N° 01-2013 Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas del siete de enero del dos mil trece, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente



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N° 01-2013

Sesión ordinaria de Corte Plena celebrada a las nueve horas del siete de enero del dos mil trece, con la asistencia inicial de los Magistrados Mora, Presidente; Rivas, Solís, León, Aguirre, Villanueva, Varela, Vega, Ramírez, Arroyo, Pereira, Arias, Calzada, Armijo, Castillo y el Suplente José Paulino Hernández Gutiérrez, sustituyendo al Magistrado Jinesta por vacaciones.

Se deja constancia de que el Magistrado Rueda no asistirá a esta sesión por motivos de salud.

ARTÍCULO I

Documento 14057-2012      

         Se aprobó el acta de la sesión celebrada el 10 de diciembre de 2012, N° 43-2012.

         Las Magistradas León y Calzada y el Magistrado Arroyo se abstuvieron de votar por no haber asistido a esa sesión.

ARTÍCULO II

Documento 11664-2010, 10836-11, 12844-11, 1004-2012

ENTRA EL LICENCIADO JORGE CHAVARRÍA GUZMÁN, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Conforme se dispuso en la sesión N° 44-12 celebrada el 17 de diciembre de 2012, artículo III, se convocó al licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, para continuar con el análisis y discusión al Proyecto de Reforma Constitucional preparado por la Comisión de Reforma Judicial, quedando pendiente de resolver los siguientes artículos:



Artículo 167bis.- El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración de Justicia, adscrita al Poder Judicial. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa.
Es además el encargado en forma exclusiva del ejercicio de la acción penal pública, así como de las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Lo anterior sin perjuicio de las modalidades de la titularidad de la acción penal de que goza cualquier ciudadano, ni de la posibilidad de accionar como querellante en los casos y forma que establezca la ley.
La política de persecución penal estará a cargo del Fiscal General de la República y vincula a todos los funcionarios del Ministerio Público y entes auxiliares.
El Poder Ejecutivo al formular el proyecto de presupuesto asignará al Poder Judicial como un plus de su presupuesto, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público.

Artículo 167 ter.- El Ministerio Público está a cargo del Fiscal General de la República y en sus ausencias del Fiscal General Adjunto. Ambos funcionarios serán nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia por períodos de ocho años; pueden ser reelectos y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los Magistrados de ese Tribunal. Las vacantes serán llenadas por períodos completos de ocho años.
No pueden ser electos Fiscal General ni Fiscal General Adjunto, los que durante los seis años anteriores a la elección, haya sido miembros de los Supremos Poderes; tampoco quienes durante el mismo período hubieran tenido pública y notoriamente militancia política, o quienes hubieran sido condenados por delito doloso mediante sentencia firme.
El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto responden ante el Tribunal Supremo por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por este, mediante votación no menor de tres cuartas partes del total de sus miembros, si se demuestra que han incurrido en las faltas o conductas indebidas tipificados por la ley.
Artículo 2°.- Se deroga el párrafo segundo del artículo 177.
Transitorio I.- A la entrada en vigencia de esta reforma constitucional quienes sirvan los cargos de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, continuarán en su ejercicio por el período para el que fueron nombrados y podrán ser reelegidos.
Transitorio II.- Los Magistrados que a la fecha de vigencia de esta reforma constitucional, no tuvieren la edad señalada en el artículo 160 inciso 4°, mantendrán sus cargos.
Transitorio III.- En el proyecto de Presupuesto de la República, siguiente a la entrada en vigencia de esta reforma, se le asignará al Poder Judicial un quince por ciento del costo total de los órganos y servicios auxiliares y el restante ochenta y cinco por ciento, lo financiará el Poder Judicial dentro del mínimo del seis por ciento constitucional. En el año siguiente la asignación adicional será de un veinticinco por ciento, de manera que el total asignado para ese año, sea del cuarenta por ciento del costo total; en los años siguientes la asignación adicional será de un veinte por ciento, hasta alcanzar el cien por ciento.”
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El licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, en nota de 30 de enero de 2012, formuló las siguientes observaciones de carácter general al Proyecto de Reforma Constitucional:

“Reciba un cordial y respetuoso saludo. En relación a los oficios No. 9465-2011 del 3 de noviembre de 2011 y No. 123-2010 del 11 de enero de 2012 que me han sido enviados, ambos referidos al acuerdo tomado por Corte Plena en sesión No. 32-10, celebrada el 8 de noviembre de 2010, articulo XI, en la que se presenta el proyecto de Reforma Constitucional, con fundamento en lo discutido en la sesión N° 30-10 celebrada el 25 de octubre último, artículo XVII, sobre el Proyecto de Reforma Constitucional, a la organización del Poder Judicial, me permito hacer las siguientes observaciones de carácter general:

1. En relación a las modificaciones propuestas a los Artículos 39, 39bis, 43, 48,100, 121 incisos 9 y 20, 100, 152, 154, 155, 157, 160 inciso 40 y 166, 167 de la Constitución Política, no tenemos ningún comentario que hacer.

2. En lo que respecta a los Artículos 167 bis y 167 ter, nos permitimos someter a su consideración un texto alternativo que contiene algunas modificaciones al texto original, que consideramos importantes para reforzar la institucionalidad del Ministerio Público. El fundamento de las modificaciones sugeridas es el siguiente:

Art. 167 bis

a. Se precisa la naturaleza del Ministerio al indicarse que “Es una institución adscrita al Poder Judicial y complementaria a la administración de justicia penal; dirige y controla funcionalmente la investigación de la policía y garantiza la imparcialidad de los tribunales mediante el ejercicio de su función acusatoria. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa máxima.” Con ello se pretende dejar plasmado a nivel constitucional el principio acusatorio como garantía de la imparcialidad del juez, lo que incide en una modificación del carácter de órgano auxiliar al de órgano complementario de la administración de justicia. Considero que al respecto la doctrina aplicable es pacífica y que además, el carácter que se le da a la institución, se inserta perfectamente en el principio democrático al cual se corresponde de mejor manera, como sabemos, el sistema acentuadamente acusatorio vigente y el rol que en él debe jugar la institución, por lo que además se explicita su función de director funcional de la investigación. Coherente con el principio acusatorio se afirma su carácter de órgano de desconcentración máxima.

b. En el párrafo tercero se sugiere la frase “entes auxiliares a su función” a efectos de una mayor precisión.

Artículo 167 ter:

a. En el párrafo primero se agrega la condición de ser mayores de cuarenta años al Fiscal General y al Fiscal general Adjunto, pues consideramos que ambos funcionarios deben tener una madurez adecuada al puesto.

b. En el párrafo segundo no se introduce ninguna modificación pero se sugiere esta nueva redacción.

c. Se agrega un párrafo quinto en el que se propone el procedimiento para la investigación de denuncias sobre delitos de acción pública interpuestas contra el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.

TEXTO PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 167 bis.- El Ministerio Público es una institución adscrita al Poder Judicial y complementaria a la administración de justicia penal; dirige y controla funcionalmente la investigación de la policía y garantiza la imparcialidad de los tribunales mediante el ejercicio de su función acusatoria. Tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de sus labores y desconcentración administrativa máxima.

Es el encargado del ejercicio de la acción penal pública, así como de las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Lo anterior sin perjuicio de las modalidades de la titularidad de la acción penal de que goza cualquier ciudadano, ni de la posibilidad de accionar como querellante en los casos y forma que establezca la ley.

La política de persecución penal estará a cargo del Fiscal General de la República y vincula a todos los funcionarios del Ministerio Público y entes auxiliares de su función.

El Poder Ejecutivo al formular el proyecto de presupuesto asignará al Poder Judicial como un plus de su presupuesto, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público.

Artículo 167 ter.- El Ministerio Público está a cargo del Fiscal General de la República y en sus ausencias del Fiscal General Adjunto. Ambos funcionarios serán nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia por períodos de ocho años. Deberán ser mayores de cuarenta años, pueden ser reelectos y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los Magistrados de ese Tribunal. Las vacantes serán llenadas por períodos completos de ocho años.

No pueden ser electos Fiscal General ni Fiscal General Adjunto, quienes hubieran sido condenados por delito doloso mediante sentencia firme ni los que durante los seis años anteriores a la elección, haya sido miembros de los Supremos Poderes; tampoco quienes durante el mismo período hubieran tenido pública y notoriamente militancia política

El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto responden ante el Tribunal Supremo por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por este, mediante votación no menor de tres cuartas partes del total de sus miembros, si se demuestra que han incurrido en las faltas o conductas indebidas tipificados por la ley.

Las denuncias por delitos de acción pública dirigidas contra el Fiscal General o el Fiscal General Adjunto de la República serán conocidas por el Consejo Fiscal, en sesión privada, convocada y presidida por el Fiscal Adjunto decano del Ministerio Público. De proceder el trámite, el Consejo designará por votación de tres cuartas partes de la totalidad de los presentes, a uno o varios integrantes de esa cámara para que lleven adelante la investigación.

El Fiscal o Fiscales Adjuntos designados deberán continuar en el ejercicio de la acción penal hasta la finalización del caso, conforme al procedimiento establecido para el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes.”

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Se concede el uso de la palabra al licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República, quien manifiesta: “En primer lugar desearles un año nuevo lleno de paz, tranquilidad, progreso y sobre todo de continuar en el ejercicio constitucional democrático que ustedes realizan todos los días.



He considerado mi deber solicitar a ustedes una breve intervención en las discusiones que en la última sesión de Corte se dieron, sobre la conveniencia de constitucionalizar al Ministerio Público, atendiendo al interés legítimo que como jerarca de ese Órgano debo representar y agradezco en ese sentido la oportunidad que me han dado.

El principio democrático afirmado en diversas resoluciones de la Sala Constitucional, a partir del artículo 1 de nuestra Constitución Política, imponen en nuestro criterio, no solo la necesidad de que “todo el sistema normativo deba ser interpretado con aplicación de los principios que informan ese sistema de vida”, como lo ha afirmado el Presidente de esta Corte, don Luis Paulino Mora, en su artículo “Garantías derivadas del debido proceso”, sino también que, proyectado tal principio sobre la estructura del orden estatal, debe ajustarse en su totalidad a él y, por supuesto, corresponder de igual manera a la propia Constitución que lo articula y que como norma nuclear define la norma de Estado que quiere ser.

Costa Rica inició desde hace mucho tiempo la tarea de democratizar sus instituciones estatales y el Poder Judicial ha sido consecuente en asumir el protagonismo que le correspondía fundamentalmente en la transformación de la justicia penal, propiciando la reforma procesal penal, transformación que, en palabras de Julio Maier, sirvió de modelo para los países centroamericanos y americanos del cono sur, como “espejos reflectores de las instituciones básicas de un Derecho Procesal Penal en principio arreglado al Estado de Derecho”. Esa reforma procesal ajustó la justicia penal al principio democrático, en el tanto que renunciando al sistema inquisitivo propio del autoritarismo monárquico, optó por un proceso penal de tipo acusatorio que, como todos sabemos, es el que más se acerca al sistema político democrático, separando la función de investigar y acusar de la función de juzgar.

Una buena parte de la doctrina ha señalado que la primera ventaja de la atribución de la investigación al Ministerio Público, consiste en el logro de un “adecuado reparto de papeles” en el proceso penal. Al juez le corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por lo que la existencia del Fiscal director de la investigación asegura la imparcialidad del juez y agiliza el proceso penal (GONZÁLEZ CUELLAR).

Por otra parte, se ha dicho que la persecución de los delitos, es susceptible de mayor eficacia gracias a los principios de unidad y dependencia que caracterizan la estructura del Ministerio Público, frente a la independencia difusa propia de los órganos judiciales, pues es obvio que un órgano asentado en todo el territorio nacional, bajo una sola dirección, es más apto para la investigación penal que aquellos que por su propia naturaleza, actúan en forma descoordinada (GONZÁLEZ CUELLAR), lo que justifica, además, la atribución que le da su Ley Orgánica de definir la política de persecución penal.

La separación de las funciones de investigar y juzgar ha provocado que nuestro sistema de justicia penal haya ido asumiendo una asimetría, que creemos en este momento no se corresponde con la Constitución Política, la cual no separó orgánicamente esas funciones, obviamente porque el sistema procesal vigente en 1949 era de corte esencialmente inquisitivo.

Consideramos impostergable de conformidad con el principio democrático, pero sobre todo, para el fortalecimiento y desarrollo de la institucionalidad democrática, conforme al artículo 1 de la Constitución Política, que esa asimetría debe ser solucionada ajustando el texto constitucional, de manera tal que quede contenido en ella, mediante la regulación del Ministerio Público, la separación orgánica de las funciones de investigar y acusar, de las de juzgar. Esto resulta indispensable conforme a la coherencia democrática que caracteriza a nuestro país. Ya gran parte de los países de América Latina, casi todos han avanzado en este sentido, siendo, paradójicamente, nuestro país uno de los últimos que está entrando al abordaje de este tema. El último país que hizo la reforma constitucional fue República Dominicana, precisamente no hace más de 2 años.

Sin duda alguna, que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida tomar la iniciativa en este sentido, anteponiendo la separación democrática de roles orgánicos y la conveniencia nacional al puro ejercicio concentrado de poder, además de culminar de manera natural un proceso pionero que le honra en el continente, confirmará a la ciudadanía la vocación democrática de sus integrantes y su firme convicción en la vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho. Esta Corte se ha caracterizado por ser el pilar democrático, el pilar institucional, que ha sostenido precisamente esta dinámica histórica que nos enorgullece y, en ese sentido, que la Corte sea la que tome la iniciativa para preparar la estructura del sistema de justicia ante los nuevos retos que presenta el siglo XXI la honra.



Es muy importante tomar conciencia del momento histórico en el que estamos y por eso he querido conversar con ustedes, dice Luiggi Ferrajoli en uno de los artículo recientes que leí en México, porque tuve la oportunidad de coincidir con él en una conferencia en México, que el mundo actual tiene la amenaza de tres grandes poderes que son: la amenaza a los derechos fundamentales de las personas y la amenaza a los Estados de Derecho del mundo y esas tres amenazas tienen la característica de ser globalizadas y de ser absolutamente insuficiente el derecho público para alcanzarlos, porque esos tres poderes están funcionando en un espacio en donde no rige ningún ordenamiento jurídico, un espacio económico, un espacio de coincidencia económica, esos poderes son el poder del crimen organizado, que con las organizaciones globalizadas ha contaminado absolutamente la economía del planeta, tanto es así que en la declaración del milenio de las Naciones Unidas del 2001, ya se señaló por parte de este órgano que hace once años era indistinguible cuál capital en el globo provenía de actividades lícitas y cuál capital provenía de actividades ilícitas, para que un órgano como Naciones Unidas diga esto es para que nosotros lo tomemos en serio. Costa Rica está inmersa en una zona en la cual geográficamente nos vemos totalmente incapaces de salirnos de esa influencia, en una zona de control de los cárteles de la droga, desde hace más de cuarenta años, pero el problema más serio no es el tráfico de drogas. Nosotros tenemos tráfico de drogas desde los ochentas, de cocaína, con las organizaciones colombianas, pero la diferencia en la actualidad es que, quienes están actuando son organizaciones mexicanas que agregaron un contenido de violencia que nosotros no conocíamos. México tiene en este momento un tremendo problema, pero es un problema militar, casi de tipo militar, son grupos armados extraídos del propio ejército, que desertaron del ejército, que constituyeron uno de los cárteles más poderosos en este momento. Los Zetas que han desarrollado una mecánica de control del territorio conforme al principio militar; como reacción a este tipo de intervenciones por parte de los Zetas los demás cárteles han recurrido también a ex militares y a ex policías, para establecer una dinámica de violencia que nosotros no conocíamos y que se está extendiendo al sur. Los Zetas pasaron el año pasado a Guatemala y mataron a 29 personas sin siquiera ser detenidos por ninguna autoridad de migración en los puestos fronterizos, ingresaron 7 vehículos, 7 Vans con hombres con AK-47, chalecos antibalas, granadas, pasaron a territorio guatemalteco, preguntaron en una finca donde estaba la persona que andaban buscando, no obtuvieron respuesta y mataron a 29 peones que se encontraban ahí trabajando, les cortaron la cabeza a todos y se retiraron del territorio guatemalteco. Esto que les estoy diciendo no lo leí, esto que les estoy diciendo me lo contó la Fiscala General de Guatemala y a la vez me mostró un video en donde a uno de los fiscales, 4 vehículos lo amarran de las extremidades y lo desmiembran en la plaza del pueblo, a un fiscal. Ella me decía Jorge, ¿dígame si esto no es terrorismo? ¿Cómo enfrentamos nosotros este tipo de fenómenos?

Es una realidad el dominio mexicano del territorio centroamericano. Tengo fotos que me ha enviado el licenciado Gustavo Mata del Organismo de Investigación Judicial y, además, está oficialmente documentado, en los decomisos que se han realizado se han encontrado granadas de mano típicas de las que usan los mexicanos, en decomisos en organizaciones locales de narcotráfico, AK-47, chalecos, uniformes y hemos tenido una dinámica también de muchos sicariatos cometidos con AK-47. Este dato para mí es muy importante, quiero explicárselos, por qué el AK-47 se le llama por parte de los mexicanos cuerno de chivo, es una de las armas más potentes que existen en este momento desde el punto de vista militar. El M-16 que es el arma que utilizó los Estados Unidos en Vietnam no alcanza ni a tener la mitad de la efectividad que tiene el AK-47, un arma rusa, de muchísima demanda a nivel de conflictos militares.

El fenómeno que estamos enfrentando se sale de los patrones anteriores, que además es globalizado, que parte de las estrategias que utilizan los cárteles mexicanos, son estrategias que utilizó la mafia italiana, pero los cárteles mexicanos están aportando nuevos elementos y, además, otro aspecto importante que está integrada a la organización globalizada, la mafia rusa, precisamente gran parte del manejo de armas de este tipo, AK-47, vienen porque fueron extraídas de territorio soviético a través de la mafia rusa.

Este es un fenómeno concreto gravísimo, el problema no es el tráfico de drogas, el problema es la violencia organizada a partir de un específico enfoque militar, porque la escuela que se trasladó a las organizaciones criminales, al trasladarse militares mexicanos a los cárteles, la escuela que se traslado a los cárteles es escuela militar y eso para ustedes es importante traerlo a su conocimiento, para que ustedes puedan tener los elementos de análisis inmediatos de lectura de la realidad. ¿Qué significa eso? que una organización criminal que incorpore elementos militares, lo primero en que se concentra es en el concepto de control territorial y significa también control de las autoridades, es la constitución de un poder paralelo al Estado y es lo que ha ocurrido en gran parte del territorio mexicano. Un poder paralelo que infiltra las principales instituciones del Estado y fundamentalmente las instituciones de justicia para ponerlas a su servicio, garantizando la impunidad y el poder actuar libremente en toda la fase de traslado de las drogas, pero no solo es el control de las redes de las drogas, sino que también estas organizaciones están controlando las actividades de trata y tráfico de personas y las actividades de tráfico de armas, las actividades de tráfico de niños, etcétera.

El segundo poder al que se refiere Ferrajoli que se constituye también en una gravísima amenaza a los derechos fundamentales de las personas del planeta son las corporaciones. Hay un estudio de dos autores que responden al nombre de Larry Elliot y A. Schrocht, dos autores que tienen un libro que se llama “¿Cómo mienten las empresas?” que nos dicen que para el 2004 de las 100 principales economías del globo 51 eran corporaciones, no Estados. ¿Cuál es el problema de estas corporaciones? Es que algunas se han constituido o se transforman en verdaderas empresas criminales y ya tenemos los ejemplos, en Panamá tuvimos muertos por la producción de una pasta de dientes, en donde la empresa sencillamente se dedica a producir productos ilícitos, es decir, incurre en delitos como empresa como corporación y el otro aspecto es cuando el Consejo Directivo comete delitos contra la empresa, pero que tienen tal trascendencia, la afectan de tal manera que esa afectación interna de la empresa tiene repercusiones a lo externo. Como ustedes saben, por las complejísimas relaciones que se dan en las corporaciones transnacionales y el ejemplo es lo que pasó en la crisis reciente en los Estados Unidos, pero ¿para qué quiero traer acá ejemplos de corporaciones de lo que ocurrió en los Estados Unidos o puede ocurrir en Europa o ha ocurrido en el sur de América? y esto lo digo con toda la conciencia de lo que significa, si ya nosotros con solo una de estas corporaciones hemos pasado un terrible predicamento en este Estado democrático costarricense, una sola de esas corporaciones ha puesto en un predicamento terrible al Poder Judicial y Poder Ejecutivo y a todo el país, tenemos los dos males metidos en el país, de ahí que sea tan importante -quiero ser muy vehemente en esto- que el fortalecer la institucionalidad democrática de la justicia mediante la adecuada separación a nivel constitucional de las funciones de investigar y juzgar, y esto también tiene que ver con una imperante necesidad que disminuya la tendencia que los asuntos de gobierno se resuelvan judicialmente, porque el Poder Judicial ha llegado a representar y esto lo dice un autor Girault, de algún modo lo último que resta en la conciencia ciudadana de virtud, de justicia, de ese reclamo de venganza de los sinsabores y los daños que sufren los ciudadanos, es como dice este autor, el Poder Judicial -y en eso lo parangoneo- es lo último que le resta a la conciencia ciudadana, si este Poder Judicial no asume su rol histórico, si este Poder Judicial no toma conciencia de la necesidad de auto limitar su poder, de separar la función de investigar y acusar, hacerlo una realidad constitucional como ya es una realidad procesal, es corresponder con el rol histórico que ha venido siguiendo este Poder Judicial, el cual es consciente de su rol democrático, que siempre ha estado a la vanguardia defendiendo la democracia, haciendo avanzar institucionalmente la justicia.

Ese protagonismo de este Poder Judicial que lo ha convertido en un referente a nivel latinoamericano. En este momento debe ser retomado y preparar al sistema de justicia para estos nuevos y grandes retos que tiene nuestro país.

Creo que debe haber consciencia tanto de ustedes como de nosotros de la importancia ejemplar de esa autorregulación que ha venido ejerciendo el Poder Judicial, porque –repito- particularmente no me satisface mucho que una reforma de este tipo provenga de otro Poder de la República. Soy un funcionario judicial de más de 30 años de servicio, orgulloso de este Poder Judicial y creo que es al Poder Judicial a quien le corresponde asumir ese protagonismo y deber histórico que tiene hoy con la comunidad. Son muy graves las amenazas, no son ficciones, hay doctrina suficiente a nivel jurídico internacional, hay bastante información a nivel internacional, la realidad actual puede ser fácilmente graficada a través de los organismos públicos de investigación como INTERPOL, Organismo de Investigación Judicial, entre otros, de manera tal que no estamos hablando de amenazas fictas, son amenazas reales y la mejor manera de preparar al país es separar al Ministerio Público prudentemente de la función de juzgar.

La tercera gran amenaza que nos señala Ferrajoli es precisamente la corrupción, y se ha convertido en una amenaza para el ciudadano común de este planeta, una amenaza tan grave como la de los cárteles de la criminalidad organizada o la amenaza de las corporaciones.

La utilización del sistema democrático para provocar el beneficio personal hasta la utilización de los sistemas de lavado, porque exactamente los mismo patrones de lavado que usan los criminales organizados, la usan los políticos y funcionarios corruptos, pareciera que recurrieran a los mismos asesores profesionales, porque le recomiendan usar el mismo sistema de cuentas, hacer las transferencias de la misma manera, entre otros, por eso es que Naciones Unidas en el 2001 señalaba que era indistinguible a ese momento cuál capital del planeta provenía de fuentes lícitas y cuál capital de fuentes ilícitas.

No hay distinción entre un criminal organizado, un criminal corporativo y un corrupto, son exactamente igual de peligrosos y amenazantes para las democracias y para los derechos individuales de las personas.

De esta manera considero que el Poder Judicial costarricense realmente podría generar un remanso de esperanza para el país, y vuelvo a citar a Girault, porque el Poder Judicial representa de algún modo lo último que le resta en la conciencia ciudadana de virtud, de justicia, de ese reclamo de venganza, de los sinsabores y daños que sufren los ciudadanos. Tomar conciencia de esto, autorregularse en el sentido de fortalecer el rol protagónico del Ministerio Público, me parece es fundamental. Nosotros no podemos seguir como Ministerio Público tan debilitado que a través de una legislación ordinaria, cualquier diputado de la noche a la mañana nos puede cambiar, en lo poquito de fortaleza que tenemos en nuestra Ley Orgánica, el legislador ordinario que con una figura de Fiscal General que se ha vuelto tan politizada, una figura de Fiscal General totalmente expuesta, solo el año pasado fui llamado cerca de tres veces a la Asamblea Legislativa a comparecer y no me molesta porque es parte del juego democrático, pero sí denota que si hubiese un solo diputado que lograra en ese momento coyuntural tener el apoyo de una mayoría, cambian al Ministerio Público y cambian las reglas de juego de elección del Fiscal General, entre otros, de ahí surge esa gran necesidad, no solo de las amenazas externas e internas por la posición que tiene el Ministerio Público.

En este momento está regulado exclusivamente por ley, creo que debe garantizarse que ese Ministerio Público no puede ser tocado por el legislador ordinario y que tenga el Fiscal General el rango de miembro de los Supremos Poderes de la República, al fin y al cabo es el Fiscal General el que tiene que acusar a los integrantes de los Poderes de la República, al menos debería tener su mismo rango, pero sobre todo más que este aspecto es el de protección del órgano desde el punto de vista constitucional para que cualquier reforma se dé de manera calificada.

Es importante también para el Ministerio Público prever en relación a su Fiscal General algún tipo de inmunidad y ya está la propuesta en el proyecto. Cuando nosotros hicimos lectura del proyecto notamos algunas debilidades que considerábamos importantes hacerle observación y una de esas debilidades es ¿qué ocurre en caso de que el Fiscal General sea acusado? Nosotros estamos proponiendo que si eso sucede, precisamente para mantener la independencia funcional del Ministerio Público, sea el Consejo Fiscal quien desde su seno designe al Fiscal que habrá de llevar la investigación y que ese Fiscal rinda cuentas al Consejo Fiscal y no al Fiscal General, el Fiscal General quedaría totalmente separado de la investigación, mientras se lleva adelante la investigación en su contra y quien actuaría entonces ante los órganos jurisdiccionales serían estos fiscales designados por el Consejo Fiscal formalmente, es darle una nueva atribución más importante y trascendente al Consejo Fiscal, que en este momento no tiene un rol más de asesor de la figura del Fiscal General.

Recientemente y a raíz de una denuncia que se ha presentado contra la Presidencia de la República, la prensa me abordó y me preguntaron si me inhibiría de conocer de esa denuncia que está presentada en este momento y tomamos conciencia un grupo de fiscales que nos reunimos para analizar el punto, que hay una terrible ausencia en la Ley Orgánica en relación con las causales de inhibición, no por las causales en sí, siguen siendo las mismas, la de inhibición o recusación, el problema no es ese, el problema es que en el esquema actual, yo como Fiscal General soy el que tengo las atribuciones de acusar a miembros de los Supremos Poderes, pero no sé por qué razón en la Ley Orgánica actual se eliminó al Fiscal General Adjunto. Al eliminarse no puede delegar ni me puede sustituir el Fiscal Subrogante, porque el Fiscal Subrogante solo sustituye en ausencia al Fiscal General, pero en el trámite ordinario, en la gestión ordinaria diaria no puede sustituir porque no hay Fiscal General Adjunto, no existe, lo que existe es un Fiscal General Adjunto 2 que asumió las funciones que tenía este Fiscal General, pero no con el mismo alcance de mando, porque obviamente no tiene regulación legal sino por la delegación que haga el Fiscal General, al no estar regulado en la ley el Fiscal Adjunto 2 hace solo lo que el Fiscal General le asigna como parte de la delegación. Este es un tremendo vacío que hay que corregir, se requiere un Fiscal General Adjunto, ya sea porque se ha acusado al Fiscal General, porque tiene que inhibirse, sea recusado, en todas estas posibles situaciones urge un Fiscal General Adjunto.

Creo que he agotado lo que tenía que decirles. Señor Presidente, me pongo a su disposición y a la de los señores Magistrados y señoras Magistradas, para evacuar o escuchar cualquier pregunta o comentario”.

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