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La Ley Informe de entrega

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Voces: ABUSO DEL DERECHO ~ ACUERDO PREVENTIVO ~ CONCURSO PREVENTIVO ~ CONSTITUCIONALIDAD ~ CONVERSION EN MONEDA DE CURSO LEGAL ~ CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA ~ ESPERA ~ FRAUDE ~ IMPUGNACION DEL ACUERDO PREVENTIVO ~ INTERESES ~ LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS ~ MAYORIA ~ QUITA

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A(CNCom)(SalaA)

Fecha: 25/09/2007

Partes: Barros, Claudio Angel s/conc. prev.

Publicado en: Sup. CyQ

HECHOS:

Ante la sentencia de primera instancia que rechazó la impugnación del acuerdo preventivo presentado por el concursado, consistente en una quita del setenta por ciento, diez cuotas anuales iguales y consecutivas y una espera en el pago, el acreedor presentó apelación, alegando que aquel resultaba abusivo. La Cámara revocó el decisorio.
SUMARIOS:

1. Es improcedente la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo formulada por el fallido, en tanto ella contempla una reducción nominal por encima del porcentual máximo del sesenta por ciento sin prever la incidencia provocada por el diferimiento en el pago, importando la desnaturalización del derecho de los acreedores, sin el concurso de la voluntad de quienes no han prestado su consentimiento expreso y comportando la aniquilación del principio de la conservación del crédito, extremos que la tornan una exacción ilegítima que no puede ser impuesta ni aun por decisión de una mayoría legal.

2. En la propuesta de acuerdo preventivo la espera simple o con tasas mínimas equivale a una quita, ya que, aun con ausencia de inflación, el crédito a futuro vale menos que su importe nominal.

3. Corresponde rechazar la impugnación del acuerdo preventivo fundado en la existencia de fraude por la exageración del pasivo, si la voluntad de los eventuales acreedores ficticios no fue la que determinó el resultado obtenido.

4. Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 24.522 (Adla, LV-D, 4381), en cuanto prevé la conversión del crédito verificado en moneda extranjera, ya que la apertura del concurso y el informe del artículo 35 de la citada ley fueron realizados con posterioridad a la derogación del régimen de convertibilidad, siendo adecuado, a los fines del cómputo del pasivo y las conformidades, tomar el parámetro de cambio vigente al momento de la presentación de aquel informe para realizar la conversión de la obligación en moneda de curso legal, sin que ello afecte los principios de igualdad, concurrencia y colectividad, en tanto ellos no impiden que se establezcan distinciones entre situaciones disímiles.
TEXTO COMPLETO:

Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Excma. Cámara:

1. El juez de primera instancia rechazó la impugnación al acuerdo preventivo formulado por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Ldta. y homologó el acuerdo celebrado (fs. 530/47).

2. Apeló Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Ltda. Expresó agravios a fs. 560/81.

Consideró que no existe consenso real con la propuesta concordataria, que la propuesta es abusiva y que hubo exageración fraudulenta del pasivo.

Manifestó que el concursado incluyó, dentro de una misma categoría, a los acreedores pesificados y a los que fueron excluidos de la pesificación. Indicó que, de no haber sido por la triplicación del crédito de los señores Ferrari y Eirej, el concursado no hubiera obtenido las conformidades necesarias para homologar el acuerdo.

Planteó la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Constitución Nacional. Señaló que la aplicación al caso de esa norma importa la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio, de igualdad ante la ley y de propiedad.

Consideró que en el caso, a los fines del cómputo de las mayorías, deben computarse todos los créditos a la paridad de un peso por dólar estadounidense.

Solicitó que se declare la nulidad de la resolución, en la cual se tomó como base del desarrollo argumental solamente la quita nominal de la propuesta y no tuvo en cuenta que el planteo se centró en la consideración de la quita real, en tanto la propuesta contenía también espera.

Puso de resalto que la propuesta de pago ofrecida en autos es abusiva. Indicó que el acuerdo no compensa adecuadamente la postergación temporal de los pagos mediante intereses y que la quita real que se impondría a los acreedores quirografarios sería del 84,17%.

Refirió que el juez no tuvo en consideración el argumento del impugnante relativo a la inexistencia en autos de información que permita conocer acerca de las posibilidades objetivas de pago de la concursada para poder evaluar si la propuesta efectuada era la mejor posible o al menos si se presentaba como razonable.

Se agravió asimismo de las consideraciones efectuadas con relación al dividendo que correspondería a los acreedores quirografarios en caso de quiebra. Expresó que la falta de suficiente información respecto del giro del concursado impide considerar, con un mínimo de certeza y seriedad, el activo liquidado que podría obtenerse en caso de quiebra.

Señaló que podría evaluarse la posibilidad de conferir al concursado un nuevo breve período de exclusividad para que reformule la propuesta.

Hizo referencia a la conducta del deudor en el proceso e indicó que el a quo eludió tratar esa cuestión. Refirió que fue necesario reconstruir un pedido de quiebra contra el actual concursado y que, ya iniciado el concurso, el señor Barros denunció a numerosos supuestos acreedores que en realidad eran falsos acreedores o carecían de un mínimo sustento probatorio como para ser reconocidos.

Indicó que, entre esos créditos, había abogados que reclamaban honorarios por trabajos -supuestamente impagos- que habían realizado a favor del padre del concursado; varios abogados cuyos trabajos facturados poco tiempo antes de la presentación en concurso, no fueron adecuadamente explicados; 14 prestamistas que decían haberle prestado más de U$S 30.000 contra la simple firma de instrumentos privados sin fecha cierta, luego de la crisis de comienzos de 2002 y luego de que se promovieran ejecuciones hipotecarias en contra del deudor, e incluso luego de que se iniciara un pedido de quiebra en su contra.

Relató que luego de dictada la resolución verificatoria, en la que el juez rechazó gran parte de esos créditos, los supuestos titulares de esos créditos no revisionaron.

Continuó explicando que el deudor omitió denunciar varios créditos financieros, que una vez insinuados fueron objetados por la concursada, pero no revisionados.

Expresó, respecto de los acreedores Ferrari y Eirey, que estos acreedores reconocieron en el incidente de revisión que tenían una relación estrecha con el concursado y que resulta llamativo que dos personas de avanzada edad acepten que el concursado les pague solo el 15% real de las sumas que presuntamente les adeudaba, con una larga espera.

Resaltó como llamativa también la conformidad prestada por Citibank NA y Diners Club Argentina SA por considerar que esas empresas difícilmente acceden a aceptar quitas de tal magnitud para el cobro de sus acreencias.

Indicó que todo ello resulta relevante al momento de evaluar la inexistencia de un consenso real con la propuesta y el carácter abusivo de ella y el abuso que importaría su aplicación a los acreedores disidentes.

Denunció además el impugnante que el concursado exageró fraudulentamente su pasivo. Expresó que no se acompañaron elementos de prueba para tener por acreditado el crédito admitido a favor de Servinfra S.A. por $ 42.715, supuestamente originado en reparaciones en la vivienda del deudor. Destacó que a la fecha en que se emitió el presupuesto para la realización de esos trabajos, el señor Barros ya se encontraba en una desesperada situación financiera, con un pasivo en mora que superaba los U$S 300.000 respecto de una deuda con garantía hipotecaria en trámite judicial con asiento en el mismo inmueble en el que se habrían efectuado las reparaciones.

Indicó que además, a esa fecha, el deudor ya había tomado conocimiento de la existencia de un pedido de quiebra en su contra.

Concluyó que no resulta creíble que el deudor, en esa situación, decida refaccionar el inmueble respecto del cual ya se había iniciado una ejecución hipotecaria, por un monto superior a los $ 50.000 cuando además ya había hecho refacciones tres años antes. Agregó que tampoco resulta creíble que Servinfra S.A. haya continuado los trabajos hasta su finalización, habiendo percibido sólo la suma de $ 7500 y que luego solicite la verificación con carácter quirografario cuando le hubiera correspondido privilegio especial.

Señaló que con ese falso crédito, el concursado engañó dolosamente a sus acreedores, generando en ellos la sensación o la convicción de que la quiebra implicaría la imposibilidad del cobro de sus créditos.

Consideró que la denuncia e insinuación del crédito de Servinfra, así como su declaración de admisibilidad, permiten tener por configurada la causal de impugnación prevista por el artículo 50 inciso 3 de la LCQ por exageración fraudulenta del pasivo.

Criticó la resolución del juez señalando que la procedencia de la causal invocada no depende de la incidencia del crédito fraudulento en el cómputo de las mayorías.

Se agravió asimismo de la forma de imposición de las costas.

3. En mi opinión, el recurso interpuesto debe progresar, pues existe error en el cómputo de las mayorías, la propuesta homologada por el a quo es abusiva y fraudulenta y el deudor exageró su pasivo para obtener las mayorías legales.

4. Error en el cómputo de las mayorías

Fue determinante para la obtención de las mayorías el voto favorable de Ferrari y Eirej, cuyo crédito fue verificado en dólares estadounidenses. El fundamento por el cual el juez decidió verificar en esa moneda consistió en que el crédito era exigible con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25561 y dec. 214/02 (fs. 271).

Al decidir de ese modo, el magistrado omitió aplicar la ley 25820 (B.O. 4.12.03), que, conforme lo dispuesto por el artículo 5 de esa norma, entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, esto es, el mismo día en que se dictó la aludida resolución (5.12.03).

El artículo 3 de la ley 25820, sustituyó el texto del artículo 11 de la ley 25561 y estableció la conversión a la paridad $ 1 = U$S 1 de las obligaciones de dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor.

Como consecuencia de ello, la resolución mediante la cual el juez decidió que los créditos debían reconocerse en dólares debido a que eran exigibles antes del 06.01.02 sin declarar la inconstitucionalidad de la ley 25820 es contraria a derecho, pues esa norma, que estaba vigente, disponía justamente lo contrario.

La previsión del artículo 36 último párrafo de la LCQ no puede impedir la aplicación de la ley 25820 a los fines del cómputo del pasivo y de las mayorías, pues, debido a que se trata de una ley de orden público, su consideración no depende de la oportunidad del planteo, sino que debe ser aplicada de oficio y su omisión tiene carácter insanable (artículos 21 y 1047 del Código Civil).

Además, estimo que asiste razón al impugnante cuando señala que el crédito de Ferrari y Eirej debió haber sido categorizado por separado, pues es evidente que al acreedor cuyo crédito se mantuvo en dólares, no le alcanzaron en la misma medida que a los acreedores pesificados, las gravosas consecuencias patrimoniales implicadas en la oferta.

Máxime, teniendo en cuenta que en el supuesto de haberse categorizado por separado a los acreedores en moneda extranjera, el concursado no habría obtenido las mayorías exigidas por el artículo 45 de la LCQ.

5. Acuerdo fraudulento. Exageración fraudulenta del pasivo.

Señala Peralta Reyes que en sentido genérico, puede caracterizarse al fraude como aquella maniobra engañosa mediante la cual se pretende eludir una prohibición legal o causar un daño a terceros (o bien lograr ambos propósitos al mismo tiempo), realizando un acto jurídico real, en principio lícito, que le sirve de cobertura (Víctor M. Peralta Reyes "Fraude a la ley y fraude a los acreedores. La acción revocatoria ordinaria o pauliana", LA LEY 26.06.06 pág. 1 y sgtes).

De las constancias de la causa y de la conducta desarrollada por el deudor en autos, surge acreditado que se ha intentado utilizar a la justicia para defraudar a los acreedores reales. Ello quedó demostrado en la causa a través de la conducta que desarrolló el concursado, que tenía el deber procesal de conducirse con lealtad, probidad y buena fe.

En primer lugar, el pedido de quiebra en trámite contra el deudor desapareció. No existen pruebas tendientes a clarificar las circunstancias que rodearon esa desaparición.

Ante la reconstrucción de ese expediente, el deudor se presentó en concurso preventivo. En esa oportunidad, omitió denunciar acreedores en su presentación en concurso, que luego se presentaron a verificar con título suficiente y auténtico. Ello ocurrió, por ejemplo con relación a los créditos de Banco Bansud (declarado admisible en la suma de $ 60.101,80), Cofibal Cía. Financiera S.A. (declarado verificado por la suma de $ 4.515,79), Cooperativa de Crédito del Milenio Ltda. (declarado verificado por la suma de $ 4.942,47), Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Ltda. (declarado admisible por la suma de $ 82.016,43), Diners Club de Argentina S.A. (declarado admisible por la suma de $ 45.664,56). La decisión de verificar o admitir esos créditos no denunciados, no fue revisionada luego por el deudor.

Tal conducta procesal conduce a concluir que la falta de denuncia de esos créditos no se trató de un mero olvido, y evidencia de que el deudor tuvo el propósito de evitar que los acreedores tomen conocimiento de la existencia del concurso a través de la notificación por carta que prevé el artículo 29 de la LCQ, para que no se presenten a verificar a tiempo y de ese modo eliminarlos de la votación.

En cambio, el deudor denunció diecinueve créditos con causa en mutuos, que luego se presentaron a verificar exhibiendo instrumentos muy similares entre sí. Catorce de esos créditos no fueron admitidos por el juez. Ante esa resolución, tales acreedores no solicitaron la revisión en los términos del artículo 37 segundo párrafo de la LCQ.

Ello ocurrió, por ejemplo con relación a los créditos de Alongi María de Lourdes (U$S 9375), Boveda Negre Gabriela Alejandra (U$S 43.340), Campeny Ethel Lilian (U$S 34.000), Del Río Héctor (U$S 18.850), Foiguel Rubén Marcelo (U$S 30.000), Izaguirre Graciela Noemí (U$S 18.500), Marcellino Claudia Elena (U$S 10.000), Monti Graciela Carmen (U$S 17.344), Monti, Teresa Elena (U$S 26.250), Negri María Isabel (U$S 11.025), Simio Liliana (U$S 28.500), Tissone Pablo León (U$S 12.000), Visuara Pablo Rubén (U$S 16.500), Zinani Carlos Alberto (U$S 18.800).

Respecto de esos créditos, expresó el síndico que "la documentación presentada se limita a un contrato de mutuo y a un pagaré, y dejo expresa constancia que no encuentro defectos de orden legal a dichos cartulares y habida cuenta la ausencia de libros de contabilidad del deudor, y considerando que se han insinuado ante esta sindicatura, 19 contratos de mutuo, muy similares entre sí, todos ellos celebrados entre fines de 2001 y principios del 2002, el suscripto en uso de las atribuciones que le confieren los arts. 33 y 275 de la ley 24.522, procedió a requerir del presunto acreedor, probara en forma fehaciente (certificaciones contables, declaraciones impositivas, etc.) la capacidad económica financiera que justificara la posibilidad de contar con los fondos necesarios para efectivizar el mutuo que insinúa. Simultáneamente se recibe impugnación de acreedor, quien analiza la composición del pasivo insinuado y en especial en relación al presente pedido, señalando que el contrato carece de fecha cierta, y que tiene idéntica redacción y fecha que los acompañados por las acreedoras Graciela Carmen Monti y Teresa Elena Monti, y que la peticionante registraba antecedentes de insolvencia en el sistema financiero al momento del otorgamiento del préstamo. Por último, al requerimiento llevado a cabo por la sindicatura se recibe como respuesta que son ahorros de su trabajo como contadora pública, pero no aporta prueba documental alguna. En condiciones tales, y dentro del estrecho margen cognoscitivo de la presente etapa procesal, y sin perjuicio de las consideraciones vertidas por el acreedor impugnante quien prueba la endeble situación financiera de la presunta acreedora, se desaconseja la verificación pedida, por cuanto la sindicatura considera que la presunta acreedora no ha llegado a probar mínimamente su capacidad financiera para afrontar el préstamo que invoca haber dado" (fs. 223/4, respecto del crédito insinuado por María de Lourdes Alongi). En los otros casos referidos, el síndico efectuó similares manifestaciones, con algunas variaciones.

También cito como ejemplo el caso del pedido de verificación presentado por Gabriela Alejandra Boveda Negre, que se encuentra entre los diecinueve créditos antes referidos y respecto del cual el síndico expresó además que un acreedor, en su impugnación, denunció que "la presunta acreedora es amiga personal del concursado, que está casada con el dueño de una empresa que ha solicitado su propia quiebra, y que del pedido de verificación presentado no surgen elementos que permitan presumir que se encontraba en condiciones de prestar la suma reclamada". Ante un requerimiento de la sindicatura para que informe al respecto, la insinuante se limitó a acompañar copia de escritura pública del 18 de diciembre de 1996 mediante la cual recibió de Gregorio Szuchmacher una donación de U$S 60.000 en dinero efectivo, esto es, cinco años antes del otorgamiento del mutuo. Conforme indicó el síndico "nada se aporta acerca de las demás pruebas solicitadas por la sindicatura, como ser certificaciones contables, declaraciones impositivas, etc..". Destacó el sindico "la tan particular circunstancia que el Sr. Gregorio Szuchmacher, donante del importe que intenta justificar la insinuante, es el mismo Szuchmacher que en el pedido de verificación del Sr. Carlos Zinani, aparece como avalista del Sr. Barros" (fs. 229). En cuanto al crédito insinuado por Ethel Lilian Campeny, que tiene las mismas particularidades que los anteriores, el síndico informó que la documentación aportada por el peticionante, lejos de acreditar que disponía del dinero necesario para el préstamo cuya verificación reclama, siembra aún más dudas, ya que la peticionante no aportó elemento documental alguno que acredite su liquidez personal, y por otra parte jurada de bienes personales al 31.12.02 de su marido manifiesta la titularidad de inmuebles y de dinero en efectivo, pero nada dice respecto de la titularidad del crédito que se reclama, cuyo mutuo es del mes de marzo de 2002".(fs. 230).

Otros créditos por honorarios profesionales fueron verificados aunque no está acreditado que los servicios se hubieran prestado efectivamente. Ello ocurrió respecto de los créditos de Dubois Sandra Analía ($ 2800), Martino Anabella Inés ($ 3700), Quaglia Florez Fernando Alberto ($ 3200), Salerno Luis ($ 1050), Rodríguez Vélez Gustavo ($ 15.000), Vasen Hugo Fernando ($ 1500).

En cuanto al crédito admitido en la oportunidad del artículo 36 LCQ a favor de Servinfra, las objeciones opuestas por el impugnante están siendo objeto de estudio en el incidente de revisión en trámite que tuve a la vista por gentileza de la secretaría actuaria (expte. 89.833).

El conjunto de las circunstancias apuntadas, me revela que en el caso hubo manipulación de las mayorías y que el concursado exageró fraudulentamente su pasivo, en perjuicio de los acreedores quirografarios, quienes resultaron así sometidos por una mayoría ficticia, a la pérdida sustancial de sus derechos.

El carácter de orden público de las normas concursales impide absolutamente ignorar la transgresión a sus principios rectores vinculados a la protección del crédito y la par conditio creditorum, como lo ha asimilado su nuevo art. 54 inc. 4 al establecer que en ningún caso el juez homologará la propuesta en fraude a la ley. Es que el perjuicio que causaría desatender ese temperamento va más allá del concreto daño que produce a terceros, porque afecta el interés general en que la propia ley no sirva, en este proceso ni en otros, para consumar un fin ilícito.

6. Propuesta abusiva.

La propuesta presentada por el deudor en autos para acreedores quirografarios consiste en el pago del 30% de los créditos, en diez cuotas anuales, iguales y consecutivas, la primera de ellas con vencimiento a los dos años de la fecha de homologación del acuerdo y las restantes en idéntica fecha de los años inmediatamente sucesivos. Propuso pagar intereses a partir de la segunda cuota anual, sólo sobre el importe de la cuota durante el año de su devengamiento, a la tasa que paga el Banco de la Nación Argentina para los depósitos en caja de ahorro común. Dejó aclarado que no ofrece el pago de intereses sobre saldos, sino sobre cada cuota y por el plazo de un año previo a cada uno de sus vencimientos.

Estimo que el prolongado plazo previsto para el pago sin que se contemple una adecuada retribución por la espera, y la elevada quita propuesta, conduce a la virtual pérdida de los derechos de los acreedores quirografarios. La ausencia de una adecuada recomposición del capital por el plazo de quince años, reduciría sustancialmente la expectativa de cobro, debido a la licuación de su valor por el transcurso del tiempo. Cabe señalar que si bien la ley 25.589 suprimió el límite legal de la quita, la misma reforma introdujo la exigencia de evaluar si la propuesta es abusiva.

La propuesta formulada en esos términos, encubre una quita muy superior a la denunciada, en desmedro de la transparencia y de la certidumbre que se requiere para que los jueces evalúen la legalidad del acuerdo. En consecuencia, opino que la presente propuesta es abusiva y no debe ser homologada (art. 52 inc. 4 L.C.).

Este Ministerio Público considera que el régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación (art. 234 a 238 L.C.), responsabilidad (art. 160 a 171 L.C.) y acciones persecutorias (art. 119 L.C.), si hubiere lugar. Sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de controlar las negociaciones individuales que realiza el deudor con sus acreedores a fin de obtener las conformidades.

De otra manera, el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos.

Si el proceso concursal se utiliza abusivamente, se desvanece la alternativa de ganar y perder que detona la búsqueda de una gestión eficiente, minimizando el riesgo empresario en que se asienta el desarrollo de un sistema económico liberal evolucionado. Ello encarece el crédito y desalienta la inversión.

También se derrumba la seguridad jurídica cuando pierden eficacia los medios jurídicos compulsorios para que los acreedores cobren sus créditos. En efecto, cuando el crédito nace -dice Piero Pajardi- su titular asume en el confronte de todo el patrimonio del deudor una posición jurídica de legítima expectativa. Su buena fe, en asumir el crédito y el relativo riesgo de insatisfacción, va fuertemente protegido. Y no sólo por razones objetivas vinculadas a la salud del ordenamiento jurídico, sino sobre todo por respeto a la persona del acreedor que ha tenido confianza, porque sabía que el ordenamiento lo protegería en virtud de la justicia de su causa.

La credibilidad de los ordenamientos jurídicos modernos en tema de derecho de fondo -dice el autor- se asienta en su capacidad concreta de tutelar el derecho de crédito, que es un soporte indefectible de la libertad y del crecimiento (v. Pajardi P. "Radici e ideologie del fallimento" E. Giuffrè, Milán, 2002, pág. 66 y 6).

En el mismo sentido, señala Villegas que si los sistemas formales de insolvencia actúan en forma eficiente y rápida para resolver los problemas de la empresa y preservar el valor de sus activos, mayor será la confianza de los acreedores y por lo tanto, el volumen y el mejor costo del crédito. Esto no sería más que la aplicación de otro postulado que cuenta con una abrumadora evidencia empírica, según el cual, el mayor volumen de financiamiento disponible y su costo es una variable que está altamente condicionada y positivamente correlacionada con el nivel de protección legal que el sistema brinda a los proveedores de financiamiento externos de la firma (v. Villegas, Marcelo "Una visión financiera del derecho de la insolvencia. La reestructuración de la deuda privada", publicado en Suplemento especial de Acuerdo Preventivo Extrajudicial de revista La Ley, noviembre de 2004, pág. 19).

Concretamente, explica el autor, en el mercado de deuda este postulado predice que toda vez que se afecten los derechos del acreedor, disminuirá el monto de crédito disponible en la economía y aumentará su costo. Dos son los principales elementos a considerar: 1) los derechos del acreedor propiamente dichos (ej. ejecutar garantías; ser oídos en los procesos de reestructuración, respetar estrictamente el orden de prioridades pactado; derecho de información; etc.) y 2) el "enforcement" del contrato de deuda (eficiencia del sistema judicial; respeto por la ley aplicable; eliminación de la corrupción; disminución del riesgo expropiatorio; repudio de contratos privados; transparencia del sistema informativo contable; etc.).

Desde ese punto de vista, la homologación de un acuerdo que implica desvirtuar la eficacia de los medios compulsivos con que cuentan los acreedores para hacer valer sus derechos, va más allá de su particular interés para convertirse en una cuestión que afecta el interés general.

Así lo ha entendido el legislador al habilitar al Ministerio Público Fiscal como parte en la impugnación del acuerdo (art. 276 L.C.) y al conferirle al juez la atribución -y el deber- de no homologar una propuesta abusiva (art. 52 inc. 4 L.C.) (conf. autos: "Compañía Argentina de Servicios Hipotecarios (CASH) S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. de impugnación al acuerdo preventivo promovido por Calcon Construcciones S.R.L.", dictamen n° 105.803 de fecha 05.05.2005, con fallo de la Sala E de fecha 19.05.05, que remitió a sus fundamentos).

Sobre dicha base, evaluadas las circunstancias del caso, la composición del activo y pasivo de la deudora, y demás información brindada por la sindicatura respecto del concursado en su informe general, considero que la propuesta ofrecida vulnera el orden público económico, porque daña la protección del crédito (art. 52 inc. 4 L.C.).

7. Reestructuración y arreglo de la deuda externa.

Afirmó el juez en la resolución apelada que la propuesta de abonar el 30% de los créditos no es abusiva de acuerdo al "sentir de la época", teniendo en cuenta la supresión del límite de la quita dispuesta por la ley 25.589 y que el Poder Ejecutivo ofertó pagar la deuda pública del Estado Nacional en un 25%, lo cual parece contar con el beneplácito de al menos una parte considerable de la población.

Cabe señalar al respecto, tal como ya referí precedentemente, que si bien la ley 25.589 suprimió el límite legal de la quita, la misma reforma introdujo la exigencia de evaluar si la propuesta es abusiva.

Por otro lado, cualquier semejanza o comparación entre las quitas y esperas de la reestructuración de la deuda externa con la de autos, sería una equivocación, por las razones que a continuación expongo.

Abordar en plenitud este tema complejo excede el objeto de este dictamen. Nos limitaremos a señalar que la deuda externa ha sido y será honrada por el pueblo argentino. Resulta ilustrativo el ensayo del economista Pascal Zachary, publicado en II Corriere de la Sera (29-3-05), que destaca la significativa similitud de las críticas que se formulan contra el Banco Mundial proveniente de ideólogos tanto de izquierda como de derecha.

Dice que la práctica de los préstamos a interés cero a los países pobres (huelga aclarar que la Argentina no lo es) es una farsa, porque muchos préstamos no son restituidos. Algunos conservadores sugieren entonces sustituir los préstamos por ayuda no reembolsable, por varios motivos. Primero, porque básicamente se considera que los organismos internacionales de crédito conceden esos préstamos por razones estratégicas, vinculadas al interés de los países que los lideran. Segundo, porque al dar ayuda económica sin retorno, visto que, en sustancia, se regala el dinero, estarían autorizados a ejercer un mayor control sobre la forma en que van a ser gastados, esto es, considerando que el alto grado de corrupción en las naciones subdesarrolladas impide que se destinen a los objetivos sociales deseables. Los conservadores -dice Zachary-, consideran además que la banca mundial ejercita presiones para prestar dinero a países en vías de desarrollo como el dealer preme presiona para vender droga a los clientes pobres. Dado que los directores del Banco pueden continuara hacer carrera a través de la gestión de préstamos, reciben bien pocos incentivos institucionales para limitar las concesiones de préstamos. La deuda de los países del tercer mundo, mientras tanto, crece. (www.corrieredellasera.com).

Los liberales -dice el economista- participan del mismo temperamento y concuerdan en que las instituciones internacionales de crédito deberían hacer más para garantizar que los fondos prestados sean usados correctamente. Los liberales se lamentan a menudo de que, ofreciendo préstamos a naciones de medio rédito como México y la Argentina, el Banco Mundial haya involuntariamente contribuido a la crisis financiera de estos países. Si el programa de lucha contra la pobreza no puede ser mejorado, dicen algunos críticos liberales, debe ser suspendido. También las Naciones Unidas propician la ayuda no reembolsable, señala el experto.

Otros analistas piensan, en sentido contrario, que no se debe perdonar un céntimo a los países africanos porque, ante el flujo de fondos resultante, sus gobernantes lo gastarían en armas para sus luchas tribales o palacios. (El reproche moral, de acuerdo a este temperamento, no alcanza al hecho de haberles prestado dinero con conocimiento de causa). (v. "Una dieta económica sfamerà l'Africa" de Jagdish Bhagwati, Profesor de la Universidad de Columbia y consejero de la ONU, en Corriere della Sera del 30-6-05).

Más explicativa aún es la obra de Paolo León, Stato Mercato e Collettività (Giappichelli Editore, Torino 2003, págs. 34/5). Afirma el autor: "Una aplicación de la regla keynesiana, a menudo olvidada, se refiere a la ayuda económica a los países en vías de desarrollo. Si el país rico otorga un préstamo a un país pobre mientras está en situación de crisis o recesión (o incluso, no de plena ocupación), y el país pobre adquiere bienes y servicios del país acreedor, éstos no tienen derecho ni a los intereses ni a la amortización del préstamo, que debe -por los motivos señalados- transformarse en donación. La razón está en el hecho de que la demanda efectiva crece en el país rico, en relación a la exportación al país pobre, gracias al ingreso de los fondos prestados, y así crecen las ganancias y los beneficios del país rico, que si pretendiese el pago del servicio del débito lucraría dos veces -en perjuicio del país pobre. Además, si se hiciese pagar el servicio del débito, entonces la mayor demanda efectiva en el país rico sería compensada por la menor demanda en el país pobre: así la economía mundial no mejoraría. Esta es la razón principal por la que debe ser anulada buena parte del débito de los países pobres".

Cualquier semejanza entre la situación reseñada y la realidad que conocemos, no es mera coincidencia. Por eso, estimamos que la exitosa reestructuración de la deuda externa no desmerece la imagen de la Argentina en el mundo, pues ha sido y será pagada con creces.

En cambio, utilizar los criterios de negociación de la deuda externa -contraída por los gobernantes y pagada por el pueblo- para justificar el despojo de los acreedores concursales de un particular, es inaceptable.

No es posible justificar algo reprochable comparándolo con una situación que también lo es -me refiero a las pérdidas sufridas por los acreedores con bonos públicos- y que solo se explica por la exigencia de anteponer el interés general de la sociedad sobre el de un sector.

Máxime, cuando el manto de piedad se tiende a favor de un sujeto que vino a los estrados judiciales a falsear créditos y ocultar información en perjuicio de los acreedores reales.

El derecho es esencialmente coacción, por ende, el uso de medios antijurídicos -como la exageración del pasivo- debe tener consecuencias a la medida del incumplimiento.

Es inaceptable homologar un acuerdo en las condiciones descriptas, porque el obrar antijurídico no puede otorgar beneficios.

8. Planteo de inconstitucionalidad del artículo 19 de la LCQ.

Con respecto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 19 LCQ, el recurrente consideró configurada la afectación del derecho de igualdad debido a que respecto de uno de los créditos, la normativa pesificadora se consideró inaplicable y que como consecuencia de ello, ese crédito triplicó su poder de decisión en el cómputo de las mayorías.

Considero que, como consecuencia de lo expresado en el punto 4 de este dictamen, el planteo de inconstitucionalidad deviene abstracto.

De acuerdo a lo allí expuesto, el crédito verificado en dólares a favor de Ferrari y Eirej debe ser computado en pesos, por aplicación de la ley 25820, o, de lo contrario, contabilizado en una categoría separada.

9. Reserva de caso federal.

Para el caso de que la sentencia deniegue lo solicitado por el Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (art. 120 Constitución Nacional) o dicte una resolución contraria al respecto que vulnere el derecho de propiedad de los acreedores (art. 14, 17 Constitución Nacional), desde ya formulo reserva para ocurrir por la vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema.

10. Como consecuencia de todo lo expuesto, opino que V.E. debe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución apelada.

Fecho, atento lo indicado en el punto 5, solicito se remitan las actuaciones a la justicia penal para dilucidar si se han cometido delitos de acción pública. — Buenos Aires, septiembre 20 de 2006. — Alejandra Gils Carbó.

2ª Instancia. — Buenos Aires, septiembre 25 de 2007.

Y VISTOS:

1.) Apeló la acreedora Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Limitada la resolución dictada en fs. 533/547 por la que el Señor Juez de Grado rechazó la impugnación al acuerdo preventivo presentado en autos y dispuso su homologación.

Los fundamentos fueron expuestos en fs. 560/581 y respondidos en fs. 583/585 y fs. 587/589.

En fs. 596/604 fue oída la Sra. Representante del Ministerio Público, quien dictaminó en el sentido de revocar la decisión apelada.

2.) Previo a ingresar en el análisis de los agravios alegados por la quejosa, se muestra conducente, en pos de una mejor comprensión de la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, realizar una breve descripción de las circunstancias fácticas de estas actuaciones. De las constancias habidas en la causa resulta que:

a.) En fs. 336 el concursado presentó la propuesta de acuerdo para acreedores quirografarios proponiendo una quita del 70%, resultando el 30% restante pagadero en diez (10) cuotas anuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas a los dos, (2) años de la fecha de la homologación del acuerdo, y las restantes en idéntica fecha de los años inmediatamente sucesivos. Asimismo, se ofreció, a partir de la segunda cuota, el pago de intereses calculados sólo sobre el importe de cada una de ellas a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para los depósitos en caja de ahorro común. Se dejó aclarado también que no se ofrecía el pago de intereses sobre saldos, sino sobre cada cuota y por el plazo de un (1) año previo a cada uno de sus vencimientos.

b.) En fs. 398/421 se adjuntaron las conformidades otorgadas por diez (10) acreedores, respecto de las cuales la sindicatura informó en fs. 424 que representaban un total de $ 534.082,41 equivalente al 66,67% de los acreedores y el 72,99% del capital computable. En mérito a ello, en fs. 425 se hizo saber a los interesados y al síndico la existencia de acuerdo.

c.) En fs. 437/447 Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Limitada impugnó el acuerdo y solicitó que se denegara su homologación por los siguientes fundamentos: i) el simple acogimiento del deudor al plan de facilidades de pago previsto por la Resolución 970/01 de la AFIP no autorizó a tener por otorgada la conformidad de dicho acreedor; ello más la circunstancia de que el organismo fiscal había sido categorizado por separado, constituían extremos suficientes para tener por no acreditada la existencia de acuerdo; ii) no medió en la especie un verdadero consenso real, toda vez que si el crédito de los acreedores Ferrari y Eirej no hubiera sido verificado en dólares estadounidenses, lo que conllevó la triplicación de su monto en pesos, el concursado no hubiera obtenido las mayorías legales; iii) la propuesta resultó abusiva, toda vez que si bien la quita nominal alcanzaba el 70%, en virtud de los intereses irrisorios ofrecidos, el plazo de espera y el largo cronograma de pagos previsto, la quita real que se impondría a los acreedores por efecto de la depreciación del, dinero y la inflación alcanzaría el 84,17%; iv) la falta de información subyacente en el proceso, en razón de la carencia de libros y de un sistema contable que permita examinar el desenvolvimiento de los negocios del concurso impidió analizar la propuesta en base a parámetros serios; y) debió también ponderarse, al tiempo de evaluar el carácter abusivo de la propuesta, la conducta del deudor, especialmente que en la presentación concursal se han denunciado numerosos supuestos acreedores que en realidad eran falsos o carecían de un mínimo sustento probatorio como para ser reconocidos, mientras que se omitió denunciar a otros acreedores que luego fueron admitidos, etc.; vi) la oportuna denuncia y declaración de admisibilidad del crédito insinuado por Servinfra SA justificó tener por configurada la causal de impugnación del acuerdo prevista en el art. 50, inc. 3, de la LCQ por exageración fraudulenta del pasivo, habida cuenta de que no existieron elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la existencia del crédito.

d.) Previo a resolver, y en uso de las facultades conferidas por el art. 274 LCQ, el a quo requirió a la sindicatura que informara, teniendo en cuenta los términos de la propuesta presentada por el deudor, el importe y porcentaje del crédito verificado o declarado admisible que percibirían los acreedores al homologarse el acuerdo impugnado, como así también el eventual dividendo que obtendrían en caso de decretarse la quiebra, ponderando los bienes que componen el activo del deudor y la existencia de créditos con privilegio especial (fs. 492). Este requerimiento fue cumplimentado en fs. 513/514, informando el funcionario del concurso que de homologarse el acuerdo, cada acreedor quirografario percibirá el 36% del capital verificado, del cual el 30% correspondería al porcentual de la acreencia que se ofrece pagar y el 6% restante al total de los intereses sobre cada cuota. En cuanto al supuesto de decretarse la quiebra, el síndico refirió que resultaba imposible estimar con precisión si el producido de la realización de los bienes inmuebles alcanzaría -o no- para cubrir los gravámenes hipotecarios que pesan sobre aquéllos y, en su caso, el eventual dividendo que podrían recibir los acreedores quirografarios. En mérito a ello, efectuó el cálculo pertinente con base en el producido que pudiera arrojar la realización de la marca y los muebles y útiles de propiedad del concursado, concluyendo que, sin considerar los gastos propios del remate y otros conceptos preferentes (tasa de justicia, honorarios profesionales, etc.), se podría obtener el 5% del monto de los créditos quirografarios.

e.) El Tribunal de Grado emitió pronunciamiento de mérito sobre la cuestión en fs. 533/547, desestimando la impugnación deducida y homologando el acuerdo preventivo celebrado en autos. Para decidir de este modo, el Magistrado de Grado ponderó los siguientes extremos, a saber: i) que la AFIP había prestado su conformidad con el acuerdo en fs. 426/430; ii) que la discrepancias que pudiera tener la impugnante respecto de la decisión adoptada en el marco de la resolución del art. 36 LCQ con relación al crédito reconocido en moneda extranjera parte del supuesto erróneo de intentar modificar por vía impugnativa del acuerdo, una decisión que a los fines del cómputo en la evaluación de las mayorías y base del acuerdo resulta definitiva; iii) que de conformidad con el "sentir de la época" en el ámbito de la jurisdicción del Tribunal, evidenciado por la sanción de la ley 25.589 que modificó el art. 43 LCQ suprimiendo el límite del 60% para la quita de capital y la oferta realizada por el Poder Ejecutivo de pagar el 25% de la deuda pública, no se considera abusivo honrar las obligaciones solamente en un 30%; iv) que la sindicatura había informado que el activo del concursado en la mejor de las hipótesis alcanzaría sólo a cubrir los créditos que gozan de privilegio especial y que el dividendo que podrían percibir los acreedores quirografarios -calculados sobre el producido de la marca, muebles, y útiles- apenas rondaría el 5% del monto de los créditos; v) que la "regularidad de la contabilidad" y el "merecimiento de la solución preventiva" eran causales de impugnación durante la vigencia de la ley 19.551 que no se encuentran contempladas en la ley 24.522, cuyas causales son taxativas (art. 50); vi) que en tanto el crédito de Servinfra SA representa menos del 6% del pasivo computable ($ 42.715), su exclusión no modificaría la obtención de las mayorías previstas en la LCQ:45, no pudiendo, por ende, considerarse que tal porcentaje haya tenido peso en la formación de la voluntad de los votantes.

f.) Por su parte, la recurrente se quejó de esta decisión con fundamento en que:

i) Si bien no se insistía con el cuestionamiento formulado con relación al crédito de la AFIP, en razón de que esta última, finalmente, otorgó su conformidad, lo cierto es que al momento de introducirse la cuestión en el expediente el planteo era procedente, por lo que no debieron imponerse las costas a su parte con relación a este punto;

ii) El a quo habría omitido tratar el planteo subsidiario impetrado en fs. 308/313 dirigido a que, a efectos de computar todos los créditos -los pesificados y los reconocidos en dólares estadounidenses- se tomara la misma paridad de un peso por dólar, cuestión que en fs. 370 -pto 1- quedó diferida para el momento del eventual cómputo de las mayorías, así como el pedido de declaración de inconstitucionalidad incoado respecto del art. 19 LCQ. Refirió sobre el punto que no se ponderó que la aplicación parcial de la normativa de emergencia habría importado una seria alteración en el normal desenvolvimiento que debe verificarse en el concurso, afectándose el derecho de igualdad, habida cuenta que de no de haber sido por el cómputo del crédito de Ferrari y Eirej a razón de $ 3 por cada dólar, el concursado no hubiera obtenido las mayorías necesarias para alcanzar la homologación del acuerdo;

iii) El Tribunal de Grado habría soslayado analizar los argumentos relativos a que la quita real alcanzaría el 84,17% en razón de la espera, el plazo de pago y la tasa baja tasa de interés ofrecida;

iv.) Se habría tergiversado la manifestación formulada acerca de la irregularidad de la contabilidad del deudor, toda vez que aquélla no fue encuadrada como una causal de impugnación, sino a efectos de poner de relieve que la falta de información suficiente no permitía afirmar que la enorme quita real que conllevaría la propuesta aprobada fuera la mejor que el deudor podía presentar y cumplir. Arguyó que idéntica situación se presentó con referencia a la conducta desplegada por Claudio Angel Barros antes y después de la presentación en concurso, atento que en vez de evaluar el a quo la buena o mala fe de aquél a los fines de juzgar la propuesta y las circunstancias que rodearon su aprobación, habría analizado la cuestión como si se tratara de una causal de impugnación, pese a no haber sido introducida de dicho modo;

v.) No obrarían en la causa elementos idóneos para concluir con un mínimo de seriedad en que, ante la quiebra del deudor, el dividendo concursal alcanzaría el índice informado por el síndico. Expresó que, de todos modos, la atribución del carácter abusivo de la propuesta no debería acarrear forzosamente la quiebra del concursado, ya que bien podría evaluarse la posibilidad de conferir un breve período de exclusividad para que el deudor procure la aprobación de una propuesta no abusiva;

vi) En cuanto al porcentaje que representaría el crédito de Servinfra SA, expresó que la procedencia de la causal de impugnación en razón de la exageración fraudulenta de las mayorías no dependería exclusivamente de la incidencia concreta del crédito fraudulento, sino del hecho de haberse generado deudas inexistentes, tal como habría ocurrido con el crédito mencionado y las numerosas acreencias que fueron declarados inadmisibles;

vii) Aun en caso de aceptarse la improcedencia de los planteos efectuados, existirían sobrados y serios motivos para distribuir las costas en el orden causado, ya que los argumentos presentados como base de la impugnación fueron serios, fundados y consistentes.

g.) Por último, la Sra. Fiscal de Cámara opinó que debía hacerse lugar al recurso en análisis revocando la resolución apelada, en razón de haber mediado error en el cómputo de las mayorías, resultar la propuesta abusiva y fraudulenta y haberse exagerado el pasivo para obtener las mayorías legales.

Señaló que, al verificarse el crédito de Ferrari y Eirej en dólares estadounidenses con base en que la obligación era exigible con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561 y del decreto 214/02, el a quo omitió aplicar la ley 25.820 que estableció la conversión a la paridad $ 1= U$S 1 de las obligaciones existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras, no vinculadas al sistema financiero, haya o no mora del deudor y que, en ese marco, la previsión del art. 36 LCQ no podía impedir la aplicación de la norma mencionada a los fines del cómputo del pasivo y de las mayorías, toda vez que por tratarse de una ley de orden público, su consideración no depende de la oportunidad del planteo, sino que debe ser aplicada de oficio y su omisión tiene carácter insanable.

Manifestó que de las constancias habidas en la causa y de la conducta del concursado surgía acreditado que aquél intentó utilizar a la justicia para defraudar a los acreedores reales. Mencionó la desaparición de un pedido de quiebra ante lo cual el deudor se presentó en concurso sin que existan pruebas tendientes a clarificar las circunstancias que rodearon la desaparición. También refirió la omisión de denunciar acreedores que luego se presentaron a verificar lo que evidenciaría que se tuvo el propósito de evitar que aquéllos tomaran conocimiento de la existencia del concurso a través de las notificaciones por carta que prevé el art. 29 LCQ, al tiempo que se denunciaron créditos con causa en mutuos que finalmente fueron desestimados sin que se solicitara la correspondiente revisión, a la vez que otras obligaciones por honorarios fueron admitidas pese a que no se había acreditado que los servicios se hubieran sido efectivamente prestados.

Expresó que el prolongado plazo previsto para el pago sin que se contemple una adecuada retribución por la espera y la elevada quita propuesta, conduciría a una virtual pérdida de los derechos de los acreedores quirografarios. Indicó que la propuesta formulada en esos términos encubre una quita muy superior a la denunciada en desmedro de la transparencia y de la certidumbre por lo que se vislumbraba abusiva, no debiendo ser homologada.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 19 LCQ, consideró que la cuestión había devenido abstracta, habida cuenta que el crédito verificado en dólares a favor de Ferrari y Eirej debía ser computado en pesos por aplicación de la ley 25.820.

Finalmente, hizo reserva para ocurrir por la vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema y solicitó la remisión de las actuaciones a la justicia penal para dilucidar si se han cometido delitos de acción pública.

3.) Así planteado el thema decidendum, ha de señalarse en primer lugar que no cabe a este tribunal un mero análisis formal de la propuesta votada favorablemente, sino que es de la naturaleza del proceso que le ocupa analizar si dicha propuesta resulta congruente con los principios basilares que rigen la institución del concurso preventivo.

En mérito a ello, la propuesta de acuerdo preventivo ha de ser valorada a efectos de su homologación teniendo en cuenta su congruencia con las finalidades de los concursos de acreedores y con el interés general, en tanto el proceso del concurso preventivo no sólo se halla orientado hacia los intereses privados de los acreedores, sino que repercute dentro del ámbito de la actividad económica donde esta situación se exterioriza causando mayor o menor perturbación.

En efecto, se ha referido que es connatural a los modernos regímenes concursales, tanto la defensa del orden público cuanto la conservación del interés general, es decir, que el área de protección excede el marco de la simple tutela del crédito ya que no sólo ampara a éste en la medida en que salvaguarda el interés común de todos los acreedores mediante un proceso universal típico, en el cual confluyen todas las expectativas singulares, sino que, ahondando la relación, la enmarca en el ámbito de la empresa deslindando las consecuencias falimentarias, de manera tal que escinde a éstas de sus titulares, permitiendo la permanencia de aquéllas que por su interés económico y los intereses afectados así lo imponen.

Si bien la ley 24.522 ha innovado respecto de la legislación anterior en cuanto a las facultades del Juez del concurso en materia de homologación de concordato, ello no significó eliminar por completo tales facultades, puesto que, aun cuando se haya querido privilegiar la voluntad de los acreedores para decidir la forma en que estarían dispuestos a percibir sus créditos en el marco del cuadro de cesación de pagos que pesa sobre el deudor, tal circunstancia no impedía al Tribunal analizar la propuesta de acuerdo bajo el prisma que proporcionan los principios generales del derecho, el orden público, la moral y las buenas costumbres (arg. 953, 1198 y cc. CCiv.).

En efecto, la legislación concursal no es una isla o un compartimiento estanco, independiente del derecho común, sino que forma parte de éste, razón por la cual no existe motivo para que la homologación del acuerdo no sea valorada atendiendo a su compatibilidad con los principios superiores del orden público, la finalidad de los concursos y el interés general. Es por ello -y sobre la base de estos principios- que el Juez no puede limitarse a un mero análisis formal del acuerdo (cumplimiento de requisitos legales y falta de formulación de oposiciones o el rechazo de éstas), sino que debe merituar si este último resulta conciliable con los principios superiores del orden jurídico, sin desatender tampoco las finalidades propias de los procesos concursales y los principios generales que los inspiran, entre los que es dable incluir: i.) la conservación de la empresa; ii.) la protección del crédito y del comercio en general; iii.) la prevención del fraude; iv.) la no discriminación arbitraria entre los acreedores; v.) la descalificación de las propuestas "abusivas".

4.) Ello sentado ha de abordarse, en primer lugar y por razones de orden metodológico, el cuestionamiento introducido por la recurrente referido a la existencia de fraude mediante la exageración del pasivo a efectos de la obtención de las mayorías legales, evidenciada, principalmente, por la declaración de admisibilidad del crédito insinuado por Servinfra SA en razón de no existir elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la existencia del crédito.

4.1. Esta causal tipifica el caso más frecuente en que se detecta el concilium fraudis consumado por el deudor con la complicidad de terceros, con el claro propósito, mediante la- conformación de un pasivo parcial o totalmente irreal, de obtener los votos necesarios para la aprobación del acuerdo con mayoría legal suficiente, resultado que de otra manera y a través de los acreedores verdaderos y auténticos no hubiese alcanzado la parte deudora (Baracat Edgar J, "Derecho Procesal Concursal", p. 234).

4.2. Al respecto ha de señalarse que la admisibilidad de esta acreencia aún no se encuentra firme, toda vez que se halla en trámite el incidente de revisión promovido por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria Limitada respecto del reconocimiento de la obligación insinuada por dicho acreedor.

No obstante ello, y aun en el caso de que la revisión llegara a prosperar y el crédito fuera rechazado, no se advierte de todos modos, que la previsión del art. 36 LCQ, en cuanto dispone que la resolución general de los créditos es definitiva a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, genere el perjuicio invocado. En efecto, no es dable soslayar que este crédito carece en rigor de entidad suficiente como para comprometer los presupuestos esenciales de legitimación del acuerdo, ya que, por sus características no resulta susceptible de afectar la composición sustancial de las mayorías exigidas por el ordenamiento legal, desde que ha señalado el a quo que representaría menos del 6% del pasivo computable (alcanza la suma de $ 42.715,10 sobre un pasivo computable de $ 731.758,10. -v. fs. 424, 432, 529 y 544-).

En este sentido, si bien no se ignora la gravedad que trasuntaría el eventual concilium fraudis que se adjudica al deudor con la complicidad de eventuales acreedores, lo cierto es que no resulta lógico rechazar el acuerdo si la voluntad de estos eventuales "acreedores ficticios" no fue la que determinó en definitiva el resultado obtenido (véase arg. Cámara Héctor, "El Concurso Preventivo y la Quiebra", T° II, p. 1.068).

Tampoco resultan idóneos para tener por configurada esta causal los créditos indicados por la Sra. Fiscal General en fs. 599, toda vez que, ya sea porque fueron declarados inadmisibles en la instancia del art. 36 LCQ o por la poca entidad cuantitativa que revisten ($ 2.800, $ 3.700, $ 3.200, $ 1.050, $ 15.000 y $ 1.500), carecen de entidad suficiente como para incidir en la conformación de las mayorías legales.

Es cierto que medió por parte del deudor una tergiversación de la información brindada sobre el pasivo en oportunidad de la presentación concursal, y que omitió denunciar ciertos acreedores que luego se presentaron a verificar con título suficiente y auténtico, mientras que denunció otros tantos con títulos muy similares que fueron desestimados. No obstante ello, dicho "déficit" de información no revestiría suficiente gravedad según lo evidenciado en el expediente principal como para comprometer la base de sustentación y la legitimidad del acuerdo alcanzado.

En suma, considerando que tanto la obligación insinuada por Servinfra SA y reconocida en la resolución del art. 36 LCQ como los créditos referidos por la Sra. Representante del Ministerio Público, no han tenido aptitud para afectar la concreta voluntad de los acreedores, no cabe sino rechazar el agravio intentado sobre el particular.

5.) Alcanzada esta conclusión, ha de analizarse el mérito de la propuesta presentada por Claudio Angel Barros.

5.1. Conforme ya fuera referido, la propuesta de acuerdo formulada por el concursado para los acreedores quirografarios involucra una quita del 70%, resultando el 30% restante pagadero en diez cuotas anuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas a los dos años de la fecha de la homologación del acuerdo, y las restantes en idéntica fecha de los años inmediatamente sucesivos. Asimismo, se ofreció, a partir de la segunda cuota, el pago de intereses calculados sólo sobre el importe de cada una de ellas a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para los depósitos en caja de ahorro común, dejándose expresamente aclarado que no se ofrecía el pago de intereses sobre saldos, sino sobre cada cuota y por el plazo de un año previo a cada uno de sus vencimientos.

5.2. La propuesta se aparta, pues, de la exigencia contemplada en la anterior legislación concursal, que aseguraba la satisfacción de un mínimo del 40% del crédito verificado o declarado admisible, como era la solución de las leyes 19.550 y 24.522, porcentaje resguardado en su integridad por el plenario de esta Cámara Comercial recaído in re "DeTommaso Jorge V. s/ Concurso Preventivo s/ imp. art. 29, Ley 19.551 pedida por Ghiringhelli de Margaroli Josefina" de fecha 2.11.89.

En este marco, cabe considerar si una propuesta en esas condiciones resulta homologable o vulnera principios de orden público, visto que, si bien el límite del 40% para propuestas con quita ha sido eliminado por el art. 2 de la ley 25.563, supresión mantenida por el art. 1 de la ley 25.589, el juez debe valorar -de conformidad con lo normado por el art. 52 inc. 4 de la ley concursal- si la propuesta presentada es una propuesta abusiva o en fraude a la ley.

Ha de señalarse que la solución que no resguarda un mínimo en el pago del capital verificado no es nueva en nuestro sistema. En efecto, la ley 4156 nada preveía sobre el particular, y el art. 35 segunda parte de la ley 11.719 también admitía que la quita alcanzase cualquier monto, sin embargo, disponía en cambio una mayoría especial cuando el porcentaje propuesto fuera menor del 30%. Se mantuvo así, aún bajo la llamada "ley Castillo", la legalidad de los concordatos del 10%, corrientes durante la vigencia de la ley 4.156, salvo en las pequeñas quiebras (véase Cámara, Héctor "El Concurso Preventivo" p. 828 y sgtes.). Establecía dicho art. 35, en su parte pertinente, que: "... cuando el porcentaje propuesto fuera menor del 30% o el plazo mayor de dos años, se requerirían los tres cuartos de votos de los acreedores presentes en la junta que representen las cuatro quintas partes del capital computable...".

Recuerda Cámara también, que Yadarola levantó su voz contra los concordatos irrisorios con fundamento en que el deudor que no puede pagar por lo menos un 40% de su pasivo, está demostrando que ha dilatado su recurso ante el Tribunal, en exclusivo perjuicio a sus acreedores. Sostenía que si ha perdido su propio capital, y todavía más del 60% del de sus acreedores, ese deudor ya no puede merecer el amparo de la ley para continuar al frente de su patrimonio; es un elemento perjudicial al comercio, ha revelado su incapacidad para llevar adelante sus negocios, luego, debe ser eliminado de su género de actividad, evitando así que continúe comprometiendo capitales ajenos, en nuevas operaciones de crédito. En su postura, dicho doctrinario sostenía que: debe fijarse un porcentaje mínimo para el concordato preventivo, garantías reales o personales de cumplimiento, plazo máximo para el pago y un contralor eficaz de la gestión del deudor hasta que cumpla todas las obligaciones emergentes.

Este Tribunal comparte como criterio de carácter general el de que la ley debería resguardar la satisfacción de un porcentaje mínimo del crédito en los acuerdos en los que se ofrece el pago con quita.

En mérito a ello, podría llegar a analizarse si -ante la ausencia de una regla de ese tipo (como acontece en la actualidad)- los Jueces se encuentran facultados para examinar "de oficio" esta cuestión si es que no media un planteo de parte, en la medida en que se encuentran en juego derechos patrimoniales, que resultan disponibles por el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes (arg. art. 1197 CCiv) y de los acreedores, quienes podrían renunciar a perseguir la totalidad de su crédito si lo quisiesen, y si cabría, sin más invalidar el acuerdo con un planteo de oficio si los acreedores han prestado sus conformidades sin voz disidente alguna. No se soslaya, sin embargo, que un análisis de este tipo y su dilucidación se muestra inconducente en el sub examine pues excede el thema decidendum en tanto, en el sub lite, ha mediado una formal oposición a la homologación de la propuesta del deudor, por parte de la apelante, en la inteligencia de que sería "abusiva".

5.3. Dicho planteo, pues, conduce inexorablemente a que esta Sala deba realizar el control de mérito del contenido intrínseco y/o de las condiciones económicas de la propuesta.

En la especie, a una quita nominal superior -70%- se le agrega una espera de dos (2) años y un plazo de cumplimiento de diez (10) años, sin el consecuente pago de intereses compensatorios adecuados, habida cuenta que el concursado ofreció abonar intereses a partir de la segunda cuota y sólo sobre el importe de cada una de ellas, equivalentes a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para los depósitos en caja de ahorro común, se estima que excede los límites aceptables.

En efecto, es claro que la espera simple sin intereses -o, en su caso, con tasas mínimas- equivale a una quita, ya que, como lo enseña la ciencia económica, aun en ausencia de inflación, el crédito a futuro vale menos que su importe nominal. Puede por tanto afirmarse que el agregado de una espera a un crédito actualmente exigible le quita valor, literalmente lo devalúa, salvo -claro está- que se incluyan intereses compensatorios adecuados (esta Sala A, 03.05.04, "Arcángel Maggio s. inc. de impugnación al acuerdo preventivo").

En el contexto señalado, la propuesta formulada, que contempla una reducción nominal por encima del porcentual máximo del 60% apuntado en el considerando 5.2.) sin prever, tampoco, la incidencia provocada por el diferimiento en el pago para una adecuada preservación del porcentaje a valores constantes, importa la desnaturalización del derecho de los acreedores sin el concurso de la voluntad de aquellos que no han prestado su consentimiento expreso y conlleva la aniquilación del principio de la conservación del crédito, extremos que la tornan una exacción ilegítima que no puede ser impuesta ni aún por decisión de una mayoría legal, si no media consentimiento, resultando improcedente su aprobación.

En estas condiciones, este Tribunal estima que la propuesta obrante en fs. 336 no cumplimenta las exigencias mínimas de integridad patrimonial, en tanto se muestra incongruente con los principios del orden público, las finalidades de los concursos y el interés general ya señalados y ha de recepcionarse el agravio esbozado en lo que toca al carácter abusivo de la propuesta.

6.) Ahora bien, ha de considerarse que el texto legal ha obviado la obligación de observar un límite razonable mínimo que aquí se estima necesario respetar y que el rechazo del acuerdo propuesto se basa en circunstancias que bien podrían darse por superadas si el concursado reformulara su propuesta de acuerdo con los principios aquí expresados. Estímase, adecuado a los fines del concurso, también orientado a la conservación de la empresa, otorgar al deudor un plazo de treinta (30) días, calculados a partir de la notificación de este pronunciamiento, a fin de que readecue la propuesta oportunamente formulada y acompañe las conformidades respectivas (arg. esta CNCom., Sala C, 04.09.01, "Línea Vanguard SA s. Concurso Preventivo", fundamentos del Dr. José Luis Monti).

Considérase que esta solución se muestra como la más aconsejable a fin de procurar conciliar los diversos intereses en pugna, cuales son, el interés de la concursada en honrar sus deudas de la manera menos gravosa posible (de modo tal que le permita proseguir con el desarrollo comercial de su especialidad) y el de los acreedores de obtener la mayor satisfacción de su crédito de acuerdo al régimen jurídico de referencia, como así también los intereses generales ínsitos en la solución preventiva; tales como la conservación de la empresa, el mantenimiento de la fuente de trabajo, etcétera.

7.) Ello sentado, y a efectos de otorgar certeza al modo en que deberán computarse las mayorías con relación a readecuación de la propuesta que eventualmente presente el concursado, corresponde analizar el agravio expresado en torno al error que habría mediado en el cómputo de las mayorías con base en la moneda en que fue reconocida la obligación insinuada por los acreedores Ferrari y Eirej, así como el planteo de inconstitucionalidad incoado respecto del art. 19 LCQ.

7.1. En fs. 308/313, la recurrente solicitó que se dispusiera que las mayorías fueran computadas utilizando la paridad cambiaria que regía al tiempo en que se generó la casi totalidad del pasivo. Explicó que dicha medida se mostraba como la única solución susceptible de impedir que se configure la irregular situación constituida por la licuación de la generalidad de los créditos insinuados frente a la acreencia de los Sres. Ferrari y Eirej ya que, en tanto fue reconocida en dólares estadounidenses, triplicó su importe en pesos, consiguiendo, por ende, un papel decisivo en las mayorías que de otro modo no hubiera obtenido. A tal efecto, planteó la inconstitucionalidad del art. 19 LCQ, con fundamento en que la directriz de dicha norma desvirtuaría el desarrollo y el objeto del presente proceso concursal, ya que la alteración de la composición de las mayorías como consecuencia de la aplicación parcial de la normativa de emergencia, importaría una seria alteración del normal desenvolvimiento que debe verificarse en todo concurso y, a la vez, la afectación de los principios de igualdad, concurrencia y colectividad, toda vez que hay un crédito al que se reputó inaplicable la normativa de emergencia.

7.2. Si bien el Magistrado de Grado no indicó expresamente en la resolución de fs. 533/547 que abordaría esta cuestión, fue claro al señalar que las decisiones adoptadas en la resolución general de los créditos resultaban definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de las mayorías y base del acuerdo de conformidad con lo dispuesto por el art. 36, párrafo tercero LCQ y que las observaciones que se pretendía efectuar al impugnar el acuerdo con fundamento en esta materia eran propias de la vía regida por el art. 37 LCQ.

No obstante ello, asiste razón al recurrente en punto a que se omitió dictar pronunciamiento de mérito respecto de la inconstitucionalidad, planteo que, de acuerdo al modo en que fue propuesta por la parte, en definitiva constituía el presupuesto necesario para que, eventualmente, las mayorías fueran computadas utilizando la paridad cambiaria que regía al tiempo en que se generó la casi totalidad del pasivo, es decir a la razón de $ 1 = U$S 1 (v. fs. 308).

Ello sentado, y de acuerdo a lo establecido por el art. 278 CPCC, corresponde, entonces, que este Tribunal se expida sobre el particular.

7.3. En relación a la competencia de esta Sala para juzgar la constitucionalidad de la norma impugnada, no está demás recordar que, como necesaria derivación del principio de supremacía consagrado por la Constitución Nacional, todos los jueces de la Nación, cualquiera sea su fuero o jerarquía y, con motivo de los casos concretos sometidos a su decisión, están habilitados para declarar la invalidez de las leyes y de los actos administrativos que contraríen el texto constitucional, pues en la medida en que aquéllos son órganos de aplicación del derecho vigente y en que éste se halla estructurado como un orden jerárquico subordinado a la Constitución, el adecuado ejercicio de la función judicial lleva ínsita la potestad de rehusar la aplicación de las normas que se encuentren afectadas por aquel vicio (conf. Palacio L., "Derecho Procesal Civil", t° II., p. 227).

La correcta proposición de cuestiones federales implica que se desarrolle sobre el punto una auténtica controversia en el caso concreto. Esta tesis encuentra razón última en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional, que imponen la necesidad de que la tutela judicial esté condicionada a la existencia de una efectiva colisión de normas, pues no compete a los Tribunales hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos 2:253; 12:372; 24:248; 94:444; entre otros).

La Corte (Fallos 301:991 ya citado y ots.) si bien en referencia a normas de la anterior Carta Magna, pero de similar contenido que las referidas de la actual Constitución, manifestó qué casos o causas en los términos de dichas cláusulas constitucionales son los que contempla el art. 2 de la ley 27, con la exigencia de que los Tribunales solo ejerzan jurisdicción en los casos contenciosos.

Mas ello no es todo. Los casos o controversias deben ser "planteados de tal manera que el poder judicial sea apto para actuar sobre ellos" (conf. "Liberty Warehouse c: v. Grannis" US 70, 74, cit. en "Jurisdictio of de Supreme Court of de United States", Robertson & Kirkham, parágr. 241, nota 19).

En el mismo sentido, se ha dicho que "ese poder sólo puede ser puesto en ejercicio cuando la causa se le someta a la Corte por una parte que basa sus derechos en la forma prescripta por la ley. Esto constituye "un caso..." (obra citada, parágr. 241 pág. 412). A la luz de la doctrina supra señalada, se advierte que aquí se ha formulado una auténtica "controversia" en relación a la invalidez de la norma con relación a una concreta resolución recaída en su caso.

Por estos fundamentos este Tribunal resulta competente para entender en el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la apelante.

7.4. En el presente caso, frente a la norma cuestionada, esto es, el art. 19 LCQ cabe señalar que en su parte pertinente, establece que "...Las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el art. 35, al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías". Esta conversión, pues, no tiene otro alcance que fijar una base de apreciación común que facilite los cómputos correspondientes estableciendo la paridad entre los acreedores verificados y admitidos en diferentes monedas, a una fecha determinada.

En la especie, la apertura del concurso data del 16.07.03 (fs. 157) y el informe referido por la norma legal fue presentado por la sindicatura en el mes de noviembre del año 2003 (v. fs. 264), esto es, con posterioridad a la derogación del régimen de convertibilidad y la entrada en vigencia de la normativa de emergencia, por lo que ya no regía la paridad cambiaria $ 1 = U$S 1 cuya aplicación pretende la quejosa. De otro lado, el crédito insinuado por los Sres. Ferrari y Eirej fue declarado admisible por el Juez a quo en dólares estadounidenses (v. fs. 270/271). Conforme a ello, resultó adecuado tomar el parámetro de cambio vigente al momento de la presentación de informe individual a efectos de realizar la conversión de la obligación a la moneda de curso legal, esto es, U$S1 = $ 2,85 (v. fs. 302) a los fines del cómputo del pasivo y las conformidades en el tiempo propio.

En este marco fáctico, no advierte esta Sala que la disposición impugnada se muestre susceptible de afectar los principios de igualdad, concurrencia y colectividad que rigen el proceso concursal, pues dichos principios no impiden que se establezcan distinciones valederas entre supuestos que se estimen diferentes ya que circunstancias disímiles -como la del sub lite- requieren necesariamente un trato también diverso, so riesgo de incurrir en un "igualitarismo" absoluto que no es de modo alguno el fin perseguido por nuestra Constitución (véase argumento CSJN, in re "Neville, Jorge Andrés c. Banco Popular Argentino S.A.", T° 308, p. 1.361; íd., in re "Carranza Torres, José María c. Provincia del Chaco", T° 308, p. 1.837; íd., 01.01.50, in re "Pactolo SRL c. Piedrarena S.A.", T° 216, p. 41; íd., 01.01.52, in re "Arranz, Pedro Andrés c. Hearts Corporation"; íd., 14.09.00, in re "Perez Companc c. GDA", T° 323, F° 2395; íd. 24.10.00, in re "Magan de Arias, Josefa c. ANSES s. Jubilación"; íd., 27.09.01, in re "Mainhard, Edgar Walter s. Recurso de Casación", T° 324, F° 3269; íd. 03.12.02, in re "Gregorchuk, Ricardo s. Recurso de Casación"). En el caso, la circunstancia de que alguna o varias acreencias hayan sido declaradas admisibles en moneda extranjera constituye justamente un aspecto distintivo de habilitar legalmente un tratamiento diferenciado. En efecto, tratándose de un acreedor cuyo crédito fue reconocido en dólares no puede ser equiparado a otros acreedores cuyos créditos fueron admitidos en pesos, ya que, como se dijo, la afectación del principio constitucional de igualdad presupone igualdad de circunstancias, que no se dan entre acreencias reconocidas en diferente moneda.

Por lo demás, señálase que es doctrina corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sostiene que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190; 301:962; 306:136, entre otros). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido (cfr. dictamen de CNCom. 17.138, "Siemens SA c/ Todo Transmisión SA s/ sumario", entre otros), no bastando la invocación genérica de derechos afectados, como acontece en la especie.

Lo expresado por la recurrente no constituye una correcta tacha de invalidez de la norma, ya que, si bien esboza la afectación de garantías vinculadas al principio de igualdad, no se hace cargo de los argumentos de derecho que han llevado a este tribunal a sostener la solución de la norma que cuestiona.

Así, no se advierte, en la especie, debidamente demostrado al menos, planteo de entidad que justifique declaración del Tribunal en el sentido solicitado por la apelante.

Por ello, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad pretendido por éste.

7.5. Esta solución, en modo alguno implica desconocer que se promovió un incidente de revisión incoado respecto del crédito de Ferrari y Eirej, entre cuyos aspectos se encuentra involucrada la materia relativa a la moneda de pago de la obligación, cuestión que fue rechazada por el a quo y que, a la fecha, se encuentra con un recurso de apelación pendiente. Por otra parte, de las actuaciones "Barros Claudio Angel s. inc. de revisión promovido por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria", que se tienen a la vista, resulta que fue declarada la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad al caso del art. 11 -primer párrafo- de la ley 25.561 y se admitió el crédito oportunamente insinuado por la aquí recurrente en dólares estadounidenses, decisión que se encuentra firme.

No obstante ello, tampoco se soslaya lo afirmado por la Señora Fiscal General en su dictamen en punto a que el crédito de Ferrari y Eirej debió ser computado en pesos de acuerdo a lo dispuesto por la ley 25.820 ya que por tratarse de una norma de orden público sus disposiciones resultan aplicables de oficio, o de lo contrario debió ser contabilizado en una categoría separada.

Sin embargo, el art. 36 LCQ es claro en cuanto a que las decisiones adoptadas en la resolución general de los créditos son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo. La télesis de esta norma reside en el derecho que asiste al deudor a ver cristalizado el pasivo a la fecha de la propuesta de categorización, pues el sometimiento de la negociación de la propuesta a los avatares de los diversos incidentes de revisión que pudieran encontrarse en trámite podría conllevar la alteración del desenvolvimiento normal del trámite del concurso, con la incertidumbre que provocaría, además, el desconocimiento de antemano de cuál es el pasivo computable. En base ello, no se advierten razones, con el status quo actual, para apartarse de las previsiones de esta norma, máxime que la recurrente no ha efectuado planteo concreto alguno en cuanto a su legitimidad.

Además, tampoco resulta ser éste el contexto pertinente para dilucidar si resulta aplicable -o no- al crédito declarado admisible en dólares estadounidenses las previsiones de la ley 25.820, pues dicha materia debe ser canalizada a través de la forma y vía pertinentes (LCQ:37).

Por último, ha de señalarse que tampoco procede en la especie la categorización separada del crédito reconocido en moneda extranjera, tal como lo ha propiciado la Sra. Fiscal General en su dictamen, toda vez que sobre la materia ha recaído decisión pasada en autoridad de "cosa juzgada" y, esto es dirimente, la diferencia de moneda no incide en el rango de la acreencia. Véase que en fs. 327/332 Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria planteó reposición con apelación en subsidio respecto de la resolución que fijó las categorías propuestas por el deudor precisamente por el desequilibrio que provocaría la inclusión del crédito de Ferrari y Eirej en la misma categoría con las acreencias en pesos, petición que fue desestimada por el Tribunal de Grado de fs. 345/351. Apelada la decisión, esta Sala -si bien con una composición diversa a la actual-, declaró mal concedido el recurso por considerar que el pronunciamiento recurrido se encontraba sujeto al principio de inapelabilidad instituido por el art. 273, inc. 3° LCQ (fs. 357).

Así las cosas, y sin perjuicio de la decisión que eventualmente se adopte en los autos "Barros Claudio Angel s. inc. de revisión promovido por Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Fiduciaria respecto del crédito de Ferrari y Eirej" sobre la moneda de pago de la obligación involucrada en dicho proceso, lo cierto es que -hoy por hoy- no corresponde apartarse de lo decidido en la anterior instancia sobre el particular.

8.) Por todo ello, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

a.) Admitir con el alcance señalado el recurso incoado en fs. 558 y, por ende, modificar la resolución dictada en fs. 533/547 en el sentido expuesto en los considerandos 5.) y 6.).

b.) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, dado el modo en que se resuelve (art. 68 y 279 CPCC).

c.) Conforme lo resuelto precedentemente y lo normado por el art. 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 546/547. En consecuencia, se declaran abstractos los recursos interpuestos por los beneficiarios en fs. 551, 553 y 555.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones pertinentes. — Alfredo Arturo Kölliker Frers. — Isabel Míguez. — María Elsa Uzal.


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