Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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CONCLUSIÓN


En las líneas consumativas de esta investigación debemos señalar que el trabajo realizado nos conduce a sostener la certeza de nuestra hipótesis fundamental, y concluir que las pruebas por declaraciones de parte carecen de utilidad práctica en un vasto sector de la legislación procesal civil argentina. El apego a modelos probatorios, como el centenario sistema español derogado, centrados en la absolución de posiciones y en la tradición legal que entendió a la confesión como la más eficaz de todas las pruebas, condujeron al ordenamiento nacional a conservar entre sus normas un verdadero fósil jurídico.

Las características de la absolución, con la rigidez interrogativa, la formalidad de su regulación y la ficción en la comunicación como principales notas descriptivas, terminaron por crear un instrumento destinado únicamente a la obtención de una contra se pronuntiatio. Carece el instituto de toda otra función, pues cuando no se consigue la confesión del deponente nada útil a la causa ha sumado la sustanciación de esta prueba, sino costos económicos y temporales para las partes, y para el sistema jurisdiccional en general, los cuales en las condiciones actuales de la justicia argentina adquieren superlativa gravedad. Junto a ello, es dable reprochar a la figura la habilitación de una vía propicia para el ejercicio de las malas artes profesionales, la mala fe y la carencia de lealtad en los litigantes.

Por el contrario, se ha demostrado a lo largo de esta obra, que el interrogatorio libre e informal sortea cada una de esas críticas y logra proporcionar al magistrado una declaración real. Resalta la virtualidad de este medio probatorio para introducir al proceso una manifestación del litigante susceptible de contener una confesión; mas también puede carecer de ella y a pesar de esa circunstancia no perder valor probatorio o, cuanto menos, utilidad para el esclarecimiento de la voluntad de las partes planteada en los inicios del proceso. Al mismo tiempo, permite despegarse del sistema de valoración tasada o legal de la prueba, dando paso a un juez protagónico en esta labor, guiado en sus pasos sólo por las reglas de la sana crítica, y sustentado también en los datos probatorios resultantes del resto de las pruebas. Finalmente, en cuanto a lo metodológico, facilita una mejor comprensión de la sistematización de este grupo de medios probatorios, bajo el género de las declaraciones de parte, con la confesión entendida como uno de los eventuales resultados de las mismas.

El estudio del derecho comparado seleccionado, tanto provincial como internacional, comprueba que las legislaciones procesales más avanzadas se han hecho eco de esta realidad y, en consecuencia, han dirigido su rumbo hacia la consagración del interrogatorio con la mayor amplitud y libertad posible, tomando como modelo el Civil Procedure de los Estados Unidos con la cross examination como norte al cual orientar las sendas legales. Este cambio en el paradigma de la prueba civil se condice con una necesidad fundamental por lograr mayor eficiencia en los sistemas procedimentales, intentando hacer una aplicación cierta de los principios jurídicos de la oralidad, inmediación y economía procesal.

Empero, podemos concluir que la influencia de figuras que reinaron en el derecho durante siglos no ha sido fácil de eliminar, aun cuando las intenciones de los operadores de la ciencia jurídica así lo hayan querido; ejemplo de ello es la posibilidad de redacción asertiva de las preguntas en el sistema español, pese a la supresión de la prueba confesional. Sin embargo, creemos que la incorporación del interrogatorio tal como lo propiciamos, no se opone a la eventual conservación de la absolución de posiciones, aun cuando consideremos conveniente su completa abolición; por supuesto, siempre que aquél sea elevado a la categoría de medio probatorio autónomo e independiente de esta última, y no como un procedimiento apéndice, complementario o accesorio, destinado a la mera función de suplir las deficiencias de una figura probatoria propia de la Edad Media. Ejemplo concreto y efectivo de esta posibilidad es el Código General del Proceso de Uruguay, y en nuestro país, del ordenamiento de la provincia de Tierra del Fuego, que reproduce casi integralmente el texto de la vecina Nación.

Creemos que seguir los lineamientos de estas legislaciones es una alternativa de concreción factible en nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que las modificaciones introducidas por la ley 25.488 en el año 2001, v. gr. la incorporación de la audiencia preliminar, crearon las condiciones adecuadas para la incorporación de un sistema probatorio esencialmente oral y libre de rigideces formales. Sin lugar a dudas, ello demandaría del legislador argentino la supresión del articulado actual, y la tarea de crear un nuevo plexo normativo para la regulación de estos medios probatorios.

Quizás podría elegirse una opción legal menos arriesgada, como lo hacen las provincias de Corrientes, Entre Ríos y La Pampa, las cuales toman básicamente las disposiciones del CPCCN para la absolución de posiciones, suprimen de su texto toda remisión a esta última, y la sustituyen refiriendo al interrogatorio. Empero, este camino legal es un claro ejemplo de la “imposibilidad” del legislador de despegarse de una vez y para siempre de instituciones que, así como tradicionales e históricas, también son inútiles a las necesidades del proceso civil moderno y, fundamentalmente, a los requerimiento de la sociedad actual. Lo mismo si por una decisión de política legislativa sólo se eligiese mejorar la absolución con modelos como el santafecino el cual, si bien en cuanto concierne a esta figura contiene una de las mejores regulaciones, igualmente la institución no alcanza a sortear las críticas vertidas y aun así no alcanza a proporcionar los beneficios del interrogatorio libre.

Por lo dicho hasta aquí, y sobre todo, por lo investigado a lo largo de este trabajo, es que proponemos un pronta modificación de la regulación del CPCCN en materia de pruebas por declaraciones de parte, y una adaptación de las legislaciones locales a esta tendencia que lentamente, pero a pasos firmes, se abre camino en el derecho jurisdiccional. Hemos invocado contundentes argumentos en justificación de esta propuesta, tan sólo resta una decisión del cuerpo político que se haga cargo de tan apremiante requerimiento del ordenamiento procesal de la República Argentina, gritado a todas voces desde la doctrina, la jurisprudencia y la realidad de nuestros juzgados.


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