La fuerza de la inquision y la debilidad de la republica



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ADMINISTRACION DE JUSTICIA, PRACTICA DE LA ABOGACIA, ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

Pero la visión histórica o la visión sincrónica de campo, quedaría incompleta si le damos al sistema judicial una autonomía impropia frente a otros campos profesionales, igualmente vinculados a los oficios del jurista. Al contrario, la perspectiva correcta nos debe mostrar que el funcionamiento de las instituciones judiciales, la práctica de la abogacía y la configuración del mercado de servicios legales y las escuelas de leyes, son tres dimensiones de un mismo problema. Estas tres dimensiones se alimentan mutuamente y tornan más difícil aún todo intento de cambio.


La práctica de la abogacía, por ejemplo, es más que un reflejo de los sistemas judiciales: son parte inescindible de muchos de sus vicios. Se podrá señalar que no le corresponde al abogado particular sacrificar los intereses de su cliente en aras de la reforma de sistema y ello es correcto. Pero de allí no se puede inferir que en consecuencia no se deben tomar medidas correctivas de ese modo de ejercicio profesional y menos aún tratar de modificar la dinámica del mercado de servicios legales. Este tema ha sido poco considerado. Quizás porque los sectores profesionales del derecho se dividen en tres grandes grupos: uno, aquellos vinculados a grandes estudios y a grades clientes, para quienes el peor negocio es litigar y de hecho utilizan muy poco el sistema judicial; otro, la gran mayoría de profesionales que se hallan integrados al funcionamiento actual de la justicia penal, ganan su dinero conforme a ello y han adaptado sus prácticas profesionales y la organización de sus oficinas a como son ahora, en el realidad, los sistemas de administración de justicia; en tercer lugar, se encuentran quienes tienen grandes dificultades para ingresas al mercado legal y trata de hallar medios lo suficientemente rápidos para adaptarse al funcionamiento real de los sistemas y no para litigar en ellos de un modo diferente. De un modo u otro, esas tres dimensiones generar una actitud de desapego o resistencia a los cambios en el sistema judicial

En cuanto a la enseñanza universitaria, debemos sumarle a la causas generales de las crisis universitarias en América Latina (masividad, falta de planteles profesionales “full time”; poco debate de ideas, falta de financiamiento propio, etc), aquéllas que son propias de las escuelas de derecho, tanto públicas como privadas (con las excepciones que siempre existirán, sin duda). La tosquedad en la enseñanza del Derecho es el reflejo del tipo de necesidades que generan los sistemas judiciales. A su ves, este tipo de enseñanza, que requiere muy poco inversión por parte de las universidades, que muchas veces ni siquiera pagan a sus planteles docentes, son utilizadas por muchas universidades privadas para expandirse o financiar otras carreras “menos rentables”. Sumado a todo ello, el enciclopedismo, la falta de crítica, la inestabilidad, etc. no es difícil suponer que las escuelas de leyes cumplen un papel de permanente reproducción de la tradición inquisitorial. Tampoco se ha avanzado mucho en América latina en este campo. Ya sea por que no hay planteles de profesores dispuestos a realizar un cambio de gran magnitud o sea porque no se tienen conciencia del problema y sus efectos sociales, lo cierto es que las escuelas de leyes no son un agente de cambio sino todo lo contrario. Como movilizar a la Universidad a que cambie su posición respecto del sistema judicial ha sido un problema difícil de responder y con muchas aristas. Es una tarea pendiente.

Como también está pendiente la elaboración de una estrategia de cambio omnicomprensiva, que trabaje en estas tres dimensiones al mismo tiempo. Ello no quiere decir que no se pueda trabajar sobre cambios muy pequeños y concretos, pero siempre que quede claro que el objetivo final es integrar estas tres dimensiones en una sola idea de cambio judicial relevante. Tal integralidad del proceso de reforma todavía no se ha encarado con fuerza en nuestra región.


  1. REFORMAS Y CONTRAREFORMAS.

Por otra parte, la misma perspectiva de este trabajo nos tiene que llevar a incorporar desde el inicio la idea de reformas y contrarreformas, un movimiento de ajuste del sistema y de avances y retrocesos que es ineludible. En primer lugar porque es impensable dejar atrás siglos de una manera determinada de administrar justicia y lograr que en unos pocos años de un modo radical y mágico los operadores judiciales cambien sus forma de trabajo y las funciones sociales y políticas que cumplía su anterior ineficacia sean ahora abandonadas o sus efectos contrarios absorbidos por los otros sectores sociales. Aunque suene extraño, no es creíble un proceso de reforma de la justicia penal que no provoque una contrarreforma en un plazo relativamente corto. Si ello no ocurre es porque, en realidad, no se ha logrado introducir ninguna práctica relevante contraria a la tradicional inquisitorial. Es decir su aparente y superficial éxito, sería la muestra más palpable de su radical fracaso. Por el contrario, la profundidad y características de las contrarreformas son una clara muestra de cuales son las prácticas que es necesario sostener. Dejando de lado lo que constituyen simples errores técnicos, el estudio de las contrarreformas es ineludible para detectar las prácticas con mayor potencialidad de cambio. Estos estudios todavía no se han desarrollado desde esta perspectiva en nuestra región.

Pero con lo expuesto anteriormente no estamos propiciando una resignación ante lo ineludible y menos aún tratando de elaborar argucias que conviertan el agua en vino. Se trata de destacar que toda reforma real afecta una dinámica de poder y es impensable que esa dinámica quede transformado de una vez por todas en un tiempo muy corto. De allí la necesidad de ampliar las etapas de la reforma y así como hemos aprendido a incorporar la etapa de implementación como una fase imprescindible del proceso de reforma, también debemos incorporar esta etapa de contrarreformas como una fase más del proceso mismo. Esto nos permitirá diseñar instrumentos de conocimiento y de intervención en este necesario ajuste del sistema reformado. Si el conjunto de prácticas contrarias a la tradición inquisitorial que quedan incorporadas al sistema de justicia penal luego de la contrarreforma son suficientes como para que el propio sistema (es decir, mediante la interacción ordinaria de sus actores) evolucione hacia un modelo contrario al sistema inquisitorial, entonces el proceso de reforma habrá finalizado y habrá sido exitoso. No creo que se le pueda pedir más al proyecto de transformar estructuras judiciales alimentadas cultural y políticamente durante más de cinco siglos.


  1. REFORMA JUDICIAL Y POLITICA JUDICIAL.

Lo dicho no significa que allí acabe la tarea. Pero en algún punto finalizar eso que llamamos “reforma judicial” o “reforma de la justicia penal”. Ellas indican un modo de intervención específico, orientado a los resultados señalados (que son bien distintos del “buen funcionamiento del sistema adversarial” que es un objetivo ya de más largo plazo que excede los tiempos de la reforma en sí misma) con instrumentos también muy específicos y de una intensidad propia.

Dejar instalada capacidad de evolución dentro de los nuevos sistemas de justicia penal es sin duda una de las “prácticas relevantes” a tener en cuenta a la hora de evaluar el éxito de los propósitos del plan de reforma. Esta capacidad de evolución no sólo se mide por las características de las instituciones incorporadas (por ejemplo el proceso escrito no puede evolucionar hacia un juicio oral, pero un juicio oral deficiente por falta de contradicción o por formalización, sí puede evolucionar hacia una práctica correcta de enjuiciamiento; un fiscal que investiga mal puede evolucionar, pero si no tiene siquiera formalmente las facultades de investigar y dirigir las investigaciones, ¿cómo se convertirá en fiscal?.; un juez de instrucción no puede ser jamás un juez imparcial, por más que se trate de la persona más preparada y honesta, etc.) sino también por la información que produce el sistema y por el nivel de crítica y debate que ha quedado instalado en los operadores y en otros actores externos. Allí comienza el momento de la política judicial como actividad permanente de perfeccionamiento de los sistemas judiciales que están fundados sobre cimientos republicanos claros y precisos, aunque esos cimientos todavía deban sufrir los fuertes embates de la tradición inquisitorial Esta política judicial, como toda política pública tendrá épocas y orientaciones, avances y retrocesos o períodos de estancamiento y seguirá la suerte que tenga la democracia en ese país, así como la democracia y la república ya no serán la mismas, según una u otra orientación de la política judicial


  1. CONCLUSION.

Tanto la visión diacrónica como sincrónica nos deben llevar a comprender que no podemos analizar la reforma de la justicia penal como el paso de un estado x a otro y o z. Al contrario se trata de orientar procesos. La tradición inquisitorial es como un río que indefectiblemente viene y en el cual debemos sumergirnos. Podemos realizar muchas acciones con ese río y tener la pretensión de acabar con él: lo que no podemos hacer es desconocer que el río viene y tiene fuerza. En gran medida muchos de los fracasos legislativos o institucionales, así como muchas de las frustraciones de quienes han hecho grandes esfuerzos por construir una institucionalidad republicana proviene de la falta de esta perspectiva.

Tampoco ello significa conformismo o resignación: al contrario quien quiera modificar profundamente la realidad (los procesos sociales e institucionales reales) debe aprender a comprenderlos y a respetarlos en su densidad histórica, lo que no significa aceptar esa realidad ni sostener “cambios progresivos”, que muchas veces son sólo el disfraz pusilánime de muchos conservadurismos. La “progresividad” del cambio será una imposición de la realidad que surgirá del entrecruzamiento de fuerzas, de la tenacidad por el cambio radical, de la lucidez estratégica y de otros innumerables factores que no siempre se pueden dominar. Entiéndase bien: en el sentido señalado en este texto, la reforma de la justicia penal no puede ser “progresiva”, porque su finalidad es poner a los sistemas de justicia penales en capacidad de evolución y perfeccionamiento. Pero la creación de un sistema de justicia penal verdaderamente republicano siempre será progresivo porque él solo puede existir plenamente si desplaza a la tradición inquisitorial. Por eso, función de una política judicial republicana y democrática en América Latina es acabar con la tradición inquisitorial.

Mientras tanto, a la reforma de la justicia penal en América Latina y al movimiento de ideas y acciones que la sustenta y que hoy convoca a muchos y variados esfuerzos le compete dar la primera pelea: la toma de conciencia de que sin un enjuiciamiento oral y público no hay sistema de justicia penal que merezca ese nombre, no hay jueces que estén actuando como tales y está afectada en su raíz tanto la tutela judicial de los ofendidos como la elemental protección del ciudadano que constituye el sistema de garantías. Fortalecer ambas es la aspiración más elemental del Estado de Derecho, de cara a la experiencia histórica del abuso de poder, la sociedad violenta, la impunidad estructural o la crueldad cotidiana del encierro en nuestras cárceles.




 Vicepresidente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales) –Argentina-. Críticas o preguntas enviarlas a ambinder@fibertel.com.ar


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