La Defensa Participativa



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Hacia una descolonización en el acceso a la justicia de las mujeres tseltales que viven violencias: “La Defensa Participativa”1.
Mtra. Laura Edith Saavedra Hernández

México

Doctorado en Antropología en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Resumen:

Esta ponencia es el resultado de una investigación doctoral llevada a cabo desde una metodología colaborativa durante los meses de julio de 2014-abril de 2015. Busca analizar la metodología de la Defensa Participativa, una propuesta construida por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en México. Se analizará el caso de Marux2 una mujer tseltal, y cómo vive la denuncia de su caso de violencia a través de la metodología de la defensa participativa. Las preguntas centrales de esta ponencia son ¿Cuál es la justicia que necesitamos las mujeres indígenas y no indígenas? ¿Por qué es importante construir una propuesta descolonizada de justicia para las mujeres?

Descriptores:

Acceso a la Justicia

Mujeres indígenas

Feminismos descoloniales

Descolonización de la justicia.

INTRODUCCIÓN

Esta ponencia es producto de un trabajo de investigación llevado a cabo desde una metodología colaborativa, que se está desarrollando en una tesis doctoral llamada “Construyendo justicia(s) más allá de la ley: las experiencias de las mujeres indígenas que participan con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A. C.” (CDMCH). Aquí, se buscará discutir sobre el acceso a la justicia de las mujeres indígenas de la región de los Altos de Chiapas en México.

El objetivo general, será entonces, analizar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas desde una nueva alternativa que apunta a una crítica de la colonización de la justicia y da alternativas y elementos para comenzar a plantearnos una justicia diferente para las mujeres. Se tomará como ejemplo la propuesta metodológica para la defensa de los casos del CDMCH llamada “Defensa Participativa” como una forma diferente para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas en Chiapas, México.


  1. Los Altos de Chiapas y las mujeres indígenas: Un breve contexto

Llegué a San Cristóbal de las Casas 21 años después del levantamiento en armas del EZLN, sin duda alguna, el contexto social, político y económico de los Altos de Chiapas había cambiado. La proliferación de ONG’ s en defensa de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas se incrementó de forma significante y esta situación ha hecho que mucha población extranjera (principalmente europea) llegue a vivir a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, principal ciudad de la zona de los Altos, en donde siempre han vivido mestizos adinerados de la región. Rápidamente pude observar que este fenómeno migratorio, que ha tenido las mejores intenciones con la población indígena, contradictoriamente también ha hecho que la desigualdad social, discriminación y racismo para con las y los indígenas se incrementen. La exclusión de los grupos indígenas asentados en las orillas de la ciudad sigue siendo una realidad.

También, el Estado de Chiapas está siendo foco de diferentes políticas estatales que se enlazan con la entrada de diferentes empresas extrajeras que han llegado a explotar los principales recursos naturales de la región. Las políticas y programas de apoyo al campo mexicanos están encaminados a privatizar las tierras comunales y ejidales, lo que ha hecho que muchos propietarios indígenas vean como una “oportunidad” privatizar sus pedazos de tierra. Ya privatizadas el gobierno mexicano llega y les compra a bajos precios sus propiedades para después poder venderlas a las empresas extranjeras y despojando de una forma “legal” a los pueblos indígenas; desarticulando no sólo a las asambleas comunitarias, sino también la cohesión social de dichas comunidades y dejándolos en la precariedad, sin tierra e insumos alimenticios para poder vivir.

En este contexto, la lucha indígena y la autonomía de los pueblos han contribuido de forma significativa. Estos cambios sin duda alguna han impactado en diversos ámbitos de la vida de sus pobladores en donde las mujeres indígenas no han sido la excepción. La participación de mujeres indígenas y mestizas dio un salto hacia la lucha por sus derechos, las mujeres indígenas han encontrado un lugar para poner en la mesa de discusión sus demandas en derechos y desigualdades de género. Y, aunque la guerra de baja intensidad ha continuado después de la matanza de Acteal y otros asesinatos de estado, las mujeres continúan organizándose y planteando sus problemáticas específicas.

Aunque las mujeres indígenas han cambiado su posición en la organización de las comunidades, la violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana para muchas de ellas. En un diagnóstico hecho por el CESMECA-UNICACH3 en colaboración con el CDMCH, se pudo ver que casi no hay mujer que no viva violencia en la familia y que no haya recibido algún golpe por parte de su esposo o padre. En la actualidad la violencia contra las mujeres indígenas se ha incrementado y a ella se suma la discriminación y la subordinación contenida en algunos usos y costumbres; también existen factores como la pobreza, la migración y el aumento del alcoholismo y drogas (Informe CDMCH, 2009).



  1. La Defensa Participativa

En este contexto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas trabaja en varias áreas, una de ellas es la defensa de casos de violencia contra las mujeres, estos casos los atienden desde una metodología de Defensa Participativa que ha sido construida desde la experiencia que ha tenido el Centro durante más de 10 años de dedicarse a la defensa de los derechos de las mujeres en los Altos de Chiapas. Esta metodología apuesta por una forma de defensa diferente a “la tradicional”4 para las mujeres indígenas y no indígenas. En donde las mujeres se involucran en la defensa de sus derechos y así pueden tomar conciencia de ser sujetas de derechos.

Como antecedente, las integrantes del Centro involucradas en la Defensa y en la coordinación optaron por construir esta propuesta que apuesta por desvictimizar a las mujeres, haciéndolas parte de todo el proceso judicial para la defensa de sus derechos humanos, apostando también por la solidaridad y la generación de acciones que cuestionen y promuevan cambios ante la violencia desde los diversos ámbitos de la vida de las mujeres. La metodología de la defensa participativa5 cuenta con diferentes pasos a seguir, sin embargo, como cada caso es diferente y se desarrolla en múltiples contextos la metodología debe de adaptarse a las diferentes realidades y contextos en los que se puede aplicar, aun así para dar orden a las ideas los pasos son los siguientes:



  1. Recepción y participación: Este es el primer momento en el que se tiene contacto con la mujer que llega a pedir ayuda para resolver su caso de violencia. En este momento no sólo se recibe el caso, sino que el objetivo principal es ir analizando en conjunto con la mujer la situación de violencia que ha vivido, se le refuerza emocionalmente y se le apoya para que se haga consciente de cómo la violencia ha pasado por su vida y así de esta manera también poder dar cuenta de sus derechos violentados. Esto puede llevar varios días y sesiones de reflexión en donde las mujeres que llegan pueden compartir sus experiencias tanto de violencia como de justicia.

  2. Construcción participativa de la ruta de resolución del caso: Como en el contexto jurídico en el que se aplica la defensa participativa existe un sistema interlegal6 en el que conviven la justicia indígena y la justicia estatal, la construcción de la ruta se hace tomando en cuenta todos los sistemas coexistentes y la ruta se construye según lo que las mujeres decidan, siempre teniendo como apoyo al CDMCH.

  3. Preparación de la práctica de defensa: Es importante que, para que las mujeres se hagan partícipes de sus casos y de su defensa, se conciban como sujetas de derechos y que al saberlos, los apliquen en su práctica jurídica. Este paso es para que las mujeres se puedan defender desde otra posición de sujeto, ya no como víctimas, sino como mujeres que buscan su derecho a vivir una vida libre de violencia. Para ello es necesario que ellas mismas combatan la inseguridad y el miedo; así cuando tengan que presentarse ante el juzgado puedan contestar y defender sus derechos desde una conciencia de género y de derechos.

Es importante mencionar que todos los pasos se hacen no sólo con las abogadas, sino también participan diferentes actoras que trabajan por sus derechos, como las defensoras comunitarias, quienes trabajan en el Centro o las mujeres de los colectivos con los que se trabaja en las comunidades, esto hace que las mujeres cuenten con una red de apoyo cuando más la necesiten.

  1. La Justicia para las Mujeres Indígenas y no Indígenas.

El derecho está basado en un sujeto individual que descansa en un contrato social desigual creado en la modernidad. Este contrato social, fue construido con respecto a los ideales establecidos por el sujeto de la modernidad, en el cual se gestaron ideales genéricos, los cuales dictan el “deber ser de las mujeres y de los hombres”. Así como lo plantea MacKinnon (1995), “El liberalismo aplicado a las mujeres ha admitido la intervención del Estado en nombre de las mujeres como individuos abstractos, sin examinar el contenido ni las limitaciones de estas nociones en términos del género”.

El derecho entonces, visto como una abstracción que descansa en la supuesta “naturaleza humana”, naturaliza también las formas de dominación masculina, haciendo que, por un lado la ley, como la traducción de la aplicación del derecho, legitime esta dominación y por otro, que se haga invisible. Esto hace que la ley contenga el punto de vista masculino y se imponga un modelo social a seguir según el género. En este sentido, al ser el derecho un campo que construye identidades fijas, que descansa en un contrato social en el cual se representan ideales de sujetos hombres y mujeres, construidos a partir de las diferencias sexuales, podemos decir que el derecho construye género (Smart, 2000; 37). Ahora bien ¿cuáles son las consecuencias desde lo jurídico de esta afirmación?

La respuesta es que nos ayuda ver al derecho no como un ente omnipresente que actúa en lo abstracto, sino como una construcción socio-histórica, lo que nos permite ver que los sujetos no son sólo entes que reciben normas y reglas, sino que son partícipes de procesos de resistencia, que han sido los que han permitido que las leyes se modifiquen o se queden intactas en cierto sentido. Ver al derecho de esta manera nos permite desmitificar al “sujeto abstracto” y nos permite ponerle género y por lo tanto, nos dota de herramientas para dar cuenta de que la ley no se aplica de forma igual, sino que se encuentra atravesada por el género, la raza y la clase. Nos da la posibilidad de ver más allá de la ley y la posibilidad de analizar cómo es que se construyen esas leyes y cómo en ellas va implícito el acceso a los hombres a la dominación sobre las mujeres. Nos permite ver que el acceso a la justicia de las mujeres está mediado por las cuestiones de género.


  1. Hacia una descolonización de la justicia para las mujeres indígenas y no indígenas.

Poder analizar al derecho como una construcción social y como un discurso basado en un sujeto liberal, masculino, blanco y de clase media (burgués), se debe de dar cuenta del tipo de justicia al que nos enfrentamos las mujeres cuando tratamos de romper o criticar analíticamente las injusticias a las que nos enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres. Si bien, derecho no es igual a justicia automáticamente, éste si es el medio reconocido para acceder al menos a la justicia jurídica que es a la que nos referimos en este breve análisis.

Poder contar con otras alternativas de defensa para las mujeres, podría abrir caminos interesantes para proponer también otras formas de justicias. A continuación haré un análisis sobre un caso para ejemplificar los alcances de estas otras formas de acceso a la justicia de mujeres indígenas.

Marux es una mujer tseltal de 41 años, que vive en una comunidad de los Altos de Chiapas. Llegó al Centro de Derechos a pedir apoyo, ya que había vivido violencia física por parte de su esposo Xun7. El esposo de Marux es y ha sido muy celoso y posesivo con ella desde que se casaron. Lo que la hizo vivir fuertes episodios de violencia hasta que ella decidió denunciar.

El día que Marux llegó al CDMCH, se le explicó cómo se llevaba la defensa en la organización, se hicieron varias sesiones con ella para poder conocer a profundidad las manifestaciones de violencia y dar cuenta de que cuando una mujer vive algún tipo de violencia es porque existe una lucha de poderes en las que las mujeres quedan en mayor desventaja con respecto a los hombres. En este momento era importante conocer cómo se intersectaban diferentes cuestiones del contexto en el que Marux y Xun vivían para de ahí generar una estrategia de defensa que no revictimizara a Marux.

Conocer cómo se da la intersección de las violencias es un paso importante no sólo para la defensa participativa sino también para tomar en cuenta el contexto y así tener un trabajo lo más ético posible. La interseccionalidad como concepto toma en cuenta la intersección de múltiples opresiones que se hacen inteligibles, las cuales se combinan con violencias estructurales y comunitarias que sojuzgan a las mujeres8. Dado este paso, se analizó el contexto en el que trabajan las instancias de procuración de justicia del municipio en el que Marux vive, para saber y estructurar la ruta del caso. Pudimos darnos cuenta que existían dos caminos:

El primero tenía que ver con arreglar el problema con las autoridades tradicionales que conocen a Marux y Xun desde hace mucho tiempo, además de que por ser un juzgado local, ella podía hablar en su lengua y apelar a algunas costumbres en el arreglo de los conflictos que podían favorecerla, como por ejemplo, quedarse en la casa en la que vive, ya que una costumbre de la comunidad es que cuando existe una separación por violencia, la mujer, por tener a los hijos, puede quedarse con la casa, un punto importante para Marux. Las desventajas que encontramos fue que el cuñado de Marux era el Presidente Municipal y eso sin duda la podía afectar de alguna manera, de hecho así fue; el cuñado utilizando su posición de poder político estuvo sobornando a algunas autoridades locales para favorecer o alargar el proceso a favor de Xun.

Como una segunda opción, se analizó con Marux la posibilidad de hacer diferentes denuncias: una en los juzgados estatales sobre la violencia que vivió, otra para pedir el divorcio y una última para pedir pensión alimenticia. Esta opción se dejó en segundo término porque se hubiera podido también ver en el juzgado local, pero por la influencia del cuñado de Marxux, quedó como la única opción. Las desventajas de llevar los casos a este nivel de justicia es que son juzgados en donde existe una alta discriminación y racismo en contra de los grupos indígenas, las audiencias son en español y sólo se cuenta con dos traductores que atienden todos los casos que llegan en los Altos de Chiapas, en donde la población indígena hasta el año 2010 en la región Altos representa el 41.5% de la población indígena total del Estado de Chiapas (INEGI, 2010). Otra desventaja es que el tiempo para solucionar es muy largo, actualmente hasta agosto de 2015 las demandas llevan un año y no se ha podido fijar una pensión alimenticia porque no se pueden comprobar los ingresos de Xun por ser campesino y en donde la cosecha es muy variable, él da una cantidad proporcional de 88 dólares al mes para ella, sus tres hijas y su hijo.

Finalmente, hacer que Marux, se reconociera como sujeta derechos ha sido muy difícil y esto tiene que ver con múltiples situaciones, algunas de ellas son que es muy difícil para ella trasladarse a las sesiones de fortalecimiento emocional hasta las oficinas del CDMCH, una por falta de recursos y otra porque no tiene en donde o con quien dejar a sus hijas e hijo. Otra es la culpa y la duda que le ha generado la dinámica social de su comunidad, ya que al romper con el orden de género en donde la mujer debería de quedarse con su esposo, ha hecho que Marux se sienta culpable por separarse y luchar por sus derechos, haciéndola dudar en diferentes ocasiones de sus decisiones. Por ello construir los casos en conjunto con las mujeres ha sido un gran reto para el Centro y para las mujeres mismas.

Es importante mencionar, que aunque la metodología de la defensa participativa tiene un orden de procedimiento, este finalmente se ve afectado por la propia dinámica de los casos, las posibilidades de las mujeres y los tiempos de los juzgados tanto indígenas como estatales. A pesar de ello y de cómo se desenvuelven los casos y la defensa, en mi trabajo de campo pude notar diferencias cualitativas, a diferencia de las mujeres indígenas que llegan a los juzgados solas.

Por lo tanto, para poder hablar de una descolonización de la justicia se hace necesario poner en el centro la pregunta de cómo se da la colonialidad de los saberes jurídicos histórica y contextualmente unidas siempre a lógicas globales tanto económicas políticas y sociales. Poniendo en el centro la existencia de un ejercicio desigual del poder-saber que deja a estas formas de justicia fuera de una alternativa real de acceso a la justicia para los pueblos indígenas9.

En este sentido, descolonizar supondría “un complejo proceso que inicia con el cuestionamiento de los fundamentos del conocimiento moderno-occidental-hegemónico” (Millán (coord.); 2014:322). Por lo tanto, pensar así la descolonización es pensar en que el conocimiento ha sido un bastión importante en el posicionamiento de un orden excluyente. Cuando las mujeres cuestionamos estos sistemas estamos tratando de hacer ver que estos conocimientos hegemónicos y legítimos, que se refuerzan en las leyes y normas patriarcales, refuerzan los órdenes de género establecidos.

Para ello es importante cuestionar también, los binarismos que se gestan en el pensamiento occidental y eso nos llevará a cuestionar si sólo existe la justicia indígena y la justicia estatal o si por el contrario es posible hablar de otras justicias, en donde las mujeres puedan acceder a sus derechos desde otros ámbitos que no sean “los caminos formales del derecho”. Sino pensar en alternativas en donde las mujeres indígenas, mestizas, de color, etc., somos capaces de repensar nuestras justicias desde otras acciones como la solidaridad, la organización política, la obtención de nuestros propios recursos económicos, etc. y no yendo a juzgados en donde se refuerza y se construye la desigualdad de género.

Necesitaríamos entonces seguir desarrollando “epistemologías feministas, des-colonizantes, que no reproduzcan las dicotomías y binarismos que se encuentran en la base de la lógica epistémica denominada occidental” (Millán (coord.); 2014:324), así como seguir desarrollando una “jurisprudencia feminista”10 intercultural que dé cuenta de las diferentes subordinaciones que podemos vivir las mujeres en los sistemas de procuración de justicia; desde mi punto de vista, este es el reto que nos debería convocar en el futuro a las mujeres de todo el mundo.

¿Cómo se une la propuesta de defensa participativa desarrollada por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas a una posible descolonización de la justicia? Primero, deberíamos de tener en cuenta que las realidades se están construyendo y deconstruyendo día con día e históricamente, por lo que los procesos de descolonización también; es decir, no son procesos acabados y esenciales que den cuenta de realidades concretas e inamovibles.

En este sentido, la propuesta metodológica también es un proceso lo bastante abierto para poder adaptarlo a la realidad de cada mujer, teniendo éxito en algunos casos y en otros no o parcialmente. Lo importante a destacar es que trata de construir una diálogo horizontal con las mujeres indígenas, en donde de entrada las ve como sujetas de derechos y en donde se cuestiona la victimización y la tutela del Estado hacia las mujeres11.

Deja también de ver a las mujeres como víctimas y las hace ver capaces de tomar su propio destino en sus manos. Por lo general, en México, cuando llegan las mujeres indígenas y no indígenas a denunciar casos de violencia se caen en una doble victimización por los procedimientos poco sensibles a las necesidades de las mujeres y en donde se nos sigue visibilizando como las mujeres sumisas, incapaces, sin conocimientos, etc. Más aún cuando las mujeres indígenas se enfrentan a estas instituciones, también viven racismo y discriminación. En este sentido, la defensa participativa abona a que las mujeres se den cuenta de que son capaces de plantear sus propios casos, defender sus causas y sentirse seguras de que sus malestares son reales y tienen sentido.

Finalmente, la defensa participativa abona a la generación de redes comunitarias, que ayudan a una concientización de la posición y condición de género que viven las mujeres en sus comunidades, mostrando la importancia de la solidaridad y de la visibilización con respecto a la violación de sus derechos. La defensa participativa abona justamente a la conformación de sujetas de derechos y al cuestionamiento y desastibilización de los órdenes de género establecidos en las comunidades desde una visión contextualizada; sin generarle problemas a estas mujeres o llevarlas a que vivan más violencia. En la medida de lo posible ayuda a mitigar estas violencias que podrían desencadenarse del cuestionamiento de ciertas reglas y normas comunitarias.

Es importante mencionar que esto se da en tensiones importantes y negociaciones hasta con las mismas mujeres que quieren resolver sus casos y que es una metodología en construcción que seguramente también contiene propias contradicciones, pero que por lo observado, sí está dando otras alternativas a las mujeres para enfrentarse al derecho, al Estado y a la posibilidad de construir sus propias justicias.



REFLEXIONES FINALES

La metodología de Defensa Participativa impulsada y construida por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, ha abierto las posibilidades para que las mujeres indígenas y no indígenas se visibilicen como sujetas de derechos al tomar en sus manos sus casos cuando denunciar las violencias a las que se enfrentan. Se abren así, otros caminos para el acceso a la justicia de las mujeres frente a un Estado y un derecho que las revictimiza y doble violenta al reclamar su derecho a vivir libres de violencia.

Esta propuesta abre la posibilidad de cuestionar al discurso occidental del derecho y poder preguntarnos si es que necesitamos también caminar hacia una descolonización de la justicia que cuestione los mecanismos actuales de los procedimientos jurídicos que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres. Y en este sentido, plantear formas más dialógicas y horizontales que nos permitan la inclusión de las mujeres indígenas. Sería importante preguntarnos cómo abonar para una jurisprudencia feminista intercultural que incluya a las mujeres indígenas sin criticar sus decisiones y sus diferentes formas de justicias, las cuales también son válidas para que ellas puedan reclamar sus derechos en sus comunidades y visibilizar sus múltiples opresiones.

Bibliografía

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. (2009). Informe de Actividades. México: CDMCH.

Crenshaw, K. (1995). “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color”. En Critical Race Theory (255-295). New York: New Press.

MacKinnon, C. (1995). “El Estado Liberal”. En Hacia una teoría feminista del Estado (277-303). Harvard, University Press: Cátedra.

MacKinnon, C. (1995). “Hacia una Jurisprudencia Feminista”. En Hacia una teoría feminista del Estado (427-446). Harvard, University Press: Cátedra.

Millán, M (coord.). (2014). Descolonizando nuestros feminismos, abriendo la mirada. Presentación de la Red de Feminismos Descoloniales. En Más allá del Feminismo: Caminos por andar (319-327). México: Red de Feminismos Descoloniales.

Olivera, M., Flores, G. & Padilla, A. (s/f). Defensa Participativa. México: CDMCH.

Smart, C. (2000). "La teoría Feminista y el Discurso Jurídico". En El derecho en el género y el género en el derecho (31-71). Buenos Aires, Argentina: Centro de Apoyo al Desarrollo Local, Biblos.

Páginas WEB



www.inegi.gob.mx Consultado el 14 de agosto de 2015.

1 Esta investigación fue apoyada económicamente por la Beca Chiba del Instituto Internacional de Sociología Jurídica Oñati, País Vasco, España. Y al apoyo del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A. C. La metodología de la Defensa Participativa es desarrollada y aplicada en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. Tiene como objetivo hacer que las mujeres que presenten un caso frente a un juzgado (indígena o estatal) se involucren en parte del proceso, lo que les ayuda a visibilizar la violación de sus derechos, aprender de ellos y reconocerse como sujetas de derechos.

2 El nombre utilizado no es real para asegurar el anonimato.

3 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. (UNICACH)

4 Con “tradicional” me quiero referir a la defensa en donde el cliente llega con su abogado y el abogado se encarga de todos los trámites y el proceso judicial. Y el cliente únicamente se mantiene informado del proceso y sólo asiste al juzgado si es requerido, sin tomar parte de la defensa de sus derechos.

5 Estas etapas fueron tomadas del material de Olivera, Mercedes; Flores, Gloria y Alma Padilla (s/f) Defensa participativa. Elaborado por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.

6 Interlegalidad significa que en un mismo lugar o región coexisten diferentes tipos de derecho por ejemplo, el derecho indígena y el derecho estatal. En donde ambos sistemas se entrelazan e interactúan uno con otro. Para profundizar en el tema ver: Sierra, M. (2004). Haciendo justicia. Interlegalidad, derecho y género en regiones indígenas. México. CIESAS. Miguel Ángel Porrúa.

7 Los nombres utilizados aquí son falsos para respetar el anonimato de las personas que accedieron a compartir su historia.

8 Crenshaw, (1995) menciona que la interseccionalidad de clase, raza, sexualidad y etnicidad, determinadas además, por contextos de continua colonización y militarismo, racismo y exclusión social, políticas económicas y de “desarrollo”, complejiza las realidad en las que viven las mujeres.

9 Pensando en diferentes movimientos sociales que se han dado en México en donde diferentes comunidades indígenas han pedido al Estado la autonomía en sus formas de organización política y social. Ver por ejemplo, el caso de las comunidades zapatistas en Chiapas, el movimiento de las policías comunitarias en Guerrero y el caso de la comunidad de Cherán en Michoacán.

10 Concepto desarrollado por Catherine MacKinnon en su trabajo:

11 Veamos leyes sobre penalización del aborto; o concretamente en nuestro caso estudiado sobre la tenencia de la tierra en donde sólo los hombres pueden ser propietarios, o pensamientos imaginarios en donde se nos ve a las mujeres como incapaces de ser las autoras de nuestra historia, de nuestras defensas y de nuestros derechos. Más aún cuando el Estado en México no ha dado resultados en cuestión de violencia hacia las mujeres que desembocan en el alto número de feminicidios que tenemos. Es decir, por un lado, el discurso del Estado en este caso del derecho nos norma pero no está dando resultados al defendernos.


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