Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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4.1. El modelo primigenio: Civil Procedure de los Estados Unidos148


Cimentado en el sistema procedimental inglés, el país norteamericano toma los postulados de Jeremy Bentham, para quien las partes deben contribuir a formar la libre convicción de los jurados, en tanto de muchos hechos solamente ellas pueden tener conocimiento. Del antiguo continente arriban los preceptos de la Judicature Act (1883), que consagra el sistema de interrogatorio libre; y, fundamentalmente, es determinante la conocida como Lord Bruogham´s Act al instituir, hasta la actualidad, las técnicas de la examination y la cross examination ante las cortes inglesas.

Bajo la influencia de esa historia pretoriana y legislativa, en materia de las pruebas por declaraciones, la Federal Rules of Civil Procedure estadounidense consagra para el sistema federal tres formas distintas de “discovery devices”, es decir, “modos de descubrimiento”, que para nuestro ordenamiento no son otra cosa que los medios de prueba. Este conjunto de normas que son el resultado de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, encuentra en la Regla Nº 30 las “Depositions” o Declaraciones; en la Nº 31 las “Depositions upon written questions”, estas son las Declaraciones sobre interrogatorios escritos; y, finalmente, los “Interrogatories to parties” de la regla Nº 33. Estos dos últimos se identifican, ya que ambos consisten en modos probatorios caracterizados por la escritura del procedimiento, de modo que requieren de la previa presentación del pliego de preguntas para la sustanciación de la declaración; mas difieren en el plano subjetivo, ya que los “Interrogatorios” se circunscriben con exclusividad a las partes, mientras las “Depositions upon written questions” pueden ser tomadas también a terceros, es decir, a los testigos.

Con lo dicho hasta aquí queda en evidencia que nuestro interés reposa en las denominadas “depositions”, dada la oralidad que las tipifica. Estas no son sino interrogatorios de partes o testigos, tomadas bajo juramento y en una sesión contradictoria, es decir, con bilateralidad en la examinación y en la examinación cruzada. La audiencia inicia con el oficial de la corte (court officer) requiriendo juramento al deponente, de responder las preguntas que le harán los abogados de ambas partes. Toda la declaración es debidamente registrada, normalmente en soportes audiovisuales, y son trascriptas por un mecanógrafo, denominado “court reporter”.

El primer punto que creemos necesario destacar del medio en cuestión es la amplitud objetiva del interrogatorio, ya que el ámbito de las preguntas no se delimita por las reglas de prueba. Por ello, los abogados pueden preguntar sobre cualquier cuestión que resulte relevante, siempre que la misma no se encuentre sujeta a “privileges”149. De esta manera, las “depositions” son el instrumento adecuado para la realización de interrogatorios que acerquen al tribunal elementos de prueba, pero también para aquellos que hemos dado a llamar “ad clarificandum”, destinados a definir la voluntad de los litigantes en el planteamiento, contenido y fundamentación de sus alegaciones.

Junto a las preguntas del interrogatorio, encontramos también la figura de las “repreguntas”, las que pueden ir formulándose de forma extraordinariamente abierta, incluso sobre nuevas cuestiones que surjan durante la declaración. Esto permite, entre otras cosas, testear la solidez del declarante, profundizando la indagación a medida que se abren nuevas líneas para inquirir y nuevos hechos son revelados. Queda claro que la prueba de las “depositions” se obtiene, no sólo de la probable sustancia del interrogatorio, sino de la conducta, la agudeza, etc. Es fácil comprender por qué el ordenamiento estadounidense denomina a los medios probatorios “modos de descubrimiento”, pues se trata de verdaderos nexos entre el tribunal y la verdad real que se intenta alcanzar.

Finalmente, para entender la enorme amplitud y flexibilidad con la que se practica este tipo de interrogatorios, es útil recurrir a uno de los aspectos que debió regular el ordenamiento federal. En efecto, el Apartado D, Artículo 1, de la Regla Nº 30 establece que, salvo acuerdo de partes u orden de la corte, la declaración debe limitarse a siete horas en un día. Con esto, puede apreciarse no sólo lo dilatada duración del acto, sino figurarse cuánto más podían aun extenderse antes de imponerse el mencionado límite temporal.




4.2. El avanzado sudamericano: Código General del Proceso Uruguayo


El 20 de noviembre de 1989 entró en vigor en Uruguay el Código General del Proceso (en adelante CGP), cuerpo legal que reemplazaría al antiguo Código de Procedimiento Civil. Entre sus antecedentes más significativos encontramos el proyecto de Eduardo J. Couture, de 1945, en el cual el gran jurista aplicó los conceptos más actualizados de la ciencia procesal. Éste sería el puntapié para una serie de proyectos que se sucederían, bajo la dirección del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, y que constituyen importantes fuentes del CGP. A ello cabe agregar los anteproyectos del Código Procesal Civil Modelo para América Latina, obra del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Finalmente, en julio de 1986, el gobierno nacional designó la comisión que se ocuparía de la redacción del proyecto final, integrada por los doctores Adolfo Gelsi Bidart, Enrique Vescovi y Luis Torello; cuya obra fue aprobada prácticamente sin modificaciones, resguardando la armonía y el equilibrio de una obra concebida como un todo coherente150.

Ya en la materia que nos concierne, el CGP se afilia a la tendencia moderna y recepta, entre los medios de prueba, la declaración de parte a través del interrogatorio libre o informal. Sin embargo, quizás por apego al pasado y a las tradiciones, el legislador mantuvo la absolución de posiciones, medio que no tenía sentido conservar, pues el libre interrogatorio proporciona mayores posibilidades de investigación de la verdad. A pesar de ello, es menester destacar la admisión de éste último con gran amplitud, razón por la cual estamos frente a una institución de suma utilidad jurisdiccional. Y no sólo probatoria, sino que además el art. 24.5 CGP, prevé el interrogatorio informal ad clarificandum, cuya fuente se encuentra en el art. 170 del Proyecto Couture de 1945, inspirado en el art. 117 del Código Italiano de 1940.

Así, el magistrado puede efectuar, de oficio o a petición de parte, el interrogatorio con una finalidad esclarecedora, en la oportunidad señalada en el art. 341.1. De conformidad a esta norma, las partes tienen la facultad de solicitar se aclaren “los extremos oscuros o imprecisos de la demanda, contestación o reconvención”. Empero, no debe olvidarse que su ejercicio no puede significar la restitución de plazos precluidos, ni la posibilidad de alterar la pretensión o la defensa.

De esta manera, la legislación nacional uruguaya prevé una amplia gama de declaraciones de parte, entre ellas las dos formas principales: la formal o absolución de posiciones, y la informal o interrogatorio libre. Este admite, a su vez, dos modalidades; el mencionado ut supra, es decir, ad clarificandum (arts. 24.5, 341.1); y el interrogatorio libre con finalidad probatoria (art. 149). Al mismo tiempo, el último también puede subclasificarse si se atiende a la existencia o inexistencia de un acto formal de citación. Como veremos más adelante, esta distinción es importante para algunos autores, ya que le asignan diferente eficacia probatoria a una u otra forma.

En efecto, el art. 149 reconoce dos especies de interrogatorio: uno “más libre” y otro regulado en forma más similar a la absolución, es decir, más “formal”. En virtud del numeral 2, la parte podrá impetrar, en el curso de “cualquier audiencia”, el interrogatorio de su contraria o de algún litigante con interés diverso, “sin necesidad de previa citación”. Se extiende con ello la posibilidad de practicar el interrogatorio a pedido de parte en etapa de diligencia preparatoria de carácter probatorio; o en la producción de otros medios de prueba, como la inspección ocular y la reconstrucción de hechos, de conformidad con el principio de que la prueba debe producirse en audiencia o con audiencia (conf. art. 142). Como es sabido, resulta normal que durante el desarrollo de este tipo de diligencias, el tribunal o las partes efectúen preguntas a otros litigantes.

No obstante, pese a la aparente amplitud e indefinición de la norma, no debemos olvidar que la posibilidad real de proceder al interrogatorio de la parte nace una vez que se encuentren depurados y delimitados el objeto del proceso y de la prueba. Por ello, la facultad podrá ejercerse con mayor eficacia en la denominada “audiencia complementaria” (art. 343), sin perjuicio de que en la audiencia preliminar (art. 340) pueda efectuarse en diversos supuestos, por ejemplo, con una finalidad aclaratoria, referida a los hechos en que se fundan las excepciones previas.

No resultaría difícil caer en la crítica errada de considerar que en estos casos, y en aquellos interrogatorios con citación pero sin indicación del contenido de las preguntas, estamos ante un medio sorpresivo y que, por ende, lesiona el derecho de defensa de las partes. Empero, habida cuenta de la previsión legal, los sujetos del proceso acceden a él con el conocimiento de que pueden ser interrogados en cualquier momento por el magistrado y en cualquier audiencia por las partes. Por otro lado, la espontaneidad del interrogatorio evita una elaboración anticipada de las respuestas y garantiza mayor veracidad en la declaración, o cuanto menos, permite al magistrado observar la verdadera conducta del declarante, cuyo ánimo y espíritu no ha podido preparar de forma previa, e inferir de ella indicios con fuerza probatoria.

Por su parte, el numeral 3 establece la posibilidad para los litigantes y el tribunal, de “formalizar” el interrogatorio a través de la solicitud o disposición, respectivamente, de una citación específica del sujeto para el acto del interrogatorio, bajo el apercibimiento que determina el num. 4. La diligencia se cursará en la forma y oportunidad prescripta por el art. 150 para la prueba de posiciones. Ello implica que, la solicitud de interrogatorio puede formularse en la audiencia preliminar, en cuyo caso si el litigante requerido se encuentra presente, se lo tendrá por citado con la simple manifestación de la contraparte solicitando el medio de prueba (art. 150.1). Empero, si no se encontrara presente deberá ser notificado de la providencia que admite y ordena el interrogatorio, en el domicilio constituido y con tres días de anticipación, por lo menos (art. 150.2). Dada la claridad de la norma y la amplitud con que se admite el medio probatorio, no existe necesidad que las partes, en los escritos iniciales, se reserven la facultad de proceder “oportunamente” al interrogatorio.

El CGP, a diferencia del anterior CPC uruguayo que regulaba la producción de la absolución de posiciones, no reglamentó de manera específica y sistemática la audiencia de sustanciación de la prueba. No obstante, pueden señalarse en relación al interrogatorio, algunas normas de particular interés que pautan el instituto en cuestión, tales como el deber de realización por el juez, la admisión de la figura de las repreguntas, y el interrogatorio cruzado bajo la dirección del tribunal. De todos modos, en función de los mecanismos de interpretación e integración de las normas procesales, de los principios que rigen la actuación de los sujetos, de las disposiciones previstas para el medio análogo de prueba (testimonial), de los antecedentes de este tipo probatorio y de la práctica del mismo, se puede establecer la forma en que habrá de llevarse a cabo la mentada audiencia.

Un aspecto destacable de este ordenamiento procesal es, sin lugar a dudas, la dirección del magistrado bajo la cual la declaración debe siempre ser efectuada, consagrando una aplicación rigurosa del principio de inmediación, de fundamental importancia en la práctica de la prueba. Es además quien da comienzo a la misma, sea cual fuera la modalidad escogida y sin considerar a quien ha correspondido la iniciativa. Como corolario, y para hacer efectivas estas disposiciones, se involucra concretamente el principio de indelegabilidad de la función jurisdiccional. Por todo ello, la audiencia debe ser presidida por el magistrado, so pena de nulidad (arts. 8 y 100) y de la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes a su cargo. En consecuencia, el iudex es quien formula el interrogatorio o absolución, y le compete:



  • La calificación de las preguntas o posiciones, pudiendo descartar las inadmisibles, inconducentes, impertinentes, innecesarias, dilatorias, perjudiciales o agraviantes.

  • Ordenar la reformulación de alguna posición o pregunta ambigua, imprecisa u oscura.

  • Dividir la posición o pregunta.

  • Retomar el interrogatorio en cualquier momento.

Estas facultades permiten diligenciar la prueba asegurando una apreciación inmediata y directa de su desenvolvimiento y su resultado; de manera que el magistrado tenga, eventualmente, el convencimiento de que el declarante ha incurrido en negativa a contestar, reticencia o respuesta evasiva o inconducente. Todo ello partiendo de la certeza de que la pregunta o posición fue correctamente formulada y, por ende, resultaba comprensible para aplicar las consecuencias legales que correspondan en el caso. Como contraposición a la amplitud del interrogatorio informal, el procedimiento uruguayo consagra en el juez civil un rol protagónico que, a su vez, significa garantizar a la parte declarante la inexistencia de abusos y una percepción acertada, objetiva e imparcial sobre todas las etapas de la producción probatoria.

En lo concerniente al contenido, podrá ser determinado por el magistrado, o bien le será proporcionado por la parte que lo solicita, quien establecerá el objeto del interrogatorio incluso en el momento en que debe darse comienzo a la producción del medio, si no lo ha hecho antes, por ejemplo, en los escritos introductorios. En virtud de esta libertad para la proposición del contenido del interrogatorio, los litigantes podrán optar por la trascripción específica de cada pregunta, o aludir genéricamente al objeto del interrogatorio si se solicita por escrito. La elección de alguna de estas formas depende de la estrategia forense que se desenvuelva en cada caso concreto. El fundamento de la solución radica en la mayor generalidad de la sanción que consagra la norma, en relación con la referente a la prueba de absolución de posiciones, y a la propia expresión “libremente” del art. 149.1, que parece aludir en forma amplia al contenido del medio.

Respecto de los sujetos procesales habilitados para solicitar o disponer la declaración de parte en sus dos modalidades, el art. 148 disciplina con carácter general el asunto; mientras que los arts. 149 y 150, en relación al interrogatorio y a la absolución de posiciones respectivamente, especifican la temática en sus áreas propias. Al mismo tiempo y consecuentemente, emerge el sujeto pasivo de la declaración, norma que debe complementarse con las situaciones particulares que se reglamentan en el art. 151, atinente a los sujetos que deben evacuar el interrogatorio o la absolución y las formas procesales que deben adoptarse, según los casos.

En este sentido, si bien la iniciativa le corresponde al tribunal, a las partes, o a cualquier litigante con un interés distinto de aquél a quien se le solicita el interrogatorio, la norma reserva únicamente al juez la facultad de efectuar el interrogatorio libre, en cualquier etapa del proceso, como señala el art. 24.5 al que remite el artículo 148. De acuerdo a esta prescripción, el interrogatorio se hará por el magistrado en todas las hipótesis, sin que interese si el medio probatorio fue requerido por la parte o dispuesto de oficio. El criterio de CGP es que en el sistema oral, esto es el proceso por audiencia, es conveniente que primero interrogue el juez, sin perjuicio del derecho de las partes de hacerlo por intermedio de sus abogados.

Destacamos el reconocimiento de la facultad para solicitar y realizar el interrogatorio a cualquier litigante con un interés distinto del que lo solicita. En tal sentido, pueden ser sometidos a interrogatorio: un integrante de la parte (v.gr. litisconsorte) siempre que ostente un interés distinto al del peticionante; el tercero excluyente por las partes principales, o viceversa, y aun los terceros coadyuvantes (litisconsorciales) si se encuentran en la hipótesis legal; el tercero, interviniente coactivo por la parte actora y viceversa, o aun por quien lo llamó a juicio. En síntesis: toda vez que se adviertan centros de interés diversos, se habilita el interrogatorio recíproco de los sujetos que los integran, no teniendo importancia qué calidad revisten.

Creemos que en el código uruguayo, a pesar de no ser procedente el interrogatorio respecto de la propia parte, sí lo sería la facultad de repreguntar que el cuerpo normativo incorpora. Es obvio que el legislador previó este instituto con relación a la parte contraria. No obstante, nada impide que se utilice el mecanismo de las repreguntas a su propia parte, con un límite muy preciso: no puede replantearse con ellas las proposiciones que tengan que ver con momentos precluidos, es decir, introducir nuevos elementos, hechos o alegaciones. La función de la institución no va más allá del contralor de la prueba que pueden ejercer todos los litigantes en el momento de la instrucción, y la finalidad deberá ser meramente aclaratoria.

Una vez terminado el interrogatorio por el tribunal, la parte contraria podrá efectuar entonces las repreguntas que considere convenientes. La facultad es ejercida por el abogado, sin que sea necesaria la presencia de la parte a la que asiste, habida cuenta de las facultades que el art. 143 de la ley 15.750 reconoce al profesional, cuya remisión expresa efectúa el art. 44 CGP. El letrado directamente formula las preguntas, obviamente bajo la dirección del tribunal y el contralor de la parte contraria, a quienes corresponde calificar la admisibilidad o no de las mismas. Por el contrario, al abogado de la parte que declara le cabe un rol mucho más acotado, pues tal como señalamos antes, sólo puede realizar las repreguntas que permitan garantizar la fidelidad y exactitud de las respuestas dadas por su cliente. Igualmente, ambos profesionales podrán abogar por la admisibilidad o inadmisibilidad de las preguntas o posiciones, mediante los recursos de reposición y apelación diferida (art. 147).

Terminado el procedimiento de las repreguntas, las partes por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libre y recíprocamente, pero siempre sujetas a la dirección del tribunal. Esta alternativa aparece regulada expresamente sólo en caso de interrogatorio, pero la coherencia del sistema uruguayo permite sostener la existencia de un régimen uniforme, en relación con ambas formas de declaración. En este punto, el art. 149 remite al 161.3, es decir, a la forma de recibir la prueba testimonial. Con ello, se aprecia la amplitud con que el legislador uruguayo ha plasmado la institución del interrogatorio libre o cross examination, hasta alcanzar la mayor asimilación posible con las declaraciones de terceros. Ha sido consciente también, que el interrogatorio cruzado es un instrumento de gran utilidad para desentrañar el complejo fáctico que constituye el fundamento de la pretensión y la defensa.

En cuanto a la forma en que se ejerce la facultad, la norma indica que se efectuará por intermedio del sus abogados; ello implica que el sujeto titular de los derechos sustantivos en juego, es decir, la parte, no puede realizar esta facultad por sí misma. Nuevamente, se trata de una aplicación concreta del principio de asistencia letrada obligatoria para los actos procesales, estatuido en el art. 37 CGP.

Ahora bien, el numeral 4 de la norma estatuye tres cargas, cuyo cumplimiento se pone a cargo del sujeto a quien se requiere el interrogatorio, con diverso contenido y una idéntica sanción procesal: comparecer al acto, contestar las preguntas, y hacerlo en forma adecuada (concreta, precisa, circunstanciada, explícita, no reticente, y relativa a los hechos objeto del interrogatorio). El incumplimiento de ellas hace “presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión”. Desde luego, creemos que si el objeto del interrogatorio fue explicitado con antelación, la presunción sólo tendrá alcance respecto de los hechos concretos que se formulan en el interrogatorio.

Al pretender la aplicación de esta regla, en ocasión de la valoración de la prueba, el magistrado deberá analizar otro aspecto normativo, para entender configurado el supuesto: que se trate de hechos respecto de los cuales proceda la confesión, o lo que es igual, que la ley permita probarlos por este medio. De tal modo, la regla abarcará los hechos personales del interrogado, también los ajenos, pero que este conocía o debía conocer.

Finalmente, vista la subclasificación del interrogatorio con fines probatorios, cabe preguntarnos si la consecuencia prevista por el artículo rige para ambos supuestos o solamente cuando ha existido citación en los términos del num. 4. Si afirmamos que la regla de valoración rige únicamente en el último caso, es decir, sólo cuando se ha cursado la diligencia previa conforme a lo dispuesto por el art. 150, en los casos de interrogatorio “espontáneo” el tribunal deberá valorar tanto el silencio como las respuestas, las que sean concretas y también las evasivas, pero con el criterio racional emanado de las reglas de la sana crítica, sin que necesariamente se opere la presunción legal.

Sin embargo, creemos que procede la aplicación de la consecuencia procesal en ambos supuestos. Aun cuando la primera parte del art. 149.4 aluda a la citación, ello no privaría al interrogatorio del numeral 2 de los efectos perjudiciales de la norma, pues tal alusión lo es respecto de la carga de comparecer, y en este caso el litigante ya se encuentra presente en la audiencia. Por ello, para generar el apercibimiento, a este interrogatorio le son aplicables las hipótesis contempladas a continuación, esto es, “la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes”. Además, técnicamente en ambos casos existe citación, sólo que en un caso es previa y en el otro simultánea con el acto de iniciativa o solicitud del interrogatorio.

La aplicación de la norma presupone la consideración efectiva del principio de bilateralidad, es decir, el conocimiento previo y efectivo del acto que va a realizarse, y ello sucede en ambas hipótesis. Cabe complementar esta regla con el deber de colaborar con la justicia que rige sobre las partes. La norma que habilita con gran amplitud a efectuar el interrogatorio carecería de sentido si sólo con previo aviso de su realización rigieran las consecuencias negativas del incumplimiento de las cargas estatuidas en la ley.

El art. 149 omite prever la situación del litigante que da cumplimiento de las cargas. De todos modos, claro está que puede existir o no confesión de los hechos objeto del interrogatorio, de acuerdo con el tenor de las respuestas, cuya valoración corresponderá a otra etapa procesal. El legislador ha comprendido correctamente que, la confesión constituye sólo uno de los resultados posibles del medio de prueba y su regulación corresponde en una norma diferencial (art. 153).

De las actuaciones se labrará acta, en la que deberán constar las respuestas al primer interrogatorio, a las repreguntas formuladas posteriormente, al interrogatorio cruzado, las aclaraciones, adiciones, rectificaciones, la negativa a contestar, el silencio, etc. La valoración de la conducta del declarante debe efectuarse en el momento del dictado de la sentencia.

Vale concluir el repaso de la regulación uruguaya sobre la institución del interrogatorio libre e informal, resaltando la versatilidad que caracteriza a la figura, entendiendo que es aquí donde radica su riqueza probatoria. La amplitud dada al medio, sin sujetarlo dependientemente a la prueba de posiciones, permite acudir al interrogatorio informal en todos los casos en que se desestime la absolución, por ejemplo, ante la impertinencia de las posiciones. Esta vía siempre residual del interrogatorio libre demuestra la capacidad informativa y probatoria que puede obtenerse de la declaración de partes, sin agotarse en la absolución, clásica, tradicional y, también, obsoleta.


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