Lell, Walter Oscar s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas recurso de casacion expte



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AUTOS: "KLEIN, Juan Carlos; ORTMAN, Arsenio Santiago; KRANEWITTER, Carlos José; LELL, Walter Oscar s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAs - RECURSO DE CASACION" Expte. Nº178/14-Fº26 (Año 2015– Jurisd.: Cámara del Crimen Sala II de Paraná)
Resolución Nº 323
///-C U E R D O :

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Nº 1 de la Cámara de Casación Penal, a saber: Presidente, Dr. RUBÉN A. CHAIA, y Vocales, Dres. ELVIO O. GARZÓN y PABLO A. VÍRGALA, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Claudia Geist, fue traída para resolver la causa caratulada "KLEIN, Juan Carlos; ORTMAN, Arsenio Santiago; KRANEWITTER, Carlos José; LELL, Walter Oscar s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAs - RECURSO DE CASACION".-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres. CHAIA, GARZÓN y VIRGALA.-

Estudiados los autos, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos a fs. 586/594 vta., 595/612 vta., y 613/614 vta.?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué cabe decidir en materia de costas causídicas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. CHAIA, DIJO:

I.- Mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 2014, la Cámara del Crimen Sala II de Paraná -conformado en la oportunidad por los Dres. Grippo, Zilli y Badano- resolvió condenar a Juan Carlos Klein y a Carlos José Kranewitter a la pena de UN AÑO Y UN MES DE PRISION DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL CON MAS INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS -arts. 265 y 45 del C.P.P. por el delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS-; y a Arsenio Santiago Ortman, a la pena de UN AÑO DE PRISION DE CUMPLIMIENTO CONDICIONAL CON MAS INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS -arts. 265 y 45 del C.P.P. por el delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS.-

Contra dicha resolución, en fecha 30/09/14 interponen recursos de Casación los DRES. NELSON J. SCHLOTAHUER -letrado defensor del imputado ARSENIO ORTMAN, cfr. fs 586/594 vta.-, CARLOS A. CHEMEZ -defensor de CARLOS JOSE KRANEWITTER, cfr. fs.595/612 vta.- y MARCIANO E. MARTINEZ -Defensor de JUAN CARLOS KLEIN, cfr. fs.613/614 vta.-.-

II. a)- Sostuvo el Dr. Schlotahuer que la sentencia carece de la motivación exigida legal y constitucionalmente. El objetivo de la sentencia aquí atacada es la estigmatización de un ciudadano que ejerce funciones públicas.-

Destacó que la acción típica del delito enrostrado implica una actividad incompatible o desviada con la correcta actuación administrativa, dicho actuar debe revelar un acto de naturaleza espuria para el correcto funcionamiento de la administración pública. Lo que se castiga es un acto, no una posibilidad. La mera sospecha de imparcialidad no puede tomarse como delimitador típico. Entiende importante precisar el concepto de "interesarse" como elemento típico, lo que la sentencia no hace. Como Secretario de Gobierno, su pupilo realizó tareas cotidianas y habituales, y su actuación fue aprobada por los órganos de contralor, no existiendo interés espurio de ningún tipo.-

Igualmente, se agravió por la interpretación sobre el elemento subjetivo del tipo -dolo-, por entender que no es lo mismo conocer la prohibición que conocer el dolo. Realizó precisiones sobre los delitos de peligro abstracto, la prejudicialidad administrativa y el carácter de ultima ratio del Derecho Penal.-

Remarcó que Ortman no tuvo dominio posible del hecho. El Departamento Ejecutivo Municipal es Unipersonal, los Secretarios carecen de la facultad de autorizar y realizar compras. Ortman no fue parte en los negocios denunciados. Analizó las pruebas que dan cuenta del actuar diligente de su defendido, y proclama la aplicación al caso del error de prohibición, por haber mediado asesoramiento previo a la actuación y convalidación por los órganos de contralor.-

Solicitó por todo ello, la absolución de Ortman, haciendo reserva del caso federal.-

II. b)- En su escrito, el Dr. Chemez alegó errónea valoración de la prueba. La sentencia dice que Kranewitter formaba parte en la necesidad de la compra, lo que no es así. Las pruebas producidas descartan la participación de su pupilo en actividad ilícita alguna. El contexto que describieron en debate, y que hizo que se realizaran las compras en el corralón de su pupilo, no fue valorado por los judicantes.-

No se dio el "interés" requerido por el tipo. Ninguno de los testigos lo ubica a su pupilo en el proceso de compras y con participación en él, la lista que pudo haber pasado Kranewitter con materiales, no es la introducción en la voluntad de la administración pública, ni puede por ello afirmarse que haya contribuido a la celebración del negocio. Las compras no se encontraban dentro de la esfera funcional o competencia de su defendido.-

Entendió que los imputados obraron bajo un error de prohibición invencible y directo. Su defendido nunca había actuado en la administración pública, desconocía acabadamente las normas de la función pública. Incluso quienes sí tuvieron dudas sobre el obrar y se asesoraron, recibieron como consejo técnico que la compra no era irregular. El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos no hizo ninguna observación, y los denunciantes no llevaron sus reclamos a la Junta. Todo ello torna inevitable el error de prohibición de su pupilo.-

Por ello, solicitó la absolución de Kranewitter, haciendo reserva del caso federal.-



II. c)- Finalmente, el Dr. Marciano Martínez, en representación de Juan Carlos Klein, se agravió por entender que la sentencia condenatoria incurre en servirse del pasado sin hacer un análisis profundo de los hechos y del derecho que aplicó. Ello así, por cuanto el art. 265 CP contiene un tipo abierto, se condena a su defendido desde un punto de vista puramente objetivo, por la función que detentaba, y sin que exista una norma que prohibiera el acto en forma clara y concreta. No hay aquí vulneración de bien jurídico alguno.-

Disiente con que estamos ante un delito de peligro. No hay daño a la administración pública. Por eso, solicitó la absolución de Klein, haciendo reserva del caso federal.-

III.- Al momento de llevarse a cabo la Audiencia, comparecieron los recurrentes, y en representación del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal Coordinador Dr. RAFAEL M. COTORRUELO.-

III.- a) Con la palabra el Dr. Martínez, destacó que la imputación es relativa a compras autorizadas al corralón de Kranewitter. El acto reprochable es la compra, no hay ningún otro acto que se repute ilícito. En la sentencia, se afirma que Klein y Ortman nunca debieron comprarle a Kranewitter, ya que tal compra de por sí afectó la sospecha de imparcialidad de toda función pública. Esa compra crea sospecha de que se ha violado la ley, pero esa sospecha es parcial, y no se lo puede condenar por sospecha.-

Reseñó opiniones doctrinales respecto del tipo endilgado, realizando apreciaciones sobre las nociones de sospecha e imparcialidad en relación con los funcionarios públicos, refiriendo la falta de precisión legal respecto de las acciones que pueden constituir el delito imputado, asimilándolo por ello a una ley penal en blanco.-

Finalmente, opinó que se trata de un delito de lesión, tiene que haber un daño, siendo que en la sentencia se reconoce que no hay daño. La redacción legal crea una especie de incompatibilidad, pero la misma no está detallada, eso es una cración de la ley, de manera expresa, no hay incompatibilidad que no surja de la ley. Un delito así, sin taxatividad en la descripción del tipo, y con antecedentes erróneos que remiten a la sospecha, no puede provocar una pena tan grave como es la declaración de la muerte pública de un hombre para toda su vida.-

Por todo ello, solicitó que se case la sentencia, se absuelva a su defendido por no haber cometido delito alguno, y subsidiariamente, que se ordene el reenvío.-



III.- b) A su turno, el Dr. Chemez expresó que la sentencia contradice los principios de la sana crítica racional, incurriendo en una valoración fragmentada de la prueba, se han tomado algunos elementos parcializados para llegar a una sentencia injusta. No se ponderaron circunstancias que llevan a concluir que los encartados no han cometido el delito enrostrado.-

Sostiene que estamos ante un delito de actividad, de peligro, pero no es un elemento menor que no haya resultado ningún perjuicio para la Municipalidad. No tiene trascendencia el monto, pero el volumen de esas compras a lo largo de un año significa que las mismas tuvieron una escasa entidad, no hubo interés de beneficiar a un particular, considerando además que no hubo exclusividad de compra a Kranewitter.-

Tampoco se ha ponderado en la sentencia que tanto el Dr. Dalinger -asesor letrado- como el contador Rosin -asesor financiero- y hasta la propia Contadora municipal, hablaron de serias dificultades de financiación de la municipalidad, teniendo que recurrir muchas veces al fiado. Existía una escasa oferta de lugares para comprar, los montos de las compras no justificaban movilizarse a otras localidades.-

Todos esos elementos, que no son eximentes en sí, deben considerarse para tener en cuenta la circunstancia del municipio en ese momento y la necesidad de recurrir al negocio local. Es importante para entender que no hubo interés particular, no se quiso volcar el interés. Ese desvío de poder no se constata en autos.-

Kranewitter, más allá de requerir al Secretario de Gobierno alguna compra, nunca participó de la voluntad negociadora por parte del Estado, en ninguna de las tres etapas formales de la compra, nunca desdobló su personalidad para beneficiarse. No estuvo tampoco en su comercio, durante el escaso tiempo en que estuvo en la función pública.-

Tampoco se valoró acertadamente el pedido sobre el error de prohibición. Al respecto, Kranewitter nunca superó la primera etapa de la autoreflexión, nunca se representó que su obrar podía ser ilícito. Tiene una escasa instrucción, apenas la primaria, es un hombre que recién ingresaba a la administración pública, se trataba de una junta de fomento pequeña. Tampoco los funcionarios públicos son superhombres que puedan conocer todas las normas. Se remite al escrito recursivo, estamos ante un error de prohibición directo, su defendido actuó siempre con carácter altruísta, es una persona honesta, participativa, con una conducta lícita. Otro error de la sentencia es que tanto Klein como Ortman posiblemente tuvieron la duda, se asesoraron con el abogado y el contador de la municipalidad -cumpliendo el requisito de apelar a una fuente confiable-, ambos afirman haberles dicho a Klein y a Ortman que no había ningún inconveniente en la compra, no se les puede pedir a los imputados que duden de una tal fuente, no se le puede exigir a quienes recurrieron a esa fuente de información, valorar si su dictamen era correcto o no.-

No se puede exigir el control del control, consultaron con el abogado y con el contador. Es un exceso de la sentencia, fragmenta la prueba y se aparta de la lógica. No hay opinión escrita, reconocieron ambos la consulta en debate. No hubo observación u objeción en contra de los asientos, por parte del Tribunal de cuentas, quien posee por ley orgánica atribuciones y competencia de órgano fiscalizador, no solo contable. Tampoco hubo una actuación diligente por parte de los denunciantes, quienes formaban parte de la Junta de fomento también, si hubieran hecho algún llamado de atención, podrían haberse extremado los controles, pero recién un año después de la última compra hacen la denuncia.-

Solicita por ello, que se revoque la sentencia, se declare la absolución de su defendido.-



III.- c) Con la palabra el Dr. Schlotahuer, remarcó nuevamente que en autos se está condenando en base a una sospecha, se sanciona penalmente por algo abstracto, no concreto, no es un acto ni un hecho. Se fragmentó la prueba, para justificar la aplicación del art. 265 CP. Fueron soslayados los argumentos defensivos de la audiencia, no se les dió respuesta. La sentencia debe responder a la sana critica racional, lo que no se respeta en autos.-

La sentencia se construye en base a la sospecha de afectación a la imparcialidad, siendo que ello no es requerido. Había un órgano colegiado, previo a la reforma constitucional, y todos los Vocales tenían la misma responsabilidad, incluso los denunciantes, que nada dijeron en su momento.-

La imputación, en los términos en que se ha sostenido, afecta el principio de lesividad, y citando a Ferrajoli, considera que también se vulnera el de reserva, olvidando que el bien jurídico protegido funciona como límite a la potestad punitiva estatal. No se ha probado la parcialidad de la actuación de los imputados, ni el interés espurio.-

Finalmente, agregó consideraciones a lo ya alegado respecto del error de prohibición, fundamentalmente en relación a las características que debe reunir una fuente de información para ser considerada fiable, con el consecuente efecto desincriminante. Solicita por todo lo expresado, que se case la sentencia absolviendo a los imputados, o en subsidio, se ordene el reenvío.-



III.- d) Por último, el Dr. Cotorruelo destacó que la sentencia desarrolla un gran contenido dogmático, porque los hechos no están mayormente discutidos. No está controvertido que los imputados eran las máximas autoridades de la Junta de Fomento, y tampoco que existieron las compras en ese período al corralón propiedad de Kranewitter. Los tres encartados sabían perfectamente de quién era el corralón, los tickets eran a nombre de Kranewitter. El tipo no requiere perjuicio material, en ese caso hubieran sido imputados de delitos mas graves y con penas mayores. Las circunstancias extratipicas deben tenerse en cuenta, como en este caso el daño, pero segun el art. 40 y 41 CP, para la determinación de la pena.-

En el ámbito de la culpabilidad, no se debe perder de vista, cuando se habla de que los imputados no conocieron o no supieron, que el conocimiento del que se habla no es actual, como el dolo, sino actualizable. Tampoco debe confundirse la sospecha como estadio procesal, y como elemento integrativo de este especial tipo penal. Aquí no se condeno en base a sospecha sino a certeza, los hechos están probados. Se adelanta la punibilidad, es el legislador el que lo hace, exigiendo no incurrir en acciones sospechosas.-

El interés que debe insertarse, es privado, fue Klein quien insertó el interés privado de Kranewitter como interés de parte. La ordenanza que dictaron respecto de las compras del municipio, prevé mecanismos de compra. Todos son necesarios, hubo una sola licitación, el resto fueron por compra directa. El cotejo de precios quedaba a discreción de las autoridades, en todas esas no se hizo cotejo de precios, a pesar de que la ordenanza los habilitaba y en este caso el tipo de compra requería al menos el mínimo mecanismo, porque se estaba comprando a un importante funcionario, no se hizo ningún tipo de cotejo. No se puede comprobar el perjuicio tampoco porque ni siquiera se hizo ese cotejo. Uno de estos altos funcionarios se estaba comprando a sí mismo, la incompatibilidad es manifiesta.-

En relación con el alegado error de prohibición, destacó que no se les exige a los encartados el conocimiento acabado del Derecho, sino que dicho conocimiento es actualizable, se encuentra probado que actuaron con conocimiento eventual de la antijuridicidad. Se representaron la posibilidad de que estaba mal lo que hicieron, conversaron con Dalinger y Rosin, no fue una consulta, preguntaron si podía eso traerles problemas, no si estaba bien o mal. La transgresión ética que importa ello es un indicio fuerte de duda y necesidad de extremar cuidados, debieron exigir al menos un dictamen escrito. El control del Tribunal de Cuentas es posterior a los hechos, no tiene incidencia en la actuacion de los imputados, como tampoco la acción de los denunciantes. Finalmente, y considerando que las penas no han sido cuestionadas, solicitó que se confirme la sentencia recurrida.-



IV.- Resumidas las posturas de las partes habré de ingresar al tratamiento de los agravios expuestos por los recurrentes, que tienen como eje la ausencia de motivación, la falta de precisión en el bien jurídico protegido y la arbitrariedad en el descarte del error de prohibición alegado por dos de los acusados. Ello así, habré de iniciar el tratamiento del caso en función de los hechos oportunamente atribuidos a los imputados.-

En esa línea debo señalar que se acusó a Juan Carlos KLEIN: "Que entre el día 11 de Diciembre de 2007 y el 01 de Diciembre del año 2008 haber realizado y autorizado como Presidente de la Junta de Fomento de Villa Valle María Departamento Diamante, compras mediante contratación directa por la suma de pesos 278,05 en fecha 03.01.2008; pesos 1278,10 en fecha 16.01.2008; pesos 1653,47 en fecha 23.01.2008; pesos 4.231,43 en fecha 06.02.2008; pesos 5089,89 en fecha 15.02.2008; pesos 3952,92 en fecha 12.03.2008; pesos 3663,72 en fecha 17.03.2008; pesos 3695,59 en fecha 08.04.2008; pesos 1955,91 en fecha 18.04.2008; pesos 1761,33 en fecha 05.05.2008; pesos 2089,69 en fecha 16.05.2008; pesos 1100,81 en fecha 22.05.2008; pesos 3644,26 en fecha 06.06.2008; pesos 3236,00 en fecha 27.06.2008; pesos 3544,99 en fecha 11.07.2008; pesos 11841,61 en fecha 21.07.2008; pesos 2362,82 en fecha 06.08.2008; pesos 2305,55 en fecha 28.08.2008; pesos 3818,52 en fecha 11.09.2008; pesos 1081,15 en fecha 09.10.2008 y pesos 1641,18, en fecha 30.10.2008 y bajo la modalidad concurso de precios Nº12/2008 por Decreto Nº42/2008, en fecha 18/07/2008 por la suma de pesos doce mil ($12.000.-) consistentes en compras de materiales de la construcción al negocio denominado "Su Corralón" inscripto como KRANEWITTER Carlos José y LELL Walter Oscar Sociedad de Hecho, CUIT Nº30-70898272-1, sito en calle Tucumán y Ruta 11 de Villa Valle María, propiedad de Walter Oscar LELL y Carlos José KRANEWITTER, siendo éste último Secretario de Obras y Servicios Públicos de la mencionada Junta de Fomento del 11/12/2007 al 01/12/2008" (el resaltado me pertenece).-

A Arsenio Santiago ORTMAN: "Que entre el día 11 de Diciembre de 2007 y el 01 de Diciembre del año 2008 haber realizado y autorizado como Secretario de Gobierno encargado de compras de la Junta de Fomento de Villa Valle María del departamento Diamante, compras mediante contratación directa por la suma de pesos 278,05 en fecha 03.01.2008; pesos 1278,10 en fecha 16.01.2008; pesos 1653,47 en fecha 23.01.2008; pesos 4.231,43 en fecha 06.02.2008; pesos 5089,89 en fecha 15.02.2008; pesos 3952,92 en fecha 12.03.2008; pesos 3663,72 en fecha 17.03.2008; pesos 3695,59 en fecha 08.04.2008; pesos 1955,91 en fecha 18.04.2008; pesos 1761,33 en fecha 05.05.2008; pesos 2089,69 en fecha 16.05.2008; pesos 1100,81 en fecha 22.05.2008; pesos 3644,26 en fecha 06.06.2008; pesos 3236,00 en fecha 27.06.2008; pesos 3544,99 en fecha 11.07.2008; pesos 11841,61 en fecha 21.07.2008; pesos 2362,82 en fecha 06.08.2008; pesos 2305,55 en fecha 28.08.2008; pesos 3818,52 en fecha 11.09.2008; pesos 1081,15 en fecha 09.10.2008 y pesos 1641,18, en fecha 30.10.2008 y bajo la modalidad concurso de precios Nº12/2008 por Decreto Nº42/2008, en fecha 18/07/2008 por la suma de pesos doce mil ($12.000.-) consistentes en compras de materiales de la construcción al negocio denominado "Su Corralón" inscripto como KRANEWITTER Carlos José y LELL Walter Oscar Sociedad de Hecho, CUIT Nº30-70898272-1, sito en calle Tucumán y Ruta 11 de Villa Valle María, propiedad de Walter Oscar LELL y Carlos José KRANEWITTER, siendo éste último Secretario de Obras y Servicios Públicos de la mencionada Junta de Fomento del 11/12/2007 al 01/12/2008", (el resaltado me pertenece).-

A Carlos José KRANEWITTER: "Que entre el día 11 de Diciembre de 2007 y el 01 de Diciembre del año 2008, período de tiempo en el cual se desempeñó como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Junta de Fomento de Villa Valle María del Departamento Diamante, haber efectuado ventas a dicha Junta de Fomento, de materiales de construcción, mediante contratación directa por la suma de pesos 278,05 en fecha 03.01.2008; pesos 1278,10 en fecha 16.01.2008; pesos 1653,47 en fecha 23.01.2008; pesos 4.231,43 en fecha 06.02.2008; pesos 5089,89 en fecha 15.02.2008; pesos 3952,92 en fecha 12.03.2008; pesos 3663,72 en fecha 17.03.2008; pesos 3695,59 en fecha 08.04.2008; pesos 1955,91 en fecha 18.04.2008; pesos 1761,33 en fecha 05.05.2008; pesos 2089,69 en fecha 16.05.2008; pesos 1100,81 en fecha 22.05.2008; pesos 3644,26 en fecha 06.06.2008; pesos 3236,00 en fecha 27.06.2008; pesos 3544,99 en fecha 11.07.2008; pesos 11841,61 en fecha 21.07.2008; pesos 2362,82 en fecha 06.08.2008; pesos 2305,55 en fecha 28.08.2008; pesos 3818,52 en fecha 11.09.2008; pesos 1081,15 en fecha 09.10.2008 y pesos 1641,18, en fecha 30.10.2008 y bajo la modalidad concurso de precios Nº12/2008 por Decreto Nº42/2008, en fecha 18/07/2008 por la suma de pesos doce mil ($12.000.-); ventas realizadas por el comercio de su propiedad denominado "Su Corralón" inscripto como KRANEWITTER Carlos José y LELL Walter Oscar Sociedad de Hecho, CUIT Nº30-70898272-1, sito en calle Tucumán y Ruta 11 de Villa Valle María. Participando necesariamente para concretar dichas operaciones comerciales Juan Carlos KLEIN Presidente de la Junta de Fomento y Arsenio Santiago ORTMAN, Secretario de Gobierno de la Junta de Fomento de Villa Valle María Departamento Diamante y Walter Oscar LELL", (el resaltado me pertenece).-

Ahora bien, a poco de ingresar a la valoración de la prueba rendida en la causa, el señor Vocal de primer voto señala: "No puedo olvidar que el hecho que se les atribuye es <> en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga" a lo que seguidamente agrega: "no tengo dudas que los inculpados han completado la acción típica de <>".-

Desde esa óptica y de la mera lectura de la piezas acusatorias transcriptas se desprende que la conclusión adelantada en la sentencia -fs. 569- no se compadece, al menos en términos literales, con las intimaciones que dieran sustento al inicio del juicio oral y que lucen encabezando la sentencia a fs. 535/536, ni siquiera se corresponden con lo que la propia ley de fondo señala al describir la figura: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". Vemos entonces que el núcleo típico de la figura en juego, esto es: "interesarse" no ha sido consignado en las respectivas intimaciones ni mucho menos explicado en la sentencia atacada lo que permite afirmar que estamos en presencia de un acto infundado.-

Ante esta situación es fácil explicar por qué los señores defensores en sus intervenciones, al tiempo de materializar los informes en la audiencia respectiva, sostenían diversos aspectos relativos a la falta de concreción de elementos típicos que les permitan ejercitar en pleno el derecho de defensa atacando aspectos que a su juicio son constitutivos del delito y que no se daban en la emergencia. En esa línea entendieron que no se afectó el "bien jurídico protegido", que no se ha determinado el interés que se conculcó, que se condena en base a sospechas, que existió vaguedad en los "requisitos típicos", que no se violó la imparcialidad, que se afectó el principio de legalidad, que no hubo un resultado dañoso para la administración pública, no se torció la voluntad -doctor Chemez-, que no se probó un perjuicio ni se colectó prueba suficiente y por supuesto, que se afectó el principio de inocencia, se dió una falta de motivación de la resolución incriminatoria la que a juicio de la defensa -doctor Schlotahuer- no dió respuesta a todos los planteos defensivos, entre otros aspectos instando básicamente la absolución de sus pupilos o bien -doctor Martinez- la nulidad y el reenvío de la causa.-

En efecto, creo que estamos frente a un caso donde los hechos han sido insuficientemente precisados y más aún probados, especialmente en lo que hace al "núcleo" o verbo típico del delito reprochado en sus aspectos objetivos/subjetivos y por supuesto, en lo que refiere a la prueba rendida en autos, con lo que es posible adelantar, que la sentencia carece de fundamentación suficiente. Pero, a fin de hacerme cargo de los temas centrales que se han planteado, habré de sintetizar en dos los agravios cuyo tratamiento en esta instancia, dada su trascendencia, hacen a la suerte del proceso. Ellos son: 1) si se ha intimado el hecho típico previsto en el artículo 265 del CP y en su caso, por qué considera probado el "núcleo" del delito enrostrado y eventualmente, 2) en función de qué elementos probatorios concretos descartó la ocurrencia de un error de prohibición.-


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