La paradoja de la ciudadanía Inmigración y derechos en un mundo globalizado



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ius soli -al concentrarse en el puro hecho de la presencia- encierra además una gran carga de optimismo antropológico, ya que parte de la capacidad fundamental e ilimitada de integración de las sociedades abiertas, y confía en que los valores y las normas de esa sociedad son tan atractivos que, a corto o largo plazo, a todos los presentes les resultarán vinculantes y dignos de imitar"35. Sin dejarnos llevar por un optimismo desmesurado hemos de reconocer que es posible que este fenómeno de absorción o de asimilación cultural gradual no se produzca. Sería una actitud desmedidamente ingenua confiar en alguna suerte de inevitabilidad histórica que actuara irremisiblemente en los procesos de identificación cultural, pero a pesar de ello estamos en condiciones de sostener que el mantenimiento del ius sanguinis no resuelve problemas sino que los crea o los agudiza. La integración social y la construcción democrática requieren la abolición de estrategias legales excluyentes y exclusivistas. En relación con ello, compartimos el criterio expuesto por Cohn-Bendit y Schmid cuando reivindican la admisión de la doble nacionalidad: la adquisición de una nacionalidad nueva no tiene por qué significar una ruptura total con el pasado del individuo a quien se le concede que se ve abocado a la negación traumática de sus orígenes y de su bagage cultural. La integración no puede significar mimetismo, la identificación no se debe confundir con la renuncia.

En segundo lugar, la articulación del status de ciudadanía activa en las sociedades multiculturales receptoras masivas de inmigración no puede descansar ya de forma exclusiva sobre la identificación entre nacional y ciudadano. Como ha notado Agnes Heller, la distinción conceptual entre ciudadanía y nacionalidad, o entre civilización y cultura comporta la aceptación del pluralismo a partir de una igualdad nuclear y el respeto de unas reglas imprescindibles y básicas para las relaciones humanas en una sociedad determinada36. Quiero decir con ello que el centro de imputación de los derechos cívicos no puede quedar indisociablemente unido a la condición de nacional, máxime cuando la legislación que regula la adquisición de la nacionalidad es extraordinariamente restrictiva. Compartimos aquí la autorizada opinión del profesor Remiro Brotóns para quien "la adquisición de nacionalidad del país receptor puede proponerse, no imponerse, y aun sin ella el inmigrante extranjero legal no ha de ser discriminado por su condición y puede aspirar incluso no sólo a derechos civiles y sociales, sino también políticos"37. Parece conveniente explorar nuevas vías para la atribución de derechos de participación, vías que permitan desligar esa vinculación hasta ahora necesaria entre ciudadanía y nacionalidad.

Por último, es necesario ampliar el horizonte de la participación política incorporando cauces nuevos en los procesos de toma de decisiones, y es posible que en esas nuevas expresiones de la participación democrática tengan cabida los excluidos de los procesos de formación de la voluntad colectiva. Son múltiples las razones que abonan la idea de que los derechos de participación deben quedar vinculados a algún tipo de compromiso con la comunidad política en la que se pretende participar. Estas razones, qué duda cabe, son poderosas, pero también lo son aquellas que avalan la idea de que la convivencia pacífica no puede cimentarse sonbre el desconocimiento sistemático de la voluntad de esos "otros" que conviven con nosotros pero cuya voz debe ser acallada. Esto, aunque fuera solamente por argumentos de carácter prudencial, no puede mantenerse. Sabemos de sobra que no hay paz que se pueda construir sobre la negación, que no puede haber convivencia pacífica alli donde el diálogo es suplantado por un silencio forzado. Pero hay, también, principios que deben considerarse, entre los cuales la dignidad de cada ser humano individualmente considerado ocupa un lugar principal y, desde este punto de vista, la privación de derechos de participación a esa masa ingente de "discapacitados cívicos" constituye una actitud éticamente reprobable.

En este sentido, la aportación de Stephen Castles, a partir de la experiencia australiana, de una ciudanía multicultural podría abrir nuevas en el debate político contemporáneo. Se trata de establecer mecanismos de integración que permitan una unidad en la diferencia, preservando la igualdad de derechos de los ciudadanos; una ciudadanía integral para todos (inmigrados, aborígenes, homosexuales, mujeres...) que permita percibir la igualdad pero también la diferencia; esto es, que sin prescindir de la consideración de los individuos como sujetos de derechos iguales, admita también su consideración como sujetos de deseos y necesidades diferentes en cuanto miembros de grupos con características específicas. Un planteamiento de esta naturaleza permitiría solucionar las tensiones entre la igualdad formal y las diferencias y desigualdades reales, a través de dos tipos de mecanismos: a) aquellos que están destinados a asegurar la participación de los grupos desfavorecidos en el proceso de toma de decisiones; y b) políticas específicas destinadas a localizar las necesidades y deseos que se manifiestan38.

En esta época de avalancha la ciudadanía precisa adquirir nuevos contornos si no queremos que termine siendo una categoría excluyente e insolidaria, cuya fractura alcance, finalmente, a las bases de la democracia. En otras palabras: frente a la exclusión que constriñe, que quebranta y que cercena, la ciudadanía a la que debemos aspirar tiene que erigirse en concepto liberador y dinámico que promueva la integración, la cooperación y la solidaridad; una ciudanía que aglutine y que concentre sin suprimir, sin aniquilar, sin ignorar. Por eso, creemos que el maridaje entre ciudadanía y nacionalidad debe ser revisado y apostamos por una ciudanía incluyente, que incorpore cauces activos de participación para todos; una ciudadanía incluyente que redimensione el aliento universalista que la generó y que supere las discriminaciones humillantes y repulsivas de esa infeliz identificación de los derechos políticos con la nacionalidad.



Por todo ello, parece que uno de los retos principales de las democracias contemporáneas consiste precisamente en la articulación de nuevas fórmulas de participación política que abran cauce a las demandas de los "sin voz" y que propicien la integración cívica de esos contingentes masivos de excluidos. Se trata, en definitiva, de recuperar la dimensión paritaria y niveladora del concepto de ciudadanía, socavando los cimientos de esa nueva forma de sociedad estamental emergente mediante fórmulas que propicien la participación, la integración y la implicación de todos los miembros de la comunidad. Hora es ya de hacer de la democracia un proyecto común, superando los "privilegios" de una ciudadanía excluyente cuya identidad se construye precisamente por oposición al "otro" que nos es próximo. Y ahora sí, con carácter conclusivo, podemos volver nuestra mirada a la teoría del discurso habermasiana que el excelso filósofo germano proyecta en el análisis sobre el derecho y el Estado democrático de Derecho en Facticidad y Validez. Para el heredero de la Escuela de Frankfurt hay dos conceptos básicos, a saber: los derechos del hombre y la soberanía popular, que han venido determinando la autocomprensión normativa de los Estados de Derecho hasta hoy. Esta imbricación conceptual refleja la tensión entre facticidad y validez inherente al derecho mismo; en otras palabras, entre la positividad del derecho y la legitimidad que ese derecho reclama para sí. Pues bien, en términos de teoría del discurso, la legitimidad del orden jurídico dimana esencialmente de tres status fundamentales, sin los cuales no puede haber interlocutores porque es el propio diálogo, la posibilidad de argumentar discursivamente en condiciones de no interferencia, el que queda obstruido. Y cuando hablamos de la obstrucción del discurso estamos hablando en suma de la obstrucción de la legitimidad. El reconocimiento del status de persona jurídica presupone tres categorías de derechos: a) en primer lugar, los derechos que resultan del derecho al mayor grado de libertades subjetivas de acción, los cuales exigen, a su vez, como correlatos necesarios a las otras categorías que mencionamos a continuación; b) los derechos que resultan del status de miembro de la asociación voluntaria que es la comunidad jurídica; c) y finalmente, los derechos que resultan de la accionabilidad de los derechos y de la protección de los derechos individuales39. La realización plena de esa comunidad de diálogo exige la ausencia de discriminaciones que interfieran la comunicación libre. El logro de la racionalidad comunicativa presupone, obviamente, comunicación. Con arreglo a ello, la privación del status de miembros de la asociación a quienes son partícipes directos de las necesidades, inquietudes, esfuerzos, y aspiraciones colectivas de la comunidad vuelve a tensar la relación dialéctica entre facticidad y validez, entre la positividad del sistema jurídico y la legitimidad que lo constituye y le da soporte.


1 Sobra decir que cuando hablamos de ciudadanía nos estamos refiriendo a la ciudadanía democrática que es tan sólo una manifestación específica de ciudadanía frente a otras formas históricas o contemporáneas. En este sentido podemos seguir aquí la caracterización del concepto de ciudadanía propuesta por Steven Lukes y Soledad García a partir de tres elementos constitutivos: a) la posesión de ciertos derechos y obligaciones en el marco de una determinada sociedad; b) la pertenencia a una comunidad política determinada (el Estado), vinculada históricamente a la noción de nacionalidad; c) un conjunto de facultades y derechos específicos que garantizan la participación del individuo en los procesos de toma de decisiones (Cfr. García, S., y Lukes, S. (eds.), Ciudadanía: justicia social, identidad y participación, siglo XXI de España, Madrid, 1999, p. 1. Sobre el contenido de la ciudadanía puede consultarse también Balibar, E., "Propositions sur la citoyanneté", en Withol de Wenden, C. (ed.), La citoyanneté, Edilig, Paris, 1988. Para un estudio del despliegue histórico de la ciudadanía en los Estados modernos es referencia obligada la obra ya clásica de Marshall, T.H., Citizenship and Social Class (Cambridge University Press, Cambridge, 1950), en la que se desarrolla la tesis de la progresiva ampliación del contenido de la ciudadanía, desde un primer momento en el que sólo incluía derechos de carácter negativo pasando, tras la incorporación de derechos políticos, a adquirir su forma definitiva con la aparición de los derechos sociales.

2 Una aproximación premonitoria y ya clásica al impacto que la interdependencia global tendría sobre el modelo político estatal es la Rosenau, J.N., The Study of Global Interdependence. Essays on the Transnationalisation of World Affairs, Frances Pinter, London, 1980.

3 Gómez, J. Mª, Política e democracia em tempos de globalizaçao, Vozes, Petrópolis, 2000, p. 65.

4 Cfr. De Lucas, J., El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural, Temas de Hoy, Madrid, 1994, pp. 43-45.

5 Esta cuestión refleja, como advierte Ramos Chaparro, un conflicto nuclear del derecho contemporáneo en la medida en que la protección universal de la persona queda supeditada a la soberanía nacional, puesto que el Estado en el ejercicio de sus atribuciones el que establece por vía de derecho interno las condiciones y los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. De este modo, el derecho humano a ostentar una nacionalidad queda necesariamente subordinado en su efectividad a los presupuestos establecidos de forma abstracta en cada ordenamiento (Cfr. Ramos Chaparro, E., Ciudadanía y Familia: Los Estados Civiles de la Persona, Cedecs, Barcelona, 1999, pp. 228-229).

6 Esta contradicción entre conceptos teóricos incompatibles entre sí provoca que su despliegue conduzca irremisiblemente a una aporía, una contradicción que es imposible de resolver; una contradicción -prosigue el autor- de la que no tuvieron consciencia sus responsables y de la que aún hoy no somos más que parcialmente conscientes. Esta tensión tiene su origen en dos líneas de pensamiento opuestas que confluyen en la gestación del proyecto jurídico-político de la modernidad: a) de un lado, la línea progresista que se incardina en la corriente liberadora y humanista que constituye una de las constantes de la civilización occidental y que se materializa en las primeras Declaraciones de derechos, con antecedentes en nuestra doctrina que se concretan en las aportaciones de los iusnaturalistas clásicos españoles, y que desemboca en la Declaración Universal de Derechos Humanos; b) de otro, la tradición etnocéntrica europea no menos influyente y arraigada que considera a la civilización occidental como la civilización destinada a liderar el mundo, lo cual ha servido para justificar la dominación política, la explotación económica y la opresión cultural (Cfr. Moreno, I., "Derechos humanos, ciudadanía e interculturalidad", en Martín Díaz, E. y De la Obra, S. (eds.), Repensando la ciudadanía, Fundación El Monte, Sevilla, 1998, pp. 18 ss).

7 Para un tratamiento exhaustivo del impacto de la globalización sobre los movimientos migratorios puede verse Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., y Perraton, J., Global Transformations. Politics, Economics and Culture, reprinted, Polity Press, Cambridge, 2000, cap. VI: "People on the move", pp. 283-326.

8 En este sentido el multiculturalismo, en cuanto hecho, se concibe como la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas con culturas diferentes; mientras que en su sentido normativo, esto es, en cuanto proyecto político, el multiculturalismo se identifica con el respeto a las identidades culturales más allá de la mera coexistencia, es decir, como camino hacia la convivencia, la fertilización cruzada y el mestizaje (Cfr. Lamo de Espinosa, E., "Fronteras culturales", en Lamo de Espinosa, E. (ed.), Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Alianza, Madrid, pp.13-79). Para una clarificación conceptual entre términos similares como multiculturalidad e interculturalidad puede verse De Lucas, J., "¿Elogio de Babel? Sobre las dificultades del derecho frente al proyecto intercultural", en Naïr, S., y De Lucas, J., El desplazamiento en el mundo. Inmigración y temáticas de identidad, IMSERSO, Madrid, 1998, pp. 221-257. Resumiendo la posición de De Lucas sobre esta cuestión podemos decir que la multiculturalidad se presenta como un dato fáctico, un hecho social caracterizado por la existencia de manifestaciones culturales diversas, por la presencia de diferentes códigos culturales en una misma sociedad; se trata pues de sociedades multiétnicas con diferentes identidades culturales basadas en diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales. La interculturalidad, por el contrario, es un concepto normativo referido a un determinado modelo de respuesta al fenómeno de la multiculturalidad. Es un concepto que pertenece al ámbito de los valores, de ideales, del deber ser, en suma (Cfr. op. cit., pp. 227-228).

9 Que el derecho de asilo está devaluado es hoy una realidad innegable, cuya causa no es otra que la avalancha de solicitudes registradas en los últimos años, como subterfugio ante la imposibilidad de emigrar de acuerdo con las exigencias extraordinarimente restrictivas de las legislaciones nacionales. En Europa, el volumen de solicitudes se ha multiplicado exponencialmente, como atestigua el informe de ACNUR de 1993. Así, si durante los años setenta el promedio de solicitantes de asilo era de unos 30.000 anuales, a finales de los años ochenta la cifra ascendió a más de 300.000 anuales y en 1992, rebasaba los 680.000 (Cfr. Remiro Brotóns, A., "Unión Europea: ¿sólo cabezas rapadas frente a inmigrantes bravos?", en Lamo de Espinosa, E. (ed.), Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, cit, p. 170 ss.). Quizás por ello parece imponerse una regulación más restringida de este derecho con importantes y taxativas limitaciones en las condiciones para el ejercicio de este derecho. Un buen ejemplo de esta inquietud creciente es la declaración contenida en uno de los anexos al Tratado de la Unión Europea que establece como prioritaria la necesidad de emprender una acción común destinadas a armonizar las políticas de asilo de los Estados miembros. Sobre la justificación del derecho de asilo, su práctica y su regulación jurídica a nivel internacional, cfr. Cohn-Bendit, D. y Schmid, T., Ciudadanos de Babel. Apostando por una democracia multicultural, Talasa, Madrid, 1996, pp. 115-133.

10 Cohn-Bendit, D. y Schmid, T., Ciudadanos de Babel. Apostando por una democracia multicultural, cit., p. 21. Sobre las características diferenciales de la inmigración en el siglo que acaba de concluir respecto a los movimientos migratorios de épocas anteriores, puede verse, Ciudadanos de Babel..., cit., pp. 49-55. Sobre los flujos migratorios en la época de la globalización, puede cfr. Mittelman, J.H., The Globalization Syndrome. Transformation and Resistence, Priceton University Press, Princeton, 2000, cap. 3: "Globalization and Migration", pp. 58-73.

11 Lamo de Espinosa, E., "Fronteras culturales", en Lamo de Espinosa, E. (ed.), Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa, cit., p.53.

12 La multiculturalidad comporta una dimensión conflictiva pero conviene recordar que el conflicto es inherente a la propia dinámica social. Ahora bien, la inmigración generaliza nuevas dimensiones de la conflictividad social que quizás hasta ahora sólo se habían manifestado parcial y esporádicamente. No hay fórmulas mágicas pero tampoco parece que los conflictos de nuestro tiempo puedan resolverse por la vía del rechazo y de la exclusión; por eso se impone un análisis realista de la situación, sin optimismos desmedidos pero también sin intuiciones agoreras y apolípticas. Ese es el mérito precisamente de la obra de Cohn-Bendit y Schmid, Ciudadanos de Babel... (cit.), en la que se realiza una aproximación a ras del suelo de un fenómeno complejo e inevitable proyectando sus consideraciones sobre la problemática de la inmigración en la sociedad alemana contemporánea. Pese a esa específica ubicación geográfica el estudio que estos autores realizan aporta enfoques muy interesantes para comprender la realidad de la inmigración en el conjunto de los países desarrollados: "Babel quiere decir también que la sociedad multicultural es y seguirá siendo una sociedad conflictiva. Yerran quienes piensan que esta sociedad sin extranjeros sería más pacífica. Pero yerran también quienes piensan que la sociedad multicultural es una sociedad armónica"( op. cit., p. 23). Y más adelante los autores agregan que la sociedad multicultural tiene un doble rostro amable, uno, hostil, el otro; la solución correcta a los problemas que plantea sólo puede derivar de una ponderación equilibrada de sus ventajas e inconvenientes (op.cit., p.60).

13 Cfr. De Lucas, J., "El antirracismo fácil", en Naïr, S. y De Lucas, J., El desplazamiento en el mundo. Inmigración y temáticas de identidad, cit., pp. 144 -145. La cita procede de la p.145; del mismo autor, cfr. también "Inmigración, ciudadanía, derechos: el paradigma de la exclusión", en Rodríguez Palop, Mª. E. y Tornos, A. (eds.), Derechos culturales y derechos humanos de los inmigrantes, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2000, pp. 13-37.

14 En las últimas décadas los procesos de integración regional se han visto fuertemente intensificados como consecuencia del impacto de la globalización. Esto se ha traducido en la proliferación de las organizaciones regionales a nivel planetario estableciendo una compleja urdimbre de organizaciones cuya orientación, en muchos casos, es estrictamente económica, como el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), el North American Free Trade Agreement -Tratado de Libre Comercio de América del Norte- (NAFTA), el Mercado Común Árabe, el Pacto Andino, la Organización de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Para una aproximación a la interrelación entre globalización de la economía e integración regional puede acudirse a Franca Filho, M.T., "Integración regional y globalización de la economía: las dos caras del nuevo orden mundial", Revista de Estudios Políticos, nueva época, 100, abril/junio de 1998, pp. 101-122.

15 Para una aproximación a la situación actual del proceso de integración europea en el conjunto de del continente y sus perspectivas de futuro, cfr. Emerson, M., El nuevo mapa de Europa, Alianza, Madrid, 1999.

16 La Unión Económica y Monetaria (U.E.M.) es un objetivo que la Unión Europea establece en el TUE como paso previo a la intensificación de la integración política. Para su consecución se han desarrollado, tanto desde las instituciones comunitarias como desde los Estados, todo un conjunto de acciones encaminado a la armonización de las políticas económicas y monetarias de los Estados miembros de la Unión cuya meta es el establecimiento del euro como moneda común. El proceso de integración monetaria se desarrolla en tres fases, sin la participación, en la tercera de ellas, de cuatro de los paises miembros: Reino Unido y Dinamarca (excluidos voluntariamente acogiéndose a la facultad que les brinda el Derecho comunitario), por un lado, y Grecia y Suecia, por otro (al no cumplir con los criterios de convergencia establecidos en la fase segunda del proceso de Unión Económica y Monetaria). En la primera fase, que tuvo lugar entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de diciembre de 1993, se perseguía alcanzar la libre circulación de capitales entre los Estados miembros, el refuerzo de la coordinación de las políticas económicas y la intensificación de la cooperación entre los Bancos Centrales. La segunda fase, desarrollada entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1998, estuvo marcada por la convergencia de las políticas económicas y monetarias de los Estados, con el fin de garantizar la estabilidad de los precios y el saneamiento de las finanzas públicas.

17 Para un desarrollo exhaustivo de la ciudadanía europea, su gestación y sus implicaciones, cfr. Bru, C.M., La Ciudadanía Europea, Sistema, Madrid, 1994; sobre esta misma temática puede consultarse también la miscelánea editada bajo la coordinación de Allan Rosas y Esko Antola, Citizens´ Europe. In Search of a New Order, Sage, London, 1995. Para un análisis crítico de la ciudadanía europea en el contexto de un mundo globalizado puede acudirse a Estévez Araújo, J.A., "La ciudadanía europea en el mundo de la globalización", en Capella Hernández, J.R. (coord.), Transformaciones del derecho en la mundialización, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 343-365. Para Estévez Araújo, la ciudadanía europea ha de incardinarse en el seno de un amplio conjunto de transformaciones que han alcanzado en las últimas décadas al modo de producción del derecho europeo: un proceso de "privatización" del derecho que tiene su punto de partida en la firma del Acta Única en 1986 y en el inicio del proceso de construcción del mercado único, proceso en el cual ha de situarse la emergencia de este nuevo paradigma.


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