Las Pruebas por Declaración de Parte y la necesidad de superar los fósiles jurídicos



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SEGUNDA PARTE Las Declaraciones de Parte y el Derecho Positivo



CAPÍTULO III: El CPCCN y los ordenamientos provinciales: estudio analítico en el Derecho Procesal Civil argentino


El presente capítulo se orienta hacia la realización de un estudio comparado de las normas procesales de la República Argentina, reguladoras de las declaraciones de parte con específica finalidad probatoria. Tendremos como base de esta investigación lo instituido en el régimen federal por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, a partir de ello, destacaremos las principales diferencias con las que aparece reglado el medio probatorio en los distintos sistemas provinciales del país.

Bajo la ley N° 17.454, el CPCCN fue sancionado el 20 de septiembre de 1967 y publicado en el Boletín Oficial el 07 de noviembre del mismo año. El 19 de septiembre de 1968 se aprobaba por el parlamento de Buenos Aires el CPCC para dicha provincia, tomando como modelo a su antecesor dictado para la justicia federal, razón por la cual resulta una coincidencia textual casi absoluta de ambos plexos procesales. En cuanto concierne a la específica materia de las declaraciones de parte, regulan bajo el título “Prueba de Confesión” la absolución de posiciones y, como puede deducirse, el eventual resultado confesional. El sistema instituido en dichos códigos es equivalente en lo fundamental, variando sólo en cuestiones no esenciales al medio probatorio.

El criterio adoptado por el legislador bonaerense iba a marcar el camino normativo elegido por la gran mayoría de las provincias argentinas, que tomaron el texto del CPCCN como modelo de legislación procesal, llegando incluso algunas a una idéntica trascripción textual, como Chubut, Formosa, Misiones y Santa Cruz. Además de las provincias mencionadas, aunque en menor medida, y en algunos casos con variaciones significativas, también toman como base normativa las disposiciones del código federal: Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del

Estero. Además, cabe mencionar también entre ellas a las provincias de Chaco, Neuquén y San Luis, cuyos legisladores prefirieron la adopción del texto del código bonaerense, sin variación alguna a sus preceptos.

Sin embargo, no todos los estados provinciales de la Argentina eligieron esta forma de normar el proceso civil, y en particular las declaraciones de parte. Es dable apreciar una regulación propia y diferencial en Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Es aquí donde el derecho comparado provincial manifiesta su mayor riqueza y donde se concentran la mayor cantidad de diferencias procedimentales que a continuación señalamos:

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Arts. 404 a 425)

Art. 404: OPORTUNIDAD. Las posiciones se formularán bajo juramento o promesa de decir verdad y deberán versar sobre aspectos concernientes a la cuestión que se ventila.

La redacción actual del artículo corresponde a las modificaciones introducidas por la ley 25.488, de noviembre de 2001. Del estudio de esta normativa, se deduce con claridad, que con ella el legislador no se propuso ni tuvo como objetivo transformar el instituto, tampoco corregir errores sustanciales. El medio probatorio en nada varió luego de la entrada en vigencia de la ley103, ya que simplemente se sintetizó el texto anterior. Muy por el contrario, creemos que el cambio lejos de aportar algún beneficio, significó una reducción de información útil para el entendimiento de un instituto procesal que aparece regulado de modo confuso.

En su texto original, conforme la ley 17.454, el artículo señalaba que: “En la oportunidad establecida para el ofrecimiento de prueba, según el tipo de proceso, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva, con juramento o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a la cuestión que se ventila”.

La norma comenzaba por reconocer expresamente la habilitación de las partes para requerir la declaración absolutoria del litigante contrario, solicitud que debía cursarse en oportunidad de ofrecer la prueba. Ello equivale a decir que, recíproca e inversamente, actor puede poner posiciones al demandado, y éste al actor. Si bien dicho reconocimiento ha sido eliminado del texto legal, la ausencia no implica desconocer la facultad, cuya regulación se mantiene intacta; mas de la anterior redacción del artículo, al decir que “cada parte podrá exigir que la contraria absuelva posiciones”, era dable inferir con facilidad que en el orden nacional sólo se regulaba expresamente el medio de prueba cuando el mismo era provocado, es decir, cuando una de las partes requiere la declaración de la contraria.

Podría pensarse que la ley 25.488 con dicha eliminación se orientó hacia una regulación más amplia del medio de prueba. Sin embargo, lejos de ello, y como se dijo ut supra, el régimen fue conservado con las limitaciones y deficiencias con las que las declaraciones de parte vieron luz en el sistema procesal nacional. Así las cosas, actualmente el CPCCN carece de referencia a la posibilidad de declaración o confesión espontánea, como expresamente lo hacen Mendoza (art.185) y Santa Fe (art. 157), la que en ambas provincias podrá ser efectuada en cualquier oportunidad del proceso. Además, la fórmula empleada por el Código de la Nación no sólo omite referencias a la forma confesional voluntaria, sino que tampoco contempla otro supuesto de la declaración provocada: la absolución requerida de oficio, es decir, el medio probatorio provocado por decisión del tribunal en el marco de una “medida para mejor proveer”, supuesto regulado en las provincias mencionadas.

En este punto, resulta menester aclarar el panorama de la legislación procesal en todo el territorio de la República Argentina. Comenzamos por señalar en el párrafo anterior, que la normativa federal regula únicamente el medio probatorio que denomina “absolución de posiciones”. No obstante ello, se ocupa de su desarrollo en el capítulo titulado “Prueba de Confesión”; y en los artículos correspondientes del mismo se refiere a la confesión, los diferentes tipos, sus efectos, etc. De igual manera se encausan la mayoría de las provincias, es decir, todas aquellas que siguen la legislación federal con una coincidencia textual casi absoluta. Esta situación ha generado, históricamente, grandes inconvenientes interpretativos para los autores al momento de identificar cuál o cuáles son verdaderos medios probatorios regulados por la ley procesal; o bien, si alguna de las figuras jurídicas es, simplemente, uno de los posibles contenidos o fines dables de obtener a través de aquellos.

Ante esta realidad, algunas provincias, en concordancia con la doctrina más moderna, regulan lo propio de esta prueba en capítulos titulados “Declaración de Parte”104. Así optan desde el comienzo, por esclarecer el panorama terminológico, para luego consagrar con precisión, por un lado, el medio probatorio propiamente dicho (absolución de posiciones y/o interrogatorio), y por otro, el posible contenido que éste puede brindarnos: la confesión del declarante.

En esta dirección se orientan las provincias de Corrientes, Entre Ríos y La Pampa. Las mismas, aun siguiendo una regulación que en gran medida coincide con lo que el Código de la Nación dispone para el régimen de la absolución, han eliminado toda referencia a ella. Consagran sólo el Interrogatorio, medio de prueba que resulta claramente más amplio y efectivo en cuanto a la sustanciación y a la posibilidad indagatoria con el declarante, a partir de la falta de estructuras rígidas que lo caracteriza. Se amplía notablemente la posibilidad de obtener una declaración que se condiga mayormente con la realidad.

Sin llegar a eliminar de sus normas la figura de la absolución, pero dentro de las tendencias más actuales, en la legislación de Tierra del Fuego se diferencian con claridad dos medios probatorios. La ley fueguina (art. 384), por un lado, conserva la absolución de posiciones para ser sustanciada únicamente entre partes, quienes “podrán recíprocamente pedirse posiciones”; y por otro, incorpora el interrogatorio que procederá, no sólo entre las partes, sino que podrá pedirse también respecto de cualquier litigante con un interés jurídico distinto de aquél que lo solicita. Esta diferencia en torno a la procedencia subjetiva en la declaración interrogatoria, demuestra la mayor amplitud que brinda la realización de preguntas frente a las posiciones que las partes se pongan entre ellas, tal como ha sido explicado en el capítulo anterior.

Si volvemos al texto del art. 404 anterior a la reforma, podremos constatar que la ley 25.488, aunque paradójicamente conservó el título, eliminó la referencia a la oportunidad de las partes para requerir el medio de prueba, circunstancia que se justifica en tanto la norma no precisaba un momento concreto. La expresión carecía de contenido y, al igual que en la actualidad, era necesario dirigirse a los artículos que regulan los requisitos que ha de cumplir la demanda al tiempo de su interposición. Por este mismo motivo, algunos códigos como el jujeño, e incluso el formoseño que se inspira en el CPCCN, se ubican entre los cuerpos normativos que carecen aquí de referencias al ofrecimiento probatorio, para dejarlo librado a las normas mencionadas o a reglas generales de la etapa probatoria jurisdiccional.

Así las cosas, del análisis de los arts. 360 y 404 del CPCCN se concluye que, en primera instancia del proceso ordinario, la absolución de posiciones debe ser ofrecida junto con la demanda, reconvención o sus contestaciones, es decir, con los escritos liminares del proceso, y será tomada en la audiencia preliminar. La misma regla rige en el proceso sumarísimo salvo, naturalmente, respecto de la reconvención, inadmisible en ese tipo de proceso.

En segunda instancia, la oportunidad para requerir la declaración absolutoria de la contraria será dentro del quinto día de notificada la providencia de concesión del recurso (art. 260 inc. 4). Dado que la vía recursiva contra la sentencia definitiva se concede “en relación” (art. 498 inc. 6), y con ello se excluye la posibilidad de actividad probatoria de cualquier clase, en el proceso sumarísimo las posiciones pueden pedirse sólo en primera instancia.

Por su parte, el código de Buenos Aires, y el propio de aquellas provincias que lo siguen, sí atribuyen contenido a la referencia que hacen respecto del momento procesal para solicitar este medio probatorio. El art. 402 del plexo bonaerense, bajo el título “Oportunidad”, señala que: “Después de contestada la demanda y dentro de los 10 días de haber quedado firme la providencia de apertura a prueba, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva con juramento, o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a la cuestión que se ventila”.

Por su parte, Córdoba (art. 218), Salta (art. 404) y Santa Fe (art. 157) extienden la oportunidad para requerir la absolución de la contraria hasta la citación para sentencia. Pero además, la primera de estas provincias diferencia claramente el medio probatorio, del posible contenido al cual puede arribarse a través de las posiciones, cuando establece en el art. 217 que la confesión judicial puede hacerse en los escritos del pleito, en las audiencias y en la absolución.



Artículo 405: QUIENES PUEDEN SER CITADOS. Podrán, asimismo, ser citados a absolver posiciones:

  1. Los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido, personalmente en ese carácter.

  2. Los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y por hechos anteriores cuando estuvieren sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta.

  3. Los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad para obligarlas.

El art. 404 determina el principio general en virtud del cual podemos hablar de declaraciones de partes en este medio de prueba, pues son ellas o, en su caso, los terceros que asuman una intervención adhesiva simple o litisconsorcial, quienes poseen legitimación activa y pasiva para poner y absolver posiciones respectivamente. Junto a estos sujetos, el art. 405 regula el caso de otros individuos que también podrán, o más bien deberán, ser citados a absolver posiciones; habilitación que se origina en la imposibilidad del sujeto que ocupa el rol de “parte” para declarar por sí mismo, razón por la cual el ordenamiento recurre a los representantes.

Como quedó dicho en el capítulo anterior, en ciertas ocasiones no es suficiente con tener la calidad de parte permanente en el proceso para que sea procedente el llamado a absolver posiciones. De conformidad a los requisitos necesarios para alcanzar la validez de la declaración, los incapaces absolutos en todos los casos y los relativos en la mayoría de ellos, no pueden confesar válidamente y, por lo tanto, no pueden ser citados a absolver posiciones. Si se procediera en contra de esto, la diligencia y la eventual confesión que resulte serán nulas.

El inc. 1 de la norma contempla a los representantes legales de los incapaces105, quienes únicamente podrán declarar en aquellas asuntos que comprendan hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter, y en tanto se encuentren en ejercicio de sus funciones como tales. Sin embargo, es dable destacar que algunas legislaciones provinciales no son tan restrictivas como el CPCCN respecto de la aptitud declaratoria de ciertos incapaces; así, los códigos de Santa Fe y Tierra del Fuego contemplan expresamente la citación a los menores púberes o adultos.

La ley procesal santafecina, en el art. 158 inc. 2, dispone que “El juez de oficio o a pedido de parte podrá interrogar a los menores de más de 14 años. Su incomparecencia y sus manifestaciones serán apreciadas por el juez en la sentencia de acuerdo con las demás constancias de autos”. Por su parte, la mencionada provincia austral, determina en el inc. 2 del art. 387, que “El Tribunal podrá disponer el interrogatorio de menores púberes, lo que se efectuará en presencia de su representante legal, salvo casos de imposibilidad que el Tribunal apreciará libremente”. Del empleo del verbo “podrá” en el texto de ambas normas, fácilmente se deduce que se trata del reconocimiento de una facultad del magistrado, y no un deber, para requerir el interrogatorio de estos incapaces; en caso de proceder a ello, el menor deberá ser protegido en todas sus prerrogativas, estando presente siempre quien lo represente legalmente, aun cuando la norma no lo determine de modo expreso. Además se establece un régimen flexible en la apreciación del medio probatorio para dichos supuestos, tanto en la procedencia, como en la valoración del mismo.

A continuación, el inc. 2 contempla el supuesto de los apoderados, es decir, los representantes convencionales. Estos también podrán ser citados a absolver posiciones por hechos realizados en nombre de sus mandantes y estando vigente el mandato, requisitos similares a los instituidos por el primer inciso. La posibilidad de solicitar la declaración de los apoderados es una facultad que sólo cabe reconocer al ponente, pues aquí no se trata de conceder al absolvente una elección entre declarar personalmente o hacerlo a través de su representante. Por esa razón, cuando la parte frente a quien se requiere la prueba es quien ofrece la citación del mandatario, será condición necesaria que el ponente lo consienta106; incluso no está obligado a fundar su negativa, en tanto se trata de una facultad que la ley le acuerda y que puede o no elegir ejercerla. Lógicamente, si de conformidad al art. 412 aquél que es citado a absolver posiciones no puede valerse "de consejos", menos aún podrá prevalerse en forma directa de un "consejero o asesor para confesar"; pues si a contrario sensu fuese aceptada dicha posibilidad, incluso, bien podría ser su letrado apoderado.

En esta hipótesis legal, el representante es el autor material de los hechos que ahora se constituyen en el objeto de la prueba del litigio, y esto sucede como consecuencia del poder que se le ha otorgado. Es por ello que no se requiere el asentimiento del mandante, quien no podría justificar perjuicio alguno sin caer en una conducta contraria a sus propios actos precedentes, siempre que el mandatario haya obrado dentro de los límites contractuales.

Sin embargo, la segunda parte del inciso contempla una excepción a este principio. Cuando la declaración versa sobre hechos anteriores al mandato y el representado se encuentra fuera del lugar donde tramita el litigio, aunque sea accidentalmente, además del consentimiento del ponente será apropiado requerirlo también del mandante. Pues aquí, si bien las cláusulas del contrato contemplan la facultad confesional del representante, lo hacen para los actos posteriores a la celebración y no respecto de aquellos previos en los cuales no ha intervenido. Más aún, si el desconocimiento por el mandatario de los hechos anteriores no exime a su mandante de los efectos jurídicos de una declaración confesional expresa o tácita, deberá prevenirse obteniendo su anuencia.

No obstante, es dable pensar que el mandante, en virtud de su ausencia, es quizás el principal interesado en la declaración del apoderado, siendo este último un individuo que evidentemente posee la confianza de quien le ha otorgado poder para realizar actos equivalentes. Entienden algunos autores que el mandatario, al ofrecerse a absolver posiciones en nombre del ausente, debe justificar la imposibilidad en que éste se halla de concurrir personalmente si el ponente lo exigiese107.

Finalmente, el inc. 3 regula la declaración de los representantes legales de las personas jurídicas, en la medida en que dichos entes ideales no pueden actuar sino a través de los individuos que conforman los distingos órganos que los componen. A esos fines, los estatutos establecerán quién ejerce la representación social, de conformidad a lo dispuesto por la ley que rige la materia; de modo que no cabe la absolución de posiciones por parte de quienes revisten el carácter de mandatarios convencionales o empleados de la persona jurídica que no determinan o forman la voluntad social. Al mismo tiempo, ni los estatutos, ni las asambleas o cualquier otro órgano societario, podrán prohibir que los representantes legales absuelvan posiciones en los juicios en que la persona jurídica sea parte118.

En el caso de ser varios los representantes, puede inferirse del art. 406, que es el ponente quien elige cuál de ellos deberá concurrir, salvo que las circunstancias concretas hicieran necesaria o aconsejable la citación de uno en particular. Por su parte, los códigos procesales de las provincias de Jujuy (art. 324 inc. 3) y La Rioja (art. 191), expresamente establecen que, en caso de sociedad civil o comercial, absolverá posiciones aquel miembro que indique el ponente, siempre que tenga capacidad para obligarlas. Además, el último código mencionado indica que, en caso de persona jurídica, será aquel que ejerza la administración.

Con un criterio totalmente opuesto, el código de Tierra del Fuego determina en el inc. 4 del art. 387 la facultad de elección en cabeza de la persona jurídica citada, la que deberá designar cuál de las personas físicas que la integran, por su conocimiento de los hechos controvertidos, habrá de comparecer al acto de absolución. Sin perjuicio de ello, el Tribunal podrá disponer o la parte contraria solicitar, el interrogatorio de cualquier otra persona que tenga la condición de representante estatutario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección.

Artículo 406: ELECCION DEL ABSOLVENTE. La persona jurídica, sociedad o entidad colectiva podrá oponerse, dentro de quinto día de notificada la audiencia, a que absuelva posiciones el representante elegido por el ponente, siempre que:


  1. Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos.

  2. Indicare, en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones.

  3. Dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia, a cuyo efecto éste suscribirá también el escrito.

El juez, sin sustanciación alguna, dispondrá que absuelva posiciones el propuesto.

No habiéndose formulado oportunamente dicha oposición o hecha la opción, en su caso, si el absolvente manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la parte que representa.

Con el fin de asegurar la mayor veracidad y fiabilidad de la declaración, el artículo acuerda al ente ideal la posibilidad de requerir ante el tribunal la absolución por otro representante, distinto de aquel a quien ha citado el ponente. Para ello, la persona jurídica, sociedad o entidad colectiva deberá invocar y acreditar por escrito, la causal que determina el inciso 1 de la norma, y cumplir con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3. Recibida la oposición por el magistrado, el procedimiento será resuelto sin sustanciación haciendo o no lugar a la petición. En este último aspecto, cabe señalar que el art. 406 del código de Salta determina la resolución del dispositivo por el secretario del tribunal, y no por el juez.

Del mismo modo que el ponente tiene vedada la citación de un representante convencional del ente (art. 405 inc. 3), la persona jurídica tampoco podrá ofrecer la declaración de un mandatario de esa naturaleza, debiendo designarse necesariamente a quien ejerza la representación legal. Además, el principio de igualdad ante la ley impone dicha restricción ya que, como vimos al estudiar el inc. 2 del artículo anterior, así como la persona física no puede sustraerse de su rol de fuente de prueba valiéndose de asesores o expertos (ej. abogados), tampoco podrían hacerlo los sujetos ideales sin afectar dicha garantía.

Puede observarse que no todos los códigos del derecho comparado provincial, incorporan un procedimiento de oposición como el reglado por el art. 406. Las normas procesales de Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe no contemplan esta facultad del ente; sin embargo, creemos que en virtud del principio dispositivo, bien podría ser requerida la sustitución bajo condiciones similares y el juez hacer lugar a la petición. Por su parte, Tierra del Fuego tampoco lo hace ya que la regla se invierte al ser la propia persona jurídica la que señala, directamente, quién de sus integrantes ha de absolver las posiciones (art. 387 inc. 4).



Artículo 407: DECLARACION POR OFICIO. Cuando litigare la Nación, una provincia, una municipalidad o una repartición nacional, provincial o municipal, o sus entes autárquicos sujetos a un régimen general o especial, u otros organismos descentralizados del Estado Nacional, provincial o municipal, o empresas o sociedades del Estado o sociedades con participación estatal mayoritaria Nacional, Provincial o municipal, entes interestaduales de carácter nacional o internacional, así como entidades bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales, la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario facultado por ley para la representación, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos contenida en el pliego, si no es contestado dentro del plazo que el tribunal fije o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o negando.

Al igual que las personas jurídicas de carácter privado, aquellas de naturaleza pública, también llamadas de existencia necesaria, deben actuar por medio de sus representantes legales, es decir, de los funcionarios públicos facultados por ley para ejercer la representación del ente. En la hipótesis del artículo, alguno de estos sujetos de derecho se ha constituido como parte de un litigio, o bien tiene una intervención adhesiva, por lo cual se le requiere su declaración probatoria.

En rigor, la absolución realizada por los sujetos enumerados en el art. 407 se asemeja a una suerte de prueba informativa, ya que el oficio cursado a la entidad es contestado a través de un escrito, en el que se da respuesta a las posiciones que se le han dirigido. Este aparente privilegio, que incluso ha sido considerado como una situación de desigualdad frente al particular, encuentra justificación en el interés general involucrado en el ejercicio de las funciones públicas, dando preponderancia a un correcto desenvolvimiento sin las interrupciones que implicaría la declaración presencial y oral del funcionario. A favor de esta forma particular de evacuar las posiciones, se ha dicho también que la actuación de los funcionarios “queda documentada en los expedientes administrativos, que pueden ser ofrecidos como elementos de juicio, no pudiendo exigírseles que retengan en la memoria todos los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones”108.

Por supuesto, la eximición de concurrencia y la posibilidad de declarar por escrito sólo corresponde respecto de las citaciones que le efectúen como representante legal de la entidad; mas, en los casos en que fuese personalmente interesado como parte directa del juicio pesa sobre él la carga de comparecer a absolver posiciones ante los estrados del tribunal. En cuanto al plazo para contestar el pliego, dado que el art. 407 no determina un término específico, debemos recurrir a lo dispuesto en el art. 155 segundo párrafo, conforme al cual es el juez quien deberá señalarlo de “conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia”.

En oposición con el régimen federal, el código de la provincia de Córdoba (art. 240) señala que el funcionario que represente a la repartición pública no está obligado a absolver posiciones; empero, de la redacción de la norma no se deduce una imposibilidad para su citación, por lo que podría requerirse la declaración personal del sujeto. Ante su eventual negativa, ese ordenamiento procesal suple el vacío habilitando al tribunal a solicitar, de oficio o a petición de parte, los informes necesarios, a las oficinas o empleados de la administración a quienes conciernan los hechos, los que cumplirán las órdenes judiciales en el plazo que se les señale, bajo apercibimiento de dar por confesa a la administración, repartición o corporación en la sentencia. La vía supletoria de los informes se repite también en el código jujeño, ya que el art. 326 prohíbe citar a absolver posiciones al gobernador, a los intendentes municipales o a las personas que ejerzan la jefatura o dirección de los bancos oficiales o cualquier institución pública provincial con capacidad procesal.

Por último, el código ritual de Santa Fe regula este tipo de declaraciones directamente entre la Prueba de Informes.


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