Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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PRIMERA PARTE Las Declaraciones de Parte y la Doctrina



CAPÍTULO I: Lineamientos teóricos y sistémicos: Pruebas por Declaración de Parte

1.1. Aspectos generales e introductorios: la prueba


Desde una perspectiva etimológica, el término prueba tiene su raíz en el vocablo latín “probus” o “probe”, que significan correcto, honesto, bueno, auténtico. Por su parte, algunos autores encuentran tal origen en el vocablo “probandum”, cuyo significado es recomendar, aprobar, experimentar, patentizar o hacer fe, de conformidad a lo que expresarían en su plexo normativo diversas leyes del Derecho Romano1. No obstante ambas posibilidades, dichos términos denotan una interacción sujeto-objeto, que le otorgan a la prueba un cierto carácter de “medio”, lo cual en un sentido teleológico aparece dirigido a la obtención de un “resultado” concreto: generar confianza y convencimiento. Cabe señalar en este plano, que la Real Academia Española define a la prueba como “acción y efecto de probar”, verbalización que alude e incluye tanto al medio como al resultado2.

En cuanto respecta a la óptica del saber lógico, probar consiste en la demostración de la verdad de una proposición, cualquiera fuera la naturaleza de ésta, es decir, hacer patente su exactitud o inexactitud. Dicha generalidad conceptual, nos permite afirmar que la noción de prueba no es exclusiva de la ciencia jurídica; por el contrario, trasciende a los demás ámbitos de conocimiento: científicos, técnicos, artísticos y, en general, a todas las manifestaciones de la vida humana, aun las propias de la cotidianeidad3. No se trata de una institución privativa del Derecho, y aún menos del Derecho Procesal Civil.

El historiador, el periodista, el matemático, el abogado y el juez, entre tantos posibles operadores del saber humano, requieren entonces de la prueba para comprobar la verdad de las proposiciones que manejan. Tales proposiciones pueden ser expuestas a partir de hechos que se tienen por inciertos y por ello se busca, a través de la actividad probatoria, dotarlos de certeza; o bien, es dable que se presenten fundadas en hechos que se invocan como ciertos y es, justamente, esa certidumbre la que se desea demostrar frente a terceros por medio del proceder probatorio. Esta doble posibilidad, lleva a Couture a afirmar que “en ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto”4. No es otra cosa que la tarea que desarrollan demandado y actor, respectivamente.

Pero es en particular en las ciencias que trabajan sobre actividades de tipo reconstructivas, donde la prueba adquiere una importancia fundamental. Todo hecho al acontecer, se dibuja o plasma en aquella realidad en la que tiene lugar, dejando huellas, señales, rastros, marcas, que se imprimen sobre las personas o las cosas. De esta manera, quien prueba un hecho se ocupa de una tarea que consiste en trasladar un suceso producido en unas “coordenadas tempo-espaciales” anteriores a las propias del acto probatorio, intentando repetir históricamente esa facticidad, actualizando o haciendo parte del presente lo que es en realidad pasado, a través de esos objetos estampados por el hecho al ocurrir.

Así, la función del historiador y la del operador jurídico no varían demasiado: ambos se dirigen a averiguar cómo sucedieron los hechos en el pasado a partir de las señales que pudieron dejar al producirse y, en mayor o menor medida, lo hacen con la finalidad de convencer a otros (lectores, informantes, jueces, funcionarios, etc.) sobre la verdad de esos hechos, pero también para lograr convicción personal respectos de los mismos (v. gr. conseguir seguridad subjetiva sobre los propios derechos, es decir, convencerse a sí mismos sobre la legalidad de ciertos hechos o actos jurídicos)5. La prueba aparece en estos casos, como una “mediación indirecta desde una realidad (verdad) material presente, hacia una verdad (realidad) material pasada”6.

Sin embargo, el operador jurídico7 reconstruye ese pasado

(averiguación) para saber quién tiene la razón en el presente (comprobación) y a partir de ello regular con mayor acierto qué conducta corresponde llevar a cabo tanto en la actualidad, como en el futuro (esto último de modo especial en la función jurisdiccional). En las consecuencias de ese proceder surgen diferencias notorias: las del juez o legislador son imperativas, vinculantes, mientras que las consecuencias de la actividad reconstructiva del historiador (y de ciencias afines) son informativas y de libre aceptación.

Además de ello, no podemos desconocer que la actividad probatoria adquiere una relevancia superlativa en la Ciencia del Derecho y, en particular, para el Derecho Procesal Civil, en la medida en que se ven involucradas situaciones jurídicas propias del ser humano, que afectan directamente su misma vida. Esta afirmación halla fundamento en la verdad tantas veces señalada por la doctrina, que se ha ocupado de dejar en claro la imposibilidad de alegar la existencia y el reconocimiento real de un derecho subjetivo, si al mismo tiempo no se concede oportunidad a su titular para realizar las probanzas tendientes a demostrar, por un lado, los presupuestos fácticos contemplados por la norma que le acuerda su prerrogativa (hipótesis legal) y, por otro, la falsedad de aquellos que se invocan en su contra, cuando un tercero desconoce la titularidad de aquél. Podemos sintetizar esta realidad en el adagio que señala: “tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder probarlo”.

En las palabras de Carnelutti:

Toda norma jurídica representa un mandato hipotético: supone determinada situación (precisamente determinado conflicto de intereses) y manda respecto de ella. Para individualizarla, hace falta comprobar una situación idéntica a la situación supuesta y mandar de idéntico modo respecto de ella; el mandato hipotético se convierte así en mandato real”8.

En otras palabras, podemos señalar que la norma de derecho condiciona la producción de sus efectos jurídicos a la verificación, en la realidad, de esa misma causa fáctica por ella contemplada; es decir, que dado tal funcionamiento de los preceptos jurídicos, el sujeto debe asumir la carga de afirmar la existencia de ese presupuesto de hecho tipificado por la norma que invoca como fundamento de su pretensión (u oposición). Pero, además, si estos hechos invocados son negados por la otra parte, su actividad no podrá ser meramente alegatoria, pues requerirá formar convicción en el magistrado, y ello lo logra a través de la actividad probatoria. Se instituye de esta manera, un procedimiento por medio del cual los sujetos del proceso civil tienden a la comprobación de los hechos que conforman el presupuesto fáctico de las normas invocadas, para lo cual habrán de reconstruir un pasado cognoscible, en base a hechos que se afirman conocidos9.

Dicho todo ello, podemos sostener nuestra coincidencia con quienes definen a la prueba como la “actividad de los sujetos del proceso encaminada a llevar al tribunal los elementos objetivos tendientes a formar su convicción sobre la existencia de los hechos alegados por ambas partes”10. En igual sentido, Palacio afirma que “la prueba es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley, y tendiente a crear convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas”11. Resalta en ambas acepciones la consideración de la prueba como una actividad, es decir, un proceder, sustanciar o realizar de los sujetos procesales, cuyo objeto son los hechos, y en el cual el elemento teleológico o finalista define a la institución: se prueba para formar en el juez un espíritu de convencimiento sobre las circunstancias fácticas invocadas por las partes.

No obstante, disentimos en cierto aspecto con las definiciones citadas, en tanto creemos que la actividad probatoria puede presentarse más amplia y fructífera, en la medida en que tiene la virtualidad de proporcionarle al magistrado certeza, no sólo respecto de los hechos expresamente alegados por las partes, sino de todos aquellos que se vinculan con el litigio, con los contemplados como hipótesis legal de la norma. Aquí radica la riqueza de una buena producción probatoria.

Al analizar los elementos objetivos que atípicamente pueden presentarse en la tramitación del proceso, nos encontramos con supuestos en los que opera una modificación de la plataforma de la litis por hechos sobrevinientes (ius superveniens), ya sea porque acaecen con posterioridad a los actos de pretensión u oposición (hechos nuevos), o acaecidos con anterioridad se conocen recién con posterioridad a éstos (hechos no conocidos). La jurisprudencia, en primer término, y luego la legislación, admitieron que la sentencia al fundar su decisión admita, sin petición de parte, hechos que no fueron invocados oportunamente por ellas en la traba de la litis, pero que se produjeron y resultaron de la sustanciación del proceso12, producto v.gr. de tramitación la prueba. Además, una vez introducidos por el tribunal, el art. 163 inciso 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación1314 (en adelante CPCCN), habilita la prueba de ese hecho sobreviniente no afirmado, producido durante la sustanciación del juicio, en tanto el mismo pueda constituir, modificar o extinguir el derecho debatido en la litis.

Por todo ello, pensamos que la prueba, en materia jurisdiccional, consiste en la actividad o el procedimiento para la fijación de los hechos que constituyen la litis y cuya comprobación buscan los sujetos procesales, con el fin de lograr la convicción que el tribunal requiere para resolver de conformidad a sus pretensiones.


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