La dominación masculina, tan difícil de romper



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Antes y después del recinto parlamentario

En tres momentos de la exposición me he referido a aspectos de la vida personal y familiar de las y los diputados, en la búsqueda de elementos que arrojaran alguna comprensión mayor de las diferencias en el estado civil. Aparecieron discrepancias en la composición de los hogares de unas y otros: el tipo de familia, las figuras desempeñadas internamente, la división del trabajo en el hogar y la presencia de personal doméstico. Pero un rasgo destaca por encima de los anteriores. Mientras las esposas de los diputados gozan del prestigio que les brinda la posición de sus maridos, los cónyuges de las diputadas sufren sentimientos de minusvalía y descompensación que provocan rupturas irreparables de las parejas. Diferencias sistemáticas que no acusarían algún tipo de determinación partidaria, sino que estarían asociadas al género.

El estado civil de las mujeres varía según los partidos, tal como aparece en el capítulo 2. Allí las priístas tienen los porcentajes más bajos de casadas, como se recordará. Ellas fueron, hasta la LVII legislatura, las que podían apostar por una carrera política que alternara representaciones legislativas, cargos en los gobiernos estatales y federal y en el partido. En ese aspecto, perredistas y panistas enfrentaban una incertidumbre mucho mayor cada vez que asumían un cargo de representación o dirigencia partidaria. Las trayectorias intermitentes en lo público ¿interfirieron menos en el desarrollo de sus vidas privadas? Los compromisos político-ideológicos más firmes, ¿hicieron menos vulnerables las relaciones de pareja? ¿O se trataría de que las diputadas del PRI han recorrido caminos de incompatibilidad entre pareja y política antes que las de la oposición estuvieran en condiciones de que el problema siquiera se atisbara?

Estos resultados hacen necesario volver a situar la cuestión de la compatibilidad-incompatibilidad entre trabajo de las mujeres y vida doméstica. La hipótesis más sostenida le da el mayor peso a las tareas de la maternidad, el cuidado de los niños y las responsabilidades en los hogares. Pero esta investigación muestra que el trabajo doméstico no resulta una carga para las diputadas, dado que el monto de la dieta percibida permite contratar personal eficiente para tales tareas; la atención a los niños en edad escolar no limita la vida parlamentaria de sus madres. Es en las relaciones formales de pareja donde el conflicto parecería ser más fuerte. Lo incompatible sería la conjunción esposa-diputada. ¿Una mezcla explosiva?

Por último, una consideración desconcertante. En las evaluaciones de la experiencia vivida en los tres años, las diputadas jóvenes hicieron balances más positivos que los varones en edades similares. Algunos de estos últimos mostraron inconformidades y críticas que apuntan a expectativas no cumplidas, fantasías de protagonismos por encima de las posibilidades de llevarlas a la práctica, sensaciones de haber perdido el tiempo por carecer de un conocimiento más preciso de las maneras de trabajar y por los espacios poco relevantes que les fueron asignados en los grupos parlamentarios, de haber quemado etapas que les dejaron vacíos vitales difíciles de recuperar. A pocos meses de terminar, veían que se acercaban al momento de reconstruir sus cotidianidades en realidades muy ajenas a las que ya se habían acostumbrado. Las diputadas jóvenes, por el contrario, manifestaron entusiasmo con la experiencia en la HCD, y a pesar de compartir la incertidumbre por la sobrevivencia al término del mandato, mostraron mucha menos preocupación al respecto. ¿Cuáles serían las razones detrás de estas percepciones tan distintas? ¿Por qué algunos varones jóvenes expresaron sentimientos de desencanto en un medio masculino, dominado por varones y hecho a sus medidas? ¿Se trata de una inadecuación institucional a las expectativas de los varones jóvenes? ¿O ellos se permiten fantasear con la política y lo político incorporando pocos referentes de la realidad?

A la hora del cierre

La fisura provocada por la configuración más equitativa entre los partidos representados en la HCD significó un avance en el lento y serpenteante camino hacia la democracia en México, a pesar de las limitaciones de las reformas introducidas, de la capacidad de reconstitución del sistema priísta, de las frustraciones y desencantos en que cayeron muchas de las y los legisladores de oposición. En términos de relaciones de género, en cambio, las diputadas no llegaron a constituirse en una minoría activa capaz de dar un giro a la cultura dominante. No sólo porque apenas habían pasado el límite proporcional que les permitiera dar el salto, y tampoco se trata de carencia de voluntad política de las legisladoras en alguno de los grupos parlamentarios.

Creo que las cosas van por otro lado. Tienen que ver con la persistencia de una fuerte estratificación de género en la sociedad mexicana, pese a los cambios que han tenido lugar en las últimas tres décadas y a los impulsos provenientes del exterior. Dichas transformaciones –reales, legales, institucionales, simbólicas e imaginarias– no han llegado a erosionar suficientemente el sistema de dominación masculina. Los partidos políticos no dan cuenta de haberlas recibido, principalmente el PRI y el PAN. Estas siguen siendo organizaciones masculinas, dominadas por varones dispuestos a permitir accesos a las mujeres hasta el punto en que sus hegemonías no sean cuestionadas. No han incorporado fundamentaciones ideológico-políticas que den cuenta de los problemas de la desigualdad e inequidad de género; no se dan el tiempo necesario para entablar discusiones sobre los cambios que tienen lugar ante sus ojos en los distintos segmentos de la sociedad mexicana y las cascadas de cuestiones que requieren ser tratadas y encauzadas; sus plataformas y planes de gobierno proponen medidas al electorado femenino. A la hora de las decisiones dejan pasar, más parecería que por no perder legitimidad y curarse en salud que por convicción, algunas candidaturas de mujeres, leales, disciplinadas, en ejercicios rígidos de selectividad. Pero las relaciones entre mujeres y varones, entre mujeres y entre varones no son objeto de programas, objetivos y metas en plazos establecidos. De varias de estas carencias no se libra el PRD.

La marginación es aceptada por las mujeres de dichos partidos en la medida en que tampoco elaboran documentos que obliguen a los varones a entrar en el debate y arribar a propuestas conjuntas. Más bien demuestran una cierta incapacidad para incorporar la dimensión de género en el proyecto nacional de sus respectivos partidos y caen en las trampas del pragmatismo que les tienden sus compañeros. Sin fundamentaciones ideológico-políticas coherentes en los documentos básicos en cada uno de ellos, están imposibilitadas de diseñar estrategias a desarrollar dentro de cada una de sus organizaciones y hacia fuera de las mismas. Ante esta orfandad conceptual y la incertidumbre sobre el camino a recorrer, quedan perdidas en los vericuetos de los arreglos coyunturales, los prejuicios y las rivalidades de corrientes y personales, sin definir las tácticas posibles, viables, de defensa ante las argucias masculinas de exclusión. Prefieren entonces el silencio, el hacer como que no oyen, a buscar en la imaginación y en la experiencia acumulada modalidades que arrinconen las arremetidas descalificadoras de los varones y las igualen en el reparto de los honores y prestigios y en la dignidad que se les intenta arrebatar.

El PRD, más avanzado y consistente, también carece de perspectivas de mediano y largo plazo así como del análisis de las tácticas posibles para enfrentar los ataques masculinos más bajos.

Todo parece indicar que para realizar las reformas de las relaciones de género desde el Estado mexicano se requiere voluntad de cambio, votos, escaños, información de muy buena calidad, capacidad de concertación y de convocatoria, sin olvidar que los tiempos de la democracia son también los del rigor en las formas de pensar y hacer la política.



Los cambios históricos rara vez son lineales

La LVII legislatura estuvo alentada entre ciertos grupos feministas y de mujeres por la idea de que, en términos de las relaciones de género, la sociedad mexicana atravesaba un proceso de treinta años de movilizaciones, propuestas, cambios que se han venido sucediendo, renovados, con saldos coyunturales positivos y acumulados. En esta perspectiva se interpretó el aumento de la proporción de mujeres en la HCD como el momento de traspasar el umbral de minoría simbólica y empezar a constituirse en minoría activa. Dada la heterogeneidad ideológico-política entre los tres partidos principales, ¿cuáles serían las iniciativas posibles de obtener consensos? Desde el punto de vista cuantitativo, ¿es posible apostar a acuerdos cuando los pesos internos de las diputadas son tan dispares? En otros términos, ¿la experiencia de la LVII legislatura podría haber llegado más allá de lo que llegó?

En los tiempos que ya corren, la integración de la LVIII legislatura (2000-2003) significa un retroceso en términos de las proporciones. En total ocupan 84 escaños (16,8%), y aunque el PRD y el PAN mantuvieron sus porcentajes, el PRI presenta un descenso de la proporción de mujeres. Además, hay que tomar en cuenta que el PRD sólo logró 50 escaños frente a los 125 anteriores, hecho que reduce la masa de diputadas y con ella las probabilidades de que ocupen posiciones en las mesas directivas de las comisiones de dictamen, puedan dar continuidad al papel de punta de lanza que desarrollaron entre 1997 y 2000 y conseguir el apoyo de por lo menos la mitad de los varones del grupo parlamentario que no necesitan mandato externo para las reformas legales en la materia.

Una segunda cuestión se refiere a los cambios en el régimen político mexicano a raíz de los resultados electorales del 2 de julio de 2000. Al perder el PRI la presidencia de la República, se rompió la ligazón estrecha entre la segunda y el grupo parlamentario del primero. El resultado, más allá de cualquier evaluación del equipo gobernante, quebró las líneas de autoridad y obediencia que caracterizaron el comportamiento de las sucesivas fracciones priístas en la HCD. Cabe recordar que las reformas que ampliaron los derechos de las mujeres han sido iniciativas del Poder Ejecutivo o que, surgidas en la Cámara, contaron con la firma del Presidente de la República, lo que garantizaba el puerto seguro al que arribarían. Ya había sucedido en 1990 y volvió a ocurrir en 1997 con las reformas respectivas al Código Penal en materia de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. En ambas ocasiones diputados priístas externaron sus desacuerdos con dichas iniciativas y en la última, un porcentaje por demás significativo rompió con la tradición de obediencia en el momento de emitir el voto. Esto significa que nuevas iniciativas de reformas probablemente tengan muchas más dificultades para seguir su cauce y ser aprobadas. Y que las diputadas, para lograr el éxito, deberán realizar mucho más trabajo de convencimiento.

Si en la nueva situación ellas no cejan en los propósitos de llevar adelante reformas sustantivas en términos de las relaciones y el sistema de género en la sociedad mexicana, seguramente se requerirá repensar las vinculaciones con los movimientos de mujeres, feministas y de ampliación de los derechos humanos y las estrategias desarrolladas hasta ahora. Es posible que para unas y otros se vuelva cada vez más necesario analizar con detalle las coyunturas, medir las fuerzas y dar pesos distintos a la interlocución y el cabildeo con los actores y a las movilizaciones públicas de las y los demandantes.

En esas condiciones, es probable que el movimiento en ascenso de la sociedad mexicana hacia formas más igualitarias y equitativas de las relaciones entre los géneros llegue en un tiempo relativamente breve a un tope, cuyo traspaso requerirá de la rearticulación de las fuerzas que lo alimentan, a riesgo de estancarse e involucionar. O por lo menos de que los cambios permanezcan en el orden de lo social, sin utilizar la coacción del Estado para su salvaguarda y legitimidad.

No hay que perder de vista el contexto más general de esta década que inicia. México y la región latinoamericana en su conjunto han dejado de ser la “bomba de sobrepoblación” que fueron hace sólo treinta años atrás. Los cambios en la condición de las mujeres fueron estimulados por la acción del Estado y la cooperación internacional como coadyuvantes importantes para el logro de las metas de reducción del crecimiento demográfico. El protagonismo de las mujeres y sus organizaciones en la ampliación de sus derechos y responsabilidades más allá del hogar no entró en contradicción con las políticas de control de la fecundidad y de ampliación de las fuentes de empleo para mujeres. Al contrario, fueron soporte de legitimación de los gobiernos. Pero no nos quedemos con el lado amable de las cosas. El descenso de las tasas de crecimiento demográfico ya se ha obtenido y paralelamente, estimulado por la competencia femenina, se redujo el precio del trabajo humano a niveles por debajo de la sobrevivencia individual de las y los trabajadores. Logradas esas dos metas importantes, la población femenina ha dejado de ser objetivo prioritario. La cooperación internacional que apoyó a gobiernos y organizaciones civiles ha dejado de aportar fondos a la región o los ha reducido drásticamente, quedando sin soporte financiero programas y proyectos orientados en última instancia al fortalecimiento de la condición de persona y ciudadanía de importantes sectores sociales. Podría suceder que, en estas condiciones, los gobiernos y los partidos políticos desviaran o eliminaran recursos y por lo tanto, buscaran desacelerar las reformas pendientes y las nuevas demandas a los nuevos problemas de la población femenina. Está visto que en los partidos, y en particular en el caso mexicano, asegurar los mínimos de libertad y dignidad para las mujeres no son objetivos de aceptación generalizada. Más o menos a regañadientes se les incorporan porque no hacerlo es quedar fuera del tren de la historia, presentar flancos en la competencia interpartidaria y, en última instancia, la probabilidad de la pérdida de militantes y votantes. Pero si las injusticias que se cometen contra las mujeres dejan de estar dentro del escrutinio internacional y si al mismo tiempo se pierde capacidad de organización para articular convocatorias, es probable que las mujeres reduzcan la fuerza política obtenida hasta ahora.

Claro que no todo puede perderse. Para evitar que ello suceda, es necesario aumentar en cantidad y calidad los cuadros femeninos en los partidos. Las mujeres que aspiren a realizar una carrera política y ejercer la representación ciudadana requerirían formación en todos los temas y problemas que son materia del Estado, el gobierno y la política. En primer lugar, deberán llegar con los conocimientos básicos de derecho público, procedimientos legislativos y entrenamientos necesarios para moverse en un medio fuertemente competitivo y de dominación masculina. Es decir, andada ya la parte del camino que puede ser recorrida antes de la toma de protesta. En segundo lugar, si –como lo sostiene la evidencia empírica– los sistemas de género organizan toda la vida social, las mujeres y los varones atentos a las desigualdades de género que desean integrar el Poder Legislativo, deberían incorporar esa perspectiva y los conocimientos disponibles en cada una de las áreas y temas sustantivos que hacen a sus haceres específicos. Las desigualdades e inequidades de género se manifiestan como problemas reales de la población mexicana en las materias propias de las comisiones de derechos humanos, población, turismo, salud, ecología y justicia, pero también en las de trabajo, seguridad social, vivienda, energía, agricultura, industria, de defensa y de marina, de gobierno interior, hacienda, presupuesto, etc. En todos los temas a debate en las cámaras son necesarias miradas desde el género para reformar leyes, cubrir vacíos legales, normar problemas nuevos, vigilar las políticas públicas, los presupuestos y los gastos. Ya sean iniciativas independientes o parte de iniciativas más amplias. No hay que perder de vista que, hasta ahora, el ingreso de las mujeres en los sistemas educativos superiores, la investigación científica, los mercados de trabajo, las actividades artísticas y culturales, se sostuvieron porque en cada ocasión demostraron ser tan competentes o más que los varones que dominaban esas actividades. ¿Por qué no admitirlo para el ejercicio de la política institucional?



Nota

129. Es necesario tener en cuenta en estudios posteriores el liderazgo de algunas mujeres: pienso en particular en Beatriz Paredes, quien ha logrado a lo largo de su trayectoria de treinta años características y condiciones que la alejan de las entrevistadas del PRI en esta investigación.
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