Lexnet 08-01-16 juzgado de primera instancia nº 1 moncada-valencia



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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1

MONCADA-VALENCIA

Calle LEPANTO,78 1º

TELÉFONO: 963424360

N.I.G.: 46171-41-2-2015-0002873


Procedimiento: EJECUCION HIPOTECARIA - 000764/2015
Demandante: CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Procurador: GARCIA-REYES COMINO, ANTONIO


Demandado: JOSE CASARES CASTILLO, JOSE CASARES ROIG y BLANCA ISABEL CASTILLO LOPEZ

Procurador: FOLCH RUA, MARCOS AURELIO



A U T O nº 557/15
JUEZ QUE LO DICTA: D/Dª JOAQUIM BOSCH GRAU

Lugar: MONCADA-VALENCIA

Fecha: veintinueve de diciembre de dos mil quince


ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento se dio traslado a las partes sobre la posible nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado que consta en el contrato de hipoteca. La parte ejecutante alegó que la citada cláusula no tendría carácter abusivo.

SEGUNDO.- En la tramitación de este incidente se han seguido las prescripciones legales, con excepción del plazo para dictar la presente resolución, a causa de la sobrecarga de asuntos que afecta a este juzgado.


FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Se ha dado traslado a las partes sobre la posible nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado que consta en el contrato de hipoteca. La parte ejecutante alega que la citada cláusula no tendría carácter abusivo y que fue pactada por las partes y que la misma estaría regulada legalmente.
SEGUNDO.- En relación con las alegaciones sobre la cláusula de vencimiento anticipado, debemos valorar que se ha producido una evolución en la posición jurisprudencial sobre esta materia. El Tribunal Supremo señalaba en Sentencia 792/2009 de 17 de noviembre, Recurso 2114/2005 (ponente D. Jesús Eugenio Corbal Fernández), con ocasión de una cláusula que contemplaba el vencimiento anticipado por el impago de una sola de las cuotas del préstamo: “El motivo se desestima porque, sin necesidad de tener que analizar las diversas eventualidades jurídicas a que se refiere el recurso, sucede que la doctrina jurisprudencial más reciente ha declarado con base en el art. 1.255 CC la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos cuando concurra justa causa –verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial, como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización del préstamo-. En esta línea se manifiestan las Sentencias de 7 de febrero de 2.000 (aunque para el ámbito del contrato de arrendamiento financiero); 9 de marzo de 2.001; 4 de julio de 2.008; y 12 de diciembre de 2.008.”

En este sentido, el mismo Tribunal Supremo, Sala de la Civil, en Sentencia 506/2008, de 4 de junio, Recurso 731/2001 (ponente D. José Almagro Nosete), expresó:

“Pues bien, si ciertamente la doctrina del Tribunal Supremo abogó inicialmente, en la Sentencia en que el recurrente sustenta este motivo de casación, la antes referida, por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del Código Civil, no puede desconocerse que este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió́ obiter dicta, en un supuesto además en que se estipularon una serie de condiciones que desvirtuaban el contenido del préstamo y suponían prerrogativas exorbitantes y abusivas para el Banco prestamista, no fue seguido por otras resoluciones posteriores en las que esta Sala, con carácter general, ha mantenido como válidas estas cláusulas, por ejemplo en Sentencia de 9 de marzo de 2001 y también, en el ámbito del contrato de arrendamiento financiero, en la de 7 de febrero de 2000.

En efecto, como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de Comercio y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones, como la convenida, al amparo del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil), en el caso de autos, cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de un préstamo. Y en el presente caso tuvo por cierto el Juzgado (y después confirmó la Audiencia) que, transcurrido el periodo de carencia convenido, "desde el mes de septiembre de 1995 nunca existió́ saldo suficiente para abonar las amortizaciones del préstamo hasta abril del 96.

Por otra parte, la tesis expuesta sobre la validez de las citadas clausulas de vencimiento anticipado ha venido a ser respaldada, a nivel legislativo, por la dicción literal del articulo 10 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, o del citado por la Sentencia recurrida, el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, expresamente referido a la ejecución hipotecaria.

Lo hasta ahora expuesto no obsta a que, en determinadas circunstancias, pueda proclamarse el ejercicio abusivo de tal tipo de cláusula, en supuestos en que se prevea la facultad de vencimiento anticipado para incumplimientos irrelevantes, por concurrencia de circunstancias cuya apreciación se deja al puro arbitrio de la entidad bancaria, o cuando se perjudica con su ejercicio de manera desproporcionada y no equitativa al prestatario, como así́ ocurrió́ en el supuesto resuelto por la Sentencia de 2 de noviembre de 2000, también invocada por el recurrente, y que, por lo dicho hasta ahora, no sirve como exponente jurisprudencial de sustento a este motivo.”

En este segunda sentencia, el Tribunal Supremo ya dejaba la puerta abierta a que, en determinados supuestos, la cláusula de vencimiento anticipado, no obstante ser lícita en abstracto, pudiera ser declarada abusiva en el caso concreto, en función de su contenido. Y dicha perspectiva se ha ido incorporando a diversas resoluciones, como el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia nº 159/2014, de 24 de marzo de 2014 y el Auto del mismo tribunal nº 21/2014 de 20 de enero de 2014, entre otras.

Toda esta problemática ha estado especialmente influida recientemente por la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415/11). Las citadas resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia tienen como claro punto de partida la indicada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, unida a la dictada en el llamado caso Banesto (Asunto C-618/10), supuso un punto de inflexión en la forma en que los órganos jurisdiccionales abordaban el análisis de las posibles cláusulas contractuales abusivas. Ello conlleva necesariamente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo debe ser examinada con arreglo a parámetros y criterios que el Alto Tribunal no pudo tener en consideración en su momento.

La citada Sentencia del TJUE señaló lo siguiente:

“A este respecto, ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual determinada en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de la cláusula de que se trate (véase la sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, Rec. p.I-0000, apartado 22 y jurisprudencia citada).

67 Sentado lo anterior, es preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de buena fe y desequilibrio importante en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (véanse las sentencias de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p.I-3403, apartado 19, y Pannon GSM, antes citada, apartado 37).

68 Pues bien, tal como la Abogado General indicó en el punto 71 de sus conclusiones, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas.

69 En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, en atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en esencia la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. (…)

71 Además, conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartado 39, y VB Pénzügyi Lízing, apartado 42). De ello resulta que, en este contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional (véase la sentencia Freiburger Kommunalbauten, antes citada, apartado 21, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohovost, C-76/10, Rec. p.I-11557, apartado 59). (...)

73 En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.”
TERCERO.- Así pues, lo fundamental a la vista de la normativa europea, contenida en la Directiva 93/13, y española, recogida en el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007, será determinar si la fijación de esa cláusula supuso un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes. En este sentido, dicho desequilibrio sería contrario a las exigencias de la buena fe, tal y como prevé la legislación aplicable al respecto, artículos 82 y siguientes del citado TRLCU.

En el presente caso, se concedió un capital de 33.657 euros, con un periodo de amortización de 240 mensualidades y se pactaron los intereses de demora que constan en la escritura pública. Como garantía del préstamo se constituyó hipoteca sobre una vivienda. En dicho contrato se estableció que la entidad bancaria podría declarar vencida la obligación en su totalidad y exigir por anticipado la devolución del capital del préstamo, con sus intereses, demoras y gastos, en caso de falta de pago de cualquiera de las cuotas de amortización pactadas.

A la hora de analizar el posible carácter abusivo de la referida cláusula de vencimiento anticipado de este contrato, resulta adecuado valorar las pautas expresadas en la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. Como indica la citada resolución, habrán de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

· si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate,

· si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo

· si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia

· si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo
La primera pregunta no puede más que ser contestada afirmativamente. Resulta evidente que el pago o devolución del préstamo es la obligación esencial del deudor.

El problema radica en la segunda cuestión y se presenta en el momento de ponderar si el incumplimiento tiene la suficiente entidad en relación con la duración del préstamo. Como se ha indicado anteriormente, el crédito se concede por un capital de 33.657 euros, con un periodo de amortización de 240 mensualidades. Pese a tan amplia duración del contrato, la cláusula de vencimiento anticipado prevé la posibilidad de dar por resuelto anticipadamente el préstamo y de reclamar la totalidad de lo adeudado por el mero hecho del impago de una sola cuota.

Debemos considerar que dicha cláusula resulta desproporcionada y que no está justificada la resolución anticipada del contrato, al resultar especialmente lesiva para el consumidor. En este ámbito, resulta oportuno utilizar como elemento legal de referencia que la actual regulación (aprobada tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013) establece que no procede la cancelación anticipada y reclamación del total de lo adeudado si no se producen al menos tres incumplimientos consecutivos. Así, el artículo 693 de la LEC establece: “Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses”.

Ha de valorarse que nos encontramos ante un contrato de adhesión, creado por la entidad bancaria y que no ha sido negociado por las partes. Por ello, al situarnos en el momento inicial de la firma del contrato, debe llegarse a la conclusión de que el prestatario ha aceptado dicha cláusula en el contexto de imposición contractual que genera inherentemente un contrato de adhesión. Pero dicha cláusula debe ser calificada como desproporcionada, injustificada y abusiva, al alterar de manera importante el equilibrio entre las relaciones contractuales de las partes.

En el presente caso la ejecutada incumplió sus obligaciones de pago de diversas cuotas y el acreedor no reclamó inmediatamente después del primer incumplimiento. No obstante, para analizar el carácter abusivo y la posible nulidad de una cláusula concreta no resulta relevante el comportamiento posterior del deudor y del acreedor, sino que lo será esencial es determinar si la estipulación pactada provocaba en abstracto un desequilibrio desproporcionado. Si dicha cláusula debe considerarse nula, la referida nulidad existía ex tunc. Es decir, la falta de validez de la misma aparece en su propio origen, por lo que ello imposibilitaría a la entidad bancaria poder decidir el vencimiento anticipado de la deuda.

Si se admitiera la posibilidad del acreedor de modificar de forma sobrevenida las condiciones de una cláusula abusiva, nos encontraríamos ante una integración del contrato. Sin embargo, debe valorarse que la citada cláusula abusiva no puede integrarse ni moderarse, de acuerdo con el artículo 6-1 de la Directiva 93/13/CE, que establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor y que el contrato celebrado entre el profesional y el consumidor seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas. Como ha señalado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, ello implica la imposibilidad del juez nacional de integrar la cláusula abusiva y de modificar el contenido del contrato, por lo que el juzgador debe limitarse a dejarla sin aplicación frente al consumidor.

En todo caso, debe considerarse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también indicó como elemento a analizar, para poder determinarse la abusividad de una cláusula, si el derecho nacional ha previsto medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de dicha cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. En este sentido, el artículo 693-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo siguiente: “En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578. Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior. Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor. Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante.”

El referido remedio no se puede considerar proporcionado ante este tipo de situaciones, desde el momento en el que el consumidor debe afrontar no solo el pago de la deuda pendiente, sino también de los intereses de demora generados y de las costas procesales devengadas, pues se trata de cuantías de una entidad muy importante. En la práctica esto supone que el deudor de buena fe que ha tenido dificultades puntuales para pagar una amortización mensual va a tener prácticamente imposible poder abonar cantidades de mucha mayor relevancia económica. En consecuencia, la existencia de esta cláusula de vencimiento anticipado resulta desproporcionada y, a partir del contexto indicado, la posibilidad establecida en el artículo 693-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no supone un remedio efectivo, por lo que nos encontramos ante una situación de desequilibrio en las relaciones contractuales de las partes, en perjuicio del consumidor. Y ello debe implicar la calificación de la citada cláusula como abusiva y la declaración de nulidad de la misma.

En este ámbito, debemos compartir plenamente los argumentos expresados por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de diciembre de 2013 (sección 11ª), sobre la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en este tipo de supuestos:

“Y lo mismo cabe decir, por ser también contraria a los criterios legales aludidos, la que fija el vencimiento anticipado de toda la obligación a instancias sólo del acreedor hipotecario por la falta de pago de "cualquiera" de las obligaciones de pago bajo el préstamo (incluidas las primas de seguro) (estipulación 7.1), no sólo por su carácter excesivamente genérico, sino por suponer, a efectos prácticos, que baste el impago de una sola cuota para desencadenar aquel efecto, al ser solo factible la falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, conforme al artículo 693.2 LEC en su redacción por la dicha Ley 1/2013. Lo que conlleva el que se deba establecer el efecto de su nulidad y la expulsión de tales cláusulas del contrato”.

Del mismo modo, también coincidimos íntegramente con las valoraciones expresadas en los autos de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 7ª) de 21 de mayo de 2014, de 25 de junio de 2014 y de 26 de junio de 2014:

"El motivo debe igualmente rechazarse puesto que si bien estimamos que el pacto de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo, en abstracto, no es nulo, en el presente caso consideramos que dicha cláusula es nula porque establece: "1.- Causas de resolución anticipada por la entidad acreedora. a) Falta de pago, en la fecha convenida, de cualquier cantidad adeudada por principal, intereses o cantidades adelantadas por la parte acreedora .-". Es decir, el vencimiento anticipado por impago de "cualquier cantidad", sin atemperar dicho impago al incumplimiento grave, propio de toda resolución, y a la duración del préstamo, desde el 1 de mayo de 2008 al 1 de abril de 2043, como así se desprende de la sentencia del TSJUE del 14 de marzo de 20113, en el asunto C-415/11.

Nulidad de la cláusula que ha de apreciarse con independencia del uso que de ella se haga, es decir, que no cabe afirmar que la cláusula es nula, porque se vincula el vencimiento anticipado a cualquier incumplimiento, y al mismo tiempo no apreciar tal nulidad porque el banco se ha acumulado diversos impagos o incumplimientos, puesto que como ha manifestado el TSJUE, cuando una cláusula es nula, no procede atemperar o moderar sus consecuencias, sino tenerla por no puesta. Como indica el TSJUE en la sentencia del al indicar: "EI artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva."

CUARTO.- Ante la declaración de nulidad de la referida cláusula de vencimiento anticipado, de conformidad con lo previsto en los artículos 552, 561-1-3 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe acordarse el archivo de la ejecución, al haberse dejado sin efecto la cláusula que fundamentaba el procedimiento ejecutivo. A la vista de lo expresado en la demanda de ejecución, fue precisamente el pacto de que el impago de cualquier cuota podría permitir que el acreedor diese por vencido anticipadamente el préstamo lo que permitió que la entidad bancaria acudiera al presente procedimiento de ejecución y reclamar la totalidad de lo adeudado. En consecuencia, debe decretarse la nulidad de las actuaciones realizadas y acordarse el sobreseimiento de la presente ejecución.

QUINTO.- En virtud del artículo 394-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, al considerarse que el caso presentaba dudas jurídicas, ante la existencia de distintas perspectivas en el ámbito jurisprudencial y al encontrarnos ante una materia en la que se están produciendo nuevas valoraciones jurídicas a partir de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda el sobreseimiento de la presente ejecución.

Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.




MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Valencia
Así lo acuerda, manda y firma Joaquim Bosch Grau, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.


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