Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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1.3. Desarrollo histórico: un volver a los orígenes


Para comprender la realidad del sistema actual de las declaraciones de las partes, es menester evaluar cómo fueron sus orígenes y su evolución; desarrollo que dependió, en gran medida, del propio que iba experimentando el Derecho en general. Los distintos periodos históricos proporcionaron, entonces, características particulares a estos medios probatorios, por lo que se muestra necesario estudiar esas diversas etapas a fin de identificar cómo fueron tipificados en cada una de ellas; sólo así podremos comprender por qué hoy es factible hablar de un retorno a los umbrales de estas figuras jurídicas.

Ya en la antigüedad, las declaraciones de parte obtenidas por medio de los interrogatorios eran comúnmente utilizadas por la administración de justicia. En el marco de una democracia participativa, donde todos y cada uno de los ciudadanos debían involucrarse para hacer oír su voz en la vida de la “polis”, el procedimiento de la antigua Grecia no pudo surgir exento de tales características. Por esta razón, se observa un juicio en el cual impera la oralidad, con sujetos que cumplen roles activos, guiados por el principio dispositivo en su máxima expresión. Como resultado de ello, las partes tienen absoluta libertad para interrogarse mutuamente ante el magistrado. No obstante, las declaraciones de mujeres, niños y esclavos se encontraban limitadas: las mujeres podían declarar sólo en algunas causas y cuando concurrían de forma voluntaria a hacerlo; mientras que, restringida a las cuestiones mercantiles, únicamente los esclavos comerciantes tenía tal facultad.

Aunque se aplicaría fundamentalmente a la prueba testimonial, creemos que es también extensivo a las declaraciones de parte, el principio aristotélico conforme al cual son mayores las probabilidades de error al percibir el mundo real, a medida que éste se aleja de los propios sentidos del sujeto25.

En Roma, los testimonios de parte tuvieron una tipificación particular de acuerdo a la impronta dada por cada una de las etapas procedimentales del Derecho Romano. En la fase del antiguo proceso o per legis actiones, el juicio consistía, fundamentalmente, en un diálogo entre las partes que se interrogaban entre sí26; en concordancia, las declaraciones orales fueron la prueba casi exclusiva. Esta marcada oralidad obedecía a la inexistencia de formas o reglas específicas, principalmente en la etapa de la República. El mismo pueblo, reunido en centurias o tribus, era el encargado de juzgar, imposibilitando la fijación de normas concretas e, incluso, una apreciación jurídica del conflicto.

El periodo formulario se caracterizó por la aparición de la interrogatio in iure. El mecanismo procesal comenzaba con la proposición de la demanda por parte del actor, ante el juez, quien podía admitirla o no. En caso de hacerlo, el magistrado ordenaba al demandado responder las preguntas del actor, acerca de aquellos hechos o circunstancias fácticas que interesaban a los fines de la constitución regular de la relación, v.gr. la legitimación procesal. A la manera de las actuales diligencias preparatorias del proceso, consistió en una serie de interrogaciones orientadas a determinar la capacidad o condición en que el demandado debía actuar27.

En el marco de la interrogatio, si el accionado reconocía la pretensión de la contraria, o admitía todo lo que el actor incluía en la acción, se daba la confessio in iure. De ese modo, se colocaba en la posición de quien ya había sido juzgado, terminando la controversia sin concluir el proceso; era una suerte de “cuestión abstracta”. Sin embargo, como puede observarse, esta figura estaba más cerca del actual allanamiento, que de la confesión tal cual la conocemos hoy28.

Una vez sorteado este primer trámite del procedimiento romano, en la etapa in iudicio se repetían vivos intercambios orales entre las partes, los cuales se denominaban altercatio. A través de tales diálogos, el magistrado podía iluminar su conocimiento y formar convicción; al mismo tiempo, estaba facultado para interrogarlas y permitirles a las ellas hacerlo recíprocamente para, de ese modo, llegar a la verdad de los hechos29.

Durante la Roma Imperial, aparece el procedimiento extra ordinem, de marcada naturaleza publicista. Frente a ello, el juez abandona el rol de árbitro privado que hasta entonces había desempeñado, y se coloca como verdadero representante del Estado en la función pública de administrar justicia. En consecuencia, en esta primera instancia30, se extendió el espectro de facultades judiciales, pudiendo el magistrado interrogar y determinar la carga de la prueba con mayor amplitud; aunque en principio ésta pesara sobre el demandante: actore non probante reus absolvitur31.

Las interrogaciones se orientaron a proporcionar la prueba del hecho, lo cual permitió diferenciar a la interrogatio ante litem contestatum (equivalente de la interrogatio in iure del periodo formulario), de las interrogaciones post litem contestatum; fue éste el medio que dio lugar a la confesión en la etapa in iudiciu: se preguntaba para obtener una respuesta comprometedora para quien la respondía. Ya en este momento, las preguntas adquirieron el nombre de “posiciones”, dado por el comienzo de cada interrogación: de pono, poner; de quod, por qué, para qué32.

Sin embargo, el origen de las posiciones que actualmente encontramos en los distintos regímenes procesales, no se halla en este periodo jurídico. Recién bajo la influencia de las instituciones germanas y, fundamentalmente, del derecho canónico, es posible hablar de un interrogatorio formal per positiones. Preguntas que se caracterizaron, primeramente, por la informalidad de la interrogación, fueron complementadas con el juramento no diferido o indecisorio33. A continuación, se tomó del Derecho común medieval, la práctica germánica que imponía interpretar el silencio o la ausencia de la parte como asentimiento de la interrogación (ficta confessio); con ello, se presenta al acto declaratorio como una obligación o carga de quien es interrogado, y se completa la caracterización de la confesión como prueba legal34. Nace así la confesión judicial, provocada por el interrogatorio formal bajo juramento. Se observa entonces, que para provocar la declaración se conserva el “vehículo” disponible, las posiciones, y para aseverarla, se recurre al juramento35. Es esta diferenciación entre vehículo (interrogaciones o posiciones), declaración y resultado (confesión), la que con el correr del tiempo se desdibujará en confusiones que se reproducen en la actualidad, impidiendo un claro abordaje de las instituciones envueltas en este plexo probatorio.

Finalmente, cuando en el Medioevo se abandona la forma interrogativa y la posición se presenta como una oración afirmativa, la institución adquiere los caracteres que aun hoy la definen. Ya en las Partidas36, se dispuso que las posiciones debían elaborarse de forma afirmativa, concisa y clara, separando las cuestiones distintas; de otro modo no serían admisibles y no pesaría carga alguna sobre el absolvente. En España, es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 la que incorpora el requisito de redacción afirmativa de la posición; hecho que explica la carencia del mismo en nuestro Código de Procedimiento Nacional de 1880, el que bebió de la ley española de 185537.

Resulta menester señalar, que este ha sido, y continúa siendo, uno de los principales focos conflictivos en la absolución de posiciones. La práctica judicial del medio probatorio ha demostrado la artificialidad de la forma afirmativa y los inconvenientes que ella trae aparejados, en tanto no se condice con la realidad comunicacional propia de un acto interrogatorio del ser humano. Hace tiempo prestigiosos autores se aventuran a señalar que, lejos de significar un perjuicio para el proceso o las partes, la eliminación de las posiciones “quitaría la sensación de inutilidad del sistema y evitaría una contraposición formal entre dos actos del proceso destinados a un mismo fin”38, es decir, las manifestaciones en los escritos liminares y en la prueba de posiciones.

La tendencia de la cultura jurisdiccional que ha llevado a prescindir, en gran medida, de las posiciones en los tribunales, se ha visto reflejada en un claro retorno normativo a las ideas fundantes de este medio probatorio. En tal sentido, el interrogatorio libre e informal regulado en el art. 385 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia de Tierra del Fuego394041, el cual toma el texto del art. 149 del Código General del Proceso uruguayo de 1988, bebe del espíritu que caracterizaba las declaraciones de partes en el Derecho Romano Clásico. Sin lugar a dudas, adopta un instituto que presenta mayor celeridad, justicia y eficacia41, requerimientos que urgen en el proceso civil de nuestros días; al mismo tiempo que se apoya en los principios de lealtad procesal, el deber de decir verdad, además de contribuir a la inmediatez, concentración y oralidad.


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