La aporía republicana: mujer y política



Descargar 53,11 Kb.
Fecha de conversión10.07.2017
Tamaño53,11 Kb.
La aporía republicana: mujer y política

Alejandra Castillo


Sólo hay política allí donde la singularidad de un daño toma la palabra para reclamar para sí el lugar de la universalidad propia a todo orden de representación. Sólo hay política cuando una “parte no parte”, excluida/invisible, politiza su situación y perturba la estructura establecida del orden de representación político/policial, afirmándose como representante universal y exigiendo la rearticulación de su posición particular. Hay política, en otras palabras, en todo conflicto donde lo que está en juego es la lucha por el orden de visibilidad/inclusión. Política como instauración de un universal polémico que anuda la representación de la igualdad, como parte de los que no tienen parte, con el conflicto de las partes sociales1. Distorsión y torsión de la política por la irrupción de una “parte no parte” que exige, mediante la toma de palabra, su reconocimiento en la estructura universal de la ley.

Bajo estas figuras de “toma de palabra” y de “disputa por el orden de la representación”, un grupo de mujeres de San Felipe2 en una fría mañana de mayo 1875 irrumpieron en las oficinas electorales de su distrito con el manifiesto propósito de inscribirse en el registro nacional de electores y hacer así efectivo su derecho a voto en la elección presidencial que se aproximaba. Amparadas en la universalidad de los derechos y aferradas al artículo 7º de la constitución de 1833, este grupo de mujeres exigía su inclusión al orden de lo público haciendo suyos, avant la lettre, los mismos argumentos que Jacques Rancière presentará, muchos años más tarde, como propios a toda lógica de lo político. En La Mésentente, Rancière indicará que “ninguna cosa es en sí misma política porque la política no existe sino por un principio que no le es propio, la igualdad. El estatuto de ese “principio” debe ser precisado. La igualdad no es un dato que la política aplica, una esencia que la ley encarna ni una meta que se propone alcanzar. Es, por el contrario, una presuposición que debe discernirse en las propias prácticas que la ponen en obra”3.

Campo de batalla, zona en la cual se dibujan y desdibujan las identidades políticas, eso será la igualdad en el reclamo de estas mujeres. A partir de la visibilidad de este primer gesto, a partir de esta toma inicial de la palabra, se iniciará un proceso de redefinición de las identidades políticas y, más importante aún, se comenzará a instaurar una nueva escena para la política, en la cual se hará posible pensar lo “impensado”, unir dos regiones que hasta ese momento se creían esencialmente disímiles: mujer y política.

El impensado de que algunas mujeres pidieran, fuera de todo contexto para la época, ser tomadas en cuenta como sujetos políticos, y exigiesen su derecho a voto esgrimiendo la universalidad del concepto de ciudadano, no sólo quedará registrado en los libros de historia como un dato anecdótico, sino que será el hecho que pondrá en evidencia la conflictiva relación que han mantenido las mujeres con el ideario republicano. Ideario que, no está demás señalarlo, se funda sobre una declaración igualitaria que no sabe de diferencias entre los sexos, ni de la historización de dicha diferencia en prácticas, costumbres y leyes exclusivistas. Al respecto, pareciera ser cierta aquella sentencia que señala que en las repúblicas las mujeres son libres por las leyes y cautivas por las costumbres4.

La aparición de las mujeres en el escenario político nacional de fines del siglo diecinueve fisura el topos republicano introduciendo una nueva palabra que pondrá en conflicto el universal abstracto de la ley y la actualización de dicho universal en el reclamo democrático de las mujeres. Este conflicto hará emerger una otra escena en la política republicana chilena: la escena de las mujeres. De aquí en más las mujeres sentirán que legítimamente forman parte de la comunidad política pero, no obstante, evidenciarán su radical exclusión. En este sentido, se podría decir que las mujeres al reconocer y reclamar sus derechos postulan la existencia de un mundo en común de argumentación. Al presentar su petición bajo la rúbrica “nosotras las iguales” exigen la actualización de la promesa de ese mundo en común. La igualdad no se vivirá más como un ideal abstracto o como el reconocimiento de un sentimiento; se transformará en una cuestión de derecho, de derecho rehusado o derecho reclamado5.

Tanto el grupo de mujeres de San Felipe —que reclamó por la igualdad en 1875— como algunos juristas del período creyeron ver en la abstracta y neutral fórmula “chilenos” la natural inclusión de las mujeres a la esfera de lo político, a la República. Se pensaba que si la Constitución concedía el derecho a sufragio a los “chilenos” era debido a que ésta comprendía con la expresión genérica “chilenos” a los individuos de ambos sexos, en conformidad a la regla de hermenéutica expresada por el artículo 25 del código civil6. Sin embargo, no todos lo entendieron así. Conocida es la disputa interpretativa entre los prestigiosos comentadores Jorge Huneeus y Alcibíades Roldán, quienes interpretaron en sentidos opuestos dicho artículo en lo relativo al voto de las mujeres. El primero creía que la Constitución negaba el derecho de sufragio a las mujeres, mientras que el segundo afirmaba lo contrario7. No estaría demás recordar algunos de los argumentos con los que Huneeus negaba terminantemente la ciudadanía activa de las mujeres:
La verdad es que, con escepción de ciertos empleos, como los de preceptoras, la mujer ha estado siempre escluida de toda participación en la organización i en el ejercicio de los poderes públicos. Esa esclusión, aunque la carta fundamental no la haya escrito en tipo visible, proviene de razones de un orden superior; del que Dios estableció al atribuir a la mujer en la sociedad, i sobre todo en la familia, una serie de deberes verdaderamente incompatibles con el ejercicio activo de la ciudadanía en toda su estención. Llamados a resolver el caso prácticamente, nosotros nos negaríamos a calificar a mujeres8.
Aun cuando se reconoce la marca universalista de la ley, no es posible para Huneeus admitir la posible incorporación de las mujeres a la vida cívica activa. En su comentario nuevamente vuelve a resonar el típico argumento con el que se suele excluir a las mujeres de la esfera de lo público: la diferencia sexual. La mujer, en tanto que mujer, biológicamente tiene asignado un rol en la sociedad que no es otro que ser madre. En cuanto mujer y madre estaría incapacitada para entender y acceder a la vida de los hombres, esto es, lo público. Los límites de lo político se establecerán a partir de la huella de la diferencia de los sexos, diferencia primaria, irreductible, que daría sustento a todas las demás. No pasó mucho tiempo para aquietar el desorden de las mujeres e imponer la cordura masculina estableciendo el sentido estricto y único del disputado artículo 7º de la Constitución de 1833: la ley de elecciones de 1884 consignaría la exclusión de las mujeres de forma expresa y terminante9.

La exclusión política de las mujeres de la república quedó sancionada por los juristas de finales del siglo XIX mediante el sencillo argumento mentalista-retrospectivo que indicaba que “la idea de conferir el derecho electoral a las mujeres no cruzó por la mente de los constituyentes de 1833 en Chile, como tampoco había cruzado por la mente de los constituyentes de ningún otro país hasta esa fecha (...) Para introducir en nuestra Constitución una novedad tan trascendental como osada, aquellos sesudos constituyentes lo habrían hecho sin duda expresa y terminante, diciendo que conferían el derecho electoral, a los “chilenos y chilenas”, o bien a los “chilenos de ambos sexos”, o habrían empleado cualquiera otra expresión que no dejara lugar a duda respecto de su intención en tan importante materia”10. En otras palabras, cuando la Constitución de 1833 decía “chilenos” quería decir “hombres”. La universalidad inscrita en el ideal republicano no era más que una máscara para ocultar la diferencia y lo particular; para ocultar la diferencia de los sexos. Esta máscara de lo neutral cae hecha pedazos cuando las mujeres actualizan en su reclamo democrático los ideales universalistas inscritos en la Constitución, demostrando en ese gesto que la universalidad esgrimida lo era en la medida que lo político quedase circunscrito dentro del terreno de lo masculino.

A pesar de la ley de elecciones de 1884, a pesar de la explicitación de una “república masculina”11, las mujeres no dejaran de seguir apelando al imaginario universalista inscrito en el ideario republicano, negándose a aceptar, de este modo, la secreta sinonimia entre “chilenos” y “hombres”. Ellas verán más bien en la designación “chilenos” un espacio vacío de inscripción potencialmente capaz de incluirlas y constituirlas en tanto sujetos políticos. De aquí que la universalidad devenga una categoría contingente e impura que surgirá de la negociación de la igualdad en escenarios de conflicto entre demandantes. La universalidad no será más abstracta ni neutra sino que será más bien una verificación polémica con lo “dado”, en este caso, la igualdad ante la ley.

Las mujeres en su petición de igualdad no harán más que constituir un nuevo espacio para lo político mediado por el litigio, el que pondrá en evidencia la tensión existente entre una lógica policial —administración de lo dado— y una lógica igualitaria —espacio vacío de identificación y de reconfiguración de lo político12. En otras palabras, estas mujeres de finales de siglo pondrán en evidencia la contradictoria lógica que anima al ideario republicano que se funda, por un lado, en una declaración universal de derechos y por otro restringe el goce de tales derechos a determinados sujetos. Sin embargo, precisamente esta lógica contradictoria será la que permitirá lo impensable: la mujer política.

El reclamo feminista por una ciudadanía activa estará fuertemente entretejido al reclamo por el derecho igualitario a la educación. A la exigencia de los derechos de participación política irá unida la emancipación intelectual, el derecho a pensar y actuar por sí misma. ¡Sapere Aude! pareciera oírse tras las peticiones de aquellas mujeres de finales de siglo. No quieren tan sólo votar y regir el destino de su país, quieren, también y sobre todo, regir el destino de sus propias vidas. De ahí que ensayen tan diversos caminos como el seguido por Martina Barros traduciendo el texto de John Stuart Mill The Subjection of Women en 1873, o los seguidos por las educadoras Isabel Le-Brun y Antonia Tarragó, quienes a mediados del siglo diecinueve propugnaron por la necesidad de dar a las mujeres una educación completa y no marcada por la diferencia sexual.

Las mujeres asimilarán, de este modo, el ideal republicano de la democracia al de la demopedia. Así, cuanto más urgente se vuelve el ejercicio verdadero del sufragio universal tanto más necesario se hace para las mujeres su inclusión al sistema educativo en todos sus niveles. El ejercicio democrático del sufragio universal presupondrá no solamente las libertades fundamentales, sino también la igualdad del derecho a la educación. Por ello no es de extrañar que en la temprana fecha, para Chile y para el resto de América Latina, de 1877 el Presidente de Chile Aníbal Pinto y Miguel Luis Amunátegui, Ministro de Educación Pública del periodo, otorgaran a las mujeres el derecho de ingreso a todas las carreras universitarias mediante el decreto que señalaba que “1º conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos; 2º que ellas puedan ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas; 3º que importa facilitarles los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas. Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres”13.

Ilustrar e instruir se volverán términos claves para la emergencia de la mujer en la esfera de lo político. Será a través del ideal ilustrado de la “educación para todos” que se comenzará a construir un nuevo espacio-en-común desde donde se mostrará la injusticia de no ser parte de la comunidad política. Si la diferencia sexual era en última instancia el mecanismo que permitía a algunos acceder a los derechos políticos mientras que a otros los relegaba fuera de los márgenes de lo público en calidad de menores de edad, la educación general e indiferenciada se instaurará, no obstante, como aquel lugar en común, el lugar de la igualdad, el punto de coincidencia entre la existente distribución de los lugares y funciones y la redefinición polémica de aquellos lugares y funciones por la emergencia de un sujeto14, en este caso las mujeres, que exigirá el reconocimiento pleno de sus derechos de ciudadanía.

De este modo, la igualdad se redefinirá en el terreno de la educación. De la mano de Valentín Letelier, y de otros antes que él, se pedirá una instrucción general destinada indistintamente a hombres y mujeres puesto que ya “no se podría aducir razón alguna siquiera sea de mediano peso para justificar la práctica común de dar una educación a un sexo y otra radicalmente diversa a otro. Si el hombre necesita vigorizar sus facultades también necesita vigorizar las suyas la mujer”15.

Es de sumo interés notar que las feministas de comienzos del siglo veinte harán suya la tradición republicana en lo relativo a la educación y que anclarán a ésta las bases de su discurso de emancipación política. En una rápida reconstrucción de la historia de la educación femenina en Chile Amanda Labarca reconstruirá, a su vez, la historia republicana chilena pasando revista a nombres tales como el Fraile de la Buena Muerte, Camilo Henriquez, Juan Egaña, Andrés Bello, Lastarria y Mariano Egaña16. Y de muy buen gusto incorporará a su discurso emancipatorio, que no es otro que el de igualdad, las palabras de Miguel Luis Amunátegui cuando señala que:
existe en nuestro suelo un enemigo más formidable que una invasión extranjera, enemigo que nos tiene avasallados, que no nos deja respirar, que nos ata las manos, que no nos permite dar un paso en la senda del progreso sin que sintamos sus cadenas incorporadas a nuestro ser como las venas al cuerpo! Ese enemigo es la ignorancia, madre de la ineptitud para el trabajo, de la imprevisión para el porvenir, de la preocupación y los vicios. Es necesario, urgentísimo, que declaremos la guerra a ese enemigo doméstico con tanto tesón, con tanto entusiasmo, como se la hemos declarado, como se la declaremos a todo enemigo de la República17.
Se desplazará, de esta manera, la desigualdad del plano de lo “natural”, de lo biológicamente asignado para entenderla como falta de educación. Amanda Labarca, y con ella las mujeres, redefinirá la desigualdad bajo el prisma de la educación desalojando los ya anticuados argumentos patriarcales que destinaban a la mujer a ser la réplica defectuosa del hombre. La desigualdad no estará más teñida de diferencia sexual sino de simple “ignorancia”.

El juego entre lo idéntico y lo diferente, en fin, la propia diferencia de los sexos, es lo que motivará la emergencia de una nueva escena, la puesta en marcha de una redefinición de la igualdad; precisamente porque hay diferencia de los sexos es que habrá movimiento del pensamiento, conflicto. Más esta redefinición no buscará la eliminación de la marca primaria de la diferencia sexual reinstalando nuevamente lo neutro, sino que operará un desplazamiento hacia el campo de la educación. Es allí donde germinará un nuevo concepto de igualdad en el cual todos los sujetos estarán llamados a participar sin necesidad de invisibilizar la diferencia. Por ello, no se da una “guerra de los sexos” pero sí una “guerra a la ignorancia”18. De ahí que el feminismo de comienzos del siglo veinte este representado notablemente por dos feministas y educadoras: Amanda Labarca y Gabriela Mistral. La primera consciente de la redescripción de la igualdad bajo la forma de la educación dirá que:


El problema de la educación femenina es actualmente uno de los más difíciles y complejos. Está ligado al futuro de la raza, de la familia, del hogar; a las necesidades de la nación y de la sociedad, y además debe contemplar las necesidades individuales de la mujer que necesita aprender a bastarse por sí misma espiritual y económicamente. La tendencia tradicional ha estimado indispensable subyugar durante siglos la libertad de la mujer a los designios colectivos de la especie; la tendencia moderna cree posible conciliar estas necesidades raciales con las aspiraciones de una personalidad independiente. Aquella ha intentado atrofiar a la mujer en beneficio de la madre; la segunda afirma que los mejores hijos nacerán de las mujeres más cultas, más razonadoras, más bien equilibradas. El campo de lucha de esta controversia es al presente la educación19.
Influida por la visión de Letelier, en lo relativo a la educación, Amanda Labarca abogará por una instrucción indiferenciada alejada de los designios maternalistas que confinarían a las mujeres al demasiado abrasador calor del hogar. No sólo le preocupa la instrucción de las mujeres sino que, por sobre todo, el tipo de formación recibida. No sólo es el hecho de asistir a las aulas, sino que asistir para recibir una educación que les permita valerse por sí mismas, que les permita pensar y actuar por sí mismas, en otras palabras que les permita la emancipación.

El ideal republicano consigna a la educación como un derecho20. Es desde este telos republicano que Amanda Labarca exigió con fuerza la extensión de la enseñanza pública a todas las mujeres. Es por ello, también, que saludó favorablemente la idea de avanzada —si pensamos que se gesta y concretiza a finales del siglo XIX— de crear liceos fiscales para mujeres. En este sentido afirma la radical importancia de “la creación de los liceos fiscales de niñas (...) la fundación del Liceo de Niñas Nº1, de Santiago, en 1895, al cual lo siguieron, al principio con timidez y luego con ímpetu avasallador, los cuarenta liceos femeninos que hoy existen en la República”21. De esta manera, con la incorporación de las mujeres al sistema público de enseñanza se desplazaba completamente la diferencia de los sexos, en tanto marca de la exclusión, para redefinir efectivamente la igualdad en el plano de lo educativo.

A la fecha de 1915 el círculo ya se había cerrado. Las mujeres tienen derecho a la educación. Se supera la instrucción “especial” para cada sexo. Existen escuelas y liceos fiscales para mujeres; y las puertas de la Universidad están abiertas para ellas desde 1877. Las bases para la construcción de un nuevo espacio-en-común y para la redefinición de la igualdad están dadas. No hay diferencias, ni exclusiones, mujeres y hombres son iguales en el espacio de la escuela. Dicho en palabras de Amanda Labarca “ni legal ni prácticamente existen obstáculos para el ascenso de la mujer por los senderos de la educación”22.

Desde este nuevo espacio de igualdad, las mujeres intentarán mostrar la contradicción que implica tener acceso al sistema educativo, en todos sus niveles —lo que luego, potencialmente, les permitirá formar parte de la comunidad como profesionales—, y no ser consideradas como ciudadanas activas, esto es, como ciudadanas con derecho a voto. Contradicción que posibilitará, entre otras cosas, la formación de profesionales que verán coartadas sus potencialidades por el simple hecho de ser mujeres. Sin ir más lejos, por ejemplo, abogadas que no podían ser testigo, ni podían acceder a cargos como los de martillero, notario o corredor y, por supuesto, imposibilitadas a optar a la totalidad de los cargos públicos por no ser ciudadanas electoras.



Si la educación propiciaba un contexto en el cual la diferencia de los sexos dejaba de ser pertinente ¿por qué nuevamente se introducía la marca de los sexos para excluir a las mujeres de lo público? En búsqueda de una respuesta a aquella pregunta y apelando al nuevo espacio de igualdad ganado, diversos grupos de mujeres se organizarán para reclamar por sus derechos cívicos. He aquí un desplazamiento: desde la igualdad en la educación a la igualdad cívica; y, también un nuevo énfasis: la petición por la democracia. Amanda Labarca advertirá este cambio de énfasis indicando que:
desde 1915 la lucha se desplaza hacia las reivindicaciones legales. El 17 de junio de ese año iniciamos las labores de la primera sociedad íntegramente formada por mujeres y que pretendía alcanzar por el medio del esfuerzo de todas, la elevación colectiva. Fue el Círculo de Lectura. El Club de Señoras, se formó inmediatamente después. El consejo Nacional de mujeres, fundado en 1919, se preocupó de la obtención de una mayor justicia social para la mujer. Como su presidente, nos cupo tomar la iniciativa de solicitar explícitamente los derechos civiles y políticos23.
De las demandas por el derecho a una educación igualitaria, las mujeres de comienzos de siglo pasarán a una segunda fase: la redefinición de su reclamo igualitario en el campo de la política. Esta redefinición implicará no sólo la emergencia de un nuevo sujeto político en la escena pública sino que también sacará a la luz la aporética que anima al ideario republicano chileno. Ideario que declara, por un lado, la igualdad de los sujetos, mientras que, por otro, los excluye de la vida cívica.

¿Es posible poner fin a esta aporía? Aparentemente si, aunque su solución nos acerque a una abismal disyuntiva: o bien el rechazo del telos republicano o bien la incorporación a pesar de la pérdida que conlleva la asimilación a un discurso universalista. Las mujeres de comienzos de siglo optarán por lo segundo. Mujeres y hombres tienen algo en común: la educación. Mujeres y hombres tienen iguales capacidades y formación para ser parte de la comunidad en tanto ciudadanos. De esta forma, las mujeres redefinirán el espacio de lo político, y harán emerger, a su vez, la política demostrando el desacuerdo de ser parte de la sociedad y no ser reconocidas como miembros de ella.

1 Rancière, J., La Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995.

2 Ciudad de la zona central de Chile.

3 Rancière, J., La Mésentente, op. cit., p. 57. (la cursiva es mía)

4 Montesquieu, De L’esprit des Lois, Livre VII, Chap. IX, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, 1869.

5 Fraisse, G., La différence des sexes, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 104.

6 La constitución política de Chile de 1833 afirma en forma expresa que “en Chile no hay clase privilegiada” y que “a hombres y mujeres” le son aplicables las leyes en igual forma. En el capítulo tercero, consagra la Constitución el derecho de personalidad, que consiste en la facultad que corresponde a todo hombre de “ser reconocido por todos como persona, como ente racional, con un fin propio, autorizado por la naturaleza para obrar del modo más conveniente a la realización de ese mismo fin”. La palabra hombre, empleada aquí, al igual que en las otras leyes, se entiende que comprende ambos sexos, según expresa disposición de la ley (art. 25 Código Civil), al definir las palabras de uso frecuente. En este punto véase el excelente análisis de la situación de la mujer ante las leyes chilenas de Felicitas Klimpel, La mujer chilena (El aporte femenino al progreso de Chile) 1910-1960, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1962.

7 Para recrear esta disputa véase, Alcibíades Roldán, La constitución de 1925, Santiago, Editorial Nascimiento, 1927; y Jorge Huneeus, La constitución ante el congreso o sea comentario positivo de la Constitución Chilena, Santiago, Imprenta “los Tiempos”, 1879.

8 Huneeus, J., La constitución ante el congreso o sea comentario positivo de la Constitución chilena, Santiago, Imprenta de “los Tiempos”, 1879, pp. 33-34.

9 Guerra, J.G., La constitución de 1925, Santiago, Universidad de Chile, 1929, p. 82.

10 Ibid., pp. 82-83

11 Tomamos este término del artículo de Geneviève Fraisse, “Democracia exclusiva, República masculina”, en Quiroga, H. Villavicencio, S. y Vermeren, P. (Comps.), Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia, Buenos Aires, Homosapiens Ediciones, 1999, pp. 136-153.

12 Rancière, J., La Mésentente, op. cit., p. 57.

13 Texto tomado de Valentín Letelier, Filosofía de la Educación, Buenos Aires, Cabaut y Cía. Editores, 1927, p. 142.

14 Rancière, J., La Mésentente, op. cit., p. 58.

15 Letelier, V., Filosofía de la Educación, op. cit., p. 143.

16 Labarca, A., “La educación en Chile”, Cursos y Conferencias, año XI, Vol. XXII, Buenos Aires, 1942, pp. 3-12

17 Ibid., p. 9

18 Ibid., p. 9

19 Labarca, A., “Nosotras” (1917), ¿A dónde va la mujer?, Santiago, Ediciones Extra, 1934, p. 127.

20 Bien conocía Amanda Labarca las vertientes libertarias francesas de las cuales bebía el republicanismo chileno. Por ello no es de extrañar, que su exigencia por una educación estatal e igualitaria encontrara fuerte respaldo en las palabras de Montesquieu: “c’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation”. Véase, Montesquieu, De L’ Esprit des Lois, Livre IV, Chap. V: “De l’éducation dans le gouvernement républicain” (edición citada).

21 Labarca, A., Feminismo Contemporáneo, Santiago, Zig-Zag, 1947, p. 133.

22 Ibid., p.134

23 Ibid., p.134.




La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal