La competencia y el consumidor: ¿Cuáles son los objetivos de la política europea de competencia?



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SPEECH/02/79

Prof. Mario Monti

Comisario europeo responsable de la política de competencia



LA COMPETENCIA Y EL CONSUMIDOR: ¿Cuáles son los objetivos de la política europea de competencia?







Día europeo de la competencia en madrid



Casino de Madrid, 26 de febrero de 2002

Sr. Vicepresidente del Gobierno, Señores y Señoras Eurodiputados, Señoras y Señores,

Me gustaría expresar mi gratitud a la Presidencia española, y en especial al Vicepresidente Sr. D. Rodrigo Rato, por haber organizado este Día europeo de la competencia en Madrid. También deseo dar las gracias al Sr. D. Luis de Guindos, Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia, y al Sr. D. Gonzalo Solana, Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y a sus servicios por el entusiasmo y esfuerzos en la organización de esta iniciativa. Con carácter más general quiero subrayar su importante y permanente contribución al funcionamiento eficaz y ágil de la "familia" de autoridades de competencia de la Unión Europea. En este contexto, deseo expresar mi estima por las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para reforzar el cometido de las autoridades de competencia en España y en especial el hecho de que se haya dotado al Tribunal de personalidad jurídica y de unos recursos cada vez mayores.

Éste es el quinto Día de la competencia desde que hace dos años, en Lisboa, inauguramos la tradición de organizar este acontecimiento bajo cada presidencia con objeto de incrementar la concienciación de la opinión pública sobre las ventajas de la normativa de competencia en términos de precios más bajos, más innovación y mayores posibilidades de elección.

Agradezco al Parlamento Europeo su reiterado apoyo en este ámbito y acojo con satisfacción la presencia en esta sesión de los Señores y Señoras Eurodiputados, del Vicepresidente de Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Sr. D. José Manuel García-Margallo, así como la de los Sres. Luis Berenguer y Jonathan Evans.

Tengo la firme convicción de que, cuando las fuerzas de la competencia intervienen, los productores se esfuerzan más por captar clientes ofreciéndoles menores precios, mayor calidad y mejor servicio que cuando el mercado está controlado por un monopolista o por un puñado de empresas. Las autoridades reguladoras deben velar por que el mercado sea suficientemente competitivo, especialmente impidiendo la creación o consolidación de posiciones dominantes al examinar las fusiones y adquisiciones de empresas. Pero incluso cuando hay muchos operadores presentes en el mercado, dichas autoridades deben permanecer atentas para velar por que las empresas no intenten lograr beneficios ilícitos fijando los precios y repartiéndose los mercados.

Quisiera ser más preciso y presentar algunos ejemplos recientes que ilustran claramente cómo defendemos el interés del consumidor:

Un buen ejemplo es el del sector del automóvil. Estoy seguro de que no han olvidado que hace tres semanas la Comisión Europea propuso unas nuevas normas de competencia para el sector de la distribución de automóviles, que pretenden resolver los problemas de competencia que existen bajo el régimen actual y mejorar las condiciones de compra de coches en la UE.

El régimen actual no prevé la suficiente competencia entre distribuidores autorizados de la misma marca. Es bien sabido que cada distribuidor autorizado tiene su propio 'coto de caza' y no puede arrebatar clientes a su vecino.

El régimen actual no ha solucionado los problemas a los que se enfrentan los consumidores cuando intentan comprar un coche en el extranjero. Puede que esto no preocupe a los consumidores españoles ya que, tal como refleja la encuesta bianual de la Comisión sobre precios, España es uno de los países de la UE donde es más barato comprar un coche. Sin embargo, los consumidores podrían estar interesados en saber que, según la última encuesta publicada ayer, un Peugeot 106 es alrededor del 15 por ciento más caro en España que en Portugal (por no hablar de Grecia, en donde es incluso más barato, aunque, creo, está un poco demasiado lejos...).

Por último, el régimen actual no introduce suficiente competencia en el mantenimiento posventa y en las reparaciones, que, ¿saben ustedes? representan el 40 por ciento del coste total de un coche durante su vida útil.

El nuevo proyecto de reglamento de exención por categorías adoptado por la Comisión a comienzos de este mes pretende resolver esta situación y beneficiar a los consumidores europeos. Dará paso a una mayor utilización de las nuevas técnicas de distribución tales como las ventas por Internet. Introducirá más competencia entre los distribuidores autorizados, facilitará considerablemente las compras transfronterizas de vehículos nuevos y permitirá que los distribuidores autorizados vendan coches de marcas diferentes. Todo esto supondrá una mayor competencia de precios y más posibilidades de elección para los consumidores.

El nuevo proyecto de reglamento también aumentará las posibilidades de elección de los consumidores en el sector de los servicios posventa al permitir que todos los talleres cualificados se incorporen a la red de reparadores creada por los fabricantes. Los talleres independientes también tendrán acceso a toda la información técnica necesaria para reparar automóviles, de modo que podrán ofrecer un servicio de calidad similar al de los talleres de reparación oficiales. Por lo tanto, no es de extrañar que la principal oposición a las nuevas normas proceda principalmente de los fabricantes de vehículos, pero también de los distribuidores autorizados, que perderán la protección contra la presión de la competencia, protección inexistente en otros sectores.

Me gustaría subrayar que no se puede decir en modo alguno que la Comisión esté llevando a cabo una política anti-industrial. Al contrario, los altos directivos del sector industrial han pedido reiterada y explícitamente a los políticos que abran los mercados y se aproximen al modelo económico de los EE.UU.. Se considera, con razón, que el mayor dinamismo que existe en los EE.UU. se debe a una política más orientada hacia el consumidor, que fomenta la eficacia y en último término beneficia al sector de la producción.

Estos cambios eran necesarios desde hace tiempo si tenemos en cuenta el comportamiento ilícito de ciertos fabricantes por lo que se refiere a las ventas transfronterizas. Quisiera insistir en que los ciudadanos tienen derecho a comprar un coche nuevo allí donde sea más barato, que suele ser lo que quiere todo el mundo si se considera el alto coste que ello supone. Como ya saben, los coches nuevos son los únicos artículos, desde la creación del mercado único europeo en 1993, que están exentos de impuestos si se compran en un país que no sea el de residencia. Esta es la razón por la que la Comisión publica los precios sin impuestos. Éstos se pagan posteriormente en el país de residencia.

La Comisión impuso el año pasado a Daimler-Chrysler una multa de casi 72 millones de euros por impedir a los consumidores de otros Estados miembros comprar en los distribuidores autorizados alemanes y por incurrir en una colusión para controlar los descuentos ofrecidos a los consumidores en Bélgica. Esto equivale a fijar los precios de reventa, una práctica ya sancionada por la Comisión en decisiones anteriores contra Volkswagen y Opel Nederland.

Otro ejemplo es el del sector bancario. Poco después de la introducción del euro iniciamos procedimientos contra bancos de varios Estados miembros porque teníamos motivos para creer que estos bancos habían fijado colectivamente las comisiones cobradas en concepto de cambio de divisas de la zona del euro. Gracias a nuestra intervención la mayor parte de los bancos recortaron considerablemente o suprimieron sus comisiones en beneficio de los consumidores.

Hablemos también del sector de la aviación, que afecta a millones de pasajeros en toda Europa. En julio de 2001 la Comisión decidió multar a SAS y Maersk Air por aplicar un acuerdo secreto de reparto del mercado que afectaba a los viajeros entre Copenhague y Estocolmo, una de las rutas más usadas del norte de Europa. Merced a esta decisión se restableció la competencia entre SAS y Maersk Air, así como la presión competitiva sobre las tarifas de las líneas aéreas.

Podría también mencionar las medidas tomadas por la Comisión para proteger la competencia en los mercados de la cerveza belga y luxemburgués, así como muchos otros ejemplos.

Sin embargo, añadiré que otra manera importante de fomentar la competencia consiste en liberalizar los sectores industriales controlados aún por monopolios o en los que no hay suficiente competencia. En este contexto me congratulo al comprobar los esfuerzos de la Presidencia española por llegar en el Consejo a un acuerdo político sobre la apertura de los mercados del gas y la electricidad.

Un ejemplo excelente del éxito en la apertura de los mercados a la competencia son las telecomunicaciones puesto que en la mayor parte de los Estados miembros las tarifas de las llamadas internacionales bajaron un 40%, por término medio, entre 1997 y 1999.

El reto actual, porque aún quedan retos, es la apertura a la competencia del bucle local en las redes de telecomunicaciones, es decir, el último tramo de la conexión a los hogares de los clientes, pero tengo entendido que éste será el tema central de la segunda sesión de hoy.

El acceso desagregado al bucle local se impuso en Europa mediante un Reglamento de diciembre de 2000, pero hasta ahora aún está pendiente de aplicación en la mayor parte de casos. Si no se facilita este acceso, los nuevos operadores del mercado tienen que hacer frente a unos altos costes que frustran sus programas empresariales y tienen también que enfrentarse a las prácticas obstructoras de los antiguos monopolios. De hecho, algunos de los nuevos operadores se han retirado ya de este proceso de apertura o se han apartado del mercado doméstico lo cual es perjudicial para los usuarios.

Mis servicios están trabajando actualmente de forma prioritaria en asuntos de competencia que consisten en prácticas abusivas de los actuales operadores de telecomunicaciones con objeto de impedir la entrada de los nuevos operadores en los mercados locales de telecomunicaciones, que abarcan tanto los servicios de telefonía como los nuevos servicios de banda ancha. Este comportamiento impide que los consumidores disfruten de un acceso sencillo y barato a Internet y limita la libertad de elección a este respecto. Los casos de precios predatorios y de precios comprimidos se hallan en una fase avanzada de la investigación y cabe esperar que este año se adopten las correspondientes decisiones finales.

Otra prioridad es el mercado de los teléfonos móviles. El estudio sectorial de la Comisión sobre los precios internacionales de la itinerancia ha revelado que los operadores de móviles pueden estar aplicando unos precios excesivos. Hemos limitado nuestras investigaciones a varios Estados miembros en los que la situación es más grave y pretendemos tomar medidas concretas este año, de tal modo que no se aprovechen de los usuarios que utilizan sus teléfonos móviles en el extranjero. Las tarifas de terminación de los móviles también son motivo de preocupación: como estas tarifas al por mayor no son visibles para los consumidores - ni quien llama ni quien recibe la llamada conocen las tarifas cobradas por la terminación – los operadores móviles tienen la posibilidad de aplicar precios excesivos sin que se sepa. También en estos casos las investigaciones avanzan de forma prioritaria y espero poder anunciar unos progresos concretos antes del verano.

Otro tema importante que debe tratarse aquí es el de la retransmisión de acontecimientos deportivos.

Pero antes de entrar en este tema, permítanme primero subrayar, para aquellos de ustedes, y para el público en general, que se preguntan qué relación tiene la política de competencia con el deporte, que la Comisión no pretende en modo alguno regular la forma en que se juega o se organiza el fútbol o cualquier otro deporte.

Nuestra intención es intervenir lo menos posible y hacerlo sólo y cuando esté justificado desde el punto de vista de comercial del deporte.

Las normativas deportivas sobre cómo se organizan los campeonatos, la manera en que un entrenador dispone su equipo de fútbol, cómo un árbitro dirige el juego, si se selecciona a un jugador de judo para representar su país en los Juegos Olímpicos o si se suspende a un nadador por consumir sustancias prohibidas no son de la incumbencia del departamento de competencia de la Comisión y las veces que hemos recibido denuncias a este respecto, las hemos rechazado.

Pero todos sabemos que el fútbol, y éste no es de ninguna manera el único ejemplo, se ha convertido en un gran negocio.

Recuerdo que allá en 1948, cuando asistí por primera vez a un partido del A.C. Milán, que aquel mismo día se convirtió en "mi club", la entrada a un partido de fútbol era algo asequible para todo el mundo. Hoy en día, un abono de temporada a cualquiera de los grandes clubes europeos es algo que hay que presupuestar cuidadosamente, fruto indudable de las cantidades astronómicas alcanzadas en el mundo de los traspasos de jugadores y de la comercialización del deporte.

Esto, por supuesto, no siempre es del agrado de los aficionados al deporte que se quejan a menudo de la subida de las tarifas de suscripción a las televisiones de pago, que también en parte son fruto de las enormes sumas pagadas por las empresas de televisión por los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos.

Lo cual, como ya he dicho, me lleva al otro tema del Día de la competencia: derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos y política de competencia.

Como todos sabemos, la venta de derechos de transmisión es una de las fuentes más importantes de ingresos para los organizadores de acontecimientos deportivos y para los clubes de fútbol, y el valor de esos derechos se ha disparado radicalmente en los últimos 10 años.

Quisiera poner algunos ejemplos: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 generaron 308 millones de euros en derechos de televisión, mientras que los Juegos de Sydney en 2000 llegaron a 1.400 millones de euros. Del mismo modo, las empresas de radiodifusión pagaron 2.600 millones de euros en 2000 por el derecho a retransmitir tres temporadas de la primera división de fútbol inglesa.

Evidentemente, esto no sería de nuestra incumbencia si no fuera por que esos derechos se venden a menudo con carácter colectivo. Por 'colectivo' mercado refiero a la práctica consistente en que un determinado organismo, generalmente una organización deportiva, vende los derechos conjunta o colectivamente, en vez de ser los clubes u otras entidades quienes lo hacen por separado.

Esta práctica puede tener efectos contrarios a la competencia y más aún si los derechos se venden de forma exclusiva y por un largo periodo. Los acuerdos colectivos de venta pueden producir efectos restrictivos ya que equivalen a un mecanismo de fijación de precios, limitan la disponibilidad de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos y consolidan la posición de mercado de las empresas de radiodifusión más importantes. Esto limita la competencia entre estas empresas y reduce las posibilidades de elección del consumidor.

Prestamos especial atención a que ninguna posesión de este tipo de derechos impida la aparición de nuevas tecnologías tales como Internet, en detrimento del consumidor europeo.

Indudablemente, un contrato exclusivo para un acontecimiento deportivo o para una temporada de un determinado campeonato no plantea normalmente ningún problema de competencia.

Sin embargo, la exclusividad que es de larga duración y que abarca una amplia gama de derechos puede ser inaceptable. Podría dar lugar a compartimentar el mercado y redundar en perjuicio del interés público.

La combinación de venta colectiva restrictiva y exclusividad de larga duración puede afectar a veces seriamente al funcionamiento normal de los mercados. Los derechos pueden llegar a tener precios tan elevados que los compradores dudan en invertir. Puesto que el valor de los derechos no se define en función de condiciones competitivas normales, las empresas que deciden agenciarse el único grupo valioso de derechos se ven abocadas de forma injustificada a incurrir en riesgos financieros importantes. Esto desemboca en una situación del mercado altamente frágil, lo cual es perjudicial para todas las partes interesadas: los usuarios, el sector de los medios de comunicación y las asociaciones deportivas. Los usuarios pueden quedar excluidos o tener que pagar precios exorbitantes por programas populares. El sector de los medios de comunicación puede sufrir tal como se refleja en los recientes informes de prensa sobre Alemania y el grupo Kirch. Las federaciones deportivas pueden ver cómo se hunden sus organismos de comercialización tal como ocurrió recientemente con ISL, el agente de la UEFA.

Finalmente, estamos particularmente dispuestos a velar por que la posesión de los derechos no impida la aparición de nuevas tecnologías tales como Internet, en detrimento del consumidor europeo. Éste no es un ejercicio abstracto destinado a favorecer a unas tecnologías específicas más que a otras. Se trata de los consumidores, que deben tener la mayor posibilidad de elección de medios cuando deseen tener acceso a programas populares. En este contexto, nos proponemos controlar la explotación de los nuevos medios (Internet, redes móviles) en relación con los acontecimientos deportivos importantes.

Como ya saben, en julio del año pasado la Comisión se opuso a la manera en que la UEFA vende los derechos de retransmisión de las fases finales de la Liga de campeones de la UEFA, competición en la que, por cierto, un club querido por la mayoría de los habitantes de esta ciudad está obteniendo resultados especialmente buenos. Aprovecho la ocasión para desear al Real Madrid un feliz centenario...

El pasado mes de noviembre la UEFA contestó a los cargos presentados y actualmente está discutiendo con mis servicios las modificaciones de su política comercial.

En lo que atañe más directamente a España, la Comisión también se opuso enérgicamente en 2000 a la monopolización por Sogecable y Telefónica de los derechos de retransmisión del fútbol español. Estoy satisfecho con los progresos alcanzados hasta ahora, que han contribuido a que bajaran las tarifas de suscripción a la televisión de pago, pero aún subsisten algunos problemas. ¿Se justifica, por ejemplo, que las dos principales plataformas digitales de España se unan para comprar esos derechos y que lo hagan por un periodo tan largo, hasta 2009? Les dejo que se lo piensen...

Para finalizar, pienso que las autoridades de competencia pueden estar orgullosas de la repercusión positiva de su trabajo y de los palpables beneficios para los consumidores: precios menores, mayores posibilidades de elección, y más innovación.

Señoras y señores, estoy deseando que empiecen los debates de este Día europeo de la competencia y espero que constituya para todos nosotros un acontecimiento interesante e instructivo.

Confío en que de esta forma podamos también contribuir a dar una imagen de la Unión Europea como proyecto no sólo de los políticos o en beneficio de la actividad empresarial, sino como un proyecto para la ciudadanía.





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