena correspondiente. Asimismo, se declara firme el pronunciamiento en todo lo demás. Sin costas, excepto los honorarios de los abogados Marco Antonio Molero y Gastón Federico Chapo en la suma de Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900.-) para cada uno de ellos, de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes (arts. 4, 7, 11 y 13). ASÍ VOTO.



A LA SEGUNDA CUESTIÓN, ROLANDO IGNACIO TOLEDO dijo:

Adhiero a la decisión que propone la colega preopinante. ES MI VOTO.



Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo precedente, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A Nº 231 /

I- Hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 415/420, casándose la sentencia recurrida, revocando el punto I) de su parte dispositiva, debiendo calificarse la conducta del imputado JAVIER GUSTAVO SOSA como autor penalmente responsable del delito de HOMICIDIO COMETIDO CON EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA (arts. 79 y 35 del Código Penal), declarando firme la misma en todo lo demás. Sin costas.

II- Reenviar las presentes actuaciones en forma inmediata de efectuadas las notificaciones al mismo Tribunal de juicio para que a través de otra de sus salas unipersonales y con intervención del Ministerio Público Fiscal, del imputado y su defensor, sea mensurada la pena correspondiente.

III- Regular los honorarios de los abogados Marco Antonio Molero y Gastón Federico Chapo en la suma de Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900.-) para cada uno de ellos, de conformidad con las disposiciones arancelarias vigentes (arts. 4, 7, 11 y 13).

IV- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese a Caja Forense y, oportunamente, devuélvanse los autos.
ROLANDO IGNACIO TOLEDO, PRESIDENTE - IRIDE ISABEL MARIA GRILLO, VOCAL - MIGUEL ANGEL LUBARY, SECRETARIO

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