Mesa 2: Representaciones estéticas del pasado reciente Coordinadores y relatores



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Mesa 2: Representaciones estéticas del pasado reciente

Coordinadores y relatores: Gustavo Aprea y Patricia Flier

Aguilar, Paula (UADER / CONICET) Estética, representación, memoria. Intervenciones de la Revista de Crítica Cultural en el caso chileno.

Alatsis, Gabriela (UBA/ IDAES – UNSAM) y Dios, Alicia (UBA) Galerías de arte en la última dictadura militar (1976-1983)

Casale, Marta Noemí Rosa (UBA) El exilio político como resultado de las políticas represivas de la última dictadura militar (1976-1983): análisis del film Cuarentena, exilio y regreso, de Carlos Echeverría.

Eberhardt, Camila (Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul) A Morte Do Leão Na Escola Estadual De Ensino Fundamental Justino Alberto Tietboehl.

Fernández, Clarisa (IDIHCS / CONICET / UNLP) Reflexiones en torno a otras historias recientes en las prácticas estéticas contemporáneas.

Iglesias, Federico (UNGS) La fotografía en la reconstrucción del pasado reciente. Análisis de la foto: El dictador Videla reza en una misa en la Capilla Stella Maris, 1981, de Eduardo Longoni.

Sánchez, Silvina (UNLP / CONICET) “La innegable experiencia del presente”. Figuraciones de la pobreza en la narrativa de César Aira.

Saraniti, Mariana (UNGS) El acercamiento de la FJC a los jóvenes durante el Proceso (1976-1983): el caso de la revista Vamos! Al Tiempo Joven. Entre el consenso a la dictadura y la formación de un estereotipo de juventud.

Estética, representación, memoria. Intervenciones de la Revista de Crítica Cultural en el caso chileno


Paula Aguilar

Pertenencia institucional: UADER-CONICET

Palabras clave: posdictadura chilena - memoria - Revista de Crítica Cultural

Introducción


Uno de los objetivos de mi trabajo doctoral es leer la obra narrativa del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003) como una intervención en los debates de la posdictadura en el Cono Sur, en torno a los usos y significaciones de la memoria, la imposibilidad de la amnesia, el duelo, la melancolía, las derrotas y el mal que se desarrollan en el campo literario e intelectual de la posdictadura.

Para contextualizar la obra de Bolaño en los debates abiertos a partir de la dictadura chilena de 1973 es necesario explorar el escenario chileno de la dictadura y la posdictadura para delinear los avatares de la memoria en el campo cultural y literario. En este sentido, realizaré un breve recorrido por el panorama que, en el Chile de los 90, instaura la “democracia pactada” entre los miembros todavía activos del régimen y los partidos de la concertación. A partir de la lectura del denominado Informe Rettig y de las intervenciones de la Revista de Crítica Cultural se indagará acerca de la problemática de la memoria en el contexto de la Concertación chilena, donde se articula una “memoria limitada” que busca la reconciliación (Informe Rettig). A ella se enfrenta la Revista de Crítica Cultural que apuesta a subvertir las representaciones reduccionistas del pasado reciente.


La memoria en la democracia ‘pactada’


El fin de la dictadura en Chile presenta particularidades dentro de los procesos democratizantes experimentados en el Cono Sur, en el marco de las denominadas “transiciones conservadoras”1 sujetas a condiciones según los acuerdos que en mayor o menor medida se establecen entre las cúpulas militares y las civiles o partidarias, como señala Ansaldi para el caso chileno.2 A fines de la década del 80, comienza la denominada “democracia pactada” o “democracia limitada” a partir del Plebiscito Presidencial de 1988 que decidirá el destino de Augusto Pinochet. El objetivo fue conseguir el apoyo popular que convertiría a Pinochet en el primer presidente civil. La Junta Militar accede a la posibilidad de un régimen democrático en el que se mantiene el marco político y legal –que le es favorable– de la Constitución de 19803, avalada por los partidos políticos de la transición. El resultado del Plebiscito fue de 44,01% por el “Sí” y 55,99% por el “No”.4 La victoria de la ‘Concertación de Partidos por el No’ no significó, sin embargo, la derrota de Pinochet. Su continuidad en la escena política (Senador vitalicio y Comandante en Jefe del Ejército) debilita la idea de un Chile en democracia plena.

Después de la dictadura se establece un régimen derivado de la propia dictadura, que es la democracia tutelada o nominal. Démosle el nombre que queramos, pero en el fondo no es un régimen democrático que cumpla con los requisitos mínimos que para tal efecto ha definido la humanidad. En Chile la Constitución y las leyes no son el producto de la voluntad popular. Además la dictadura dejó amarrado un conjunto de leyes que en virtud del sistema electoral, que ella misma impuso, se hacen prácticamente imposibles de ser modificadas. 5

La ‘transición’ estimula una revisión crítica del pasado, tarea que oficialmente en Chile se reduce a los llamados “pactos para la reconciliación”. De hecho, el entonces presidente Patricio Ailwyn establece, en 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la cual publica el documento conocido como Informe Rettig6. En este texto se esquiva la revisión del pasado traumático, en pos de un presente sin conflictos para un futuro prometedor: A modo de prólogo justificativo, el “Exordio” presenta el Informe en los siguientes términos:

“La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación cuyo objeto ha sido contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos.” 7

En los dos primeros párrafos la palabra “reconciliación” aparece cuatro veces y más adelante explica:

La labor de la Comisión era establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines políticos.8

El informe analiza el contexto del golpe militar en términos de una bipolaridad extrema, un enfrentamiento político que instaló un estado de crisis en la sociedad chilena. Esta polarización facilita, en la transición democrática, la coexistencia pacífica entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Carlos Ruiz 9 analiza lo que él denomina el “estilo elitista, tecnocrático y consensual de la democracia en la transición” a partir de la Comisión Rettig:

…el hecho que se incluya en la definición de las violaciones a los derechos humanos también a actos terroristas me parece sintomático de este espíritu ecléctico y consensual que equipara lo que fueron crímenes perpetrados desde el estado militar con actos de resistencia frente a un poder dictatorial…

Al equiparar la culpabilidad entre “actos terroristas” y crímenes dictatoriales se aplana todo conflicto inherente a la elaboración de un pasado doloroso. Además, como explica Alejandro Kaufman, la distinción entre lucha armada y lucha no armada no tenía de ningún modo el sentido que hoy en día le conferimos y “la represión exterminadora tiñe a la memoria de la lucha armada con las marcas del horror”10. La memoria de la reconciliación evade toda responsabilidad, a través de una simbólica aceptación de las violaciones contra los derechos humanos durante el gobierno militar. Es interesante comparar con el caso argentino: el primer gobierno democrático postdictatorial posibilita la creación de la Conadep, el informe conocido como Nunca Más y el posterior juicio a las Juntas Militares. En la llamada teoría de los dos demonios se homologa la violencia polarizada de las Fuerzas Armadas y la guerrilla, entre las cuales la sociedad se asume como víctima inocente de un enfrentamiento que no buscó, del que no participó. Este relato anclado en la memoria del Nunca Más oficializó el pasado dictatorial a la luz de la lucha de los organismos de derechos humanos y las posibilidades jurídicas de procurar justicia ante lo sucedido.11 Como ejemplifica Florencia Levín

(la fiscalía) durante el Juicio a las Juntas, que eligió no mencionar la participación política de las víctimas para reforzar el argumento de la violación, por parte de los militares, de los derechos humanos universales.

En cambio, la sociedad chilena se conforma con admitir que estos hechos ocurrieron; el marco legal y político del país impide la realización de juicios.12 Memoria y justicia sólo conviven en el plano simbólico, lo que requiere un estado de alerta frente a las políticas de la memoria.

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