Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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Artículo 413: CONTENIDO DE LAS CONTESTACIONES. Si las posiciones se refieren a hechos personales, las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas. El absolvente podrá agregar las explicaciones que estime necesarias. Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que las circunstancias hicieren inverosímil la contestación.

Es adecuado comenzar distinguiendo, antes que el contenido de la contestación, el contenido fáctico que pueda presentar una posición, pues aquél depende de éste. De la redacción del artículo, es dable deducir que las posiciones pueden consistir en afirmaciones referidas o no a hechos personales del absolvente, o de su conocimiento personal. Cuando las mismas efectivamente versen sobre estas circunstancias personales, las respuestas deben ser necesariamente afirmativas o negativas; es decir, en estos casos el deponente contestará si es cierto o no es cierto aquél hecho sobre el cual se lo interroga. Por el contrario, cuando el pliego no contenga ese tipo de hechos, el declarante sólo podrá manifestar que los conoce como tales o no, pero no podrá aseverar su veracidad o falsedad, debido a que no actúa como testigo121.

Sólo luego de la contestación en las formas señaladas puede ejercer la facultad de explicar todo aquello que considere conveniente, sea para precisar el alcance de su respuesta, o el contenido de la misma. Estas aclaraciones serán objeto de valoración judicial al tiempo de la sentencia, y junto a la apreciación legal del mérito de la declaración, determinarán la fuerza probatoria del medio.

Finalmente, el artículo regula el supuesto en el cual el absolvente invoque no recordar el hecho objeto de indagación. Esta contestación no faculta a considerarlo, de forma mecánica y automática, como confeso; para que esta consecuencia tenga lugar, es menester que las circunstancias hiciesen inverosímil esa respuesta, pues en los demás casos deberá apreciarse la declaración de conformidad a las reglas de la sana crítica. La inverosimilitud requerida es un elemento normativo cuya apreciación corresponde al magistrado, e implica su convencimiento acerca de la falsedad de esa contestación. Para arribar a esa conclusión, es de suma importancia la inmediación del juez, pues sólo de esa forma podrá comprobar la veracidad de la manifestación, evaluando la personalidad expuesta por el absolvente, su edad, condiciones intelectuales, tiempo transcurrido entre el hecho y la declaración, el contexto de la absolución, junto a las circunstancias que se deducen de la causa y las demás pruebas. A estos fines, el juzgador podrá definir su criterio a partir de la formulación de preguntas en esa misma audiencia.

Originariamente el CPCCN, conforme ley 17.454, agregaba el requisito de hacer conocer, antes de recibirse la declaración, las consecuencias jurídicas de las omisiones, falta de recuerdo o respuestas evasivas, para tener al absolvente por confeso ante esas contingencias. Sin embargo, el 11 de marzo de 1981, se sanciona la ley 22.434 que elimina tal exigencia, procediendo la sanción sin necesidad de advertencia previa. Para esa supresión, el legislador preponderó la carga de informarse que pesa sobre el declarante, y la obligación del patrocinante de hacer conocer a su representado estas consecuencias. No obstante, aún puede encontrarse el requisito en los códigos de Buenos Aires (art. 411), Córdoba (art. 225), Chacho (art. 391), Entre Ríos (art. 399), La Pampa (art. 394), Neuquén (art. 413) y San Luis (art. 413).

En relación al resto de los ordenamientos locales, el código de Jujuy no contempla esta disposición, y el de Corrientes lo hace únicamente en relación al supuesto del “olvido”, dentro de la norma que determina la confesión ficta (art. 415). Situación similar se repite en Entre Ríos (art. 399) y La Pampa (art. 394), en cuyos artículos 399 y 394, respectivamente, se regula de forma autónoma sólo la “Falta de contestación”. Entendemos que estas tres últimas provincias se abstienen de referirse a lo dispuesto en los dos primeros párrafos del art. 413 CPCCN, por cuanto eliminan la figura de la absolución de posiciones, y con ello deja de requerirse una contestación afirmativa o negativa; mientras que las aclaraciones o explicaciones constituyen una parte intrínseca y esencial de las respuestas a las preguntas del interrogatorio libre.

En sentido opuesto, el art. 190 ap. III del código mendocino si bien, por un lado, dispone que “si se tratare de hechos personales del absolvente y de persona autorizada de la entidad que representa, deberá contestar afirmativa o negativamente o dando las explicaciones requeridas, agregando las aclaraciones que creyere necesarias, sucintamente”, por otro, omite referencias a la situación del olvido. Tampoco contemplan el supuesto las provincias de La Rioja y Santa Fe.

Artículo 414: POSICION IMPERTINENTE. Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la juzgare procedente. De ello sólo se dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidente o recurso alguno.

Autores, como Kielmanovich122 y Falcón135, entienden que una posición es impertinente cuando: 1) no se refiere a un hecho controvertido o conducente; 2) contiene más de un hecho escindible, que no puede ser respondido sin reconocer o negar a los otros; 3) no es clara y concreta. Para otros, entre ellos Palacio, la noción de pertinencia probatoria es más restringida, limitándose a la adecuación que debe existir entre la prueba y los hechos controvertidos de la causa. Por lo tanto, para esta postura, la impertinencia a que refiere el art. 414 sólo comprende el primer supuesto de la anterior; mientras el segundo y tercero estaría relacionados a la admisibilidad de la prueba.

Las consecuencias de aceptar una u otra comprensión no son menores, y exceden el mero plano conceptual, ya que la pertinencia de la prueba es un asunto que debe apreciarse recién al tiempo en que sea dictada la sentencia definitiva, tal como el artículo en análisis lo indica; empero, la admisibilidad autoriza a un pronunciamiento judicial inmediato, admitiendo o rechazando en la misma audiencia la posición cuestionada. Independientemente de las nociones teóricas, creemos que a partir de esta distinción práctica en relación al momento en que se resuelve la oposición, resulta conveniente inclinarnos por la postura más restringida de la pertinencia. Si el absolvente se resiste a contestar una posición porque ella contiene más de un hecho, o bien porque es ambigua o confusa, resultará mucho más eficaz para la sustanciación del medio probatorio la resolución del planteo en la audiencia de absolución; ya sea, que el juez ordene escindir los hechos en cuantas posiciones sean necesarias, o que se aclaren los términos o la redacción para facilitar así la comprensión por el deponente.

Como lo indica la norma, el absolvente que estime impertinente una posición no estará en la necesidad de responderla. Pero, cuando efectivamente se niegue a contestar, debe hacerlo comprendiendo que el juez al sentenciar podrá tenerlo por confeso de esa posición, si concluye que la misma se adecua al sistema de pertinencia de la prueba. De la renuencia sólo se dejará constancia en el acta, para asentar la emisión de voluntad de quien declara, ya que la cuestión no da lugar a incidente o recurso alguno.

En cuanto al rol del letrado, como señalamos al comentar el art. 412, podrá indicarle a su patrocinado o representado que no conteste, y cuanto mucho explicar la razón en la que funda la impertinencia. En absoluto tiene la carga de fundar la negativa, facultad que podrá ejercer en oportunidad de alegar o de expresar los agravios que la sentencia le ocasiona123.

El código de Córdoba no contempla el caso de la impertinencia de la posición, sin embargo el art. 230 dispone que: “Si el interrogado se negare a responder sosteniendo que la posición es ilícita, o que por otro motivo no está obligado a contestarla, el tribunal resolverá inmediatamente el punto sin recurso alguno”. Se observa que, por un lado, las causales que habilitan al deponente a abstenerse de declarar, es decir, la ilicitud u otro motivo, son más abarcativas que el supuesto de la impertinencia. Por otro, el ordenamiento cordobés dispone la resolución del planteo en la misma audiencia, de forma inmediata.

Frente a ello, cabe preguntarnos qué sucede en los casos en que la negativa se funde en la impertinencia de la posición: ¿corresponderá su resolución inmediata? Entendemos que ello afectaría el régimen de pertinencia probatoria, por lo tanto, si el magistrado advirtiera que el planteo se funda en este motivo deberá disponer su resolución al tiempo de sentenciar, siendo conveniente realizar la advertencia del apercibimiento para tenerlo por confeso si el juez resolviera la pertinencia de la posición. La norma concluye al señalar que: “El superior podrá, en segunda instancia, admitir o rechazar la posición según la creyese o no legal”. Similar disposición contiene el código de Santa Fe, cuyo art. 164 establece: “Si se negara a responder sosteniendo que la pregunta es ilícita, que tiende a someterlo a juicio criminal o que afecta su honor; el juez resolverá inmediatamente, sin substanciación ni recurso alguno”.

Finalmente, es preciso señalar que en los ordenamientos de Jujuy, La Rioja, Mendoza y Tierra del Fuego no se encuentran estas normas.



Art. 415: INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes, en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declarare superfluas o improcedentes por su contenido o forma.

La incorporación al Derecho Procesal Argentino del interrogatorio libre, o sistema de preguntas propiamente dichas, no se produce de manera clara en el ordenamiento federal, ni en aquellas provincias que lo toman como modelo. El art. 415 regula una mera adhesión de interrogaciones al régimen de la absolución de posiciones, de forma complementaria, pero sin consagrar un medio de prueba de igual jerarquía y alternativo para las partes. Por esta razón, desde su aparición, las preguntas recíprocas carecieron de un carácter concreto, de una finalidad definida, y de la amplitud necesaria para hacer un uso útil y eficaz de las mismas.

Al tiempo de la génesis de esta institución, el art. 131 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sancionado para la provincia de Buenos Aires en 1880, disponía que: “Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes con permiso y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarlas de oficio, sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad”. Luego el art. 415 del CPCCN, conforme ley 17.454, tomaría dicha norma para mantener una redacción casi sin modificaciones124.

En el marco de estas legislaciones, fue común que la doctrina y la jurisprudencia limitaran aún más la utilidad del interrogatorio. Así las cosas, se sostuvo de forma prácticamente unánime, que si bien las partes podían interrogarse mutuamente, el acto no debía tener una finalidad que excediese de aclarar el sentido de una posición o precisar el alcance de una respuesta. A continuación, la lógica de este razonamiento jurídico terminaría por concluir que las preguntas debían restringirse a los hechos expresados en las posiciones y, por último, que las observaciones en cuestión sólo podían ser hechas mediante preguntas que permitieran una respuesta afirmativa o negativa. Prácticamente el medio de prueba consistía en una ampliación de la declaración, a través de la formulación de nuevas posiciones sobre las posiciones originales.

En su obra, Kielmanovich125 rememora un fallo de la Cámara Civil Primera de la Capital Federal el cual resolvió que, aun cuando era indiscutible que los jueces estaban facultados para hacer todas las preguntas o aclaraciones que estimaran conducentes a la averiguación de la verdad, tal facultad no podía exceder los límites de los términos en que el Código Procesal reglamenta la prueba de confesión. Esto implicaba que las preguntas debían ser formuladas de manera que el absolvente pudiese contestar en forma afirmativa o negativa, pues de otro modo, si el absolvente se negaba a contestar no podía obtenerse la sanción prevista por la ley procesal.

No son pocos los reparos susceptibles de dirigirse contra esta sentencia. Por un lado, podría decirse que efectúa una consideración limitada del rol del juez, cuyas interrogaciones debieran ser tan restringidas como las respuestas afirmativas o negativas que se pretenden obtener, pues de ningún modo estaría facultado a interrogar a las partes como si de testigos se tratara. Además, si sólo de esa clase de respuestas es dable obtener el resultado confesorio, se desconoce toda posibilidad de arribar a él a través de la apreciación judicial de la declaración, de la conducta procesal de las partes, etc.: sólo el sistema de la tarifa legal cuenta para la valoración de la prueba. Empero, por otro lado, también podría afirmarse que el fallo otorga al magistrado una facultad mucho mayor que la correspondiente: para que el absolvente responda por “si es cierto” o “no es cierto”, no cabría para la interrogación otra redacción más que la asertiva, es decir, como posición; lo que únicamente es posible realizar en tanto se conocen los hechos, y ello sólo cabe para las partes. Una posición del juez implicaría prejuzgamiento y una violación al deber de imparcialidad que recae sobre el magistrado.

Sin embargo, frente a estas ideas comenzaron a tomar peso las enseñanzas de juristas como Alsina, quien reprochaba a la jurisprudencia no haber obtenido de la institución todo el rendimiento que su amplio contenido permitía. Para el autor, de ningún modo debía reducirse el papel de las preguntas recíprocas a la minúscula función de facilitar el desarrollo de la prueba de posiciones. Alsina encontraba fundamentos para esta interpretación en la amplitud con que estaba concebida la segunda parte del artículo que, en miras a la averiguación de la verdad, habilitaba al juez a pedir explicaciones tanto al ponente como al absolvente126.

Bien entendía el jurista que la norma habilitaba el interrogatorio recíproco de las partes, “no ya en forma de posiciones, sino de simples preguntas”; es decir, interrogaciones que se hacen para que uno responda lo que sabe de un negocio u otra cosa127. No encontraba fundamento en la ley la exigencia jurisprudencial y doctrinaria relativa a que éstas debían redactarse para obtener del declarante una contestación afirmativa o negativa, en la medida que el Código sólo establecía la redacción afirmativa para las posiciones128. En cambio, la norma en análisis no sólo no establecía forma alguna, sino que omitía referencia a las posiciones; simplemente se habla de preguntas, titulando el artículo bajo este mismo término.

Queda claro que a partir de la incorporación de estas disposiciones al derecho argentino, la interrogación a la parte, aun para provocarse recíprocamente la confesión, está incluida en el proceso civil. Pero, ¿cuál es el alcance de esta institución? En este punto, para determinar si las preguntas debieran o no versar sobre hechos que constituyen materia de posiciones anteriores, creemos que se requiere de un análisis más sistémico y contextual, que excede la mera exégesis. Tal como enseña Falcón, los antiguos arts. 131 o 415 se incorporan en un contexto complejo, cuanto menos confuso, “totalmente ajeno al objetivo aparente que resulta de su sola lectura”129; es decir, si nos limitamos al contenido normativo nada obliga a concluir que "todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad" sólo ha de entenderse en el sentido de “los hechos que fueron contenidos en posiciones”130.

Mas, aun cuando estemos absolutamente a favor de la consagración legal de un interrogatorio libre e informal sin restricciones, entendemos que de la manera en la que ha sido regulado el instituto, la interrogaciones recíprocas constituyen un mero complemento del sistema principal de la absolución de posiciones; y, es por ello, que las preguntas no podrán versar sobre hechos no contenidos en el pliego. En este sentido lo entendía Alsina quien, a pesar de su firme oposición a la doctrina y jurisprudencia que coartaban aún más la figura, nunca defendió la posibilidad de un interrogatorio que excediera las circunstancias fácticas objeto de posiciones. Aquí es oportuno señalar que la ley 25.488 se ha limitado a modificar la redacción del art. 415131, pero en nada introdujo cambios a lo dicho hasta aquí, perdiendo una gran oportunidad para adaptar este medio probatorio a las tendencias del derecho moderno.

No caben dudas que el CPCCN consagra entonces un sistema único, que es el de la absolución de posiciones, amenguado en su rigidez a través de las preguntas recíprocas. Lejos está el régimen federal de un modelo mixto, en el cual los litigantes tengan la facultad o alternativa de elegir entre requerir y sustanciar un interrogatorio formal u otro informal. Este aspecto del ordenamiento nacional queda en evidencia al comprobar la autonomía o diferenciación de medios probatorios, es decir, de posiciones y preguntas, consagrada en algunos códigos, tanto provinciales: Santa Fe (art. 161) y, fundamentalmente, Tierra del Fuego (art. 384); como internacionales: Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay (art. 148).

Esta accesoriedad, en relación a las posiciones, que caracteriza al interrogatorio recíproco, con la limitación a la posibilidad de preguntar más allá de los hechos contenidos en el pliego, hace que la negativa a contestar una pregunta más extensa no genere el efecto de la confesión ficta. Ahora bien, cabe indagar qué sucede si la parte es renuente a contestar una pregunta cuyo contenido se corresponde con las cuestiones fácticas comprendidas en las posiciones. Entendemos que en estos casos, si mediare negativa a responder o evasividad, y guiado el criterio judicial por las reglas de la sana crítica, correspondería tenerlo por confeso fictamente. A su vez, aquellas contestaciones que impliquen afirmaciones confesionales son perfectamente válidas.

En cuanto a las personas que pueden ser sujetos de este interrogatorio, para quienes ven en el art. 415 un medio de prueba autónomo, pueden serlo todos los que revistan la calidad de partes y los terceros que han sido tenidos por tales, tanto que revistan la calidad de partes "contrarias" o no. Por ello, los litisconsortes podrían interrogarse entre sí, ya que respecto de ellos no cabe, en este entendimiento de la norma, la limitación del art. 404132.

No obstante, en nuestra comprensión de este sistema probatorio, si las preguntas no pueden exceder el marco de las posiciones en cuanto al objeto, tampoco podrían hacerlo en el plano de los sujetos. De modo tal que, en los casos en los cuales los litisconsortes no pueden absolver posiciones, tampoco podrán ser interrogados válidamente a través de preguntas que intenten aclarar el contenido o alcance de aquéllas. En estos supuestos, sólo cabe la posibilidad de recurrir a la declaración testimonial. Sin embargo, que ésta sea la solución que consideramos adecuada y coherente con el sistema normativo actual, no significa que estemos de acuerdo con ella. Por el contrario, éste es un punto que nos demuestra la necesidad imperiosa de reformar nuestros códigos para consagrar un interrogatorio informal completamente independiente de la absolución de posiciones, con la amplitud y libertad suficiente para comprender el caso de los litisconsortes sin necesidad de recurrir a la prueba de testigos, medio que impide alcanzar los efectos propios de las pruebas por declaraciones de parte (v.gr. confesión).

Respecto de lo que ocurre en el derecho local, la ley procesal de Córdoba señala que “Los litigantes podrán asistir a la absolución de posiciones. Su intervención se reducirá a proponer a los absolventes nuevas posiciones u oponerse a alguna de las propuestas, pidiendo resolución al efecto” (art. 232). Empero, el art. 234, al igual que el art. 165 del código santafecino, aclara que “No podrán proponerse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido ya objeto de ellas”.

Por otro lado, el código de La Rioja agrega en este punto que “El letrado de la parte que ha ofrecido la prueba confesional, podrá ampliar las posiciones propuestas y pedir aclaraciones a las respuestas que dé el absolvente. El letrado de la parte que absuelve posiciones podrá solicitar aclaraciones a sus respuestas” (art. 194). Esta disposición es significativa ya que la doctrina, generalizadamente, sostiene la imposibilidad del abogado de interrogar a su propio representado; y si bien aquí la norma no habilita a ello, faculta al profesional a intervenir en auxilio de su cliente requiriendo aclaraciones susceptibles de mejorar la declaración. Una regla similar contiene el código de Santa Fe, agregando que “El abogado y el apoderado del absolvente podrán formular a la otra parte, si estuviere presente, por intermedio del juez y en la medida que éste lo permita, preguntas ampliatorias o aclaratorias de los hechos que hayan sido materia de las posiciones” (art. 165).

La ley de Tierra del Fuego determina en su art. 385 inc. 1 que “terminado el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogados, podrán interrogarse libremente, pero sujetas a la dirección del Tribunal”.

Finalmente, el código de Tucumán prohíbe la presentación de nuevas posiciones una vez concluido el pliego, pero habilita a las partes, en la audiencia y bajo la dirección del juez, a “requerirse recíprocamente aclaraciones sobre los hechos contenidos en las posiciones y sobre las respuestas dadas por el absolvente” (art. 327). Puede observarse en esta norma una aplicación concreta del criterio que hemos sostenido respecto del contenido de las interrogaciones recíprocas del CPCCN.



Artículo 416: FORMA DEL ACTA (Derogado). Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando, en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado. Terminado el acto, el juez hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o rectificar. Lo que agregaren o rectificaren se expresará a continuación, firmando las partes con el juez y el secretario.

La ley 25.488 derogó el art. 416 del CPCCN, motivo por el cual es menester remitirnos a las disposiciones generales del Título III sobre los “Actos Procesales”; y específicamente, considerar el Capítulo III del mismo, sobre las “Audiencias”. Aquí el art. 125 establece las reglas generales a las que deberá ajustarse el procedimiento, determinando en el inc. 5: “El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes. El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo, cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia. El juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia”.

La remisión a esta norma implica el abandono del deber que pesaba sobre el secretario de conservar el lenguaje empleado por los declarantes, es decir, ya no resulta una imposición legal alcanzar la mayor correspondencia posible entre lo dicho y lo transcripto. Por el contrario, es suficiente una relación abreviada de lo expresado por las partes.

Además, la ley 25.488 agregó al art. 125 dos incisos, incorporando la facultad del tribunal para decidir la documentación de las audiencias de prueba por medio de “fonograbación”. Esta deberá realizarse en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro quedará a disposición de las partes para su consulta. A ellas les otorga también el derecho a solicitar constancias similares, en la forma y condiciones de seguridad que establezca el tribunal de superintendencia, para los casos en que aporten su propio material. Sin embargo, la misma norma es terminante al señalar que estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión, podrán requerir la transcripción y presentación de la fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de prueba o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común (inc. 6).

A continuación, el nuevo inc. 7 amplía la posibilidad de documentación de las audiencias, bajo iguales condiciones a las establecidas en el inciso anterior, determinando genéricamente la facultad del tribunal para decidir el empleo de “cualquier otro medio técnico”. En todos los casos en que las partes soliciten esta registración, lo será a su costa y sin recurso algo, debiendo requerirla con suficiente anticipación. El juez, según el medio técnico que se trate, dispondrá el nombramiento de taquígrafos u otros profesionales, y la adopción de medidas de seguridad que garanticen la autenticidad del registro y su documentación133.

Entendemos que es “saludable” para la documentación fiel y segura del acto, aun cuando actualmente no sea una exigencia legal, que antes de cerrar el acta con las firmas correspondientes sea leída para que los declarantes, o sus representantes, puedan aclarar o rectificar cuanto consideren necesario. Mas es menester aclarar que, ello no recaerá sobre el contenido de la declaración sino respecto de la trascripción documental que el secretario haya efectuado. Esta continúa siendo una práctica judicial, ahora consuetudinaria, del fuero nacional.

Finalmente, no debemos olvidar que el acta judicial constituye un instrumento público (art. 979 inc. 4), por lo tanto para su validez es preciso que se hayan llenado las formas prescriptas por las leyes, bajo pena de nulidad. Como tal no podrá alterarse, de modo que todas las enmiendas, palabras entre líneas, borraduras, etc., deberán ser salvadas al fin.

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