Laicidad francesa y derechos de las mujeres



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Laicidad francesa y derechos de las mujeres

Blandine Chelini-Pont

Cuando empecé a pensar en el tema muy abstracto, de las presentaciones en torno a los modelos contemporáneos de laicidad, me pregunté cómo hacer una presentación sobre el “modelo” francés que no fuera una repetición de lo que ya sabemos, con sus crispaciones y virtudes. Es por ello que tras explicar muy rápidamente cómo veo actualmente este modelo, me preguntaré si este modelo incluye la igualdad de género, porque hoy conectamos sin casi pensarlo esta igualdad y la laicidad. ¿Es efectivo este binomio derechos de las mujeres y laicidad? Si es el caso, ¿cómo se construyó? Y finalmente, ¿cómo comprobar esta idea según la cual cuanto más laico es un sistema político jurídico más igualdad jurídica y libertad social gozan las mujeres? Es una pregunta que abro a su apreciación.

Sobre el modelo laico, voy a personalizar la pregunta y contestarla desde mi punto de vista, ya que este modelo es muy discutido por eminentes especialistas de todas las disciplinas, es objeto de numerosas disputas académicas y debates públicos, y evoluciona sin parar, en el cruce de todas las coyunturas que afectan la sociedad francesa. La dificultad para entender la laicidad francesa, desde mi perspectiva, reside en el hecho que a partir de un núcleo conceptual inicial –sobre el cual de hecho no hay acuerdo pleno- se han añadidos otros aportes, que lo han estratificado, enriquecido y después, movido. El modelo francés tiene polaridades en movimiento. No es tan estable, y en su evolución, es determinante el papel del legislador y del juez, además de las evoluciones sociales.

La polaridad más profunda de este modelo es el lugar muy importante que ocupa el Estado soberano, que proviene de una soberanía muy anterior al orden democrático y a las libertades. Es un Estado neutro y separado, manifestación moderna de la autoridad y autonomía política y voluntariamente desvinculado de toda autoridad religiosa para ponerse bajo el paraguas de principios universales. No somos One Nation under God sino One Nation under Universal Values.

El primer valor de este conjunto de principios sagrados es la libertad, en todas sus formas, en particular, la libertad religiosa. En este contexto, qué polaridad debe prevalecer sobre la otra: ¿el orden neutro del Estado o la libertad de los ciudadanos? En Francia, solemos hacer hincapié en el Estado separado y neutro que vigila el hermetismo del orden cívico, del orden público, y casi como consecuencia de ellos, del orden social. Esta tradición es la que permitió prohibir el uso del velo en las escuelas públicas, la cual debe transmitir los valores de una ciudadanía ilustrada. Permitió también prohibir el burqa en las calles, al considerar que el espacio público y colectivo es también un espacio bajo el control directo de la autoridad pública, donde manifiesta su orden público, incluyendo el orden inmaterial. Por lo mismo, es muy posible que la extensión de la “neutralidad” del Estado justifique mañana la prohibición del velo o de la vestimenta de carácter político-religioso islamista en las universidades públicas, y más tarde, el en ámbito laboral.

La otra tendencia es la “protección y efectividad” de las libertades. Toma cada vez más fuerza, pues corresponde a los reclamos sociales a favor de una ampliación del espacio religioso de los individuos. No son polaridades contrarias. Jean Baubérot demostró cómo la ley de separación de 1905 había sido conceptualizada como una ley que aseguraba la libertad de conciencia y de culto. Las libertades de conciencia, creencia, pensamiento y expresión son las más altas en la escala de los valores de la República laica, y el derecho no deja de promoverlas, garantizarlas y mejorarlas. Podemos presentar la laicidad francesa como un modelo de libertad religiosa. Por ello, el Consejo de Estado ha puesto la libertad religiosa en la Trinidad laica, con la neutralidad y la separación. He trabajado muy recientemente sobre la hipótesis de que el pluralismo religioso se podría beneficiar próximamente de una consagración “constitucional”, de acuerdo con una lógica que me aparece ineluctable.

Dicho lo anterior, mi intención de inicio era presentar la igualdad de género como una polaridad indisociable de la laicidad francesa. En efecto, durante la disputa relativa al uso del velo islámico en la escuela, la temática de la laicidad-neutralidad era inevitablemente asociada a la defensa de la igualdad de género. Es una hipótesis controvertible, por lo menos en el principio. La igualdad jurídica de género no aparece en el artículo 1º de la Constitución que plantea directamente la igualdad en la órbita de la laicidad, mediante el enfoque a la no discriminación. La República, declarada laica, tiene como objetivo primario asegurar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión. Los padres fundadores de la Constitución no mencionaron la distinción sexual entre ciudadanos en sus criterios de no discriminación. Sin embargo conservaron en el bloque de constitucionalidad textos que atañen a esta cuestión. Asimismo, el preámbulo de la Constitución de 1946, considerado como texto de jerarquía constitucional, tiene en su principio el artículo siguiente: “La ley garantiza a la mujer, en todos los ámbitos, derechos iguales a los del hombre”.

¿De dónde viene este artículo? ¿Es en alguna medida deudor de la tradición republicana laica francesa?

Parece que no. El machismo y el carácter patriarcal del derecho familiar francés del código napoleónico han cruzado siglo y medio sin que las grandes figuras republicanas hayan pensado en denunciarlo y reformarlo. Hubiéramos podido esperar que el primer derecho civil francés y su organización de un matrimonio civil “secularizado” (que conservaba las condiciones del matrimonio católico a priori igualitario –monogamia, consentimiento recíproco) hubiera podido contribuir a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el matrimonio y a la consagración, en el espacio familiar, de los derechos humanos. No fue el caso. Al secularizar el derecho de la familia, el legislador napoleónico estableció un modelo de pareja y de familia que podríamos calificar de mediterráneo, es decir, un modelo autoritario en el cual la voluntad de universalizar la ley civil creó una maquina patriarcal y machista.

Este modelo ha cruzado las décadas sin ser modificado –salvo el derecho al divorcio civil a finales del siglo XIX. La ausencia del derecho al sufragio para las mujeres parecía a la vez natural y oportuno para los republicanos franceses que acceden al poder en 1870. Estaban convencidos que hubieran votado a favor de los partidos clericales, ya que eran globalmente más religiosas que los hombres y que escuchaban a sus sacerdotes. Un consenso conservador ha unido por mucho tiempo los progresistas más secularistas con los conservadores monarquistas para excluir a las mujeres de una emancipación proclamada en el orden político. El discurso médico de final del siglo XIX, proveniente de un ámbito dominado por las ideas cientistas y positivistas, consideraba todavía a las mujeres como creaturas débiles y tontas.

Es a partir de la Segunda guerra mundial, y en respuesta al activismo de las mujeres en la Resistencia francesa que los derechos políticos de las mujeres encontraron su fundamento con el derecho al sufragio, que fue acordado por el gobierno provisional de la República francesa en abril de 1944… Los otros “derechos de la mujer” se impulsaron a partir del artículo del Preámbulo de la Constitución de 1946 ya mencionado. Permitió el advenimiento de una nueva fase histórica desde un punto de vista jurídico, con una segunda secularización del derecho civil, que modificó el derecho de la familia y que mejoró los derechos de las mujeres en otros ámbitos.



Lo que transformó la “causa de las mujeres” en la causa laica es desde mi punto de vista el hecho de que los derechos de las mujeres se volvieron, a partir de los años 1960, un objeto de política pública casi voluntarista al lado de los movimientos de militancia civil y política. En Francia, la cuestión de la condición femenina ha sido objeto de un conjunto de políticas públicas continuas desde los años 1960, sin importar las mayorías gubernamentales. Fue un gobierno de derecha quien creó en 1974 la Subsecretaría de la condición femenina, que se transformó en 1982 en la Secretaría de los Derechos de la Mujer.

  1. Primer movimiento, el Estado francés escogió de forma deliberada la vía de la política familiar mediante la incitación fiscal y la política de subvenciones a las familias según el número de hijos. A partir de ahí, siguió ampliando la legislación para proteger a las mujeres embarazadas y para favorecer las modalidades colectivas y públicas de cuidado de los niños para las madres trabajadoras, y permitir, asimismo, la preservación de la vida de las familias, la educación de los niños y su seguridad, y las actividades económicas de las personas. La ley de 1983 sobre la igualdad de género en el trabajo toma en cuenta las especificidades “femeninas” en el ámbito laboral, a tal grado que estas disposiciones han sido denunciadas en 1988 por la Corte Europea de Justicia al considerarlas como indebidamente ventajosas (…)



  1. Segundo movimiento, el derecho francés destruyó de manera progresiva en cuarenta años el modelo napoleónico de la familia patriarcal, autoritario y machista, para promocionar la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Algunas fechas: La ley de 1965 sobre los regímenes matrimoniales reconoce a las mujeres una libertad “financiera” que habían perdido desde Napoleón. Pueden ahora trabajar sin autorización del esposo, abrir una cuenta bancaria, usar libremente sus ingresos, y administrar ellas mismas sus propios bienes. La ley de 1970 abole la noción de jefe de familia. La potestad paternal es reemplazada por la autoridad parental ejercida por los dos cónyuges. La ley de 1972 impone la igualdad de salarios entre hombres y mujeres por un mismo trabajo (falta todavía). En 1975, la ley autoriza el divorcio por consentimiento recíproco y quita al adulterio su carácter penal. Cabe señalar que hoy en día las mujeres son las que más inician los procesos de divorcio. Desde los años 1980, diferentes leyes fueron adoptadas para evitar la coacción sexual, especialmente, en los matrimonios. Se ha hecho también un esfuerzo a nivel legislativo en contra de las violencias conyugales. En otro ámbito, la ley sobre la paridad en política (junio de 2000) obliga a los partidos políticos a compartir los puestos electorales.



  1. Esta política pública se focalizó también desde los años 1970, sin importar el partido político en el poder, en la liberalización y promoción del control de la fecundidad (contracepción y aborto). Ello generó un debate intenso con la Iglesia católica y una parte de la clase política y de la población respecto de la legalización del aborto. En todos los demás asuntos relativos a la igualdad de género, no se han manifestado las fuerzas católicas.



  1. El último aspecto de esta política pública de promoción de la igualdad es el carácter mixto de la escuela, obligatorio desde 1960 en las escuelas públicas.

Llegamos ahora a nuestra época actual, en la cual la cuestión de las prácticas religiosas, culturales, relacionales y familiares de las poblaciones extranjeras o francesas de origen extranjero, terminaron con confirmar –desde mi punto de vista- la adecuación entre igualdad de género y laicidad, al entrar en conflicto con toda la simbólica progresista y emancipadora desarrollada en nuestras políticas públicas sobre la condición femenina.

Tomemos, por ejemplo, el sitio internet de la Secretaría de los Derechos de la Mujer: http://femmes.gouv.fr Además de la creación reciente de un sitio de información dedicado a la interrupción voluntaria de embarazo (IVG) y de la presentación de un programa de promoción de la igualdad entre niños y niñas en la escuela, se hace hincapié en tres temáticas: los matrimonios forzados, las violencias contra las mujeres, y las mutilaciones sexuales. El dossier “Igualdad en derecho y en dignidad” es muy revelador. El término “dignidad” es usado pero no verdaderamente explicado. Sin embargo, las situaciones combatidas son claramente expuestas: violencias conyugales, matrimonios forzados, mutilaciones, repudios, poligamia.

Dos guías son disponibles: la Guía de la igualdad entre los hombres y las mujeres provenientes de la inmigración, y otra guía aún más específica: “Mujeres marroquís: sus derechos en Francia”, que es muy preciso en cuanto al procedimiento de matrimonio y las condiciones de su validez en los dos países, respecto a la disolución del enlace conyugal y sus condiciones de divorcio, de custodia de los hijos y de transmisión de la herencia.

Conclusiones. Existe en Francia una política consciente de confrontación respecto de las prácticas culturales y de los derechos “extranjeros” frente a la defensa de las mujeres, en particular, las de las mujeres migrantes o de origen extranjero. Y una insistencia muy mediatizada de los matrimonios forzados. El contexto francés es por lo tanto muy sensible a la aparente incompatibilidad entre la igualdad de género en Francia y un conjunto de prácticas sociales directamente legitimadas por un orden “religioso”, en particular, de origen musulmán.

Lo hemos entendido, la cuestión del velo islámico, y aun más, del velo integral se analiza en Francia a partir de estas coordenadas. La igualdad de género se ha vuelto una polaridad asumida de la laicidad francesa, precisamente en 1989, con el primer caso del velo islámico en la escuela pública. De manera inmediata, el carácter represivo e incompatible de la religión musulmana, que obliga a las mujeres a velarse por motivo de pudor, ha polarizado el debate, y ha generado la prohibición del velo en la escuela para defender esta igualdad de género. Y es difícil de oponer a esta certidumbre la libertad religiosa, la denuncia de la estigmatización o del racismo social.



Más allá del caso francés y de la posible intolerancia de la polaridad “igualdad de género” en la laicidad francesa, ¿existe verdaderamente una correlación entre la efectividad de los derechos de las mujeres y el sistema político-jurídico laico? Será un debate muy interesante.






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