Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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4.3. Lo nuevo del viejo continente: Ley de Enjuiciamiento Civil Española


La Ley de Enjuiciamiento Civil Española Nº 1/2000 (en adelante LEC), del 7 de enero de 2000, sustituyó a la antigua ley vigente desde el 03 de febrero de 1881. Ya desde los años noventa, el Consejo General del Poder Judicial151 aludía al “síndrome de fallo múltiple” de que adolecía el sistema procesal civil español, requiriendo una modificación desde los sustratos mismos del ordenamiento167. Después de más de un siglo de un determinado modelo de proceso, arraigado muy profundamente en el derecho hispanoamericano, con la Argentina como claro ejemplo de ello, se ha regulado un modelo diametralmente opuesto. No se trata de una simple adecuación de la ley a las nuevas necesidades, sino de un verdadero cambio de paradigmas.

En relación a la temática de esta investigación, de la mera lectura del título de la Sección 1° del Capítulo VI, dedicado a los medios de prueba, podemos constatar la primera gran novedad: la desaparición de la “Prueba de Confesión”. En la Exposición de Motivos se justifica la eliminación a partir de la naturaleza “en exceso tributaria de sus orígenes históricos”, el rigor formalista y la errónea confusión con el juramento, entre otras razones. A cambio, se incorpora la prueba del “Interrogatorio de partes” que se aleja extraordinariamente de la rigidez de la absolución de posiciones, también desaparecida, prestándose así atención a las diversas voces que desde la doctrina abogaban insistentemente por este cambio. En líneas generales, la nueva declaración ha de versar sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre, lo que garantiza la espontaneidad de las respuestas, la flexibilidad en la realización de preguntas y, en definitiva, la integridad de una declaración no preparada.

Un primer aspecto introducido por la LEC ,que afecta no sólo la práctica de este medio de prueba (arts. 301 a 316), sino a todos y cada uno de los enumerados en el art. 299, es que la Disposición Derogatoria Segunda suprime la regulación duplicada de la prueba en la LEC y en el Código Civil español, para encontrarla sólo en la primera; de forma tal que es el plexo normativo procesal el texto general y único regulador de la materia probatoria, lo que facilita una mayor coherencia en todos los aspectos.

El art. 301 se refiere, junto al concepto, a los sujetos del interrogatorio. La práctica, como consecuencia del principio dispositivo que inspira todo el proceso civil del país ibérico, y más especialmente en los aspectos probatorios, debe ser necesariamente solicitada al juez por las partes del proceso. En este sentido, la LEC supone una importante ampliación de los sujetos que pueden participar en el interrogatorio, hecho que parece consustancial al reconocimiento de esta figura procesal.

El supuesto normal seguirá siendo el del interrogatorio de las partes contrarias, es decir, de quienes mantienen posiciones jurídicas enfrentadas (inc. 1). Pero, y esta es la novedad fundamental, se permite también el interrogatorio de aquellos sujetos que, ocupando la misma posición jurídica, presenten “intereses jurídicos opuestos o en conflicto”, es decir, como indica el CGP uruguayo, siempre que existan centros de intereses distintos.

Además, en esta tendencia de ampliación subjetiva, el legislador español va incluso más allá, al permitir que sean terceras personas, ajenas al proceso, las que se vean sometidas al interrogatorio de una de las partes, por ejemplo, en casos de sustitución procesal. Así, “cuando la parte legitimada, actuante en el juicio, no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en cuya virtud se acciona, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o titular” (inc. 2).

En la regulación de la LEC de 1881, al limitarse la participación en la prueba confesional única y exclusivamente a las partes del proceso, si éstas no habían participado personalmente de los hechos sobre los que se les preguntaba, al no poder contestar con precisión sobre los mismos, corrían el peligro de ser tenidos por confesos y, además, seguían sin aportarse datos o conocimientos relevantes para el mismo. La nueva ley procesal, para evitar tales consecuencias, incorpora una novedad fundamental en esta materia, coherente con la amplia legitimación del art. 301, permitiendo al interrogado, cuando alguna pregunta se refiera a hechos que no sean personales, responder según sus conocimientos, dando razón del origen de éstos (art. 308).

Mas, en estos supuestos, el art. 308 permite al litigante proponer que conteste también a esas preguntas un tercero, ajeno al proceso, que sí tenga conocimiento personal de las cuestiones fácticas que se ventilan, aplicación concreta de lo dispuesto por el inc. 2 del art. 301. Lo que resulta verdaderamente interesante es que, aceptada esta sustitución por la parte que hubiese propuesto la prueba, el interrogatorio será sustanciado y tendrá el valor de una declaración de parte, debiendo aceptar las consecuencias de la misma; pues, a contrario sensu, cuando el proponente no admita el cambio de sujetos, el declarante podrá solicitar que la persona mencionada sea interrogada en calidad de testigo.

Sin lugar a dudas, puede concluirse que persiste con fuerza la condición del carácter personal de los hechos para la mayor eficacia de la declaración de parte, tanto que la ley permite traer al proceso a terceros respecto de quienes se configure dicha personalidad fáctica. No obstante, entendemos que la permisión no obedece a un carácter restrictivo, casi sancionatorio, como sí lo era en la antigua legislación española o como ocurre actualmente en nuestro país, sino que se asienta en la búsqueda de una verdad real, incluso cuando ello implique atravesar las paredes del formalismo y las estructuras procesales. Este razonamiento resulta confirmado al volver sobre el párr. 1 del art. 308 que, lejos de aplicar el apercibimiento de la confesión ficta, habilita al declarante a contestar de conformidad a sus conocimientos. Y, por otro lado, sólo consagra la facultad del interrogado para proponer que conteste al tercero; no se trata de una carga ante cuyo incumplimiento, sea deliberado o por imposibilidad de identificarlo o traerlo al proceso, será pasible de los efectos del art. 307.

En cuanto al interrogatorio, consistirá en la formulación de una serie de preguntas idóneas, pertinentes y útiles, a las que ya no se denominan posiciones, y que versarán sobre hechos y circunstancias que guarden relación con el objeto del juicio. Por supuesto que debe tratarse de hechos relevantes para el proceso, y respecto de los cuales fue admitido el interrogatorio (art. 302 inc.2). De las preguntas se excluirá todo tipo de valoraciones o calificaciones, y de incluirse, se tendrán por no puestas.

Creemos conveniente destacar que, al igual que la legislación uruguaya, la práctica de este medio de prueba da cumplimiento efectivo a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, que presiden la realización de gran parte del proceso civil. Así, el art. 302 exige la enunciación de las preguntas oralmente y de forma directa, es decir, sin posibilidad de sustituirlas por trámites escritos previos. Sin embargo, agrega que las mismas se formularán con la debida claridad y precisión, “en sentido afirmativo”. En este punto no entendemos el mantenimiento del requisito de la redacción asertiva, tipificante de las posiciones, ya que resulta completamente ajena a la naturaleza de las preguntas. Como hemos señalado en el Capítulo I, nada tiene de afirmativo una interrogación. Dogmáticamente, la pregunta parte de una duda que intenta ser evacuada a través de la respuesta que se obtiene, por ello, no puede afirmarse aquello respecto de lo cual no tenemos certeza. Sin lugar a dudas, es difícil erradicar de las declaraciones de parte el influjo de la absolución, aun cuando ella ya no exista en la ley española como medio probatorio.

Como consecuencia de la inmediación, el tribunal decidirá la admisión o no de las preguntas en el mismo acto en que se lleve a cabo el interrogatorio, comprobando el cumplimiento de los requisitos señalados ut supra. Igualmente, la parte que deba responder el interrogatorio, así como su abogado, podrán impugnar en el acto la admisibilidad de las preguntas, por entender que no cumplen con las condiciones legales, así como pedir la exclusión de todas las valoraciones o calificaciones (art. 303). Nótese que el ordenamiento brinda al declarante una posibilidad impugnatoria para ser ejercida por sí mismo, no necesariamente a través del profesional que lo asiste, facultad que no encontramos en el Código General del Proceso Uruguayo, donde la parte actúa siempre por medio de su abogado.

En relación a la forma de responder, la novedad radica en la inexistencia de la necesidad de prestar promesa o juramento previo a contestar las preguntas, pues de lo contrario no estaríamos ante una prueba de interrogatorio sino que hubiéramos caído nuevamente en la superada prueba de confesión. Empero, otra vez la LEC conserva aspectos formales propios de esta última, ahora en el art. 305 inc. 2 al determinar que “las respuestas habrán de ser afirmativas o negativas”, requisito que no se explica si el legislador ha querido eliminar todo rastro de la confessio, y con ello, de la valoración tasada o legal de las declaraciones.

La regulación del interrogatorio está presidida por el ímpetu de garantizar la espontaneidad en el mismo, a lo cual contribuye en mucho la desaparición de la forma escrita que regía la sustanciación de la confesión judicial y los pliegos de posiciones. En aras de ello, el art. 310 faculta al órgano jurisdiccional a adoptar las medidas convenientes para asegurar la incomunicación de quienes deban declarar, especialmente respecto de los litisconsortes, evitando que se den a conocer las preguntas y respuestas y puedan así preparar su declaración.

Citada la parte con todas las formalidades legales (art. 291), surgen para ella una serie de cargas, entre las que destaca la de comparecer ante el tribunal para que se pueda proceder a la práctica del interrogatorio. Si el citado no comparece injustificadamente, sin necesidad de esperar una segunda citación, el magistrado podrá tenerlo por confeso, es decir, con la terminología de la LEC, considerar reconocidos los hechos sobre los que verse el interrogatorio, siempre que se trate de cuestiones en las que el obligado a responder hubiera intervenido personalmente, y cuya fijación como ciertas le sea enteramente perjudicial (art. 304). Además, el art. 292 inc. 4 añade la imposición de una multa de ciento ochenta a seiscientos euros.

Si bien se ha suprimido, la necesidad de que las preguntas formuladas exigiesen respuesta categórica, igualmente se han conservado las obligaciones que recaen sobre las partes una vez que éstas han comparecido. Así surgen del art. 307 las cargas de responder y de hacerlo de forma adecuada, de manera tal que, ante la negativa a declarar y las contestaciones evasivas o inconcluyentes, el tribunal apercibirá al interrogado de que podrán generarse los mismos efectos que los establecidos en el art. 304, aunque éste no exige tal apercibimiento.

A tenor de la utilización en ambas normas del verbo “poder”, la consecuencia de tener al interrogado por confeso es una facultad del juez, que entrará a considerar en vista a la actitud del sujeto y las razones para no comparecer, no contestar o no hacerlo adecuadamente. El objetivo del legislador, en toda la regulación del medio probatorio, ha sido dejar en claro que no se está frente a una obligación impuesta al órgano jurisdiccional, que opere sistemáticamente en todos los casos. La ley española pareciera no establecer una valoración tasada o legal de las declaraciones de la parte, determinando la fuerza o eficacia probatoria, sea que se trate de una confesión expresa o ficta, como lo es en estos supuestos de incumplimiento.

Sin embargo, es oportuno decir entonces que resulta de toda lógica seguir teniendo en consideración, a efectos de la fijación de los hechos, el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales; y a tal efecto encontramos la disposición del art. 316 inc. 1. Pero, en cambio, no resulta razonable imponer legalmente, en todo caso, un valor probatorio pleno al reconocimiento o confesión. Como en las últimas décadas ha venido afirmando y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoración libre, teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen.

En total diferencia con el CGP de Uruguay, el interrogatorio comienza con las preguntas planteadas por el abogado de la parte que solicitó el interrogatorio. Una vez respondidas éstas, continúan con el acto de indagatoria los letrados de las demás partes o sujetos con intereses opuestos. A continuación, lo que aceptábamos tácitamente en el ordenamiento uruguayo aparece aquí de forma expresa, ya que nuevamente el abogado de la declarante podrá formular nuevas preguntas, siempre que el juez entienda que sean útiles y pertinentes para aclarar los hechos objeto de juicio. Sólo recién concluida la tarea de todos éstos, el propio órgano jurisdiccional va a poder interrogar a la parte. Empero, el art. 306 inc. 1, luego de establecer la facultad del tribunal, determina que lo hará “con la finalidad de obtener aclaraciones y adiciones”. La redacción no es del todo clara, pues las “adiciones” aparecen indefinidas, pero entendemos que el rol que cabe al magistrado español se encuentra mucho más circunscripto que el de su par uruguayo. Si bien no aparece como un mero espectador que asiste a la práctica probatoria, el objeto del interrogatorio que realiza se limita a los puntos de la declaración que no considera lo suficientemente claro.

Finalmente, el art. 306 inc. 2 regula el interrogatorio cruzado, al estilo del cross examination del Derecho Norteamericano, que permite preguntar recíprocamente una parte después de la otra de manera espontánea, sin rigideces formales, bajo vigilancia del tribunal, que rechazará todas las que sean impertinentes o inútiles. En comparación con el modelo uruguayo, podemos señalar aspectos positivos y negativos de la reglamentación española. En el plano de los primeros, debemos destacar que el cruce de preguntas se realiza directamente por las partes, de boca de ellas; aquí no aparecen intermediarios para manifestar las interrogaciones. Sin embargo, la utilidad de la figura en la LEC no aparece tan definida, si tenemos en cuenta que, sorprendentemente, se ha limitado sólo a los supuestos en que no sea preceptiva la intervención del abogado.

En concreto, el art. 31 inc. 2 LEC exceptúa la intervención del abogado únicamente en dos supuestos: 1) Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en la LEC; 2) Los escritos que tengan por objeto “personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones”. No obstante, creemos que la determinación de todos los casos en que no es necesaria la presencia del abogado será una de las cuestiones más discutidas y difíciles de precisar.

Es dable señalar que, en la oportunidad del interrogatorio cruzado, y en el mismo sentido que el reflejado en el art. 303, las partes y sus abogados pueden impugnar las preguntas, resolviéndose el incidente por el tribunal antes de dar la palabra al declarante.

El sistema español, de absoluta esencia oral, pierde esta característica en aquellos casos en los cuales la prueba se sustancia en el domicilio del declarante, y no es posible o conveniente la presencia de la parte que propuso el interrogatorio. En estas hipótesis es necesaria la presentación previa de un pliego escrito, similar al de la absolución. Además de la oralidad, entendemos que la espontaneidad también resulta afectada.

Por último, aunque ya hemos hecho alguna mención, cabe referirnos ahora a uno de los aspectos en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo a nuestro criterio, intentó innovar en mayor medida adaptándose a los postulados más actuales de la doctrina procesal. Puede afirmarse que el ordenamiento español buscó superar el valor legal de la anterior prueba de confesión, objetivo que logró en gran medida. Así, el art. 316 inc. 1 establece que se considerarán como ciertos los hechos, y así se fijarán en la sentencia, cuando la parte declarante los reconozca como tales, siempre y cuando: 1) no lo contradiga el resultado de las demás pruebas, y 2) hubiera intervenido en ellos personalmente y le sean enteramente perjudiciales; es, por tanto, en sede de valoración de la prueba donde adquiere verdadera importancia la cuestión de si los hechos cumplen estas condiciones.

En todo lo demás (art. 316 inc. 2), los magistrados valorarán las declaraciones de las partes y demás personas que puedan declarar, según las reglas de la sana crítica y conjuntamente con las demás pruebas practicadas, sin perjuicio de lo establecido en los arts. 304 y 307. Vemos como en la valoración de este medio probatorio se ponen de manifiesto las posiciones jurisprudenciales y doctrinales modernas sobre la prueba de confesión y su pérdida de la condición de probatio probatissima o regina probatorum.

Pese al avance que supone el art. 316 LEC, entendemos que el legislador quedó a mitad de camino en este intento. Si bien no puede desconocerse el valor del reconocimiento por el declarante de hechos desfavorables, pues la lógica indica que la persona no admite o asume las consecuencias de algo que lo perjudica si esto no es efectivamente cierto, aun en estos casos estamos convencidos que la libre valoración debería ser la regla. La ley impone efectivamente una valor tasado en estas hipótesis, aun cuando ha dejado de llamarlas confesión expresa; de forma tal que, el proceso civil español no ha dejado de ser un sistema mixto de valoración de la prueba.

Por tal razón, entendemos que la regla actual que impone tener por ciertos en la sentencia los hechos reconocidos por el declarante, salvo prueba en contrario, debería invertirse. Ello implicaría la procedencia de la libre apreciación, de acuerdo a las pautas de la sana crítica, incluso en un supuesto de reconocimiento expreso, salvo que éste apareciera corroborado por otros elementos de prueba que hagan concluyente la veracidad de la confesión. De esta manera, los restantes elementos probatorios de la causa no adquieren fuerza para desvirtuar la confesión previamente tasada por la ley, sino que toman relevancia para el magistrado cuando le dan peso al reconocimiento hecho por el declarante y, si guiado por su sana crítica así lo entiende, sólo entonces tenerlos por ciertos en la sentencia.


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