Lell, Walter Oscar s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas recurso de casacion expte



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V.-Intimación y prueba del núcleo típico del delito enrostrado: Como adelanté, al arribar al punto de tener que valorar la prueba introducida al proceso -fs.569/70- la sentencia inicia esa faena afirmando: "Dije que no tengo dudas respecto del interés de los incursos en las contrataciones de la Junta de Fomento en la que cumplían funciones públicas con el comercio de Kranevitter -insisto- Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Junta contratante" agregando: "Esta afirmación no sólo se desprende de la lógica y del sentido común, sino que encuentro elementos producidos en la causa que así lo demuestran" y pasa a enumerar: "las palabras expresadas por el inculpado Klein en la Audiencia de Debate", los comentarios de que antes sólo se hacían "compras al otro corralón", la frase que "nunca le preguntaron ni el precio de un clavo", o el nombramiento en un lugar relacionado con la compra de materiales para con ello concluir -fs. 569 vta- "entiendo que se ha acreditado claramente que ambos incursos se interesaron en las contrataciones de compras en Su Corralón" de Kranevitter, dirigiendo sus acciones hacia una clara finalidad de <> para su compañero de funciones públicas", agregando más adelante -fs.570- "En conclusión, conforme lo antes desarrollado -que se desprende del análisis que bajo las reglas de la lógica y de la experiencia se hiciera de las pruebas incorporadas- entiendo que los tres inculpados actuaron dolosamente, conociendo que sus conductas contenían la peligrosidad concreta de la realización del tipo ...".-

Ante estas afirmaciones cuadra en primer término analizar el contenido y los alcances de la norma en juego siguiendo para ello a MORENO, quien estimo es quien mejor explica los antecedentes y el contenido de las Negociaciones incompatibles en el Título XVII, del volumen VI de su obra. Allí el autor, luego de tratar los "antecedentes del asunto" -p. 244 y ss.- deja en claro, siguiendo a PACHECO que el funcionario se debe mover en un "asunto determinado por motivos de interés privado distintos a los que deban gravitar exclusivamente sobre sus actos, o sea los de carácter público" -El código penal y sus antecedentes, t. VI, p. 247-. La norma, proviene del proyecto TEJEDOR que indicaba: "El empleado público que directa o indirectamente se interese en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado ...", explicando más adelante, con apoyo de PACHECO el temor que significa dejar a quien contrate de ese modo que fije los límites de su ganancia.-

No obstante lo expuesto, cabe recordar que el artículo 265 del Código Penal sufrió una modificación agregándose un elemento especial tal cual se infiere de su literalidad: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo" (la negrita me pertenece).-

De este modo vemos que el tipo penal actual, que surge de la ley 25.188 -Ley de Ética en Ejercicio de la Función Pública, art. 35, del 29/09/99-, al incorporar expresamente al texto la alocusión "en miras de un beneficio propio o de un tercero", busca reprimir al funcionario que por sí o por persona interpuesta, al intervenir en una contratación desvíe el interés de la Administración, se aparte de su rol, quiebre la fidelidad debida al Estado y tenga en miras la obtención de un beneficio en la forma descripta.-

Esta modificación explica en parte por qué no es posible seguir totalmente en el análisis del artículo a algunos de los prestigiosos autores nacionales pues es obvio que han escrito sobre la materia antes de la reforma operada a la norma; sin perder de vista además que estamos ante un tipo penal que ha sido considerado "residual" y/o esquivo a la hora de pretender su determinación, tal como lo indica POLAINO NAVARRETE -"Delitos contra la administración pública", en CDPE, PE, t. II, p. 431, Madrid, 1997-.-

Vemos entonces que "la reforma de la ley 25.188 introdujo al tipo un elemento subjetivo que ya había sido indicado por alguna jurisprudencia: la acción de interesarse debe ser teniendo en miras un beneficio propio o de un tercero" -CREUS-BUOMPADRE, Derecho Penal, PE, t.II, p. 327.-

A partir de ello, es factible sostener -en función de lo expresado por la doctrina más moderna- que: "La nueva redacción de la ley penal ha desmejorado en apariencia la protección que antiguamente otorgaba esta figura pues, se le agregó a la fórmula típica (como requisito) que el funcionario actúe en miras de un beneficio personal o de un tercero", con lo que "la actual disposición trata de impedir que el funcionario u otro se beneficie merced a una negociación en la que el primero intervenga en favor del estado" -cfr. VILLADA, Delitos contra la administración pública, p. 361. Podemos significar entonces siguiendo a la doctrina: "Ello significa que el interés que demuestra el agente en la contratación u operación debe ser particular, sin perjuicio de la concurrencia, o no, del interés de la administración pública a la cual el funcionario debe dar preeminencia en función del cargo que ocupa" -DONNA, DP, PE, t. III, p. 317 y Delitos contra la administración pública, p. 316-.-

En ese andarivel, al explicar el contenido del verbo "interesarse" la doctrina es conteste en definirlo como la acción de "volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no administrativa" -con matices se pueden ver: CREUS-BUOMPADRE, Derecho Penal, PE, t.II, p. 327, CREUS, Delitos contra la administración pública, p. 371 y ss., FONTAN BALESTRA, Tratado de derecho penal, t. VII, p. 337, BAIGUN-ZAFFARONI, (dir), Código Penal, t.10, p.787, DONNA, DP, PE, t. III, p. 318, D´ALESSIO, Código Penal, PE, p.849-. "El interés tomado debe ser personal" dice SOLER -Derecho Penal Argentino, t. V, p. 214-. Se trata de "provecho, utilidad o ganancia" dice MOLINARIO -De los delitos, t. III, p.369- Con auxilio de GARRAUD, GONZALES ROURA nos habla de "una intromision peligrosa", Derecho Penal, PE, t. III, p.395-. Tenemos entonces que, a partir de la reforma, se precisó el concepto de interés complementándolo con el de "beneficio" personal o de un tercero, y con ello, se tuerce o desvía la voluntad de la administración en miras de un propósito que le es ajeno.-

Sentado ello, a partir de un completo análisis de la sentencia recurrida vemos que la misma omite explicar en función de qué proposición muta, trastoca, extrapola el objeto -verbo típicio- de las acusaciones, a saber: "haber realizado y autorizado" -Klein y Ortman- "haber efectuado ventas" -Kranewitter- para adaptarlo y con ello convertirlo en el elemento típico requerido esto es: "interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero", tal como inicia sus conclusiones valorativas -fs.569- pero además, omite también señalar eventualmente, en función de qué pruebas o elementos cargosos da por acreditado ese requisito doloso que ponga de relieve una actividad orientada a interferir para con ello producir un beneficio propio o de terceros, cualidad que se entiende, "requiere este elemento que además recarga el dolo requerido por la figura" -VILLADA, ibídem, 361, incluso CREUS al indicar: "la conducta punible es la de interesarse", Delitos contra la administración pública, p. 371-.-

Como dije antes, del breve repaso por los antecedentes normativos es dable sostener que la anterior redacción de la norma castigaba al funcionario por el solo hecho de participar al mismo tiempo por la administración y por sí mismo en un negocio jurídico o transaccional de carácter patrimonial sin importar el resultado económico, beneficio o perjuicio alguno -lo que se llamaba actuar en doble carácter-. Con ello se pretendía evitar una suerte de "desdoblamiento" funcional, pues se tomaba como norte una burocracia estatal imparcial a la hora de decidir. Ahora, con el agregado de la Ley de Ética Pública, se requiere además que sobre esa participación exista el dolo típico que requiere la figura -así: VILLADA, ibídem, 361-.-

Este cambio se explica en la medida en que antes la protección se centraba en la "fidelidad" funcional -NUÑEZ, Tratado de derecho penal, t. V, p. 128- y con ello, contratar en doble calidad bastaba. Hoy, como lo regula expresamente el tipo, parece indispensable además, la presencia de un interés en miras de un beneficio propio o de terceros que debe ser, al menos explicado y de hecho, probado.-

Al respecto, la doctrina mayoritariamente entiende que debe existir un "interés personal" de naturaleza económico -RIVAROLA, RODRIGUEZ DEVESA, SOLER, DIAZ, NUÑEZ, ESTRELLA y GODOY LEMOS, BAIGUN-ZAFFARONI, en CP, (dir), D´ALESSIO- en tanto otros autores -como GOMEZ, Tratado, t.V, p.557- quizás por la influencia italiana -art.323 CP-, postulan que el interés puede ser económico o de cualquier otra índole siempre y cuando sea distinto al que tiene la administración pública. CREUS señala que la presencia de un interés económico constituye un requisito típico indispensable para la configuración de este tipo penal sin importar los restantes fines que persiga el agente, entiende además que el interés debe ser "personal" -ver también: SOLER, t. V, p. 214, NUÑEZ habla de "interés patrimonial", Tratado de derecho penal, t. V, p. 131-. SANCINETTI en cambio propone que se interprete abarcando al "provecho" o "aprovechamiento" en beneficio ilegítimo del autor -"Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas", en Anuario DP y CP, INEJ, Madrid, 1985-.-

A fuerza de ser reiterativo quiero significar que en esta causa, al requerirse los hechos no se explicó, ni siquiera se señaló la existencia de un "interés" económico o de otra naturaleza. No se expuso cuál es el "beneficio" buscado por cada uno de los encausados los que se sitúan en planos diversos. En efecto, al intimarse los hechos no se indicó la ocurrencia del "interés personal o de un tercero" perseguido en la contratación, el que -como vimos- es un requisito exigido en la ley y por la doctrina; lo que configura un serio problema que se agudiza al tiempo de dictar sentencia donde el magistrado debe esgrimir esos motivos, dando por sentado que fueron intimados y probados, apareciendo las razones invocadas al menos como insuficientes.-

Desde otro ángulo y ya en lo que hace a la prueba del núcleo típico del delito, si vía hipótesis, aceptáramos que estemos frente a un delito de peligro concreto -como parte de la doctrina anterior a la reforma lo sostenía- no tengo dudas que en primer lugar debe imputarse ese elemento específico -intimarse la conducta típica- a propósito de permitir repeler la acusación y por otro lado, al tiempo de dictar sentencia condenatoria, debió señalarse la inobservancia de la "fidelidad" requerida en la emergencia en base a información concreta, plausible, demostrable, que ponga de manifiesto el interés particular de los funcionarios en cada acto llevado adelante. Ambos aspectos se muestran ausentes en la especie.-

Hablo aquí de "fidelidad" pues comparto la tesis esgrimida entre otros por ABOSO al sostener que se ajusta mejor al propósito buscado y creo que resulta más acertada desde el punto de vista de la legalidad material sobreponíendose a otras perspectivas que entienden al bien jurídico como la "apariencia de integridad", la "imagen", el "prestigio" o bien la "imparcialidad" del funcionario -p.31/59, RDP, 2004-I, Delitos contra la Aministración Pública-.-

Con lo expuesto entiendo que existen fisuras insalvables en la conformación de la plataforma fáctica, específicamente en el modo en que fueron atribuidos los hechos, ante la ausencia de una intimación completa sobre aspectos nucleraes de la figura enrostrada lo que las deja hueras de contenido delictivo.-

Aún así, podría esgrimirse que, aunque defectuosa, la imputación es viable, y por tanto entiendo necesario avanzar con el resto de los planteos, contestando los demás agravios relativos a la falta de prueba y al eventual error de prohibición, por cuanto al tratarse de un caso en donde se encuentran involucrados aspectos públicos e institucionales, considero que la Justicia debe agudizar su capacidad de respuesta de modo que se entienda acabadamente el por qué se arriba a una decisión como la que nos ocupa.-



VI-Materialidad del delito enrostrado: la sentencia afirma un supuesto "interés" -"injerencia"- de Kranewitter al tiempo de efectuarse las compras, pero lo cierto es que para tal propósito se toma de la indagatoria prestada por el acusado quien reconoce haber confeccionado el "listado al encargado de compras para que él comprara la mercadería o los materiales", aclarando que no "sugería" ni marcas ni lugar donde comprarlos -cfr. fs 226/228- y que ese listado llegaba al encargado de compras de la Junta de Fomento, el inculpado Ortman quien, luego de efectuar una búsqueda de precios concretaba la compra -la autorizaba, emitía órdenes de suministro-. En ese proceder, si bien puede afirmarse que la informalidad de la búsqueda de precios puede contribuir a generar sospechas de parcialidad si se analiza todo el material glosado, no es posible inferir que ello efectivamente ocurra, ni mucho menos afirmarse que esa práctica sea ilegal o contraria a la reglamentación vigente, tal como lo han sostenido los profesionales del área y siendo además que el propio organismo de contralor, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, luego de auditar la Junta, no realizara observaciones.-

Tampoco es ilegal el hecho de que Kranewitter haya retirado materiales, de hecho era parte de su función, podrá verse desprolijo pero si no influía en la determinación del lugar de compras, era algo propio de su actividad, más en el tipo de Junta de Gobierno de la que en aquella época se trataba. En esa línea, estimo que la explicación brindada en la sentencia no resulta suficiente para dar por acreditado que en verdad existió un "interés" de parte de los tres acusados en torcer la voluntad de la administración pública hacia un interés personal en cabeza de cada uno de los imputados. Ante las afirmaciones que se hacen en la resolución atacada, entre otras cuestiones me pregunto: ¿cuál era el interés de ORTMAN?, ¿cuál fue el de KLEIN?, ¿qué injerencia probada existe de KRANEWITTER en punto a desviar las compras hacia su comercio?, ¿cuál es el interés perseguido por los dos primeros en esa situación?, ¿había más opciones que comprarle a esos comercios en esa localidad?, ¿qué perjuicio pudo ocasionar esta actividad a la Administración?.-

Entiende además el sentenciante que se ha "acreditado con grado de certeza que los tres funcionarios de la Junta de Fomento de Villa Valle María, hoy inculpados, con pleno conocimiento de las circunstancias objetivas, intervinieron en el proceso de adquisición, mediante la modalidad de compras directas, de materiales y herramientas al comercio de uno de ellos -Kranewitter-, vulnerando la "imparcialidad" y la "trasparencia" que deben primar en la función pública". Ahora bien, nuevamente me pregunto, ¿se dan en esa afirmación los requisitos de la figura típica?.-

La adquisición de materiales que todos han reconocido se efectuó con toda normalidad en sus entregas, los materiales comprados eran necesarios -al menos no se ha contradicho esa circunstancia-, se compraba habitualmente allí y en el otro corralón, no se ha demostrado ni siquiera se ha alegado que se pagaran sobreprecios. En definitiva, los productos comprados por la Junta se pagaron a precios de mercado y a través de los mecanismos preestablecidos, siendo además que las mercaderías se entregaron y eran necesarias para la actividad ejecutiva. Ante ese panorama, no comprendo cómo pueden verse satisfechos los requisitos típicos.-

En el caso se debió demostrar -como hemos visto- un interés en torcer la voluntad de contratación y con ello de beneficiarse o beneficiar a un tercero. No hay elementos que permitan inferir siquiera esa circunstancia. Sólo se esgrimen conjeturas pero se omiten valorar los elementos de descargo, la prueba en su conjunto, lo que resulta arbitrario.-

Prueba de ello es que de todos los elementos arrimados, de las declaraciones testimoniales de los propios denunciantes, no existe un solo elemento que permita sostener que los acusados torcieron la voluntad estatal en búsqueda de un beneficio personal o de terceros. Los propios vecinos que instan la investigación dicen haber actuado por comentarios o en búsqueda de que se esclarezcan los hechos pero tampoco sugieren situaciones que impliquen un desvío de la voluntad pública hacia un interés determinado.-



De la declaración que realiza el imputado KLEIN, al concretar su defensa material, en modo alguno puede decirse que se extraigan frases que indiquen que se "interesó" en beneficio de un tercero o propio, es más surge con claridad que siempre se ha priorizado "distribuir la compra en forma equitativa a todos los comercios de Valle María para no favorecer a ningún en particular", en tanto deja en claro que Kranewitter "no sugería marcas ni lugares, nunca, se limitaba a indicar lo que se necesitaba", que era el Secretario de gobierno "el encargado de las compras, el que hacía las averiguaciones de los precios, calidades y demás y determinaba a quien se le compraba siempre hablando de compra directa, en los cotejos había una escala en general se hacía una averiguación de precios que según los montos era telefónica o se pedían presupuestos por escrito", consignando que en todo momento se trató de "mantener la igualdad (...) en Valle María había solo dos corralones de materiales de construcción y que siempre se trató de comprar en cantidades aproximadamente iguales a cada uno de ellos". Por su parte, ORTMAN indica que en "el sistema de compras lo más abundante era la compra directa la cual se realizaba cotejando precios los cuales se averiguaban de manera personal o telefónica" y coincidiendo con KLEIN indicó que tenía "como criterio distribuir la compra de manera equitativa entre los distintos comercios de Valle María (...) lo que se hizo fue continuar con una práctica que venía de la gestión anterior" y que al negocio lo manejaba Lell, reiterando que "Las compras se hacían tratando de equilibrarlas entre los distintos comercios". KRANEWITTER en tanto, dijo ser albañil y que desde el año 2003 para darle una mano a su yerno Walter Lell, decidieron cerrar la despensa e invertir un dinero que tenían en un corralón de materiales para la construcción pero que él seguía trabajando en la construcción y que su yerno y su hija se hicieron cargo de la administración del negocio. En esa línea sostuvo que no participó en nada, ni en las compras, ni en las ventas y que ni pisaba el corralón dedicándose exclusivamente a trabajar en el municipio, en el camping y en el servicio fúnebre de la municipalidad. Estos aspectos, que hacen a lo medular de la defensa y permiten contemplar si existieron actitudes propias del presunto "desvío de la voluntad" requerido por el tipo, no han sido rebatidos ni valorados al dictar sentencia.-

En esa misma senda, el contador ROSIN que se desempeñó desde el año 2007 como asesor contable del municipio de Valle María, indicó la metodología apta para hacer las compras. Que ante una orden de compra se hacían consultas de precios, en algunos casos se hacía por escrito y en los demás casos de manera telefónica o personal porque la ordenanza no exigía otra formalidad, en los hechos era compulsa telefónica y no se dejaba registro, que la norma no exigía que quedaran documentados, "tampoco nunca supo que Kranewitter se interesara en alguna compra o tuviera injerencia o hiciera gestiones para que se comprara en su comercio; Kranewitter trabajaba afuera y eso le parecía normal, cree que ni Ortman ni Klein le hubieran permitido una injerencia tal a Kranewitter", "En el año 2008 en Valle María había dos corralones". Por su parte, DALINGER, quien se desempeñó como asesor letrado de la Junta de Gobierno de Villa Valle María, dijo que el Secretario de Gobierno era quien hacía el concurso de precios y mandaba mail a todos los vendedores de ese producto y luego se le compraba al que lo tenía mas barato. Puntualmente sostuvo: "Dentro de ese esquema el Secretario de Obra Pública no intervenía ya que se encontraba fuera de la parte de la administración" agregando "el que decía la cantidad de un determinado material que se necesitaba era el albañil o el encargado de Obra Pública, que era quien daba la orden de los trabajos que se tenían que hacer pero nunca se interesó en la compra de un producto y menos en un corralón determinado. Nunca supo que Kranewitter sugiriera la compra de materiales de construcción en un lugar o en el comercio de su propiedad". Explicó además el sistema de compras directas y que se le compraba a los dos corralones por igual, más al corralón "Valle María" porque recuerda que eran más baratas algunas cosas, incluso que "le sorprende la denuncia porque Asselmborn le ha comprado toda la vida a su hermano que es el titular también de un corralón" agregando que "La pésima relación de Kranewitter y Ortman era pública y notoria".-

Vemos entonces que tanto el asesor letrado como el contable del gobierno de la Junta descartan la intervención de Kranewitter en la determinación del lugar de compras -torcer la voluntad- dando razones válidas y motivos concretos que no han sido rebatidos por la acusación ni descartados al resolver el caso.-

Me interesa también analizar los dichos de los denunciantes. Así la testigo LÓPEZ indica con claridad que "no vio nada directo, era un comentario y como funcionaria que era lo expuso para que se investigue", el denunciante ASSELBORN en sintonía con López dijo que "cuando era vocal de la Junta y escuchaba comentarios de vecinos que veían estacionados vehículos municipales para cargar materiales en el corralón de Kranewitter, veía decretos adjudicando a "Su Corralón" la compra de materiales, y los vecinos e incluso él mismo pudo ver, vehículos estacionados en el corralón de Kranewitter. Creyó necesario hacer la presentación en la justicia, porque en ese ambiente no había dialogo con el oficialismo, no le daba intervención porque él había sido el intendente anterior y había una rigidez absoluta, hicieron la presentación en la justicia para que verifique si había desembolsos y pagos en "Su Corralón" y si había o no delito inicial", también el denunciante DREILING sostuvo que se enteraron que la municipalidad efectuaba compras en el corralón que era de propiedad de una persona que también era funcionario y para "no ser cómplices" quisieron hacer la presentación en la justicia.-



Como se puede apreciar, todos afirman haber actuado en creencia de que era su responsabilidad presentarse ante la justicia y pedir que se investiguen los hechos, algo que es aceptable, pero de ahí a dar por probados las acusaciones que más tarde se dirigieran hay un camino que debe ser recorrido por quien pretende una condena.-

En otro orden considero esclarecedor el testimonio de Marta Marina ORTMAN no sólo porque dijo ser prima del imputado Ortman sino porque en su calidad de dueña del otro corralón en el que se provee el Municipio indicó que en ningún período dejaron de comprarle, que quien está a cargo de las compras era Ortman y que en los años 2007/2008 participó de procedimientos de compra. En tal sentido dijo que se hacían cotejos de precios a veces mediante llamadas telefónicas o iban personalmente y le consultaban los precios, si tenían tal cosa, si había existencia, cantidad, precio, de todo. Las consultas eran personales y telefónicas, si ella iba a llevar algo al municipio y se cruzaban le preguntaban ahí. Aclaró además que en ese periodo le compraron y sabía que también le compraban al otro corralón y esto le parecía bueno, el hecho que sea un pueblo chico y los comercios que tributaban en el municipio compartieran la compra le parecía bien. Dijo que "nunca le pareció que estuvieran favoreciendo a Kranewitter". Agregando por último que en los años 2007 y 2008 los únicos corralones que había en el pueblo eran el de ella y el de Kranewitter, quizás algún otro pero en Diamante y que si bien no recordaba puntualmente que sea una promesa de la campaña de Klein repartir las compras, cree que sí, pero aclaró que se hablaba de apoyar a los comercios locales, todos los partidos siempre hablaban de eso.-

La contadora UNRREIN quien se desempeña como contadora municipal desde el mes de octubre del año 1987, dijo tener la facultad de observar pagos, para poder hacerlo tiene que ver si la operación de compra es correcta, dependerá si es compra directa, concurso o licitación, lo cual depende del monto. También narró que es la que verifica administrativamente que se cumplan los recaudos de la normativa vigente, entre otras cosas y puede advertir al presidente si un pago no es correcto o tiene alguna observación para hacer. Afirmó categóricamente que en el período de 2007/2008 no notó que se realizara ninguna operación de compra directa que mereciera ser cuestionada, que no vio irregularidades. Dijo que hace veintisiete años que trabaja con el Tribunal de Cuentas, indicando que cada año dicho Tribunal los auditaba, efectuaban un control que entendía era total y no selectivo porque revisaban desde el Libro Banco, Planilla de Caja, Licitaciones, Concursos, entre otras cosas, dentro del tiempo que estaban que era generalmente una semana y que en la gestión de Klein el Tribunal no realizó observaciones. Respecto a lo que podría ser la injerencia de Kranewitter en las compras sostuvo que éste no participaba en la gestión de ellas y que en la administración lo veía poco, su tarea era más ser un ejecutor de obra pública en la calle.-

Además se produjo prueba y se agregó documental de la que surge sintéticamente que Kranewitter estaba inscripto en la actividad antes de que ingrese a la gestión de la Junta; a fs. 478/513 obran informes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos de los cuales surge que se aprobaron las Rendiciones de Cuentas de los Ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 del Municipio de Villa Valle María.-

Como observamos, más allá de la cuestión relativa a la omisión de imputar el elemento típico tal cual se señala supra, les asiste razón a los recurrentes cuando insisten en señalar que no se ha probado que los acusados hayan actuado en miras de un interés propio -Kranewitter- o de terceros -Ortman y Klein- puesto que ninguno de los testigos ni de la propia documental surge esa situación. Kranewitter no intervenía en la compra y Ortman hacía los cotejos de precios en la forma que la ley lo permitía, como dije antes, podría haber sido más prolijo y dejar constancias, pero como afirman los expertos del área, el mecanismo no exigía formalidad alguna con lo que no se observa allí un incumplimiento.-

Quiero además significar que no tengo dudas que el proceder de estos agentes desprovisto de formalidades -aunque reitero, en el marco de las disposiciones vigentes- ciertamente ha dado pie a comentarios en una localidad pequeña lo que quizás motorizó la denuncia y posterior investigación puesto que se requiere que todos los funcionarios del Estado actúen al reparo de toda sospecha de parcialidad, con probidad, lealtad y buena fe, pero de allí a condenarlos por torcer la voluntad estatal hay realmente un abismo.-

Estimo que no es este tipo de actos para el que la norma ha sido diseñada sino más bien aquellos que involucran actos de corrupción con evidente contenido patrimonial y perjudicial para el Estado y la erosión de su transparencia. Sí creo que estas personas han actuado como les parecía que podía ser mejor para el pueblo, comprando a sus comercios, sin favorecer a ninguno -tal como lo reconoce la dueña del otro Corralón la señora Ortman-, y que además cabe aclarar, como lo han dicho los señores defensores, pertenecen a un Partido Vecinal, que se involucraron en pos de mejorar la calidad de vida de sus vecinos pero siguen -al menos esas circunstancias no han sido contradichas- en sus actividades de profesor de matemática, criador de conejos y albañilería.-

Es claro que no estamos frente a personas que buscaran un interés propio o de terceros sino más bien mantener un "equilibrio" entre los proveedores comprando en la localidad para favorecer al comercio de la zona y con ello generar desarrollo genuino de sus pobladores. Es realmente injusto reprocharles una cuestión de esta naturaleza máxime cuando era parte de una práctica que venía que no se instaló -introdujo- para favorecer a una persona determinada.-

No veo cómo puede resultar contrario a la fidelidad del Estado el hacer un listado de las necesidades para el normal funcionamiento de la gestión municipal -Kranewitter- o disponer las compras -Klein/Ortman- por una cifra superior a $ 70.000, durante un año y como se observa en el legajo documental 3, se corresponden a palas, terrajas, plasticor, llaves de paso, entre otros materiales y herramientas de uso habitual; siguiendo para ello el mecanismo previsto y de ese modo, permitiendo que todos los comercios locales puedan vender a un importante cliente como es la Junta de Fomento tal como venía sucediendo con anterioridad.-

Pero y como dato significativo, el Tribunal de cuentas no observó esas operaciones lo que descarta cualquier tipo de irregularidad administrativa lo que no es un dato menor, pese a que no ha sido considerado en el contexto de las pruebas. Tampoco los denunciantes han señalado favoritismo, falta de entrega de mercaderías, compras innecesarias, sobrevaluadas o diversas a las requeridas por la Junta, es decir, no advirtieron daño o perjuicio alguno sea al erario público o a los eventuales competidores en la provisión de materiales.-

De ahí que el castigo que se les aplica, lo que incluye la inhabilitación absoluta perpetua, aparece francamente injusto e incluso desalentador para los vecinos de una pequeña localidad -en esa época contaba con algo más de 2.000 habitantes, se sostuvo sin contradicción- que pretendan organizarse y convertirse en opción de gobierno en sus pueblos apartándose de la creciente profesionalización de la política.-

La sentencia no da motivos, no explica, no argumenta cuál es el interés que se desvió en tanto y en cuanto, se compró lo necesario -ver legajo documental 3- por los mecanismos predispuestos.-

La propia Fiscalía reconoció que podía haber cotejos en algunos casos, pero que no era obligatorio, también admitió que no hubo prueba de perjuicio alguno para la Junta y que el comportamiento público de los acusados se debió a la impunidad con la que se manejaban. No comparto esta última afirmación, se comportaron en la forma que lo hicieron porque estaban convencidos que su actuar era acorde a la ley. Nótese que en este caso, la mercadería se entregó, se pagó a un precio normal, se compró según las necesidades y urgencias; en síntesis, no hubo ningún tipo de perjuicio para la Junta en tanto que los sospechados intervinieron en el marco de las funciones que las leyes les acuerdan y claramente sin "interesarse" en obtener un beneficio personal o de terceros.-

Por último, basta recordar que el corralón ya era proveedor de la Junta, en otros términos, no se insertó en el mercado -o Kranewitter en la Administración- para venderle a la Junta de Gobierno, sino que continuó trabajando tal como se venía haciendo en las demás administraciones. En definitiva y retomando el comentario del artículo 265 del CP que hace MORENO, es evidente que no han sido acreditados los "motivos de interés privado distintos a los que deben gravitar exclusivamente sobre sus actos, o sea los de carácter público" -obra citada, p. 247-.-


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