La Fe Pública Registral y la Falsificación De Documentos



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La Fe Pública Registral Y La Falsificación De Documentos

(Apuntes Sobre La Legitimación Aparente Y El Poder De Disposición)
INTRODUCCIÓN 1. PROPIEDAD 1.1 LA PROPIEDAD APARENTE 2. LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD. 2.1 TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES. 2.2. CONFIGURACIÓN. 2.3 PODER DE DISPOSICIÓN. 3. LA ADQUISICIÓN A NON DOMINO. 3.1 LA APARIENCIA JURÍDICA (Rechtsschein). 3.1.1 DERECHO COMPARADO 3.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA APARIENCIA 3.2 SUPUESTO DE ADQUISICIÓN. 3.2.1 “ADQUISICIÓN” SIMULADA DEL TITULAR APARENTE 3.2.2 ADQUISICIÓN A NON DOMINO DE BIENES MUEBLES 4. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL. 4.1 APROXIMACIÓN 4.2 DERECHO COMPARADO 4.2.1 SISTEMA ALEMÁN 4.2.2 SISTEMA ESPAÑOL 4.3 APUNTES INICIALES 4.4 REQUISITOS 4.4.1 EL TERCERO 4.4.2 BUENA FE 4.4.2.1 DESCONOCIMIENTO DE LA INEXACTITUD REGISTRAL 4.4.2.2 EL ASIENTO REGISTRAL 4.4.2.3 EL ROL DEL TÍTULO ARCHIVADO 4.4.2.4 ALGUNOS ALCANCES ADICIONALES FRENTE A LAS CRÍTICAS REALIZADAS A LA PREFERENCIA DEL ASIENTO REGISTRAL 4.4.3 ADQUISICIÓN DEL TITULAR REGISTRAL 5. LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y LA FE PÚBLICA REGISTRAL 5.1 CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL CIVIL 5.2 EL PODER DE DISPOSICIÓN EN LA FE PÚBLICA REGISTRAL. CONCLUSIONES.

Introducción

Denuncias contra supuestos actos de falsificación de documentos,1 en las que incluso puedan estar vinculados funcionarios,2 y luego transferencia sucesivas de titularidades del derecho de propiedad o de gravamen sobre los inmuebles acogiéndose aparentemente a la “fe pública registral” son algunos de los casos deleznables que han puesto en cuestionamiento a un principio que se evoca de forma continua pero del que muy poco se conoce a profundidad.

No obstante las medidas de seguridad que se han creado en sede notarial: utilización de la huella biométrica, las grabaciones en video de la suscripción del acto de transferencia, la presentación cautiva de los documentos, entre otros; y en sede registral: el bloqueo por presunta falsificación de documentos, el sistema de Alerta Registral, entre otros; los falsificadores se han dado maña, para en ciertos casos, superar estas barreras y utilizar aquella figura para consolidar “adquisiciones” fraudulentas.

Y es que aparentemente, quienes tienen un conocimiento legal práctico de esta figura son los que aplican al límite dicha institución, generando cierta animadversión por propietarios afectados –y de la sociedad en su conjunto- contra un principio que forma parte de todo un sistema, el cual debilita y deslegitima de por sí todo el engranaje registral.

No obstante ello, debemos decir que dicho principio si bien conocido por ser uno de los puntos de apoyo de nuestro sistema registral, requiere para su entendimiento el conocimiento de su fuero de origen, en términos de los derechos reales: los sistemas de transmisión de titularidades propias, y las denominadas adquisiciones a non domino en las cuales debe encontrarse la denominada legitimación aparente y el poder – o atribución para algunos- de disposición; así como del fuero del negocio jurídico con las denominadas patologías negociales -ya sean estructurales o funcionales.

El presente trabajo busca entender los alcances de la denominada fe pública registral a partir de estas instituciones y verificar si en caso de falsificación de documentos se aplica – y de que forma- este principio.



1. LA PROPIEDAD

Una aproximación inicial al instituto de la propiedad es atribuida al profesor alemán Dieter Murswiek3 el cual distinguía entre lo propio y ajeno. Esta aproximación intuitiva significa que cuando uno sale a la calle y ve diversos objetos, no los presumirá suyo, sino que asumirá que es propiedad de otro sujeto. En función de ello –en principio- no podrá usar, disfrutar o disponer de aquellos.


Ahora, dicha aproximación más que enfocarse en una posición funcionalista del derecho de propiedad a propósito de la oponibilidad4, es el punto de partida para mostrarnos qué es la propiedad e indicarnos la ruta para definir sus contornos.
Muestra de ello se brindó en el histórico caso “Campbell vs Holt”,5 en el que el concepto de la propiedad se extiendió a la pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que, por ende, son susceptibles de apreciación económica.
Lamentablemente en nuestro ordenamiento no se ha adoptado una definición, sino que ha descrito facultades y poderes en el Art. 923 de nuestro código sustantivo “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.”
No obstante ello, podemos esbozar como definición de propiedad aquel dominio que tiene el titular sobre el bien, respetando la ley y el derecho de los terceros.
Dicha definición sencilla debe tener cuidado en extenderse a “propietarizar” inclusive los derechos “de la misma forma que se dice que un hombre tiene un derecho sobre su propiedad, también puede decirse que tiene una propiedad sobre sus derechos6 Por tanto no existe propiedad sobre la concesión, ni sobre el arrendamiento, ni sobre cualquier otro derecho.7
De igual forma debe indicarse que el derecho de propiedad es afín a otros derechos como la pensión “(...) la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a recibir una pensión de jubilación, constituye un derecho adquirido, por cuanto la Constitución Peruana lo reconoce expresamente y, en la medida que este fue incorporado al patrimonio de los pensionistas, se encuentra amparado por el artículo 21° de la Convención, que reconoce el derecho de propiedad... El criterio de la Corte Interamericana es compartido, y asumido expresamente, por el Tribunal Constitucional peruano, que en varias ocasiones ha identificado el derecho a percibir pensión con el derecho de propiedad”.8
Al derecho a la herencia toda vez que este es un ámbito de apropiación privada y de trasmisión mortis causa, protegido por la garantía institucional del derecho de propiedad. Así pues, mediante el derecho a la herencia, la propiedad se perpetúa en manos privadas, constituyendo la propiedad y la herencia de manera igual elementos básicos de un orden patrimonial y social basado en la autonomía privada. En este sentido, la herencia puede estimarse incluso como una manifestación de la garantía de la propiedad que en el sentido del texto constitucional, incluye no solo la facultad de aprovechar, sino también la de transmitir de manera permanente. 9
De igual forma se ha indicado que la protección de la libre disposición del ahorro ya sea en moneda nacional o extranjera es una prolongación o manifestación del derecho de propiedad.10
El Tribunal Constitucional español, en la sentencia STC/37/1987, ha indicado que: “La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura como haz de facultades individuales, pero también y al mismo como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamado a cumplir (...)”.
Dicha concepción ha sido recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 0008-2003-AI se “reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo (derecho individual), sino también como una garantía institucional (reconocimiento de su función social). Se trata, en efecto, de un “instituto” constitucionalmente garantizado. De modo que no puede aceptarse la tesis que concibe a los derechos fundamentales como derechos exclusivamente subjetivos, pues ello parte de la errónea idea de que aquellos son sólo una nueva categorización de las libertades públicas, tal como en su momento fueron concebidas en la Francia revolucionaria.”11
Se añade en dicha sentencia que el ejercicio del derecho a la propiedad no es absoluto, e importa limitaciones legales que tienen por finalidad armonizar: - El derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parte de los demás individuos. - El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades individuales. - El derecho de propiedad individual con el orden público y el bien común.
Ahora bien, dicha limitación de la propiedad se encuentra establecida por la denominada “función social”: 78.  Cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites legales, no hace más que referirse a la función social que el propio derecho de propiedad contiene en su contenido esencial.” 12
Así pues, la función social – con sus raíces en la Carta de Querétero de 1917 así como en la Constitución de Weimar de 1919- sería consustancial al derecho de propiedad13 y se encuentra dentro de su contenido esencial.
A nuestra consideración las manifestaciones (limitaciones) de la función social del derecho de propiedad se verifican tanto externamente, como internamente (obligaciones) y las mismas no se encontrarían dentro del denominado contenido esencial del derecho de propiedad.14
En este sentido tenemos dudas si existiera violación a la llamada función social en su aspecto externo, se está violando el ¿derecho de propiedad? No, lo que se está justamente infringiendo son los límites de la propiedad, y en función de ello debería sancionarse, no por la vulneración del derecho, sino por abuso del mismo. De igual forma, en el supuesto de las manifestaciones internas (obligaciones) de la función social del derecho de propiedad, su incumplimiento generaría sanción dado que se han dejado realizar deberes que contiene la propiedad, lo que no es igual a los supuestos de la vulneración producto de una privación o cuando se le ha vaciado de contenido.
Ahora bien, el denominado contenido esencial (Wesengehalts) ha sido reconocido tanto en el Art. 19.2 de la Grundgesetz “Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. (2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.”15; así como en el Art. 53.1 de la constitución de España 1978 “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades (…).”
Posiciones sobre el denominado contenido esencial hay diversas, no obstante adoptamos aquella que indica es parte del contenido de un derecho sin el cual éste pierde su peculiaridad y no es reconocible como tal derecho.16

Nuestro Tribunal no ha definido claramente cuál es el contenido esencial de la propiedad, sin embargo sí nos ha brindado algunas aproximaciones toda vez que ha señalado que la posesión no forma parte del contenido esencial “2. (…) no obstante configurarse como uno de los elementos que integra la propiedad, no pertenece al núcleo duro o contenido esencial de la misma, careciendo por tanto de protección en sede constitucional, limitándose su reconocimiento y eventual tutela a los supuestos y mecanismos que la ley, a través de los procesos ordinarios, establece.(…) ” 17

Ahora, sobre la posesión debe tenerse en cuenta que en el caso de la comunidad de Mayagna Vs. Nicaragua la Corte Interamericana de derechos Humanos ha reconocido reconoce a partir del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas basta la posesión de tierra, para que en caso carezcan de título real, obtengan el reconocimiento de la propiedad.
Y es que en el caso de la propiedad, a diferencia de otros derechos, nos encontramos a diversos tipos de manifestaciones las cuales requieren de un estudio casuístico que nos permitan obtener rasgos comunes a todos “3. (…) Por otra parte y vista la existencia de una variada e ilimitada gama de bienes sobre los que puede configurarse la propiedad (urbanos, rurales, muebles inmuebles, materiales, inmateriales, públicos, privados, etc.), puede hablarse de diversos estatutos de la misma, los que, no obstante asumir matices particulares para cada caso, no significan que la propiedad deje de ser una sola y que, por tanto, no pueda predicarse respecto de la misma elementos de común configuración. Corresponderá, en todo caso, a la magistratura constitucional, la construcción de los perfiles correspondientes a un contenido esencial del derecho a la propiedad que, de cara a lo postulado por nuestro ordenamiento fundamental, pueda predicarse como común denominador de las diversas clases o manifestaciones de la misma. (…)”18
En el presente texto vamos a circunscribirnos en el derecho de propiedad que recae sobre bienes inmuebles.
1.1 LA PROPIEDAD APARENTE

Si bien la propiedad como derecho real es bien conocida por todos, existen autores que hacen distinciones con la denominada “propiedad aparente.”


En Francia los Mazeud distinguieron la propiedad condicional y propiedad aparente.19 Larroumet en cambio señaló que la propiedad tenía caracteres permanentes y caracteres contingentes.20

En Brasil Teixeira de Freitas señaló que existe la propiedad completa y verdadera. (Verdadera adquisición, y la non domino más usucapión). Propiedad completa y putativa. (La putativa en tránsito sin prescripción). 21 De otro lado, Orlando Gomez describe según los estados de la propiedad: Propiedad en dominio permanente y propiedad en dominio contingente. (sujeto a modalidad, apariencia)22

A partir de ello, se pretende identificar a la apariencia como derecho real,23 siendo que el “supuesto titular” posee un título,24 lo cual no compartimos, porque es una apariencia de derecho, no derecho en sí mismo, y el supuesto título no otorga ni titularidad ni es un supuesto de legitimación causal.

Por tanto, si existe un medio publicidad, en caso de inexactitudes registrales, no existen 2 propiedades: Una conforme al registro y otra conforme a la realidad jurídica; sino una sola, que proyecta mediante una publicidad inexacta, una apariencia de titularidad distinta.

La denominada propiedad aparente tiene una estructura distinta a la propiedad tal cual está regulada en el Art. 923 del Código Civil, dado que el sujeto, objeto y vínculo de atribución es distinto.

No obstante ello, el denominado propietario aparente, no es un mero titular de facto –véanse los titulares aparentes inscritos- sino que tienen juridicidad, tal cual lo explicaremos en las siguientes líneas.



2. LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD.

La transferencia de bienes inmuebles: ya sea por enajenación, permuta, donación, ejecución forzada, entre otras; son ejemplos de los diversos supuestos de la transferencia de titularidades las cuales pueden ser estudiadas tanto como un fenómeno jurídico, económico25, sociológico, político, entre otros.

Como fenómeno jurídico, podemos señalar preliminarmente que el escenario en el que se desenvuelve debe contener: - Libertad26, Apariencia27 y Seguridad en la Circulación28, toda vez que como indicó GAMBARO, la circulación es parte fundamental de la propiedad.29

Analizado el fenómeno de la circulación – en su aspecto jurídico- a partir de los intereses30 opuestos tanto en su configuración como en sus efectos.


Así pues, tomando en consideración la idea de contrato -entendido como norma privada31- lo acordado contractualmente tiene validez porque los contratantes –haciendo uso de su libertad contractual – reglamentarán el negocio según sus intereses. En ese sentido, dichos intereses deben ser garantizados recíprocamente por las partes.32

Estos intereses opuestos son los que generan la necesidad que el ordenamiento tutele la circulación de los bienes,33 haciendo que en situaciones especiales se privilegie ciertos intereses y se subordinen otros, generando las denominadas situaciones jurídicas subjetivas.34

En este sentido, nos indican MERRIL y SMITH que en los contratos en los cuales existen adquisiciones a non domino pueden sacrificarse los intereses de los titulares, o los intereses económicos-sociales de los terceros adquirentes,35 lo que en nuestro medio se estudia a partir de la llamada Seguridad Estática (jurídica) y Dinámica (del tráfico).36
Se entiende la seguridad jurídica (estática) como la protección del titular de su situación jurídica tutelada, la que no se le podrá privar sin su consentimiento. La seguridad del tráfico, en cambio, refiere a la tutela que recibe quien modifica su situación jurídica vinculándose con otros, tomando en consideración información relevante que es conocida. 37

Debemos indicar que preferimos denominar seguridad de derechos38 a la primera en lugar de la traducción de seguridad jurídica toda vez que puede llevar a equívocos. La seguridad jurídica es el género, de esta se desprende o proteger al verdadero propietario o al tercero de buena fe que confía en lo publicitado en registros, la elección de cualquiera de ambas soluciones es jurídica.



2.1 TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
En nuestro ordenamiento los supuestos de circulación de la riqueza podemos encontrarlos en diversas formas de adquisición: originaria39-derivada40, a título singular41 – universal42, gratuita43 – onerosa44, intervivos45 – mortis causa46, entre otras.

Dichas transacciones puede configurarse como un supuesto de hecho simple o complejo47 o dividido en fases.48

Tomando como muestra uno de los tipos negociales, el contrato de compraventa de bienes inmuebles, tenemos un artículo con influencia francesa (1138 del Code) el cual recoge un sistema espiritualista mediante el cual el mero consenso transfiere propiedad:

Art. 949 “La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario.”



Dicho artículo ha sido materia de diversas interpretaciones por diferentes autores en nuestro medio. No obstante ello nos limitaremos en esta parte a mostrar algunas posiciones y señalar la nuestra.

Existen los autores que señalan que el contrato sólo tiene efectos obligacionales,49 y que en caso se generaran efectos reales estas tienen que verificarse en el nivel de ejecución de las propias obligaciones.50

TORRES MÉNDEZ señala que la transferencia opera con la entrega, no con el contrato. Así pues señala que el código contiene una contradicción interna entre el artículo 949 y el 1529, teniendo este sólo efectos obligacionales. En este sentido, propone que el Art. 1529 es una norma de excepción, por lo que el 949 no se aplicaría a la compraventa de bienes inmuebles.51

Ahora bien, para que se consolide la transferencia aplica analógicamente el Art. 947, señalando que esta contiene el requisito necesario de la tradición. Por tanto, el Art. 949 quedaría restringido a los supuestos de contratos atípicos.52

Del otro lado, existen autores que siguen la posición –con ciertos matices- del sistema consensualístico.53

Así pues indica que basta sólo el contrato para transferir propiedad, no obstante llo luego entra en contradicción al señalar que en el contrato de compraventa de bienes inmuebles confluyen título y modo.54 Si se requiere título y modo, ¿no basta entonces el contrato para transferir propiedad?

FORNO en cambio argumenta que el contrato tiene efectos reales en la transferencia de bienes inmuebles dado que según nuestro artículo 1351 se establece que el contrato tiene como fin crear, regular, modificar o extinguir una “relación jurídico patrimonial”. Siendo que dichas relaciones no sólo contienen derechos subjetivos y deberes jurídicos, sino otras situaciones jurídicas subjetivas.55 Si bien el artículo 949 contiene el término “obligación” sin embargo que la misma no tiene estructura, contenido ni función del término técnico, por lo que se agota inmediatamente ocurre. En este sentido, dicho artículo contiene el efecto real.56

Nuestra posición es que en nuestro país, respecto a los bienes inmuebles, el contrato produce efectos reales. Si bien consideramos que dicha opción legislativa genera una serie de problemas al no existir la tradición en el supuesto de hecho de configuración de la transmisión, el dispositivo normativo permite la interpretación de los efectos reales generados por los contratos.



2.2 CONFIGURACIÓN

Ahora bien, si bien hemos mencionado el tipo utilizado para la transferencia de bienes inmuebles y sus diversas interpretaciones, corresponde verificar como se configura el mismo a partir de 3 requisitos: La titularidad, la legitimación y el poder de disposición.


Titularidad es la pertenencia subjetiva del derecho de propiedad a los titulares del dominio,57 la cual otorga exclusividad y es oponible Erga Omnes. Así pues, Cariota Ferrara señala en forma amplia que la titularidad es “appartenza exclusiva erga omnes del diritto.”58
Dicho vínculo de pertenencia de un sujeto frente a un objeto, en sus diferentes modalidades: Titularidad del derecho de propiedad, del derecho de usufructo, de las garantías, entre otros; evita la confusión de por ejemplo “propietarizar” los derechos: “de la misma forma que se dice que un hombre tiene un derecho sobre su propiedad, también puede decirse que tiene una propiedad sobre sus derechos59 Por tanto no existe propiedad sobre la concesión, ni sobre el arrendamiento, ni sobre cualquier otro derecho.60
La titularidad es distinta a la figura de la legitimación, entendiéndose esta como “(…) la competencia para alcanzar o soportar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses a que se ha aspirado, la cual resulta de una específica posición del sujeto respecto a los intereses que se trata de regular.”61
Es decir existe la facultad que se otorga a determinados sujetos para que puedan afectar su esfera jurídica o la esfera jurídica ajena si realmente han sido facultados.62
Si bien nos parece clara esta aproximación puede confundirse con la capacidad. La capacidad es un presupuesto subjetivo del acto, la legitimación es un presupuesto subjetivo – objetivo, dado que depende de una relación especial del sujeto con el objeto.63 Dicho de otra forma se enfoca a la capacidad como una cualidad natural64 y la legitimación como cualidad jurídica.65
La legitimación puede ser voluntaria (vía el ejercicio de la autonomía privada), legal (mandato de la ley) y judicial (mandato judicial). Asimismo puede clasificarse en legitimación causal, legitimación formal y legitimación aparente.
Por legitimación causal entendemos que existe un título que contiene un negocio jurídico en la cual existe la causa eficiente que genera una situación jurídica legitimante. Dicho título es el fundamento de la legitimación.
Debemos señalar que el título es mucho más que pertenencia de derecho, porque tiene como fin una posición jurídica, y los derechos que pertenecen a los sujetos son apenas contenido parcial de la posición subjetiva, en términos de Torquato Castro: “a posiçao é objeto66 (…) do título, e não título em si.”67 Así pues, dentro de las funciones prácticas que podemos asignar al objeto tenemos el singularizar la persona y singulariza el objeto68 (Bestimmtheitsgrundsatz).
Luego tenemos la denominada legitimación formal, la cual no subordina la eficacia legitimadora a una causa jurídica, sino a lo que se expresa formalmente, por ejemplo, en el registro. Este tipo de legitimación lo encontraríamos por ejemplo en el sistema alemán.69
Así también tenemos la denominada legitimación aparente.70 En ciertos casos existe un supuesto de hecho de un titular que no es el real, sino que por signos exteriores razonables es “aparente de derecho”, por lo que la norma -en ciertas circunstancias- le otorga, en substitución de la legitimación normal, la eficacia legitimadora.71
Ahora bien Carnelutti señala que es una legitimación de hecho, dado que titular aparente no tiene situación jurídica, sino que encabeza situación material.72 Fundamenta mejor MENGONI73 cuando señala que la legitimación aparente es una titularidad efectiva y no una apariencia de titularidad. Posibilidad objetiva que depende de un acto de disposición que despliega la posibilidad de generar efectos jurídicos. No obstante ello, sigue siendo posibilidad de hecho, porque no es un reflejo del poder jurídico del sujeto, sino que se deriva del poder de hecho del titular aparente.74

En contra de esta posición PONTES DE MIRANDA señala que nada tienen de fáctico, son legitimaciones jurídicas.75 Es decir el legitimado aparente tiene una posición (interés) socialmente relevante por los terceros respecto al objeto del negocio, lo que genera la calidad de titular aparente.


Finalmente, para la eficacia del negocio jurídico dispositivo es necesaria la existencia del poder de disposición.76
Tanto la titularidad, la legitimación y el poder de disposición en una adquisición derivada existen en base a una relación jurídica antecedente. (Relación jurídica legitimante).77
Así pues tenemos que en las relaciones económicas los propios titulares de los bienes realizan las transferencias de sus bienes, sin ningún obstáculo. Es decir dichos sujetos tienen titularidad, legitimación y gozan del poder de disposición.
No obstante ello, hay casos en los cuales probablemente los titulares no pueden o no desean –por diferentes motivos- realizar ellos mismos los actos dispositivos, por lo cual legitiman a sus representantes para celebrar los contratos.
En estos casos, la parte sustancial (representados) tendrán la titularidad, legitimación y poder de disposición para transferir, los representantes gozarán de la legitimación causal y del poder de disposición.
Ahora bien, puede ocurrir que exista titularidad, legitimación, pero se carezca de poder de disposición. Por ejemplo, el deudor que ha ingresado a una situación de concurso, sigue siendo titular de sus bienes y como tal legitimado para poder negociar sobre ellos, pero no tiene poder de disposición para realizar efectivamente las transferencias, dado que dicho poder se le ha otorgado a un administrador o a un liquidador de ser el caso.
De igual forma en los supuestos de medidas cautelares no innovativas sobre bienes, el titular y legitimado es privado de su poder de disposición, mas no de su titularidad ni de su legitimación.78
En el caso del tutor y el curador existe una pequeña variante. El sujeto que tiene un tutor va a ser un incapaz, el cual puede ser titular y estar legitimado, pero dicha incapacidad afecta su poder de disposición, siendo el tutor el legitimado legalmente para poder ejercer el poder de disposición.
Ahora bien, es preciso hacer ciertas delimitaciones en esta parte a fin de entender de forma clara qué es y donde reside el denominado poder de disposición, dado que se puede confundir con la capacidad e incluso con la “legitimación de disponer.” 79 Asimismo, es preciso aclarar lo que algunos argumentan al señalar que existe una fragmentación descentralizada del poder de disposición.80
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