La criminalidad organizada



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LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Catedrático de Derecho Penal

Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República











































1. UN NUEVO PROBLEMA CRIMINAL


Es indudable, como alegan DE LA CORTE IBAÑEZ y GÍMENEZ-SALINAS FRAMIS, que “la criminalidad organizada no es, ni mucho menos, un fenómeno reciente. Su repercusión en la historia social y política de varios países ha sido realmente profunda, en algunos casos con secuelas que se prolongan hasta su realidad presente” (Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen.Org. Ariel. Barcelona. 2010, p. 8). Pero también deviene en incuestionable, lo sostenido por LAMAS PUCCIO, en torno a que “el fenómeno criminal ha venido cambiando en la medida en que el mundo ha evolucionado” (Luis lamas Puccio. Criminalidad Organizada, Seguridad Ciudadana y Reforma Penal. Revista Peruana de Ciencias Penales N° 23. 2012, p. 311). En ese contexto, pues, las ventajas y desventajas de procesos como la sociedad post industrial, la globalización y la era del conocimiento, que identifican el desarrollo social, político, económico y científico de nuestra época, no sólo influyen con sus transformaciones en el modo de pensar, actuar y vivir de las personas, sino que ellas repercuten también en otros componentes colectivos o estructurales como el medio ambiente, la seguridad interna e internacional, las comunicaciones sociales y, obviamente, las tendencias de la ilegalidad y el crimen. En este último escenario como destaca GARLAND, los costos de la asimilación y adaptación a estos cambios e innovaciones de los sistemas estatales de control de la criminalidad, son en diferentes planos como el psicosocial, el político o el cultural muy significativos. Según el citado autor: “Los nuevos esquemas de control del delito implican, sin embargo, ciertos costos sociales que son, a largo plazo, más difíciles de afrontar. El recrudecimiento de las divisiones sociales y raciales; el reforzamiento de los procesos criminogénicos; la alienación de grandes grupos sociales; el desprestigio de la autoridad legal; una reducción de la tolerancia cívica; una tendencia hacia el autoritarismo; estos son la clase de resultados que pueden emanar de descansar en los mecanismos penales para mantener el orden social” (David Garland. La Cultura del Control: Crimen y Orden Social en la Sociedad Contemporánea. Gedisa Editorial.Barcelona.2005, p. 329).

Evidencia contrastable de esta interrelación es que en los últimos 30 años se han detectado modificaciones importantes en la dinámica operativa, en las manifestaciones cualitativas y cuantitativas, así como en la percepción y el tratamiento de la criminalidad. Por ejemplo, se ha verificado el surgimiento y rápido desarrollo de nuevas formas de delincuencia no convencional, que operan, alternativa o sucesivamente, en varios escenarios como la actividad económica, el ejercicio del poder político y la experimentación de nuevas tecnologías. Paralelamente se han construido sistemas internacionales de control del delito y se ha intensificado la aplicación de nuevas metodologías para la prevención de la criminalidad. Esta constatación ha sido interpretada por la doctrina penal como un efecto sustitución previsible de la globalización y de la integración de los mercados. Pero, además, en ese inédito y dinámico espacio, la geopolítica de la criminalidad como advierte JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD, se desplaza y desenvuelve de modo discreto a la vez que expansivo, “el fenómeno mafia implica una interesante paradoja que se puede formular en los siguientes términos: crimen de muy alta intensidad y muy baja visibilidad” (Jean- François Gayraud. El G9 de las Mafias en el Mundo. Geopolítica del Crimen Organizado. Tendencias Editores. Barcelona. 2007, p. 27). Igualmente, la Internet coadyuva a la inclusión de una ciberdelincuencia que “se aprovecha de la dificultad que tiene la persecución de los delitos en este medio y del anonimato que le ofrece el miso” (Covadonga Mellada Fernández. El uso de las nuevas tecnologías como método del blanqueo de capitales. Revista Penal Nº 31. 2013, p. 162).

Al respecto SILVA SÁNCHEZ ha señalado que todo ello no es más que un sistema de consecuencias funcionales a tales procesos. En tal sentido, “los fenómenos económicos de la globalización y de la integración económica dan lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos, así como a la aparición de nuevas formas delictivas. Así, la integración genera una delincuencia contra los intereses financieros de la comunidad producto de la integración (fraude al presupuesto -criminalidad arancelaria-, fraude de subvenciones), al mismo tiempo que contempla la corrupción de funcionarios de las instituciones de la integración. Por lo demás, generan la aparición de una nueva concepción de lo delictivo, centrada en elementos tradicionalmente ajenos a la idea de delincuencia como fenómeno marginal; en particular, los elementos de organización, transnacionalidad y poder económico. Criminalidad organizada, criminalidad internacional y criminalidad de los poderosos son, probablemente, las expresiones que mejor definen los rasgos generales de la delincuencia de la globalización” (Cfr. Jesús María Silva Sánchez. La Expansión del Derecho Penal. Cuadernos Civitas. Madrid.1999, p.69 y ss.).

La presencia, pues, en este período, de delitos inéditos cuyas características esenciales radican en provenir de estructuras organizadas empresarialmente, que aplican un modus operandi sofisticado e internacional, con capacidad suficiente para proveerse de eficientes mecanismos de impunidad, a la vez que asegurar una incesante acumulación ilícita de millonarios ingresos, ha merecido la atención y preocupación de los especialistas. Estos, desde distintas perspectivas y enfoques, han coincido en admitir que el tercer milenio transcurrirá vinculado a formas innovadas de criminalidad organizada. Como precisan BLANCO y SÁNCHEZ: “Frente a las actividades criminales clásicas, llevadas a cabo básicamente de manera individual, se observa en la actualidad una evolución hacia una criminalidad más corporativa, hacia el crimen como empresa: es el denominado crimen organizado. Se trata de grupos de delincuentes organizados, que se encuentran además en condiciones de actuar tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica, cuya influencia en estos ámbitos se extiende hasta poder, incluso, condicionar negativamente sectores enteros de la vida productiva, social e institucional” (Cfr. Isidoro Blanco Cordero e Isabel Sánchez García de Paz. Principales Instrumentos Internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado: La definición de la participación en una organización criminal y los problemas de aplicación de la ley penal en el espacio, Revista Penal Nº 6. 2000, p.3). Al respecto, JAN-MICHAEL SIMON ha llegado a interpretar que “la criminalidad organizada como problema actual del Derecho penal es particularmente apta para delinear a nivel transnacional las mutaciones en la estructura del Derecho penal occidental a lo largo de un periodo prolongado y señalar las consecuencias para el sistema punitivo” (Jan-Michael Simon. Temas para el debate sobre la criminalidad, evolución del Derecho Penal y crítica al Derecho penal en la actualidad. Editores del Puerto. Buenos Aires. 2009, p.399)

Ahora bien, el catálogo de infracciones penales que se atribuye a esta renovada delincuencia es bastante amplio. Es así que junto a típicos delitos de organización como el tráfico ilícito de drogas o la trata de personas, se ubican también otras conductas ilícitas inicialmente atípicas como el hurto y el tráfico del genoma vegetal o tan insólitas como la venta de tecnología nuclear, las cuales han permitido en la actualidad activar rentables industrias y mercados transnacionales dedicadas a la medicina naturista o al suministro de sofisticada tecnología de defensa y seguridad. Según LÓPEZ BARJA DE QUIROGA la nueva criminalidad organizada está relacionada con la realización de los siguientes delitos:



  • Delitos financieros.

  • El blanqueo de capitales.

  • La trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines.

  • El tráfico de drogas.

  • El tráfico de armas y explosivos.

  • El trafico de bienes procedentes de sustracción (como por ejemplo, obras de arte, vehículos, etc.).

  • La corrupción (cohechos a funcionarios públicos, fraude de subvenciones, etc.).

  • La falsificación de moneda.

  • La inmigración ilegal.

  • Los delitos basados en alta tecnología (como la delincuencia informática).

  • Los delitos contra el medio ambiente de carácter grave.

Sobre las características particulares de la operatividad de estos delitos de criminalidad organizada son ilustrativos los comentarios y datos aportados por MONTOYA (Cfr. Mario D. Montoya. Mafia y crimen organizado. Ad Hoc. Buenos Aires. 2004, p. 335 y ss.)
El Proyecto peruano de Ley Penal contra el Crimen Organizado de diciembre de 2012, en su artículo 3° hace también un largo enunciado que comprende 19 modalidades delictivas a las que el legislador nacional asimila a la criminalidad organizada y entre las cuales se incluye a la mayoría de las tipologías delictivas mencionadas, así como también al delito de terrorismo.

Ahora bien, sobre la base de estudios publicados el 2007 por JAAN VAN DIJK y que comprenden la elaboración de un Índice Compuesto del Crimen, Organizado, el cual incorpora también la presencia del lavado de activos, DE LA CORTE IBAÑEZ y GÍMENEZ-SALINAS FRAMIS han elaborado los cuadros que a continuación reproducimos (Tomados de Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen.Org. Ob. Cit, ps. 40 a 42). En todos ellos se identifican los espacios geográficos de influencia hemisférica , así como los mercados ilícitos y las principales actividades delictivas que corresponden a la criminalidad organizada contemporánea.



Cuadro I


Zonas

Geográficas

Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales


América del Norte

Estados Unidos




Destino y Tránsito


Blanqueo de capitales

Trata de personas

Tráfico de inmigrantes

Tráfico de drogas


Juegos

Robos


Secuestros

Fraudes


Canadá

Destino

Origen




Blanqueo de capitales

Trata de personas

Tráfico de armas

Contrabando de especies protegidas

Tráfico de drogas de síntesis para EE.UU.,

Australia y Japón


Tráfico de drogas

Fraudes informáticos

y financieros



Origen


Producción de drogas de síntesis para América




Contrabando de tabaco

México



Origen y Tránsito

Tráfico de cocaína y

drogas sintéticas

Trata de personas



Secuestros

Tráficos de inmigrantes

Tráfico de armas




Cuadro II


Zonas

Geográficas

Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales


América

del Sur

Colombia



Productor



Cocaína


Tráfico de drogas

Trata de personas

Bolivia


Productor



Cocaína


Tráfico de drogas



Perú


Productor




cocaína

Tráfico de drogas

Zona

Triple Frontera



Origen y Tránsito

Blanqueo de capitales

Tráfico de armas



Trata de personas

Brasil


Origen y Tránsito


Tráfico de drogas

Trata de personas

Tráfico de inmigrantes




Cuadro III




Zonas

Geográficas

Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales


Europa Occidental

Países de la Antigua

UE


Destino


Tráfico de drogas

Trata de personas

Tráfico de inmigrantes

Robos organizados

Tráfico de armas

Tráfico de especies

protegidas

Tráfico de vehículos robados


Países Bajos y Bélgica

Productor

Tráfico de drogas sintéticas para el resto del mundo



Zonas Geográficas

Países

Origen / Tránsito o Destino

Mercados Criminales

Europa Oriental


Rumanía

Origen

Blanqueo de capitales

Trata de personas

Tráfico de personas

Tráfico de inmigrantes



Falsificación de medios de pago e identidad

Falsificación de moneda



Polonia

Origen y destino



Drogas sintéticas

Trata de personas



Turquía

Origen y tránsito

Tráfico de drogas

Bulgaria


Origen y tránsito

Tráfico de Drogas, Blanqueo de capitales

Falsificación de moneda y documentos



Países Bajos

Origen y tránsito

Tráfico de Drogas

Trata de personas




Tráfico de inmigrantes

Tráfico de armas




Rusia

Origen y destino

Blanqueo de capitales

Trata de personas



Tráfico de drogas

Tráfico de armas





Cuadro IV




Zonas

Geográficas

Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales

Asia


Afganistán


Productor


Heroína


Pakistán

Tránsito y destino

Heroína


India

Tránsito y destino

Tráfico de drogas

Tráfico de personas (mujeres y niñas)



China

Origen

Destino



Tráfico de inmigrantes

Delitos contra la propiedad intelectual

Trata de personas

Tráfico de drogas



Productos para la fabricación de drogas sintéticas



Asia Central

Origen y tránsito


Tráfico de drogas

Tráfico de piedras preciosas



Trata de personas

Tráfico de armas



Rumanía

Origen

Tráfico de anfetaminas




Tailandia

Origen

Trata de mujeres y niños



Japón



Destino

Tráfico de drogas

Trata de personas





Cuadro V



Zonas

Geográficas

Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales

África


Marruecos


Origen y Tránsito


Tráfico de hachís

Tráfico de vehículos

Tráfico de personas


Nigeria

Origen

Tránsito y Destino



Trata de personas

Fraudes


informáticos

Tráfico de drogas



Zambia

Origen

Trata de personas


Ghana

Tránsito


Tráfico de drogas


Senegal

Origen

Tráfico de armas


Kenia

Origen

Trata de personas



Zonas

Geográficas


Países

Origen / Tránsito o

Destino

Mercados Criminales

Oceanía

Australia

Destino

Trata de personas

Trata de personas


Si bien llama la atención la no inclusión en estos listados y cuadros del terrorismo internacional, tal omisión se suele justificar precisando que aquel conserva rasgos de autonomía en función a notables diferencias estructurales y finales que lo distinguen frente al conjunto de las manifestaciones de delincuencia organizada incluidas, principalmente por carecer el terrorismo de una motivación lucrativa. En efecto, con frecuencia se sostiene que los “objetivos que suelen perseguir las organizaciones terroristas son de tipo político, religioso o ideológico. En consecuencia, lo habitual es que las actividades predatorias y los negocios en los que se implican respondan a necesidades logísticas, de financiación de atentados y de supervivencia” (Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas Framis. Crimen.Org. Ob. Cit., p. 28). Lo cual es ratificado también por el mismo LÓPEZ BARJA DE QUIROGA al señalar que: “Una de las primeras cuestiones que surgen al acercarse al tema de la criminalidad organizada es la de determinar el alcance de este concepto. Pudiera en una primera aproximación pensarse que con dicho concepto se pretende abarcar a los problemas del terrorismo y, aunque tales problemas pertenecen al ámbito del crimen organizado, sin embargo, esta categoría en otros países de la Unión Europea se utiliza para referirse a otros delitos distintos” (Cfr. Jacobo López Barja de Quiroga. Posición de la Unión Europea sobre el Crimen Organizado. La Criminalidad Organizada. Aspectos Sustantivos, Procesales y Orgánicos. Cuadernos de Derecho Judicial II-2001. Madrid. 2001, p. 116 y ss.). No obstante, la presencia verificada de actividades mixtas como el narcoterrorismo o de nuevas modalidades de financiación del terrorismo, han motivado que se les conceda también a estas un espacio propio en el espectro global de la criminalidad organizada. Sobre todo porque a partir de estas tipologías delictivas se ha ido configurando un eficiente circuito de desplazamiento de capital para fines ilegales, el cual, en algunos aspectos, se asemeja, aunque también expresa marcadas diferencias logísticas y operativas, con el correspondiente al lavado de activos (Sobre la evolución internacional de la financiación del terrorismo véase: Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Grijley. Lima. 2007, p.191 y ss). Cabe reiterar, al respecto, que en el citado Proyecto peruano de Ley Penal contra el Crimen Organizado el artículo 3° también se incluye al delito de terrorismo como una modalidad de criminalidad organizada.


Igualmente se debe destacar, en torno a la criminalidad organizada, que la verificación criminológica y criminalística de sus notables dimensiones así como de su dañosa influencia en la sociedad contemporánea, han impulsado reformas significativas en los procedimientos y en las estrategias de política criminal de los Estados, así como en las que corresponde diseñar a los organismos internacionales vinculados con la prevención y control global del delito. Los cambios operados en este dominio han afectado los esquemas tradicionales de investigación y juzgamiento. Lo cual ha dado lugar al surgimiento de novedosas, sofisticadas e ingeniosas técnicas de pesquisa como las operaciones encubiertas orientadas a la infiltración de las organizaciones criminales, la inteligencia y la acción financiera sobre los capitales emergentes y sospechosos, o las ofertas prémiales para propiciar la disociación de los integrantes de las organizaciones criminales y desestabilizar con ello su capacidad operativa. En algunos casos, los excesos en este tipo de proceder de las agencias de prevención y control del crimen han motivado agudas polémicas. En estos debates se ha puesto en discusión razones garantistas con cuestiones de eficiencia. Al respecto, por ejemplo, se ha sostenido que la criminalidad organizada requiere un derecho penal diferente y con flexibilización de garantías: ”El paradigma del Derecho penal de la globalización es el delito económico organizado tanto en su modalidad empresarial convencional, como en las modalidades de la llamada macro - criminalidad: terrorismo, narcotráfico o criminalidad organizada (tráfico de armas, mujeres o niños). La delincuencia de la globalización es delincuencia económica, a la que se tiende a asignar menos garantías por la menor gravedad de las sanciones, o es criminalidad perteneciente al ámbito de la clásicamente denominada legislación excepcional, a la que se tiende a asignar menos garantías por el enorme potencial peligroso que contiene” (Cfr. Jesús María Silva Sánchez. La Expansión del Derecho Penal. Ob. Cit., p.85 y ss.).

Esta reacción política contra la también denominada macrocriminalidad, ha incentivado, igualmente, la recuperación de renovados discursos de legitimación de una situación de guerra contra la delincuencia o de emergencia penal, tan contradictorios como los expuestos a través de las políticas de control de daños y de un derecho penal del enemigo. Como comenta ZUÑIGA RODRIGUEZ : “La fundamentación de las guerras asimétricas vendría a legitimar un tratamiento de las organizaciones criminales de signo terrorista y de las mafias internacionales dedicadas a tráficos ilegales como enemigos del Estado y, por tanto, agentes pasibles de la respuesta del mismo por medios no convencionales, como combates en los que no se enfrentan dos Estados determinados y en los que las poblaciones civiles son las principales damnificadas, fuerzas especiales y, en definitiva, desregulación de los principios de intervención del Estado de Derecho y del Derecho Internacional” (Cfr. Laura Zúñiga Rodríguez. Redes Internacionales y Criminalidad : A propósito del modelo de participación en organización criminal. El Derecho Penal ante la Globalización. Colex. Madrid. 2002, p.53).

En consecuencia, pues, lo notoriamente distinto del problema social y político que representa la criminalidad organizada, así como las inéditas características de los instrumentos de reacción configurados para hacerle frente, permiten sostener que en el presente nos movemos dentro de un novísimo pero conflictivo paradigma de las ciencias penales, cuyos contornos empíricos y sustantivos todavía no han sido claramente delineados. De allí, pues, que epistemológicamente aún sea muy poco lo que se ha logrado aportar y construir como metodología para su estudio y explicación dogmática. En este dominio, como reconoce MEDINA ARIZA, los objetivos de información e hipótesis de trabajo que deben contrastarse sobre esta problemática a través de la investigación científica son todavía múltiples. Ellos en lo esencial implican: “decir lo que crimen organizado es y qué tipo de actividades envuelve, una explicación de por qué ocurre y cuándo y dónde lo hace, así como algunas sugerencias sobre lo que se puede hacer para controlarlo … la literatura criminológica sólo se ha tomado seriamente el primer objetivo, ha empezado a adentrarse en el segundo y casi sólo de manera retórica ha intentado analizar el control de este fenómeno” (Cfr. Juan Medina Ariza. Una Introducción al Estudio Criminológico del Crimen Organizado. Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borrallo. Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos. Universidad de Huelva. Huelva. 1999, p. 110).

También las diferencias, pluralidad de perspectivas, debates o enfoques sobre el significado y trascendencia de la criminalidad organizada en el siglo XXI, se vislumbran en el ámbito de lo psicosocial. A este nivel, importantes sondeos de opinión aplicados en países de la región como México, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y los Estados Unidos, por SOLIS y FOGLESON, dan muestras representativas de ello. En efecto, luego de entrevistar a más de treinta expertos, en esos seis países, se han podido identificar distintas formas de ver, entender y asimilar el problema y el control de la criminalidad organizada. Para un sector “el crimen organizado tiende a verse como un colectivo de criminales organizados”. Para otros se trata sólo de “una desviación o perversión de las normas socialmente aceptadas que tiene su propia racionalidad y causalidad y por lo tanto se encuentra asociado a factores tan abstractos como los propios de la cultura política”. Para los investigadores este tipo de hallazgos tienen un efecto directo sobre las posibilidades de acción política o de políticas públicas contra el crimen organizado: “Estos matices son importantes. Revelan que para algunas personas el crimen organizado no es más que la expresión un poco más exagerada de un tipo específico de delincuencia cuyo control no requiere de un tratamiento especial sino de una dosis mayor de las medidas ya conocidas, especialmente de tipo represivo y policial. En el otro extremo del espectro, están quienes piensan que el crimen organizado es la expresión de un deterioro estructural que sólo puede atenderse mediante medidas radicales y complejas de largo plazo” (Luis Guillermo Solís y Todd Foglesong. El Crimen Organizado y su Impacto en las Sociedades Democráticas: Reflexiones sobre México, Centroamérica y la República Dominicana. Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. Luis Guillermo Solís y Francisco Rojas Aravena, editores. FLACSO. Santiago de Chile. 2008, p.21). En el Perú una encuesta revela también que para el 86% de los encuestados la criminalidad organizada suele identificarse como la más grave expresión de inseguridad ciudadana y violencia. Esto es, como manifestaciones de delincuencia colectiva y violenta que practica delitos graves. De allí que “El 36% de los encuestados cree que la delincuencia organizada – secuestros o asaltos con armas de fuego- es la que impera en el país” (Cfr. Lourdes Fernández. El Comercio en campaña por un Perú seguro. Diario El Comercio. Edición del 30 de marzo de 2013, p. A14).

En conclusión, de momento, todo parece indicar que aún es tarea inconclusa la reflexión integral sobre las variables políticas, psicosociales, económicas o jurídicas que sustentan, a la vez que reproducen, la imagen actual que tiene la criminalidad organizada para el colectivo social y para la clase política. Se requiere, pues, a partir de un raciocinio conjunto de todos estos aspectos, identificar el impacto real que tiene la delincuencia organizada en la sociedad contemporánea y sobre todo en su futuro. Esta necesidad se torna trascendente para cualquier visión política sobre dicho fenómeno, ya que, como bien lo hace notar LAMAS PUCCIO, la criminalidad organizada en nuestro tiempo parece tener la paradójica capacidad de hacer plenamente compatibles el alto nivel de desarrollo tecnológico propio de las sociedades post industriales, con las altas cuotas de exclusión, miseria y violencia estructural que han padecido y padecen millones de personas en el mundo: ”El tráfico de drogas a gran escala, la subversión, el terrorismo, la venta ilegal de armas, la trata de blancas, el lavado de activos, el soborno, los delitos contra la función pública, el robo, el secuestro, los delitos contra la propiedad industrial, etc., constituyen una gran gama de actividades que son llevadas a cabo por parte de grupos organizados, cobrando mayor relevancia en los últimos años gracias a las facilidades dadas por los avances tecnológicos, el transporte, la transnacionalidad de las actividades comerciales, el transporte aéreo y marítimo, los procesos migratorios. A lo que se suma el empobrecimiento de millones de seres humanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud, vivienda o que en todo caso se ven obligados a emigrar a otros países con todo lo que ello implica” (Luis lamas Puccio. Criminalidad Organizada, Seguridad Ciudadana y Reforma Penal. Ob. Cit., p. 315). La criminalidad organizada expresa, pues, un perverso mensaje de poder, carencias y contradicciones tanto sociales como políticas, que deben ser esclarecidas y superadas de manera conjunta por el Estado y la ciudadanía a fin de controlar el riesgo de que aquella pueda penetrarlos o absorberlos. Al respecto, la crítica situación que se experimenta en países de nuestra América Latina como México es una seria y cruda advertencia.


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