Lell, Walter Oscar s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas recurso de casacion expte



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VII.- Error de prohibición: Sin perjuicio de lo precedentemente analizado y dando por sentado vía hipotésis que la imputación ha sido correctamente formulada y que se han probado los hechos en forma satisfactoria, estimo que el descarte del error de prohibición en que habrían incurrido los encartados ha sido arbitrario y -tal como lo han señalado los señores defensores- apoyado sólo en consideraciones dogmáticas sin tener en cuenta aspectos fácticos determinantes que surgen del análisis conglobado del plexo cargoso.-

En los alegatos de juicio, con matices, se alegó que los incursos desconocían el carácter contrario a la norma que podrían importar las compras del municipio al corralón de Kranewitter. El Dr. Schlotahuer, expresó que Klein y Ortman "estaban seguros de haber estado haciendo lo correcto, si hubieran tenido aunque sea la sospecha que no era lo correcto hubieran dejado de hacerlo; se asesoraron y toda la prueba no fue valorada", agregando que ambos "estaban convencidos, moral y éticamente, de estar haciendo lo correcto y se habían asesorado, son personas muy conocidas en la localidad y hasta los denunciantes dijeron no les constaba que hubiera interés directo". Por su parte, el Dr. Chemez -ejerciendo la Defensa técnica de Kranewitter- sostuvo que existió un error de prohibición invencible "primeramente porque no se figuró que su obrar pudiera ser ilícito, señalando que su escaso nivel de educación habiendo podido culminar solo la primaria puede ser parte de no entender las cosas. Refirió que Kranewitter no tuvo la posibilidad de reflexionar sobre si su obrar era contrario a derecho o no, no llegó a la autorreflexión, a figurarse si estaba o no obrando antijurídicamente".-

El Tribunal de mérito por su parte desestimó la ocurrencia de error de prohibición, por entender que Klein y Ortman debieron agotar todos los medios para despejar las dudas que les generaron estas compras; y respecto de Kranewitter, ponderó que no padece ningún tipo de impedimento biológico o psicológico que le imposibilite comprender la criminalidad de su accionar, y que su falta de instrucción formal es irrelevante para valorar la ocurrencia del error de prohibición, el que -entiende- se descarta frente a la mera posibilidad de conocimiento del conglomerado de normas que rigen su actividad.-

Parto de la base que el propio sentenciante expresamente refiere que el asesoramiento técnico que Klein y Ortman efectuaron a Rosin y Dalinger "se debe tener por cierto" -es un hecho no controvertido-, que lo hicieron movidos por una duda que les generaba comprar en esas condiciones, duda que a su criterio "no fue debidamente salvada", sin que conste dictamen formal al respecto, concluyendo que ante tal cuadro de situación, "debieron extremar los recaudos para despejar de toda duda a su interrogante".-

Liminarmente, y tal como lo he desarrollado -in extenso ver: "Culpabilidad, Error y Prevención", en ElDial, 18-12-2007- debo recordar que el análisis de la culpabilidad puede encararse desde el punto de vista de la teoría psicológica o normativa de la misma. La culpabilidad psicológica se limita a comprobar el acaecer externo del hecho y su vinculación con el autor, la meta es la comprobación causal de la voluntad del autor respecto de un hecho ilícito. Para ello requiere un análisis de tres presupuestos: 1) relación causal entre la voluntad de una persona y un suceso, 2) desaprobación del hecho, 3) conciencia de la contrariedad al deber en el autor. En tanto la culpabilidad normativa verifica si el autor: 1) es normal o capaz, 2) si ha tenido una relación con el hecho o la posibilidad de tenerla, 3) ha obrado en circunstancias normales.-

Por lo tanto, los parámetros que han de tenerse en cuenta para hablar de un sujeto culpable –imputable, que permita suponer que el hombre ha podido decidir libre y correctamente- son: 1) en primer lugar, que se opere en base a un sujeto capaz, esto es que tenga capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y en su caso, de comportarse conforme a derecho, elemento habitualmente llamado imputabilidad. 2) en segundo lugar, debemos determinar que tuvo la posibilidad de conocer la ilicitud, es decir, una virtual conciencia de la antijuridicidad del acto. 3) Por último, examinar que el sujeto no haya obrado en el marco de una circunstancia que permita excluir el reproche, es decir que la conducta ha de serle exigible.-

Expresa Bacigalupo -Principios constitucionales de derecho penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 138- que para aplicar una sanción penal, es necesario verificar que el sujeto tuvo la posibilidad de saber qué debe hacer, y conocer el reproche social expresado en la punibilidad; la posibilidad de haber evitado la comisión del delito o de haber dado cumplimiento a un mandato de acción -en los supuestos en que su infracción esté penada por ley-; y que exista proporcionalidad de la pena aplicada con la gravedad del hecho cometido.-

Por ello, entiende que “de acuerdo con el principio de culpabilidad se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del derecho (imputabilidad), de una situación normal para la motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea proporcionada al hecho cometido. Consecuentemente, serán incompatibles con el principio de culpabilidad el versare in re illicita, la fundamentación o agravación de la pena por el mero resultado (responsabilidad objetiva y delitos cualificados por el resultado), la negación de la relevancia al error de tipo, al de prohibición y al error sobre la punibilidad, la aplicación de penas a quienes no hayan podido comprender las exigencias del derecho o comportarse de acuerdo con ellas y a quienes hayan obrado bajo condiciones en las que la ley no exige su cumplimiento. En el momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad excluye toda pena que supere con su gravedad la del hecho” -op. cit., p. 140-.-

Puntualmente, el error de prohibición surge como consecuencia de la adopción de la concepción finalista de la acción, con su ubicación del dolo en la tipicidad y la prevalencia de la teoría de la culpabilidad por sobre la del dolo. Explica Sancinetti que “La 'teoría del dolo' era propia del sistema basado en la 'teoría causal de la acción'. El ilícito era definido como lesión de un bien jurídico: todo lo objetivo correspondía al ilícito, todo lo subjetivo, a la culpabilidad. Dolo e imprudencia eran formas de 'culpabilidad' por un comportamiento en sí 'igualmente típico y antijurídico'. Al imponerse el sistema de la llamada 'teoría final de la acción' (teoría del ilícito personal) el dolo y la imprudencia fueron clasificados ya en el tipo penal, por ende, como quebrantamientos distintos de la norma (o bien, como quebrantamientos de normas distintas). Pero el dolo que pasó a clasificarse así en el tipo penal quedó desprovisto de la consciencia del ilícito, que siguió siendo un problema de culpabilidad, una culpabilidad que puede corresponder tanto a un hecho típico doloso como a un hecho típico imprudente. Sobre estas nuevas bases se impuso una clasificación del error en error de tipo y error de prohibición (sobre la antijuridicidad)" -SANCINETTI, Casos de Derecho penal, PG, t. II, p. 97-.-

Así, el error de prohibición se da cuando el autor a pesar del pleno conocimiento de las circunstancias del injusto, es decir, no obstante el conocimiento de todas las circunstancias de las cuales resulta el tipo penal, no sabe que su acción es ilícita, pues le falta únicamente la conciencia de la ilegalidad. El autor sabe lo que hace pero supone erróneamente que esa acción no resulta prohibida o está permitida; en definitiva, el autor carece de conciencia de lo ilícito que es su accionar. En palabras de Roxin, incurre en error de prohibición quien “… interpreta equivocadamente un elemento típico de modo que llega a la conclusión de que no se realizará mediante su conducta... se produce principalmente en supuestos de conceptos normativos complicados, en lo que la interpretación decide sobre el carácter permitido o prohibido de una conducta..." -ROXIN, Derecho Penal, PG, t. I, 1997, p. 872 y ss-.-

A diferencia del error de tipo, que se rige por el principio del conocimiento, el error de prohibición se rige por el principio de responsabilidad. El autor es responsable en la medida de su desconocimiento: si pudo evitarlo será responsable aunque en menor medida de punición, si en cambio no pudo evitarlo no será responsable. Hruschka aclara que “La exculpación del autor que desconoce la antijuricidad de su comportamiento se corresponde con la Ignoratorum nulla est imputatio del primer nivel de imputación. Ciertamente, el autor que obra en error de prohibición o de mandato comete un hecho antijurídico, ya que se halla en situación de ejecutar la acción mandada o de omitir la prohibida; sin embargo, no tiene ningún motivo para obrar conforme a deber, puesto que no conoce la regla de comportamiento pertinente. Por lo tanto, le disculpamos, de la misma forma que excluimos la imputación de primer nivel cuando el autor desconoce circunstancias fácticas esenciales” -HRUSCHKA, “Reglas de comportamiento y reglas de imputación”, ADPCP, T. XLVII, Fasc. III, Septiembre-Diciembre 1994, p. 351-. El mismo autor, visibiliza la misma lógica en el caso del error sobre las circunstancias que son relevantes según el supuesto de hecho de una causa de justificación -error de tipo permisivo-, los cuales “quedan en principio equiparados a los errores sobre circunstancias que son relevantes según un tipo delictivo, y deben, por ello, ser tratados de forma análoga ... Lo que para el actual Derecho penal significa, por ejemplo, que la suposición errónea por parte del autor de circunstancias que son relevantes según el supuesto de hecho de una causa de justificación, debe ser reconocida como excluyente del dolo” -HRUSCHKA, op.cit., p. 355/356-.-

El efecto exonerante del error de prohibición "... toma en cuenta el hecho de que los contactos sociales se han vuelto más complejos y difícilmente abarcables, lo que genera a su vez una inmensa producción legislativa que el individuo ya no puede dominar sin lagunas ... En este panorama de cierta inseguridad, la probabilidad de errores no es tan remota. Pues bien, la disculpa tiene el efecto positivo de impedir que la pluralidad y contingencia del derecho se sientan como una amenaza permanente, y facilita a su vez que las normas sean vividas como una posibilidad de ampliar los horizontes de acción. A fin de cuentas, se trata de que las normas sean puestas en práctica por las personas y no sufridas a posteriori" -MANSO PORTO, Desconocimiento de la norma y responsabilidad penal, p. 97/98-.-

Para ponderar la vencibilidad de un error de prohibición, se ha entendido que el mismo es evitable cuando el agente podría haber tomado conciencia del carácter ilícito de su obrar, de haber mediado un esfuerzo, que le era exigible –i.e., que estaba a su alcance-, o procurarse la información necesaria para evitar el error. En palabras de Córdoba: “Lo que se reprocha al autor es que si hubiera examinado la relación de su conducta con el orden jurídico, habría podido reconocer la ilicitud de su conducta. Tal examen, tal confrontación de la conducta con el orden jurídico, supone un acto voluntario, un despliegue voluntario de actividad con el fin de procurarse conocimiento” -CÓRDOBA, La evitabilidad del error de prohibición, p. 50-.-

Sin embargo, aún resta precisarse esa noción, por cuanto -siguiendo a Frister-, esa formulación "no da en el centro de la cuestión, ya en razón de que la conciencia sólo puede aportar información sobre el propio juicio moral, pero no sobre la valoración jurídica, que de ningún modo es idéntica a ese juicio", por lo que lo que se debe exigir al autor es que "emplee todas sus facultades mentales cognitivas y elimine las eventuales dudas que le aparezcan mediante la reflexión o, en caso necesario, recabando un consejo" -FRISTER, DP, PG, p. 383-.-

Por mi parte, al tratar la diferencia entre error "vencible" e "invencible" he dicho: "Podemos decir que estamos en presencia de un error invencible cuando el autor, pese a realizar el esfuerzo de conciencia que le era exigible, desconoce la antijuridicidad de su conducta, y con ello pierde toda posibilidad de conducirse según lo establecido por el deber, circunstancia ésta que lleva a excluir su culpabilidad" -entre otros: STRATENWERTH, Derecho Penal, P.G., p. 184. JAKOBS, "Responsabilidad por culpabilidad versus responsabilidad por el resultado", en Fundamentos del Derecho Penal, Ad Hoc, 1996, p. 29, BACIGALUPO, Derecho Penal, PG, p. 433. JESCHECK, Tratado de Derecho Penal, PG, p. 372-. "Al hablar de error vencible, se supone la existencia que hubiera podido ser evitado por el autor de haber tomado los recaudos del caso, sin que lleve a excluir la culpabilidad, sí provoca que se atenúe la respuesta punitiva", advirtiendo además la exigencia que pesa sobre el sujeto de obrar de manera autoreflexiva o bien de acudir a informarse optando por ésta última al entender que "va a ofrecer mayores garantías y seguridades a la hora de actuar. Siempre el consejo de un tercero, más si se trata de un abogado, será bienvenido a la hora de tomar una decisión que podría comprometer al sujeto" -"Culpabilidad, Error y Prevención", ElDial, 18-12-2007-.-

En autos, es evidente que la duda se presentó tanto en Klein como en Ortman -ante la cual, lejos de actuar desaprensivamente, recurrieron al consejo de Rosin y Dalinger-, y no a Kranewitter -según alegó, refiriendo su defensor técnico que ni siquiera se planteó la posibilidad de considerar ilícito su obrar. Vemos entonces que ante la duda consultaron, se asesoraron, aventaron la duda con un técnico, por tanto no podían saber que su accionar era reprochable -recordemos que "No podía saberlo" es una excusa válida, pero se considera que "no tenía ganas no lo es", JAKOBS, "Responsabilidad por culpabilidad versus responsabilidad por el resultado", en Fundamentos del Derecho Penal, p. 20, también: LESCH, "Fundamentos dogmáticos para el tratamiento del error de prohibición", en R.P.J., Nº 45, 1.997, p. 152.-

Ello nos enfrenta a dos cuestiones: a) la confiabilidad de la fuente de información -si es o no adecuada para despejar la duda- y b) la problemática de las informaciones hipotéticas -la que, a pesar de no haber sido recabada, de haberlo sido hubiera sido infructuosa-.-

De acuerdo con Frister -op. cit., p. 384-, "... en tanto exista un motivo para analizar la corrección jurídica de una acción completamente determinada, tal procedimiento será suficiente sólo en casos de naturaleza muy simple. Para evaluar cuestiones jurídicas más complejas, un lego tiene que recurrir al asesoramiento técnico. Pero de él no se exige más que eso. Especialmente no se puede esperar que un lego en Derecho revise la corrección de la información dada por un abogado u otra persona dedicada a dar informaciones jurídicas. Si una persona tal confirma la corrección jurídica de la acción, como regla general un error de prohibición será -en contra de la jurisprudencia que en esa medida tiende a sobrevaluar las exigencias- inevitable".-

A igual conclusión arriba Bacigalupo: "...El ciudadano no debe cargar con la tarea de verificar la corrección del consejo jurídico, pues ello lo llevaría a una cadena interminable de comprobaciones que prácticamente impediría todo comportamiento lo que resultaría incompatible con el derecho genérico a la libertad de acción que se deduce de la dignidad de la persona y del derecho al libre desarrollo de la personalidad que le es inherente..." -Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, PG, p. 443 y ss.-

Ello responde a una exigencia lógica: si quien duda poseyera los conocimientos que requiere una "doble evaluación", no necesitaría consultar con otro. "De allí que, de acuerdo con este punto de vista, el lego, por regla general, debería poder orientarse únicamente en la calificación formal de la fuente que imparte la información, y este permiso sólo debería decaer cuando circunstancias especiales hubieran dado motivo para dudar de la corrección de la información. Por consiguiente, una información sería confiable cuando hubiera sido impartida por una persona a la cual el autor, en virtud de su calificación formal, podía considerar versada y objetiva; ello, claro está, siempre y cuando circunstancias especiales no hayan dado una razón para dudar de la corrección de su respuesta" -CÓRDOBA, F. op. cit., p. 213-.-

Por lo tanto, y habiéndose asesorado Klein y Ortman con dos profesionales que consideraban confiables -reitero, teniendo el a quo esa consulta por cierta, lo que no ha sido cuestionado-, y habiendo obtenido como respuesta la corrección del obrar, no les resultaba exigible -al menos, en términos de exigencia normativa- consultar a otros especialistas, operando plenamente la confianza en quienes actuaban como asesores para la Junta de fomento implicada, independientemente del acierto o no de su conclusión. Siendo además ambos profesionales asesores técnicos de la Junta, aparecen claramente como las personas a consultar ante dudas respecto de su obrar como funcionarios públicos. Ninguna circunstancia extraordinaria se ha alegado que pueda haber influido en dicha confianza, por lo que la misma debe tenerse por válida, convirtiendo en invencible el error respecto de la validez de la contratación.-

En el caso de Kranewitter, de quien se ha dicho que no se planteó la posibilidad de la contrariedad de su accionar con el ordenamiento jurídico, es de destacar primeramente que resulta irrelevante que Kranewitter "sea una persona absolutamente comprometida con la ciudadanía, habiendo intervenido en la vida social de Villa Valle María, no solo como comerciante y constructor, sino en entes de bien público" -como destaca el sentenciante-, pues estamos ante un ámbito reglado en el que actúa como lego, no solo por su falta de profesionalidad sino por su escaso nivel de educación formal -solamente educación primaria-.-

En el caso de Kranewitter, atento a la alegada falta de autoreflexión, solo puede arribarse a la afirmación de su culpabilidad por dos vías: o negando tal falta de autoreflexión -y presuponiendo el conocimiento de la antijuridicidad de su accionar- o imputándole la omisión de informarse -si es que se acepta como cierta la falta de conciencia de injusto-.-

La primera opción requiere para su viabilidad la efectiva existencia de pruebas conducentes al respecto -al menos indiciarias, pero con entidad suficiente-, lo que no se constata en autos, sin resultar suficiente la apelación abstracta al sentido común y la lógica que hace el sentenciante. La ausencia de las mismas nos puede llevar a incurrir en una "presunción de dolo", violatoria del principio constitucional de culpabilidad y del de inocencia.-

Si bien el sentenciante refiere que "la culpabilidad no se funda en un efectivo conocimiento, sino en la mera posibilidad", ello no puede llevarnos a hipotetizar potencialidades cognitivas abstractas sin valorarlas desde el principio de culpabilidad -como sustento imprescindible de cualquier imposición de pena- y de las circunstancias del caso. En la sentencia se valora que Kranewitter se encontraba sujeto a un conglomerado de normas que debía conocer y a la que debía ajustar su accionar, sin ponderar que en las circunstancias fácticas concretas ese conocimiento es presupuesto de un modo meramente abstracto, recurriendo sin mayor argumentación a que resulta "irrazonable e ilógico sostener que no conociera, al menos eventualmente, la prohibición de decidir qué materiales debía comprar la Junta de Fomento en la que cumplía funciones públicas, y vender a dicha Junta desde su comercio, adoptando un interés personal a la vez que continuaba en funciones como órgano del Estado".-

En relación con la segunda posibilidad, es de recordar que en la jurisprudencia alemana supo dominar la teoría "de la infracción del deber de informarse”, según la cual el sujeto era culpable aún en caso de que la información omitida no hubiese despejado el error, por el solo hecho de infringir el deber de informarse que le cabía. Esta postura, según la cual la mera infracción del deber de informarse importaba la evitabilidad del error y habilitaba el juicio de culpabilidad con independencia de la calidad de la información que se hubiera recibido, fue duramente criticada por la doctrina, por considerar que no resultaba respetuosa del principio de culpabilidad: “La reprochabilidad, ausente, del hecho ilícito cometido por el autor es reemplazada aquí por la lesión de un deber general de reflexionar e informarse … implica una manifiesta lesión del principio ‘no hay pena sin culpabilidad’” –RUDOLPHI, Unrechtsbewusstsein, citado en CÓRDOBA, op. cit., p. 327-.-

Por lo tanto, no obrando en cabeza de Kranewitter un deber específico de informarse, y al no haber elementos suficientes para negar la falta de autoreflexión alegada por el mismo respecto de la antijuridicidad de su accionar, se impone la solución exculpatoria. A más de ello, es de destacar -como ya adelantáramos- que puede analizarse aquí la problemática de la relevancia de las llamadas informaciones hipotéticas: en el caso, no habiéndose asesorado Kranewitter, ponderar -via argüendi- qué hubiera sucedido en caso de haberlo hecho.-

En principio, la doctrina ha afirmado que "(A)unque se constate que el sujeto no se ha informado (o no se ha esforzado lo suficiente) acerca de su actuación, el error será inevitable si, de haberse utilizado fuentes de información fiables, la conclusión hubiese sido igualmente errónea" -SABORIT, D. F., Error iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 14 del Código Penal, p. 252-.-

Si bien existen diversas posturas al respecto -una minoría exige ponderar la respuesta que una fuente experta y objetiva habría impartido luego de un examen cuidadoso-, para la opinión mayoritaria lo relevante sería la información que el autor realmente habría recibido en tanto proviniera de una fuente formalmente confiable.-

En autos, y como ya refiriéramos, los profesionales que aparecían a los ojos de los imputados como aquellos a quien se debía consultar sobre estas cuestiones eran los asesores técnicos: el legal -Dalinger- y el contable -Rosin-. Si a ello se aduna la falta de circunstancias extraordinarias que hagan flaquear la confianza que por principio gozaban, y la inexigibilidad para el requirente de la verificación de corrección del consejo brindado, la invencibilidad del error de prohibición se impone: en el caso de Kranewitter, no solo porque no se ha probado acabadamente que tuviera un mínimo de conciencia de ilicitud de su obrar, sino porque de haberlo tenido, y de haberse asesorado, como sí lo hicieron Klein y Ortman, hubiera recibido la misma respuesta que éstos, por lo que habría actuado de igual manera a como lo hizo.-

A esta altura debo recordar que la eliminación del juicio de reproche que implica la culpabilidad, ante la presencia de un error como el analizado, excluye la posibilidad de sanción toda vez que, tal como lo ha señalado la CSJN, la "personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente" -Fallos 271:297, LL, 133-449-, toda vez que no cabe admitir "la responsabilidad sin culpa" -Fallos: 278:266, LL, 144-608-.-

Quiero añadir que la necesidad del juicio de culpabilidad ha sido receptado en todas las fórmulas y más allá de la postura filosófica que se siga, se puede observar en la literatura italiana como derivado del principio nulla actio sine culpa, y las tesis: nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla iniuria sine culpa -FERRAJOLI-, o alemana "ohne schuld, keine Strafe" -en palabras de BELING: "Ein Satz, der sich als ein oder sogar als der Grundpfeiler des Strafrechts bezeichnen lasso, wie ein Fels im Meer unerschuttert standgehalten hat", o bien, más ilustrativo bajo la idea de que el delito sin culpabilidad es un "cuerpo sin alma" como afirma MAGGIORE.-

Con lo expuesto, cabe advertir que las consideraciones que surgen del fallo y las nutridas citas que contiene se exhiben como conjeturales y ajenas a las concretas circunstancias del caso, de las que inequívocamente se aparta, importando sus valoraciones una errónea motivación a la hora de desestimar la aplicación de la norma bajo examen.-

Por todo ello, y más allá de que a mi juicio es evidente -tal como lo sostuve en primer término- que estamos frente a una precaria imputación de los hechos por ausencia de los requisitos típicos y más aún de su prueba, estimo que hipotéticamente, en caso de dar por saldada esa deficiencia y tener por acreditada la tipicidad y antijuridicidad del obrar de los encartados, los tres presentan -con las particularidades propias de la participación que le cupo a cada uno- las condiciones de quien incurre en un error de prohibición invencible, por lo que tampoco a este respecto entiendo que la sentencia ha arribado a una adecuada solución, debiendo operar la inculpabilidad de los tres imputados.-



VII- Conclusión: en función de lo expuesto y de los tres niveles de análisis que he desarrollado entiendo que aún considerando reunidos los requisitos típicos que hacen a la figura enrostrada y su prueba, es decir, que se pueda avanzar en los sucesivos estratos que hacen a la teoría del delito, es evidente que los autores han actuado en el marco del llamado "error de prohibición" y con ello, sin la culpabilidad necesaria para ser merecedores de un castigo penal por lo que corresponde su absolución en orden a los hechos que dieran origen a la investigación, arts. 34 inc. 1 del CP.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. GARZÓN expresa su adhesión al voto que le precede.-

A su turno, el Señor Vocal, Dr. VIRGALA adhiere al voto del Sr. Vocal, Dr. CHAIA.-



A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL, Dr. CHAIA, DIJO:

En relación a las costas y atento a la decisión a que ha arribado el Tribunal cabe que las mismas sean declaradas de oficio con excepción de los honorarios de los letrados particulares que han actuado en favor de los imputados, los que serán soportados exclusivamente por éstos.-

En cuanto a los honorarios profesionales de los Dres. Martínez, Schlotahuer y Chemez, no corresponde su regulación, por no haberlos peticionado expresamente -art. 97, inc. 1º Decreto Ley Nº 7046-.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. GARZÓN expresa su adhesión al voto que le precede.-

A su turno, el Señor Vocal, Dr. VIRGALA adhiere al voto del Sr. Vocal, Dr. CHAIA.-

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:
RUBÉN A. CHAIA

ELVIO O. GARZÓN PABLO A. VÍRGALA

Paraná, 18 de diciembre de 2015.-



SENTENCIA:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR a los Recursos de Casación de fs. 586/594 vta., 595/612 vta., y 613/614 vta., contra la sentencia de fs. 535/578 -de fecha 10/09/2014-, la que en consecuencia, SE REVOCA disponiendo la ABSOLUCIÓN de los imputados JUAN CARLOS KLEIN, ARSENIO SANTIAGO ORTMAN y CARLOS JOSÉ KRANEWITTER en orden al delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS, arts. 265 y 34 inc. 1º del CP.-

II.- DECLARAR las costas de oficio, con excepción de los honorarios profesionales de los letrados los que se declaran a exclusivo cargo de sus defendidos.-

III.- NO REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Martínez, Schlotahuer y Chemez, por no haberlo solicitado expresamente -art. 97, inc. 1º Decreto Ley Nº 7046-.-

IV.- Protocolícese, sirva la presente lectura de notificación válida para las partes, a sus efectos, y en estado, bajen.-
RUBÉN A. CHAIA


ELVIO O. GARZÓN PABLO A. VÍRGALA


Ante mi:

CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-
Se protocolizó. Conste.


CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-
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