Matilde Rodriguez ceipil 2007 reforma del estado y calidad institucional



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Matilde Rodriguez

CEIPIL

2007


REFORMA DEL ESTADO Y CALIDAD INSTITUCIONAL

En la historia reciente de las sociedades latinoamericanas, en las dos últimas décadas del siglo XX se produjeron cambios que condujeron a implementar lo que conceptualmente se llamó “Reforma del Estado” .Estos cambios de gran amplitud fueron desencadenados por un conjunto de factores internos y externos. Entre estos últimos debemos mencionar: las sucesivas crisis internacionales a partir de mediados de los años 80´, la presión de las agencias multilaterales como el FMI., el Banco Mundial, los avances del proceso de globalización. Con respecto a los otros deben señalarse la interactuación de las elites dirigentes nacionales en la selección y ejecución de los objetivos identificados como prioritarios.


La tal “reforma de estado” se tradujo en un conjunto de transformaciones de un proceso complejo. En nuestro trabajo vamos a tomar de esa reforma la operada en la justicia. Dentro de este marco, la intención de este trabajo es analizar el grupo de reformas operadas tendientes a materializar el estado de Derecho en este proceso de profundización del régimen democrático. En una primera parte trataremos de vincular la democracia con el estado de Derecho. Luego indagar las transformaciones operadas por la reforma judicial y los éxitos y fracaso de la misma. Luego trataremos de ver cuales son las limitaciones que operan en el estado de Derecho en Argentina y que se proyectan en las restricciones de la propia democracia.
Democracia y estado de Derecho
La preocupación por la vigencia del estado de derecho en las democracias latinoamericanas, es una cuestión relativamente nueva. Surge luego de una primera etapa de interés en los estudios sobre transición respecto del acceso al gobierno y las características del régimen político. El análisis del proceso de transición condujo a modificar la relación entre derecho y política considerando al derecho supeditado a la política, esto es invirtiendo la relación anterior. Las nuevas democracias muestran que una vez logrado el procedimiento de acceso al gobierno a través de elecciones libres las características del gobierno democrático se tornan problemáticas. Porque aparecen temas que van más allá de la forma en que se accede al gobierno y ponen en cuestión al gobierno, al estado, a los poderes del estado y a las instituciones que los expresan. Es en este marco en que la relación entre el derecho, los derechos y la política, o sea la vigencia del estado de derecho se convierte en un tema que excede la preocupación jurídica y recibe atención por parte de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular.

Si bien parecería que democracia y estado de derecho mantienen una relación indisoluble, lo cierto es que cuando ahondamos en diferentes concepciones de una y otro descubrimos que el vínculo no es tan claro, y una amplia tradición de discusión sustenta posiciones divergentes. Desde nuestra perspectiva la democracia incluye a los individuos como sujetos jurídicos o personas legales y esto los configura como ciudadanos/as portadores de derechos y también de obligaciones, al atribuírsele autonomía y por tanto responsables de sus acciones.



Estado de Derecho
El estado de Derecho es tomado como dimensión del proceso de democratización surgido luego de la finalización del régimen autoritario. La relevancia del mismo está dada, en palabras de O´Donnell (2001) en que “contribuye a la estabilidad de las relaciones sociales” y también en otorgarle “igualdad a los sujetos jurídicos”, dado que entiende un espacio donde la ley es aplicada por las instituciones del Estado, sin discriminaciones de clase, estatus, género, y en la formación de “agentes autónomos y responsables”.
El estado de derecho es un concepto básico y ha sido analizado tanto por la teoría jurídica como política contemporánea en los países desarrollados. Sin embargo, en América latina no es un tema que haya sido analizado en profundidad, tanto en sus fundamentos como en su contribución a la consolidación de las democracias.

Argentina es un país cuya emergencia democrática se produjo en un contexto de crisis económica, social y política. Esta situación contribuyó a que dicha transición se desarrollara en una realidad conflictiva que tuvo como expresión la interrupción de dos gobiernos antes de finalizar su período constitucional1. En ese marco complicado queremos resaltar el aporte realizado por Aníbal Pérez-Liñán (2003) quien señala que “al menos en el corto plazo, el principal desafío para la gobernabilidad (…)” pareciera ser producto de “la amenaza del alzamiento popular en un contexto de insatisfacción con el funcionamiento de las nuevas democracias”. Democracia que en Argentina desde varios aspectos se la ve condicionada, expresada en la desigualdad, marginación, pobreza, clientelismo, corrupción y también en un serio retroceso del Estado de derecho como constata Garzón Valdez (2001:34)


La necesidad de integrar al tema de la reforma del estado con el proceso de institucionalización del estado de derecho que reconozca la “variable ciudadano/a”, está dada porque el estado de derecho es la institucionalización jurídico-política de la democracia. Conviniendo que la razón de ser del estado de Derecho es la protección y efectiva realización de los derechos fundamentales. Con lo cual estamos señalando que existen demandas que deben ser incorporadas al orden jurídico, que deben hacerse efectivas y que deben existir garantías institucionales en caso de incumplimiento, por parte de decisiones judiciales independientes que establezcan una relación estable entre comportamiento humano y prescripción normativa. Si se quiere desde la perspectiva de derechos humanos, entendemos que los fines y objetivos plasmados en la constitución y en las leyes sólo pueden solucionar problemas reales si hay un sistema judicial que funcione, haciendo efectivo el Estado de derecho.
Reforma del estado en Argentina
La reforma del estado se tradujo prioritariamente en modificaciones y transformaciones orientadas desde el credo neoliberal. Sin embargo siendo como es, un país de débil institucionalidad entendemos que se consideró necesario conducir esas transformaciones hacia un horizonte de avance de la democracia y del Estado de Derecho, como ser la reforma constitucional.

Por tanto se produjo en términos generales la recreación de un Estado minimalista pretendido por el radicalismo neoliberal. Queda por considerar si tales modificaciones fueron destinadas a efectivizar la eficiencia de las organizaciones estatales, específicamente en el sistema judicial. En este trabajo trataremos de analizar la dinámica político-institucional de la reforma judicial producida en Argentina, en relación a la efectivización del estado de Derecho.



Reforma Judicial
Según el analista Carlos Acuña (2002) el sistema judicial de América Latina tiene por características: ser ineficiente, corrupto, dependiente de la voluntad del Poder Ejecutivo. Tales elementos distintivos lo fundamentan como un poder que no asegura la igualdad ante la ley y en consecuencia afecta el estado de Derecho. Y el sistema judicial argentino se encuentra en las generales de la ley. A las que podemos agregar:

  1. desactualización normativa

  2. insuficiente recursos humanos con la calificación requerida

  3. modelo judicial burocrático

Estos atributos no son recientes porque según A. Binder, los mismos son funcionales al autoritarismo y atravesaron de manera indemne casi dos siglos manteniendo las mismas particularidades.


Pero a finales del siglo XX la conjunción del corte institucional, las violaciones a los derechos humanos, la emergencia democrática, más la reforma del Estado orientada a la entrada de capitales externos, se orientaron hacia demandas encaminadas a producir la reforma judicial. Demandas articuladas desde el frente interno, por instituciones tales como FORES, CEJUS, etc., e internacionales como el banco Mundial. Estos dos grupos si bien alentados por diferentes motivaciones, entendían que el mejoramiento del funcionamiento judicial era imperativo en la emergencia democrática.
Esos cambios se materializaron en: nuevos juzgados, más personal, creación del consejo de la magistratura, modificación del proceso de selección de jueces, reforma constitucional donde se incorporaron diferentes tratados Internacionales como nuevos derechos otorgándoles estatus institucional.

Luego de estas reformas, y como se advierte en algunos titulares2 la justicia sigue siendo objeto del requerimiento de transformación, dado que continúa ofreciendo muestras de corrupción, oportunismo y partidización y en un contexto de fuerte desigualdad continua perpetuándola, legitimando relaciones de desigualdad y dominación. Como lo expresa el politólogo argentino G. O´Donnell (1998:12) existe en el país una larga tradición “de ignorar la ley o, al reconocerla, de torcerla a favor del poderoso y para la represión o contención del débil”.


Estos actos han configurado una profunda divergencia entre el orden normativo y la realidad. Lo cual es producto de serios problemas políticos y sociales que en otras oportunidades han terminado con la falta de vigencia de la Constitución, aunque esta recién terminara de ser modificada.
Una de las consecuencias de la reforma jurídica llevadas a cabo en Argentina desde el derecho ha sido la modificación y promulgación de nuevas normas. Esas nuevas leyes a veces son sindicadas como responsables de ocasionar una de las deficiencias mencionadas: la desactualización normativa. Tanto que a veces algunos profesionales dicen tener dificultades para identificar el orden jurídico vigente en Argentina. Este ordenamiento es de por si complejo, pero además como reconoce el jurista Fucito (2000) asistimos casi todos los años a una “manía legisferante”, donde se promulgan muchos dispositivos legales.
Otra dimensión de esa reforma tuvo entre sus objetivos la Administración de Justicia. La relevancia de ese espacio está dada por ser la institución básica para la protección de los derechos establecidos en la Constitución nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Dentro de este marco la justicia es una estructura organizacional que opera bajo un complejo marco institucional. De allí que la analicemos no solamente basados en la legislación formal o en la declaración de las autoridades formales. Sino que le incorporamos la voz de los actores y los intereses subyacentes tanto formales como informales3.
La estructura subordinada al Poder ejecutivo y organizada con las líneas jerárquicas burocráticas y que la lleva a asumir la actividad judicial como una actividad administrativa de la Administración de Justicia argentina son características históricas (Pederzoli y Guarnieri, 1999). Pero la ineficiencia, la ineficacia y la falta de independencia se radicalizan en la década de los ´70 del siglo XX.
La recuperación democrática mostró que el sistema judicial argentino continuaba brindando demoras4 y corrupción5. Estos sondeos mostraban la pérdida de respeto de la sociedad en sus tribunales, producto de años de negligencia, de generaciones de gestos complacientes con el status quo por parte de los más altos magistrados (Mendez, 2002:224). Las deficiencias del sistema calificadas como “crisis crónica”, evidenciaban la necesidad de producir reformas. Esto es, al igual que como ocurrió con otras instituciones de la Argentina, en ese período el desempeño del poder Judicial fue fuertemente cuestionado. Situación causada por el reclamo de la vigencia de los derechos humanos y la sanción a los responsables de sus violaciones. Una muestra de la necesidad de reformas lo muestran las encuestas relevando “la confianza en la Justicia”6. Esta situación hizo crisis en la década del 90 y se tradujo:

  • en cuestionamientos políticos a los jueces (incluyendo denuncias de corrupción) 7

  • denuncias sobre la lentitud en el manejo de los casos8,

  • elevados costos de los juicios, ausencia de profesionalización de la magistratura9, etc.

A ese estado de cosas se le sumaron las trasformaciones macroeconómicas operadas en ese período, todo lo cual mostró en el ámbito internacional la necesidad de producir reformas en el derecho y la justicia a fin de comprometerlos en el proceso de cambios y reformas, tendientes a modernizar el derecho. Una de esas causas estuvo dada por la inclusión de los tratados internacionales en la reforma Constitucional, lo cual produjo como correlato la inclusión de nuevos sujetos legitimados (i.e. las mujeres)
La reforma entre otras cosas incluyó una mayor inversión en justicia10 que sin embargo no ha logrado aumentar la efectividad de la misma, y no lo ha logrado por cuanto los problemas son estructurales11. Mientras tales programas de reforma mostraron que las ramas judiciales y quienes las conducen eran particularmente resistentes al cambio, tales cambios priorizaron la organización y la infraestructura, incluyendo sistemas computarizados y personal adicional, pero no más profesionalizado.
Es por ello que estas reformas junto con algunas más, están lejos de producir beneficios, según Vargas Vianco. (2001) A veinte años de reformas, estas se han mostrado insuficientes o por lo menos moderadas, comparadas con las expectativas que las mismas habían producido. Estos resultados se constatan en la falta de progreso de las reformas y a partir de problemas que permanentemente suceden12.
Otro motivo por el cual la reforma no ofrece muestras de optimización del sistema, se encuentra en que los encargados de viabilizar el proceso son los abogados, los cuales privilegian los aspectos jurídicos involucrados y relegan a un rol muy secundario los de la aplicación práctica de las instituciones. Esto es, el fetichismo normativista, que indica que la realidad debe amoldarse a las leyes, perspectiva que todavía se impone en estos temas. Situación que contribuye por ejemplo al “predominio del procedimiento escriturario” y al exceso de trámites (Cavagna Martinez et l.1994).
Una mirada más pesimista es la del politólogo Carlos Acuña quien adelanta que “la dirección esperable de los procesos de reforma judicial (en los países de la región latinoamericana) es la de consolidación de democracias con sistemas judiciales ineficientes, ineficaces, excluyentes y subordinados al Ejecutivo” (Acuña, 2002). Este juicio lo sustenta porque entiende que una reforma judicial requiere contemplar otros elementos esenciales, como ser “cambios en el Ejecutivo”. Si uno de los supuestos de dicha reforma judicial es ser un componente esencial para promover la democratización de los gobiernos, vemos que la misma no ha podido superar la intrínseca debilidad de la justicia. Mucho más cuando esta particularidad en Argentina es producto entre otras cosas, de la voracidad hegemónica de los ejecutivos.
Pero los problemas de la justicia argentina no son solo de presupuesto13 o de recursos técnicos. Quienes la habitan han sido formados tradicionalmente dentro de una filosofía de raciocinio judicial deductivo, abstracto y retrospectivo donde “decisiones particulares en casos particulares deben su justificación legal a su relación con el sentido predeterminado de las normas legales existentes” (Sáez, 2005). Y esta cultura en la que solo cuentan las normas formales existentes, sumado a la ineficiencia en la resolución de los litigios, más la falta de transparencia y la sujeción a interferencias de todo signo e inaccesibilidad para una importante mayoría de la ciudadanía, impide potenciar el cambio cultural.
Indagando sobre la carrera de abogacía vemos que la misma pareciera no haber gozado nunca de excelencia, según lo expresan tempranamente Alfredo Colmo (Colmo, 1915) en 1915, o más cerca en el tiempo, el Dr. Carlos Cossio (Cossio, 1945).Otra investigación más reciente llevada a cabo por el Dr. Fucito, muestra que esto no habría cambiado sustancialmente, ya que constata el “perfil poco profesional del estudiante de derecho” El resultado muestra a “un profesional burocráticamente formado, sin compromiso con la tarea, sino con un modo de ganarse la vida” (Fucito, 2001:61)
Desde otro análisis descriptivo el analista Martín Bohmer señala que son dos los objetivos de las instituciones encargadas de formar abogados. El primero le corresponde a los docentes y es transmitir el derecho positivo argentino. Mientras el de los estudiantes, sería memorizarlos. Estas cualidades se las advierten coherentes al modelo continental, de base romanista, donde los operadores del derecho deben ser técnicos conocedores de las leyes, respetuosos de la doctrina. Lo cual se adecua al perfil típico del funcionario burocrático descrito por Max Weber14, el cual solo habla por sus sentencias. Esta metodología integra un sistema caracterizado por su “formalismo”. Enfoque originado a partir de la expansión de los sistemas jurídicos dentro de la tradición del derecho continental, respondiendo a un programa político orientado a la construcción del poder político dentro de la “república oligárquica” a finales del siglo XIX. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, de los cambios producidos, esta forma de enseñanza se ha cristalizado, sin que ninguno de sus actores protagónicos, intenten modificarlo. Uno de ellos, el cuerpo docente, compuesto casi en su totalidad por abogados y jueces, desarrollan esta segunda tarea en función de ostentar un prestigio profesional. Por lo tanto el enseñar a “decir la ley” y que otros/as la repitan se reitera de manera inalterada sin advertir que tal procedimiento forma parte de “un requisito exigido por el sistema” (Bohmer, 2005)

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Algunas entrevistas15 realizadas averiguando la formación en derechos humanos (a partir de la reforma constitucional y su inclusión como derecho interno) en el sistema judicial de la ciudad de Tandil, la cual pertenece al departamento judicial de Azul mostró que cuanto más alto cargo registraban los entrevistados, entendían que el tema de derechos humanos no lo desconocían pero por “conocimiento personal”16. De todas maneras, un juez señaló que en estas instancias para aplicar este derecho, se espera que “algún jurista (se refiere algún jurista de renombre) desarrolle doctrina y luego ellos lo aplican”. Es indudable que hasta hace muy poco tiempo los derechos humanos no formaban parte de las propuestas académicas de las diferentes Facultades de Derecho del país. De allí que esta no es una situación que solo ocurra en la provincia de Buenos Aires. Recientemente, en algunas facultades aparecieron cursos extracurriculares donde no tienen ni tan siquiera evaluación.


Y el problema no es tan solo nacional. Afirmamos esto, a partir del “llamamiento” realizado por Hans Corell17. Este llamamiento es una evidencia del retraso existente en las facultades de derecho de todo el mundo en la temática. Tal retraso implica un fuerte entorpecimiento en la materia, si se compara con el crecimiento del derecho internacional público en los últimos cuarenta años. Tal desarrollo no ha sido receptado mayoritariamente por la comunidad académica ya que en los planes de estudio no figura el estudio del sistema de convenciones de protección de derechos humanos, o en su defecto se le asigna “una atención marginal”.
En general se advierte que en la formación jurídica predomina lo que Carlos Peña González (Peña González, 2000) denomina “ideología de la codificación”. Esto es, entender que se puede fijar la totalidad del derecho en un cuerpo normativo sistemático del que pueden deducirse soluciones para la totalidad de las cosas. Esta ideología se caracteriza por percibir al Código como “razón escrita”18 y conduce a integrar un sistema caracterizado por su “formalismo”. Enfoque originado a partir de la expansión de los sistemas jurídicos dentro de la tradición del derecho continental, respondiendo a un programa político orientado a la construcción del poder político dentro de la “república oligárquica” a finales del siglo XIX. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, de los cambios producidos, esta forma de enseñanza se ha cristalizado, sin que ninguno de sus actores protagónicos, intenten modificarlo. Uno de ellos, el cuerpo docente, compuesto casi en su totalidad por abogados y jueces, desarrollan esta segunda tarea en función de ostentar un prestigio profesional. Por lo tanto el enseñar a “decir la ley” y que otros/as la repitan se reitera de manera inalterada sin advertir que tal procedimiento forma parte de “un requisito exigido por el sistema” (Bohmer, 2005).
Entendemos que el problema no solo es de presupuesto. Hay un problema en el campo del derecho entre los formadores y los que se están formando. El cual se muestra como un rasgo bastante extendido de la cultura legal argentina, esto es, basar la enseñanza del derecho en el análisis no contextual de los sistemas normativos y de sus relaciones internas. Esta cultura se caracteriza por su orientación positivista y profesional19. Así los cursos de derecho tienden a cumplir la función de formación para la práctica profesional. Y quienes imparten los conocimientos, muchas veces jueces, se centralizan en la descripción de las normas vigentes, conceptualizadas y aplicadas por los profesionales técnicos.
La importancia del desconocimiento del sistema de derechos humanos advertidos en gran parte de los actores jurídicos junto con la falta de aplicación de la doctrina, no es un dato menor. Esto implica “per se” no garantizar esos derechos y al ser estos como son la garantía con que cuentan los ciudadanos/as Por tanto convivimos en democracia donde la administración de justicia no respeta la condición humana. La importancia de los derechos incorporados en la CN en la reforma de 1994 son relevantes porque:

  1. al ser incorporados en la CN se han convertido en derecho local. Esto es, están garantizados por el ordenamiento positivo vigente en el ámbito de los derechos disponibles de los ciudadanos/as.

  2. Responden al sistema de valores y principios que forman ( o deben formar) nuestro ordenamiento jurídico

  3. Establecen el estatus jurídico de los ciudadanos/as tanto en sus relaciones con el Estado como entre si. Además tales derechos tutelan la libertad, la autonomía y la seguridad de las personas, por tanto garantizan el desarrollo de la subjetividad humana.

  4. Y estos derechos son el elemento estructural del ordenamiento y valor fundamental del Estado de Derecho.


Conclusión
La emergencia democrática tuvo entre los elementos positivos la reforma del Estado, siendo uno de ellos la reforma de la CN a través de la cual se incorporan diversos tratados y convenciones del sistema de Naciones Unidas y OEA. Esta integración supuso como hemos visto, diversos desafíos a las políticas estatales, entre ellas, la justicia. Esta medida produjo el reconocimiento de la positivación y observancia de los derechos humanos y otorgó instrumentos para su exigibilidad y su consecuente vigencia. El reconocimiento de estos derechos como derechos positivos implica en el estado de derecho su consideración jurídica.
Sin embargo, esos derechos son violados por el propio poder constituido, en nuestro caso: la administración de justicia, dado que viola la obligación de garantizarlos.
Una de las explicaciones a esta conducta la encontramos en el modelo profesional desarrollado mayoritariamente en las Facultades de Derecho. Otra en que la capacitación en derechos humanos no está suficientemente institucionalizada.
Es así que la señalada reforma producida en la administración de justicia requiere de su profundización hacia cambios estructurales. Como cambios de conocimiento, de habilidades y competencias y esto se traduciría en cambios de modelos mentales, valorativos y de significación, los cuales se concretarían en mejorar las prácticas judiciales, como señala la perspectiva neoinstitucionalista y requiere el ejercicio democrático en un Estado de derecho.

BIBLIOGRAFIA


Acuña, C., (2002) “La dinámica político-institucional de la reforma judicial en Argentina”. Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del estado y de la Administración Pública, en Lisboa, Portugal.
Bohmer, M., (2005) La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, Gedisa.
Cavagna Martinez, Bielsa R. y E.R. Graña, (1994) “El Poder Judicial de la Nación: Una propuesta de reversión”, La Ley.

Colmo, A (1915) La cultura jurídica y la Facultad de derecho, Buenos Aires, s/pie editorial.


Cossio, C., (1945) La función social de las escuelas de abogacía, Buenos aires, Instituto Argentino de filosofía Jurídica y Social.
Dakolias, M., Sprovieri, L., Argentina: evaluación del sector jurídico y judicial, Washington DC, Banco Mundial, mayo 2002.
Fucito, F., (2000) “Los abogados y la Administración de justicia”, La Ley, E 1198.
Garzón Valdez, E., “Derecho y Democracia en América Latina”, Isonomía, núm. 14, México, 2001.
Gershanik, Garavano y Gambaro (2001) Información &Justicia. Datos de la Justicia Argentina, Unidos por la Justicia, Buenos Aires, 2003.
Méndez, J. O¨Donnell, y Pinheiro, P. (2003) La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, Buenos Aires, Paidos.
North, D., (1992) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
O’Donnell, G. (1998) “Accountability Horizontal”, Agora, Nª 8, pp. 5-34.
O´Donnell, G., (2001) “La irrenunciabilidad del estado de Derecho”, Revista Instituciones y desarrollo, Nº 8 -9, del Instituto Internacional de gobernabilidad de Cataluña.
Pederzoli y Guarnieri, (1999) Los jueces y la política, España, Taurus.
Peña González, C., (2000) “Características y desafíos de la Enseñanza legal Latinoamericana. Available 5/07/2007 en www.aals.org
Pérez- Liñan, A., “Pugna de poderes y crisis de gobernabilidad. Hacia un nuevo presidencialismo?”, Latin American Research Review, Volumen 38, Nº 3, 2003, pp. 149-164.
Sáez, F. (2005) La naturaleza de las reformas judiciales en América Latina: algunas consideraciones estratégicas, Organización de los Estados Americanos (OAS), Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales.
Vargas Vianco, J.E. (2001), “Problemas de los Sistemas Alternos de Resolución de Conflictos como Alternativa de Política Pública en el Sector Judicial”, Revista Sistemas Judiciales, Nº 2, Resolución de conflictos, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), diciembre de 2001.

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1 Raúl Alfonsín en 1989 y Fernando de la Rua en el 2001.

2 22-06-2003, “Juzgados al borde del colapso”, Clarín; 29-02-2004 “Decayó la imagen del Poder Judicial”, La Prensa; 7-06-2004 “La crisis de la justicia”, Infobae.

3 Los actores y las normas informales para el enfoque “neoinstitucionalista” son relevantes porque son constitutivos de la institucionalidad. Estas reglas informales le permiten a la gente cumplir con el proceso diario ( de hacer justicia) “sin tener que pensar”. Aquí es donde median “tradiciones, rutinas, costumbres”, y son las que se encargan de mantener los comportamientos. (North, 1992) Por ello las instituciones no pueden ser creadas ni cambiadas por decreto. Cuando un país “copia” una institución esta se convierte en un pedazo de papel, en “letra muerta” y es suplantada por una institucionalidad informal.

4 Uno de los problemas de la justicia argentina es la lentitud con que se resuelven las causas. Los jueces opinan que a ellos no les incumbe movilizar las causas en el sistema. (Dakolias- Sprovieri, 2002.)

5 Sondeo de la opinión pública efectuado en 1994, mostró que “se advierte una profunda sensación de desprotección del ciudadano común frente a la justicia”. El 78% de la población se siente poco o nada amparada por la justicia argentina, el 82% sostiene que la justicia argentina salvaguarda poco o nada los derechos del ciudadano común, para el 88% de la justicia argentina ampara poco o nada a las personas de bajos recursos y el 83% considera que la justicia argentina garantiza poco o nada los derechos de las víctimas de delitos. Trabajo realizado por el Instituto GALLUP. (1994). “Estudio de la Opinión Pública de la justicia en Argentina”. Publicado por CEJURA, Centro de estudios judiciales de la República Argentina.

6 La encuesta nacional Gallup señaló que alcanzaba el 59% el nivel de confiabilidad en la Justicia, en 1984. la misma encuesta en el 2001 llevó el nivel a solo el 12% La Nación, 19/8/2001.

7 La sesión del senado nacional encargada de aprobar los pliegos de designación de 4 integrantes de la Corte Suprema de la Nación, el 5 de abril de 1990, fue secreta y duró 7 minutos. Estos cuatro integrantes tenían vínculos con el Partido oficial (Justicialista) y formaron lo que se llamó “la primera mayoría automática menemista”, y convalidó decretos manifiestamente inconstitucionales, renunciando a ejercer la función judicial y el control de constitucionalidad. En “Informe del Área de acción por la Justicia”, primer Diagnóstico sobre la Independencia Judicial, Poder Ciudadano.

8 Un estudio muestra que en 1991 los tribunales civiles en Argentina pudieron resolver solo el 6% de los casos iniciados ese año. (Mendez,O´Donnell y Pinheiro,2003:268)

9 La formación del personal judicial constituye uno de los aspectos más relevantes para el mejoramiento de los sistemas de administración de justicia

10 Avance del gasto público en justicia: Nación: entre 1992 y 2000, 55%, para Ciudad de Buenos Aires y provincias, igual período, 110%. (Gershanik, Garavano y Gambaro, 2003).

11 Un estudio de D. Helman (Helman 1999) mostró que 7 de cada 10 personas que formulan denuncias no reciben, ninguna noticia del resultado. Estas 7 denuncias culminan con un archivo, sin jamás ser nunca notificadas de ello. A pesar que el Art. 79 inciso c del código Procesal Penal de la nación refiere que el Estado nacional garantizará el pleno respeto de las personas convocadas a una causa a ser informadas del resultado del acto procesal en el que ha participado.

12 El sistema no se ha actualizado al ritmo de los cambios ocurridos en la demanda de sus servicios. Se mantienen el desequilibrio en el nivel de recursos dedicados a las diferentes funciones, se mantiene una baja calificación de los graduados en leyes, etc.

13 En la actualidad el incremento del presupuesto del Poder Judicial en Argentina alcanza al 3,15% Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA), 2003b, Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas. 2002-2003. En http://www.cejamericas.org/

14 Según la teoría el operador de derecho es un “siervo de las leyes materiales y procesales”.Este criterio se demuestra en la prioridad de los técnicos por sobre los simples ciudadanos, porque estos no tienen formación jurídica. Este análisis se evidencia en la resistencia a implementar el juicio por jurados, fijado por la Constitución de 1853.

15 Fueron entrevistados durante el año 2006: tres jueces, civiles, de garantías, de la cámara penal, un defensor público, dos secretarios.

16 Con lo que querían decir que no habían hecho ningún curso, seminario o jornada con ese tema, aunque sabían de la existencia de la materia pero carecían de formación sistemática en la temática.

17 Corell, Hans, “Llamamiento a los decanos de las Facultades de Derecho de todo el mundo”, realizado por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, el 6 de junio de 2000.

18 La ideología de la codificación origina también la dogmática jurídica, que es el análisis no contextual de los sistemas normativos y de sus relaciones internas, a fin de producir decisiones.

19 La misión fundamental del programa de las distintas facultades de derecho ha estado orientada predominantemente a la formación de abogados.







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