Mecanismos de defensa y cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos



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Mecanismos de defensa y cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Edwin Armata.03.2013



1. Mecanismos Nacionales: Acciones de defensa.

“Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección” (CPE. Art. 109. I)

“La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna” (CPE. Art. 113. I).

a.) Acción de libertad.

Interpone esta acción toda persona cuando considere que su vida está en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal. Deberá presentar esta acción ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad (CPE. Art. 126, LTCP. Art. 66).

“Es una acción constitucional extraordinaria de tramitación sumarísima que tiene por objeto la garantía, protección de tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión” (LTCP. Art. 65).

La autoridad competente, juez o tribunal, una vez aceptada la Acción de Libertad señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la Acción. La audiencia no podrá suspenderse bajo ningún pretexto (LTCP. Art. 68).

Si la tutela fuese concedida, se dispondrá la cesación del hecho, acción y omisión que pone en riesgo o atenta contra la vida, así como los mecanismos idóneos para su resguardo (LTCP. Art. 71).

Si la acción fuera declarada procedente, el servidor público o personas particulares accionadas serán condenadas a la reparación de daños y perjuicios (LTCP. Art. 72).



b.) Amparo Constitucional.

Esta acción tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. (CPE. Art. 128).

La acción de Amparo Constitucional se interpondrá ante cualquier juez o tribunal competente, en un plazo máximo de seis meses a partir de la vulneración de los derechos de la persona (CPE. Art. 129).

La Acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta por:



  • toda persona natural o jurídica que sea afectada, o por otra a su nombre.

  • Autoridad correspondiente.

  • Defensoría del Pueblo sin necesidad de poder.

  • Procurador General del Estado. (LTCP. Art. 75).

Esta Acción será presentada por escrito, indicando el nombre y dirección de la persona demandante; exponer claramente los hechos; identificar los derechos o garantías que fueron vulnerados; acompañar con pruebas; expresar claramente la tutela que solicita para restablecer los derechos o garantías restringidos, suprimidos, amenazados o vulnerados (LTCP. Art. 77).

La autoridad competente dictaminará una resolución. Si fuese positiva, la resolución ordenará la restitución y la tutela de los derechos y garantías restrigidos, suprimidos o amenazados, y podrá determinar la responsabilidad civil y penal del demandado (LTCP. Art. 80).



c.) Acción de Protección de Privacidad.

Esta acción podrá ser interpuesta por las personas, de forma individual o colectiva, que son indebida o ilegalmente impedidas de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación (CPE. Art. 130. I.)

Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado. (CPE. Art. 131).

La Acción de Protección de Privacidad podrá ser interpuesta por:



  • Toda persona natural o colectiva que se considere afectada, o por un representante legal.

  • El Defensor del Pueblo. (LTCP. Art. 83).

Al igual que la anterior Acción deberá ser presentada por escrito, siguiendo los procedimientos arriba indicados (LTCP. Art. 84).

Si la resolución fuese favorable al demandante, se ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyos registros fueron impugnados. (LTCP. Art. 86).



d.) Acción de Cumplimiento.

Esta acción puede ser interpuesta, ante juez o tribunal competente, en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el fin de garantizar la ejecución de la norma omitida (CPE. Art. 134. I.).

Al igual que la anterior Acción deberá ser presentada por escrito, siguiendo los procedimientos arriba indicados (LTCP. Art. 91).

La resolución que concede la Acción ordenará el cumplimiento inmediato del deber omitido y, cuando corresponda, determinará la responsabilidad civil y penal del demandado (LTCP. Art. 93)



e.) Acción Popular.

La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución (CPE. Art. 135).

Esta acción podrá interponer cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, pero de manera obligatoria tiene que interponer el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo (CPE. Art. 136). No hay plazo de vencimiento para interponer esta Acción (LTCP. Art. 96).

Al igual que la anterior Acción deberá ser presentada por escrito, siguiendo los procedimientos arriba indicados (LTCP. Art. 98).

Las acciones de Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, de Cumplimiento y la Acción Popular podrán interponerse:


  • Capitales de departamento: ante la sala de turno de los tribunales departamentales de justicia o a los juzgados públicos de materia.

  • Las provincias: ante los juzgados públicos o juzgados públicos mixtos. (Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Art. 58).

El plazo máximo para interponerse esas demandas es de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial (LTCP. Art. 59).

El juez o tribunal, una vez admitida la acción interpuesta, podrá determinar medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de la amenaza de restricción o supresión del derecho o garantía en que se funda el recurso (LTCP. Art. 60).



f.) Acción de Inconstitucionalidad.

Cualquier persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tiene derecho a presentar la acción de Inconstitucional (CPE. Art. 132). La sentencia emanada por el Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos (CPE. Art. 133).

Las acciones de inconstitucionalidad proceden como:


  • Acción de Inconstitucional de carácter Abstracto.

  • Acción de Inconstitucionalidad de carácter Concreto.

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional será competente para conocer y resolver las Acciones de Inconstitucionalidad (LTCP. Art. 102).

f.1. Acción de Inconstitucionalidad Abstracta.

Este tipo de Acción procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que pueden resultar contrarias a la Constitución Política (LTCP. Art. 103).

Los que pueden interponer esta Acción son:



  • Presidente del Estado Plurinacional.

  • Senadores o diputados.

  • Asambleístas Departamentales o Concejales Municipales.

  • Máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas: Gobernador o Alcalde.

  • Defensor del Pueblo (LTCP. Art. 104).

El plazo para dictar sentencia es de 30 días (LTCP. Art. 106).

f.2. Acción de Inconstitucionalidad Concreta.

Esta Acción procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una Ley, estatuto Autonómico, Carta Orgánica, Decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos (LTCP. Art. 109).

Los jueces, tribunal o autoridad administrativa podrán promover esta Acción. El plazo para dictar sentencia es de 30 días (LTCP. Art. 114. II).



2. Mecanismos Internacionales: Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) con las obligaciones contraídas.



a.). Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. La Comisión está integrada por siete miembros/as independientes, expertos/as en derechos humanos, que no representan a ningún país y son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA.



Una Secretaría Ejecutiva permanente con sede en Washington DC, Estados Unidos, le da apoyo profesional, técnico y administrativo a la Comisión.

b.). Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte IDH, instalada en 1979, es un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Americana. La Corte IDH tiene su sede en la ciudad de San José, Costa Rica y está compuesta por siete jueces/zas elegido/as a título personal, provenientes de los Estados miembros de la OEA. La Corte IDH tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos, en particular, a través de la emisión de sentencias sobre casos y opiniones consultivas.


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