Magistrados de la corte constitucional



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Procurador General


Bogotá, D.C., marzo 14 de 2012
Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.
Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contras el Parágrafo 1° del artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.

Actor: Santiago Wribb Ordeig.

Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.



Expediente D-8892.

Concepto 5325
Según lo dispuesto en los artículos 40, numeral 6º, 242, numerales 1º, 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política y de conformidad con lo decidido en Auto del 16 de diciembre de 2011, rindo concepto sobre la demanda presentada por el ciudadano Wribb Ordeig contra el Parágrafo 1° artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, cuyo texto se reproduce a continuación con lo demandado en negritas.
LEY 1453 DE 2011

(junio 24)

Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

ARTÍCULO 72. CAUSALES DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO. El artículo 2o de la Ley 793 de 2002 quedará así:



Artículo 2o. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo.

2. Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.

3. Cuando los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito.

4. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permute de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.

5. Cuando los bienes de que se trate tengan origen licito, pero hayan sido mezclados, integrados o confundidos con recursos de origen ilícito. Se exceptúan los títulos depositados en los Depósitos Descentralizados de Valores, siempre y cuando los tenedores de esos títulos cumplan satisfactoriamente las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le sean exigibles.

PARÁGRAFO 1o. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición y el origen lícito de los bienes.

PARÁGRAFO 2o. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:

1. El delito de enriquecimiento ilícito.

2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, la seguridad pública, la administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, el secuestro extorsivo, la extorsión, el proxenetismo, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes.
1. Advertencia preliminar.
Es menester advertir que en torno de la presente demanda existe una serie de hechos que ameritan ser investigados por las autoridades competentes. El Ministerio Público tuvo noticia de los mismos al momento de registrar la información de la demanda en la base de datos de la Procuraduría General de la Nación, dentro del sistema previsto para tal efecto. Dado que el sistema de la Procuraduría General de la Nación se encuentra en línea con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se pudo verificar que el número de cédula de ciudadanía que aparece en la demanda, corresponde al señor SANTIAGO ALBERTO URIBE ORTIZ. Siendo el autor de la demanda el señor SANTIAGO WRIBB ORDEIG, que así figura en la presentación personal de la misma, hecha ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá, puede haber una grave inconsistencia en torno a la identidad del demandante.
El señor SANTIAGO ALBERTO URIBE ORTIZ, según aparece en su Certificado Ordinario de Antecedentes, del cual se anexa copia a este concepto, registra antecedentes penales e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Si el verdadero nombre del demandante fuera este, la información sobre sus antecedentes e inhabilidad sería relevante para este caso. Si bien la acción de inconstitucionalidad puede ser ejercida por cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos, conforme al artículo 40.6 Superior, no parece haber claridad en torno a la circunstancia de que la demanda sea presentada por un ciudadano inhabilitado para ejercer sus derechos, como podría ser en este caso. Por ello, el Ministerio Público solicita a la Corte que se pronuncie sobre esta cuestión, para precisar los efectos de la inhabilidad en comento, respecto del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
2. Planteamiento de la demanda.
El actor considera que el Parágrafo 1° del artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, que modifica el parágrafo 1 del artículo 2° de la Ley 793 de 2002, vulnera el principio de la buena fe y el derecho a un debido proceso, reconocidos en los artículos 83 y 29 Superiores.
Como fundamento de su demanda, el actor aduce que se “invierte la forma como se examinan los hechos y las conductas de los afectados, de cara a la formulación de un procedimiento de oposición en el curso de una acción de extinción de dominio”, lo cual considera inconstitucional, “por afectar desconocer el alcance que entre nosotros tiene la presunción de inocencia, y de legalidad”.
En este mismo sentido, arguye que [l]a inocencia no puede probarse, y por eso se presume. De allí que ningún juez[, dice, ] pueda o haya podido nunca declarar a “nadie” inocente, sino no culpable […Porque, se insiste, hay una distancia axiológica y ontológica, entre ‘sin inocente’ y ‘no ser culpable’; entre ‘ser lícito’ y ‘no ser lícito’, entre el origen ‘lícito’ de una cosa, y el origen ‘no lícito’ de la misma”. Sobre tales bases, concluye que [l]o que el interesado o afectado puede hacer, en cada caso, es demostrar que el origen de sus bienes no es lícito, que no hay ni ha existido ninguna ilicitud en la forma como ha adquirido los bienes […y que exigirle] lo contrario es llevarle a probar lo imposible”.
2. Problema jurídico.
Corresponde establecer si el Parágrafo 1° del artículo 72 de la Ley 1423 de 2011, al establecer que el afectado por la acción de extinción de dominio debe probar los fundamentos de su oposición a la acción y el origen ilícito de sus bienes, vulnera el principio de buena fe y el derecho a un debido proceso.
3. Análisis jurídico.
En numerosas y reiteradas ocasiones el Ministerio Público ha recordado que, de conformidad con la ley y con la jurisprudencia constitucional, toda demanda de inconstitucionalidad debe cumplir con unos requisitos sustanciales mínimos, dirigidos a justificar y hacer efectiva la activación de la jurisdicción constitucional. Entre otras, en la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte advierte que la demanda debe precisar tanto las normas legales que se solicita declarar inexequibles como las normas constitucionales que se consideran vulneradas, así como sustentarse en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
En la sentencia en comento, entre las razones que la Corte no considera ciertas, específicas pertinentes y suficientes, se encuentran aquellas (i) que recaen “sobre una proposición jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda”; (ii) que ofrecen “argumentosvagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”; (iii) “que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’”; y aquellas que no (iv) “despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inici[en] realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
En el caso sub examine, los argumentos que expone el actor, en lugar de presentar un contraste directo y objetivo entre la expresión demandada del artículo 72 de la Ley 1453 de 2012 y las normas constitucionales que señala como violadas, pretenden persuadir al juez constitucional que el aparte demandado debe declararse inexequible solamente porque asume, subjetivamente, que cuando el mismo exige al afectado por la acción de extinción de dominio que en su oposición a la acción pruebe el origen lícito de sus bienes ello equivale a establecer que, de no hacerlo, se presume la ilicitud de esos bienes o peor, automáticamente se declarará la extinción de los mismos.
En segundo lugar, el actor se limita a asumir de manera subjetiva que es imposible probar la inocencia, para argüir, a renglón seguido, que es imposible probar tanto el fundamento de la oposición como el origen lícito de los bienes. En este sentido, parece asumir que de la circunstancia de que la inocencia se presuma se sigue que la inocencia no se puede probar, lo cual no es lo mismo.
Algo semejante puede decirse de la presunción de buena fe. Si bien la existencia de una presunción puede relevar a quien se beneficia de ella de la carga de la prueba, no se puede decir que ello haga imposible probar los que se sostiene, sea que se trate de algo acorde a la presunción o sea que se trate de algo contrario a ella. En este sentido, cuando una persona se opone a la extinción de dominio, su oposición debe tener un fundamento serio, cierto y probado; no puede limitarse a oponerse por oponerse, sin dar razones o, lo que es peor, sin probar los hechos en los que funda su oposición.
Por último, los reproches del actor contravienen incluso las reglas del recto pensar, al sostener que no es posible probar el origen no ilícito de un bien, valga decir, su origen lícito, ya que las dos negaciones implican una afirmación y es evidente que tanto el origen lícito como el ilícito de un bien admiten prueba. En efecto, para sustentar una oposición no basta con decir que el origen de un bien no es ilícito, sino que es menester demostrar, por medios de prueba idóneos, cuál es el origen del bien, pues los bienes no se adquieren por arte de magia, de la nada, sino que en su proceso de adquisición median actos objetivos, algunos de ellos documentados en registros públicos, que es posible probar.

4. Conclusión.
Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte que INHIBA de pronunciarse sobre la exequibilidad del aparte demandado del artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, por ineptitud sustancial de la demanda.

De los Señores Magistrados,




ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO


Procurador General de la Nación
LJMO/ABG


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